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Cristianos iraquíes: entre el Paraíso y el exterminio

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Caldeos y asirios, pueblos procedentes de la antigua Mesopotamia, llevan viviendo en lo que hoy es Irak desde los tiempos del Imperio Babilónico; ahora, en concreto en la región de Nínive, donde la Biblia sitúa el Edén. Son cristianos desde los primeros tiempos; cristianos católicos u ortodoxos. No son ningunos recién llegados, como dicen los árabes islamistas que pretenden acabar con ellos en una operación de limpieza étnico-religiosa de extrema crueldad. Son semitas, hablan arameo y, ya digo, llevan en esa tierra desde los tiempos de Hamurabi.

A pesar de las consideraciones históricas que refrendan su derecho a vivir donde han vivido siempre, los cristianos de Irak están siendo expulsados de sus tierras. Según la ONU, la mitad de la comunidad cristiana abandonó el país tras la intervención militar internacional desarrollada en 2003 para derrocar a Sadam Husein.

El Irak actual, sometido a un conflicto político-religioso entre las dos principales ramas islámicas que sigue dejando centenares de víctimas en ataques terroristas, y con una Constitución que consagra el islam como religión oficial, es un lugar en el que la caza del cristiano y los ataques a sus lugares de culto son casi un divertimento para los grupos islamistas más fanatizados, que el débil Estado iraquí se muestra incapaz de controlar. El atentado contra la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Bagdad, a finales de 2010, perpetrado por cinco islamistas mientras se celebraba la Santa Misa, que costó la vida a 57 personas y dejó decenas de heridos, fue el detonante para que las autoridades religiosas decidieran promover el traslado de los fieles a Nínive, una especie de vuelta al Paraíso, simplemente para poder sobrevivir.

Desde entonces, las comunidades cristianas reclaman la creación de una región autónoma en esas llanuras de bíblicas resonancias, único lugar en el que pueden sentirse seguros gracias a la proximidad del semiindependiente Kurdistán iraquí, con sus propias fuerzas de defensa y combate. En apoyo de su demanda esgrimen un argumento estratégico: tal región podría servir de amortiguadora de tensiones entre kurdos, suníes y chiitas, que se disputan el control efectivo de la zona. Pero hasta el momento el Parlamento iraquí no ha prestado demasiada atención a este asunto.

La idea de que Nínive se convierta en una especie de gueto cristiano paraliza cualquier decisión de las autoridades nacionales, cuya capacidad para imponer su criterio, en todo caso, sigue estando en entredicho, pues Irak sigue siendo altamente volátil. Los cristianos, en cambio, lo tienen perfectamente claro: antes vivir en un gueto que seguir siendo exterminados por el odio religioso de sus vecinos, inflamado por Irán y Arabia Saudí en el contexto de la guerra milenaria que libran chiíes y suníes.

© elmed.io

El IPC a impuestos constantes

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Una de las grandes necesidades de Estados y de muchos economistas son las estadísticas económicas. Obsérvese, como primer indicio para la sospecha, que los lexemas de ambos términos, Estado y estadística, coinciden. Como ya he defendido en alguna otra ocasión[1], las estadísticas económicas son el indicador que construyen los Estados para justificar sus decisiones en el ámbito económico, al no poder utilizar la señal económica por excelencia, el precio, que es la que usan los individuos para sus decisiones.

En otras palabras, las estadísticas constituyen el sucedáneo barato y manipulable del precio. El proceso de gestación de las mismas merece sin duda un estudio profundo, pero es fácil imaginar que también están sujetas a un proceso de prueba y error, en el que termina siendo determinante la intención que tenga el Gobierno para el indicador. Así, la atención a la prima de riesgo es relativamente novedosa, y hasta esta crisis era un indicador que, de existir, pocos conocían.

Durante estos años se han manejado otros indicadores para medir el riesgo soberano, como el tipo de interés de los bonos a distintos plazos o los CDS, pero el tiempo ha hecho que se consolide como principal indicador del riesgo de España la ya citada prima de riesgo, que tiene la virtud de esconder el valor absoluto del interés que España paga por su deuda, algo harto conveniente para el Gobierno. Todos somos muy felices mientras la prima de riesgo baje, aunque España esté pagando el triple por sus préstamos. Es más, el colmo de la felicidad se produciría si a Alemania se le encarecieran los préstamos recibidos, pues nos podría llevar a primas de riesgo negativas, aunque estuviéramos pagando tipos de doble dígito.

Otro ejemplo, conveniente y sobradamente analizado aquí[2], es el déficit público.

En todo caso, seamos benévolos y admitamos que la intención original del Gobierno al crear las estadísticas, haya sido realmente tener una guía objetiva para sus decisiones. Pudiendo ser así originalmente, el problema se produciría cuando dichas estadísticas pasan a dominio público y empiezan a considerarse como un indicador del desempeño del Gobierno. Pues es entonces cuando el Gobierno, que es también quien "objetivamente" las elabora, puede tener una fuerte tentación de cambiar los métodos y criterios de elaboración para que el resultado parezca mejor a ojos de la opinión pública de lo que realmente es.

En este contexto hay que entender los distintos ajustes que se hacen de las estadísticas, por ejemplo, debido a circunstancias estacionales, y que terminan ocultando las realidades objetivas que se puedan producir.

