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La importancia de la planificación

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El hombre se distingue de los animales porque, entre otras muchas cosas, planifica. Prevé sus diversas necesidades y actúa en consecuencia ajustándose a un plan más o menos detallado de antemano. Dadas las limitaciones de predicción de los seres humanos, no pocas veces se han de cambiar los planes y ajustarse a la nueva realidad circundante. Otras, se ha de empezar casi de cero. El hombre planifica constantemente en su ámbito de actuación.

Cuanto mejor planifica una persona menos probable es que se vea inerme ante imprevistos o situaciones adversas. Esto no significa que no haya bastantes aspectos de la vida que sean imposibles de controlar pues vivimos en un mundo esencialmente impredecible. Pero el anticiparse a los acontecimientos racionalmente según la experiencia pasada y conforme al diseño futuro de cada uno permite una mejor adaptación al entorno social.

Es cierto que existen personas que, por los motivos que sean, no planifican su vida. En estos casos suele suceder que se la planifican los demás y sus circunstancias externas. El que no sabe a dónde va suele acabar donde no quiere estar. Vivir sin una planificación básica de la vida es como ir en un barco a la deriva. A la mayoría de los humanos ese escenario le repele.

Si vamos un escalón más arriba, hallamos los planes de negocio, las estrategias de inversión y las planificaciones empresariales que son incesantes y cambiantes por la misma naturaleza dinámica del mercado. Son cruciales para la sociedad porque el efecto combinado de voluntades llega mucho más lejos que el de una sola persona. Por lo demás, no es lo mismo equiparar la empresa privada con la pública. Ambas trazan sus propios planes pero nacen y se mueven por motivaciones diferentes. La privada se crea mediante la aportación voluntaria de recursos de sus socios y se autorregula porque opera en competencia e internaliza las pérdidas. La pública, en cambio, parte de premisas contrarias: se apropia de recursos ajenos y externaliza las pérdidas, por lo que le es casi imposible corregirlas.

Los planes de sendos ámbitos mencionados –el estrictamente individual o el empresarial- deben ser respetados. Al fin y al cabo el liberalismo, como nos recuerda Álvaro Lodares en su libro Desde la Libertad, es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros.

No obstante, el subir a un nivel todavía más complejo -esto es, el organizar y planificar sectores enteros de la sociedad- es problemático debido al hecho de que el conocimiento práctico para el hombre está muy disperso y no es aprehensible por unas pocas cabezas, por preclaras que éstas sean. Hablamos de órdenes diferentes. Si el ámbito personal puede planificarse con ciertas probabilidades de éxito, el orden extenso es imposible hacerlo correctamente por la ingente cantidad de variables que entran en juego. La planificación estatal, además de interferir irrespetuosamente en los proyectos de vida de personas y empresas, está abocada al fracaso por falta de incentivos e información suficiente.

Los numerosos descendientes de la rama excesivamente racionalista de la Ilustración (a saber, cartesianos, benthamianos, saintsimonianos, positivistas, marxistas, socialistas, socialdemócratas o tecnócratas) no creen en esas limitaciones al propugnar designios sociales impuestos a todos desde una élite política y/o burocrática. Juzgan que el conocimiento disperso puede constreñirse a un diseño centralmente planificado por unos pocos dirigentes para el bien de todos. Juegan con las piezas sociales a modo de ajedrez.

Por el contrario, los liberales tienen otra idea completamente distinta de lo que debe ser gobernar. Conscientes de que la razón humana es limitada, sin embargo, cuando se la deja actuar conforme a su planificación individual y en cooperación pacífica e interacción diversa con los planes y los propósitos de vida de otras personas, se alcanza un inimaginable pero eficiente orden social. Lo esencial en ese proceso es su carácter voluntario y su posibilidad combinatoria casi infinita, a diferencia de los proyectos coercitivos. De ahí que en sus Armonías económicas Bastiat dijera que los planes privados difieren todos entre sí pero los arrogantes planificadores (estatales) son todos iguales.

Se podría criticar esta postura liberal, argumentando que si se es refractario a planificaciones de la sociedad, entonces es que no se sabe bien a dónde quiere uno dirigirla. Iría a la deriva y se estaría renunciando, por tanto, a objetivos deseables que para muchos son irrenunciables. En cierta manera, esta crítica contra el liberalismo es correcta.

Bonita paradoja: lo que predicaba al inicio de este comentario para la planificación privada del individuo o de las organizaciones empresariales, no aplica para el orden superior (la sociedad) del que forman parte y son sujetos actuantes.

Es sabido que trazar objetivos comunes funciona a la perfección en sociedades sencillas, es decir, pequeñas y tribales regidas por la escasez y pocos bienes económicos, pero en sociedades complejas es contraproducente. Si se fuerza en exceso lo segundo -como se viene haciendo en grados diversos- las consecuencias indeseadas empiezan a multiplicarse que impulsan, a su vez, a más intervenciones sobre el cuerpo social en una carrera sin fin. Para el liberalismo, en cambio, el objetivo público deseable sería no orientar la actividad privada hacia ningún fin concreto sino crear el marco apropiado en el que se respeten unas instituciones sociales asentadas, unas normas generales y el cumplimiento de los contratos privados. Eso sí, el resultado puede ser cualquiera; motivo por el cual a los racionalistas sociales repele profundamente la evolución libre de un pueblo y sus instituciones.

