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Robin Hood era libertario

La figura de Robin Hood es una de las banderas políticas favoritas del socialismo. La supuesta historia de un simpático justiciero que robaba a los malvados ricos para entregar la riqueza a los pobres no ha sido desaprovechada por la familia socialista. La usan como símbolo de la redistribución de la riqueza y de los impuestos progresivos. Es como si hubieran encontrado un manual de fiscalidad socialdemócrata entre las leyendas de la Inglaterra medieval. Con el respaldo de tan heroico personaje no hace falta argumentación, basta con decretar el correspondiente impuesto redistributivo.

En infinidad de ocasiones se ha utilizado la figura de Robin Hood para representar a todo justiciero socialista. El recientemente fallecido Hugo Chávez, por ejemplo, era considerado todo un Robin Hood moderno por sus seguidores, como afirma The Economist. En España también tenemos la suerte de contar con nuestro propio justiciero: Sánchez Gordillo. El héroe andaluz, alcalde de Marinaleda y distinguido sindicalista, fue un fenómeno mediático en todo el mundo cuando asaltó varios supermercados por considerar que no asignaban los alimentos de manera socialista. Por algún motivo, para Sánchez Gordillo lo que mejor representa al concepto de "rico" es un supermercado de pueblo, probablemente por estar formado a partir del perverso término "mercado".

En las últimas fechas el argumento de Robin Hood se está usando para defender lo que parece la inminente llegada a Europa de la Tasa Tobin. En Estados Unidos y Reino Unido, incluso, hay un movimiento denominado Robin Hood Tax que exige la aplicación de dicho impuesto. La Tasa Tobin fue un impuesto propuesto por el Nobel James Tobin que pretendía gravar las operaciones con divisas, argumentando, erróneamente, que disuadiendo a los perversos especuladores se reducía la volatilidad en los tipos de cambio. El propio Tobin se retractó al darse cuenta de la inutilidad de su propuesta, pero eso no ha impedido que todo buen populista siga exigiendo que se saque adelante. No sólo para las divisas, sino para la mayor parte de las transacciones financieras.

Los partidarios modernos de la Tasa Tobin, como el ex ministro socialista Jordi Sevilla en El Mundo o Xavier Vidal-Folch en El País, dan fundamentalmente dos argumentos. La primera es la intención original del propio Tobin: creer que al disuadir las operaciones a corto plazo se reduce la volatilidad. Pero cualquiera que sepa un poco sobre mercados financieros sabrá que, precisamente, lo que hacen los especuladores es dar contrapartida a los inversores a largo plazo. Aportan liquidez y profundidad al mercado, reduciendo el spread entre los precios de compra y los de venta y, por tanto, reducen la volatilidad. Al competir en comprar cuando el precio cae y vender cuando sube lo que se produce es un aplastamiento de la cotización. Es, de hecho, en los valores sin especulación y con pocas operaciones en los que para tomar o deshacer una posición cuesta más encontrar contrapartida, y, por tanto, hay que subir o bajar el precio hasta que la operación case. En pocas palabras, cuantas menos operaciones en un mercado, más volátil es la cotización.

El segundo argumento esgrimido por los pro Tobin nos devuelve al asunto principal de este artículo: Robin Hood. El venerable impuesto quitaría dinero a los odiosos banqueros y especuladores y se lo daría a los pobres. Es difícil pensar en algo más placentero y desestresante que un buen arreón a los culpables de todos los males imaginables mientras se soluciona la pobreza en el mundo. Pero… un momento. ¿Sería esto lo que realmente ocurriría con la Tasa Tobin? En absoluto. Cualquier impuesto sobre una transacción impacta sobre las dos partes, y en un proceso dinámico se repercute sobre quienes están conectados a estas partes. En resumen, quienes principalmente pagarían por esto serían las familias y las empresas, que son quienes terminan estando detrás de los intermediarios financieros. ¿Pero al menos sería por una buena causa? Actualmente la gran discusión en Europa es si lo recaudado va a ir destinado a las arcas de la burocracia comunitaria, o a pagar los irresponsables déficits de los gobiernos miembros. Por enésima vez, la bandera de Robin Hood se agita para terminar sablando a los ciudadanos para pagar a los políticos.

Recomiendo un saludable ejercicio a todo aquel que utiliza el argumento de Robin Hood para defender todo tipo de impuestos: acérquense, aunque sea superficialmente, a la leyenda del forajido inglés. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Eran los empresarios y los prestamistas? Para nada. Era el Príncipe Juan Sin Tierra. Su brazo ejecutor, el Sheriff de Nottingham, no era un banquero, sino el recaudador de impuestos. En una palabra, el enemigo era el Estado. Según la leyenda, el problema era que el nivel de impuestos era tan elevado que la gente vivía en la miseria. Robin Hood no robaba a los ricos, sino que se dedicaba a devolver a sus legítimos dueños el dinero previamente usurpado por los prohibitivos impuestos. Si hubiera vivido en nuestros días, Robin Hood no habría apoyado a quienes usan su nombre para promover la Tasa Tobin, ni la redistribución de la riqueza. No habría sido partidario del socialismo, sino todo lo contrario. Robin Hood era libertario.