Viene todo esto a cuento por la reciente creación del llamado IPC a Impuestos Constantes. Se trata de una revisión del Índice de Precios al Consumo, esto es, de lo que nos sube mes a mes el precio de una cesta de bienes que supuestamente representan el consumo medio de una persona o de un hogar. Pero en el IPC-IC, que así se abrevia la creación, se descuenta de dicha subida de precios la posible subida de los impuestos sobre los bienes formando la cesta.

Cabe preguntarse qué puede representar tal indicador. Al menos, el IPC te puede dar una idea de cómo se encarece la vida conforme pasa el tiempo, idea tanto más distorsionada conforme se aparte tu consumo de la cesta media que supuestamente consumimos. Pero ¿el IPC-IC?

Parece como si tratará de verse la evolución de los precios de los bienes que consumimos, pero sin contar el IVA o el impuesto de Hidrocarburos. Quizá para un empresario, esa evolución pueda tener sentido, pues el IVA lo va a poder repercutir a su cliente, o el de Hidrocarburos considerarlo gasto y desgravarlo. Pero para el ciudadano qua consumidor, esto es, al que le resulta relevante el IPC (no se olvide, precios de consumo), es absurdo darle una evolución de precios que no contenga el IVA, como si éste no lo tuviera que pagar. Pues eso es lo que hace el IPC-IC.

Si se analiza desde la perspectiva del Gobierno, y más en unos momentos de constante subida de impuestos, entonces sí que cobra toda la lógica del mundo. Con este indicador, el Gobierno oculta los efectos de su política fiscal sobre los precios de los bienes que consumimos: ningún Gobierno quiere que el IPC se dispare por culpa de la subida del IVA, claro.

El siguiente paso, que solo se puede dar con la connivencia de los medios, es que la gente, los analistas, dejen de preocuparse por el IPC y empiecen a fijarse en el IPC-IC. Estoy seguro de que, a la menor oportunidad, sesudos analísticas mediáticos justificarán de forma muy convincente que lo que es relevante para la sociedad es el IPC-IC, en lugar del IPC, de la misma forma que nos han convencido de que lo relevante es la prima de riesgo y no el tipo de interés pagado por la deuda.

De forma más pragmática, el Gobierno ya está usando este índice o alguno de sus derivados, para revisar determinadas tarifas y prestaciones que están en sus manos. Es lógico: lo último que quiere el Gobierno es tener que subir la pensión a los jubilados como consecuencia de la subida del IVA.

El IPC-IC no es más que otra vuelta de tuerca para convencernos de que vivimos en los mundos de Yupi. ¿Nos convencerán de que pueden subir el IVA del bien sin que nos suba su precio? Al tiempo.


[1] https://ijmpre2.katarsisdigital.com/comentario/4673/precios/estadisticas/

[2] https://ijmpre2.katarsisdigital.com/comentario/5343/enganen/deficit/publico/problema/

Impuestos, recortes y paro: la madre de todas las resacas

Escrito por Daniel Lacalle en . Publicado en Artículos en prensa.

El gestor de fondos y colaborador de El Confidencial, Daniel Lacalle, prologa Crónicas de la Gran Recesión II (2010-2012), del economista Juan Ramón Rallo. El libro saldrá a la venta el viernes 24 de mayo y ese mismo día se presentará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro de Liberacción, la feria de libros liberales organizada por el Instituto Juan de Mariana*.

Hace unos meses hicimos una encuesta entre inversores y gestores sobre cuáles habían sido las causas de la crisis financiera. Las respuestas fueron muy interesantes y diferentes, pero podrían converger en un mensaje: toma de riesgo excesivo ante un entorno de tipos de interés bajo y sobreabundante liquidez. Ello, a su vez, nos conduce a unos estados y bancos centrales que lanzaron el mensaje de «no se preocupen, todo va bien, que aquí estamos nosotros para garantizar que se eviten shocks», algo que, por supuesto, no cumplieron. Porque no podían. Ni pueden. Vivimos en unas economías tan intervenidas que asumimos, casi como una religión, que los estados y sus bancos centrales son omnipotentes y pueden cambiar el rumbo de la economía a su placer, garantizando crecimiento eterno. Olvidamos, por supuesto, que los bancos centrales y estados siempre son reactivos y, como tales, cuando ponen en marcha procesos de incentivos perversos, tipos bajos, expansión monetaria y estímulos injustificados, empujan a los agentes económicos unos cuantos pasos más cerca del borde del precipicio.

Es interesante también comprobar cómo ese proceso de «toma de riesgo excesivo» nos pasaba desapercibido cuando vivíamos la fiesta del crecimiento eterno, las compras megalómanas y el endeudamiento. Un claro ejemplo lo vivimos en España, un país que, supuestamente, crecía más que ninguno otro y cuyo modelo económico era un milagro y la envidia del mundo entero. Alemania, sin embargo, aplicando recetas de austeridad y recortes presupuestarios promovidos por el canciller Schröder, se lanzaba al «abismo del estancamiento», según comentaba el diario El País en el año 2004.

