La reunión de los principales grupos opositores a Bashar al Asad esta semana en Madrid obligaba a nuestro canciller a decir algo al respecto del drama sirio, así que García Margallo, poco acostumbrado a los rodeos o los eufemismos a pesar de ser el jefe del cuerpo diplomático, ha aprovechado la ocasión para hacer una declaración tajante: somos partidarios de enviar armas. Al bando rebelde, se entiende, que el régimen sirio ya cuenta con suministradores mucho más poderosos que la discreta industria armamentística española.
Los grupos rebeldes que luchan contra Al Asad llevan meses exigiendo a los países occidentales que les envíen armamento, a pesar de lo cual sólo han obtenido hasta el momento ayuda humanitaria. Gran Bretaña y EEUU son los países que más han amagado con la posibilidad de enviar armamento pesado a los enemigos de Al Asad, pero parece que lo han hecho simplemente con el propósito de sondear el ambiente de la llamada comunidad internacional más que con una verdadera intención de dar el paso decisivo en terreno tan delicado. Al menos en el caso de los británicos, porque Obama es incapaz de tomar una decisión categórica salvo que se trate de acosar fiscalmente a los rivales políticos o espiar a periodistas incómodos, como ha demostrado recientemente.
La cuestión de armar o no al bando que lucha contra el régimen baazista es mucho más compleja de lo que pretenden sus representantes en Madrid, desesperados por obtener armas con las que poder enfrentarse a la maquinaria bélica del dictador sirio. No se trata de un problema de legitimidad en la lucha contra un régimen que está masacrando a sus rivales sin piedad, civiles incluidos, sino de algunos grupos incrustados en el bando rebelde y sus vínculos evidentes con el islamismo más radical, que tras una victoria contra Al Asad podrían volver esas armas contra los mismos occidentales que se las han proporcionado. Es el caso del llamadoFrente Al Nusra, ligado formalmente a la rama de Al Qaeda que opera en Irak, que tras la conquista de cualquier territorio a las tropas del régimen sirio se distingue por implantar inmediatamente el terror cerrando tiendas, escuelas y otros centros incompatibles con su visión ultraortodoxa del islam, como hicieron hace tan sólo unos días en la provincia de Raqa, arrasada bajo la bandera negra de la Yihad.
A pesar de estas importantes consideraciones, a las que ningún estadista puede resultar ajeno, García Margallo quiere dar armas a los rebeldes reunidos en Madrid sin mayores precisiones, frase que aceptaremos simplemente como gesto de cortesía en su papel de anfitrión. Norteamérica, en cambio, no lo tiene tan claro como nuestro ministro, y el resto de Europa tampoco. Las consecuencias de haber armado a los talibanes afganos en su día siguen ejerciendo, afortunadamente, un importante papel disuasorio.
El Gobierno ya incrementó el año pasado el Impuesto sobre Sociedades (IS) y pretende hacerlo ahora otra vez. Sin embargo, el incremento no ha sido fácil de entender para el ciudadano de a pie porque se ha basado en cambiar disposiciones técnicas y, además, orientadas principalmente a las grandes empresas, que por ser grandes parece que incluso se lo merezcan (como si no sufrieran los incrementos de impuestos, o los absorbieran solamente ellas y no sus clientes, proveedores, accionistas, etc.).
Los aspectos técnicos de este Impuesto, aunque no conocidos por una mayoría, son determinantes para la población si lo que se quiere es la prosperidad económica. Y aun siendo temas técnicos, tan sólo con disponer de un sencillo enfoque de lo que debería ser la política y su intervención en la vida de los ciudadanos permitirá a éstos no dejarse engañar por sus políticos, y ante cualquier incremento sutil y técnico de impuestos, interponer un freno social a ese monstruo lovecraftiano que es el Taxman.
El IS es uno de los impuestos más distorsionadores de la actividad económica. Una de esas distorsiones es la creada por la posibilidad de deducción de los gastos financieros frente a la no deducción del coste de oportunidad de los fondos propios. Esto, junto con otras características del Impuesto, ha favorecido el uso de la deuda, la inversión en inmuebles, la complejidad en la financiación de las empresas (deuda híbrida) y de las transacciones financieras.
Tanto es así que en trabajos académicos recientes ya se ha llamado la atención sobre el papel que ha tenido este Impuesto en el fomento y agravamiento de la actual crisis económica, y no es que ésta haya surgido por el Impuesto, pero ha sido favorecida y engrandecida por él.
Ante esto, las respuestas académicas son diversas, pero mayoritariamente se centran en tratar de equiparar la deuda con los fondos propios, bien a través de la eliminación de la deducción de los gastos financieros, bien creando una nueva deducción para los fondos propios (la deducción de una especie de coste de oportunidad). De ese modo, ambas partidas estarían igualmente tratadas: o bien penalizándolas a las dos o no penalizándolas (tanto).
¿Y cuál creen que ha sido la respuesta política mayoritaria? La que más se está extendiendo hasta el momento ha sido la aplicada y liderada por Dinamarca y Alemania: limitar la deducción de los gastos financieros, es decir, acercar los tratamientos por la vía de la penalización también de la deuda. Como decía, esta es también la seguida por Montoro, y aplaudida por su partido.
Pero penalizar igualmente las fuentes de financiación de las empresas no es la solución. Además, hay muchas más distorsiones creadas por el IS que han sido cómplices de la crisis. Por eso, tampoco sería un remedio completo introducir una deducción para los fondos propios. Lo que realmente suavizaría no solo estas sino todas las distorsiones de este impuesto sería reducir los tipos impositivos nominales drásticamente (superiores a la media de la UE). Son los tipos nominales los que se ceban especialmente con los proyectos de inversión más rentables, aquellos que más beneficios traen a la sociedad, y son los más distorsionadores de la creatividad empresarial y del beneficio puro empresarial (cuantos más beneficios, el tipo efectivo se acerca más al tipo nominal).
Por tanto, aunque desde la academia la asimetría de tratamiento fiscal fondos propios/deuda ha sido más que identificada y se hayan ofrecido diversas soluciones, depende de la población vigilar cuál adopta el político e incluso corregir el sesgo liberticida de los propios entendidos. Y sobre todo, presionar para que unos y otros reduzcan su ingeniería social y sus ganas por el ¡exprópiese!
Si, por ejemplo, los políticos empiezan a limitar la deducción de los gastos financieros para las empresas, no debemos pasar por alto esta maniobra porque se aplique a las grandes empresas, que por ser grandes, son malignas, claro. De hecho, como en cualquier intervención estatal, lo que empieza por algo nimio y sin importancia, al final acaba por extenderse al resto de población (ya sea de personas físicas o jurídicas), y entonces ya es más difícil que la propia población se movilice en su contra. Véase el propio Impuesto sobre la Renta o el IVA, que nacieron en los países occidentales con tipos impositivos irrisorios y ahora alcanzan el 52% o 21% en nuestro país.
No hace falta entender de leyes fiscales. Pero al igual que debemos incrementar nuestra cultura financiera y saber cómo funcionan los negocios y el dinero (y que estos deben ser respetados) también debemos ser furibundos defensores de cualquier contribuyente, por muy mala prensa que tenga, y vigilar siempre al Taxman y sus cómplices.
