Entrevista a David Friedman – La maquinaria de la libertad
Entrevista con David Friedman grabada en la sede del IJM el 26/01/2013.
¿Zonas libres de armas? ¡Zonas libres del Gobierno!
"Un hombre con un arma puede controlar a cien sin ellas", Lenin.
"Uno de los más estúpidos errores que podríamos cometer sería permitir a los ciudadanos conquistados del Este poder tener armas", Adolf Hitler.
"Es falso enfrentar no-violencia con autodefensa. La protección de uno mismo y de su hogar siempre ha sido reconocida a través de los tiempos por la ley común",Martin Luther King.
"Si alguien tiene un arma e intenta matarte, sería razonable dispararle con la tuya", Dalai Lama.
A propósito de las masacres escolares en EEUU, en mi artículo anterior habíamos establecido una serie de hechos objetivos, a saber:
- EEUU está lejos de ser el país con más criminalidad por armas del mundo.
- Países con muy alto nivel de posesión de armas per capita como Suiza, Finlandia o Nueva Zelanda disfrutan de tasas de criminalidad muy bajas.
- Aumentar el control de armas en un área determinada tiende a incrementar el crimen.
- Mayor número de armas en un área dada no se correlaciona con mayor crimen (la población de EEUU tiene en la actualidad el mayor número de permisos de armas de su historia, siendo la tasa de homicidios la mitad que hace 20 años)
- Los criminales armados en EEUU muestran cierta predilección por las "zonas libres de armas", como las escolares.
- Quienes agreden son las personas, no los objetos. Igual que los bolígrafos no comenten faltas de ortografía ni las cerillas incendios.
- Cuando hay prohibición de armas, éstas se emplean sobre todo para agredir; cuando hay libertad de armas, se usan sobre todo para defenderse.
Así pues, el verdadero debate es si debe desarmarse a los inocentes, puesto que cuando las armas están fuera de la ley, sólo las poseen quienes son expertos en saltársela: los criminales. Por ello, el control de armas hace su trabajo -el de los criminales- más seguro. Más vale, dice el refrán, un arma en la mano que un policía al teléfono. Desde que Reino Unido prohibió las armas en 1997, Inglaterra y Gales ya van camino de cuadruplicar la violencia con armas de EEUU. La antaño pacífica ciudad de Washington DC aprobó en 1976 la más restrictiva ley de armas de todo EEUU: hoy, con cifras récord, es también su capital del crimen. En el lado contrario, los estados americanos que han flexibilizado el acceso a las armas entre 1977 y 1999 han visto caer un sorprendente 78% de media las muertes por armas de fuego. Las correlaciones son tan fuertes y persistentes que no hay lugar para la casualidad.
Frente a los campus universitarios americanos que anuncian que son zonas libres de armas, el de la Colorado State University es una excepción gracias a una victoria en los tribunales de inocentes cansados de vivir atemorizados. Desde 2003, en este campus, los inocentes pueden ir armados, y los criminales lo saben. Cuando por cierto en 2007 sucedió la masacre en el desarmado campus de Virginia Tech, los estudiantes de Colorado State se movilizaron para no perder su derecho a protegerse. ¿Por qué desde que pudieron ir armados los universitarios de Colorado la violencia en este campus ha descendido apreciablemente? Preguntémonoslo.
Si usted fuera criminal y supiera que en la comunidad "A" los ciudadanos no pueden llevar armas y en la comunidad "B" sí pueden, ¿dónde robaría y asaltaría? Por desgracia, los criminales no son tan estúpidos. Por eso usted jamás pondría un cartel que anuncie que en su casa no hay ningún arma ni alarma pero en las colindantes sí. Una población desarmada es por definición una población indefensa. Según los estudios de Rossi y Wright con criminales convictos americanos, el 60% de éstos teme más encontrarse una víctima armada que a la policía. El político demócrata Joseph Morrissey es el tipo de persona que quiere control de armas; en 2003 perdió su licencia y se le impuso una dura multa por amenazar asesinar con su arma a un hombre. Morrissey prefiere víctimas desarmadas. No olvidemos que en EEUU los usos defensivos de las armas vienen a quintuplicar los usos agresivos. Heinrich Himmler dijo que "los ciudadanos ordinarios no necesitan armas"; Himmer fue el jefe de la SS nazis encargadas de masacrar a millones de personas.