A muchos economistas, ese modelo de crecimiento, apalancado y orientado al ladrillo y a la «inversión» -malgasto- estatal, les sonaba: lo habían visto antes y, como en tantas ocasiones, sabían que terminaba mal. De hecho, el crecimiento de España, excluyendo el efecto de deuda, fue muy bajo durante la burbuja, según cifras del FMI y el BBVA. Sin embargo, en un mundo acostumbrado a repetir las formulas keynesianas de aumentar el gasto, endeudarse y dar la patada hacia delante, aunque no funcione, tendemos a negar los problemas, a ignorar los riesgos y a buscar repetir los mismos errores.

En este libro encontraremos un análisis muy detallado y ameno de aquellos errores graves que se cometieron y cómo apartamos la vista e ignoramos sus consecuencias. Efectivamente, hoy nos quejamos de unas políticas de austeridad que dicen que nos ahogan. Sin embargo, no podemos hablar de austeridad cuando el gasto estatal, la deuda y los déficits públicos siguen alcanzando máximos históricos. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados al malgasto y al dinero fácil como fenómenos «normales». Queremos recuperar el 2005-2007. Sólo hay un problema: es imposible, no funciona.

Olvidamos que los recortes de hoy son consecuencia del exceso de gasto del pasado, que las políticas expansivas no evitan dichos ajustes presupuestarios, como estamos viendo en Estados Unidos o el Reino Unido. Olvidamos que las soluciones monetaristas y expansivas no solucionan modelos económicos de baja productividad y obsoletos: los perpetúan. Y los efectos negativos de cerrar los ojos, imprimir y esperar que escampe son obvios. Recesión en el Reino Unido, deflación en Japón, estancamiento en Estados Unidos. Y el paro, ese supuesto objetivo social de las políticas intervencionistas de estados y bancos centrales, no sólo no baja, sino que las condiciones laborales empeoran. Porque las políticas expansivas no crean confianza, sólo desconfianza. Y llevan a algo que pocos economistas keynesianos son capaces de explicar: la velocidad del dinero, reflejo de la actividad económica, se desploma. ¿Su solución? Repetir lo que ha fracasado. Nunca es suficiente, y si no funciona… es porque no se ha hecho de manera contundente.

La peor ‘resaca’ jamás sufrida

El problema del sobreendeudamiento radica en que nos da una falsa sensación de poder, de riqueza, y nubla la prudencia a la hora de gastar o invertir. Y que, cuando se acaba, el efecto «resaca» es peor de lo que nadie imaginaba. Se empieza justificando la deuda para «hacer inversiones de crecimiento» y se acaba despilfarrando en gastos tan «sociales» como las decenas de miles de millones que pagamos en subvenciones. Se empieza pensando que se pagará con crecimiento, luego que se pagará con más deuda de fondos exteriores, después que se pagará con más impuestos y, finalmente, se quiebra.

Desde 2003, cada euro nuevo de deuda ha generado productividades marginales cero y, desde 2004, negativas, según Goldman Sachs. Es el «umbral de saturación de deuda» que ignoran nuestros políticos, siempre dispuestos a gastar hoy el dinero de las generaciones futuras. Efectivamente, la deuda puede ser buena cuando se invierte de manera prudente y cuando no alcanza unos niveles inaceptables. Pero, como en todos los procesos de descontrol inversor, llega un punto en que nunca nos parece alta.

Siempre nos parece que «nuestro caso es distinto» -mi deuda sobre PIB es menor que la de Japón-, que «a mí no me va pasar» -España no es Grecia- o el socorrido «yo estoy mal, pero el otro está peor» -la deuda privada es mayor que la pública-. Son mensajes que sólo buscan justificar un comportamiento que, en nuestro interior, somos conscientes de que es inaceptable. Sólo queremos que, aunque sepamos que no es lo correcto, nos siga fluyendo el dinero.

Es curioso porque el proceso de expansión salvaje de los balances de los estados y sus bancos centrales siempre se tiñe de un aura «social», diciendo que se busca bajar el paro y reducir desigualdades, cuando en realidad es profundamente antisocial y extremadamente injusto: porque premia al endeudado y al que invierte mal, penalizando con impuestos e inflación al ahorrador, al prudente y a una clase media que está siendo aniquilada por las políticas de sostener a bancos y a Estados elefantiásicos e insolventes.

Más impuestos y más recortes

El Estado, efectivamente, no es una empresa. Y, como tal, debe también diferenciar su capacidad de endeudamiento. Porque la deuda privada se contrae libremente. La deuda privada excesiva se repaga con ampliaciones de capital, desinversiones y caja libre. Si la empresa no puede pagarla, quiebra, se venden sus activos y se liquida. Sin embargo, la deuda pública es impuesta obligatoriamente. Además, esta se repaga con más impuestos y más recortes y, si no se paga, se termina arruinando a los ciudadanos. Importantes diferencias.

Nos repiten ahora, una y otra vez, que el Estado tiene que gastar cuando ahorran las familias y empresas para compensar, sostener la actividad económica y, luego, cuando llega el crecimiento, entonces es cuando toca ahorrar. Excepto que, oh sorpresa, en épocas de bonanza los Estados no ahorran. ¿Saben cuál es el número de países de la OCDE que han visto reducido su gasto público en épocas de bonanza en los últimos veinte años? Cero. 