La semana pasada, el “economista observador”, José Carlos Díez, publicaba un artículo en su blog en el que alaba la política monetaria expansiva del ministro japonés Shinzo Abe, basándose en los resultados positivos casi instantáneos de su inyección de dinero.
La metáfora de “este economista observador” desvela uno de sus errores más gruesos pero menos evidentes. El error de fondo.
Las piedras en el camino
De acuerdo con el artículo de José Carlos Díez, Merkel y Rajoy nos estarían guiando por un camino equivocado, el opuesto al del ministro Abe. En sus propias palabras: “Rajoy y Merkel siguen por el camino equivocado sin hacer caso al GPS”. Se diría que, para el profesor Díez, el GPS está representado por las políticas monetarias japonesas. En cierto sentido, sí podríamos considerar que ese tipo de políticas monetarias son una especie de ‘piloto automático’ en cuanto que uno las aplica para no tener que pensar ni dirigir nada. Pero como José Carlos Díez sabe, la política económica no es un mecanismo automático y no hay política extrapolable a rajatabla. No hay recetas, solamente recomendaciones en función de determinadas circunstancias, dadas unas previsiones que se cumplirán o no con diferentes grados de probabilidad. La política económica (no la teoría económica) está atada a un cúmulo de factores que lo complican todo.
Por ejemplo, el factor político, es decir, el uso político de las medidas económicas. Algo tan frecuente en la actualidad que no lo percibimos como un fenómeno anormal. Y, sin embargo, es aberrante que, por mostrar un botón, el Banco Central Europeo financie a un Estado (lo que tiene prohibido por definición) mediante el recoveco de ofrecer financiación muy barata a la banca española para que ésta, a su vez, compre deuda soberana. Y, lo peor, la estampa benefactora ofrecida a la sociedad: el Banco Central Europeo financia barato a los bancos para que estos ayuden a las empresas y las familias. Y todavía hay gente que se sorprende. Nunca fue esa la intención del BCE. Los bancos centrales, por definición, protegen la capacidad financiera del Estado, no la de los ciudadanos. Esa es la primera piedra en el camino: los ciudadanos y las empresas estamos desprotegidos frente a los bancos centrales y los gobiernos.
No todos los caminos conducen a Roma, ni todas las escaleras al cielo
Pero la idea de “este economista observador”: “Si quieres ir a Cádiz desde Madrid hay que coger la carretera de Andalucía. Si te equivocas y coges la de La Coruña cuanto antes te des cuenta menos tiempo perderás en recorrer el camino andado”, todavía es más perniciosa que la del GPS.
Para ir de Madrid a Cádiz, efectivamente, hay que tomar la autopista adecuada. Otra cosa es que una autopista sea el camino más eficiente posible. En este caso, desde luego que no lo es. El camino pautado muchas veces no es el mejor. No hay recetario económico, no hay autopistas perfectas e indoloras para ir desde el caos económico a la recuperación. La política económica que propone José Carlos Díez no es una alternativa, es, como decía Led Zeppelin en su famoso éxito Stairway to Heaven, una escalera suspendida en el viento susurrante, mientras nosotros seguimos caminando y nuestras sombras son más grandes que nuestras almas. La proclamada austeridad, inexistente si miramos los datos (por ejemplo, el crecimiento persistente del gasto), lo sería si fuera real y viéramos los resultados. Porque los españoles estamos exhaustos. Con subidas de impuestos a traición, gasto persistente, malas previsiones y años escuchando los mismos mensajes de la autoridad, pero sin ver resultados, el cansancio hace mella y estamos dispuestos a apuntarnos al carro de quien mejor nos dore la píldora. Que se puede, que podemos, que la culpa es de Merkel, de los hedge funds, del cha-cha-chá… cualquier cosa menos decir la verdad: vamos a seguir sufriendo porque un caramelo de menta suaviza la garganta pero no cura la gripe. Y lo nuestro va camino de la pulmonía.
Abe-Road o camino del averno
No hay una sola carretera, hay varias, y el Abe-Road, el camino trazado por el ministro japonés, simplemente mirando lo que sucede en su país desde el año 2001, y viendo los datos (Daniel Lacalle los muestra muy bien en su artículo Japón y el manga monetario), parece que no es la mejor. Sí, ha crecido la economía japonesa. Y cuando te emborrachas y tienes una resaca terrible, lo mejor es una cervecita bien fría, como remedio inmediato. No para combatir la resaca, sino para sentirte mejor. Y ese es el objetivo del Abe-Road, sentirse mejor al menos un ratito. Para los economistas que analizamos cómo salir de la crisis, sentirse mejor no es el objetivo. El objetivo es… salir de la crisis. Y la idea de repetir la experiencia de diez años de estancamiento económico a la japonesa, no debería convencer a nadie. Tampoco al economista observador.
Querido José Carlos, claro que hay vida después de la crisis, y después de las guerras y los tsunamis, pero se trata de que sea la mejor de las vidas posibles, no la más popular.
No hay que confundir democracia con libertad. La democracia es una forma de decidir sobre los asuntos de todos, la libertad es el derecho a decidir sobre lo que es tuyo. Aunque hoy la gente asocia ambos términos y a menudo, como dijera Ortega y Gasset, gritan lo uno queriendo lo otro, lo cierto es que la edad dorada del liberalismo tuvo lugar en un contexto dominado por monarquías constitucionales y democracias restrictivas.
Erik von Kuehnelt-Leddihn, en su obra magna Leftism Revisited, explica que ni José II ni Jorge III tenían el poder efectivo que detenta un parlamento moderno. Hasta mitades del siglo XIX el gasto público se mantuvo por debajo del 5% de la riqueza nacional, y el empleo público estaba por debajo del 3% (hoy el gasto alcanza el 50% del PIB en muchas economías occidentales, y el empleo público se sitúa entre el 10 y el 20% de la población activa). El servicio militar obligatorio, la Ley Seca o el impuesto sobre la renta fueron introducidos por "representantes del pueblo". En democracia el parlamento esel pueblo, y esta identificación tan falaz como arraigada permite al legislador violentar la libertad sin que el pueblo pueda acusarle de tiranía. No en vano las primeras "guerras totales" se sucedieron en el siglo XX, cuando se difuminó la distinción entre Estado y sociedad civil, y la población pasó a ser un objetivo militar aceptable. Numerosos liberales clásicos ya habían alertado sobre los peligros de la democracia (Locke, De Tocqueville, Constant, Lord Acton, von Humboldt), e incluso entre los fundadores de la democracia americana había escepticismo (Hamilton, Washington, Adams, Madison, Jefferson).
