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EEUU, una sanidad anticapitalista

“El Gobierno no es elocuencia ni razón, sino fuerza. Igual que el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible”.

George Washington.

Aquéllos que denuestan la sanidad libre y anteponen a cualquier precio que el Estado sea el monopolista dueño de nuestra salud, suelen encontrar en Estados Unidos el supuesto ejemplo perfecto para justificarse. Sin embargo, si por ejemplo comparamos la sanidad estadounidense con el modelo público ‘a la europea’ de Canadá, las diferencias en resultados son llamativas y no precisamente a favor de Canadá. Un 89% de las mujeres estadounidenses de mediana edad se han hecho una mamografía frente a un 72% de las canadienses; un 54% de los varones estadounidenses se han hecho un test PSA para la próstata frente a un 16% de los canadienses; o un 30% de los estadounidenses se han realizado colonoscopias frente a sólo el 5% de canadienses. Prácticamente el doble de varones estadounidenses mayores de 65 años ven como “excelente” su salud en comparación con sus equivalentes canadienses. Y el problema de las listas de espera es paradigmático de un presunto modelo de sistema estatalizado como el canadiense: en este país 800.000 personas están siempre en alguna lista de espera; en el caso británico de sanidad también estatalizada hablaríamos de 1,8 millones de ciudadanos en lista de espera. En resumen, un canadiense o británico tiene que esperar el doble de tiempo que un estadounidense para ver a un especialista o para una cirugía.

Si hablamos de tecnología médica por habitante, las cifras vuelven a ser de nuevo contundentes: EEUU tiene 34 escáneres computerizados por cada millón de habitantes, Canadá 12 y Reino Unido sólo 8. EEUU tiene 27 máquinas de resonancia magnética por cada millón de habitantes, y tanto Reino Unido como Canadá sólo 6. Más del 70% de canadienses, alemanes o británicos están de acuerdo con que sus sistemas sanitarios necesitan “cambios fundamentales” o incluso “una reconstrucción completa”. En EEUU, hoy la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en que la sanidad no es un asunto del Gobierno.

Hasta aquí podría parecer que el sistema sanitario estadounidense es, en términos generales, elogiable y modelo que importar. Nada más lejos de la realidad. Críticas aparte con poco recorrido argumental (como Sicko de Michael Moore), lo cierto es que la sanidad de Estados Unidos adolece de un problema fundamental que es causa de sus gravosos, y sin duda reales, problemas sanitarios: un desmedido poder regulatorio y subsidiador del Gobierno.

Dicen que ciego es quien no quiere ver, pero los ultraintervencionistas de turno no cejan en querer tapar los ojos a los demás –la coacción, en lugar de la voluntariedad, es lo suyo- con sus consignas. Si consideramos qué países y Gobiernos dedican más gasto del dinero detraído a sus ciudadanos en sanidad (esto que se hace llamar gasto público, como si el público en conjunto ofreciera sus recursos de modo voluntario), no encontraríamos encabezando esa lista a Francia, Italia o Suecia. Y sí, sin embargo (que los neosocialdemócratas se pongan su venda, por favor) estaría Estados Unidos, líder en gasto gubernamental sanitario sólo superado por Noruega y Holanda a nivel mundial. Sólo con esto, decir que EEUU tiene un modelo de sanidad libre o capitalista es como decir que Corea del Norte disfruta de un sistema alimentario de precios en competencia (la estatalización de los alimentos, sus ciudadanos lo saben, mata de hambre).

Si nos remontamos a los años de la II Guerra Mundial y anteriores, los seguros médicos de bajo coste estaban disponibles virtualmente para todos los estadounidenses. Una estancia en un hospital costaba unos pocos dólares y era floreciente y pujante el sector de hospitales y centros de salud de organizaciones caritativas gracias a un marco mucho más libre. En el colmo del neolenguaje actual está llamar ‘solidario’ al dinero ajeno que los políticos redistribuyen (volver a distribuir por la fuerza lo que el mercado/sociedad distribuyó pacíficamente), mientras se ataca furibundamente el concepto de caridad para liquidar así nuestra propia libertad. En 1910, en EEUU el 56% de los hospitales eran negocios privados, mientras ya en los años 60 sólo un 10% de ellos lo era de un modo estricto.

No es casualidad que los actuales problemas sanitarios en EEUU comenzaran a aparecer tras la imposición –por definición forzosa– de grandes programas gubernamentales sanitarios. Medicare en 1965, y Medicaid en ese mismo año dentro de la reforma de la Social Security Act. La salvaje era de belicismo y militarismo de entonces, acabadas las dos grandes guerras mundiales, había dejado a Gobiernos investidos de un brutal poder; un exorbitante estatismo que parecía justificar un Gobierno tan grande como nunca antes. Así, las ideas de sanidad estatalizada y colectivizada habían pasado como pelota en el tejado con sus particulares adaptaciones del autoritarismo de Bismarck, al socialismo nacionalista de Hitler, el franquismo español y su Seguridad Social hasta las democracias europeas y americana.

Pero centrémonos en el caso estadounidense y cómo el Gobierno ha invadido allí el sector sanitario y, con ello, ha disparado los costes sanitarios del 5% a cerca del 20% desde los años 60 hasta hoy. Y una sanidad más costosa es, lógicamente, menos sostenible y accesible. Al final de la II Guerra Mundial el Gobierno americano instauró el sistema de seguro sanitario provisto por el empleador y con un creciente rol subsidiador del Gobierno. La sensibilidad de precios aquí empieza a resquebrajarse puesto que el empleado tenderá a usar tratamientos más costosos aun no siendo muy necesarios (se lo paga un tercero) y la aseguradora tenderá a ofrecer también tratamientos más costosos aunque sean poco más efectivos (le pasa la cuenta a un tercero). De los 60 al año 2000, el Gobierno americano ha aumentado del 20 al 42% la parte que subsidia de los gastos sanitarios de sus ciudadanos. ¿Y qué ha pasado con los costes sanitarios? Prácticamente se han multiplicado por 4 en los últimos 40 años en EEUU. Frente al intervencionismo político, el libre mercado actúa de un modo bien distinto. El procedimiento oftalmológico LASIK, no incluido en los seguros americanos y cuyo coste es 100% soportado por cada paciente, ha reducido sus costes un 30% en la última década. Mientras la sanidad estatalizada se convierte en onerosa y cada vez más inaccesible, la sanidad libre y competitiva es sinónimo de accesibilidad y calidad crecientes. Hoy, la relación de los sanitarios y pacientes se ha devaluado; el sistema intervenido hace que los oferentes de servicios sanitarios basen sus decisiones no en las preferencias del consumidor-paciente sino en decisiones políticas de cobertura.