El ‘rescate’ chipriota explicado a los profanos

Este sábado las portadas de toda la prensa europea llevaban la historia del rescate a Chipre, un minúsculo país del Mediterráneo oriental del que se había hablado muy poco hasta ahora. El rescate correría a cargo de los socios de la eurozona y de sus propios ciudadanos, a los que se les sometería a una suerte de semicorralito mediante una tasa sobre los depósitos bancarios. Todas las alarmas saltaron de inmediato. Un nuevo rescate y, por primera vez, un corralito. El fantasma de la crisis argentina de 2001-2002 volvía a aletear por encima de la Unión Europea cuando todos descontaban que lo peor ya había pasado.

Antes de nada hay que colocar a Chipre en el mapa. Este pequeño país ocupa la isla homónima, una isla que, desde hace décadas está partida en dos mitades. La parte norte la ocupa la llamada República Turca del Norte de Chipre, un estado de facto, reconocido internacionalmente sólo por Turquía. El centro y sur de la isla constituyen la República de Chipre, un país independiente desde 1960 de un tamaño ligeramente inferior al de la Comunidad Foral de Navarra y cuya población no llega al millón de habitantes. Este Estado, fuertemente vinculado con Grecia por razones históricas, lingüísticas y culturales, pertenece a la Unión Europea desde 2004 y se incorporó a la zona euro cuatro años después, en 2008.

¿De qué vive Chipre?

Básicamente de los servicios. Dispone de una economía muy abierta con impuestos relativamente bajos en comparación con los de otros países de Europa y un clima amigable para la inversión. Desde hace años su Gobierno apuesta por facilitar la entrada de inversores, especialmente de compañías financieras, atrayéndolos con una legislación benigna y una laxa regulación. Su situación geográfica, a caballo entre tres continentes, ha convertido también a Chipre en un país muy comercial. La marina mercante chipriota es la cuarta del mundo en toneladas de registro bruto y número de navíos que navegan bajo su pabellón.

Por otro lado, gracias a un clima privilegiado, idéntico al de la costa española mediterránea, el turismo es un sector muy importante. Chipre recibe más de dos millones de turistas cada año, casi todos provenientes de Europa, con el Reino Unido y Rusia a la cabeza. Ocupa a cerca del 30% de los chipriotas y produce más del 10% del PIB. La economía chipriota es, por lo tanto, muy sensible a las oscilaciones en este sector, y más cuando buena parte de lo que consume tiene que importarlo en el extranjero.

¿Cuál es el verdadero estado de su economía?

La economía chipriota es de un tamaño muy reducido, acorde, por lo demás a la poca población que posee, pero sólida, al menos mucho más que la de su vecina septentrional y que la de muchas naciones de la eurozona. En las últimas dos décadas ha crecido con gran vigor gracias a sus bajos impuestos, su buena infraestructura turística y su vocación de centro financiero y comercial.

En el último lustro, coincidiendo con la crisis financiera internacional, no ha levantado cabeza. En 2012, por ejemplo, la economía decreció un 1,2%. En años anteriores o creció muy poco o decreció. La atonía ha minado los recursos del pequeño Estado chipriota y ha terminado poniéndolo contra las cuerdas de la quiebra soberana. A día de hoy el bono chipriota está considerado por Fitch como bono basura, el desempleo se ha ido al entorno del 15%, la deuda pública alcanza ya el 75% sobre el PIB y el déficit permanece estable muy por encima del 5%.

¿Qué es lo que ha llevado entonces a Chipre al rescate?

Esencialmente su exposición a la deuda pública de sus hermanos griegos. A muchos efectos Chipre es parte de Grecia. Uno de esos efectos es el humano y cultural, otro el bancario. El PIB de Chipre el año pasado fue de unos 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros). Los dos principales bancos de país tienen sus balances inflados de deuda del Gobierno heleno. Esto les ha generado un agujero de unos 10.000 millones de euros, es decir, más de la mitad del PIB.

Por hacer una comparación, es como si las dos principales entidades financieras españolas, Santander y BBVA, tuviesen un agujero en sus cuentas de unos 500.000 millones de euros. En ese caso sólo quedarían dos opciones. La primera recapitalizar los bancos con dinero público. Dado que Chipre no dispone de moneda propia ese dinero tendría que pedirlo prestado en el exterior y llevaría su deuda al entorno del 150% sobre el PIB, es decir, la quiebra inmediata y, con ella, el impago. La otra, que es la que se ha terminado llevando a cabo, es tapar ese agujero con dinero de los contribuyentes europeos vía sus respectivos Gobiernos.

Ahora bien, como quedaba feo eso de arrebatar directamente a los contribuyentes alemanes, franceses o españoles 10.000 millones para entregárselos a los bancos chipriotas, al eurogrupo se le ha ocurrido una solución mixta consistente en entregar el dinero y luego exigir al ejecutivo de Chipre que se invente un impuesto sobre los depósitos con el que, eventualmente, devolver el rescate. Ese impuesto es el famoso corralito chipriota.

¿Qué es el impuesto sobre los depósitos?

Simplemente una tasa fija que todo aquel que tenga una cantidad de dinero guardada en el banco debe satisfacer obligatoriamente. No es exactamente un corralito pero si una incautación legal. La tasa tiene dos niveles. Los que tengan menos de 100.000 euros deberán pagar el 6,75%, lo que tengan más de esa cantidad un 9,9%. La novedad de este mecanismo es que los depositantes corren por vez primera en la Unión Europea con los excesos de los bancos, que serán quienes absorban las pérdidas provocadas por las pésimas inversiones en deuda pública griega de sus gestores.

¿Qué tienen que ver los rusos en todo esto?

