El pasado domingo se celebró una sesión de psicoterapia colectiva, al modo de las organizadas por las asociaciones de alcohólicos anónimos, que RTVE tuvo el gesto de retransmitir en directo porque a la vez se repartían los premios anuales de una determinada rama industrial. La cinematografía, y eso. El desfile de personalidades recogiendo galardones resultó muy interesante para comprobar la evolución de los pacientes, después de que el estallido de la crisis económica les cogiera con el dedo todavía puesto en la ceja y "cantando a la alegría". Van mejorando. Desalojado del poder su partido, ya pueden dar rienda suelta a sus explosiones emocionales ejerciendo de portavoces de las víctimas que ellos mismos han contribuido a machacar.
Hospitales sin mantas para los moribundos ni agua para mitigar su agonía, oleadas de suicidios a causa de la avaricia de los poderosos, niños traídos al mundo sin la menor garantía de que puedan recibir alguna instrucción pública, todo ello entreverado con observaciones pretendidamente irónicas sobre las golferías fiscales del partido en el poder, dieron forma a un espectáculo que nunca defrauda a sus incondicionales. Pero el momento mágico de la noche fue cuando una matrona prematura del cotarro hizo oficial su denuncia de un sistema "que roba a los pobres para dárselo a los ricos", que es la mejor definición posible del socialismo, aunque la pobre pretendiera con su frase señalar en sentido contrario.
¿Quiénes son los pobres y quiénes los ricos? Eso es algo que la susodicha no aclaró; no por el tiempo limitado de que disponía para su intervención, sino porque en la secta progre el análisis político se reduce a unos pocos sobreentendidos de carácter sentimental para separar a los buenos (los que piensan como ellos) de los malos (todos los demás). Si hubiera reflexionado antes habría evitado elegir como categoría disyuntiva el flujo monetario, puesto que todos los presentes, en última instancia, viven precisamente gracias al dinero que el "sistema" extrae de los pobres que no pueden dejar de pagar al fisco. Así pues, siguiendo su propia lógica, trabajar en un sector fuertemente subvencionado como el cine español les sitúa inmediatamente en el conjunto de los "ricos", que lo son gracias a que expolian a los pobres, según el viejo esquema marxista compartido por todos ellos.
La constatación de su propia vileza podría tener consecuencias irreparables en gente tan emotiva, pero afortunadamente para todos ellos el presidente del tinglado había dejado sentado minutos antes el dato esencial que consagra la dimensión ética de sus trinques cotidianos. Fue cuando afirmó que el cine es "un derecho de todos". Un derecho "humano", le faltó añadir, con la propuesta formal de que la ONU lo incluya de inmediato en su Declaración Universal. Porque, a pesar de todas las apariencias, los progres no roban a los pobres. Simplemente detraen del Estado una módica cantidad para otorgar carta de naturaleza a un derecho esencial de las capas más desfavorecidas: el de no ir al cine a ver sus bodrios. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos.
Hace varios días, el Partido Popular dio marcha atrás en el último momento y votó finalmente a favor de la admisión a trámite de la iniciativa legislativa popular (ILP) que solicita la dación en pago retroactiva, la moratoria de todos los desahucios y la promoción del alquiler social, y que ahora tendrá que debatirse en la Cámara baja.
Todo ello es un éxito de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y muy especialmente de su portavoz, Ada Colau, principal referente del movimiento antidesahucios. Colau, no ha parado de señalar que los desahuciados (y en general todos los españoles) fueron víctimas de una estafa, de un engaño y de desinformación masiva por parte del sistema bancario. Incluso habla de genocidio financiero.
Dejando de lado la retórica demagógica y populista de esta activista profesional, que normalmente acompaña con insultos y amenazas (ver también el final de esta carta enviada a UPyD), es necesario hacer una reflexión acerca de los verdaderos culpables de la oleada de desahucios.
Y los ganadores a ‘Los verdaderos culpables de los desahucios’ son:
Los bancos centrales
Son culpables por inyectar crédito artificialmente barato mediante la reducción de los tipos de interés, que provocó la burbuja financiera y propició que los bancos expandiesen crédito muy por encima de las tasas de ahorro de la sociedad. Esto permitió a las entidades financieras reducir los intereses a los que ofrecían crédito a largo plazo, como por ejemplo, el interés de las hipotecas, que cayó del 6,5% en 2001 al 3% en 2004. Por tanto, la semilla de la oleada de desahucios fue sembrada por los bancos centrales.
Los bancos
Pese a los incentivos perversos generados por los bancos centrales sobre los agentes económicos, los bancos llevaron a cabo prácticas empresariales que sólo pueden ser tildadas de arriesgadas y temerarias. Dieron la posibilidad de endeudarse masivamente a personas que dudosamente iban a poder hacer frente a ese crédito. De todas formas, si los bancos centrales no actuasen como prestamistas de última instancia y los gobiernos no salvasen a los bancos, es de esperar que fueran muchísimo más prudentes al conceder préstamos por temor a caer en default. Sencillamente, para evitar tragedias hipotecarias deberían suprimirse los privilegios a la banca.
Los hipotecados
He aquí el principal responsable. Por muy duro que sea admitirlo y por mucho que nos intenten hacer creer o contrario: los bancos no obligan a firmar hipotecas a nadie.
Los hipotecados quisieron vivir irresponsablemente muy por encima de sus posibilidades. Cegados por la posibilidad de poseer una vivienda en propiedad (que es un deseo muy digno), no se pararon a analizar el extremado riesgo que supone hipotecarse de por vida, es decir, hacer frente a las salidas de caja que mensualmente (cuota de la hipoteca) suponía la financiación del inmueble. En el caso que nos ocupa las salidas serían a lo largo de 30 ó 40 años, es decir, significa comprometerse a tener trabajo toda la vida.
Cada persona debe ser dueña de su destino y responsable de sus inversiones, tanto de las buenas como de las malas. ¿Qué diferencia de fondo hay entre un emprendedor que se endeuda en la creación de una empresa que finalmente fracasa y pierde todo su patrimonio y un desahuciado que pierde su casa? Ninguna. Y jamás he visto a estos activistas ponerse violentos y echar bilis por la boca para defender el patrimonio de ningún emprendedor o empresario. Posturas claramente asimétricas por motivos ideológicos.