Sin embargo, la planificación pública centralmente diseñada y su insoslayable despilfarro y arbitrariedad es ingeniería social que acaba por impedir la libre acción del hombre, la coordinación de los mercados y la correcta asignación de recursos. Mises escribió en 1922 probablemente el libro más importante jamás escrito referente a la imposibilidad del cálculo económico de las sociedades centralmente planificadas y ajenas al mercado. En una época en que el socialismo disfrutaba de un inmenso (e inmerecido) prestigio, Mises previó con claridad la caída de los regímenes que en él se inspiraban. Socialismo, cálculo económico y función empresarial, obra escrita en 1992 por el profesor Huerta de Soto, supuso un complemento necesario al análisis de Mises para demostrar cabalmente que allá donde se despliega un sistema socialista y planificador va ahogando ineludiblemente la necesaria función empresarial de las personas y, por ende, dificultando el curso libre de la sociedad.

Todavía muchos no se han dado por aludidos. En nuestras modernas sociedades persisten todavía áreas completas donde priman las planificaciones infestadas de decisiones políticas e insostenibles financieramente. La gestión de las pensiones públicas, la educación pública de los infantes y su adoctrinamiento, la gestión sanitaria, el mercado monetario, la regulación bancaria, la determinación del tipo de interés oficial, la regulación del suelo o cualquiera de las políticas públicas sectoriales no son más que algunos ejemplos.

Como dejó escrito Hayek en su Camino de servidumbre, cuanto más planifica el Estado, más complicada se le hace al individuo su propia planificación. A resultas de ello, muchos proyectos vitales y/o empresariales dejan de producirse. Se consigue, así, una sociedad civil indolente. Demasiada gente acaba renunciando a su propia responsabilidad y a buscar libremente sus fines. Es anhelo del liberalismo que esas abdicaciones dejen de producirse en la medida de lo posible.

Erdogan, en el disparadero

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Turquía vive su segunda semana de protestas ciudadanas, desde que el 27 de mayo un grupo de manifestantes realizara una sentada contra los planes urbanísticos del Gobierno para remodelar la plaza Taksim, en la parte europea de Estambul. Lo que comenzó siendo una manifestación de enfado contra el Ejecutivo por su decisión de acabar con una importante zona verde de la ciudad sin contar con la opinión ciudadana ha desembocado en una oleada masiva de disturbios que tienen como escenario las ciudades más importantes del país, con Estambul y la capital, Ankara, como puntos de referencia. Con los cañones de agua y los gases lacrimógenos contra la población civil como imagen de fondo y casi dos mil detenidos, Erdogan niega las acusaciones de autoritarismo formuladas por los manifestantes, la mayoría de los cuales insiste en exigir su dimisión.

Lo cierto es que Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía de forma ininterrumpida desde hace una década, no se ha distinguido en su acción política por ser un dechado de tolerancia. Al frente de su AKP, Partido de la Justicia y el Desarrollo, fundado por él mismo en 2001 y de perfil islamista moderado, ha ganado ampliamente todas las elecciones a las que ha concurrido, lo que ha interpretado, denuncia la oposición, como un cheque en blanco para actuar de forma autoritaria, más allá de lo que permite el juego democrático.

Cada vez que se le ha planteado una crisis política, Erdogan ha conjurado las amenazas con extraordinaria contundencia, para que no quedara cuestionada su autoridad. En 2007, el poderoso Ejército amenazó con intervenir ante el nombramiento del número dos de Erdogan, Abdulá Gül, como presidente de la república. Por su parte, el Poder Judicial intentó en su día ilegalizar al AKP y detener a toda su cúpula, empezando por el propio Erdogan, bajo la acusación de constituir una amenaza para el laicismo de Estado instaurado por el fundador de la Turquía moderna, Mustafá Kemal Atatürk. La respuesta de Erdogán consistió en perseguir a los militares implicados en ese intento de rebelión y cambiar la Judicatura de arriba abajo.

Las decisiones islamizadoras de Erdogan están encontrando gran resistencia entre buena parte de la sociedad. Así, la autorización a que las universitarias acudan a clase con el velo y las fuertes restricciones a la publicidad y venta de alcohol han indignado a la oposición y a los sectores más avanzados de la ciudadanía.

Erdogan, sí, ha ganado limpiamente todas las elecciones a las que se ha presentado, pero ahora afronta un desafío de mucho mayor calado. Se trata de su proyecto de reforma constitucional para convertir Turquía en una república presidencialista, lo que le permitiría una nueva reelección parlamentaria dentro de dos años. En caso de que esa profunda modificación del régimen político saliera adelante, Erdogan podría seguir controlando el país una década más y alcanzar su objetivo declarado de celebrar en el poder el centenario de la fundación del moderno Estado turco, en 2023.

