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La defensa de lo indefendible y sus agujeros (y II)

La defensa de lo indefendible y sus agujeros (I)

Block dice que los vendedores de droga, en la situación actual de ilegalización, contribuyen a bajar sus precios asumiendo riesgos personales importantes. Pero no considera que a menudo venden productos nocivos, adulterados, de calidad defectuosa, y que suelen utilizar la violencia, con múltiples daños colaterales, para limitar o eliminar a la competencia y así poder mantener en lo posible un monopolio geográfico y precios más altos.

La corrupción del sistema policial y judicial es un fenómeno complejo: por un lado permite que al menos cierta cantidad de droga llegue al mercado a precios algo más bajos; pero por otro genera incentivos para dar poder a policías, jueces y políticos corruptos que tal vez se comporten igual de mal en otros ámbitos de interés común.

Sobre el adicto a las drogas, Block afirma que la opinión mayoritaria (sobre cualquier tema), la mayor parte de las veces, ha sido errónea: es una proposición muy genérica y atrevida para la cual no ofrece ninguna evidencia. La mayoría se puede equivocar, y puede hacerlo muy a menudo, pero asegurar que lo hace la mayor parte de las veces es simplemente excesivo porque en realidad no puede saberlo.

Block asegura que la heroína no puede dañar a nadie excepto a su usuario. Efectivamente el efecto directo nocivo del abuso de una droga sólo lo sufre su usuario; pero el posible deterioro físico y psicológico de un adicto puede doler también a sus seres queridos, que se preocupan por su bienestar.

Los capítulos dedicados al chantaje, al libelo y a la libertad de expresión son especialmente interesantes y problemáticos: ¿existe una libertad de expresión ilimitada o debe restringirse por cuestiones como la intimidad y el honor?; ¿es el derecho de propiedad de cada individuo sobre sus órganos lingüísticos y sobre los medios de comunicación la única norma éticamente legítima?; ¿es legítimo reclamar dinero a cambio de no decir ciertas cosas?

La comunicación es una de las acciones más importantes para los seres humanos, que como animales hipersociales utilizan el lenguaje para interaccionar, relacionarse, compartir información, presentarse ante los demás y manipular a los demás. A los individuos suele importarles lo que otros piensan y dicen de ellos, valoran mucho su reputación y su estatus social, y quieren preservar ámbitos de intimidad. La fuerza física produce daños físicos que se sienten como tales a nivel psicológico; el lenguaje también puede utilizarse para producir daños percibidos subjetivamente (insultos, burlas, difamaciones, difusión de información perjudicial, críticas destructivas, engaños), o para avisar de la posible realización de alguna acción nociva y negociar al respecto (amenazas, chantaje).

La forma más simple de regular el uso del lenguaje, compatible con el derecho fundamental de propiedad, es que cada sujeto tenga pleno derecho a expresar o callar lo que quiera, verdadero o falso, con sus propios medios, sin poder exigir a los demás que le atiendan o le proporcionen recursos para difundir su mensaje; pueden regularse restricciones siempre que sean aceptadas de forma contractual.

Ciertas normas tácitas tradicionales del lenguaje pueden servir para preservar la armonía en un grupo. El lenguaje puede utilizarse para causar conflictos o para ayudar a resolverlos, para fomentar la paz o para avivar el enfrentamiento violento. La convivencia social depende de cómo se utilice y regule el lenguaje. La distorsión de la realidad, la exageración, la mentira y la hipocresía son esenciales: las relaciones amistosas dependen de realizar expresiones de afecto o interés por los demás que suelen ser poco realistas, y de no hacer comentarios ofensivos o molestos; los enemigos sin embargo pueden y deben ser criticados y demonizados.

Estas costumbres sobre el lenguaje, que pueden llegar a convertirse en ley efectiva, tienen diversos inconvenientes: los individuos intentan hacer trampas, pretendiendo ser muy escrupulosos en público pero incumpliendo la norma en privado (cotilleos, rumores, difusión anónima); las normas se utilizan para que no se sepan ciertas verdades, especialmente aquellas que perjudican a los más poderosos; se difunden presuntas verdades oficiales que en realidad convienen a ciertos intereses; prohibir expresiones según si son o no verdaderas implica que alguien conoce la realidad con seguridad, lo cual es muy problemático, y puede dificultar el descubrimiento de la verdad mediante la exploración y el debate crítico entre alternativas.

Existen sesgos psicológicos que favorecen por lo general creerse las cosas frente a no creerlas. Un sano escepticismo puede ser una barrera efectiva contra el engaño (y el autoengaño), pero requiere un cierto esfuerzo de atención crítica. Los individuos pueden volverse muy crédulos si piensan que el gobierno garantiza de forma efectiva la veracidad de las expresiones.

Block afirma que el chantaje contra algunos homosexuales concretos puede haber contribuido a liberar a los homosexuales en general, al acostumbrar a la población a la homosexualidad al hablarse de ella. Esto es muy problemático: si un chantajista exige dinero a cambio de no revelar cierta homosexualidad, si el chantaje es efectivo no se hablará públicamente de la homosexualidad y hará que los homosexuales sean más cuidadosos para no ser descubiertos y sometidos a chantaje; para fomentar que un individuo reconozca su homosexualidad un chantajista debe amenazarlo con revelar algo peor.

A mi juicio Block, obsesionado con que no hay excepciones a la libertad de expresión, cae en el absurdo cuando asegura que la persona que grita “fuego” en un teatro lleno es un héroe que nos recuerda la importancia de la libertad de expresión; incluso imagina que se estaría prohibiendo a sádicos y masoquistas ejercer sus derechos. Parece no entender que existen normas de sentido común por defecto que no es necesario formalizar en un contrato porque se aceptan y entienden de forma tácita, y además sería muy costoso y ridículo explicitarlas en cada acceso a un local público.

Sobre los policías obsesionados con que se cumpla la ley, Block tiene razón en que pueden contribuir a hacer el mal si las leyes son ilegítimas y contrarias a la libertad de los ciudadanos. Pero eso no significa que el policía que vaguea y se echa una siesta sea digno de aplauso, ya que está recibiendo un salario a cambio de nada. El policía que acepta dinero a cambio de hacer la vista gorda y permitir una actividad ilegal pero legítima no está simplemente recibiendo un regalo: habría que ver qué hace ese policía si deja de recibir ese dinero; en realidad lo más probable es que esté chantajeando con un acto violento (el encarcelamiento) si no le dan lo que exige.