Es entonces cuando el sobreendeudamiento se convierte en norma, cuando corremos el riesgo de pasar de saturación de deuda a una saturación impositiva que genera destrucción de crecimiento, riesgo de descapitalización y quiebra. La deuda en sí misma no es mala. La deuda es mala cuando no genera ninguna rentabilidad. Y, como sucede en cualquier otra actividad económica, hay «inversiones sociales» que no generan rentabilidad económica y son aceptables, pero estas no pueden acaparar y sobrepasar a las inversiones que sí generan rentabilidad, porque de lo contrario entramos en una espiral de gasto que implica más deuda y más impuestos, un mayor empobrecimiento, menos ingresos, el mismo gasto, más deuda y la quiebra.

Piensen lo bien que estaríamos hoy si en 2005, cuando multiplicábamos nuestra deuda por dos, hubiéramos hecho una huelga con una buena pancarta diciendo: «No hipotequemos a nuestros nietos». El despilfarro, el gasto y la deuda siempre se toleran. Pero no se suelen valorar sus consecuencias.

Los beneficios de planificar para cuadrar gastos e ingresos son muy fáciles de entender: si se equivocan y el país crece más, se ahorra y se mitigan los impactos si se vuelve a la crisis. Vamos, lo que todos ustedes hacen cada día. Lo malo de la política de la cigarra es que cuando llega el invierno ya no queda nada y, lo que es peor, se depende de la caridad (del BCE, del FMI o de quien sea), que suele venir acompañada de exigencias que nos empobrecen y nos hacen menos libres. Esta crisis debería enseñarnos a desconfiar de los incentivos perversos, de los cantos de sirena de la expansión ficticia y de las llamadas a tomar riesgos provenientes de estados y políticos cuyo historial de aciertos en sus inversiones y predicciones sobre el futuro es francamente atroz.

El placebo de los economistas estatistas

¿Quiénes generaron esos incentivos perversos? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Es la solución a la crisis llevar a cabo las mismas políticas que nos condujeron a ella? ¿Qué papel tienen los bancos centrales y los Estados a la hora de poner en marcha mecanismos de crecimiento? En este libro, que recopila algunos de los excelentes artículos de Juan Ramón Rallo sobre la crisis, encontrarán muchas respuestas. Muchas de ellas les sorprenderán, porque no van orientadas al «efecto placebo» que nos intentan vender los economistas estatistas. Pero recuerden: que haya consenso entre algunos profesionales no significa que tengan razón. Y a las pruebas y datos me remito: el problema de defender las políticas expansivas y estatistas es la evidencia empírica de sus fracasos. Y cuanto más se aplican, más contundentes se vuelven los argumentos en contra.

Este libro les ayudará a entender mejor la crisis, valorar distintas opciones, cuestionar los dogmas establecidos y llegar a sus propias conclusiones. Además, ofrece soluciones. De ahí que se trate de una publicación imprescindible que merece la pena consultar una y otra vez ante las recurrentes tentaciones de los diferentes Gobiernos por repetir formulas caducas e ineficaces… pero, eso sí, consensuadas. Como decía Margaret Thatcher, el consenso es el abandono de toda creencia, principio y valores; por lo tanto, sólo es algo en lo que nadie cree y, por supuesto, nadie cuestiona. Evitémoslo.

*Crónicas de la Gran Recesión II (2010-2012), Juan Ramón Rallo, Unión Editorial, 2013, 425 páginas

Las causas de la corrupción

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cuando afloran más casos de corrupción (abusos del poder para lucro particular) en las portadas de los periódicos, surgen intentos de explicar la situación por causas esencialistas relacionadas con las actitudes éticas dominantes en la sociedad la española. Admitiendo la existencia de concausas compatibles entre sí, considero, no obstante, que una atención excesiva a esa generalización relega a un segundo plano la responsabilidad de los implicados en los casos concretos y al marco institucional que estimula esa corrupción. Conviene, asimismo, descartar la posibilidad de cuantificar los factores concurrentes en un resultado determinado para, por el contrario, centrarse en una enumeración que refleje ordinalmente su influencia en la producción del resultado.

Puestos a confeccionar esa lista, el primero de sus elementos vendría determinado por el marco institucional. Desde una perspectiva liberal muy amplia se resalta la correlación de la corrupción con el socialismo (entendido como la colectivización de la propiedad de los medios de producción) y el intervencionismo (en sus distintos grados: corporativista, nacionalsocialista, mercantilista, socialdemócrata…). En resumen, cuantas más tamaño y funciones acapara un gobierno y más decisiones adopta sobre lo que se debe producir, mayor es la propensión a la corrupción de ese sistema.

Los modelos que aplican esa línea continua que va del intervencionismo al socialismo no solo eliminan o coartan la libertad y el derecho de propiedad, sino que, debido a su propia naturaleza ordenancista y arbitraria, estimulan los abusos tanto de los gobernantes y los que buscan su favor desde grupos de presión y clientelas varias.