Los disturbios de estos días son la mayor amenaza a la que se ha debido enfrentar Erdogan en su largo mandato. Nunca había vivido unas protestas así, duramente reprimidas. Ahora bien, el primer ministro sigue teniendo mucho tirón; de hecho, ni siquiera hay unanimidad en pedir su dimisión entre los opositores que han salido a la calle a denunciar su gestión. Sea como fuere, estas protestas generalizadas contra la forma autoritaria con que una élite islamista pretende cambiar la esencia de todo un país sí pueden influir en futuras decisiones tanto del Gobierno de Turquía como de los de otros países igual o más autoritarios del Gran Oriente Medio, que a estas horas deben de estar mirando los sucesos de las calles y plazas de las principales ciudades turcas con honda (y más que justificada) preocupación.

© elmed.io

La protección de la clase media

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El pasado domingo en La Gaceta se publicó una entrevista en la que me preguntaron por los errores de Rajoy. Uno de los que expuse era no defender a la clase media, que estaba desprotegida. Al leerlo me he dado cuenta de que esa idea puede inducir a error.

Estamos en un país, y tal vez, por desgracia, en una sociedad occidental del siglo XXI, en el que proteger significa invadir. Y hacerlo, además, con el dinero de otros.

La protección a la infancia no consiste en evitar que sea dañada sino la inversión, con dinero de todos los ciudadanos, en medidas arbitrarias, populistas muchas veces, que no protegen verdaderamente a la infancia, pero sí muestra la presencia del Estado en ella.

Como ese ejemplo tenemos millones.

De esta forma, nada sutil por otro lado, el Estado se manifiesta en nuestras vidas desde antes de nacer hasta nuestra muerte. Un buen amigo que acaba de perder a su padre se quejaba amargamente de la cantidad de papeleos y dificultades que encuentra la doliente familia que vive la muerte de un ser querido.

Desde el terreno individual, personal, hasta las actividades colectivas, y pasando por lo que sucede en nuestra nación como tal, el Estado, sin importar quién sea el partido que lo maneja, tiene su sello marcado a fuego en nuestra piel, y cobra por ello.

Desde que John Stuart Mill hablara de la protección a la industria naciente, nos hemos tragado la idea de que proteger es dar dinero de otros, sea directamente en forma de transferencias, sea mediante exenciones fiscales. No solamente existe el problema de que es difícil quitar esas prebendas a las empresas una vez que dejan de ser "nacientes", que es el ataque habitual y más evidente. Es que la protección, a la industria, a la infancia, a la mujer, al hombre, debería consistir en evitar males, no en otorgar favores. No debería tratarse de privilegiar, todos sabemos que una concesión es un factor que desencadena los peores incentivos en los individuos y desata el riesgo moral. Es un caldo de cultivo para el fraude y la corrupción.

Las mujeres sabemos muy bien cómo funciona ese sistema de protección estatal y hasta qué punto las buenas intenciones acaban en la dependencia del dinero público. Cuántas veces no habremos pensado muchas mujeres: "Si quieres protegerme, simplemente ¡no me pongas piedras en el camino!, ¡déjame vivir a mi aire!". Porque las "ayudas" acaban atando las manos de los ayudados y sometiéndoles. 

Por exactamente las mismas razones, creo que la protección de la clase media no implica sueldos vitalicios, salarios mínimos, subvenciones a la adquisición de viviendas o cheques bebé, pero sí, por ejemplo, no poner el enorme peñasco del rescate bancario sobre los hombros de los ciudadanos. La pretendida salvación nacional identificada con la salvación del sistema bancario se está haciendo a golpe de impuesto. Y aún queda alguna subida más. Es cierto que en nuestras economías occidentales que, desde la Revolución Industrial, han logrado que los menos favorecidos alcancen un bienestar inimaginable, el sistema bancario es una pieza clave para el funcionamiento de las mismas. Si observamos desde cierta perspectiva y sin atenernos a los últimos diez años nada más, el sistema bancario es fundamental para entender el sistema capitalista, tanto el puro como el llamado crony capitalism. Lo ideal es que la banca funcione también siguiendo los principios de la libre competencia, en resumen: el que la hace, la paga. Lo otro, lo que tenemos, es ese capitalismo de colegas en el que "tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya".

Y, en el caso de la clase media española, primero Zapatero y después Rajoy (por no extenderme en la historia de la democracia), han jugado al rasca y gana con la banca a expensas de la clase media, esa que ahora paga con sangre, sudor y lágrimas los desmanes de políticos metidos a banqueros.

Proteger a la clase media pasaba por evitar esa subida de impuestos recortando gastos políticos, tan difíciles de determinar, y por ello, tan fáciles de engordar. Pasaba por facilitar el ajuste de empresas para evitar que las pequeñas y medianas empresas se vieran forzadas a cerrar para siempre. Por facilitar la rotación laboral para que los empleados despedidos tuvieran la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, no necesariamente en la mismas condiciones, es cierto, pero siempre mejor que el agujero del paro.