Block se equivoca de pleno al considerar un héroe al falsificador no gubernamental de dinero. Su argumento es que el dinero estatal es en realidad dinero falsificado, y que quien roba a un ladrón (o falsifica a un falsificador) no comete ningún delito: ambas ideas son erróneas. Que el Estado gestione mal y de forma ilegítima el dinero no exculpa a los falsificadores. Un monopolista no es un falsificador. Un banquero imprudente, público o privado, que emite demasiados pasivos (billetes y depósitos) o los respalda con activos ilíquidos no es un falsificador.

El dinero estatal de curso legal forzoso es una imposición liberticida pero no una falsificación, no pretende pasar por otra cosa que en realidad no es (salvo en los casos en los que se manipulaba el valor nominal de una moneda). El papel moneda del banco central fue en su momento una promesa de pago convertible o exigible a la vista (no eran certificados de depósito para guarda y custodia emitidos en exceso de las reservas disponibles); su no conversión implicaría un delito de impago, pero no de falsificación. Actualmente el papel moneda no pretende ser una promesa de pago de nada.

Block confunde el sudado de la moneda (agitar monedas en una bolsa para luego recoger y aprovechar el polvo de metal precioso) con su devaluación mediante el sellado a un valor facial mayor que el contenido metálico real.

Un problema típico de algunos liberales es que parecen querer deducirlo todo de algunos axiomas apodícticos irrefutables. Quizás no entienden que lo esencial en lógica es la consistencia, la no contradicción, y que hay proposiciones en los sistemas de ideas que no son simplemente deducibles. Al construir un sistema ético es posible que existan diferentes soluciones o propuestas alternativas para un determinado problema, sin que ninguna de ellas sea deducible de un principio abstracto fundamental: estas opciones deben tratarse como posibilidades, no como necesidades.

Por ejemplo: ¿qué deben decir las normas sobre la recepción y uso de bienes robados?; ¿depende la culpabilidad del vendedor o del comprador de un bien robado de su conocimiento del hecho de que es un bien robado?; ¿quién debe asumir las pérdidas cuando se descubre que un billete es falso? Según Block el que entrega un billete falso (se sobreentiende, supongo, que sin saberlo) es completamente inocente. Pero entonces ¿por qué afirma que probablemente la pérdida debería repartirse entre los dos? ¿Ese “probablemente” expresa que no está seguro de qué debe inferirse de los axiomas básicos de la ética de la libertad, o que reconoce que no hay una sola respuesta deducible de forma única?

Block afirma que no es ningún delito quitarle a un ladrón lo que ha robado, porque el ladrón no es el dueño legítimo. Efectivamente no se comete ningún delito contra el ladrón, pero sí contra el dueño original, ya que se está utilizando su propiedad sin su consentimiento. Quizás todo comprador o receptor de regalos debería asegurarse de que lo que recibe no es material robado o está sujeto a algún tipo de problema de legitimidad.

Que el sistema monetario estatal sea ilegítimo y defectuoso no implica que los falsificadores privados sean héroes. El falsificador privado viola los derechos de gente inocente, no beneficia a grandes cantidades de personas, y asume el mismo riesgo personal que los criminales en general.

Block asegura que el heredero será colocado en un merecido pedestal en nombre del individualismo y la civilización. Pero una cosa es insistir en la importancia del derecho de propiedad y la posibilidad de hacer regalos y otra muy distinta glorificar a quienes reciben herencias, que en principio no han hecho nada por nadie.

Al decir que uno de los grandes males de la caridad es que interfiere con la supervivencia de la especie humana, Block muestra que no entiende bien la evolución biológica, para la cual da una explicación superficial e incompleta. Los rasgos que se mantienen al ayudar caritativamente a otros no son necesariamente negativos o nocivos, sino simplemente menos aptos que otras variantes. El sentimiento moral de caridad suele activarse cuando puede hacerse un gran bien a un necesitado (que puede serlo por razones más o menos duraderas, por responsabilidad o por azar) a un coste bajo para el proveedor de ayuda, y especialmente si existe la posibilidad de reciprocidad y es importante la reputación social como cooperador en grupos de auxilio muto.

Al analizar al cascarrabias o gruñón que se niega a vender su propiedad y al hacerlo bloquea algún proyecto, Block afirma que cada persona es su propio dueño porque por la naturaleza de las cosas su voluntad controla sus acciones. Es el error típico de confundir el hecho del control (la posesión) con su derecho o legitimidad. Si yo consigo que mi voluntad controle el cuerpo de otros (mediante amenazas o algún mecanismo cibernético), ¿soy su dueño legítimo? Los animales tienen voluntad y controlan con ella sus acciones: ¿qué hacemos los seres humanos apropiándonos de ellos?

Respecto a la propiedad de terrenos que en el pasado fueron robados, según Block el actual propietario debe ser considerado legítimo si no se encuentra al propietario original o a algún heredero. ¿Pero significa esto que si uno consigue eliminar al propietario y a todos sus herederos se convierte en propietario legítimo?

Como a menudo se supone que los gobernantes son sabios y bondadosos, Block señala que en realidad los individuos que forman parte del gobierno no son diferentes del resto: por una vez se queda corto, ya que es probable que sean más necios, interesados o corruptos que lo normal.

Dos últimos detalles. Los especuladores no necesitan comprar y almacenar bienes sino que pueden operar mediante derivados financieros como opciones de compra y venta o contratos de futuros. Aunque las valoraciones son subjetivas, no son arbitrarias, y existen patrones comunes muy generalizados para la valoración estética: el desierto de una mina a cielo abierto no es equivalente a un desierto natural.