Decir que el hipotecado carece de toda responsabilidad es falsear clamorosamente la realidad e intentar que el resto de la sociedad asuma y le exima de sus errores individuales.
La casta política
El espectáculo que ofrece la casta política es verdaderamente grotesco. No solamente han recapitalizado (rescatado) a las entidades financieras que erraron en sus estrategias empresariales, sino que además han claudicado frente a un grupo de presión (la PAH) que pide colectivizar las pérdidas de las ruinosas inversiones de una minoría. Un grupo que manipula los datos del número de desahucios descaradamente y que utiliza miserablemente los suicidios para justificar moralmente sus demandas.
Aquí se ve la verdadera naturaleza y acción de la casta política: intentar perpetuarse en el poder privilegiando a grupos de presión para obtener su favor.
Los medios de comunicación
Los medios han jugado un papel importante en aumentar la confusión y desviar la atención de los verdaderos culpables de los desahucios. Sus informaciones son demagógicas, políticamente correctas e ideológicas, carentes de cualquier análisis medianamente serio. Ello es debido a su profundo desconocimiento, a su sectarismo y a sus intereses con los grupos de presión y la política. Están ayudando a crear una sociedad más injusta, infantil y totalmente dependiente del Estado. También son culpables.
El resto de ciudadanos
También tienen su parte de culpa el resto de ciudadanos al no darse cuenta que son ellos los que pagan los excesos de una fiesta a la que no han asistido. Hay que tener claro que cualquier rescate, ya sea de bancos o de sus deudores (hipotecados), será pagado irremediablemente por el resto de contribuyentes ya sea vía impuestos o vía deuda pública.
El efecto inmediato de la aprobación de la dación de pago retroactiva será que, a partir de ahora, será muy complicado acceder a una hipoteca ya que el estudio de los riesgos será rigurosísimo y hará que las condiciones financieras sean más duras. Los diferenciales aumentarán previsiblemente hasta un 5-10%, las condiciones y avales exigidos a los prestatarios serán elevadísimos, el valor máximo de la hipoteca no será superior al 60% del valor de tasación y la hipoteca será a 15-20 años. Condiciones verdaderamente prohibitivas que sólo podrán afrontar perfiles con gran capacidad de pago. ¿No suena muy social, verdad?
Aunque quizás la consecuencia más profunda y perjudicial a nivel social de los rescates es que se privilegia a los ciudadanos e inversores imprudentes (que impagan) frente a los prudentes y responsables (que pagan religiosamente).
El único consuelo sería que los que impagan pasasen a formar parte de una lista de morosos a los que difícilmente se les volverá a conceder ningún préstamo como ocurre en otros países como Estados Unidos o Bélgica. Eso haría a la sociedad un poco más justa.
Si algo caracteriza a los sistemas productivos y a la economía en general es su complejidad. Una de las áreas a tener en cuenta a la hora de estudiar la estructura del capital de la economía y que se compagina muy bien con la teoría austriaca del capital es la llamada aplicación de la modularidad a la economía, que ha visto un importante desarrollo en la literatura del management y la organización empresarial o el diseño de producto por autores como Langlois, Christensen, Baldwin, Simon, Henderson, etc.
La teoría de la modularidad es un conjunto de principios que trata de gestionar la complejidad. Dividiendo un sistema complejo en partes que se comunican a través de conexiones estandarizadas formando una estructura, se puede gestionar un volumen de complejidad que de otro modo sería mucho más difícil. Los módulos no se comunican de cualquier manera, cada uno tiene su orientación, pues es más o menos complementario a otros módulos, y por ello forma una estructura, es decir, no es una mera lista de elementos sin relación coherente. Es algo parecido a la estructura de capital, compuesta por bienes de capital que también tienen características de complementariedad, especificidad, imperfecta divisibilidad, etc., y que también se conectan a través, por ejemplo, del sistema de precios o la empresarialidad formando una estructura coherente.
En el mercado habrá más o menos modularidad dependiendo de la estructura de capital existente. Puede verse el diseño de producto como un ejemplo en el que se observa esta mayor o menor composición modular según los recursos productivos sean organizados por los empresarios atendiendo a sus características.
Integración y modularidad en la arquitectura de producto (el caso de Apple)
Una empresa puede desarrollar un producto integrando toda la cadena de valor internamente; puede externalizar los servicios prestados por algún bien(es) de capital –o módulo(s)- subcontratando a especialistas, o bien puede directamente vender no sólo el producto terminado sino también algún componente del producto por separado.
En la mayor o menor integración en una empresa de la cadena de valor tiene un papel fundamental la capacidad de las empresas de mejorar sus productos en relación con la capacidad de los consumidores de absorber dichas mejoras. No en vano, no todos los consumidores tienen las mismas exigencias en cuanto al producto puesto que también la demanda es heterogénea.
Durante el proceso competitivo, las empresas tratarán de mejorar sus productos para liderar el mercado. Podría decirse que aquellas que tengan estructuras que más integran el proceso de producción tendrán una ventaja competitiva frente a las que presentan una arquitectura de producto más modular. Esto podría explicarse porque las primeras podrán aprovechar las interdependencias entre las partes del proceso productivo y así alcanzar más eficientemente (prueba y error) las mejoras deseadas: ante intento de mejora es necesario conocer la respuesta de los consumidores para al mismo tiempo modificar alguna(s) pieza(s) y/o su ensamblaje (es decir, interdependencias entre el consumidor, el ensamblaje de las piezas, las propias piezas componentes del producto, etc.).
Llega un momento en que el producto en sí cubre más que de sobra la funcionalidad o prestaciones demandadas por el consumidor. Es decir, los consumidores estarán felices de adquirir esos productos continuamente mejorados pero no estarán tan dispuestos a pagar precios cada vez mayores que cubran esos avances (por ejemplo, los televisores de alta definición, HDTV). Esto no significa que los consumidores no pagarán por cualquier mejora. Una vez ya tienen la funcionalidad deseada, sólo estarán dispuestos a pagar un precio premium por aquellos productos que cumplan exactamente lo que quieren y cuando quieran.