En una cena con Anthony De Jasay a la que tuve el privilegio de ser invitada, le pregunté, dado que él desconfía de las constituciones como garantes de la libertad (y pone ejemplos muy claros de las razones), cuál es la institución a la que se pueden acoger los ciudadanos para protegerse de los abusos del poder. No supo responderme. Después de pensarlo creo que el fallo es mío, el planteamiento es incorrecto. Protegerse es librarse de un peligro. Para protegernos del Estado no podemos recurrir a ninguna institución que emane del Estado. Hay que organizarse out of the box.

Por una energía mejor y más barata

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El diputado del PP Guillermo Mariscal declaró en una entrevista este domingo en ABC que las ventajas del proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares son las siguientes: introducir competencia en el sector eléctrico, mejorar la penetración de las energías renovables y reducir los costes en Canarias.

La competencia es un proceso que se da en el libre mercado, donde unos compiten con otros tratando de conseguir satisfacer con las mejores calidades y precios de sus productos o servicios a la sociedad. Esta competencia es esencial para que podamos disfrutar de nuestras necesidades de la forma mejor y más barata. Muchas veces el resultado de este proceso es que una única empresa es la que nos suministra los bienes y servicios porque es la que mejor y más barato lo hace. Esto no quiere decir que no exista competencia, pues en un mercado libre siempre existirán otros que puedan entrar a competir por hacerlo mejor.

Esto no pasa con el mercado energético español, al estar totalmente intervenida tanto la generación como la distribución. No se puede decir que aumenta la competencia en un mercado que no es libre. Si acaso podía haber dicho que se abren los privilegios a otras empresas para repartir el pastel energético.

Pero claro, esto es políticamente incorrecto. Lo políticamente correcto es afirmar que el proyecto de ley va a mejorar la penetración de las energías renovables en Canarias. Sin embargo, en el resto de España, entre 2002 y 2011, se multiplicó por cuatro la potencia instalada de este tipo de fuentes energéticas, y esto nos llevó de tener la electricidad más barata de Europa a la más cara. El resultado de este dislate ha sido un país con familias con menor poder adquisitivo, empresas con costes más elevados y menos competitivas y una deuda pública de casi 25.000 millones de euros que ahora tendremos que pagar todos los españoles.

La realidad es que hoy las renovables sólo son un negocio para quienes las instalan, pero no para el conjunto de los ciudadanos. Es cierto que podrían ser menos costosas en las Islas, pero el coste final sería también muy elevado, pues allí donde generalmente son más productivas es en parajes turísticos donde la gente no quiere estar viendo ni molinos de viento ni huertos solares.

Por ello, lo que aparentemente son ventajas no lo son. La solución al problema no pasa ni por dar nuevos privilegios a unos ni por poner nuevos impuestos para compensar los desequilibrios creados por los políticos, sino por liberalizar la producción y la compraventa de electricidad. No hacerlo sería mantener los privilegios a unos pocos en detrimento del conjunto de la sociedad.

Emprendimiento del siglo XXI

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Emprendedor y emprendimiento son los nuevos términos aceptados y asimilados por el lenguaje políticamente correcto. Curiosamente, el uso de estas palabras no viene necesariamente seguido de “social” para que sea visto con buenos ojos por el pensamiento único. Con la crisis, el emprendedor se ha convertido en un prototipo casi antagónico del empresario común, que continúa siendo sospechoso de ser un agente egoísta, tramposo, explotador y, en definitiva, falto de conciencia social.

Este aparente consenso en torno a las bondades del “emprendimiento” no deja de ser tan falso como tramposo, cuando quienes apelan a las bondades del emprendedor son en realidad los que más obstáculos y dificultades ponen en su camino.

La mitología izquierdista ha creado un nuevo ídolo a partir del ideal randiano, pero muy apartado de sus virtudes y arrojo individualista. El perfil es tan variado como aquel, pero sus objetivos se amoldan perfectamente a los fetiches habituales. El emprendedor nace de la nada. Es universitario con una idea moderna, solidaria, urbanita o ruralizante. Es un currito de los de toda la vida, joven o mujer, ejecutivo cansado del horror financiero, un parado de multinacional reconvertido. Es un visionario con un negocio que vuelve a la esencia, a lo castizo, o lo de antes. Aplicaciones de móvil, comercio “justo”, bicicletas, energías renovables, comida orgánica… Los medios de comunicación nos bombardean con ejemplos curiosos, lucidos y exitosos, retro o vanguardistas.

La conclusión es bien sencilla. Con este emprendimiento hipster vamos a salir de la crisis. Nada de grandes inversiones y multinacionales. Nada de juego, macrocomplejos y cosas por el estilo. El pensamiento único lo tiene claro: investigación pública, emprendimiento de guardería y proteccionismo industrial. La cuadratura del círculo. Una baza electoral que PSOE y PP están dispuestos a exprimir hasta sus últimas consecuencias. Visto que el maltrato a pequeños empresarios y autónomos ha dado margen, y parece no movilizar lo suficiente, qué mejor que dictar una Ley de Emprendedores que llene titulares, motive reportajes de Informe Semanal y corrompa el término hasta despojarlo por completo de su esencia estrictamente libertaria. “Emprendedores” a la caza de ayudas, rezando porque el Estado les apoye.