Gobernados por bandidos

En ocasiones la gente despierta de la sedación a la que nos somete el gobierno. Los hay que tienden a mitificar a sus políticos, a considerarlos ángeles que velan por nuestra libertad y prosperidad sin mirar por sus intereses. Pero ya están los propios políticos para recordarnos, insistentemente, que esa idealización no corresponde con la realidad. Cuando la prensa reveló que, supuestamente, la sede del Partido Popular se había convertido poco menos que en la trastienda de Los Soprano, en la que circulaban sobres con sobresueldos y regalos de agradecimiento, el sueño de muchos se disipó. El del PP no es un caso único, por supuesto. Más bien al contrario. Todo partido político que haya disfrutado de una determinada cuota de poder tiene sus casos de corrupción, sus muertos en el armario. Y cuando asoman, se apresuran a esconderlos como si no pasara nada, negando la evidencia ante la ciudadanía.

Muchos ciudadanos se preguntan: ¿Pero es que no hay político honrado? ¿Por qué todos están pringados? Es como si fuéramos presa de una maldición, como si fuera cuestión de mala suerte. Pero no, no es mala suerte. Es lo lógico. Ya lo decía Lord Acton: "el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Los únicos partidos que no están implicados en casos de corrupción son los que no tienen ni han tenido suficiente poder. Y si en algún momento pensamos que para acabar con la corrupción hay que votar a alguno de estos inmaculados partidos minoritarios, nos equivocaremos: tan pronto como lleguen al poder se corromperán. La solución a la corrupción no consiste en votar a éste o a aquél. No es un problema de personas, sino de incentivos.

Anthony de Jasay comienza su libro El Estado con una simple pregunta: "¿Qué harías si fueras el Estado?". Es sorprendente cómo a menudo nos entretenemos demasiado pensando en cómo nos gustaría que fuera el Estado, o cómo querríamos que el gobierno actuase. Y sin embargo dedicamos poca atención a pensar qué es realmente el Estado, cómo funciona, o cuáles son los incentivos de los gobernantes a la hora de determinar sus acciones. Al hacernos esas incómodas preguntas podemos descubrir que la corrupción no es un golpe de mala suerte, sino la natural respuesta a los incentivos a los que se enfrentan los políticos.

Ludwig von Mises afirmó en su gran obra La Acción Humana que "la corrupción es la consecuencia natural del intervencionismo". "Los políticos y empleados públicos no son seres angélicos. Muy pronto se dan cuenta de que sus decisiones suponen para los empresarios considerables pérdidas o importantes beneficios. Sin duda hay burócratas que no se corrompen, pero hay otros ansiosos por aprovecharse de cualquier oportunidad segura de compartir los beneficios con aquellos a los que sus decisiones favorezcan".

Cuando los políticos pueden tomar decisiones arbitrarias que suponen una ganancia para unos a costa de pérdidas para otros, que es en lo que se basa cualquier política intervencionista, se crean los perversos incentivos que conducen a la corrupción. En este marco, el responsable de tomar la decisión recibirá una gran presión por parte de los potenciales beneficiados o perjudicados, ya sea en forma de dinero o de servicios. Escapar una vez es posible, pero a largo plazo se hace más difícil resistirse. De hecho, como en política no sucede como en el mercado, en el que los que no sirven bien a los ciudadanos quiebran y quedan apartados, sino que incluso les beneficia si saben elegir quiénes deben salir favorecidos, este tipo de prácticas tienden a prosperar. Si los ciudadanos queremos realmente combatir la corrupción gubernamental debemos tener claro que el camino para esto no es pedir un cambio de personas, sino exigir una reducción del poder discrecional que disfrutan los políticos. Como escribió Anthony de Jasay: "La reducción de la corrupción resultará de forma natural como consecuencia de una reducción en el ámbito de actuación del gobierno".

Este pecado original, el del uso del poder para beneficio de unos a costa de otros, está en la propia esencia del Estado. El sociólogo alemán Franz Oppenheimer explicó de manera esclarecedora el origen del Estado en su libro Der Staat. El Estado nace en el momento en el que las antiguas bandas de saqueadores descubren que hay una forma más rentable de obtener riquezas que arrasar con los pueblos de campesinos: someterlos. Cuando se aniquila a los más productivos, éstos dejan de producir riqueza y no se les puede volver a saquear. Pero si los bandidos se instalan en el poblado y les rapiñan poco a poco, permitiéndoles continuar produciendo, los saqueadores a la larga salen ganando. El Estado, dice Oppenheimer, nunca surgió a partir de un inexistente "contrato social", como decían Locke o Rousseau, sino de la conquista. Del sometimiento de los productivos por los grupos más organizados para el saqueo.

Es cierto que el Estado ha evolucionado mucho desde entonces. Ahora incorpora, aunque muy imperfectos, algunos contrapesos que permiten al ciudadano tratar de fiscalizar la labor del gobierno y deshacerse de él cuando la mayoría se pone de acuerdo en que es excesivamente perjudicial. Pero tampoco se ha avanzado tanto como parece. La política sigue siendo un potente mecanismo que permite a unos vivir a costa de otros. Los gobernantes son elegidos por votación mayoritaria, sí, pero a partir de listas cerradas, sin competencia, entre partidos casi iguales y por un mecanismo con insuperables barreras de entrada. El ámbito de intervención del Estado es inmenso y arbitrario. Los políticos siguen sin ser responsables por el incumplimiento de ese supuesto contrato que contraen con los ciudadanos al presentarse a las elecciones, ni tienen que responder por los daños y perjuicios que puedan provocar. No se hacen responsables de sus actos, y eso se nota. Lo que nos han demostrado es que tampoco se molestan en disimular su verdadera naturaleza. No pierden la ocasión para recordarnos que en esencia siempre fueron iguales; que seguimos gobernados por bandidos.

Los peculiares compañeros de viaje del nacionalismo escocés

Que Reino Unido ha sido siempre un socio incómodo en la Unión Europea es un fenómeno que no admite discusión. Desde la negativa inicial a tomar parte en la CECA a las históricas dialécticas con motivo del Tratado de Maastricht, pasando por el famoso give my money back de Thatcher en los años 80. Simplemente son algunos ejemplos que ilustran la tesis.

El liderazgo de David Camerón no ha variado ni un ápice esta línea euro-escéptica. Por el contrario, paso a paso la ha incrementado. Consecuentemente, la convocatoria de un referendo de permanencia frente a abandono, siempre y cuando gane las elecciones de 2015, supone una muestra más.