Es en esta fase donde las estructuras más modulares tendrán su ventaja frente a las más integradas porque serán capaces de ofrecer los productos de manera más rápida, flexible y receptiva. Las empresas más modulares podrán introducir nuevos productos más rápidamente porque podrán actualizar los componentes o subsistemas (módulos) sin necesidad de rediseñar todo el proceso de diseño o productivo. Además, dada la estructura modular, estas empresas podrán combinar los componentes del producto para ofrecer al consumidor lo que quiera exactamente. Por otra parte, al ser modulares, estas empresas soportarán no sólo menos costes generales que las más integradas sino que podrán aprovecharse y ahorrarse gran parte de las inversiones en I+D. Un ejemplo de todo esto es el de Apple (como empresa que integra gran parte de la cadena de valor) frente a empresas más modulares, como Samsung, etc., pero hay más y no sólo en mercados de alta tecnología.
Por tanto, la modularidad, una teoría aplicada a diversos campos del conocimiento y que ha encontrado un interesante desarrollo en economía, en la literatura del management y la organización empresarial, y que desarrolla en cierto modo la teoría austriaca del capital, tiene un profundo impacto en la estructura de la industria, muy útil no sólo para los consumidores que se benefician de los productos, sino para inversores, managers, empresarios, académicos, etc.
El cine es un derecho de los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos deben pagarlo. Esas son las reivindicaciones con que los profesionales de la subvención nos aburren gala tras gala de los Goya. Como además se dedican a insultar con fruición a una buena parte de su audiencia potencial, cada vez son más quienes piden sin éxito a los Gobiernos que hagan el favor de, cuando menos, poner una equis en la declaración de la renta para que se pueda objetar. Pero lo cierto es que tampoco hay tanta diferencia entre los caraduras del cine y los demás, que somos todos.
Vivimos en una época de inflación de derechos. Una organización a la que pertenezco, la Asociación de Internautas, ha batallado a favor de que la banda ancha sea considerada un derecho. Y lo peor es que lo ha conseguido. Cuando algo que no existía hace poco más de una década se transforma en derecho, ¿no hay nadie que se detenga a pensar si estamos haciendo algo mal? Tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, hasta al paisaje. Estamos llegando al punto en que tendremos derecho a todo lo que no esté prohibido.
Cuando se califica algo de derecho se producen principalmente dos efectos:
Se incentiva la irresponsabilidad. Si tenemos derecho a algo, nos lo tienen que dar, hayamos hecho algo para merecerlo o no. Así, tenemos a toda una vicepresidenta esforzándose por soltar la lagrimita mientras reclama el derecho a equivocarse, que al parecer consiste en que podamos comprar una vivienda que no nos podemos permitir sin sufrir las consecuencias de tan temeraria decisión. Ada Colau va un paso más allá y cree que ni siquiera ha existido equivocación, sino que la hipoteca era una obligación –de la que ellamilagrosamente quedó exenta– y, por tanto, quienes la firmaron forzados no deberían cumplir los términos del contrato.
Se diluye la importancia de los derechos de verdad, los que garantizan que puedas vivir la vida que elijas sin esclavizar a los demás en el proceso. El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que decía la Declaración de Independencia, y que el pobre Toni Cantó negó a los animales. Estos derechos son violados sistemáticamente a fin de garantizar, naturalmente sin éxito, todos esos otros derechitos que nuestros políticos han inventado o adoptado por todos nosotros. Y no sólo nos parece bien: es que nos indigna que haya quien pueda llegar a discutir que destinar su tiempo y dinero a lo que él prefiera, cuente o no con la aprobación del vecino, es un derecho que está por encima del de enfrente a destinar el tiempo y dinero de los demás a lo que a él más le guste.
El problema del cine es que ha pretendido que esta forma de pensar, mayoritaria en España, es potestad exclusiva de la izquierda, quizá por el monocultivo ideológico en que vive. Pero en lo demás no se diferencia nada de la industria de las renovables o de los empleados públicos –sean periodistas, profesores o médicos–, que convierten en derecho inalienable lo que no es más que un privilegio circunstancial.
Lo importante en este país socialdemócrata no es lo que hagas, ni la coherencia entre palabra y obra. Da lo mismo que dediques un premio a quienes "han perdido su casa" dos años después de protagonizar un anuncio de hipotecas o que clames contra un "sistema injusto que permite robar a los pobres para dar a los ricos" cuando vives del dinero que pagan por obligación personas mucho más pobres que tú vía impuestos. Tampoco importa que aplaudas las mamarrachadas antisistema de Colau mientras haces anuncios para el Banco Sabadell. Lo importante es tener el corazón en el sitio justo. Y que sangre mucho y muy públicamente por los demás. Bayona, ahí nos has fallado.
Este fin de semana la representante de nuestra izquierda más caviar ha tomado un baño de multitudes y se ha puesto en contacto con lo más indignados del pueblo de acera y pancarta. Y ha acabado llorando, la pobre Beatriz Talegón. En muchas pancartas se leía: "Rescatemos a las personas, no a los bancos".
La economía y las personas
No resulta fácil hacer un análisis, ni siquiera una reflexión, medianamente clara de la situación económica que atravesamos. Los intereses políticos y los medios de comunicación tienen bastante culpa de ello.
Desde el informe FUNCAS que se agarra a los datos, a algunos datos, para desmitificar la mala situación, de manera que uno acaba pensando que somos competitivos, que no tenemos un problema de gasto público y que ya ha pasado lo peor, pasando por Luis de Guindos, que nos cuenta desde la Cumbre del G20 que España ya no es el problema, que ya "nadie" duda de la banca española y que el foco no está sobre nuestra coronilla. Pero lo cierto es que seguimos sin tener un sistema productivo diferente a la construcción, que no sea el turismo, tan frágil. Lo cierto siguen siendo los millones de parados, los ERES, el empobrecimiento, el roto de la deuda pública en el bolsillo de los españoles, y la lentitud en los resultados de las reformas del gobierno que, aunque presentadas como el rien ne va plus no tienen el calado que podrían tener.
Después del goteo de artículos alertando acerca del problema de la deuda pública en España, por periodistas económicos tan sensatos como John Müller, ahora y sólo ahora, sale en portada. "Me sorprende porque los periódicos se supone que dan noticias" comentaba el propio John Müller. Y así es. No es noticia esa cifra tan descomunal. Se veía venir de lejos. ¿Por qué ahora es portada de El País? Pues para mí es un misterio. Pero, cada vez más, una tiene la sensación de que estamos huérfanos de periodismo económico de verdad. El morbo que genera el tema de los desahucios es un buen ejemplo.