La estrategia es clara: ocultar la única fórmula válida, la única vía con visos de traer resultados positivos para emprendedores, empresarios, currantes y españolitos todos. Menos impuestos y más libertad. Menos Estado y más mercado. Pero de eso nadie habla. Al emprendedor hay que mimarlo, subvencionándolo, protegiéndolo, aupándolo. Nada de simplemente dejarlo en paz.

¿Por qué no prueban a bajarnos los impuestos? A dejar que nos descolguemos del gran fraude que es la seguridad social. ¿Por qué no nos dejan emprender y trabajar sin trabas, sin burocracia, sin cotizaciones, salario mínimo, sin pasar por ventanilla para empezar, permanecer o abandonar?

Esa sería la auténtica novedad. El discurso político que deberían expresar los emprendedores, ahora adulados y reconocidos casi por cualquier cosa. Pero el pensamiento socialdemócrata tiene un don insuperable: tomar como propio aquello que lleva décadas cercenando, casi destruyendo, convirtiéndolo en bandera y alternativa al libre mercado.

Cuando a los socialistas (de todos los partidos) les da por rectificar, aviso a navegantes: van a por vosotros, emprendedores. Así ha sucedido antes, y volverá a suceder de nuevo.

@JCHerran

La otra casta

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Trabajar en la Administración Pública tiene evidentes ventajas, desde contar con un puesto de por vida –en el caso de los funcionarios– hasta disfrutar de condiciones laborales ventajosas en comparación con las del sector privado, tales como sueldos más elevados (un 40% más de media), un horario laboral más reducido, una menor carga de trabajo o más días de asueto. El sector público ha sido el último en iniciar el necesario ajuste que vienen protagonizando familias y empresas desde el estallido de la crisis, y, de hecho, aún está muy lejos de alcanzar su tamaño óptimo. No en vano, los recortes salariales no llegaron hasta 2010, mientras que el adelgazamiento de trabajadores tan sólo empezó a producirse a finales de 2011. Y, pese a ello, la burbuja pública que sufre España todavía no ha explotado: el déficit superó los 100.000 millones de euros en 2012 por cuarto año consecutivo, la deuda ya roza el 90% del PIB –algo no visto desde 1910–, el gasto estatal equivale casi a la mitad de la economía nacional y el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones.

Es decir, todavía queda mucha grasa que eliminar, y ésta no se encuentra sólo, ni mucho menos, en los gastos políticos superfluos que denuncia la demagogia imperante de lo políticamente correcto –coches oficiales, dietas y demás chocolate del loro–, sino en el núcleo duro del mal llamado Estado del Bienestar. Hay que reducir de forma drástica el tamaño de la estructura estatal, y eso conlleva, ineludiblemente, prescindir de empleo público y rebajar condiciones laborales. Estos ajustes son la raíz de las protestas que desde hace meses protagonizan determinados colectivos en las calles. En este sentido, destaca especialmente la Comunidad de Madrid, con sus mareas blancas, manifestaciones educativas y huelgas de transporte. Médicos, profesores y conductores cargan contra el Gobierno regional de Ignacio González al grito de "La sanidad no se vende, se defiende" o "Por una educación pública y de calidad", cuando, en realidad, su único objetivo es mantener con uñas y dientes los privilegios obtenidos durante los engañosos años de bonanza económica.

No se engañen, el reguero de huelgas que sacude la región no busca, en ningún caso, garantizar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. De hecho, las protestas sanitarias ya han provocado la cancelación de más de 7.000 intervenciones quirúrgicas, así como de 60.000 consultas médicas, con todos los inconvenientes y perjuicios que ello conlleva. Lo único que buscan es proteger sus intereses particulares, y emplean torticeramente como excusa la defensa de lo público y del interés general. Le están utilizando, estimado lector; así de simple.

El sueldo de los médicos hospitalarios en España oscila entre los 2.600 y los 5.000 euros al mes en términos constantes (paridad de poder adquisitivo). El salario promedio se sitúa en algo más de 3.200 euros, en la media de la UE, por encima de lo que se paga en Italia, Portugal y Grecia (no más de 2.800 euros) y no muy por debajo de lo que se cobra en Francia o en Irlanda (cerca de 4.000 euros), según admiten los propios sindicatos del sector con datos de 2011. Es decir, los médicos españoles no están mal pagados en comparación con sus colegas europeos. Además, casi un tercio (unos 30.000 profesionales) trabaja también en la sanidad privada, donde, naturalmente, perciben otro sueldo. La posibilidad de compatibilizar ambos empleos es una excepción de la que no disfrutan todos los funcionarios. Ésta es, precisamente, una de las razones por las que rechazan privatizar el servicio, ya que no podrían trabajar para dos empresas distintas a la vez. Además, curiosamente, el absentismo entre los médicos de los centros públicos triplicó la tasa del sector privado en 2012, con una media de casi 22 días de baja.

El problema no radica en el sueldo de estos profesionales –los buenos médicos y cirujanos de la pública cobrarían mucho más en la privada–, sino en la baja calidad del servicio. La sanidad pública española se sitúa en el puesto 22, de un total de 32, en el Health Consumer Index, por detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. La prueba irrefutable de las graves deficiencias que presenta la sanidad pública es que el 82% de los funcionarios (médicos inclusive), los únicos que pueden elegir libremente, opta por la sanidad privada a través de aseguradoras. ¡Valiente hipocresía!