En los mal llamados estados del bienestar contempóraneos, que con carácter general absorben más del 50 por ciento de la riqueza que generan los países donde se hallan instalados, las iniciales promesas de redistribución de rentas de los más ricos a los más pobres de una sociedad se han sustituido por un reparto con direcciones múltiples que pretende justificarse con todo tipo de argumentos pintorescos. Por remitirnos solo a uno de los planes más delirantes de los últimos tiempos, la cantinela del calentamiento global preparó el caldo de cultivo a una de las mayores transferencias corrientes en favor de los promotores y productores de energías renovables en España, una gigantesca corrupción con aspecto de legalidad. Parece que fue ayer cuando destacados miembros de este Instituto publicaron el célebre “Estudio sobre los efectos en el empleo del apoyo público a las energías renovables” donde se desmontaron las falacias de este tipo de programas de despilfarro masivo. Todavía hoy no se ha eliminado la significativa partida que ocupan en los presupuestos anuales del Estado. Alguna vez los diseñadores de ese plan deberán explicar qué justificó realmente quitar dinero a los contribuyentes, actuales y futuros, para que unos beneficiarios compraran terrenos, paneles solares, molinos y demás y se subvencionara la compra de la energía así producida a las compañías eléctricas. Ahora que los norteamericanos han revolucionado la producción de fuentes de energía con la explotación a gran escala del petróleo y el gas de esquistos bituminosos, provocando la reconsideración de la política energética de los países de Unión Europea que observan la ventaja competitiva para fomentar el crecimiento en medio de la recesión, cabe preguntarse dónde quedarán los compromisos del Protocolo de Kyoto de reducción del uso de combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero.

Ejemplos como el anterior reafirman la percepción de que asistimos a un retorno del fascismo económico. Los gobiernos pretenden dictar a empresas y particulares las fuentes de energía que deben utilizar, sin permitir que sean éstos quienes descubran mediante el funcionamiento del mercado libre las más útiles y eficientes en un momento dado. Da lo mismo que unas veces invoquen la protección de la naturaleza y, poco tiempo después, el impulso del crecimiento económico, pues el dirigismo causa parecidas distorsiones en ese proceso. Por eso, cuando algunos cantamañanas claman con argumentos pseudomorales por una mayor regulación gubernamental de los mercados, escamoteando la realidad de las tremendas manipulaciones a las que éstos se ven sometidos (comenzando por el monetario que siempre escapa a sus análisis), deberían recordar que esa expansión del poder estatal coincide con el modelo fascista y que la corrupción resulta su trasunto.

Como se ha visto, por sí mismo el marco institucional ampara situaciones de corrupción, sin necesidad de incurrir en ilegalidades y menos aun delitos. Si se añade la dependencia del poder judicial que administra justicia al poder ejecutivo y legislativo, tendremos amplísimas zonas de penumbra a la investigación de la implicación de individuos concretos en hechos que el propio sistema califica como delitos. Y, por lo tanto, que no se ventilen y depuren las responsabilidades penales de los auténticamente involucrados, segundo factor en importancia en estas situaciones, lo cual contribuye a magnificar las consecuencias de esa corrupción delictiva y la retroalimenta.

En conclusión, antes de lanzar hipótesis sobre el nervio ético de los individuos de una determinada comunidad, deben analizarse cuáles son los mecanismos que incentivan el abuso del poder por parte de los políticos y los miembros de la burocracia para favorecer a determinadas personas y a ellos mismos. Es decir, cuáles son los auténticos mimbres de la corrupción. Decir que ésta ha existido siempre no debe ocultar que las probabilidades de que se produzca aumentan cuanto mayor es el tamaño del gobierno y la administración y, por lo tanto, las regulaciones y las decisiones discrecionales que deben tomar los gobernantes de todo pelaje y los empleados públicos sobre las actuaciones de los individuos y sus empresas. La hiperregulación y el intervencionismo que padecen las sociedades de los estados contemporáneos motivan que sus decisiones al respecto alcancen un valor inusitado. Al final se produce un triple efecto que comienza por desalentar a los individuos de emprender actividades empresariales y profesionales; estimula en paralelo su incorporación a la estructura burocrática encabezada por políticos y dispara las ocasiones para que concurran un particular y un preboste que asume funciones públicas para dispensarse mutuamente de cumplir unas regulaciones que no son más que órdenes y mandatos incompatibles con una idea de ley general y universal.

Reduzcamos los impuestos… y el gasto público

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando un país se halla al borde de la suspensión de pagos, no tiene más remedio que intentar recuperar su solvencia cuadrando las cuentas, esto es, taponando el déficit público por el que se desangra. Sabido es que para ello existen dos posibilidades: incrementar los ingresos del Estado (a costa de saquear tributariamente más a la economía privada) o recortar el gasto; alternativas que no son ni mucho menos equivalentes.

El socialdemócrata gobierno de Mariano Rajoy optó por la peor de las dos: centrar la mayor parte de sus parcos esfuerzos por minorar el desequilibrio presupuestario en exprimir más a los españoles (es verdad que también redujo algunos gastos en 2012, pero se centró básicamente en la parte más sencillona del asunto: paralizar obra pública), logrando con ello el pírrico resultado de consolidar el déficit en el 7%. Zapatero lo bajó del 11% al 9% y Rajoy del 9% al 7%. Hurra.

En los últimos días se han alzado diversas voces dentro del Partido Popular reclamando una reducción de impuestos que alivie parcialmente la delicada situación de las clases medias y dé un más que necesario impulso a nuestra marchita economía. Sin duda, es de agradecer que desde algún recóndito lugar de nuestra clase política (y con la muy honrosa excepción del P-Lib) se reclame una inmediata reducción de impuestos que aligere mínimamente la onerosa losa fiscal que aflige a los españoles.