Como centro financiero muchos millonarios rusos habían llevado su dinero a Chipre confiando en que la estabilidad y la seguridad jurídica de la zona euro pusiesen a salvo sus ahorros. Chipre no es un refugio fiscal pero su fiscalidad para los capitales es más suave que en otros países. Al estar en la zona euro y tener suscritos acuerdos internacionales que evitaban la doble imposición, estos ahorradores trataban de maximizar sus beneficios minimizando los riesgos al tiempo que operaban a la luz del día. Al final no les ha servido de nada.

El Gobierno ha tomado la parte que cree que le pertenece para solucionar un problema que podría llevarse a Chipre por delante. Eso sí, esta jugada a Chipre no le va a salir gratis. Su fama de puerto seguro para compañías navieras y ahorradores de todo el mundo va a quedar en entredicho. Chipre tendrá que reinventarse, y un país pequeño, periférico y necesariamente importador no va a tenerlo fácil.

Chipre nos abre los ojos

Y de repente, a una semana del equinoccio de primavera, viene Chipre con la astenia primaveral y nos pide un rescate. Lo cierto es que no es tan sorprendente. Ya se oían rumores, se leían noticias acerca de la malísima situación que el país mediterráneo estaba pasando. Pero nosotros, tan empeñados en observar nuestro ombligo, dejamos pasar las voces sin hacer caso. Con el circo que tenemos, como para mirar a otro lado.

La vuelta de la tortilla

No es la primera vez que se dice y me temo que no será la última, por desgracia: la troika somos todos. Y digo por desgracia, porque existe un meme indestructible en la población española que afirma que la troika son unos señores venidos de un país extraño, dispuestos a sacarnos el higadillo a golpe de recortes sin que nosotros hayamos hecho nada para ello.

Hicimos: endeudarnos. ¿Que la crisis financiera nos ha puesto en una situación muy comprometida? Pues sí, como a todos. Pero los demás no tenían elecciones, no negaron la crisis y tomaron medidas a tiempo. Por supuesto, tras años de rescates, recesión global y mercados inestables, no hay país que no se vea resentido, pero nuestra situación sería mucho mejor si el gobierno de Zapatero hubiera hecho otra cosa.

No es que Rajoy lo esté haciendo bien, que no. Porque a veces tengo la sensación de que se ha propuesto que Zapatero no pase a la historia como el peor presidente de España. El puesto lo quiere para él.

El caso es que, de repente, Chipre pide ser rescatada y nos toca poner alrededor del 12%. Y encantados, imagino, aquellos europeístas, empezando por el más europeísta de todos, Felipe González, y el mismo Zapatero, Aznar… todos, todos. Aquellos que claman por la solidaridad inter territorial deben estar brindando con gaseosa, que el champán y el cava son caros, por el acto de solidaridad española al soltar esos miles de millones de euros así, alegremente. Porque si claman por la solidaridad entre autonomías, imagino que entenderán que haya solidaridad entre países europeos.

Así es la vida. Se da la vuelta a la tortilla y los que recibíamos, ahora damos.

La España no rescatada pero vigilada

Lo cierto es que España no está como para tirar cohetes. Y ya pueden sacar pecho los políticos del gobierno. No estamos bien y eso es una triste verdad. Eso sí. No lo estamos porque en vez de recortar el gasto político se ha disminuido el despilfarro en otro tipo de gastos. Y los datos están ahí publicados.

Sin embargo, lo más curioso de todo es la explicación de Luis de Guindos para justificar la razón por la cual ese 12%, cuya cifra final dependerá de lo que aporte el Fondo Monetario Internacional. Como España no está rescatada, se asume que estamos lo suficientemente bien como para poner dinero encima de la mesa. Y por si alguien levanta la mano para decir que hemos recibido dinero de Europa, ya puede bajarla, porque ha explicado el ministro que, como todo el mundo recuerda, ese dinero era para sanear la banca. Así que no se acepta pulpo esta vez como animal de compañía. Eso sí, por razón de ese rescate exclusivamente financiero, firmamos un memorando que hay que cumplir, para lo cual, estamos siendo vigilados de cerca. Normal. Yo tampoco le quitaría ojo a un deudor como España.

¿No es un poco extraño que estando como estamos tengamos que dedicar nuestros mermados recursos a Chipre? Pues sí. Pero éstas son las reglas del juego. Si eres un país rescatado te ponemos unas condiciones leoninas pero no pones dinero para el fondo común. Pero si driblas el rescate para evitar esas medidas y disfrutar de unas menos leoninas, tienes que apoquinar.

La medida del rescate chipriota

Y, así, en un plis plas, le han endosado a Chipre, a cambio del rescate, una medida brutal. No, no es corralito. Técnicamente, no, desde luego. Pero una tasa sobre los depósitos del público en los bancos no está mal tampoco. Del 9,99% si tienes más de 100.000 euros depositados y 6,75% si tienes menos. Y mucha gente hará la ola porque, por fin, alguien le va a quitar su dinero a esos ricos avariciosos. Y en Chipre suelen ser rusos mafiosos. Con más motivo.

A mí me sigue pareciendo una barbaridad. Porque ese dinero va a ir a cubrir la deuda estatal, no a alimentar críos desnutridos. Y porque es un robo en toda regla, no importa a qué vayan a destinar el dinero. Finalmente, hoy son los ricos, mañana los menos ricos, y pasado los que yo señale con el dedo. Ahí están los ahorradores chipriotas entregando un 6,75% de su dinero. Quiero decir, del que no les haya dado tiempo a sacar. Pero no, no es un corralito. No todavía.