Algo similar sucede en la educación. Los profesores de la pública se manifiestan para apartar a las desvalidas familias de las malvadas garras de las empresas privadas, interesadas tan sólo en ganar dinero con la educación de sus hijos… O eso dicen. En realidad, es este colectivo el que propugna un egoísmo aberrante y contraproducente, al condenar a futuras generaciones a una educación pública mediocre con tal de mantener intacto su ventajoso statu quo. Para empezar, España es uno de los países que destina más gasto público per cápita a la enseñanza y el que presenta una menor ratio de alumnos por profesor de toda la OCDE. Lo relevante es que el 80% del dinero se va, única y exclusivamente, en gastos de personal, y el resultado es bien conocido por todos: España se sitúa a la cola de los informes PISA en calidad educativa.

¿Será, entonces, que están mal pagados y, por tanto, carecen de incentivos? No. Los docentes españoles tenían en 2008 una retribución superior en todos los niveles educativos a la media de la OCDE: los de ESO, un 12% más; los de Primaria, un 10% más; los de Bachillerato, un 7% más. La comparativa es aún más llamativa con la educación privada a nivel nacional. En 2008, según un estudio de UGT, cada hora de clase impartida por profesores de colegios concertados costó un 30% menos que en los colegios públicos. Incluyendo sexenios, y tomando como ejemplo la Comunidad de Madrid, los sueldos de los profesores públicos oscilaron entre los 28.000 y 37.000 euros al año, entre 1.500 y 8.500 euros más que un docente de la concertada, a pesar de contar con un horario más reducido. Y ello sin necesidad, en muchos casos, de demostrar un mínimo nivel de conocimientos para impartir clase.

Para terminar, otro par de ejemplos sangrantes. Los madrileños llevan tiempo sufriendo huelgas en el transporte público por parte de un colectivo cuyos privilegios son evidentes. Los trabajadores de Metro gozan de elevadas remuneraciones, amplios permisos, generosos anticipos y préstamos, seguros y hasta cargos hereditarios, y aun así reclaman nuevas mejoras laborales a costa del contribuyente. Por su parte, los 5.735 conductores de autobús de Madrid ganan una media de 46.000 euros al año, sumado el coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales.

¿De verdad piensa que esta casta defiende el manido interés general? No se engañe ni se deje engañar.

Instalados en el fondo del agujero

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente del Gobierno, que esconde su insípida sonrisa bajo la cuidada barba, se ha descolgado este fin de semana y nos ha contado que va a salir un dato económico de empleo verdaderamente esperanzador.

La esperanza que no sirve

Decía Mario Benedetti en uno de sus poemas "La esperanza tan dulce/ tan pulida tan triste/ la promesa tan leve no me sirve/ no me sirve tan mansa/ la esperanza". A mí tampoco me sirve el guiño-guiño-codazo de Rajoy. Aplaudiré todos los datos favorables, brindaré por las alegrías económicas que nos ofrezcan las estadísticas de mayo, pero no caeré en la famosa trampa presidencial de la manipulación de la esperanza.

Por la misma razón que hace unos meses renegaba de quienes manipulan la miseria ajena y la utilizan con fines particulares, no aguanto esta táctica que suelen poner en práctica los presidentes de gobierno cuando los momentos difíciles se alargan en el tiempo. Actúan como ilusionistas principiantes que tratan de entretener con trucos malos a una audiencia francamente aburrida y desmotivada. Pero se ve la trampa. Por más que la repiten, se les ve. Si el domingo Rajoy luchaba “frente a la histeria del Apocalipsis”, Zapatero decoró nuestros días con “brotes verdes”, a través de Elena Salgado, y “conjunciones planetarias” al ganar Obama, vía Leire Pajín, en el 2009. Los españoles deberíamos estar ya escarmentados, como la hastiada audiencia del ilusionista fracasado.

Instalados en el agujero… de deuda

Cita Daniel Lacalle en su último artículo a Publilio Siro quien afirmaba que "la deuda es la esclavitud de los libres". Es difícil decir tanto en tan poco espacio. Pese a quienes siguen cuestionando si las deudas asumidas por los gobernantes deben ser pagadas por los ciudadanos; pese a aquellos que culpan a los que nos prestaron por haberlo hecho en el momento que más les convino, como si nosotros no fuéramos tenedores de deuda de nadie y no operáramos con la misma premisa; frente a quienes ven conspiraciones alemanas y salvaciones “manga”… la deuda sigue ahí, mirándonos impasible, esperando ser pagada algún día, a ser posible más pronto que tarde.

Y la solución que los políticos nos presentan, desde hace un lustro ya, es la misma: como no vamos a recortar gastos políticos, como no vamos a afrontar de verdad la reforma de las administraciones, como no vamos a dejar de nutrir el capitalismo de coleguitas (crony capitalism), como no vamos a dejar de subvencionar votos, lo que queda es subir impuestos y tocar pensiones.