Parte importante de la catástrofe de la sanidad americana provocada por el Gobierno se debe a Medicare, la cobertura médica para personas mayores donde el empleador es directamente el propio Gobierno. Dado que el sistema Medicare está organizado del mismo modo que los sistemas de pensiones de reparto -es decir se sustentan en el fraude piramidal de Ponzi donde los nuevos miembros (jóvenes) van aportando los beneficios para los más antiguos (los mayores)-, su futuro es la quiebra y la insolvencia. Y esto es algo que hace años está en el horizonte del debate nacional sobre el sistema sanitario americano (se prevé que en 2050 se haya multiplicado por 12 la parte del PIB que se dedicaba a sanidad en EEUU en los 70). A tal punto está llegando la burbuja sanitaria americana, que el Gobierno americano tiene ya que recurrir a créditos del exterior para financiarla.

La sanidad americana es ejemplo perfecto de malas inversiones incitadas por el Gobierno al perderse las nociones básicas de pérdidas y beneficios en un marco social/de mercado (el mercado no es más que la sociedad libre). Pues, querámoslo o no, los bienes y servicios sanitarios están constreñidos a la escasez y finitud (no caen como maná del cielo). Y sin precios de mercado que nos indiquen que estamos satisfaciendo necesidades y preferencias del público (gracias a los beneficios, o las pérdidas en caso contrario), el Gobierno es ciego. Igual que es ridículo pretender eficiencia y progreso poniendo al Gobierno cual monopolio al mando de toda la industria automovilística; sin precios de mercado, no se puede saber qué cantidad de cada uno de los cientos de tornillos, placas, tubos y turbinas y en qué combinación exacta deben cada día fabricarse y ensamblarse ni qué distribución concreta de empleados emplearse en cada una de las fases temporales que precisa un solo automóvil para satisfacer las preferencias, siempre cambiantes, del público.

Por mucho que lo queramos evadir, la sanidad no está exenta de las imperturbables leyes de la ciencia económica. Si nos damos cuenta, allí donde la sanidad estatalizada parece persistir es donde más convive con economías un poco más libres y donde el gobernante tiene alrededor señales y precios de mercado por los que guiarse –lo que hace a la socialdemocracia menos catastrófica que el comunismo es que la primera tolera más áreas libres y capitalistas-.

Obstáculo y rémora para la reforma sanitaria hacia una mayor libertad y accesibilidad en EEUU es también la propia clase médica cartelizada en la AMA o American Medical Association, que actúa cual sindicato con intereses particulares y propios a expensas de los intereses de los pacientes y ciudadanos. Son ellos por ejemplo quienes protegen que se mantenga el actual monopolio de licencias para evitar la competencia con otros médicos y oferentes de servicios de salud. Creen intolerable que un paciente pueda llegar a pagar una minúscula cantidad por ejemplo por quemarle unas verrugas un enfermero en su casa, algo para lo que está perfectamente cualificado. Prefieren que el ciudadano tenga que ir a la consulta de un dermatólogo con una licencia aprobada por el AMA desembolsando cuatro o cinco veces más. El mercado y la libre competencia es, en última instancia, la mejor protección de los intereses de los pacientes y ciudadanos.

Ello por no hablar además de la prohibición expresa a los norteamericanos de importar fármacos del exterior (viva el comercio libre…) o de los a veces eternos procesos de aprobación de fármacos de la hiper-regulatoria FDA cuyas incompetencias matan a millones de personas. En 2007, un escandaloso informe interno de la FDA reconocía la capacidad de esta agencia gubernamental para actualizarse con la misma rapidez que la ciencia médica. Y no es extraño, pues la agencia de planificación central FDA por definición se anquilosará frente a las dinámicas e innovadoras fuerzas que acompañen a la ciencia. Igual que todas las industrias y sectores soviéticos acabaron siendo prehistóricos frente a las industrias de los países libres y capitalistas.

Otro tanto sucede con las patentes farmacéuticas, que son algo garantizado por el Gobierno, que disuelven la libre competencia y condenan por años a los pacientes a pagar precios de monopolio. ¿Con qué desfachatez vamos a seguir oyendo que el Gobierno es la solución a la sanidad y sus problemas, incluyendo a los más pobres, cuando ha sido y es ineludiblemente su destructor y verdugo?

Por supuesto, el modelo sanitario de EEUU no es absoluto un modelo elogiable sino oneroso, vergonzante y con importantes problemas de accesibilidad. Y lo es, de modo insoslayable, en tanto EEUU ejemplifica con su sanidad los errores tan previsibles como catastróficos del intervencionismo, el estatismo, el socialismo y el anticapitalismo practicado por derecha e izquierda sin distinción. El Gobierno, parafraseando a George Washington, es como el fuego. Y los estadounidenses, un día hace tiempo hijos de la libertad, son víctimas hoy también sanitariamente del incendio del Gobierno Grande y totalizante. Otro sistema es posible. Y deseable. El de la libertad y la prosperidad.

Jaula de Hierro de la Oligarquía

Vimos la Ley de Hierro de la Oligarquía, y cómo el grado de oligarquización de la sociedad aumenta con la instrumentalización del Estado de Derecho por ideologías colectivistas. Ahora, vamos a analizar la formación de una "jaula de hierro" de intereses creados en torno al presupuesto público que administra dicha oligarquía.

1. Oligarquía y sociedad de élites extractivas

El libro La Pasta Nostra (33 años de poder convergente en Cataluña), de Xavier Horcajo, explica cómo han servido de pretexto tanto el idioma catalán y la bandera estelada como también la idea romántica de una nación independiente para que la oligarquía de Cataluña construya una sociedad de élites extractivas, que parecen haber legislado y robado con impunidad judicial durante 33 años para engordar las cuentas bancarias en paraísos fiscales de los partidos políticos y de las familias de la casta política autonómica.

Como señala el catedrático economía Douglass C. North, la ideología que se impone en un territorio determina su desarrollo político económico a largo plazo. De ahí que los colectivistas intenten siempre controlar la educación y los medios de comunicación, con los que pueden anestesiar y adoctrinar a la población, de la cual se detraen los recursos que alimentan la oligarquía política extractiva.

La política es importante porque influye decisivamente sobre la dinámica económica, dado que evoluciona o involuciona las instituciones y el grado de oligarquización de la sociedad. Por ello, la acción humana o, si se prefiere, el ejercicio de la función empresarial y, por tanto, la eficiencia dinámica en economía en un país, dependen también de la eficiencia dinámica en política.

La eficiencia dinámica en política se logra cuando el marco institucional permite arraigar un Estado de Derecho que garantiza el cumplimiento de la Ley y proporciona certidumbre a los derechos individuales a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la igualdad de trato ante la Ley, con mínima coacción del Estado.   

2. Instituciones inclusivas vs. Instituciones extractivas

El catedrático de economía Daron Acemoglu, del MIT, sostiene que la oligarquía política está constituida por las élites extractivas con mayor o menor grado de coacción sobre los ciudadanos que, al gobernar, suelen cambiar la estructura del marco institucional. Por tanto, se altera el "ethos" o conjunto de valores morales de la sociedad política con incentivos negativos o positivos que afectan al desarrollo económico a largo plazo. Así se pueden diferenciar:

a) Instituciones políticas extractivas que son negativas para el desarrollo socioeconómico del territorio en el largo plazo y que pueden definir como aquellas que sirven para organizar la captura de rentas por parte de la oligarquía y que, sin crear riqueza nueva, permiten substraer o robar las rentas del resto de la población en beneficio de la propia casta política.

b) Instituciones políticas inclusivas que son positivas para el desarrollo socioeconómico de una región o de un país a largo plazo, y que se definen como aquellas a favor de la función empresarial en un mercado libre de intervención estatal y, consecuentemente, a favor de la toma de decisiones "directas" sobre su propia vida por parte de la población. Inicialmente, las instituciones inclusivas ocasionan cierto perjuicio a las élites políticas que extraen recursos del resto de la población y a los lobbies de medradores de prebendas públicas (sindicatos, patronales, fundaciones, asociaciones, partidos políticos,…). Sin embargo, a medio y largo plazo, la instituciones inclusivas benefician a toda la sociedad en su conjunto, incluidas las élites. 