Sin embargo, no deberíamos perder de perspectiva que tan urgente como bajar impuestos es acabar con el déficit, a saber, no jugar a timar al ciudadano y al empresariado con alivios fiscales a corto plazo que todos saben insostenibles por cuanto la viabilidad del país a medio plazo sigue sin estar garantizada. Al contrario, lo que necesitamos es que todo el mundo adquiera unas expectativas sólidas de que España constituye un refugio estable, rentable y seguro para sus inversiones. Un paraíso donde generar y multiplicar riqueza sin que políticos, oligopolios, sindicatos, lobistas o cazadores de rentas te la arrebaten.

De ahí que bajar impuestos sea tan necesario como despejar temores de que podamos suspender pagos y salir del euro; porque mientras se contemple como horizonte factible que vayamos a argentinizarnos tras aplicarles un quita del 50% a los inversores foráneos, pocos querrán arriesgarse a inmovilizar su patrimonio en España. Pero, huelga decirlo, si tenemos que bajar impuestos y tenemos que acabar con el déficit, sólo cabe lograr ambos propósitos por la vía de amputar el gasto público. Precisamente, en mi libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, explico con detalle de dónde recortar 135.000 millones de euros en un año para erradicar el déficit público y, al tiempo, ahorrarnos la treintena de subidas de impuestos del PP.

Acaso esa imprescindible coletilla sea la que se eche en falta en el loable discurso de ciertos populares retirados que estos días salen a la palestra para canear a Montoro: que no sólo vendan el dulce y saludable caramelo de las rebajas fiscales, sino la (en apariencia) amarga medicina de los multimilmillonarios tijeretazos del gasto. De ahí que, cuando el ministro de Hacienda les replica que en estos momentos no hay margen para bajar impuestos, puede que esté mintiendo, pero desde luego tiene su punto de razón: todos aquellos correligionarios que las impulsan, ¿están dispuestos a asumir la profunda transformación de nuestro infinanciable Estado niñera-asistencial que ello implicaría?

Montoro, Rajoy y su cuadrilla de socialistas desde luego no: suben impuestos justamente para evitarse desmantelar, tal como deberían, nuestro burbujístico sector público. Pero, ¿cuál es el modelo de Estado de quienes proponen bajar impuestos? Sostener genéricamente que se han de achicar los desembolsos públicos no basta cuando el reto por delante desborda con mucho los parches cosméticos impulsados por el rajoyismo. La muy necesaria alternativa al consenso socialdemócrata que ha arruinado España no puede pasar sólo por prometer que las administraciones públicas recaudarán menos, sino, sobre todo y en primer lugar, por explicar por qué deben gastar mucho menos para que familias y empresas puedan recuperar el protagonismo que jamás debieron perder.

Sí, bajemos ya los impuestos, pero un segundo después de que hayamos suprimido los gastos inútiles (burocracia regulatoria) y privatizado aquellos valiosos que se ha arrogado coactivamente el sector público (Estado de Bienestar). Menos gastos, menos impuestos y menos déficit. Ese es el camino realmente liberal.

Sí, buana

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Artículos en prensa.

Si le preguntas a una madre qué es lo que más quiere para su hijo, con toda probabilidad te va a responder “quiero que sea feliz”. Muy pocas te vamos a contestar “quiero que sea libre” pero la diferencia es grande. A menudo, las madres que quieren por encima de todo que sus hijos sean felices están convencidas de que sólo ellas saben mejor que nadie qué es lo que les dará la felicidad a sus hijos. Por eso se dedican a criar hijos obedientes sin darse cuenta de que el resultado será un adulto desorientado que va a necesitar que siempre haya alguien indicándole el camino a seguir.

La profesora Henseler definió a la generación X (nacidos entre 1960 y 1980) como la generación “cuya visión del mundo está basada en el cambio, en la necesidad de combatir a la corrupción, a las dictaduras, al abuso, al sida, una generación en búsqueda de la dignidad humana y la libertad individual, la necesidad de estabilidad, amor, tolerancia y derechos humanos para todos”. Y sin embargo la generación X está criando una generación de niños sumisos, que hoy les obedecen a ellos y a sus profesores pero que mañana buscarán a otros que les manden y les digan qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Es como si hubieran encontrado el camino correcto y estuvieran andándolo en la dirección equivocada. Entremedias de la generación X y nuestros hijos, los Z, están los Y, nacidos entre 1980 y 2000, mandándonos claros mensajes que tal vez no queremos ver.

Es todo tan absurdo, en cuanto te fijas un poco. Papá y mamá pasan todo el día fuera de casa, trabajando para poder mantener unos caprichos que sólo poseen pero no disfrutan, porque no tienen tiempo. La casa, la tele y el home cinema, el coche, la segunda residencia con jardín y piscina, la ropa de marca y demás. Papá y mamá pertenecen a esa generación que, supuestamente, buscaba el cambio en el mundo y que, en cambio, ha terminado entrando en la “carrera de las ratas”. Para mantener el absurdo statu quo, necesitan que los niños pasen gran parte del día en la escuela, haciendo cosas que no les interesan, junto a otros niños que se aburren tanto como ellos. Algunos incluso lo pasan mal. Su existencia se limita a inclinarse, estar de acuerdo y obedecer.