Es mentira que solamente queda ese camino. Es mentira que es el camino más doloroso para el PP. Es mentira que lo hacen “valientemente”, por nuestro bien, a riesgo de perder votos. Ellos sabían que hicieran lo que hicieran iban a resultar impopulares y la ruta elegida es, sin duda, la menos mala para asegurar su perpetuidad. Es el modo político. Los impuestos empobrecen a la población, a la maltrecha clase media, pero siempre se le puede echar la culpa a los ricos, a quienes sacan sus capitales huyendo de la asfixia, o al mambo si hace falta.

Respecto a las pensiones, no se puede añadir nada a lo que explica el profesor López Zafra en El Mundo cuando afirma respecto al sistema de reparto que “caben pocas opciones para la viabilidad, y todas ellas deberían abordarse de forma conjunta”. Son varios los economistas del Instituto Juan de Mariana que han hablado de las alternativas. Está todo dicho.

Salir del confort de la esclavitud

Para romper el círculo vicioso en el que nos encontramos tal vez sea necesario taparse los oídos a lisonjas y excusas un rato y reflexionar sobre los pasos que los propios ciudadanos hemos dado.

Decía el grupo Alice in chains en su tema Down in a hole que ha inspirado el título de este artículo "he sido culpable/ De darme patadas a mí mismo en los dientes". De alguna manera, con los votos, la credulidad hacia los mensajes que menos nos comprometen, que menos nos responsabilizan, con esa habilidad española para escurrir el bulto y endosárselo al que venga detrás, o al extranjero, o al que cumple mejor, los propios ciudadanos hemos puesto, o hemos dejado que pongan, las piedras más gordas en nuestro camino, y ahora no podemos movernos. Pero lo peor no es eso. Lo terrible es que hemos encontrado en la esclavitud de la deuda esa zona de confort de la que uno no quiere salir.

Mientras Bruselas pide y pide reformas por toda Europa para no acabar de la peor manera posible, los españoles nos miramos unos a otros, impasibles, sin ningún afán de tomárnoslo en serio. Como reconocía El País de ayer, solamente bajo la insoportable presión de los mercados o amenazados por un rescate, en el que los consejos se convierten en exigencias, somos capaces de reaccionar.

No puedo más que terminar con otra cita de Publilio Siro, para la común reflexión: "No culpes al mar de tu segundo naufragio". Reaccionemos.

La ventaja comparativa del liberalismo

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

 La idea de la libertad es tan atractiva que los socialistas de todos los partidos la usan como reclamo para conseguir el voto de la gente y legislar contra ella. Paradojas de la política, los hombres nacen libres pero se entregan al Estado para que los esclavice por su propio bien.

Los españoles hemos encadenado dos gobiernos socialistas de distintos partidos que han competido en subirnos los impuestos y mantener el Bienestar del Estado. Las recetas que no funcionaron al inicio de la crisis tampoco están funcionando ahora, aunque se maquillen con el apelativo de "liberales". La desesperanza abruma a una sociedad que se esfuerza por seguir trabajando mientras el Ministerio de Hacienda le saquea con tal de mantener la burbuja del sector público y socializar las pérdidas de empresas ruinosas que no dejan quebrar.

El liberalismo no es rescatar bancos con el dinero de los contribuyentes; el liberalismo no es subir los impuestos para mantener el gasto estatal; el liberalismo no es devaluar la moneda para empobrecer a la gente; el liberalismo no es crear trabajos artificiales; el liberalismo no es dejar de pagar las deudas; el liberalismo no es planificar la economía; el liberalismo no es legislar para crear incentivos; el liberalismo no es gastar el dinero de los contribuyentes…

No, el liberalismo es todo lo contrario: bajar impuestos; reducir el gasto; pagar las deudas; devolver la iniciativa económica a la sociedad; desregular para simplificar las leyes que deben ser comprensibles; ahorrar para acumular capital que después se podrá invertir; y permitir que los malos empresarios fracasen y el capital se desplace hacia los sectores productivos. La complejidad de la acción humana impide que nuestra economía pueda diseñarse en un despacho por lo que todos los socialistas repetirán viejos errores y fracasarán.

Pese a todo, deberíamos ser optimistas. Frente a todos aquellos que recorren una y otra vez el camino de servidumbre del socialismo, el liberalismo reluce en lo alto de la colina. Existe una alternativa real y bien desarrollada por economistas a los que los políticos no hacen caso porque piden menos poder para el Estado y más libertad. Y cada vez son más, los de siempre y toda una nueva generación de jóvenes bien formados que recogen y mejoran los principios que sus maestros les descubrieron.

Y si el BdE propusiese lo obvio

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El informe de la Comisión Europea sobre España presagiaba lo peor. Nadie está a gusto con Rajoy ni fuera ni dentro de casa. Fuera porque empiezan a ver –sospechar ya lo sospechaban hace muchos meses– que, tras el ajetreo de supuestas reformas, no se está haciendo absolutamente nada más allá de subir impuestos sin medida. Unas subidas que han conseguido aumentar ligeramente la recaudación sí, pero que al final no han servido de nada porque el gasto del Estado y sus 17 animalitos autonómicos sigue disparado por encima de la peor previsión posible.