Ya saben, la inversión en Chipre se irá y Chipre no podrá levantar cabeza. Eso sí, arrastrará el precio del rescate, que hay que devolver, no se olviden, por los siglos de los siglos. 

La foto más cara del mundo

De todos es sabido que Zapatero tenía debilidad por lucir con la elite política, sindical y empresarial. Ya fuera por su complejo de inferioridad o por su natural inclinación a la teatralidad, lo cierto es que al expresidente del Gobierno le gustaba rodearse de destacadas personalidades –gran contraste con la mediocridad imperante en su gabinete–; trataba así de reforzar con imágenes sus erróneas medidas económicas, al tiempo que vendía a la opinión pública su particular talante dialogante. Memorable fue, por ejemplo, la reunión extraordinaria que organizó a finales de 2010 con los principales empresarios de España para mostrar al mundo entero que el Gobierno socialista español estaba haciendo algo contra la crisis, aunque nadie supiese exactamente qué.

Por desgracia, Rajoy ha heredado algunos de los defectos de su antecesor. Sin ir más lejos, el Ejecutivo popular escenificó el pasado martes un paripé propio del marketing socialista para anunciar a bombo y platillo su última ocurrencia en lo relacionado con la lucha contra el paro. Bajo el original rubro de Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, el plan beneficiará a un millón de jóvenes hasta 2016, según las estimaciones del Gobierno. El programa contempla un total de 100 medidas –un número redondo, no escogido al azar–, entre las que destacan bonificaciones fiscales y rebajas tributarias pensadas para fomentar la contratación y la creación de empresas.

Lo primero que chirría es, precisamente, que este plan no esté formado por 10 o incluso 30 medidas, sino exactamente por 100. Evidentemente, el Gobierno trata de transmitir el mensaje de que el desempleo le preocupa mucho. El problema es que un mínimo análisis del contenido demuestra que es poco más que una mera declaración de buenas intenciones, sin apenas concreción y, aún menos, utilidad práctica. Además, ¿por qué beneficiar a los parados menores de 30 años y no a todos los desempleados?, ¿qué sentido tiene tal discriminación y arbitrariedad?

Por otro lado, no deja de ser contradictorio, por no decir surrealista, que el presidente que ha aprobado la mayor subida fiscal de la historia de España, con la excusa de la reduccción del déficit, sea ahora quien defienda a capa y espada que bajar impuestos es positivo para crear empleo y riqueza. Rajoy debería aclarar sus ideas o, mejor aún, destituir a su ministro de Hacienda, ya que, de ser cierta tal aseveración –que lo es–, estaría reconociendo de forma implícita que su brutal política fiscal aumenta el paro y empobrece a los españoles, aparte de que no logra reducir el déficit.

Por último, aunque reducir impuestos es positivo y, por tanto, parte del plan es digno de aplauso, una de sus claves poco difundidas es que tendrá un coste de 3.500 millones de euros para el contribuyente. Es decir, lo comido por lo servido, pues las bajadas impositivas serán sufragadas con más gasto público. Por otro lado, tenemos nuevos contratos laborales y un aumento del intervencionismo y de la complejidad burocrática para tratar de afrontar un problema cuya solución es mucho más simple; bastaría con introducir una simple cláusula en la engorrosa y prolija legislación laboral para que la tasa de paro empezase a caer con fuerza de inmediato: "Será de aplicación la legislación laboral siempre y cuando no exista pacto en contrario por parte de empresario y trabajador". O dicho, de otro modo, "primará el contrato entre las partes sobre toda regulación laboral". Dos simples frases para crear empleo neto sin necesidad de que Rajoy comparezca junto a patronal y sindicatos para hacerse la foto más cara del mundo… ¡3.500 millones de euros!

Ley de Hierro de la Oligarquía

Existe una ley de carácter universal, que diferencia entre las formas de gobierno y las formas de régimen y que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro [1], indica cómo: "los gobiernos son siempre oligárquicos con independencia de las circunstancias, el talante y las intenciones de los escritores políticos y de los políticos".

En otras palabras, los regímenes son materialmente oligárquicos aunque no lo sean formalmente las formas de gobierno. Las familias que acceden a la oligarquía forman un grupo más o menos reducido de la sociedad política. La estructura institucional del régimen político determina que sea más cerrada o más abierta la sociedad política, de modo que haya más o menos personas que influyan en la población como "think makers" y que accedan con mayor o menor facilidad a los puestos públicos de "decisión maker". Se trata de una regularidad de la clase política o, si se prefiere, de una ley de la naturaleza humana que es inmanente a todas las formas de gobierno, cuyo descubrimiento formal fue realizado por Robert Michels [2].

 Grado de oligarquización de la sociedad

Existen dos conceptos que permiten analizar el grado de oligarquización de una sociedad. Hay que diferenciar entre la potestas (o poder formal) y la autoritas (o influencia o poder informal). Por un lado, las formas de gobierno constituyen una estructura formal que determina el número de responsables del mando en la sociedad y su grado de poder sobre los ciudadanos. Y, por otro lado, las formas de régimen constituyen el funcionamiento efectivo del orden político que determina el número de personas influyentes y su grado de influencia sobre los individuos.