El suicidio no es responsabilidad más que del suicida
De acuerdo, salvemos a las personas, pero no podemos desmantelar la seguridad jurídica de un plumazo. Porque eso afecta a las personas presentes y futuras, al sistema en el que vivimos. Muchos pensarán que, precisamente, de lo que se trata es de desmontar el sistema. Y tal vez me lo plantee hasta yo. Pero viene a mi memoria la frase "Esto no era, esto no era…" que tantos revolucionarios cargados de buenas intenciones debieron pronunciar a lo largo de la Historia, empezando por los franceses, que fueron depurados por el Terror.
Y, sin embargo, ahí andamos jaleando y prestando voz a quienes aseguran que tras un suicidio por desahucio se esconde un asesinato. Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, antigua okupa, que vive de alquiler y no ha tenido una hipoteca en su vida, va a los programas de mayor audiencia a ver si se sacan al mercado de alquiler las viviendas que son propiedad de los bancos a un precio social, si se consigue la dación en pago y si se aprueba la moratoria para los desahucios. Nada de ello soluciona el problema de los ya desahuciados, excepto si, saltándonos a la torera el orden jurídico, se implanta de forma retroactiva. Solamente la moratoria tendría cabida, porque la dación normal ya está contemplada.
Si llegamos hasta el final, con la lógica de Ada Colau, habría que pensar en quiénes son los responsables, y acabaríamos en los votantes, probablemente alguno de ellos miembros de la PAH. Si tiramos del hilo en busca de responsabilidades nos encontraremos a quienes legislaron, a quienes eligieron a los que legislaron, a los que firmaron sus contratos de hipoteca sin aceptar la dación en pago… Todos son responsables. Pero, en mi opinión, no de los suicidios, sino de la situación tan conflictiva. Detrás del suicidio hay un drama, y es una barbaridad y una falta de responsabilidad transformarlo en asesinato. Pero, claro, caldea el ambiente, da audiencia. Y porque el suicida no avisa, que hay periodistas capaces de ir a dar cuenta en directo de los últimos momentos del desesperado que no ve otra salida.
La ley y las personas
Lo que de verdad está minando la paciencia y la cordura de los españoles y, al tiempo, está devastando la imagen y la credibilidad de España son los escándalos de corrupción. Y aquí, las personas implicadas, no solamente han cometido un acto inmoral, sino que han dado un hachazo mortal a la base de las instituciones democráticas de nuestro país. No inspira mucha confianza el mismo Ministro de Justicia. No hay partido político que se libre. No hay administración pública que no esté bajo sospecha. La Corona, instancia máxima, no solamente tiene barro en los zapatos, además tiene muy mala estrategia de comunicación.
Regeneración, dicen. Preciosa palabra, pero lo cierto, es que nadie sabe por dónde empezar, más allá de la sugerencia extemporánea de Rubalcaba de cambiar el nombre al partido para ceder soberanía a favor del partido socialista europeo. Cárcel, propongo yo. Dimisión ante cualquier duda. Sentido del pudor. Vergüenza torera, en una palabra.
Los enemigos de los mercados libres suelen caracterizar el liberalismo como una ideología sometida a los intereses del empresariado, sobre todo del gran empresariado. Al muy conspiranoico modo, tratan de describir el liberalismo como un conjunto de hipótesis ad hoc dirigidas todas ellas a beneficiar a la plutocracia gobernante: impuestos bajos o inexistentes, ausencia de regulaciones laborales, defensa de la propiedad de quienes ya tienen elevados patrimonios, oposición a la mal llamada legislación de defensa de la competencia, etc. Ciertamente, dando una visión muy parcial y sesgada del asunto, la hipótesis podría resultar verosímil, si bien cuando escudriñamos un poco en la realidad podemos comprobar su escaso fundamento.
Para empezar, hay que decir que el liberalismo busca descubrir aquellos principios normativos universales y simétricos que permiten que cada individuo o grupo de individuos pueda satisfacer sus fines vitales de manera voluntaria, cooperativa y mutuamente beneficiosa con otros individuos o grupos de individuos. La materialización práctica de esta saludable premisa es que las relaciones humanas han de venir coordinadas sobre la base del respeto a la propiedad privada y a los contratos voluntariamente firmados, sin que ninguna persona tenga derecho a iniciar la violencia contra la propiedad privada ajena y las cargas que convencionalmente ha asumido (incumplimiento contractual). Por consiguiente, ya desde un comienzo no puede decirse que el liberalismo esté al servicio de la clase empresarial, pues los derechos y deberes fundamentales son los mismos para todos los individuos, sean quienes sean y se hallen en la posición en la que se hallen.
Claro que, frente a lo anterior, la respuesta más común suele ser: si un liberal defiende simétricos derechos y deberes para todos es porque sabe que esa igualdad jurídica beneficia a los empresarios frente al resto de la sociedad (por el motivo que sea: por ser los más hábiles, los más listos, los más guapos o los más ricos); el marco aparentemente razonable no deja de ser un subterfugio para consolidar un régimen de explotación empresarial: no puede tratarse de igual modo a quienes son diferentes.
Demostrar que el imperio jurídico de la propiedad privada y de los contratos voluntarios es beneficioso para todos nos llevaría demasiado lejos; baste decir a este respecto que si el mercado no es un juego de suma cero –y no lo es–, todos pueden salir ganando de la cooperación social, por mucho que algunas personas (las más perspicaces) sean capaces de obtener más beneficio de esa cooperación que otras personas, pero el caso es que todas tienen el potencial de salir ganando (unas más, otras no tanto). Lo que sí me interesa en este artículo es refutar la hipótesis de que todas las propuestas liberales son, en el fondo, una mascarada dialéctica dirigida a que el empresario pueda lucrarse con impunidad.