Mayor importancia va a tener la consulta doméstica a celebrar en 2014, donde se decidirá la nada baladí cuestión de si Escocia se separa o no del Reino Unido. A día de hoy, es poco probable que triunfen los postulados del Scottish National Party (SNP), aunque su líder (y First Minister de Escocia), Alex Salmond, lleva haciendo campaña casi desde el momento en que ganó las elecciones (escocesas) por mayoría absoluta (mayo de 2010).

¿Está sólo Alex Salmond en la empresa independentista? Bien podría decirse que sí a tenor de sus recurrentes apariciones en los medios. Sin embargo, aunque es cierto que el SNP es el abanderado de la creación de un Estado escocés independiente, no es el único. En efecto, cuenta con algunos aliados que, aunque minoritarios, tienen un discurso tan peligroso como beligerante. El principal de ellos el Scottish Socialist Party (SSP), formación que se ha sumado a la cruzada pro independencia, con un mensaje que en las formas y en el fondo provoca incertidumbre, como sinónimo de miedo.

Así, el SSP es un partido que bebe en las fuentes de la ultraizquierda más rancia y reaccionaria, al que la plataforma creada por el SNP, YES SCOTLAND le otorga un buen altavoz para hacer llegar sus soflamas incendiarias, algo que de otro modo no podría hacer, puesto que carece de representación en el Parlamento de Edimburgo. En su día, tras las elecciones de 2003, la tuvo, pero el comportamiento antisistema de sus miembros, unido a la renovación del programa del SNP, hizo que la perdieran en 2007.

La independencia es percibida por los socialistas escoceses no como un fin, sino como un medio de cara a una meta mayor: la transformación de la sociedad capitalista en una socialista. A partir de ahí no es difícil imaginar los mantras que elaboran, en función de los cuales culpabilizan al gobierno británico de todos los males no sólo domésticos, sino internacionales también, obviamente junto con Estados Unidos.

Pancarterismo en su máxima esencia es lo que mejor de define el comportamiento del SSP. Apelaciones a la guerra de Irak, a la destrucción medioambiental, a (supuestas) violaciones de derechos de las minorías, colonización de Escocia por Inglaterra o ejercicio de la opresión por parte de Londres… son, bajo su punto de vista, realidades de las que es responsable el statu quo del cual el gobierno de coalición Cameron-Clegg sería simplemente un exponente más.

Esta visión radical es probable que choque con los planteamientos más moderados del SNP, lo que en última instancia minará las posibilidades de éxito Salmond y los suyos. De hecho, en unas declaraciones no excesivamente antiguas (agosto de 2011), el socialista Campbell Martin (otrora miembro destacado del SNP) afirmaba que el actual escenario político escocés era controlado por partidos de derechas, añadiendo que un gobierno del SNP en una Escocia independiente no sería diferente al de tories y laboristas.

Quizás, la mayor coincidencia entre ambos partidos radica en el significado utópico que conceden a la independencia. Ambos la conciben como el fin de los recortes y de los especuladores. Sin embargo, esta edulcorada visión carece de realismo, pues convierte a Escocia en una suerte de arcadia feliz, alejada de la realidad.

En definitiva, el SSP es un compañero de viaje problemático para los nacionalistas del SNP cuyo proyecto político, particularmente en lo que a las repercusiones jurídicas se refiere, presenta actualmente más interrogantes que realidades.

Libertad económica vs. corrupción en Canarias

Canarias, al igual que todo el territorio nacional, es un lugar con innumerables casos de corrupción. Faycán, Las Teresitas, Unión, Eólico, Brisam, Góndola o Arona, entro otros, son los nombres con los que son conocidos los procedimientos judiciales abiertos en las islas, y todos ellos se han producido por el mismo denominador común: la ausencia de libertad económica y el exceso de poder político.

La corrupción es un claro indicador de ausencia de libertad, profusión de leyes inútiles que impiden el desarrollo económico o existencia de importantes cantidades de dinero público cuyo pago ha sido abusivamente exigido a los ciudadanos.

Por ello, si observamos los casos de corrupción de Canarias, veremos que no se han dado en mercados poco regulados, como el de los juguetes o el textil, sino en los más intervenidos, como podrían ser el de urbanismo o el energético.

El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente, como explicó Lord Acton. Por esta razón, esta práctica consistente en la utilización de las funciones y medios públicos en provecho económico de sus gestores no se arregla con más leyes o regulaciones, pues eso la estimula, sino con más libertad y, por lo tanto, con menos poder político.

Pero esto es algo que los gobernantes canarios lamentablemente ni se plantean, si no lean la última entrada del ocurrente blog de Paulino Rivero, donde nos dice que necesitamos una «reforma constitucional que implique una profundización del autogobierno de las comunidades autónomas», es decir, que lo que necesitamos es más poder para él y su tropa y no más libertad o autogobierno de los canarios.

Los límites de los que ansían gobernarnos son cruciales, no sólo para la libertad de sus súbditos, sino también para extremar su honradez, como siempre dice mi amigo y maestro Carlos Rodríguez Braun. Pero esto es algo que no parecen entender el presidente del Gobierno de Canarias ni la gran mayoría de los políticos.

Si los trámites para la concesión de una licencia para abrir un local al público, empezar una reforma en nuestra casa o empezar cualquier otro negocio fuesen sencillos y breves, ningún político o burócrata podría pedir a los ciudadanos dinero para agilizar o conceder dicha licencia. De igual forma, se reducirían los escandalosos casos de apropiación o de reparto entre amigos de caudales públicos si estos fueran más reducidos.

Si realmente queremos acabar con la corrupción de nuestra sociedad se deben eliminar las innecesarias y excesivas regulaciones que los políticos han creado para controlarlo todo y reducir las ingentes cantidades de dinero exigidas a los ciudadanos, para que así haya un poder público limitado y una mayor libertad de los canarios.

El origen constructivista de un genocidio

En 1994 la opinión pública occidental asistió entre horrorizada y perpleja a uno de los genocidios más brutales y peculiares que se conocen. Entre abril y julio de ese año, en torno a un 70% de personas de la etnia tutsi y los pocos opositores hutus de Ruanda fueron asesinados en una operación dirigida por el gobierno, en manos de los hutu, y, aquí lo más característico, con la participación efectiva, masiva y directa de la población de este grupo. Quedó al margen de los titulares, como suele suceder, la responsabilidad del constructivismo social que los pioneros colonialistas alemanes y, en especial, los belgas que les sucedieron tuvieron en ello.