A Bruselas que Rajoy gaste lo que le venga en gana le da igual. Lo que Bruselas quiere es que Rajoy cuadre de una maldita vez las cuentas y empiece a aminorar un déficit que lleva cinco años anclado al 10%, siete puntos por encima del límite marcado por el Acta Única. Sorprende que países como Hungría, que hace solo tres años las estaban pasando canutas, hayan conseguido dejar el descuadre en algo más del 2%, mientras que la administración española se muestra incapaz de gastar un solo euro menos del que gastaba en los felices tiempos de la burbuja.

Las palabras necias venidas de Europa han sido cumplimentadas aquí con una buena ración de oídos sordos. El Gobierno no quiere hablar de más cambios de los que ya ha habido, que han sido pocos y, a la vista está, insuficientes, porque vamos de lo malo a lo peor.

El palo bruselense era solo un aperitivo para lo que vendría al día siguiente. El Banco de España, esa reliquia en mármol y alabastro de cuando los Gobiernos podían devaluar la moneda a placer, salió por donde nadie esperaba. Quizá haya que ir pensando en atrasar la jubilación hasta los 67 años y hacerlo desde ya mismo. El runrún de los 67 años no es de ahora. Viene de la época zapaterina. No sé muy bien por qué les ha dado con los 67 años y no con los 69 o los 72. Probablemente para marear la perdiz y poner un nuevo parche sobre un sistema de pensiones que es, a un tiempo, insostenible, piramidal y fraudulento. Eso, claro, nadie quiere decirlo.

En España hay ciertos debates que sólo pueden sostenerse en la prensa libre –este periódico, por ejemplo– y en las barras de los bares. Los políticos hace tiempo que consensuaron perpetuar la estafa alargando el fraude de las pensiones mientras puedan. A ellos les interesa este modelo. Tienen a medio país cogido por salva sea la parte, y al otro medio lo tendrán en breve. A estas alturas es inútil no querer verlo. El nuestro es un país de ancianos. Apenas nacen niños desde los ochenta y vivimos muchos años. Lo primero es malo, lo segundo bueno, pero ambos son incompatibles con un sistema de reparto como el actual. Entiendo que si los de Linde dicen algo como esto se arma la de San Quintín, pero me consta que en el Banco de España lo saben y hay muchos en su interior que aprueban en privado la inevitable capitalización de las pensiones.

A lo que si se han atrevido es a romper el viejo tabú del salario mínimo. Lo han roto con su habitual lenguaje, más alambicado que el del Vaticano, y no les culpo. Para decir lo que han dicho desde donde lo han dicho hay que tenerlos como el caballo de Espartero. Bien por ellos.

El salario mínimo, que en España data del franquismo pleno, ha sido uno de los principales fabricantes de desempleados de la historia reciente. Quienes lo impusieron, Girón y toda la banda de falangistones que hoy militarían de mil amores en Izquierda Unida, desconocían que el trabajo es una mercancía y el salario su precio. Este error teórico se empalmó con otro de índole práctica: el control de precios, en este caso fijando un precio mínimo para esa mercancía. Si eso mismo lo aplicamos al pan lo que nos encontraremos es escasez de pan, si lo aplicamos a la leche habrá escasez de leche y así sucesivamente con cualquier bien o servicio que pueda imaginar. No es de extrañar que en España lo que siempre –al menos desde que tenemos memoria– ha escaseado es el trabajo. Esa anemia laboral no ha sido consecuencia exclusiva del salario mínimo, pero el salario mínimo ha tenido mucho que ver en ello, especialmente en el desproporcionado paro juvenil que hay en España desde hace cuarenta años.

Porque el salario mínimo a quien más castiga es a los más jóvenes que son, por lo general, los menos productivos. Si el Gobierno dice que una empresa no puede pagar menos de 700 euros –algo más con las cargas sociales–, los que produzcan menos de esos 700 euros están condenados al desempleo o a la economía informal, la misma que persigue Montoro con tanto celo como nulo éxito.

No hubiese estado mal que la reforma laboral del año pasado hubiera incluido la supresión con carácter inmediato de ese anacrónico control de precios, principal responsable de que más de la mitad de los jóvenes españoles estén mano sobre mano o vivaqueando en la economía sumergida. No sería mala idea hacerlo aunque fuese por una cuestión puramente fiscal, el paro descendería y Hacienda se llevaría su parte.

Serviría también para enterrar un resto del franquismo que continúa vivo. Y digo esto sabiendo lo acomplejados que son en el PP con todo lo que toque a Franco, aunque sea de lejos. Curioso que la ley de Memoria Histórica, tan devota para retirar escudos y cambiar el nombre a calles que siempre se llamaron así, no previese el desmantelamiento del franquismo económico. La ley de salario mínimo es, en cierto modo, un gironazo, pero de los que gustan a la izquierdaza. Es ahí y no tanto en la figura del Rey donde realmente engarzan dos regímenes, el de Franco y el de Polanco, unidos por el socialismo cerril, la charlatanería anticapitalista y el culto al dios Estado.