Luego les soltamos el discurso de que las cosas han cambiado, de que no deben aspirar a que alguien les dé un trabajo para toda la vida sino que deben perseguir sus sueños y crear su propio trabajo. Hay que emprender, hay que trabajar en internet, hay que ser original y creativo y, sobre todo, hay que convertir la pasión en profesión. Pero ¿cómo van nuestros hijos a dedicarse a aquello que les apasiona si durante toda su infancia les impedimos experimentar libremente para descubrir qué es lo que realmente les gusta? Les entrenamos durante años para ser elogiados y recompensados cuando hacen lo que se espera de ellos y esperamos que después, por arte de magia, se desprogramen y sepan descubrir sus habilidades y sus pasiones y convertirlas en un modo de vida. Nunca antes una generación había sido tan esquizofrénica para con sus hijos. Predicamos una cosa mientras hacemos otra. Les cortamos las alas mientras les exigimos que vuelen. Hemos asumido la idea de la evolución mientras se ha tratado de nosotros superando a las generaciones anteriores. Cuando somos nosotros los que debemos ser superados, nos negamos. A nuestros hijos deberíamos decirles que sí más a menudo, confiando en ellos. Y también deberíamos permitirles decir que no más a menudo, abriendo la puerta a la argumentación y al diálogo y sabiendo que, algunas veces, serán ellos quienes tengan la razón.

Obama, como Maduro y Correa, enemigo de la prensa libre

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En el poco tiempo que lleva en el poder, Nicolás Maduro está acelerando de forma creciente la destrucción de la libertad ciudadana que emprendió Hugo Chávez. De hecho, la castrización del país caribeño y la destrucción de los restos de democracia en Venezuela han alcanzado una velocidad sin precedentes.

En esa estrategia, y siguiendo los pasos de su mentor, entra la persecución y represión de los medios de comunicación y los periodistas que no le son afines. Esta última no pasa siempre necesariamente por el cierre de radios, televisiones o periódicos, así como por el encarcelamiento de sus directivos y profesionales. También incluye técnicas como el espionaje de los informadores. Ejemplo de ello es el hecho, recientemente descubierto, de que los servicios secretos bolivarianos espían a periodistas venezolanos residentes en Miami.

Pero estos no son los únicos periodistas que son espiados por un Gobierno en territorio de EEUU. Cada vez surgen más noticias referentes al espionaje de medios y periodistas estadounidenses por parte de las autoridades de su propio país.

Primero fue el caso de los cien periodistas de la Agencia Associated Press cuyos teléfonos fueron pinchados por orden de la Casa Blanca. Ahora se suma la noticia de que el FBI –una agencia que, a pesar de lo que muestren series como Bones o Mentes Criminales, es básicamente un servicio de inteligencia que actúa dentro de las fronteras de Estados Unidos– ha estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, un periodista de Fox News.

En ambos casos, el objetivo era conocer las fuentes de sus informaciones. En el caso de la agencia de noticias versaban sobre las actividades antiterroristas de EEUU en Yemen y en el de la televisión trataban sobre el régimen comunista de Corea del Norte. Obama y su administración no han pedido perdón por estos espionajes. Al contrario se han justificado y casi se podría decir que han sacado pecho.

El secreto de las fuentes es una herramienta fundamental para poder ejercer el periodismo, por lo que está garantizado por ley en cualquier país del mundo. Si no se puede asegurar el anonimato de quién proporciona una información delicada, en numerosas ocasiones sería imposible acceder a ella. Por eso, violarlo es un atentando directo contra la libertad de expresión.

Pero en el caso de Rosen estamos ante algo de una gravedad mayor. En un hecho sin precedentes, ha sido acusado por las autoridades como "como instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Estamos ante un salto cualitativo tremendo. Si al espiar a los periodistas Obama se comporta como Maduro, al acusarles –sobre todo si se tiene en cuenta de que se trata de un profesional de un medio muy crítico en el actual presidente de EEUU– imita las técnicas de Rafael Correa, el mayor represor de los medios de comunicación en América tras los hermanos Castro.

Ya no consiste tan sólo en espiar a los periodistas, algo de por sí muy grave. Al presentar cargos contra uno de ellos por ofrecer informaciones incómodas para la Casa Blanca, ese es el motivo real de la acusación aunque nominalmente sean otro, la administración de Obama lanza un mensaje al resto de profesionales de los medios: "a partir de ahora, quien publique algo que nos moleste se arriesga a que encontremos la excusa para tratar de mandarle a la cárcel". Se trata de un paso de gigante en el recorte de la libertad de expresión. Si Rosen resulta finalmente condenado, Obama tendrá su primer preso político.

No se trata tan sólo de una cuestión que afecte tan sólo a los periodistas y los dueños de los medios de comunicación. Sin una prensa libre, se priva a los ciudadanos de recibir informaciones que el poder no quiere que les lleguen, además de la oportunidad de acceder a todo tipo de opiniones. No en vano, otro presidente de EEUU, Thomas Jefferson, sentenció en 1787 (cuatro años antes de acceder a la Casa Blanca):

Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo.