En resumen, las instituciones inclusivas prevalecen cuando existe una protección efectiva de la propiedad privada, cuando existe la elección directa por circunscripciones de los diputados y de los senadores o incluso, como en los EEUU, la elección directa de los jueces, o cuando existe un referéndum obligatorio en donde voten todos los ciudadanos para las decisiones políticas trascendentales para el futuro del país.

Ahora bien, las instituciones extractivas se observan cuando crece constantemente el tamaño del Estado y se impone el Weltanschauung de la demagógica colectivista (socialista, nacional-separatistas…) con anestesia general mediante la educación y los medios de comunicación soportados con dinero público, la opresión de los disidentes y el enaltecimiento de la masas de acólitos radicales.

3. Jaula de Hierro del Tamaño del Estado y la Demagogia Socialista

Los estudios estadísticos no auguran que vayan a arraigar las instituciones inclusivas ni en España ni en Europa por el "ethos" imperante entre la población y entre los dirigentes. En primer lugar, carecemos de estadistas del primer orden como Winston Churchill o Margaret Thatcher. Y, en segundo lugar, existe una cristalización de la casta política entorno al consenso de los valores colectivistas.

De hecho, se puede considerar que los derechos individuales han sido secuestrados por la oligarquía política extractiva y que se ha tejido una tupida red de intereses entorno al presupuesto público de forma que podemos afirmar que vivimos dentro de la Jaula de Hierro de la Oligarquía que se caracteriza por un crecimiento constante del tamaño del Estado y la demagogia socialista. 

Es preciso deshacer los barrotes que constituyen la jaula de hierro de la casta política para que podamos competir con las economías más avanzadas y, por tanto, lograr un crecimiento económico saludable y sostenido en el largo plazo, por medio del ejercicio libre de la función empresarial, que es lo que permite la creatividad y la coordinación de la acción humana de millones de ciudadanos interactuando en libertad.

3.1. Tamaño del Estado.

Centrándonos en el caso de España, el tamaño del Estado constituye el conjunto de barrotes más difícil de derribar en nuestra particular jaula de hierro de la oligarquía porque soportan el peso de los miles de políticos y medradores que tienen sus raíces distribuidas por la Administración central, los 17 Reinos de Taifas Autonómicos, las miles de entidades locales y el entramado público empresarial. A modo de ejemplo, inserto uno de los gráficos que presenté en una ponencia de comunicación en el I Congreso de Economía y Libertad:


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Gráfico 1:
Evolución en los PGE del Presupuesto Público Total y del Tamaño del Estado respecto del PIB de España. Fuente de datos: Presupuestos Generales del Estado 2007-2012. Nota: La Comisión Europea confirma que el gasto público de España fue aún mayor, con un grave descuadre fiscal que pone de manifiesto el ajuste fiscal "erróneo" por la vía de aumentar los impuestos y, por tanto, con desviaciones del déficit público hasta el 9,4% PIB en 2011 y hasta el 10,2% PIB en 2012 (contando el 3,2% de rescate bancario) [*][**].

Si se tiene en cuenta que el presupuesto público estaba situado por debajo del 25% del PIB de España y que había cerca de 670.000 empleados públicos en el año 1975 y que, entonces, ya había educación y sanidad públicas, se puede comprender el alcance del problema de la burbuja estatal como consecuencia del aumento exponencial del gasto "autonómico" y "social".

El gráfico 1 muestra la magnitud de la burbuja estatal en España, que se está complicando con la burbuja de deuda y el estancamiento económico, porque el presupuesto público de todas las administraciones públicas de España representa más de la mitad del Producto Interior Bruto (PIB) del país o, si se prefiere, más de la mitad de la cuantificación oficial de los bienes y servicios que producimos anualmente todos los españoles, lo que identifica claramente una economía de Socialismo de Mercado.

Como mínimo, España requiere reducir el gasto público entre 10 y 15 puntos porcentuales en relación al PIB para poder situar el tamaño del Estado en niveles que permitan competir con las economías de los países emergentes lo que, precisamente, se aproxima bastante al coste directo de la hipertrofiada estructura territorial de España con 17 autonomías que: incumplen la ley, pisotean derechos civiles, interponen barreras comerciales y juegan a ser micro-naciones, estando en bancarrota muchas autonomías si no fuese por los prestamos del estado central que se sufragan con los aumentos de impuestos de todos los españoles.

3.2. Demagogia Socialista.

Sin embargo, existen más barrotes que impiden el ejercicio de la empresarialidad y el crecimiento en Economía en Europa. Después de iniciarse la Gran Depresión del año 1929, se expandieron las ideologías colectivistas en los años 30 con el auge del nazismo (nacional-socialismo) y del fascismo y la expansión del comunismo y con el aumento del tamaño del Estado como receta para salir de la crisis.

La crisis económica actual, iniciada en el año 2007, es más profunda, por lo que puede denominarse Gran Recesión. Sintomáticamente, observamos como los estudios estadísticos muestran que la población europea y, de modo más acusado, la ciudadanía española se decantan por añadir nuevos barrotes a la jaula de hierro de la oligarquía con soluciones simplonas y demagógicas, que pretenden salir de la crisis con las mismas recetas que la originaron: aumentando el tamaño del Estado, incrementando aún más los impuestos o, incluso, incumpliendo los contratos y transgrediendo los derechos de propiedad.

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Profecías autocumplidas. ¿Quién nos sacará de esta crisis?

Una de las frases más repetidas por las madres de niños pequeños en el parque es “cuidado, te vas a caer”. Al final, el niño se cae. “¿Lo ves? Te lo dije. Sabía que te ibas a caer”. En realidad la madre está programando la situación a través del lenguaje pero en vez de provocar un resultado positivo se está esforzando por conseguir uno negativo.

El efecto Pigmalión y la indefensión aprendida son dos caras de la misma moneda que nos muestran el poder de la mente y de las palabras. Si constantemente tratamos a un niño como si fuera un estúpido incapaz de aprender, lo que conseguimos es incapacitarle realmente, dificultar su proceso de desarrollo e impedir que el aprendizaje suceda en toda su magnitud. De igual forma, si lo tratamos como si estuviéramos convencidos de que es plenamente capaz, fortaleceremos su autoestima y le permitiremos desarrollar todo su potencial. Lo he visto muchas veces en niños desescolarizados que estuvieron cohibidos en el entorno escolar, que fueron convencidos de su inutilidad y que sólo comenzaron a florecer cuando fueron devueltos a un entorno que sentían seguro, donde se confiaba ciegamente en ellos, donde los errores eran una parte imprescindible del proceso de aprendizaje y no una prueba de su inutilidad, y donde el mensaje recibido era siempre positivo.