Ya de entrada, semejante paranoia se enfrenta con un problema irresoluble: los intereses de los empresarios y de los capitalistas no son ni mucho menos homogéneos. Dentro de una misma empresa hay distintos intereses en liza (por ejemplo, el capitalista quiere que el empresario no se le desmadre y el empresario puede intentar lucrarse a costa del capitalista: es lo que se conoce como problema del agente-principal); dentro de una misma industria, dos compañías pueden competir y batallar hasta que una de ellas desaparezca (verbigracia, dos fabricantes de teléfonos móviles o de sistemas operativos); dentro de un mismo sistema económico, diferentes industrias pueden reproducir esa feroz competencia para quedarse con los consumidores de la otra (por ejemplo, empresarios que fabrican máquinas de escribir y ordenadores personales); incluso dentro de la economía global, los intereses generales de unos capitalistas pueden estar enfrentados a los de otros capitalistas (por ejemplo, cuando escuchamos que los especuladores se están cebando con las acciones o con la deuda de una empresa, es evidente que los intereses de los especuladores están absolutamente contrapuestos a los de la empresa contra la que especulan). Si los liberales tuviéramos que defender militantemente los intereses de empresarios y capitalistas, colapsaríamos víctimas de un cortocircuito esquizofrénico: exactamente, ¿los intereses de qué empresarios o capitalistas habría que defender en cada momento? Aunque fueran los del mejor postor, ese empresario no siempre tiene por qué salir ganando con el libre mercado, pero los liberales coherentes siempre defienden el libre mercado, ¿cómo conjugar eso con las variables posiciones de cada empresario dentro del mercado?
Y es que, como digo, no es ni mucho menos cierto que todos los empresarios o que todos los capitalistas salgan permanentemente beneficiados de un mercado libre y, por tanto, no todos ellos –ni siquiera una mayoría– defenderán los principios del liberalismo, o no lo harán en todo momento. En realidad, el mercado libre sólo beneficia a aquellos empresarios o capitalistas que sean capaces de invertir adecuadamente su capital para satisfacer, mejor que el resto, las cambiantes necesidades de los consumidores… y sólo mientras sigan siéndolo: se trata, pues, de un entorno bastante incierto, hostil y mutable en el que pocos empresarios se sienten permanentemente confortables. Lo que la gran mayoría de empresarios desearía es que el Estado les garantizara su acotada parcela de actividad, sus beneficios mínimos anuales y otro tipo de canonjías que les permitieran disfrutar de la vida sin quebraderos de cabeza. Si los liberales estuvieran al servicio del empresariado, sus principales reivindicaciones consistirían en exigir al Estado regulaciones y gastos que maximicen el lucro empresarial. Pero es justamente al contrario: reclaman derogar todas esas regulaciones y gastos públicos que tan lucrativos resultan para cierta casta corporativa.
Por hacer un listado no exhaustivo, la inmensa mayoría de liberales se opone a este tipo de prebendas tan del gusto de muchos empresarios acomodados:
Precios garantizados, subvenciones o rescates. En un mercado libre, todas las empresas deben estar sujetas a los deseos de los consumidores. Eso implica que ningún capitalista tiene garantizadas sus rentas futuras, sino que éstas aflorarán en tanto en cuanto sigan siendo capaces de satisfacer mejor que el resto a los consumidores. Este principio, claro, no es sólo de aplicación a capitalistas y empresarios, sino a todos los agentes económicos (de ahí la muy extendida percepción de que somos esclavos del mercado); pero lo importante es que también les es aplicable a ellos. En consecuencia, los liberales se oponen a todo tipo de tretas estatistas dirigidas a burlar esta servidumbre al consumidor, como pueden serlo los precios garantizados (el Estado compra la mercancía estropeada de un empresario a precios más altos que los que están dispuestos a abonar los consumidores), las subvenciones (se obliga a los contribuyentes a sufragar un proyecto empresarial que no concuerda con sus gustos como consumidores y, por tanto, se somete a estos últimos a los caprichos del empresario) o los rescates (compañías fallidas que han destruido más riqueza de la que han sido capaces de crear y que deberían desaparecer pero a las que se les reflota en contra de los deseos últimos de los consumidores). Los empresarios gustan de precios garantizados, de subvenciones y de rescates; los liberales, no.
Barreras de entrada al mercado. Si el empresario debe servir al consumidor en todo momento mejor que los demás, es evidente que su puesto dentro de la organización económica peligra cada segundo. Puede que ahora mismo no conozca de ninguna amenaza, pero eso no significa que no se esté preparando en algún garaje o en algún despacho un plan de negocios que a corto, medio o largo plazo termine destronándolo. Los empresarios que se hallan dentro del mercado adoran, por consiguiente, todo tipo de trabas y de barreras de entrada que impidan que empresarios con nuevas ideas los desbanquen. Los liberales, en cambio, se oponen a toda regulación que bloquee esa sana competencia, precisamente porque la competencia permite enterrar a los empresarios menos eficientes: ni licencias, ni reglamentaciones que impongan gravosos costes iniciales, ni concesiones exclusivas, ni siquiera patentes. De nuevo, los empresarios ya asentados adoran las restricciones a la competencia; los liberales las detestan.
Aranceles y otras barreras proteccionistas. Una forma de protección contra la competencia que, por su importancia, ha adquirido entidad propia son los aranceles, las cuotas y demás barreras proteccionistas. Este armazón mercantilista blinda a las empresas nacionales de la competencia exterior, asegurando a los empresarios que se han especializado en atender al mercado interno que van a mantener su cortijo. Dado el tamaño de la economía mundial en relación con el de la economía nacional, sólo hay que pensar en la enorme desazón que siente un empresario nacional cuando, de repente, caen las barreras comerciales y se encuentra con toda una marabunta de potenciales competidores extranjeros. De ahí que muchísimos empresarios adoren el proteccionismo comercial, mientras que los liberales siempre han sido marcadamente librecambistas. Nuevamente, los empresarios van por un lado, los liberales por otro.
Crédito artificialmente barato. Capitalistas y empresarios suelen tener, al menos en un comienzo, una relación pasional con el crédito barato. Muchos empresarios venden la mayor parte de sus mercancías a crédito (viviendas, grandes electrodomésticos, automóviles, etc.), de modo que, a más crédito, más ventas. Asimismo, para montar una empresa, o para multiplicar sus rendimientos, es necesario capital, y una forma de obtener ese capital de manera asequible es con un volumen de crédito artificialmente abaratado. A su vez, los empresarios proveedores de ese crédito artificialmente barato y abundante –los banqueros– también obtienen plusvalías extraordinarias por su mayor volumen de negocio. Por tanto, casi todos los empresarios están encantados con las expansiones crediticias derivadas de la privilegiada situación de los bancos. Por el contrario, los liberales rechazan las manipulaciones inflacionistas del crédito e incluso llegan a proponer para evitarlas el abandono de la moneda fiduciaria y el cierre de esos monopolios estatales llamados bancos centrales que tanto convienen y benefician a los bancos privados. Otro punto donde empresarios y liberales chocan de frente.