Hacia 1880 llegaron los primeros europeos y se encontraron con una sociedad estructurada en la que existía una jerarquía social, sin duda, pero con una red de vínculos que aportaban cohesión al conjunto. Se daba también una división grupal del trabajo que añadía elementos de coherencia y, por último, un sistema pautado de movilidad social ascendente y descendente que eliminaba tensiones basadas en el origen étnico. 

En aquel periodo una mayoría hutu se dedicaba a la agricultura, un 20% aproximadamente eran tutsis pastores y una exigua minoría pertenecía a la etnia twa (llamada entonces pigmeos) que transitaba desde la recolección a la alfarería. El grupo dominante, tutsi, tenía establecido con los hutus un sistema de patronazgos y relaciones clientelares que regulaba las relaciones así como los intercambios y, además, existían dos instituciones que encauzaban la movilidad social y actuaban de colchón suprimiendo la discriminación conflictiva entre ambos grupos. Una era la kwihutura (“dejar de ser hutu”), consistente en el paso de la condición hutu a la de tutsi, posible mediante alianza matrimonial o por vinculación completa de un linaje hutu a otro tutsi. El proceso contrario, “dejar de ser tutsi” (kwitutsira,) también se producía de manera regulada.

Los alemanes, al identificar al grupo hegemónico e instalar su administración imperial, decidieron delegar el poder en la minoría tutsi, para lo cual introdujeron en el imaginario nativo una reinterpretación de las diferencias étnicas que reforzara el poder delegado de los tutsis y, sobre todo, justificara su decisión acudiendo a argumentos de supremacía racial, tan en boga en la Europa decimonónica y de primeros del S.XX. La nueva mitología que asentaba la ingeniería colonial alemana otorgaba a los tutsis una superioridad racial sobre los hutus fabulando para aquellos un supuesto origen camítico, como provenientes del valle del Nilo, y una ascendencia europea. 

Tras la Primera Guerra Mundial, los belgas sustituyeron a los alemanes en el dominio colonial y continuaron con el mismo constructo social y sobre idénticos fundamentos ideológicos. Los agentes de penetración de esta ideología mítica al servicio del imperialismo eran misioneros de origen valón, a la sazón dominante en su Bélgica natal sobre los flamencos. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso mundial de descolonizaciones, los misioneros belgas en Centroáfrica pasaron a ser mayoritariamente flamencos. Quizá por constituir también el grupo marginado en su país de origen, los nuevos predicadores abordaron la cuestión étnica en Ruanda basándose en el mismo mito racial de sus antecesores pero enfatizando, al contrario que los valones, la injusticia cometida por los tutsis, advenedizos en África Central, sobre los hutus, nativos inmemoriales y legítimos propietarios de esas tierras. Sobre el mismo mito racial, se acentuaron los odios inversos, los del supuesto despojado hutu contra el invasor y depredador tutsi. De la versión supremacista se pasó así a la nativista, igualmente falsa, destructiva y foránea.

La descolonización ulterior trajo gobiernos hutus, al revés que en la vecina Burundi, donde los postcolonialistas tutsis mantuvieron el poder. No procede hacer un relato detallado de los acontecimientos desde la independencia en los años sesenta hasta el genocidio de 1994, pero sí señalar que ambos grupos étnicos dirimieron su historia imbuidos de unas ideas racistas e indigenistas llevadas desde Europa, que aspiraron, con una arrogancia fatal, a reinventar la sociedad centroafricana descoordinando una asentada estructura previa.

España se hunde. Todos somos Bárcenas

 En España existe un sistema de legitimidad formalmente democrático en el que debe regir la igualdad de trato y la transparencia, y el poder ejercerse de acuerdo a unas reglas objetivas. No obstante, este sistema tiene un núcleo de sustancia feudal o tradicional, basado en relaciones de dependencia y lealtad personales. Así, el Estado es visto como propiedad de los que lo controlan y en torno al poder se tejen redes clientelares.

Lamentablemente, ese sustrato feudal da su verdadero carácter a un sistema formalmente democrático. Es por ello que en España la democracia potencia la corrupción, porque multiplica los centros de poder involucrados en la compraventa de favores y la creación de clientelas.

España ha experimentado una eclosión de centros de poder político y empresarial al amparo del Estado. Por ello no son de extrañar las abundantes noticias sobre escandalosos casos de corrupción, que van desde el cartero Bárcenas repartiendo sobres negros a los ERE de Andalucía que financian farras de prostitución y cocaína, pasando por el Instituto Nóos, que salpica a la Corona.

Desde sociedades más modernas y por ello más genuinamente democráticas, como las del norte de Europa, se podría creer que se trata de casos aislados. Pero no. España acumula una larga lista de escándalos: cuando no son los sobres son los indultos a políticos, banqueros, kamikazes con influencias; estafadores que quedan libres porque los tribunales se han demorado en exceso, incluso monjas que mueren antes de ser condenadas por su presunta implicación en el robo de bebés recién nacidos… Un sustancioso guión con todos los ingredientes necesarios para una estupenda telenovela al mejor estilo venezolano.

Esa es la lamentable imagen que España está mostrando al mundo; la imagen de su corrupción, que no solo afecta a sus políticos, cada día más desacreditados: también nos habla de una sociedad donde, como se dice en Argentina, "el vivo vive del zonzo (tonto) y el zonzo de su trabajo".

La corrupción no es un problema exclusivo de España. También hay corrupción en Suecia y en Finlandia, los países más limpios según Transparency International. Seguramente hay allí corrupción en ocultos imperios financieros y en algunos ayuntamientos, pero sin duda son casos contados y no tardan en salir a la luz. Los más famosos escándalos políticos suecos deben de parecer irrisorios a los españoles. Un ejemplo es el caso Toblerone: Mona Sahlin, por entonces (1995) viceprimera ministra y la más seria aspirante a dirigir el partido socialdemócrata, compró una chocolatina con una tarjeta de crédito reservada para gastos oficiales. Por un Toblerone Mona Shalin hubo de olvidarse de ser primera ministra. Sus compatriotas, con independencia de su color político, la sentenciaron. Esto demuestra que, como dice el refrán, cada sociedad tiene los políticos que se merece.