Lo mismo sucede en las comunidades. Ahora mismo en España sólo se oye hablar de crisis: del estallido de la burbuja inmobiliaria, de la corrupción política, de las tasas de desempleo, de la prima de riesgo, del colapso del estado del bienestar, de jóvenes que abandonan el país, de familias desahuciadas, de gente que busca comida entre la basura y hasta del fin inminente de la monarquía. Retroalimentamos el bucle de negatividad si sólo nos fijamos en lo que va mal sin preocuparnos de analizar su origen, sin abrirnos a la posibilidad de que realmente no haya mal que por bien no venga, sin ver la crisis como la necesaria destrucción de lo antiguo para la creación pacífica de lo nuevo.

Mientras algunos sólo buscan a quien culpar, es de agradecer que todavía haya quien sepa darle una vuelta de tuerca a la situación y lance un mensaje positivo. Como el del spot de la compañía Grant Thornton emitido en octubre de 2012 donde hace un repaso por todo lo que aún funciona en España. ¿Ejemplos? Somos líderes en donación de órganos; somos el tercer país del mundo en esperanza de vida según la OCDE, y el segundo para las mujeres; somos el primer país del mundo en energía solar instalada y el cuarto en eólica; tenemos dos de los mejores bancos del mundo según EuroMoney y empresas españolas están desarrollando una vacuna contra el Alzeimer, construyendo la estación meteorológica del Curiosity Mars Rover, construyendo plantas desalinizadoras en Adelaida y en el desierto de Atacama, construyendo parques eólicos en Escocia, gestionando los aeropuertos de ciudades como Londres, Orlando y Bogotá, construyendo el primer tren de alta velocidad de Oriente Medio entre La Meca y Medina y lideran la ampliación del canal de Panamá. En 2011 los ingresos del sector turístico crecieron un 14% convirtiéndonos en el segundo país del mundo en nivel de ingresos después de los Estados Unidos. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 18% entre 2009 y 2011 y hemos reducido el déficit de nuestra balanza comercial.

Quizás vaya siendo hora de dejar de auto-compadecernos buscando culpables por doquier, de romper el bucle que retroalimenta nuestra negatividad y de usar esta crisis para hacer algo bueno cada uno de nosotros individualmente, sin esperar a que nos salven los demás.

http://blog.lauramascaro.com/

Lo que le conté al Parlamento alemán

Hace unos diez días, una comisión de Hacienda del Parlamento alemán acudió a España para indagar acerca de la situación de nuestro país. Una de las diversas entrevistas la concertaron con un servidor en la sede del Instituto Juan de Mariana: eran seis personas, un representante de cada partido y el presidente de la comisión, que me inquirieron por cuál había sido el proceso que había conducido a que la economía española terminara hecha unos zorros.

Mi explicación, desarrollada en mi libro Una alternativa liberal para salir de la crisis, es bien sencilla: desde el año 2001, España ha padecido tres burbujas, la financiera, la productiva y la estatal. No se trata de tres burbujas que se hayan dado todas a la vez por simple casualidad o por fatalidades del destino, sino que cada una de ellas ha ido generando a la siguiente.

La burbuja financiera se originó por culpa de nuestro privilegiado sistema financiero, capaz de expandir y abaratar artificialmente su provisión de crédito merced a la asistencia continuada que le proporciona un monopolio público: el Banco Central Europeo. Los tipos de interés en la zona euro se desplomaron a mínimos históricos, lo que alimentó el sobreendeudamiento de familias y empresas españolas con cargo a la financiación de unos bancos españoles que, a su vez, vivían enchufados a la provisión de crédito de los bancos alemanes y franceses (que a su vez se nutrían de las facilidades de financiación del BCE). El siniestro resultado: en siete años, los pasivos financieros de nuestras familias y empresas se triplicaron.

Fue así, justamente, cómo se desató la burbuja productiva. El crédito barato comenzó a inundar la economía, especialmente por el coladero de la industria del ladrillo. Las hipotecas y los préstamos a promotores dispararon la actividad y el empleo en la construcción, lo que a su vez propulsó el consumo y la inversión (a crédito) en el resto de sectores. El PIB pasó a crecer con una fuerza jamás soñada e incluso nuestros políticos pronosticaban que en un par de añitos íbamos a estar a la vanguardia europea en materia de renta per cápita. La inflación, derivada de la artificial demanda crediticia, se dejó sentir con fuerza, especialmente en los activos inmobiliarios y bursátiles, pero también terminó trasladándose a los precios de nuestras mercancías y a sus costes salariales (que, en términos nominales, aumentaron prácticamente el doble que en el centro de Europa), en merma clara de nuestra competitividad (por mucho que entonces no lo notáramos tanto, debido a que el resto del mundo también vivía sumergido en la falsa prosperidad de la burbuja crediticia).

La infundada euforia del sector privado terminó, cómo no, trasladándose al sector público: entre 2001 y 2007, los ingresos de las Administraciones Públicas se expandieron en 175.000 millones de euros, lo que les permitió incrementar el gasto público en 150.000 millones de euros sin despeinarse e incluso alardeando de una inexistente austeridad; inexistente, claro, porque se gastaba a manos llenas con cargo a la participación impositiva en un insostenible sobreendeudamiento privado. En Grecia, dado que familias y empresas no se endeudaron con fuerza, el sector público tuvo que emitir grandes cantidades de pasivos para poder aumentar masivamente sus desembolsos; en España, nuestros mandatarios se ahorraron el emitir deuda porque el sector privado lo hacía en su lugar, limitándose ellos a rapiñar una porción de esos pasivos. Ahí tenemos, pues, la burbuja estatal, resultado de la financiera y la productiva.

La solución no aplicada

Obviamente, una vez pinchó la burbuja financiera (la era del crédito artificialmente barato y abundante) también lo hizo la productiva/inmobiliaria y, a su vez, la estatal. En 2008 tocaba, pues, proceder a sanear los destrozos derivados de estas tres burbujas: el hiperendeudamiento privado que, por la senda de los impagos, amenazaba con tumbar y descapitalizar a la banca española; un modelo productivo inane e incapaz de generar riqueza sin recurrir a pelotazos crediticios, y una estructura estatal sobredimensionada e infinanciable por un sector privado moribundo. ¿Cómo hacerlo? Desde luego, no agravando ninguno de los desequilibrios que debían solventarse.