Hans-Hermann Hoppe, quizás el mayor referente antidemócrata y promonárquico del liberalismo contemporáneo, argumenta que el gobierno electo es como el arrendador de una casa (por cuatro años), y el monarca absoluto como su propietario (pudiendo dejarla en herencia). ¿Quién tiene más incentivos para procurar su mantenimiento y recapitalización a largo plazo? El gobierno democrático despilfarra a costa de gobiernos y generaciones futuras: burbujas que estallarán en otra legislatura, gasto con cargo a deuda, derechos sociales sobre esquemas Ponzi. Además, prosigue Hoppe, en democracia siempre gobiernan los más demagogos, la competencia electoral ensalza a los que más prometen (o sea, a los que mejor engañan). El monarca absoluto, en cambio, no compite con nadie, no ha tenido que corromperse para llegar al poder. Puede ser un déspota o una persona decente, pero al menos está en manos del azar, porque si está en manos de las urnas es improbable que sea muy decente.
Con todo, algo falla en la argumentación de Hoppe, porque muchas dictaduras actuales son como dinastías, y en general no se correlacionan con un mayor grado de libertad, antes al contrario. Hay excepciones, como los emiratos del Golfo Pérsico, la democracia controlada de Singapur, o la ex colonia de Hong Kong, gestionados con una visión largoplacista bastante hoppeana que ha priorizado la libertad económica y el desarrollo. Pero tampoco aquí está clara la causalidad. El tamaño de la unidad puede haber sido más determinante que su sistema político (Nassim Taleb dixit). Por otro lado, quizás en democracia los demagogos y corruptibles jueguen con ventaja, pero al menos puedes expulsarlos cada cuatro años, no hay que esperar a que abdiquen.
Pablo Carabias también nos propone viajar en el tiempo, en este caso para instituir el sufragio censitario. Que voten solo los que más impuestos pagan (o que emitan más votos los que quieran y puedan comprarlos). Según Pablo, la democracia es un mecanismo para decidir cómo se gestiona lo que aportamos, y en este sentido los que más aportan deberían tener más poder de decisión. Este planteamiento presenta muchos problemas, aunque suscita también interesantes reflexiones.
Primero, la democracia no es un mecanismo para decidir sobre la aportación de cada uno. La democracia es un mecanismo para tomar decisiones que afectan a todos, incluyendo los que no quieren participar de ellas. El rico no tiene más derecho a imponerme sus caprichos que el ciudadano medio, o que el 99% de la población, da igual cuánto aporte al erario común. El Ministerio de Educación no sería menos autocrático si fueran los más pudientes los que impusieran su currículum nacional. Dicho de otra manera, una cosa es que los más adinerados puedan "votar" más sobre lo suyo (sería el resultado de bajarles los impuestos), otra muy distinta, y ajena al liberalismo, es que puedan votar más sobre los asuntos de todos. En tiempos del laissez faire, cuando los ministerios se contaban con una mano, quién votaba era trivial, pues apenas podía decidir sobre nada. Pero hoy el votante puede entrar en tu dormitorio, decir cómo tienes que llevar tu negocio y meterte la mano en el bolsillo una y otra vez. Es verdad que Pablo introduce un matiz que pocos comentaristas han advertido: que el Estado se financie solo con aportaciones de los que deseen votar, una suerte de cláusula "opt out" para el que no quiera participar en el sistema ni como votante ni como contribuyente. Esta idea es más sugerente, ¿pero hasta qué punto estamos "saliéndonos" del sistema si las políticas de los votantes siguen afectándonos?
Segundo, se podría argüir que el sufragio censitario en función de la renta serviría para contener la represión fiscal y mitigar la redistribución. Quizás fue así en el pasado, y sin duda sería una consecuencia deseable desde el punto de vista liberal, pero si ése es el objetivo, ¿por qué elegir la farragosa vía del sufragio censitario y no directamente abogar por una enmienda constitucional que proscriba determinados niveles de fiscalidad? Es poco probable que un parlamento vote una enmienda semejante, pero es menos probable todavía que vaya a excluir del censo a la mayoría de sus electores.
Tercero, en cierto sentido ya vivimos en una "democracia censitaria" y los resultados dejan mucho que desear. Quizás todos los votos valen lo mismo en las urnas, pero en los despachos ministeriales unos tienen más peso que otros: la banca, la gran industria, los sindicatos… La influencia de los lobbies es indicativa de un fenómeno que cuestiona las tesis de Pablo sobre el sufragio censitario: las rentas altas no solo quieren pagar menos impuestos (algo perfectamente liberal), también quieren proteger su nivel de renta petrificando el statu quo (algo perfectamente anti-liberal). Del mismo modo que tienen incentivos para demandar menos impuestos, también tienen incentivos para demandar regulaciones y privilegios que les protejan de los vaivenes del mercado y de la competencia. Bancos y grandes corporaciones piden rescates públicos para no quebrar y tipos de interés artificialmente bajos para inflar burbujas, empresas establecidas piden regulaciones para obstaculizar la entrada de nuevos competidores, los sindicatos blindan los puestos de trabajo de sus afiliados a costa de encarecer la contratación de los desempleados, intelectuales y artistas piden subvenciones para no tener que depender de los consumidores…
Cuarto, enlazando con el punto anterior, la defensa del sufragio censitario parece sustentarse sobre la premisa de que el Estado del Bienestar redistribuye renta de ricos a pobres (y conceder el voto solo a las víctimas del expolio fiscal pondría coto a este trasvase). Pero dejando a un lado el marketing socialdemócrata, no está claro que la redistribución sea netamente vertical. En los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones) la progresividad es baja. Para el grueso de la clase media, es como este ejemplo: Pedro paga la sanidad de Juan, mientras Juan paga a Pedro la educación de sus hijos. Redistribución horizontal. En muchos otros ámbitos las políticas son regresivas (hay redistribución de rentas más bajas a rentas más altas, o los pobres salen más perjudicados): universidad, cultura, energía, agricultura, política monetaria, mercado laboral…
Quinto, quienes se rasgan las vestiduras con la propuesta de sufragio censitario no parecen percatarse de que virtualmente todas las democracias occidentales restringen el voto de una fracción de los ciudadanos con menos recursos: los inmigrantes, más de un 10% la población en España (sin contar los que no tienen papeles). Da igual que trabajes en España legalmente y pagues tus impuestos, si vienes de fuera no puedes votar el gobierno del país. Naturalmente a los inmigrantes (ya se trate del comerciante paquistaní en Barcelona o el expat europeo en Dubai) les importa bien poco la falta de "derechos políticos", no han cruzado la frontera para votar sino para ganarse mejor la vida. En este sentido no hay política más solidaria que la apertura de fronteras y la consiguiente extensión del sufragio censitario, y somos muchos los liberales que defendemos la libertad de inmigración como el mayor programa anti-pobreza (¡al menos en países que crean empleo en lugar de destruirlo!).
En definitiva, que el voto censitario (como las monarquías constitucionales y los gobiernos mixtos) conviviera con el laissez faire antes del advenimiento de la democracia absoluta no significa que sea un modelo deseable e importable al siglo XXI. Los sistemas políticos son a menudo fruto de sus circunstancias, y divorciados de su contexto pueden perder su razón de ser.
¿Hay entonces alternativa a la democracia? Para contestar a esta pregunta primero hay que saber para qué sirve y para qué no sirve la democracia.