La sociedad española, a diferencia de la sueca, pone el listón muy bajo en la aceptación de la corrupción. Admite el pago de bienes o servicios sin IVA, el recurso a las influencias, el plagio, el clientelismo, el amiguismo; muchas de estas prácticas ni siquiera se reconocen como corruptas. Aquí están las raíces profundas de la corrupción española.

La clave del éxito en la lucha contra la corrupción está en la transparencia total en las transacciones y los acuerdos públicos. A todos los niveles. Se trata de que los españoles, como los suecos, no estén dispuestos a pagar los toblerones de sus políticos.

ideasyanalisis.wordpress.com

La picaresca del siglo XXI: ricos y famosos

El corral nacional sigue alborotado. La prensa, los propios políticos y el público en general, sumidos en un mar de confusión, no hacen sino aumentar el ruido de fondo con sus voces, alarmadas pero vacías.

Que hay cuentas B, sobres bajo cuerda, pagos a la prensa, financiación irregular, que todo eso sucede en todos los partidos, que la corrupción vive entre nosotros, todo eso ya lo sabemos. Lo sabíamos. Lo suponíamos. Lo permitíamos.

Los mártires de la democracia española

La publicación de las declaraciones del IRPF y del Patrimonio del presidente del Gobierno, como era de esperar, ha levantado una polvareda de comentarios agrios por parte de todos. Unos, porque escudriñan entre los números tratando de buscar su rédito político como oposición, maltrecha y dividida oposición. Otros, porque consideran una afrenta que los focos se dirijan nada más que a Mariano Rajoy, en lugar de apuntar a todos los demás también y están rasgándose las vestiduras con los ojos en blanco.

Y lo cierto es que lo suyo sería tirar del hilo. De todos los hilos. Y llegar donde haga falta llegar. ¿A la Transición? Pues a la Transición. Y que salgan a la luz los pagos a la prensa desde entonces, los pactos ocultos con unos partidos y con otros, de derechas y de izquierdas. Pongamos encima de la mesa el golpe del 23 de febrero, sus entrañas, los actores, los vínculos, todo.

Saquemos la manguera y el detergente para limpiar los barros primigenios de nuestra democracia. Pero tengamos clara una cosa: aquí no hay santos, ni perfectos. Todas las democracias, y las no-democracias, se asientan sobre la misma base, sobre el mismo pilar que cualquier institución: la naturaleza humana. Y no, no es perfecta. Así que, probablemente, nos encontremos con que hasta el sistema más perfecto del país más "civilizado" está edificado sobre cimientos cuestionables. Y no pasa nada.

Tampoco se trata, por otro lado, de mitificar a nuestros padres de la democracia como si el mero hecho de haber participado en todo aquello les hiciera mejores personas, más formados, mejores políticos o más honestos. No hay mártires de nuestra democracia. Hay de todo, como siempre. Personas que tuvieron el firme propósito de salir adelante y políticos de medio pelo a quienes les tocó estar allí.

Tenemos los instrumentos

Lo ideal sería que nuestro modelo político generara incentivos para que la gente se esforzara, trabajara, viviera mejor, encontrara los medios para conseguir sus fines, sean estos aumentar la talla de pecho o ser una virtuosa del violonchelo. Para eso los ciudadanos tendrían que tener expectativas de que hay caminos para lograrlo. Para ello, el hombre en sociedad, desde sus orígenes, crea instituciones. Y justo ahora, cuando el sistema está cuestionado, se oyen voces desde todos lados clamando por una regeneración institucional.

Pero no se especifica qué es una regeneración. Verdaderamente ya tenemos instituciones que están diseñadas para velar por los ciudadanos: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia… ¿No funcionan? Tal vez se nos olvida que el problema del diseño ingenieril de las instituciones tiene el peligro de la manipulación. El diseñador, ese que sabe qué necesitan los demás y cómo. Manipula quien ocupa cada puesto, empezando por los jueces y acabando por los guardias de seguridad del Metro, y cierra el círculo asegurando puestos y dádivas.

No se va a decapar el sistema eliminando instituciones obsoletas o duplicadas. Es como decirle a un niño que devuelva la piruleta que le acabas de comprar, hay que tener muchos arrestos para devolverla: el niño sale corriendo y se la zampa antes de renunciar a ella. Lo que pasa es que, en el primer caso, la piruleta son fondos públicos, pagados con los impuestos de una población empobrecida.

Así que no son las instituciones las que fallan, son las personas.

Usted también nada entre corruptos

Y no solamente los jueces, los políticos y los medios de comunicación están implicados en este patético sainete. Somos la ciudadanía. Como decía Luis Garicano este fin de semana, debe ser la ciudadanía la que, igual que sucedió cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, diga ¡Basta Ya! de una vez por todas. La diferencia es que la corrupción no está solamente en los políticos o los periodistas, es un mal común a los españoles. ETA era un mal ajeno, no toleramos los delitos de sangre, pero sí el hurto y el trilerismo.

La famosa picaresca que retrataron tan bien Quevedo o Mateo Alemán debería habernos enseñado una lección. El pícaro, pobre de solemnidad, solamente puede sobrevivir mediante la estafa y el engaño. No tiene principios porque procede de una familia de delincuentes, de gente marcada por la cárcel o el deshonor, sin formación, ni moral. Es el anti-héroe español.

Nosotros no éramos pobres de solemnidad cuando en medio de la bacanal inmobiliaria consentimos lo que consentimos. Se nos supone cierta madurez como pueblo, cierto sentido del bien y del mal, cierta honestidad. Pero el comportamiento de los españoles, sinceramente, deja mucho que desear. No porque seamos unos ladrones, sino porque consentimos al ladrón. Por omisión. Y eso es casi más grave por lo que tiene de indolencia y desidia.

Y ahora, clamamos al cielo pidiendo cárcel para los corruptos. Estoy de acuerdo. Pero antes pensemos qué tiene que hacer cada cual para que no suceda más. Porque inocentes, inocentes… muy pocos.