Planes de estímulo y obra pública. Una posible derivada de las expansiones crediticias es el endeudamiento estatal dirigido a acometer todo tipo de proyectos disparatados, como puede ser la obra pública megalómana. Muchas empresas están encantadas con tales planes de estímulo por cuanto incrementan sus ingresos (sobre todo, las que son directamente beneficiarias de los contratos estatales, pero también aquellas que salen ganando por el estímulo temporal del gasto agregado). De hecho, tales estímulos no son más que una forma de subvención y, como todas las subvenciones, son rechazados frontalmente por los liberales. Otro ejemplo de no coincidencia de pareceres entre unos y otros.
En suma, que los liberales defiendan un marco jurídico donde los mejores empresarios puedan prosperar y enriquecerse no significa que estén a su servicio, pues también es un marco donde los malos empresarios –sin las redes y los privilegios estatales– están condenados a fracasar y arruinarse; y sucede que los empresarios exitosos de hoy pueden ser los fracasados de mañana. Si los liberales defienden ese marco es porque es el marco óptimo para que todos satisfagan sus necesidades: pues los mejores empresarios se enriquecen sólo después de haber generado mucho valor para los consumidores. La realidad, pues, es más bien la opuesta: son los antiliberales intervencionistas quienes recurren a todo tipo de argucias estatistas para socavar la soberanía del consumidor y, consciente o inconscientemente, llenar los bolsillos de los cuatro empresarios afines al régimen.
Desde que estalló la crisis, España se está deslizando poco a poco, pero de forma constante y cada vez más creciente, por la deriva del populismo y la demagogia más mezquinos y aberrantes. El famoso dicho ¿qué hay de lo mío? está impregnando la sociedad española desde hace ya casi un lustro. Tras el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria en 2007, los promotores y grandes inmobiliarias fueron los primeros en reclamar al Estado un "rescate", a costa del dinero de los contribuyentes, argumentando que su caída como "sector estratégico" era intolerable, ya que su colapso acabaría arrastrando al conjunto de la economía nacional. Poco después, el sector del automóvil, otro de los grandes beneficiados por el chorro de crédito fácil y barato propio de la década pasada, utilizó la misma excusa para solicitar ayudas públicas de todo tipo. Un par de años después, y ante la evidencia de que la tormenta no escampaba, la crisis golpeó de lleno a la banca española. Fusiones arbitrarias de cajas, con el respaldo y el aval de la deuda pública, préstamos que luego se convirtieron en ingentes inyecciones de capital y la reciente creación del ‘banco malo’ fueron las herramientas empleadas por las autoridades políticas para salvar a la mitad del sector financiero de una quiebra inevitable. Pero la cosa no terminó ahí, ni mucho menos. La crisis bancaria dejó otros damnificados colaterales a su paso… Titulares de participaciones preferentes, accionistas de cajas de ahorros e hipotecados que ya no podían hacer frente a sus cuotas se organizaron, igualmente, para reclamar lo suyo, alegando todos ellos que fueron víctimas de una "estafa" y un "engaño masivo". El Estado, es decir, el bolsillo de los contribuyentes, debe rescatarlos, alegan.
Por desgracia, el Gobierno, antes el PSOE y ahora el PP, han ido cediendo a cada una de estas reivindicaciones, en mayor o menor medida, redistribuyendo así el coste de la crisis de forma injusta y contraproducente. Se trata de un esquema que, por definición, castiga a los ahorradores y prudentes al tiempo que premia a los irresponsables e incautos. De este modo, asistimos a la reproducción del clásico cuento de la cigarra y la hormiga, solo que en la vida real. Se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, violando así de forma flagrante uno de los principios esenciales del capitalismo. Veámoslo con un ejemplo ilustrativo:
Juan dejó sus estudios en el instituto atraído por el dinero fácil y rápido que hace ahora una década ofrecía el sector de la construcción. Con apenas 20 años, y sin necesidad de cualificación alguna, ya ganaba cerca de 3.000 euros al mes. Juan, sin embargo, lejos de llevar una vida austera, no ahorró dinero y optó por llevar un buen nivel de vida a base de deuda. Se compró un gran piso de 350.000 euros, bajo la ilusoria creencia de que nunca bajaría de precio, y un buen coche (otros 50.000 euros). El escaso dinero que ahorraba, tras el pago de las consiguientes cuotas crediticias, se lo gastaba en viajes y en cenas. Además, y puesto que aún le sobraba algo, aconsejado por el director de su sucursal y sin tener conocimiento alguno sobre el mundo de las finanzas y la inversión, decidió comprar acciones de un banco, entonces en pleno apogeo, e incluso algunas preferentes para obtener una renta a tipo fijo -se comercializan desde finales de los años 90-. Pero la crisis estalló. Juan perdió su trabajo y empezaron los problemas.
Su vecino Pedro, sin embargo, llevaba una vida diametralmente opuesta a la de Juan. Acabó sus estudios universitarios, hizo un máster en una buena escuela de negocios con el dinero que fue ahorrando durante su época de estudiante -trabajando en vacaciones- y aprendió idiomas. Tras años de esfuerzo y dedicación a formarse, Pedro comenzó trabajando de becario en una multinacional. Durante los primeros años de burbuja, su sueldo era tres veces inferior al de Juan, pero gracias a su buen desempeño fue escalando puestos en el seno de su empresa hasta ser nombrado directivo. Aún así, y pese a cobrar 5.000 euros netos al mes, optó por seguir viviendo de alquiler -se trasladó a una buena urbanización- y llevar una vida austera, sin grandes lujos, a fin de ahorrar de cara al futuro. Gracias a sus conocimientos financieros, eligió un buen fondo de inversión a largo plazo. Llegó la crisis, pero ésta no golpeó a Pedro ya que, si bien la multinacional en la que trabajaba se vio afectada en España, siempre tendría la opción de trasladarse a alguna de sus filiales en el extranjero, mejorando incluso sus actuales condiciones laborales.