La democracia no sirve para producir buenas políticas. Bryan Caplan, en su libro The Myth of the Rational Voter, explica que el votante medio es peor que ignorante: es irracional, esto es, defiende políticas en base a creencias erróneas que tiene sobre economía, y estas políticas se contradicen con el fin de promover un mayor bienestar, que también valora. Caplan estudia empíricamente los sesgos de los votantes y concluye que la mayoría de gente no entiende los procesos de mercado, subestima los beneficios de comerciar con extranjeros, equipara la prosperidad con el empleo y no con la producción, y tiende a ser más pesimista de lo que la realidad exige. Obviamente los sesgos no empiezan y acaban a las puertas del colegio electoral, pero el mercado desincetiva la irracionalidad con precios, pérdidas y quiebras, la democracia no. Equivocarse en las urnas casi nos sale gratis, porque la relevancia de nuestro voto tiende a cero. El precio de satisfacer nuestras erróneas creencias es la reducción del bienestar que produce una determinada política descontada por la probabilidad de que nuestro voto sea decisivo. Si una medida proteccionista va a reducir nuestro bienestar en 1000€ y el electorado es de 1000 personas, satisfacer nuestras ansias nacionalistas solo nos cuesta 1€. Decir que los elevados costes de una política nos empujarán a ser más sabios es análogo a afirmar que los perjuicios de la polución nos llevan a conducir menos. Que los niveles de polución sean altos o bajos no depende de nosotros, de modo que conducimos igualmente. Como dice Caplan, nadie se enfrenta a la elección "conduce menos o padece un cáncer de pulmón" o "reconsidera tus ideas sobre economía o malvive en la pobreza".
Con todo, la democracia y el sufragio universal sí sirven para producir un valioso bien en el contexto actual: la ilusión de "juego limpio", de que todos tenemos el mismo derecho a participar en el sistema, y esta ilusión genera paz social. En un contexto en el que se valora la igualdad, la ausencia de discriminación hace que las distintas facciones no sientan agravios ni puedan alegarlos, y dediquen sus esfuerzos a ganar votos en lugar de organizar revueltas. Si dejas jugar a la gente y pierde, se resigna. Si no les dejas jugar, se resienten y se sublevan. La democracia, además, está vinculada a un elevado grado de libertad de expresión y de asociación, así como a otras libertades civiles, como el derecho a un proceso justo, sin las cuales sería difícil crear las condiciones que hacen posible unas elecciones pacíficas.
¿Significa esta reflexión que tenemos que aceptar la democracia para lo bueno y para lo malo?¿Que el precio de la paz social y las libertades civiles son políticas económicas que nos empobrecen? Habría una forma de evadir este odioso "trade-off": reducir el ámbito de decisión de la democracia tanto como sea posible. La mayoría de decisiones importantes en nuestra vida no las sometemos a votación democrática de nuestra comunidad, ni siquiera de nuestros más allegados: qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar o qué negocio queremos montar, dónde queremos vivir, con quién nos relacionamos y tenemos amistad, con quién nos emparejamos, a qué clubs y organizaciones nos asociamos, en qué invertimos, cuánto ahorramos, qué casa compramos… Cuantas menos decisiones se tomen "democráticamente" y más decisiones se tomen en el marco del mercado y la sociedad civil, menos necesaria será la ilusión de "juego limpio" para capturar el poder, pues no habrá ningún poder que capturar, y mayor será el bienestar social fruto de una política económica laissez faire.
Porque la alternativa a la democracia no es la dictadura, ni la monarquía, ni el sufragio censitario, ni cualquier otra forma de gobierno. La alternativa a la democracia es el mercado.
El proceso de institucionalización del poder ha sido estudiado por diversos autores como, por ejemplo: Georges Burdeau (1), Otto Hintze (2), Carl Smith (3), F. Meineke (4), Bertrand de Jouvenel (5), Michael Oakeshott (6) o Dalmacio Negro (7).
Carl Smith describía el Estado Total del siguiente modo en el año 1931:
…la sociedad hecha Estado se transforma en Estado económico, Estado cultural, Estado de protección, Estado de prosperidad y Estado de previsión: el Estado hecho autoorganización de la sociedad y que, por consiguiente ya no puede separarse de ella, por su objeto abarca todo lo social, es decir, todo lo que se refiere a la vida común de los hombres.
—Carl Smith, "Hacia el Estado Total", Revista de Occidente, Mayo 1931—
En paralelo, se ha producido un proceso de despolitización de la sociedad civil en los últimos siglos, en el sentido de que los ciudadanos han renunciado a proteger sus derechos individuales (vida, propiedad privada, libertad, igualdad de trato ante la Ley) y a ejercer su derecho subjetivo a decidir qué hacer y qué no hacer respecto de los asuntos transcendentales para su futuro. Surgen así otros poderes que dicen representar los intereses de la población como partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y grupos de medradores de prebendas públicas (patronales, fundaciones, asociaciones, actores,…).
Actualmente, la población se conforma con ejercer su derecho al voto cada cuatro años, con depositar su responsabilidad individual en la oligarquía y, a cambio, renunciar a ejercer su derecho a participar activamente como sociedad civil y, por tanto, a decidir (referéndum) en los asuntos políticos trascendentales para su futuro como, por ejemplo: la protección del derecho a la vida, la protección de los derechos de propiedad, las subidas de impuestos, los déficit presupuestarios, el endeudamiento del Estado, la alteración de la moneda, la independencia unilateral (o no) de territorios, la entrada (o no) en conflictos armados en donde no exista coacción o agresión previas…
El libro Historia de las formas de Estado, del catedrático Dalmacio Negro, describe magistralmente el proceso de institucionalización del poder. Señala como:
Las formas políticas "espontáneas", "orgánicas", naturales, de lo Político son la Ciudad, el Reino, y el Imperio; el Estado es una forma, la cuarta, artificial. Pierre Manent pone aquí la Nación en vez del Estado. Sin embargo, esto parece ser una confusión, puesto que la Nación no es una forma abstracta en el tiempo ni en el espacio, como sí lo es en cambio el Estado, aunque su realidad empírica sea reciente… El Estado, aparato técnico, parece haberse emancipado a su vez de la nación y acaba con ella. Esto es perceptible en el Estado totalitario, cuyo concepto sobrepasa y supera al Estado-Nación.
Negro, D. (2010), p. 42.
Muchas personas y, especialmente, los autores intervencionistas confunden la forma del gobierno con la forma del régimen. Las formas de Gobierno son aquellos tipos de organización social en que se institucionaliza formalmente el orden político para afrontar las incertidumbres que afectan a la vida.
Sin embargo, las formas del Régimen van más allá de lo meramente formal y, en los últimos siglos, tienen mucho que ver con el tamaño de ésa forma política artificial que se denomina Estado. Artificial en el sentido de que es sólo una de las formas de Gobierno y que no es "natural" al no respetar los derechos individuales que son propios, inmanentes e inherentes a la naturaleza de un hombre libre.
Desde un punto de vista liberal, es importante tomar distancia respecto del momento presente y observar la evolución del Estado como forma política "artificial" que no respeta los derechos de las personas. En la parte II del presente artículo, explicaremos en detalle la evolución del Estado en tres grandes fases: la Monarquía Estatal, el Estado-Nación y el Estado Total.