La creación de la banca nacional

La Guerra entre los Estados supuso una revolución en el ámbito monetario en los Estados Unidos. No es algo extraordinario que fuera así. Charles Kindleberger dice en A Financial History of Western Europe que “la historia financiera no puede dejar de lidiar con la guerra. La guerra (…) moviliza una enorme corriente de recursos, y se utiliza las finanzas para movilizarlos. Las innovaciones financieras ocurren durante las guerras”.

En el momento en el que estalló la guerra civil, “el gobierno federal no emitía billetes de banco, y la moneda del país se emitía y gestionaba solamente por bancos privados”, según recoge Nathan Lewis en Gold, The Once and Future Money. El esfuerzo de la guerra requería del gasto de 1,7 millones de dólares al día, de media, cuando la deuda nacional total alcanzaba los 66 millones. El Gobierno Federal arbitró una importante subida de impuestos, principalmente el aumento de los aranceles y otros, más la creación de un impuesto sobre la renta. También emitió una gran cantidad de deuda. Pero no fue suficiente. De modo que empezó a deslizarse, muy pronto, por el camino de la inflación.

En la Ley de Curso Legal emitió 150 millones de dólares en nuevos billetes, los popularmente llamados greenbacks, que pronto perdieron el crédito en el mercado, y en julio de 1863, el secretario del Tesoro Samuel Chase suspendió la convertibilidad de los billetes en especie. Una vez terminada la guerra, el gobierno federal optó por una política de deflación que prepararía la vuelta de los greenbacks a la convertibilidad con el oro, lo que no se logró hasta 1875, diez años después del fin de la guerra.

Este es el contexto en el que se produce la creación de un sistema bancario nacional. Con la Ley de Banca Nacional de 1863, se permitió la creación de bancos nacionales, que emitirían billetes respaldados por los bonos del Tesoro e impresos por el mismo gobierno federal, hasta una proporción fija de sus reservas de capital. Eliminó el resto de billetes, imponiendo sobre ellos un gravamen prohibitivo. Este sistema permitió “crear un mercado para la deuda nacional, que, al finalizar la guerra, había alcanzado la asombrosa cantidad de 2.800 millones de dólares”, afirman Jeffrey R. Hummel y Warren C. Gibson en Money, Banking and Finance.

En lugar de un banco central, lo que creó el sistema nacional de banca es una estructura financiera centralizada, controlada desde un conjunto de bancos fuertemente regulados. Aunque sobre el papel seguía habiendo un sistema de banca libre, de modo que cualquier empresario podía abrir una nueva entidad, lo cierto es que tenían que tener el visto bueno del Interventor de la Moneda; es decir, del gobierno federal.

Se creó un sistema dual. Por un lado, los bancos nacionales, que podían emitir la moneda impresa por el gobierno y respaldada por la deuda nacional. Por otro, los bancos de los Estados, que podían aceptar depósitos pero no emitir billetes. Los bancos nacionales tenían que mantener unas reservas del 25 por ciento en oro, plata y greenbacks.

En el sistema financiero estadounidense antes de la creación del sistema nacional bancario, había un freno a la capacidad de un banco de emitir billetes sin respaldo, y era la competencia entre las diferentes entidades. Cualquier banco que acumulase billetes emitidos por otra entidad podía redimirlos y reclamar el oro correspondiente. Ahora la situación es muy distinta, y vamos a dejar que nos la describa Murray N. Rothbard desde su A History of Money and Banking in the United State: “Ahora los bancos de reserva de las ciudades podían mantener la mitad de sus reservas en depósitos en los bancos de Nueva York, y los bancos regionales podrían mantener la mayor parte de sus reservas bien en uno o en otro. De modo que, como resultado de ello, todos los bancos nacionales del país podían piramidar hasta dos niveles, sobre la base, relativamente pequeña, de la reserva de los bancos de Nueva York. Y, lo que es más, esas reservas podrían consistir en greenbacks inflados y en especie”. Esto permitía que se pudiera hacer una política de inflación de forma más o menos coordinada y generalizada, sin el peligro de que una competencia entre entidades les llevase a esos bancos a una posible quiebra.

En un audaz movimiento, se arbitró que la capacidad de expansión de billetes de cada banco nacional estaba ligada a la propiedad de títulos del tesoro. Sólo podían emitir billetes si depositaban una cantidad igual de títulos de deuda del Tesoro como colateral.

En definitiva, con el nuevo sistema de banca nacional, el gobierno federal, ocupado por una sucesión de presidentes republicanos, logró dos objetivos. Uno de ellos favorecer la inflación en papel moneda de una forma coordinada, de modo que la competencia bancaria, ahora mermada, no supusiera un freno tan eficaz. Y, por otro, ligar esa política inflacionista a la creación de un mercado cautivo de deuda pública. Pero esta estructura financiera no evitó, claro está, que se produjesen ciclos de expansión del crédito, distorsión de la estructura económica y la consiguiente crisis. Como señalan Jeffrey R. Hummel y Warren C. Gibson, “los pánicos continuaron bajo el nuevo sistema. Los años 1873, 1893 y 1907, vieron todos pánicos bancarios”. Esta última crisis sirvió de acicate para volver a reformar el sistema e introducir un banco central, la Reserva Federal.

Los piquetes benéficos del ‘kamarada’ Gordillo

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha atrevido a cuestionar las maneras impecables de Juan Manuel Sánchez Gordillo durante la huelga general de marzo de 2012 sugiriendo que el estadista de Marinaleda podría haber incurrido en falta administrativa durante sus "conversaciones" con los responsables de los establecimientos a los que cursó visita. Al menos, el alto tribunal ha descartado por completo que el diputado comunista cometiera delitos al frente de su grupo de defensa proletaria, puesto que, para el magistrado firmante, queda probado más allá de cualquier duda que Sánchez Gordillo no utilizó "más armas que la palabra".

El magistrado Miguel Pasquau, autor de la pieza que consagra definitivamente los derechos inalienables del piqueterismo sindical, ha estudiado también muy detenidamente el contenido de un video grabado por la Guardia Civil en que el Cicerón de la Bética se dirige al encargado de un Mercadona en estos educados términos:

Te tiramos todo lo que hay ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente.