La burbuja financiera debería haberse saneado no socializando las pérdidas hacia los contribuyentes, sino aplicando un bail-in sobre sus acreedores (incluyendo las cajas alemanas), esto es,trasladándoles las pérdidas a quienes sufragaron esta burbuja. La burbuja estatal debería haberse saneado con una reducción de 135.000 millones de euros anuales en el gasto público, y no por la vía de machacar a impuestos a unas familias y empresas que ya arrastraban (y siguen arrastrando) sus propios problemas. Y, por último, la burbuja productiva debió sanearse fomentando el ahorro, liberalizando la economía y, en suma, permitiendo que los empresarios invirtieran en un entorno jurídico y financiero estable para edificar nuevas industrias donde pudiesen obtener alta rentabilidad; y no con absurdos planes “de estímulo” dirigidos a colocar a unos miles de personas a “hacer cualquier cosa”. Como ven, PSOE y PP han hecho lo contrario de lo que debíamos: tocaba bajar impuestos, reducir gasto, eliminar el déficit, no socializar pérdidas y liberalizar la economía, y hemos subido impuestos, mantenido el gasto a niveles de la burbuja estatal, maquillado el déficit, socializado pérdidas y conservado el grueso de nuestros millares de regulaciones varias. Hemos perdido cinco años durante los cuales la situación de la economía real se ha deteriorado al tiempo que hemos acumulado mucha más deuda pública que cada día nos asfixia más. De ahí, por tanto, que no sea demasiado optimista acerca de nuestro futuro.

Resulta curioso que, de toda esta narrativa, el parlamentario socialista se sorprendiera, con razón, por el colosal aumento del gasto público entre 2001 y 2007 (a este respecto, les recordé que si lo hubiésemos congelado durante esas fechas, tal como hizo Alemania, hoy tendríamos equilibrio presupuestario) y que, a su vez, el representante de Los Verdes mostrara su oposición a que nuestros bancos españoles fueran rescatados con dinero de los contribuyentes cuando existía la razonable alternativa de un bail-in sobre los acreedores privados (entre los que se encontraban sus cajas). Es decir, y por mucho que la corrección teutona no lo explicitara en tales términos, la izquierda alemana se extrañaba de que la “derecha” española fuera tan abiertamente antiliberal y anticapitalista como para subir los impuestos a niveles nórdicos en lugar de meter en vereda el gasto estatal o como para malversar el dinero de los contribuyentes reflotando a entidades quebradas cuando podrían haberse concentrado las pérdidas en sus acreedores.

Desconozco qué impresión conjunta se llevaron los parlamentarios germanos de sus distintas visitas a España. Sabido es que Cristóbal Montoro, ministro poco aficionado a la verdad, intentó venderles la burra pocos días después de que descubriéramos sus enjuagues con el déficit. Confío en que no mordieran el anzuelo: al menos, que no nos aplaudan desde fuera mientras nuestros politicastros nos conducen hacia el colapso.

España es socialista

Suele decirse que la clase política es reflejo de la sociedad que existe en un determinado país. Partiendo de esta hipótesis, y puesto que PP y PSOE son partidos de izquierda, en menor o mayor grado, la mayoría de españoles, en teoría, debería declararse abiertamente socialista. Esto es, precisamente, lo que viene a corroborar con datos concretos el estudio Values and Worldviews elaborado por la Fundación BBVA.

La población española es una de las más anticapitalistas e intervencionistas de Europa, y la crisis tan sólo ha acentuado este marcado perfil estatista. La inmensa mayoría de españoles apoya firmemente el Estado del Bienestar e incuso aboga por acrecentar su tamaño, aunque ello suponga subir aún más los impuestos. El 81% de los encuestados prefiere contar con un amplio sistema de Seguridad Social, el 78% quiere que el Estado eleve el gasto público en Sanidad, el 65% en Educación pública, el 73% las partidas destinadas a los ancianos y el 69% el dinero destinado a los parados. No en vano, entre el 77% y el 86% de la población cree que el sector público tiene "mucha" responsabilidad en asegurar la cobertura sanitaria y las pensiones, pero es que, además, entre el 64% y el 77% opina que el Gobierno también debe garantizar precios bajos y una vivienda "digna", entre otras materias. De hecho, la mayoría considera que el Estado tiene "mucha" o "bastante" responsabilidad en asegurar un nivel de vida "digna" a los desempleados, así como controlar los beneficios de las empresas y los salarios.

Ante tales conclusiones, no es de extrañar que los españoles aboguen claramente por mantener o aumentar el gasto público (planes de estímulo) para salir de la crisis (59%), en lugar de aplicar drásticas políticas de austeridad, con tan sólo un apoyo del 2,1%. Normal que con estos mimbres el perfil del español medio sea el de una persona gritona, protestona y llorona en las calles, pero muy poco implicada en el asociacionismo civil. Además, y puesto que demanda un papel muy activo por parte del Gobierno, con el creciente coste que ello supone, los españoles ven con buenos ojos que se suban los impuestos, siempre y cuando, eso sí, sean otros los que paguen (los ricos). Por último, llama la atención las fuertes críticas que genera la clase política entre la población sin que ello, curiosamente, sea óbice para que la inmensa mayoría defienda otorgar al Gobierno un mayor poder y capacidad de influencia, lo cual no deja de ser contradictorio e hipócrita.

Dicha encuesta evidencia, por tanto, la profunda incultura económica –además de financiera– que sigue existiendo en España, tras largas décadas de paternalismo y proteccionismo estatal bajo distintos regímenes. A modo de ejemplo, basta con decir que el 42,3% de los españoles identifica la "libertad individual" con "ser de izquierdas", según el CIS. El 40,6% de los encuestados se declara socialista, en sus distintas acepciones y matices, y tan sólo el 25,8% liberal conservador, si bien izquierda y derecha coinciden, con escasas diferencias, en la necesidad de fortalecer el Estado del Bienestar e incrementar el intervencionismo público. Este pernicioso sustrato ideológico que impregna la sociedad española es, sin duda, unos de los grandes problemas que sufre el país, más allá de los desequilibrios derivados de la burbuja inmobiliaria. Una sociedad sin sólidos valores y fuertes convicciones sobre el sentido de la libertad, la responsabilidad individual y la propiedad privada es síntoma de un país enfermo.

Achicar la economía con un colador

El tema estrella de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes pasado fue, sin duda, el tema de los impuestos. Además de negar tres veces, como Pedro, una próxima subida de impuestos, se anunció la creación de un supervisor fiscal independiente. No sé si quedan almas ingenuas que se lo crean.

Las trampas del lenguaje

El ministro Montoro, sonriente y hablando despacio, respondía a los periodistas incrédulos que le preguntaban por la posible subida del IVA. No se va a subir el IVA pero cabe una reestructuración fiscal, que consiste en subir algunos impuestos y rebajar otros. Pero por más que negaba una y otra vez, creo que nadie le compró la explicación. Tal vez porque se trata del mismo Gobierno que prometió no subir los impuestos y los subió nada más llegar al poder atrincherado tras el parapeto de la exigencia europea. Esta vez también han recurrido los gestores de nuestros bolsillos a las recomendaciones del MoU y lo pactado con Europa para justificar dicha reestructuración.

La pregunta entre los analistas en conversaciones informales no es si sí o no, sino hasta dónde nos van a clavar el rejón, si hasta el 23 o hasta el 25% de IVA. Las consecuencias económicas de una medida así son más que sabidas. Contracción del consumo, empobrecimiento y, probablemente, una recaudación menor de lo esperado por disminución de la actividad económica. Justo lo que no necesitamos.