A partir del año 1989, con la caída de los regímenes comunistas que configuraron un Estado Total en los países de Europa del Este, y que se caracterizaban por un tamaño del Estado cercano al 100% del tamaño de su Economía, sólo parcialmente, una pequeña parte de la oligarquía de los países toma cierta conciencia de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo que predijeron Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek.
Sin embargo, la mayoría de la oligarquía no renuncia fácilmente a sus privilegios y las soluciones de mercado sobreviven bajo un fuerte intervencionismo en muchos sectores económicos. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el tamaño del Estado en la mayoría de países de la Unión Europea se sitúa entorno al 50% del PIB, lo que lastra el crecimiento económico y las libertades de sus ciudadanos.
Se puede comprobar la afirmación anterior, analizando los presupuestos de las administraciones públicas de cada país, tal y como demostraré el próximo jueves 23 de mayo en el VI Congreso de Economía Austriaca. Como ejemplo, recomiendo se analice la siguiente gráfica que muestra el espacio que cubre el Estado en España en el año 2013:
Gráfica – Porcentaje que representan las administraciones públicas de España
respecto del PIB 2013 en comparación con el sector privado.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:
(1) G. Burdeau, El Estado, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.
(2) O. Hintze, Historia de las formas políticas,
(3) C. Smith, El concepto de lo Político, Alianza, Madrid, 1971.
(4) F. Meineke, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.
(5) B. de Jouvenel, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Unión Editorial, Madrid, 1998.
(6) M. Oakeshott, El Estado europeo moderno, Barcelona, Paidós, 2001.
(7) D. Negro, Historia de las formas del Estado, Madrid, El Buey Mudo, 2010.
Apenas cuatro cifras bastan para ilustrar la gran distorsión que para nuestra economía supone la dualidad del mercado de trabajo derivada de una legislación laboral muy intervencionista: en el primer trimestre de 2006, en plena burbuja inmobiliaria, el número de ocupados con contrato indefinido en España era de 10.593.000, mientras que en el tercer trimestre de 2013, en lo más profundo de nuestra crisis, era de 10.601.000. Por el contrario, el número de contratos temporales en los tres primeros meses de 2006 alcanzaba los 5.295.000, mientras que en 2013 han caído hasta los 3.010.000. Claramente, pues, existe un fortísimo sesgo a despedir al trabajador temporal antes que al que tiene un contrato indefinido.
El motivo es claro: los costes del despido son en un caso desproporcionadamente más elevados que en el otro, de manera que los platos rotos siempre los acaba pagando el mismo. Recordemos que antes de la reforma laboral, la indemnización por despido era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, mientras que la del temporal era de 12 días por año. Las diferencias son abismales. Supongamos que en una empresa hay dos trabajadores: uno lleva 30 años en la empresa con un sueldo de 2.000 euros y se ha vuelto muy poco productivo; el otro, que apenas lleva medio año, percibe 1.000 euros mensuales y está muy motivado para realizar sus tareas. Si vienen mal dadas y el empresario ha de prescindir de uno de los dos, lo lógico sería que optara por el primero: su salario es el doble y su productividad muy inferior. Sin embargo, las leyes laborales prácticamente determinaban que tendría que prescindir del segundo: la indemnización del trabajador indefinido era de 84.000 euros mientras que la del temporal apenas ascendía a 200 euros.
No es necesario insistir en los muy notables perjuicios que esta práctica supone para una economía –merma interna de la productividad y salarios artificialmente elevados que abocan a muchas empresas a la quiebra– ni en la relación que ello guarda con el elevadísimo desempleo juvenil –la mayoría de trabajadores con contrato temporal son jóvenes–. Sólo es necesario apuntar que la reforma laboral, pese a reducir los costes del despido, no ha puesto fin a tal distorsión: primero, porque la modificación en el caso de los despidos improcedentes no era retroactiva (de modo que las obligaciones de indemnización devengadas hasta 2012 siguen tal cual) y segundo porque la pretendida generalización del uso del despido por causas económicas (con 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades) está siendo abortada por muchos juzgados de lo social. El resultado es que desde marzo de 2012 a marzo de 2013, la ocupación indefinida ha caído en 385.000 personas (un 3,5% del total), mientras que la temporal lo ha hecho en 414.000 (un 12%); el sesgo sigue siendo evidente.
Posibles soluciones
Ante esta situación existen diversas soluciones. La primera es prohibir todos los contratos temporales, de manera que el conjunto de los ocupados deban someterse a idénticas indemnizaciones por despido. Esta medida, sin embargo, no soluciona el problema de fondo: los indefinidos con más tiempo dentro de la empresa serán mucho más caros de despedir que los recién llegados. Y, además, genera otros problemas, como volver el mercado laboral todavía más rígido de lo que ya es: si una empresa tiene una necesidad transitoria de un trabajador temporal, contratarlo y despedirlo le saldrá aproximadamente un 10% más caro (por cada mes trabajado, el empleado tiene derecho a cobrar casi tres días en concepto de indemnización).
La segunda posibilidad es la de generalizar un contrato único con indemnización creciente. Todos los contratos comienzan siendo indefinidos pero con indemnizaciones muy reducidas que van aumentando conforme pasan los años. Esta fórmula tiene la ventaja, frente a la anterior, de que las bajas indemnizaciones iniciales no perjudican la contratación que sólo tiene un carácter puramente temporal. Sin embargo, tampoco solventa el problema de la dualidad: aquellas personas que permanezcan mucho tiempo en la empresa siguen siendo mucho más costosos de despedir que los recién llegados. De hecho, dentro del marco del contrato único, la dualidad sólo puede solventarse con una de estas dos fórmulas: o rebajando de manera muy considerable el coste del despido (hasta volverlo asumible para el empresario) o con el famoso modelo austriaco (el empresario va provisionando mes a mes para el eventual despido de trabajadores, de manera que, llegado el caso, no le supone ningún gasto adicional).
Hay, sin embargo, una tercera posibilidad: el contrato libre. Los contratos son ley privada entre partes: su función es la de regular las circunstancias particulares buscando acuerdos que sean mutuamente beneficiosos. La unicidad va en contra del espíritu de los contratos, pues estos no aspiran a ser universales y homogéneos (para eso está la ley) sino específicos y muy variados. Cada elemento de un contrato es susceptible de ser negociado y adaptado a las necesidades de las partes. También su indemnización en caso de rescisión unilateral.
En este sentido, la ventaja de un contrato libre es que cada trabajador visualiza mucho más claramente el coste de las distintas prestaciones alternativas que está demandando –más indemnización por despido puede implicar un menor salario o una mayor jornada laboral– y elige en consecuencia entre ellas. A su vez, el empresario hace lo propio: puede incluir excepciones que protejan la situación de la empresa en casos de crisis profunda, negociar indemnizaciones distintas según el perfil del trabajador (aquellos que sepa que jamás querrá despedir podrá prometerles altas indemnizaciones; a aquellos otros sobre los que tenga serias dudas, no) y proponer la flexibilización de otras cláusulas contractuales (cambios de salario, horarios, vacaciones, etc.) ante ciertos casos críticos con tal de evitar el despido.