En el fondo no se trata de una cuestión ideológica entre derecha o izquierda, sino una entre libertad o coacción, protección o indefensión. El propio progresista Jeffrey Goldberg, tras un análisis honesto y sin prejuicios de la cuestión, se muestra más que escéptico sobre los controles de armas.
Ya uno de los primeros grandes defensores de las sociedades libres, Aristóteles, prevenía contra las tentaciones políticas de desarmar al pueblo. En la misma línea se pronunciaron Cicerón, Maquiavelo, el británico John Locke o el francés Montesquieu, artífice intelectual de la democracia moderna. Igualmente, es imposible leer al padre del Derecho Penal contemporáneo, Cesare Beccaria, sin advertir que creía firmemente que el control de armas beneficiaba a los criminales. George Orwell, que nos advirtió contra las tiranías en su célebre novela 1984, afirmaba: "La era en la que un arma es algo caro y de difícil acceso es una era de despotismo; la era en la que un arma es algo accesible es una era en la que la gente común tiene una oportunidad".
El derecho constitucional a las armas en EEUU
La raigambre de la posesión de armas en EEUU se debe a la raigambre del espíritu revolucionario por la libertad en este país. A finales del siglo XVIII, las aún colonias británicas en América protagonizaron una de las más importantes revoluciones por la libertad de la historia. Una vez independizadas, elaboraron un sistema político y jurídico que hiciera lo más perdurable posible un orden de libertad lejos de la tiranía británica padecida. Así, se dieron una Constitución con la que los ciudadanos se protegían del Gobierno y una Carta de Derechos que garantizaba los derechos naturales de los ciudadanos evitando que el Gobierno interfiriera a costa de agredir la libertad natural de cada individuo. Es el deber de un patriota proteger a un país de su Gobierno, decía el revolucionario Thomas Paine. La segunda enmienda de la Constitución americana aprobada en 1791 garantizaba el derecho de ir armado a cada individuo. ¿Por qué? Esencialmente como salvaguardia de eventual protección contra su propio Gobierno. De tal modo, los ciudadanos podrían libre y voluntariamente unirse en milicias para combatir tentaciones totalitarias de su Gobierno, mientras éste no tenía –al menos durante largas décadas- potestad para obligarles a formar parte de un ejército nacional o algo semejante (no existía la conscripción o servicio militar obligatorio). En la línea de clásicos como Aristóteles, revolucionarios americanos como Thomas Jefferson, George Washington, Samuel Adams o Benjamin Franklin entendieron además el acceso a las armas como un derecho humano fundamental en cualquier sociedad libre y justa: el de la autodefensa y la protección contra agresores, criminales y tiranos.
Quien está a favor del control de armas no está en contra de las armas, porque las armas se necesitarán para desarmar forzosamente a la gente. Se precisarán las armas del ejército, policía y agentes gubernamentales para quitárselas a la sociedad civil. Control de armas significa, y sólo significa, un monopolio central de las armas en manos de la élite del Gobierno. Esto es, control de armas significa violencia.
"Cuando la resolución de esclavizar América fue oficializada por Gran Bretaña, el Parlamento británico ordenó que nuestro pueblo se desarmara; éste es el mejor y más efectivo modo de esclavizar; pero no lo hicieron de forma abierta, sino encubiertamente", George Mason (1725-1796), Convención de la Constitución de Virginia.
"Los americanos tienen el derecho y la ventaja de estar armados, a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen miedo de confiar en ciudadanos con armas", James Madison (1751-1836).