Pese a todo, Pedro fue obligado a compartir el reparto de la carga de la crisis. Cuando estalló la recesión, su vecino Juan, pistola en ristre (Estado), le exigió que destinara parte de sus ingresos a avalar la inmobiliaria en la que aún trabajaba para evitar su quiebra; aún así su compañía acabó cerrando y Juan, ya en el paro, obligó a Pedro a sufragar su prestación de desempleo; posteriormente, éste también se vio forzado a colaborar en el rescate de las entidades financieras para salvar el depósito de su vecino; e incluso tuvo que aportar dinero extra para que Juan recuperase sus preferentes, sus acciones y evitar que le desalojasen de su casa por impago de hipoteca.
Juan, que durante los años de burbuja no se privó de nada y vivió muy por encima de sus posibilidades reales, disfrutó plenamente, cual cigarra, de los beneficios obtenidos durante la época del boom económico, mientras Pedro, cual hormiga, iba construyendo poco a poco unas bases sólidas de cara al futuro a base de esfuerzo, ahorro y prudencia. Sin embargo, con la crisis ya encima, Juan saqueó el bolsillo de Pedro para cubrir sus propios errores, manteniendo así buena parte de las ganancias obtenidas en el pasado. Juan ha sido premiado, Pedro, por el contrario, castigado. ¿Es justa esta redistribución de cargas? La respuesta, evidentemente, es no.
Amplíen este enfoque individual a nivel social y comprobarán que éste es el esquema básico que está siguiendo el Estado para paliar la crisis. España cuenta a día de hoy con una de las fiscalidades más elevadas del mundo desarrollado como consecuencia del rescate indiscriminado de empresas y particulares y, por supuesto, del mantenimiento de una estructura administrativa y de gasto público totalmente desproporcionada, propio aún de la época de burbuja. La asfixia que sufre hoy Pedro se debe al auxilio de empresas que deberían haber quebrado (o rescatadas por vías privadas, como es el caso de la banca), a la cobertura de errores de inversión cuya responsabilidad es estrictamente individual (preferentes, acciones e hipotecas), así como al pago de un Estado ingente. La caída de los sectores más beneficiados por la expansión crediticia ha sido amortiguada a costa de empobrecer a los demás, ralentizando así la imprescindible reordenación de la estructura productiva, al tiempo que se subsidia a parte de la población en lugar de liberalizar por completo la economía para que se incorporen nuevamente al mercado laboral cuanto antes, asumiendo, eso sí, el coste de sus malas inversiones. Bajo el lema ¿qué hay de lo mío? no sólo se esconde una brutal hipocresía y demagogia, aderezadas con una creciente dosis de populismo de efectos desastrosos, sino, sobre todo, una injusticia, simplemente, intolerable: que paguen justos por pecadores.
“Protectionism teaches us to do to ourselves in time of peace what enemies seek to do to us in time of war”. Henry George
El G20 se presenta divertido. Guerra de divisas, proteccionismo, represión financiera y todos diciendo que la culpa es del otro. Esto en un entorno de economías en contracción, como mostraron los datos de Alemania, Francia o Italia, y agotamiento, como vimos con la producción industrial de Brasil o México.
¿Las primeras víctimas de la Guerra de divisas?… Las exportaciones –las que nos iban a sacar de la crisis- de la zona euro cayeron a los peores niveles de los últimos cinco meses en diciembre (-1,6%). Alemania -3,4% en un mes; Francia, -1,7%; Italia y España, en tablas.
"No escucho nada más que devaluación, desconfianza e intervencionismo". Estas palabras me las decía ayer un ex-colega de Citadel que vive en Moscú y está invitado a la reunión de los ministros de finanzas de los veinte países más poderosos del planeta. "Nadie se fía de nadie. Todos los países quieren que los demás dejen de intervenir, pero seguir haciéndolo ellos".
Y es que no me creo el espejismo del acuerdo de "libre comercio" con la UE que anunció Obama a bombo y platillo (léanse el post de McCoy). ¿Por qué?.
– Porque lo que esconde bajo el titular es proteccionismo bilateral, y los otros estados del mundo, de los que dependen nuestras exportaciones y la energía que consumimos, no lo van a consentir fácilmente.
– Porque empobrece a los países en vías de desarrollo, que son el futuro de dichas exportaciones. Arruinar a tus clientes nunca es una buena política.
– Porque la historia nos ha demostrado que los acuerdos bilaterales entre administraciones intervencionistas nunca fructifican porque las dos partes quieren lo mismo, pan para mí, promesas para ti. La administración Obama y la Unión Europea han multiplicado por cuatro sus medidas restrictivas al comercio durante los últimos siete años, y además las dos partes necesitan de la debilidad del otro para tapar el agujero de desindustrialización que comentamos aquí. Un agujero que se agranda precisamente por las medidas intervencionistas y restrictivas, aunque se nieguen a admitirlo.
La gente se asusta con la crisis, pone demasiada fe en unos estados obesos e incompetentes y espera soluciones milagrosas.
Queremos proteccionismo en casa, defender nuestros derechos adquiridos y salir de nuestra crisis exportando a los mismos países a los que les negamos acceso ("protect at home, stay open abroad", World Trade Organization). Primero entregamos el futuro de nuestras economías al crecimiento chino y brasileño, proteccionistas donde los haya, y ahora estamos en el callejón sin salida. Hemos caído en la trampa, y queremos ser China, pero con sueldos y privilegios americanos. Y no funcionará.
Según el instituto Nielsen, el 40% de la población europea pide medidas que restrinjan las importaciones del extranjero. Todos sabemos cómo termina esta carrera, pero la gente –asustada- pide repetir los mismos errores del pasado. Devaluaciones competitivas, proteccionismo, acusaciones mutuas… 1930.
Todo esto enmascara un problema de unos países que van perdiendo competitividad a medida que el peso del estado fagocita más del 50% de la economía y, consecuencia de ello, el endeudamiento se dispara. No es casualidad que los más endeudados y con más gasto público "exijan" que su modelo se financie gratis, pero "los que quieren vivir del estado olvidan que éste vive de todos los demás", como decía Bastiat.
En vez de entender que creamos estructuras que consumen más de lo que producen, y cuya productividad marginal empeora, buscamos proteger el bienestar del estado –que no el estado del bienestar- poniendo puertas al campo. Directos a 1930 con el aplauso del pueblo, sin el pueblo.