Ciertamente, el contrato libre, al igual que el único, no evitaría todos los casos de dualidad –pues aquellos que hubiesen negociado un contrato muy reforzado contra el despido seguirían estando protegidos–, pero sí se la reconfiguraría de un modo significativo: la protección contra el despido en tiempos de crisis tendría un precio que en tiempos de bonanza pagarían (mediante menores salarios) quienes se quisieran beneficiar de ella. La casuística sería mucho más amplia, variada y, sobre todo, adaptativa que el modelo actual de universalización por la fuerza de una solución única y no matizable para todos.
En suma, un contrato libre no acabaría con toda la dualidad pero sí la volvería en gran medida irrelevante: el despido sería sólo la última salida tras una serie de ajustes previos mucho más flexibles, y en todo caso, la extinción de la relación laboral se efectuaría según los heterogéneos términos que cada empleado y empresario pactaron como mutuamente provechosos. Lo cierto es que el único contrato que necesitamos no es el único, sino el libre.
La solución a cualquier crisis económica es imprimir dinero y enchufarlo a presión en la economía. Esta barbaridad es la varita mágica de quienes mandan hoy en día. Desde que se pinchó la gran burbuja en 2008, los principales bancos centrales del mundo están llevando a cabo un auténtico tsunami monetario. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ha inundado la economía multiplicando por cuatro la base monetaria en cinco años, al tiempo que mantiene los tipos de interés prácticamente al 0%. Idéntica estrategia se ha seguido en Europa y Reino Unido. En Japón se lleva aplicando desde 1996, habiendo logrado sumir una economía productiva en una depresión enquistada y eterna.
Quienes defienden que ésta es la manera de generar riqueza están consiguiendo congelar la actividad económica, bloquear la necesaria reestructuración productiva y perpetuar el desempleo. Por supuesto, dicen que el problema es que hay que imprimir más. Jamás se imprime suficiente. Paul Krugman escribía en The New York Times que necesitamos una mayor inflación. Su argumento es que hay que imprimir más puesto que la inflación en los bienes de consumo, tal y como la mide el gobierno, está bajo control. Como todo buen keynesiano, su obsesión por los productos de consumo hace que se olvide de que el consumo es sólo la punta del iceberg de toda la estructura productiva. Y normalmente los grandes desequilibrios no se desarrollan en la superficie, sino que se gestan de forma silenciosa en las profundidades. Las burbujas son muy fáciles de identificar, siempre y cuando hayan estallado ya. Mientras se originan sólo hablan de ellas personas incómodas.
En Estados Unidos desde hace algún tiempo se habla de que la próxima gran burbuja puede estar ya aquí. Bill Gross es uno de los que alertaban de que la Fed está inflando una gran burbuja en el mercado de bonos. Bill Gross no es un tipo cualquiera que pasaba por ahí, sino el cofundador y director general de PIMCO, el mayor fondo de inversión en renta fija del mundo. El caso es que a día de hoy la economía de Estados Unidos sigue deprimida, con escaso crecimiento real y un alto desempleo para los estándares americanos. Pero pese a eso, el primer trimestre de 2013 se ha batido el récord global de emisión de bonos basura (high-yield bonds). Al mismo tiempo, esta semana el precio de los bonos basura ha alcanzado máximos históricos, es decir, la rentabilidad exigida cotiza en mínimos. Esto quiere decir que empresas de una muy mala calidad crediticia están emitiendo bonos como locos a unos tipos de interés de risa. Esto debería sonarnos de algo.
Cuando los inversores se lanzan a comprar activos de baja calidad, normalmente quiere decir que los mercados de mejor calidad ya están saturados. No sólo el mercado de bonos basura está en máximos. El gobierno americano está colocando deuda pública a los menores tipos de interés de su historia reciente. El Tesoro se financia a 10 años al 1.8% al tiempo que el tamaño de su deuda alcanza cotas de locura, habiendo superado recientemente el 100% del PIB. Una situación similar viven otros mercados, como el de deuda hipotecaria o bonos corporativos. La bolsa americana, de igual manera, está en máximos históricos, ampliamente por encima del pico de la burbuja de 2007.
Daniel Lacalle publicaba esta semana en El Confidencial un muy buen artículo titulado La Gran Burbuja en el que explica cómo los tipos bajos crean una carrera ciega a "buscar rentabilidad", generando una "fiebre del bono" que se extiende por todo el mundo: "La rentabilidad del bono griego a diez años ha caído a niveles pre-crisis, Portugal vuelve a lanzar deuda, Ruanda emite a 6,8%, los bonos basura cotizan a tipos históricamente bajos, empresas en riesgo de quiebra colocan deuda a 3%, la banca española acumula el 50% de los bonos portugueses, etc". La conclusión de Daniel Lacalle es clara: "La cuestión no es ‘cómo termina’, que ya lo hemos visto en 2001 y 2007, sino ‘cuándo’. Es como los dibujos animados del Correcaminos. El Coyote sube por el precipicio hasta que sobrepasa el borde, sigue corriendo y se encuentra que debajo de sus pies no hay nada".
Fijar los tipos de interés artificialmente bajos es una manipulación monetaria de los bancos centrales que engaña a los agentes económicos e induce errores sistemáticos de inversión. Endeudarse se vuelve mucho más barato de lo que el ahorro real permite. Esto hace que, temporalmente, a los agentes les resulte aparentemente rentable meterse en proyectos con una rentabilidad real muy baja o posponer la reestructuración de las malas inversiones acometidas antes de la crisis. Cuando los tipos reales están a cero y, como sucede en Estados Unidos, aún hay empresas e inversores con cierta capacidad de apalancarse, hasta proyectos ruinosos parecen rentables. Además, los intermediarios financieros pueden financiarse sin límite y casi gratis a corto plazo para invertir a largo en activos basura que mientras dura la fiesta parecen sanos. Pero cuando se para la música y los tipos de interés vuelven a subir, queda patente que esas eran inversiones erróneas, que habíamos estado destruyendo riqueza en lugar de crearla y empieza una nueva crisis. Como decía Brad Hintz, analista de AllianceBernstein, "cuando los tipos de interés suban vamos a ver a un montón de gordos tratando de salir por una puerta realmente pequeña". Con tipos bajos y un torrente artificial de liquidez que busca una salida se está cebando la bomba financiera que estallará el día de mañana. Y después se volverá a culpar de todo al libre mercado.
Hay otro motivo para la inquietud: Paul Krugman no ha dudado en negar que haya una burbuja en el mercado de bonos, en otro de esos artículos que tendremos que guardar para volver a leerlo en unos años. Lo curioso es su razonamiento. "¿Por qué se habla tanto de una burbuja de bonos? En parte refleja la observación correcta de que los tipos de interés están muy bajos según las referencias históricas. Lo que deben tener presente, sin embargo, es que la economía también está en una situación especialmente mala desde una perspectiva histórica (peor que nunca en tres generaciones). No pueden aplicarse las reglas habituales sobre lo que constituye un nivel razonable para los tipos de interés". Pero si la economía está tan mal y la calidad crediticia de los agentes está bajo mínimos, ¿cómo es posible que hasta los bonos basura coticen como si no tuvieran riesgo si no es una burbuja en toda regla? Es él mismo quien admite que la creciente demanda de bonos no se debe a los fundamentales sino a la política de la Fed.