"Nunca se elaborará nuestra Constitución para evitar que los ciudadanos pacíficos de Estados Unidos puedan llevar armas", Samuel Adams (1722-1802).
"Las leyes que prohíben llevar armas sólo desarman a aquéllos que no tienen intención de cometer crímenes. Tales leyes hacen las cosas mucho peor para los agredidos y mejor para los agresores; éstas sirven más para promover que para prevenir homicidios, para que un hombre desarmado sea atacado con mayor probabilidad por uno armado", Thomas Jefferson citando al criminólogo y jurista Cesare Beccaria.
Si observamos la historia, por desgracia muy sangrienta, del último siglo, podemos advertir que la revolucionaria idea de la libertad de armas como resistencia a la dictadura y la opresión parece tener fundamento. El tristemente poco conocido genocidio armenio de 1915 a 1917 por el Imperio Otomano, con un millón y medio de víctimas, partió con el control de armas de los armenios desde 1911. Los exterminios masivos en la Unión Soviética contaron con la ley de control de armas de 1929. Hitler impuso la prohibición de armas a los judíos en 1938, China a su población en 1935. En 1956, Camboya penalizó la posesión de armas; en los años 70 el sanguinario Pol Pot aniquiló a más de dos millones de personas. En 1959, Fidel Castro inició la dictadura cubana instando al desarme de los ciudadanos en un célebre discurso. Guatemala inició matanzas de indios mayas en 1964 tras pasar una ley antiarmas. Uganda hizo lo mismo en 1970, y en menos de una década acabó con decenas de miles de cristianos.
El pacifista Gandhi recuerda en diversos pasajes de su Autobiografía que el control de armas en la India fue clave para oprimir a su pueblo. Una sociedad civil armada es uno de los mayores obstáculos contra la opresión. Quizás un buen ejemplo sea Suiza, paraíso de paz y libertad, probablemente gracias a que los inocentes pueden armarse y protegerse.
Mientras, en EEUU los datos muestran que las mujeres cada vez son más portadoras de armas. Aquéllos que defienden que se las desarme no pueden llamarse defensores de los derechos de las mujeres.
Por qué tendemos erróneamente a pensar que EEUU es el país con más criminalidad podría en parte deberse a su cultura cinematográfica llena de títulos de acción. A diferencia radical de los films de ambientación norteamericana, hay otros donde queda expresamente remarcado que las armas son propiedad reservada de los agentes gubernamentales. Por ejemplo, La Lista de Schindler. Y es que el control de armas no es una cuestión de armas, sino una cuestión de control.
Sin prohibición de armas no hay cámaras de gas. En realidad, no puede haber una auténtica y real prohibición de armas si no se comienza por prohibírselas a la policía, militares y otros agentes de la élite del Estado.
Afirmar que el hombre es malvado por naturaleza es el mejor argumento para que las potenciales víctimas puedan defenderse y armarse. Afirmar que el hombre es bueno por naturaleza es el mejor argumento para que podamos armarnos.
A propósito de nombres propios, a Martin Luther King le fue negada en 1958 la posesión de un arma, lo cual fue un acto de racismo. Sin embargo, Luther King se rebeló contra la ley y siempre tenía un arma en casa para defenderse él y a los suyos. Uno de los grandes logros de los negros en EEUU fue la aprobación de la 14ª enmienda en la Constitución que, entre otros, reconocía el derecho de los negros a ir armados. Los americanos parecen haber olvidado que la Asociación del Rifle siempre combatió al Ku Klux Klan, una organización racista abominable, defensora a ultranza desde sus orígenes de la prohibición de armas. Con ello, querían negros cumplidores de la ley sin armas e indefensos para masacrarlos. De hecho, toda la ideología del control de armas en EEUU va inextricablemente en sus orígenes unida al racismo y la xenofobia. Durante todo el siglo XIX los estados sureños más racistas como Alabama y Mississippi usaron la ley para impedir con altísimos impuestos el acceso a las armas a los ciudadanos pobres, que incluía a los negros. Según los análisis económicos de John Lott, un arma es el medio de protección más asequible para las personas de bajos ingresos.