El juez Pasquau no ve aquí ningún delito, como no lo vería tampoco nadie en su sano juicio. Muy al contrario, lo que demuestra la transcripción del discurso de Sánchez Gordillo es su deseo de colaborar con la empresa, de ahí que sugiriera al holgazán del intendente nuevas técnicas de almacenaje, para un más eficaz servicio al cliente. Más aún: preocupado por las alarmantes cifras de paro de Andalucía, las más vergonzosas del mundo civilizado, Sánchez Gordillo aprovecha la última parte de su arenga ultrapacífica para proponer la creación de nuevos puestos de trabajo durante, al menos, los veinte días necesarios para implantar el nuevo sistema de almacenaje.

Por su incuestionable riqueza jurídica como fuente de derecho, estos dos autos facturados por el TSJA para pública instrucción no deberían pasar al olvido. Antes al contrario: su especial relevancia debería servir a las fuerzas sindicales andaluzas (de izquierdas, por supuesto) para sugerir a la Administración de Justicia cómo juzgar los asuntos que afecten a los trabajadores y a sus representantes. Utilizando "la palabra como única arma" y "la presión ambiental típica de un piquete" –dos herramientas constitucionales perfectamente legítimas, según el magistrado Pasquau–, los sindicatos deberían plantarse desde el lunes en la puerta de la sala de lo social del TSJA durante los juicios laborales para advertir educadamente al juez de turno:

O fallas como es debido o es que te tiramos todo lo que hay ahí, porque te tiramos todos los papeles al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a los funcionarios del juzgado.

Sería una injusticia que los jueces andaluces no disfrutaran como se merecen de esta eclosión de constitucionalismo sindical que nos han aplicado a los demás.

Si sólo quiere leer un libro de economía, que sea como éste

Si hay algo que esta crisis ha puesto de manifiesto, y en España de forma mucho más acusada, es la sorprendente ignorancia económica del común de los mortales. Digo "sorprendente" no porque haya sido inesperado, sino porque no deja de ser llamativo que una materia como ésta, que afecta a casi todas las decisiones de nuestra vida, sea tan desconocida, incluso para personas de un nivel cultural relativamente elevado.

Es más, después de seis años de crisis, es habitual escuchar a políticos, comentaristas o tertulianos pontificar sobre los recortes, el gasto público, la ley hipotecaria o la subida de impuestos con un soberano desprecio a las leyes económicas más básicas. Y no es una cuestión ideológica. Hay economistas con los que uno puede tener importantes desacuerdos pero que sólo un insensato consideraría ignorantes. Son simplemente personas que se manejan desde otro paradigma pero con las que al menos se puede entablar una conversación en un idioma más o menos común.

No es esto a lo que me refiero. Lo que me anonada es ver a un tipo en el telediario reconociendo que se gastó los 100.000 euros que tenía ahorrados en preferentes sin saber qué era eso, escuchar a un tertuliano aplaudir la subida de impuestos de Hollande sin hacerse ninguna pregunta sobre los incentivos que genera (tanto en los ricos actuales como en los futuros) o leer columnas en las que conocidos escritores se preguntan por qué el Gobierno español hace caso a la famosa prima de riesgo y apuestan por el impago de la deuda como salida de la crisis.

Siempre he pensado que gran parte de la culpa la tenemos los que nos dedicamos a esta materia. Los economistas (o los periodistas que informamos de esto) tienen la molesta costumbre de esconderse detrás de gráficos, tablas y términos técnicos, preferentemente en inglés. La razón no está clara, pero mi sensación es que lo que está detrás de este voluntario encubrimiento es un intento por monopolizar la discusión. Si nadie más sabe de economía, entonces podrán: 1) manejar las decisiones importantes sin intromisiones externas y 2) ganar autoridad como sumos sacerdotes de una materia trascendental. La profesión no es especialmente respetada, y cualquier político tiene más posibilidades de escuchar a cuarenta manifestantes con unas pancartas un poco llamativas y unas cuantas bocinas que a un experto en contabilidad nacional.

Por eso, hoy es más importante que nunca que se publiquen libros como éste. Si hay un economista liberal vivo que se haya ganado una merecida fama por su claridad, sencillez expositiva y contundencia, ése es Thomas Sowell. Y en Economía básica lo vuelve a demostrar.

Sowell sabe que el 99% de los problemas económicos son fácilmente comprensibles para el común de los mortales: los incentivos que mueven a los agentes, la información que transmiten los precios, la importancia de beneficios y pérdidas o la riqueza que genera el comercio… Y se dedica a explicarlos con sencillez, sin que eso suponga falta de profundidad.

Cada capítulo es en sí mismo como una pequeña monografía, que disecciona un aspecto clave de la economía. Y lo hace sin gráficos, sin tablas, sin expresiones incomprensibles y sin ese insufrible tono del que se cree por encima del bien y del mal característicos de los manuales al uso. En realidad, sus únicas armas son un lenguaje claro y los miles de ejemplos que su experiencia le ha permitido atesorar.

Evidentemente, éste puede ser un magnífico libro de introducción a la economía para cualquiera que quiera aprender los fundamentos básicos. Si ese es su caso, no deje que la presentación de la edición española, un tanto austera para un manual de este tipo, le asuste. Sus 700 páginas se leen con facilidad. Un capítulo al día y en un mes tendrá todas las armas que necesita para enfrentarse al intervencionismo que nos rodea. Si no le gusta la materia pero quiere conocer sus fundamentos: cómprelo. De hecho, es más que probable que después de ver la pasión con que Sowell explica esta apasionante disciplina cambie su forma de pensar.

Lo bueno de este libro es que no es sólo un manual para principiantes. Es más, debería ser un volumen de consulta obligada para el iniciado. Posiblemente, uno de los mayores errores que cometen los especialistas es olvidar los principios básicos, las razones últimas que validan su trabajo diario. Siempre he pensado que cualquiera, por muy experto que sea, debería leer un libro de principios básicos al menos una vez al año. Este Economía básica puede ser un gran candidato para 2013. Como dice la cita magníficamente escogida por Sowell para el capítulo 4:

Necesitamos aprender de lo obvio, más que indagar en lo oculto.

Thomas Sowell: Economía básica. Deusto (Barcelona), 2013, 703 páginas. Traducción de Javier El-Hage.