Es tradición que durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el presidente de EEUU bromee sobre sí mismo. Si este año se comparaba con Lincoln y parodiaba la película sobre dicho mandatario, el año que viene podría dejarse bigote y salir vestido con una camisa roja. Hasta podría incluir un pajarito sobre su cabeza como detalle de atrezzo. Claro que no sería una parodia, sería la escenificación de cómo le gusta tratar a los medios de comunicación.

Los impuestos y sus efectos: distorsión de los precios

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Los impuestos y sus efectos: distorsión de los precios

No deja de ser interesante la manera que tienen los gobiernos para legitimar los impuestos. Estamos entrando en la época del año en la que veremos algún anuncio de televisión de la Agencia Tributaria en donde se nos diga que debemos ser buenos "contribuyentes" y pagar todos nuestros impuestos religiosamente. Y acabará diciendo que "así mejoramos todos". Y claro, ¿quién va a ser el desalmado que no quiera que mejoremos todos?

En otro artículo hablábamos de cómo los impuestos tienen un efecto nocivo en las empresas y la economía porque desalientan y desincentivan las actividades productivas y creadoras de empleos. Sin duda, una manera curiosa de que mejoremos todos…

Pero los impuestos también tienen otro efecto devastador que generalmente no se tiene en cuenta: distorsionan los precios de mercado.

El mercado libre se basa en el mecanismo de los precios. Éstos reflejan las condiciones de oferta y demanda, por lo que suponen la información más relevante y valiosa de la que disponen los consumidores y productores para decidir cuándo comprar o vender.

Al gravar un determinado producto (o servicio) se varía artificialmente su precio y deja de ser indicador de la oferta y demanda real. Su aumento de precio en el mercado ya no refleja una menor oferta o una mayor demanda.

Inevitablemente, esto altera la toma de decisiones tanto en la producción como en el consumo porque empiezan a recibir mensajes distorsionados, señales modificadas y actuarán en consecuencia. Se impide el correcto funcionamiento del mercado porque se distorsiona la asignación de recursos.

En un mercado libre, donde se respetan las transacciones voluntarias y la propiedad privada de los medios de producción, los recursos fluyen hacia aquellas líneas de producción que satisfacen las necesidades que los consumidores en cada mercado consideran más "urgentes", es decir, que generan más valor. De esta manera, el sistema de precios actúa con toda su eficacia para transmitir oportunamente la información relevante asegurando que los bienes se produzcan de la manera más eficaz y menos costosa posible.

Los impuestos no son económicamente neutros. Los principios económicos más básicos nos muestran que los controles de precios, los precios "justos" y demás intervenciones gubernamentales distorsionan el sistema de precios, impidiendo que los bienes fluyan hacia dónde más se necesitan. Y no sé si alguien se puede creer que esto nos ayude a todos precisamente.

Bravo por Gran Canaria

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

EL presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha dicho que con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del oasis de Maspalomas no se puede «acusar al Cabildo de Gran Canaria de paralizar» proyectos de inversión en la isla ni de crear «inseguridad jurídica». Además ha afirmado que «la gran vencedora» de esta decisión «es Gran Canaria».

El Sr. Bravo de Laguna, claramente, no es empresario, es decir, no es alguien que arriesga su capital para obtener beneficios empresariales satisfaciendo a la sociedad, sino que es un político que no entiende lo que es complacer a la gente compitiendo en el mercado y asumiendo riesgos. Sólo así se explican sus aseveraciones.

La declaración de BIC del oasis por supuesto que ha frenado y paralizado varios proyectos de inversión, la prueba de ello es que los principales afectados de esta decisión política han decidido llevarse la inversión de casi 50 millones de euros para mejorar el conjunto turístico de la zona a la isla de Tenerife. Además, otras empresas verán demoradas sus inversiones en este ámbito, pues tendrán ahora que pasar por nuevos y tortuosos trámites burocráticos.

Por otro lado, es evidente que la decisión del Cabildo crea inseguridad jurídica, pues el mensaje que se ha mandado a los posibles inversores que pudieran venir a Gran Canaria es que todos aquellos que quieran invertir en la isla tienen que saber que aunque se tramiten sus proyectos dentro de la legalidad, estos pueden ser paralizados, demorados o cambiados por decisiones políticas incentivadas o no por otros empresarios competidores.

Por ello, la protección del entorno del oasis de Maspalomas, que hasta la fecha se ha preservado por sí solo, causará el deterioro de este lugar y la escasez de oferta turística de calidad, pues si algo buscan los empresarios es seguridad jurídica y celeridad en los trámites administrativos. De ahí que la zona haya perdido la posibilidad de contar con un nuevo hotel de cinco estrellas y se haya quedado con uno deteriorado de cuatro.

A todo esto hay que unir otras dos consecuencias terribles de esta decisión política promovida por intereses particulares y apoyada por algunas instituciones que dicen proteger los intereses de Gran Canaria. La primera, que seremos los contribuyentes los que tendremos que pagar la indemnización que recibirá a buen seguro la empresa perjudicada por esta decisión; y la segunda, que tendremos un posible nuevo foco de corrupción en las Islas, pues a buen seguro muchos se verán tentados de pagar o de cobrar para agilizar o permitir los proyectos de la zona.

Por todo ello, Sr. Bravo de Laguna, la gran perdedora es Gran Canaria.