La criminalidad del Gobierno
Desde que en 1917 EEUU se embarcó definitivamente en una política exterior intervencionista y militarista, el belicismo de su Gobierno no ha hecho sino aumentar a un ritmo tan trepidante como tenebroso. El gasto actual del Gobierno estadounidense es más del doble que el de todos los países europeos combinados y más que el de los 19 países siguientes en gasto militar juntos. El día posterior a ganar sus segundas presidenciales, Obama ordenó bombardear Yemen, y los civiles asesinados por todos los presidentes americanos del último siglo se cuentan por decenas de miles. Son, simplemente, daños colaterales.
Esos gobiernos que se plantean prohibir las armas a la población civil son ellos mismos asesinos encantados con el debate sobre el control de armas entre los civiles, lo que sirve como distracción perfecta para que nadie tristemente se haga la necesaria pregunta de: ¿Por qué no prohibimos las armas más bien al Gobierno? ¿Qué especial derecho le asiste a un integrante del Gobierno para manejar un arma, pero no a Pedro o María? ¿No presumíamos de vivir en regímenes con igualdad ante la ley? El control de armas perpetúa la desigualdad ante la ley.
El Gobierno dice erigirse en nuestro protector. Pero, como diría Cicerón, ¿quién nos protegerá de nuestros protectores? Nosotros mismos, el pueblo.
La gente debería no ya olvidar –la información selectiva siempre juega a favor del Gobierno y sus acólitos-, sino conocer la masacre de Waco, en Texas, de 1993 en la que la agencia gubernamental del FBI mató a 76 hombres, mujeres y niños abrasándoles en un infierno de llamas. ¿Cuál fue su crimen? Ninguno, simplemente eran adventistas que tenían armas como protección, y de hecho nunca se probó que tuvieran intención de usarlas agresivamente. La vergüenza del impune totalitarismo gubernamental llegó a que jamás ningún responsable público por esa matanza fue investigado. Y como todo militarismo intervencionista siempre tiene consecuencias indeseadas (que se lo pregunten a la CIA que entrenó en los 80 a Bin Laden), como represalia contra su Gobierno por Waco un ciudadano acabó en 1995 con la vida de 168 personas de un edificio federal en el atentado de Oklahoma.
¿Hablamos de la Operación Fast and Furious del Gobierno americano en 2011? Con la excusa de perseguir a bandas criminales mejicanas, el Gobierno americano facilitó la venta masiva de armas a esas bandas, para luego según la versión oficial –cuál será la real- perderles la pista. Igual que en el control y prohibición de las drogas o el alcohol, el control político de las armas corrompe. Y el control y la prohibición absolutas, parafraseando a Lord Acton, corrompen absolutamente.
No debemos en cualquier caso olvidar que la mejor defensa y protección comienza por armarse intelectualmente en las ideas de la libertad y la paz y que, en resumidas cuentas, quienes agreden y matan al final son obviamente los individuos con sus comportamientos y acciones. Y no se me ocurren acciones más mortales que aquéllas que provienen de los individuos del Gobierno.
¿Zonas libres de armas? Mejor zonas libres del Gobierno
@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com
Cuatro desahucios
Desde hace unos meses se está creando una gran alarma social en torno a los desahucios llevados a cabo por los bancos en el caso de aquellos clientes hipotecados que no pueden hacer frente a sus obligaciones.
Ante tal alarma, los políticos reaccionan, como no puede ser de otra forma, tratando de intervenir en el mercado para salvarnos de las consecuencias de nuestros actos, llegándose incluso al extremo de alguna escena patética interpretada por altos cargos.
Pero ¿existe algo más justo que el acreedor pueda obligar al deudor a pagar sus deudas? Porque un desahucio consiste solo en eso, en que un acreedor pueda recuperar el dinero prestado, precisamente utilizando la garantía que el deudor le ofreció a cambio del préstamo. ¿Por qué entonces la alarma social?