De hecho, las disputas políticas en el medio y largo plazo giran entorno al grado de oligarquización de los regímenes. Así, por ejemplo, se puede tener una democracia multipartidista que formalmente establezca una sociedad abierta pero, en función del grado de involución institucional, seguir manteniéndose la casta política, heredada de una dictadura previa. Es decir, una cosa es la estructura formal y otra cosa es el régimen político. El régimen puede seguir siendo cerrado y, de hecho, sin financiación transparente y sin democracia interna, prevalecer el inmovilismo y el sometimiento a la autoridad en el seno de las instituciones, sobre el mérito y la capacidad de las personas.

De ahí, la importancia del marco institucional de cada país y de las características institucionales que lo definen porque el grado de oligarquización de la sociedad depende mucho de la dispersión pluralista del poder: la separación "real" de poderes, la independencia judicial "efectiva", el cumplimiento "estricto" de la Ley, el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las decisiones políticas trascendentales…

Sin embargo, en última instancia, como señalaban Montesquieu o Tocqueville, la religión y las virtudes del êthos son las que moderan la oligarquía. Por ello, desde su agnosticismo, Friedrich A. Hayek llegó a la conclusión de que las religiones eran los "guardianes de la tradición" porque la existencia de un orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana que es los que constituye una sociedad civilizada depende de que estén arraigados, entre la mayoría de los ciudadanos, ciertas instituciones morales como el respeto por la vida, la familia, la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, el dinero…

Las instituciones morales que arraigan en la población por medio de la autoritas de las religiones (y, últimamente, de las ideologías) son el contrapeso que controla la evolución o involución institucional de la potestas un país y, por tanto, también el grado de oligarquización de la sociedad.

 Ideologías Colectivistas

Por ello, las ideologías colectivistas intentan imponer la democracia formal como religión civil e intentan controlar la educación y los medios de comunicación en aquellos territorios donde logran el poder político.

Sin excepción, todas los gobiernos colectivistas instrumentalizan el Estado de Derecho, intentan cambiar las virtudes del "êthos" por medio de legislación "al servicio de la política y no de los ciudadanos" pero, significativamente, extienden el incumplimiento de la Ley ("rule of Law") y la impunidad ante los delitos de la oligarquía.

Y, sin excepción, la sucesión en el poder de los gobiernos colectivistas se puede observar en la "híper-legislación" del Parlamento con una permanente acción legislativa "destructiva" del "êthos" o del conjunto de valores morales mayoritario entre los ciudadanos. 

Regímenes Colectivistas

Con el paso de las décadas, se puede identificar la imposición de un régimen colectivista sobre la población de un territorio porque se observan tres hechos concretos:

1) el aumento constante del tamaño del Estado –actualmente en Europa el sector público rebasa el 50% del PIB en muchos países— hasta niveles económica ineficientes,

2) la cristalización de una casta política y,

3) la tiranía del consenso de los valores colectivistas con todos los partidos políticos partiendo de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado.

Se puede observar cómo, reiteradamente, cuando detentan cargos públicos, los "socialistas de todos los partidos" actúan a favor de los privilegios de la casta política y sus redes clientelares y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado. Así, al alcanzar el poder, los sucesivos "gobiernos intervencionistas" intentan expandir el poder político para abarcar los últimos rincones de la sociedad, entrando a legislar e imponer normas sobre los aspectos más íntimos de la libertad del individuo como la vida, la familia, el idioma, la educación, la propiedad, la información libre o la libertad de empresa.

En definitiva, son las ideologías colectivistas las que, permanentemente, intentan aumentar el grado de "oligarquización" de la sociedad. Y la observación de la realidad política nos permite constatar que se cumple la ley de hierro de la oligarquía. 

[1] (Negro, D.: 2013). Ley de hierro de la Oligarquía. Pleno del 15 de enero de 2013. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. [*]

[2] (Michels, R.: 1962 [1910]). Political Parties. A Sociological Study f the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Library of Congress. Transaction Publishers. New Jersey. USA. [**]

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Nueva lección de democracia a Cristina Kirchner

Kirchner inició hace más de una año una suerte de cruzada, exigiendo las Malvinas. Era sabedora de que enarbolando esta bandera, podría lograr, por un lado, dosis de adhesión hacia su proyecto político, y por otro, desviar la atención de la precaria situación por la que atraviesa su pueblo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, más allá de exaltaciones de rancio patriotismo, poco más ha obtenido. Por el contrario, el gobierno británico ha resistido las diferentes acometidas verbales sin caer en la demagogia, como hubiera gustado en La Casa Rosada, a pesar de que el contexto doméstico que afronta David Cameron no es el más halagüeño.

Tampoco Londres se ha dejado engatusar por declaraciones rimbombantes de intelectuales como Adolfo Pérez Esquivel, quien, más que arremeter contra con una democracia consolidada e histórica como la británica, debería ser más autocrítico con la forma en que se ejerce el poder en su país natal, donde los excesos e injerencias gubernamentales son la pauta oficial.

El tercer actor invitado en esta obra lo representaban los habitantes de Malvinas. Estos siempre han mostrado su rechazo a formar parte de Argentina, entre otras razones porque son espectadores privilegiados del camino que sigue el país bajo los auspicios del Justicialismo (el Peronismo siempre está presente, con independencia del nombre del Presidente).

El alto nivel de vida de Malvinas contrasta con el hecho de que en algunas provincias de Argentina, por asombroso que parezca, el hambre esté presente, a pesar de que si algo caracteriza a su populismo gubernamental es el intervencionismo a gran escala y con diferentes manifestaciones, una de ellas, quizás la más peligrosa, la que adopta la forma de expropiaciones de empresas. A nivel exterior, algunos de los principales socios de Kirchner no muestran ningún respeto hacia los Derechos Humanos, clara evidencia de que entre la teoría y la práctica del actual gobierno argentino existe un abismo.