Verán ustedes como las conclusiones del G-20 son que no hay guerra de divisas y que no se deben poner barreras al comercio mundial. Y el lunes volverán todos a casa intentando devaluar y restringir.
Proteccionismo es negar la realidad
Una economía de alta productividad sobrevive en un mercado globalizado y genera sectores ganadores que venden incluso en países "proteccionistas". ¿Ven ustedes a las empresas de alta tecnología y fuerte valor añadido –no dependientes de subvenciones y favores estatales- preocuparse por restricciones en algunos países? No. Pero seguimos empeñados en sacar la última gota de sangre a un modelo industrial global obsoleto.
Si todos los estados quieren pelearse por defender las migajas de una tarta decreciente, por fabricar coches baratos, planchas de aluminio, ladrillos, molinillos o tubos de plástico, la carrera es hacia cero. Nunca se gana. Se enmascara la realidad. Pero lo pagan los ciudadanos empobreciéndose. El que no se empobrece es el monstruo estatal, que crea más y más comités para regular.
Intentar proteger industrias y sectores indefendibles no solo niega la realidad, sino que imposibilita que los países en vías de desarrollo crezcan. Somos tan arrogantes y avariciosos que endeudándonos y devaluando, o subvencionando a granjeros para que no produzcan, dejamos que la inflación y la pobreza hundan a nuestros vecinos. Fastidiar a tus clientes. Luego mandamos unas ONG a estudiar el problema. Pero eso sí, queremos "exportar para salir de la crisis".
El proteccionismo y la intervención son el problema. Gobiernos miopes que solo saben parar y entorpecer, cobrando, no facilitar.
Guerra de divisas global: cuando todos suspenden, solo pasa de curso el menos malo
Siempre lo digo, una economía de alta productividad sobrevive a una moneda fuerte. Sin embargo, una economía de baja productividad no sobrevive ni siquiera con una moneda débil. Los bancos centrales siempre niegan que haya guerra de divisas, igual que el chaval al que pillan haciendo una trastada. Siempre dice que no es culpable.
Si piensan que los otros países del G-20 se van a quedar tranquilos con el comunicado vacío de este fin de semana y no contraatacar haciendo lo mismo –devaluar y restringir-, piénsenlo de nuevo. ¿Unos países que han aumentado sus medidas restrictivas en periodos expansivos van a dejar de hacerlo en periodo de crisis? Sí, todos saben que saldrán perdiendo a medio plazo, pero a pesar de la evidencia empírica (lean "This time Is Different", de Ken Rogoff), prefieren llevar a cabo medidas de "shock" que den la apariencia de "acción" y "protección".
Devaluar es una excusa para sostener un gasto político excesivo y no soluciona un modelo productivo de bajos márgenes. Es una salvajada que crea inflación, empobrece a los ciudadanos y transfiere rentas de los trabajadores y ahorradores al gobierno y a sectores en decadencia. Se empobrece a los ciudadanos, enriqueciendo solo a unos pocos porque suben los activos de riesgo -inflación-… La ilusión de crecimiento económico falso. Nuestras devaluaciones "competitivas" de los 90.
Dónde invertir
Ojo. Cuando todos hacen lo mismo, el efecto "enriquecimiento falso" bursátil no funciona y cuando lo hace, dura poco… Pero cuando añadimos intervencionismo, los resultados empresariales se desploman –represión financiera-, bajan los márgenes y se contraen los múltiplos. Eviten los valores en sectores "estratégicos", que pasan a ser "cajeros para los estados". ¿Materias primas?. Solo aquellas donde se controle el suministro –petróleo, por la OPEP- porque proteccionismo con devaluación implica demanda decreciente. Y no olvidemos las palabras de Jim Rogers: "Tras las guerras de divisas vienen las guerras comerciales, y detrás de ellas las guerras convencionales". Ojala nos equivoquemos y paremos esta locura. Pero no olviden el riesgo geopolítico en esas empresas tan "diversificadas", porque las valoraciones sufren.
¿Más estado y devaluación? Desastre seguro
Ante esta situación, el modelo que nos proponen nuestras "plataformas ciudadanas de prime time TV" está en Latinoamérica. Gasto público, modelo social y devaluación. Chávez sin petróleo. Las devaluaciones como las de Venezuela o Argentina, no son consecuencia de la guerra de divisas ni de ataques especulativos. Chávez ha hecho cuatro devaluaciones desde que ha llegado al poder por el gasto excesivo; ha arrasado la caja de la petrolera nacional, PdVSA, en "proyectos sociales" (11.000 millones de dólares al año), convirtiéndola en la petrolera más endeudada del mundo; y vaciando de dólares sus arcas no ha mejorado la pobreza de un pueblo devastado por la inflación del 22% y entregado a la economía sumergida. En Argentina, un empleo subvencionado y la intervención masiva de la divisa han disparado la inflación al 27%. En 1997, los empleados del sector público eran 720.000. En 2011, 1,5 millones, más del doble (Idesa). Un 5% del PIB son subsidios, con un gasto de estado hipertrofiado. "Demanda interna" lo llaman. Un éxito social. Devaluación constante e inflación desbocada.
…Y esos países tienen petróleo.
En España, para poder exportar cualquier bien hay que importar energía y materias primas, y al devaluar, éstas se encarecen. Correr para quedarse en el mismo sitio, el cuestionable efecto positivo a corto plazo se disipa a medio ("Contractionary Effects of Devaluation", Journal of International Economics).
Si todos los países intervienen, la economía global se estanca. La velocidad del dinero, que ha caído estrepitosamente, se desploma, y la inversión también. Pocos invierten en proyectos a largo plazo cuando se manipula las monedas y se introducen medidas restrictivas. Si devaluar e intervenir fuera la solución, Venezuela, Argentina o Zimbabwe serían los reyes del mundo.
De donde no hay no se puede sacar. Tanto que critican algunos a Reino Unido, aprendamos de sus errores y de la inutilidad de imprimir moneda. No reduce los recortes, ni mejora la deuda -porque se sigue generando déficit – ni soluciona el modelo productivo.
Mientras tanto, la demanda mundial de oro alcanzó un récord de 236.000 millones de dólares en 2012. Los bancos centrales compraron a niveles no vistos desde 1964. Confianza incuestionable.
Espero ansioso ese comunicado del G-20 diciendo que no hay guerra de divisas ni proteccionismo y que todo es mentira.
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