El ojo independiente que todo lo ve

Además, la creación de un comité de expertos que vigile el cumplimiento de los deberes fiscales de las Comunidades Autónomas y supervise el pago de impuestos fue anunciado con cara de satisfacción, amparándose en la experiencia de los Estados Unidos y otros países que cuentan con una institución similar.

Pero si analizamos las instituciones dedicadas a la supervisión y el control de cuentas en España, el Tribunal de Cuentas, uno se pregunta qué va a ser diferente, si esta vez la celeridad y eficiencia van a ser las adecuadas, o vamos a repetir errores. De todos es sabido que la supervisión de los presupuestos generales del Estado lleva un desfase tal que cuando afloran los errores y salen a la luz, el Gobierno que metió la pata está ya recolocado en organismos internacionales o patrios, disfrutando de una nueva vida y sin haber rendido cuentas de la mala gestión.

Una de las cosas que más me llamaron la atención fue la insistencia de Soraya Sáenz de Santamaría repitiendo la palabra independiente como si no hubiera mañana. Nadie espera que el comité de expertos sea independiente. Pregunten a MAFO acerca de la independencia del Banco de España, paradigma de institución independiente.

La separación de las instituciones de la política y la rendición de cuentas son imperfectas en todos los países occidentales. Pero hay grados. Y España no es el mejor ejemplo. Sin esas dos condiciones, este tipo de intentos, por más que se traten de amparar bajo el paraguas de los requisitos europeos, no sirven de nada. Es achicar la barca con un colador.

La solidaridad impositiva

Una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía y que levanta ampollas en la sensibilidad a pie de calle es el tema de la solidaridad impositiva. Los que tienen más, que paguen más. Los que obtienen más rentas del trabajo o más rentas de su capital, que aporten más. Y esa premisa se puede trasladar desde el ámbito del individuo al de las Comunidades Autónomas, o al de los países de la Unión Europea. No se menciona en absoluto la palabra responsabilidad. Por más que esté en boca de todos lo de "irse de rositas" al final, nos quedamos en el "tú que tienes, apoquina". Y, simultáneamente, nos echamos las manos a la cabeza cuando se van los inversores y los trabajadores más productivos por motivos fiscales.

El mensaje que subyace a esta actitud es "trabaja e invierte para hacerte responsable de los rotos de otros". Y el resultado es una disminución en la recaudación, un retraso en la recuperación y una población activa pagadora de impuestos ahogada. Porque por más que la presión fiscal española sea menor ("y eso hay que solucionarlo, claro", decía Montoro), el esfuerzo fiscal, es decir, la relación entre la presión fiscal y la renta, es mayor. 

Cómo se achica una economía a punto de naufragar

Sin pretender erigirme en salvapatrias ni pontificar, creo que deberíamos centrar los esfuerzos en el crecimiento. Y eso no pasa por estimular el consumo ni por gravar al más productivo, sino por ofrecer estímulos a quienes generan riqueza y empleo. Cuiden al creador de riqueza. No le expulsen y le demonicen. Porque por más que desaparezcan refugios fiscales, a la misma velocidad, aparecerán otros. Se irán los inversores que no lo hayan hecho ya, y se irán los trabajadores que puedan a lugares donde las rentas de tu esfuerzo sean tuyas.

Nadie puede tachar de egoísmo a quienes decidan huir de esta situación por la razón que apuntaba al principio: las instituciones de supervisión no funcionan y no hay rendición de cuentas. Mientras se cierra el ciclo escandaloso del indulto a Alfredo Sáenz concedido por Zapatero y ratificado por Rajoy, Cristobal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría nos sonríen y explican que el comité de supervisión va a ser independiente y que no se va a subir el IVA, solamente se va a reestructurar el sistema impositivo. La bipolaridad manifiesta de ambos hechos explica que quienes trabajan e invierten más exitosamente quieran irse de este infierno fiscal.

La lotería del petróleo

A los canarios nos puede haber tocado la lotería si finalmente existe petróleo a pocos kilómetros de las islas. Sin embargo, los políticos quieren tomar una resolución por nosotros, o lo que es peor, por lo que es nuestro.

Los de CC y algunos del PSOE pretenden que no podamos decidir si queremos comprobar si nuestro boleto está premiado al tratar de impedir las prospecciones con argumentos sorprendentes. El presidente del gobierno canario habla de un modelo económico y energético “sostenible”, basado en el turismo y las renovables.

La verdad es que no se entiende lo de “sostenible”. Supongo que no se referirá al sistema actual, donde se vive a base del crédito y se puede gastar sin producir. Donde a los pocos que ahorran y producen se les cruje a impuestos para que los políticos puedan gastar alegremente. Donde se apuesta por unas energías, al día de hoy, insostenibles como las renovables, que han llevado a nuestro país a una deuda de 25.000 millones de euros y al incremento de la factura de la luz de todos los españoles.

También es incomprensible que por el turismo se deban prohibir las prospecciones y apostar por las renovables. Es decir, se está en contra de un modelo energético que convive con muchos destinos turísticos importantes a lo largo del continente americano y a cambio se quiere apostar por dañar la visión de nuestros campos y playas llenándolos de molinillos y placas solares que, además de ser económicamente insostenibles, sí tendrán efectos negativos sobre el paisaje de las islas y, por lo tanto, sobre nuestro turismo.

Resulta curioso que los unos, CC y PSOE, no quieran dejarnos decidir, y que los otros, PP, según apuntó el ministro de Industria en una reciente entrevista, pretendan que los recursos vayan a parar a las cuentas de las instituciones que manejan los políticos. Es una pena que a ninguno se le haya ocurrido que quizás parte del beneficio debería ir al bolsillo de los canarios.

Sorprende que ningún político canario proponga lo que sugirió el economista Gabriel Calzada hace unos meses: que se podría ir a un sistema combinado entre el de Noruega y el de Alaska, en el que los canarios serían dueños de una sociedad con derecho a veto sobre la explotación y, a su vez, cobrara un royalty sobre la misma.

Así, podríamos decidir jugar a la lotería o no y, de hacerlo, cobrar la parte del décimo correspondiente. Pero parece que a nuestros políticos no les agrada la idea. Prefieren no dejarnos jugar o, si jugamos y ganamos, ser ellos quienes manejen el premio.

¿Puede un sistema informático ser un buen dinero?

El oro fue el dinero elegido por la sociedad a través un proceso competitivo de miles de años. Las razones son de sobra conocidas: es un bien es escaso, homogéneo, fácil de dividir y de identificar, inalterable y, sobre todo, de cantidad estable. Esto hizo que los agentes económicos, de forma creciente, lo fueran demandando como medio de intercambio, hasta convertirse en el bien más líquido de la economía. El oro se convirtió en el mejor mecanismo disponible para intercambiar bienes y servicios, pues permitía comprar y vender sin apenas pérdida de valor en grandes cantidades y a cualquier público. Además, también conservaba el valor a lo largo del tiempo. El dinero mercancía, como el oro, ha sido defendido desde el punto de vista teórico como el mejor dinero posible por una gran cantidad de liberales. Desde luego funciona mejor que el dinero fiat que tenemos ahora. ¿Pero todo buen dinero tiene que ser necesariamente una mercancía?