La consulta celebrada ha transcurrido por los parámetros de la máxima legalidad y respeto hacia las leyes. La presencia de observadores internacionales así lo ha refrendado, pese a lo cual, la voluntad popular no parece inmutar lo más mínimo el ánimo de Fernández de Kirchner. Por el contrario, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el cual dice que los resultados de la consulta en ningún caso ponen fin a la cuestión de la soberanía, tras lo cual, se emplea el tradicional lenguaje, insistiendo que “el gobierno británico vuelve a manipular”, hablando incluso de “mala fe” por parte del número 10 de Downing Street, todo ello aderezado con las clásicas acusaciones a Reino Unido de “colonialismo”.

A pesar de todo, esta lección que le ha dado Malvinas no debería dejarla de lado el ejecutivo argentino, cuya deriva radical carece de límites. En efecto, si hace un mes fue capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno iraní para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la AMIA (menospreciando, en consecuencia, a las víctimas y a sus familiares), ahora ha recibido un nuevo toque de atención por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cuyo informe final tampoco sale bien parada la dirigente.

En definitiva, el discurso victimista de Fernández de Kirchner está muy gastado en cuanto que conocido. Frente a lo que sucediera en 1982, los argentinos no han dado muestras de inquebrantable adhesión, conscientes de que la mejora a todos los niveles del país nada tiene que ver con Malvinas. Por el contrario, con toda probabilidad a muchos les gustaría tener la calidad de vida que disfrutan los kelpers, no sólo en cuanto a bienestar, que también, sino en lo que a la garantía y salvaguarda de sus libertades se refiere.

Sin conciencia verde

No hace mucho encontré en la prensa nacional una noticia devastadora: nuestra conciencia ecológica está por los suelos. Sí, es duro, pero la crisis no pasa en balde y las preocupaciones de los ciudadanos de a pie, ésos que pagan impuestos y mantienen el Estado de Bienestar en actitud derrochadora, se han ido por otros derroteros. El medio ambiente les importa, de pronto, una higa. O menos. Según el CIS, ese organismo sociológico-estatal que tanto nos cuesta y tanto disgustos nos da, la conciencia ecológica del entrevistado medio ha retrocedido y pasado del puesto 15 en 2005 al puesto 28 en la actualidad.

Sí, sí, lo reconozco, el puesto décimo quinto en plena burbuja financiero-inmobiliaria-estatal no es mucha cosa, teniendo en cuenta lo que le sirvió al Gobierno del ínclito José Luis Rodríguez Zapatero para justificar sus políticas medioambientales y energéticas, pero es lo que había, y el vigésimo octavo es lo que hay ahora: en ambos casos, un tanto penoso. Este dato da, desde luego, para una pequeña reflexión sobre la conciencia ecológica de la gente.

El ecologismo vende, y vende mucho. Es posiblemente una de las ideologías anticapitalistas que más usan el marketing, herramienta básicamente capitalista, para ampliar horizontes e ingresos. Y lo hace muy bien, no puedo negarlo, siempre despertando nuestros sentimientos y miedos. Pero vende cuando hay dinero de sobra y podemos dedicar unas perrillas a alguna causa perdida, como la de la ballena gris, la del camachuelo trompetero o incluso la del mutante e inexistente pez de tres ojos del ecosistema de Garoña (Ecologistas en Acción dixit). Sin embargo, cuando el hambre aprieta, ni camachuelos, ni ba-llenas, ni vacías; el dinero se dedica a las necesidades más básicas, la de la comida, el refugio y el vestido, y al gorrión no le quedan ni las migas del bocata del mediodía. Somos así de egoístas, ¡qué le vamos a hacer!

Al mundo de las ONG también ha llegado la crisis y ha llegado, como a todo hijo de vecino, con un descenso de sus ingresos. Bueno, hijo de vecino no ligado a la corrupción política, porque a esos sí que puede que les hayan salido unas cuentas en Suiza o en las Caimán, como a otros sabañones. En la segunda quincena de julio de 2012, nos desayunábamos con la noticia de que nuestros amigos de Greenpeace las estaban pasando canutas y se vieron obligados a hacer un ERE de tres pares de pingüinos, dejando en la calle, y sin calefacción, a 16 colaboradores de ésos que cobran, no de los que colaboran sin ánimo de lucro. Vale, que 16 no son muchos, pero que fastidia comportarse como una vulgar institución capitalista. Y eso que en España la ONG cuenta con 100.000 socios, que ya podían haberse rascado el bolsillo…

¿Tenemos una amplia conciencia ecológica o es más bien una moda, como la de llevar rastas, pantalones pitillo o comprar bolsos falsos de Gucci? Pues estos datos apuntan hacia lo segundo para una gran mayoría de "concienciados". El problema de las políticas medioambientales a la vieja usanza es que nos están saliendo muy caras, incluso cuando la burbuja que las ha alimentado y financiado durante años ha desaparecido, explotando y llevándose por delante buena parte de la economía española, aunque la pública se resiste como si en ello le fuera la vida.