¿Quiere esto decir que estamos a punto de vivir otra debacle como la de 2008? No necesariamente. En la práctica las burbujas suelen durar más de lo que se espera. Muchos inversores han perdido su trabajo por salirse demasiado pronto tras haberlas detectado correctamente. Es muy difícil predecir cuándo se pinchan y qué se llevarán por delante. Si la política expansiva de los bancos centrales se lleva hasta el extremo, como en la década pasada, el desastre está asegurado. Pero, al menos en Estados Unidos, parece que la Fed se está dando cuenta de lo que está creando y, como publicaba The Wall Street Journal esta semana, podría estar empezando a dar marcha atrás. Después de todo, puede que los molestos agoreros que advierten de las burbujas no lo hagan, como concluía Krugman, "por antipatía hacia los catedráticos de Princeton barbudos", en referencia a Bernanke y a él mismo. Tal vez no busquen más que la corrección de las peligrosas distorsiones que generan los bancos centrales en la economía. Ya se sabe que, si las cosas se ponen feas, la factura de la fiesta la terminará pagando usted.
Con más de seis millones de desempleados y una tasa de paro por encima del 25%, no es extraño que el mercado laboral español esté en el punto de mira de organismos internacionales, servicios de estudios y todo tipo de expertos. En realidad, con estas cifras más propias de un país subdesarrollado que de un miembro de la OCDE, lo que resulta sorprendente no es la atención de los de afuera, sino la aparente apatía del interior.
Porque España sufre un desempleo crónico y muy superior al de sus vecinos desde hace treinta años. Con recesión y sin ella, el paro siempre es superior a la media de la UE. Y, sin embargo, las líneas maestras del mercado laboral no se han tocado desde la llegada de la democracia. El marco legislativo que salió del franquismo ha llegado prácticamente intacto al año 2013: intervencionismo, preponderancia de las organizaciones sindicales y patronales frente a las decisiones tomadas a pie de obra, elevados impuestos y cotizaciones sociales, rigidez en las relaciones trabajador-empresario, altos costes de despido y una larguísima panoplia de modalidades de contratación.
Parece claro que este esquema no ha funcionado. Pero ni el Gobierno, ni los sindicatos ni la patronal cambian su discurso. Cada vez que se pone sobre la mesa la necesidad de una reforma, todos los implicados vuelven al manido “consenso” entre los agentes sociales. Es curioso, pues en los últimos treinta años ha habido cerca de una decena de cambios (que no han tocado los cimientos del sistema), casi todos aprobados por “consenso”, y la cifra de parados no ha dejado de subir. Pero nadie parece dispuesto a plantearse que, quizás, lo que se necesita es un cambio radical, no una mera operación cosmética.
Esta semana ha sido la Comisión Europea la que ha entrado, de nuevo, en el debate. ¿Su propuesta? El “contrato único”. En realidad, desde Bruselas se ha insistido en que España tiene tres grandes retos ante sí en lo que hace referencia a su mercado laboral: la dualidad, las políticas activas de empleo y el coste del trabajo. La reforma laboral de hace un año se centró en la flexibilidad dentro de las empresas, ámbito en el que ha conseguido algunos logros, pero en lo demás muy poco se hizo y muy poco se ha logrado. Mariano Rajoy aseguró el lunes que no habría más cambios. Para el presidente del Gobierno ya no hay nada más que retocar en un mercado laboral con 6,2 millones de parados y una tasa de desempleo del 27%.
En realidad, el objetivo principal sería reducir al máximo las decenas de modalidades de contratación que existen en España. Con seis-siete grandes formatos, la multiplicación de excepciones, bonificaciones y especialidades ha degenerado en un caótico conglomerado que lía a los empresarios a la hora de fichar nuevos empleados y, como puede verse por las cifras del paro, no ayuda a que se firmen más contratos de trabajo. Es una paradoja: tenemos más modalidades que nadie en Europa (los expertos no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número, pero superan el medio centenar), pero también más paro.
A esto se suma una dualidad extrema, que divide el mercado entre los que tienen un contrato indefinido y el ejército de temporales que va encadenando empleos de corta duración sin conseguir una mínima estabilidad. Y cuando llega una crisis, el ajuste se hace siempre por el lado más débil.
La propuesta de contrato único va en esta dirección. Serviría para que contratar fuera más sencillo y para acabar con la diferencia entre indefinidos y temporales. Además, también ayudaría a limitar al máximo otro de los grandes lastres del mercado español: el alto grado de judicialización de las relaciones laborales. Aporta más sencillez, claridad y rapidez. Pero el Gobierno ya lo ha rechazado por completo. Es más, en la última reforma se sacó de la mangatres nuevas modalidades. Es decir, su receta es la contraria a la que le piden desde Bruselas.
Políticas de empleo
Este nombre oculta el conjunto de medidas dirigidas a conseguir que los parados se reintegren al mercado. Por un lado, tenemos las políticas activas (cursillos, formación, etc…), por otro las ayudas a los desempleados (subsidio de desempleo). Además, España es uno de los países europeos que más dinero dedica a bonificar contratos, lo cual no logra reducir el paro a pesar de su elevado coste (las empresas no contratan más sino que fichan a aquellos trabajadores que les permiten cobrar la ayuda).
En este ámbito, los expertos coinciden en que es necesario mejorar la formación de los parados. Parece evidente que los cursos que se dan en la actualidad no cumplen su función (ayudar a los desempleados a encontrar otro empleo o a cambiar de sector). El problema es de calidad y de oportunidad: ni cumplen unos mínimos ni son adecuados para las necesidades de las empresas. La principal crítica es que están alejados de la realidad.
También exigen cambios en lo que hace referencia al subsidio del paro. La clave está en crear un formato de prestaciones que no proteja al desempleado y al mismo tiempo le incentive en la búsqueda de un empleo. En España, tener derecho al subsidio reduce a la mitad las opciones de encontrar un trabajo, por lo que parece claro que no está cumpliendo su función. El 80% de los que cobran la prestación esperan al final de la misma para aceptar un empleo. Y esto se vuelve en su contra, porque estar más de seis meses en paro es una rémora muy grande para volver a la actividad. Por cierto, en Europa las empresas privadas trabajan codo con codo con los servicios públicos para recolocar a los parados, pero tampoco esto parece estar sobre la mesa de Rajoy.
Lo que funciona
La palabra mágica en Europa es flexiseguridad, pero no hay que obsesionarse con este término. En realidad, son muchas las recetas que conducen al éxito. Dinamarca es el alumno aventajado, con tasas de paro que incluso en plena crisis están por debajo del 5%. Pero en otros países del norte de Europa (Suecia, Finlandia o Austria son buenos ejemplos) siguen más o menos las mismas reglas:
Sencillez en la contratación: quizás no haya “contrato único” en ningún país de Europa, pero el número de modalidades es muy reducido y las cláusulas son parecidas para todas ellas. No hay temporales e indefinidos separados de forma tajante.