Imaginemos algo de propiedades muy similares al oro: se puede transferir fácilmente entre personas, es homogéneo, fácil de verificar y de dividir, su cantidad es estable y no se altera con el tiempo. Es casi igual, con la excepción de que no es un bien físico. Es un sistema informático construido de tal manera que funciona virtualmente como una mercancía. En realidad no es necesario que lo imaginemos. Ya existe. Nació en el año 2009 y en las últimas fechas, a raíz de la crisis de Chipre, ha tenido un gran protagonismo mediático en los círculos económicos y financieros. El fenómeno se llama Bitcoin.

Bitcoin, como primera aproximación, funciona como un libro en Internet, en el que está anotado en todo momento a quién pertenece cada una de las unidades de una serie de fichas electrónicas transferibles de cantidad predeterminada. En él se van registrando todas las transacciones, de tal manera que siempre se verifica que cada unidad transferida corresponde a una unidad real del emisor y se registra a nombre del receptor. Ese libro no está centralizado, sino descentralizado, registrado de forma redundante en el ordenador de cada uno de los usuarios del sistema. No hay servidores centrales que se puedan atacar o alterar, ni nadie que lo gestione que pueda manipularlo. Funciona de manera autónoma. El código es abierto y público, por lo que es predecible, se sabe cómo funciona.

Además, toda la información del sistema está encriptada con tecnología criptográfica de llave pública. Esto significa que todo el sistema funciona de manera totalmente anónima y privada. Si el usuario no quiere publicar su información, no hay forma de que otras personas o gobiernos puedan saber cuántos bitcoins posee ni qué transferencias ha hecho. La cantidad total de bitcoins es fija, aunque durante un periodo inicial de transición se van poniendo en circulación de forma automática a una tasa cada vez menor hasta que la cantidad queda definitivamente fijada. Las unidades que van entrando en circulación se asignan a cualquiera que proporcione capacidad computacional al sistema para validar y registrar transacciones. En estos momentos el valor de los nuevos bitcoins que se asignan es aproximadamente igual al coste de la capacidad computacional requerida para generarlos. El proceso simula la forma en la que el oro se va extrayendo y poniendo en circulación.

Por los motivos anteriores, una gran cantidad de liberales, como Félix Moreno y Víctor Escudero, están defendiendo Bitcoin como el dinero del futuro. Las ventajas teóricas están claras. En primer lugar, la oferta monetaria no la controla el Estado ni ninguna otra entidad. Por ello no existe la posibilidad de emitir dinero nuevo con la finalidad de aumentar los ingresos del emisor, reduciendo el valor de la moneda en circulación. En teoría, si hubiera una demanda monetaria estable, cada unidad no perdería valor con el tiempo, ni se generarían las distorsiones económicas asociadas a la impresión de papel moneda. La segunda ventaja es que, al estar toda la información encriptada, los usuarios podrían escapar de las garras del Estado o de terceros con ganas de apropiarse del dinero de uno. Además, tal y como está construido es seguro y no puede atacarse ni manipularse. Pese a esto la pregunta inicial del artículo sigue siendo pertinente. ¿Realmente un sistema informático, que no deja de ser un conjunto de información organizada por un protocolo automático, puede ser desde un punto de vista teórico un buen dinero?

Para que un sistema como Bitcoin termine siendo un buen dinero tiene que superar tres barreras. La primera es que arranque. O, dicho de forma técnica, que cumpla el teorema de regresión de Mises. El teorema dice que para que un bien empiece a usarse como medio de intercambio es necesario que tenga una demanda no monetaria previa que sirva para fijar el precio inicial desde el que arrancar. Uno de los problemas de Bitcoin es que, a primera vista, parece que no cumple con el teorema de regresión. Nikolay Gertchev y Peter Surda, entre otros, tratan de solucionar esta paradoja sugiriendo que Bitcoin tenía una demanda inicial no monetaria, que era la que le daban sus primeros usuarios al considerar el proyecto una manera de manifestar su sentimiento antisistema. Lo cierto es que el hecho de que los bitcoins ya circulen como medio de intercambio quiere decir que esa demanda inicial existió. La prueba de que cumple el teorema de regresión es que Bitcoin ya se usa como medio de intercambio, aunque sea a pequeña escala.

El segundo requisito es que sea usado por el gran público. Aquí surgen más problemas. Pregunte por la calle y descubrirá lo fácil que es encontrar a gente que desconfía de un sistema como Bitcoin, por múltiples motivos. Hay uno que puede ser definitivo: el boicot del Estado. El Estado sería el gran perjudicado si la gente empezara a usar masivamente bitcoins. No sólo porque perdería su poder monetario, sino porque las transacciones serían opacas y no podría cobrar impuestos. Los defensores de Bitcoin argumentan que es imposible que un gobierno pueda destruir el sistema, al estar descentralizado y encriptado. Pero sí que puede meter miedo a la población, criminalizar a usuarios y perseguir a los proveedores de servicios. Una buena campaña del Estado puede lograr que el gran público rechace Bitcoin. Y si la gente no lo usa no puede ser un buen dinero.

Por último, muchos opinan que el sistema podría tener problemas desde el punto de vista puramente económico. En primer lugar por ser deflacionario. Esto no significa que la gente se paralice y deje de consumir, como erróneamente dice Matthew Yglesias. Pero sí podría alterar la forma de extender crédito, pues mucha gente preferiría atesorar bitcoins que prestarlos o acometer inversiones. En segundo lugar, como afirma Juan Ramón Rallo, los bitcoins carecen de una demanda no monetaria suficiente que estabilice su valor en caso de pérdida de confianza generalizada. En mi opinión este es un argumento muy convincente para recelar de que Bitcoin termine funcionando de forma masiva.

Hasta la fecha, Bitcoin ha protagonizado un gran crecimiento y ya es usado por un pequeño colectivo como medio de intercambio en Internet. Pero aún no se le puede considerar propiamente dinero. La volatilidad de su precio es buena prueba de ello. La demanda mayoritaria que tiene en la actualidad no es monetaria, sino especulativa: mucha gente compra apostando a que a largo plazo funcionará. Puede salirles mal o puede salirles bien. El tiempo dirá. Si queremos realmente averiguar si un sistema informático como Bitcoin puede ser un buen dinero o no, lo mejor es defender la libertad de competencia entre monedas. Si puede serlo se impondrá. Si no, quedará relegado. En ambos caso los ciudadanos saldríamos ganando. Pero como los políticos saldrían perdiendo, harán lo que sea para impedirlo.

Cambio y libertad: el legado de Margaret Thatcher

No lo tuvo fácil Margaret Thatcher, ni antes de llegar al Número 10 de Downing Street, ni durante las casi tres legislaturas en que allí residió. Tampoco fue sencillo el periodo 1975-1979, en su tarea de líder de la oposición al gobierno laborista de Harold Wilson (1974-1976) y James Callagham (1976-1979).