El gobierno socialista de ZP inició una serie de políticas medioambientales y energéticas moralmente justificadas en las tesis ecologistas, pese a que este tema estaba por detrás de otros catorce a los que podía haber prestado más atención, y esas medidas son unas de las que actualmente nos están dañando la cartera, el riñón, el otro riñón y posiblemente el hígado. Desde las primas a las renovables, que es una especie agujero negro que se traga nuestros impuestos (7.416,97 millones de primas al llamado Régimen Especial en 2012 según datos de la CNE), pasando por la burla de las desaladoras que no funcionan ni tienen visos de hacerlo algún día, hasta las iniciativas medioambientales del Plan E y todo el dinero que, además, han gastado Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en temas similares.

Y como la cosa podía empeorar, el gobierno popular de Rajoy sigue una línea similar, no quizá tan derrochona como la de su predecesor, porque no hay tanto dinero, pero sí manteniendo en la medida de lo posible los desmanes del socialista. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que cobrará más a los coches más antiguos al aparcar en zona SER, asegurando que contaminan más. Supongo que un Audi comprado ahora con un motor de 8 litros es "eco" y no contamina nada. La familia que tiene problemas para llevar los garbanzos al plato todos los días y no puede cambiar el coche debe de estar dando saltos de alegría con Ana Botella y sus ocurrencias.

Puede que lo que haya pasado es que el ciudadano se haya dado cuenta de que la conciencia ecologista es realmente un sacacuartos que ayuda a unos pocos, porque corruptos hay en la Administración, en las empresas que trabajan con ella y, desde luego, en las organizaciones solidarias y supuestamente bienintencionadas que viven del presupuesto y de los favores de los administradores. Que el camachuelo puede tener un ecosistema en perfecto estado de revista, pero eso no tiene que pasar por alimentar a un montón de rastafaris de salón, dedo inquisidor y dictador interior.

Y mientras este tipo de gente siga mandando sobre la ciencia y la ecología, no confundir con ecologismo, mientras esta gente siga diciendo o sugiriendo qué es moral o inmoral, el medio ambiente estará fastidiado porque no se someterá a un proceso de mercado que determine las mejores formas de conservarlo, empezando, quizá, por la propiedad privada.

Relativismo o esencialismo liberal

La polémica teórica y práctica entre relativismo cultural y esencialismo es irresoluble. La controversia está viciada por la existencia de etnocentrismos de uso político por parte del relativismo radical cuando se ataca solamente a Occidente, por invasivo e "imperialista", y se sobreestiman las otras sociedades, las que lo cuestionan. Un relativismo cultural radical y, a la vez, honesto habría de prestar legitimidad ética por igual a todas las culturas, incluida la occidental y, simultáneamente, habría de negar la existencia de toda unidad cognitiva entre los seres humanos.

La asunción más elaborada de esta postura la ejemplifica el antropólogo Franz Boas (1858-1942) para el que cada cultura constituye un mundo social total que se reproduce a sí mismo a través de la enculturación, es decir, del proceso mediante el cual se transmiten de una generación a la siguiente los valores, disposiciones emocionales y comportamientos incorporados. Tal planteamiento se da de bruces con la realidad, puesto que los humanos de diferentes etnias nos relacionamos por encima de las diferencias étnicas y nos aculturamos en una dinámica permanente. Los ámbitos de cada etnia nunca son cerrados, ni su apertura es igual en todos los casos. La versión moderada del relativismo deja, sin embargo, la puerta abierta al reconocimiento de una amplia base cognitiva común a todos los humanos y, por tanto, la posibilidad de llegar a compartir valores éticos, sin dejar de constatar que, a su vez, existen diferencias que afectan a la interpretación del mundo físico, de la sociedad y a las preferencias individuales.

Por otra parte, un esencialismo absoluto ofrece tantas debilidades como el exceso contrario. La formulación de que existen valores tan generales como inmutables resulta empíricamente insostenible, por más que sí podamos identificar cierta durabilidad de los mismos así como una importante universalidad entre sociedades, pero enmarcadas ambas en procesos cambiantes. El esencialismo extremo se halla ante la tesitura de afirmar la unidad cultural y ética de la humanidad, reconocible apelando a una autoridad absoluta legitimada bien místicamente, bien por la sedicente superioridad de una de las sociedades sobre la que recaería la tarea suprema de definir la esencia ética de las demás. La versión radical del esencialismo está cargada, pues, de constructivismo, de una fatal arrogancia que multiplica su potencial de error. El universalismo moderado tiene, no obstante, la opción de pervivir plausiblemente mediante el descubrimiento de valores y cogniciones comunes a todas las culturas, a la vez que aceptando una diversidad real no suprimible.

¿Cuál es la posición del liberalismo en este debate? La que aquí consideramos, la de la tradición austriaca, maneja comunes presupuestos antropológicos, económicos y políticos, lo que no impide la cohabitación de discrepancias importantes dentro de aquella.

Tres son las principales estrategias de fundamentación de la libertad en la tradición de la escuela austriaca que nos permiten definir su posición en la discutida controversia entre esencialismo y relativismo. Las vemos expuestas en paralelo en las definiciones esquemáticas que el profesor Huerta de Soto aportó en sus "Estudios de economía política": el evolucionismo institucional de F. A. Hayek, el utilitarismo de L.V. Mises y el iusnaturalismo de M. N. Rothbard. Los tres planteamientos, dejados a la suerte de su propia lógica, pueden llevar a fugas de la realidad, a callejones sin salida, tal y como Huerta de Soto indica en su artículo. No obstante, balanceados mutuamente en una suerte de contrapesos teóricos aplicados a la realidad, es posible posicionar el liberalismo austriaco entre el relativismo moderado y el universalismo atemperado. Ni tanto utilitarismo que conlleve una reglamentación hiperracionalista de la vida social, ni un esencialismo que concluya de la misma manera por la vía de la ética absoluta, ni un tradicionalismo que consagre instituciones sin una apropiada crítica racional o ética (es decir, que las legitime solo por su carácter ancestral).