Quizá la razón haya que buscarla en la naturaleza del sujeto "desahuciador", en los bancos que con tanta justicia reclaman lo que les es debido. Y ello porque son precisamente estas entidades las que están siendo las peores cumplidoras de sus deudas, las que solo pueden afrontar sus compromisos "desahuciando" a los ciudadanos del país en que operan.
A poco que nos paremos a reflexionar, resulta que este último, el que despierta la alarma social, no es el primero ni tal vez el más importante de los desahucios a los que nos están sometiendo las entidades financieras con la complicidad y quizá impulso de los Estados.
A los bancos se les está dando el dinero de nuestros impuestos, que, cuando se agregan, alcanzan más del 50% de lo que somos capaces de producir. Así pues, el primer desahucio a que nos someten los bancos nos arrebata parte de los salarios y rentas que somos capaces de generar con nuestro trabajo e inversiones.
Como no es suficiente con los impuestos, los Estados se endeudan por ingentes cantidades de dinero, y dedican parte de ella también a esas entidades financieras que luego nos desahucian de nuestra casa. Pero ese dinero se tendrá que devolver, a base de cobrar impuestos a nosotros y a nuestros hijos. Este es el segundo desahucio, nos quitan el futuro.
Tampoco basta con esto para calmar la insaciable sed del quebrado sistema financiero: se ha de emitir dinero desde los distintos bancos centrales para tapar los agujeros de nuestros desahuciadores. Desgraciadamente, y como es bien sabido, estas emisiones de nuevo dinero no son gratis, sino que tienen el precio de la inflación. Y la inflación lo que hace es disminuir el poder adquisitivo del dinero, la forma en que tradicionalmente tratamos de ahorrar los que no somos expertos ni queremos serlo en inversiones. Así que, por esta vía, se consuma el tercer desahucio: nos desahucian de nuestros ahorros.
Solo tras haber agotado estos tres desahucios llega el cuarto, el más mediático, pero el más irrelevante en términos agregados (evidentemente, no es irrelevante para el individuo que lo sufre), claramente insignificante si lo comparamos con los impuestos que recauda el Estado, la deuda que está adquiriendo en los mercado, o el dinero que está fabricando el BCE. Pero es aquel el que nos preocupa, porque es al único que somos capaces de ponerle ojos y cara.
En resumen, los bancos nos desahucian de nuestro salario, de nuestros ahorros y de nuestro futuro. Y, sin embargo, los políticos solo se preocupan de nuestra casa, que es lo que parece que les da votos. Si no nos desahuciaran de lo demás, seguramente tampoco tendríamos el otro problema.
¿Quieren evitar que la gente se suicide por perder su casa? Eviten que pierda primero todo lo demás: hagan que los bancos paguen sus deudas con su dinero, no con el nuestro y el de nuestros hijos.
Simbología del poder: del “We the People” al “Carmen, por favor”
El domingo 20 de enero de 2013, Barack Obama juraba su segundo mandato como presidente de EEUU en el interior de la Casa Blanca ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La ceremonia se retransmitió por televisión en directo, a pesar de que los planes iniciales del equipo de Obama eran no permitir que periodista o cámara alguno (más allá de un fotógrafo de la Casa Blanca) pudiera estar presente en la ceremonia –tal vez por miedo a que volviera a equivocarse, como cuatro años antes, al recitar la fórmula oficial del juramento–. Con retransmisión televisiva o sin ella, el carácter “privado” del acto es una excepción en este tipo de ceremonias en Washington.
Constitucionalmente, el mandato presidencial arranca con una ceremonia pública ante el Capitolio que ha de tener lugar el primer 20 de enero después de las elecciones presidenciales. Pero, si dicha fecha cae en domingo, el juramento ante la sede del legislativo se traslada al lunes 21 de enero. De hecho, así ha ocurrido, y cerca de un millón de personas acudían a ver y oír en vivo cómo Obama volvía a jurar su cargo como máximo responsable del Gobierno de Estados Unidos. Cuatro años antes, fueron dos millones de ciudadanos los que estuvieron presentes en el juramento.