Sin embargo, el tesón le hizo superar todas y cada una de las adversidades, desde las más cercanas (las reticencias de sus compañeros de filas a los políticas económicas liberales de las que era partidaria) hasta las más lejanas desde un punto de vista geográfico (el final del comunismo en los países del Este de Europa).

En el medio quedaba la empresa de erradicar ciertos hábitos que se habían instaurado en su país (cultura de la subvención, peso desmesurado de los sindicatos en la elaboración de políticas públicas, apatía generalizada ante las adversidades). De forma gradual, consiguió que su ideario político fuera primero plasmándose y luego generando resultados tangibles.

En efecto, al contrario de aquellos líderes mesiánicos que dicen tener las pócimas mágicas para todos los problemas que encaran, Thatcher siempre actuó con cautela, alejada del cortoplacismo y evitando de forma voluntaria lo políticamente correcto, esto es, rechazando el recurso a la demagogia.

Margaret Thatcher revitalizó y rejuveneció el vocabulario del Partido Conservador. La consecuencia es que la palabra libertad, otrora monopolizada por la izquierda, pasó a ser de uso común entre los conservadores. Ella matizó que no se trataba de un concepto abstracto sino que contenía múltiples manifestaciones y sobre todo, siempre estaba unida indisolublemente al concepto de responsabilidad.

Las tres victorias electorales corroboraron lo acertado de sus postulados. Consiguió la confianza del votante tradicional tory junto con la de numerosos británicos que, respondiendo a un perfil sociológico laborista, se decantaron por ella, como se evidenció en los comicios de 1983 y 1987. Es el fenómeno el Essex Man, lo que provocó que sus rivales se replantearan el credo político que defendían, tratando de acercarse en los hechos que no en las palabras, al corpus ideológico del Thatcherismo. Este fenómeno se consumó definitivamente con Tony Blair en 1994, tras los pasos timoratos dados por Neil Kinnock (1983-1992) y más contundentes de John Smith (1992-1994).

Tony Blair, al contrario que Margaret Thatcher, encontró un país saneado económicamente, lo que facilitó su obra de gobierno y sus éxitos electorales. Como Thatcher, personalizó el cambio necesario en su formación y de igual modo percibió cómo la oposición era mayor entre sus compañeros que entre los tories. En 2007 optó por irse; a Thatcher le invitaron a hacerlo, pese a ganar la moción de confianza en noviembre de 1990. Las consecuencias a largo plazo no pudieron ser más nefastas para los tories, que iniciaron una guerra civil (como sinónimo de división) y permanecieron alejados del ejecutivo a partir de 1997, y durante 13 años, cuando a lo largo del siglo XX habían sido "el partido natural de gobierno".

Al respecto, no deja de ser paradójico que en muchas ocasiones los laboristas trataron de desacreditar a los sucesores de Thatcher, apelando a la influencia que ésta seguía ejerciendo sobre el partido, pero al mismo tiempo ellos recurrían a su figura cuando querían consolidar determinadas tesis. Tal es el caso de Gordon Brown, que, ante los desafíos del nacionalismo escocés, afirmó que era tan unionista como la ex Primera Ministra.

En definitiva, Thatcher sí que fue una auténtica revolucionaria, sin necesidad de recurrir a escraches, amenazas o coacciones, tan de moda en los últimos tiempos, los cuales sólo reflejan autoritarismo sectario.

Sí a los desahucios

Imagínese por un momento que usted es propietario de una vivienda. Tras largos años de duro trabajo, en los que se privó de lujos y excesos con el objetivo de ahorrar lo suficiente para afrontar religiosamente el pago de su hipoteca, decide ponerla en alquiler para obtener una renta mensual con la que completar su salario. Finalmente alquila su piso… con tal mala suerte que su inquilino pierde su empleo y deja de pagar. La cuestión es que usted no podrá expulsarlo y, por tanto, recuperar su propiedad de forma legítima, porque se trata de un "deudor de buena fe" con dificultades económicas "sobrevenidas", según los argumentos que emplean los defensores de la paralización de los desahucios y la aplicación de la dación en pago retroactiva.

Ahora imagínese que en lugar de haberse hipotecado para comprar un piso decidió ahorrar durante muchos años hasta hacerse con un depósito de 250.000 euros en una entidad financiera de dudosa solvencia. El Gobierno aprueba la paralización de todos los desahucios y la dación en pago retroactiva, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas, en contra de los dictados de la UE. Puesto que su entidad no es muy sólida, las pérdidas hipotecarias que le causa dicha medida acaban provocando su insolvencia y posterior quiebra al estilo chipriota (aplicando quitas en los depósitos no garantizados), tras el rechazo de Bruselas a salvar nuevamente a las entidades españolas. Usted, ahorrador, acaba perdiendo 100.000 euros para que algunos hipotecados puedan seguir viviendo en sus pisos sin necesidad de pagar, o bien le entreguen la llave al banco para saldar toda su deuda.

Por último, imagínese que es un simple contribuyente, ni propietario ni ahorrador, y que el Gobierno opta por inyectar más dinero público en las entidades financieras –con un nuevo préstamo de la UE o con más deuda pública– para evitar que los depositantes pierdan su dinero –y el PP más votos–. Usted, contribuyente, y sus hijos pagarán la factura con más impuestos presentes y futuros (deuda). Ésta y no otra es la verdad de la dación en pago y la paralización de desalojos que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de buena parte del arco parlamentario.

La famosa Iniciativa Legislativa Popular que está tramitando el Congreso perjudica de forma directa a la inmensa mayoría de los españoles, ya que tendría efectos desastrosos, en términos hipotecarios, financieros y económicos, sobre el conjunto del país. Lo trágico es que su contenido –la última muestra del triste qué hay de lo mío– ha cosechado el apoyo de la inmensa mayoría de la población y de la clase política, pese a que se sustenta en una retahíla de falacias y mentiras, como que los desahucios son un "drama social" o que la Ley Hipotecaria es "abusiva" e ilegal".

Por otro lado, los embargos hipotecarios no sólo no son condenables, sino que, muy al contrario, resultan imprescindibles para garantizar la propiedad privada y el estricto cumplimiento de la seguridad jurídica. No en vano el desalojo de una vivienda supone, simple y llanamente, la restitución de la propiedad a su legítimo dueño por incumplimiento de contrato. Y es que un hipotecado no es propietario pleno de su vivienda hasta que salda el crédito, ya que éste se concede sobre una garantía real, de modo que el impago supone en todo caso su ejecución (embargo). Por ello, precisamente, la dación en pago es una excepción, no la norma, en la mayoría de los países europeos, mientras que en Alemania, por ejemplo, donde la crisis se ve desde la barrera, se producen hasta 200 desahucios diarios.

La profunda irresponsabilidad y escasez de miras que ha mostrado el Gobierno del PP alineándose con la PAH, en mayor o menor grado, mediante la paralización temporal de desahucios, la creación de un fondo de alquiler social y la reforma de la Ley Hipotecaria está dando alas a los comunistas para ir mucho más allá: ahí están decretando incluso la "expropiación temporal" de inmuebles inmersos en un procedimiento de desahucio. El populismo hipotecario ya está aquí.