La propuesta de De Soto se muestra como la única viable sin que debamos permitirnos un excesivo optimismo acerca de sus resultados. La vigilancia que cada enfoque ejerce sobre los otros dos no garantiza el acierto ni oculta la existencia de diferencias importantes entre todos ellos, pero sí que configura una posición sensata entre relativismo y universalismo que permite una crítica clara y radical tanto de la impronta conservadora como de la posmoderna.

Los no-poderes públicos

Casi recién empezado el año 2013, muchas cosas parecen estar cambiando: el presidente en Venezuela, el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, el presidente de Italia… Y aún así, el sabor metálico y sucio a empobrecimiento persiste en los ciudadanos. Todos sabemos que este 13 no va a ser mejor. Tal vez se prepare un cambio de tendencia, pero no tendrá lugar en este año, será en los siguientes. Con suerte.

Estrategias de supervivencia

Uno de los problemas que tenemos en este momento de recesión empecinada y corrupción política generalizada es que uno realmente no sabe quiénes son los suyos. Y el ser humano, que nace siendo el cachorro más desprotegido entre los mamíferos, necesita del grupo para sobrevivir. De ahí que todos busquemos gente afín, en un aspecto o en otro, para sentirnos seguros: los frikis de La Guerra de las Galaxias, los amantes del diseño, los libertarios de New Hampshire o los seguidores del Betis. Los lobos solitarios también necesitamos grupos. Por si las dudas.

Los españoles, hace muchos años, emprendimos ese camino de pertenencia a lo que hoy es Unión Europea. Lo hemos logrado. Pero a medida que el grupo va siendo mayor y, por tanto, la diversidad se incrementa, es más difícil sentirse identificado con los demás miembros y la percepción del mismo como refugio protector que defiende mis intereses se debilita. Eso pasa con la Unión Europea ahora mismo. El problema añadido es que, en España, el ciudadano de a pie no encuentra tampoco un grupo en el que sentirse guarecido. Los partidos políticos han perdido credibilidad. La corrupción salpica a propios y extraños. Los bancos son enemigos. Los sindicatos están politizados. Los grupos anti sistema carecen de consistencia en cuanto a sus principios y a su composición. Son un revoltijo de descontentos que no se sabe muy bien a dónde van, hasta dónde llegan sus intereses políticos y qué alternativas realistas defienden.

Estamos solos pagando el peaje de la eterna asociación entre el Estado y la banca, aderezado por una degradación institucional y una miseria en la calidad de nuestros políticos, que hacen pinza y nos asfixia. Y tenemos nuestra parte de responsabilidad, desde luego.

Lo que los poderes públicos no pueden hacer

Parte de esa responsabilidad se debe a la idea, atrincherada en la mente de los españoles, de que el Estado, los gobernantes, tienen poder para sacar conejos de la chistera. Pero no es así. No existen los unicornios.

Como explica el profesor de economía de la Universidad de Buckingham, Juan Castañeda, un banquero central no puede controlar el ciclo económico ni cerrar la brecha de la producción. Y, sin embargo, muchos ciudadanos sigue mirando al Banco Central Europeo y al Banco de España como salvadores de la debacle actual. Y no sólo eso. Se espera que el gobierno cree empleo, cuando son los empresarios quienes crean empleo. Esperamos que nos digan la verdad y seguimos votando a los que nos mienten. Esperamos que los políticos se comporten honestamente y miramos a otro lado cuando alguien en nuestro entorno se aprovecha de otro engañándole.

Y a partir de ahí, en adelante, pedimos a ciegas cosas que son intrínsecamente individuales y subjetivas. Cuando decimos que nuestro todopoderoso "estado del bienestar" tiene la obligación de proporcionar una vivienda digna, un trabajo digno, una educación digna a todos, no nos damos cuenta de que la dignidad es subjetiva, que no te la puede arrebatar cualquiera de cualquier manera. Eso lo saben quienes han vivido situaciones dramáticas y denigrantes y las han sobrellevado con la cabeza bien alta sin perder un ápice de su dignidad.

Pero esas peticiones ciudadanas, plasmadas en propuestas y promesas políticas, escritas a fuego en los programas electorales, son un acicate para la degradación política. La razón es que esas promesas enganchan el voto de mucha gente bienintencionada pero dan pie a que esos gobernantes hagan mal uso del dinero de todos.

Lo que sí es indigno es utilizar la pobreza para obtener un mayor poder político, aprovecharse de la desesperación del parado para obtener más votos, usar la rebeldía de los grupos inconformes pero desorientados para atornillarse en la poltrona.

Y eso es lo que están haciendo nuestros políticos, los del gobierno, los de la oposición, los sindicatos, los independentistas, todos ellos financiados con nuestro dinero.

Una de las palabras de nuevo cuño que más odio es "empoderamiento". No estaría mal que cada uno de nosotros decidiéramos recuperar esos no-poderes. Para ello, es imprescindible que reconozcamos lo que no pueden hacer por nosotros, lo que estamos alimentando con esa visión buenista y reactiva, y adoptar una actitud más proactiva. Se trata de tomar la iniciativa. De no dar por buena su pretendida capacidad y retomar las riendas. De lo contrario seguiremos a la carrera como un caballo desbocado.