Despido: en Dinamarca, un país de tradición socialdemócrata, el despido es casi libre. Las empresas pueden organizar su fuerza de trabajo con plena libertad. Y la rotación de los empleados es enorme. Casi uno de cada cuatro daneses cambia de empleo cada año; pero allí eso no es un drama porque saben que tienen oportunidades en un mercado muy flexible.
Indemnizaciones: otra opción a estudiar tiene que ver con las indemnizaciones de despido. En España son tan altas que, por un lado, desincentivan la contratación de indefinidos y, por otro, son un coste que puede acabar con una empresa en dificultades. Y las decisiones no se toman por productividad (el mejor se queda) sino por la antigüedad y los derechos adquiridos. En esta cuestión, Austria es el ejemplo más citado, gracias a un modelo en el que cada trabajador va acumulando una bolsa. Eso sí, esto implica un sobrecoste, por lo que su adopción debería ir acompañada de una reducción equivalente en cotizaciones sociales.
Subsidios y compromiso: en los países del norte, el desempleado tiene una elevada protección, pero a cambio adquiere el compromiso de buscar empleo y aceptar las ofertas que le salgan. En Dinamarca, por ejemplo, la prestación es superior (en cantidad y tiempo) a la española, pero eso no evita que también suponga un incentivo para reciclarse.
Formación: está muy relacionado con el apartado anterior. En esta cuestión hay que apuntar que en el norte de Europa es común que participen las agencias privadas (normalmente, ETT) y las propias empresas. Lo que se consigue así es que esta formación esté más cerca de lo que exige el mercado.
Alta fiscalidad
Otro de los grandes problemas reside en la elevada fiscalidad sobre el trabajo que existe en España. Los sueldos están triplemente gravados a través del impuesto sobre la renta (IRPF, con distintos en función del sueldo), la Seguridad Social que paga el trabajador (6,35%) y la que abona el empresario (29,9%).
De este modo, para que un trabajador ingrese 1.001 euros limpios en su cuenta, la empresa deberá pagar 1.522 euros al mes, ya que el Estado se embolsa 522 euros en concepto de IRPF y cotizaciones sociales (34,3% del sueldo); para ganar 1.313 euros netos, la empresa debe abonar 2.089 euros, de modo que Hacienda se queda con 776 euros mensuales (37,14%); los que perciben 1.602 euros netos cuestan, en realidad, 2.641 euros, con lo que el pago de IRPF y cotizaciones asciende 1.039 euros al mes (39,35% de su sueldo); y así sucesivamente en función del nivel de renta.
El coste de la Seguridad Social en España es uno de los más elevados de la zona euro y el conjunto de países desarrollados (OCDE). Así pues, las cotizaciones sociales encarecen la contratación de mano de obra y, por tanto, dificultan la reducción del paro. En este sentido, Bruselas lleva tiempo recomendando a España la posibilidad de reducir las cotizaciones a cambio de elevar la tributación sobre el consumo (IVA).
El Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a aplicar una tímida rebaja de dos puntos en las cotizaciones a lo largo de 2013 y 2014, pero, finalmente, incumplió dicha promesa. La elevada fiscalidad laboral que impone la Seguridad Social es, sin duda, una de las grandes reformas pendientes del mercado de trabajo. Además, la reducción de estas contribuciones permitiría atenuar aún más los costes laborales, ayudando así a impulsar la competitividad de la economía española.
Salario mínimo y minijobs
Asimismo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) constituye otra importante traba para la creación de empleo. El Gobierno ha fijado el SMI en 645,3 euros al mes en 2013 frente a los 442,2 euros de 2002, de forma que este umbral se ha disparado un 46% en la última década. En comparación con otros países europeos (dividido en 12 pagas), el SMI en España, de casi 753 euros al mes, es inferior al de Luxemburgo (1.874,19), Bélgica (1.501,82), Irlanda (1.461,85), Países Bajos (1.456,2), Reino Unido (1.264,25), Francia (1.430,20) o Eslovenia (783,66), aunque superior al de Malta (697,42), Grecia (683,76), Portugal (565,83) o la mayoría de países del Este. Pero no todos los países de la UE cuentan con un SMI como, por ejemplo, Alemania y los nórdicos.
Los defensores del salario mínimo argumentan que este umbral favorece a los trabajadores menos cualificados, ya que les garantiza un determinado umbral de ingresos. Sin embargo, muchos expertos alertan de que su efecto real es justo el contrario, ya que condena al paro a los empleados menos capacitados. Tal y como explica Juan Ramón Rallo, “¿qué salario mínimo le impondría a su peor enemigo?” La respuesta intuitiva de mucha gente sería cero euros, pero ello no impediría que siguiese en su puesto de trabajo cobrando su actual remuneración. “Para lograr su perverso propósito, usted debería imponerle un salario mínimo de infinitos euros mensuales. De este modo, dado que ningún empresario estaría dispuesto a abonar un sueldo tan alto, su peor enemigo quedaría indefectiblemente estancado en una situación de desempleo (donde percibiría cero euros mensuales)”.
Éste es, por tanto, el efecto real del salario mínimo: no el de incrementar las remuneraciones sino el de condenar al paro a aquellos trabajadores cuya productividad es inferior al citado umbral mínimo. Muchos pensarán, entonces, que el valor de lo que produce la mayoría de trabajadores en España es superior a los 753 euros al mes que les paga el empresario. Sin embargo, a este importe es preciso sumar las cotizaciones sociales que sufraga la empresa (29,9%), el mes de vacaciones pagado, así como los costes de despido y capital, lo que arroja un coste total próximo a los 14.000 euros al año (poco menos de 1.200 euros al mes, casi el doble que el SMI).
Se trata de un umbral elevado dada la actual situación laboral que sufre España, con una tasa de paro del 27% y un desempleo juvenil superior al 50%. De ahí, precisamente, que Bruselas, Alemania, las patronales empresariales y numerosos economistas defiendan fórmulas alternativas para esquivar el salario mínimo, tales como la introducción de los minijobs. Alemania introdujo los mini-empleos en su reforma laboral de 2003, una figura que, junto a la flexibilidad interna de la que gozan las empresas, ha permitido a la economía germana disfrutar de la tasa de paro más baja de su historia a pesar de la grave crisis que azota a la zona euro.
Los minijobs ocupan en Alemania a cerca de 8 millones de personas con salarios de 450 euros al mes como máximo. Esta figura permitió a las empresas una contratación flexible en el segmento de los salarios bajos, al tiempo que los empleados siguen cotizando a la Seguridad Social. El empresario tan sólo abona un 2% del sueldo en impuestos y un 28% a la Seguridad Social (135 euros extra), con lo que el coste laboral total asciende a 585 euros al mes, una cuantía muy inferior al SMI español.
El trabajador puede desempeñar varios mini-empleos a la vez, sumando las remuneraciones de los mismos, pero si se sobrepasan los 450 euros deberá abonar mayores cotizaciones sociales. De hecho, incluso se permite compatibilizar un empleo normal con un minijob. Según Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa (IE), el elevado paro juvenil que sufre España se debe a la "combinación de un salario mínimo alto, elevadas cotizaciones a la Seguridad Social y un sistema educativo ineficiente".
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