La carga simbólica de este tipo de ceremonia es evidente. El presidente asume un compromiso ante los ciudadanos, ante ese mismo “We the People of the United States…” –aunque la traducción más habitual es “Nosotros, el pueblo de EEUU”, también puede ser “Nosotros, las personas de EEUU” – con el que arranca la Constitución. Se trata de un reconocimiento de que el poder emana de los ciudadanos y que, al menos en teoría, quien lo ejerce ha de mostrarse de forma pública ante los gobernados. Cuestión diferente es, por supuesto, que en última instancia ocurra así.
Los actos de toma de posesión en EEUU, y su carga simbólica, contrastan profundamente con sus equivalentes en gran parte de Europa. En España, por ejemplo, el presidente del Gobierno arranca su mandato con una jura o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca. El jefe del Gobierno así hace público su compromiso también ante el sujeto que encabeza la Constitución del país. La Carta Magna de 1978 arranca con la siguiente frase: “Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren”.
La simbología de la jura o promesa del jefe de Gobierno español, y de otros muchos europeos, es también evidente. El compromiso se asume ante el Estado y su máxima autoridad, no ante los ciudadanos. Se marca así una distancia entre gobernantes y gobernados, presente de forma simbólica en muchas otras representaciones del poder. Hace ya tiempo reflexionamos sobre la ubicación de las sedes de los gobiernos, y contrastábamos, entre otros, la céntrica Casa Blanca con La Moncloa, fuera de la ciudad de Madrid.
Es evidente que la representación del poder no lo es todo en política. Resulta cierto que un gobernante puede ser autoritario, o incluso totalitario, teniendo su residencia en pleno centro de la capital de un país y asumiendo su cargo en un acto público. Una simbología que recuerde al político que ha de responder ante los ciudadanos y que no debe comportarse como un déspota ilustrado no garantiza que vaya a comportarse en consecuencia.
Sin embargo, lo que es evidente es que una representación del poder como la que hemos descrito en España (y que es equivalente a la que existe en gran parte del resto de Europa) tiende a hacer olvidar al gobernante que tiene que responder ante los ciudadanos de forma constante, y no sólo cuando hay elecciones. No ha de sorprender, por tanto, que haya jefes de Gobierno que no consideren su obligación responder a preguntas de periodistas o de cualquier ciudadano que pueda acercársele. Ejemplo de esto último es el famoso “Carmen, por favor” de un Rajoy que trataba de librarse de los micrófonos de la prensa.
Involución institucional desde la partitocracia hacia la cleptocracia
En el I Congreso de Economía Y Libertad, el catedrático Dalmacio Negro [1][2][3][4]dictó una magnífica conferencia sobre "El consenso social-demócrata", en la que explicó cómo "existe una crisis política y moral que es una crisis histórica" y destacó la situación prerrevolucionaria que viven España y Europa, dado que: "la democracia es una ficción al estar secuestrada la democracia política (entendida como el poder de decidir de los individuos) por el parlamentarismo".
1. Crisis institucional en Europa
Dalmacio Negro destacó como las ideologías colectivistas instrumentalizan el Derecho, porque la legislación se distorsiona "al servicio de la política y no de los ciudadanos" y se extiende el incumplimiento de la Ley (rule of Law) y, con el tiempo, se impone la tiranía de valores colectivistas, caracterizada porque todos los partidos políticos parten de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado, a favor de los privilegios de la casta política y de sus redes clientelares, y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado.
La actual crisis no es solo una crisis económica y financiera, sino que tiene una relación intensa con una crisis política, moral e histórica de las sociedades occidentales. Dalmacio Negro destacó cómo dicha crisis se observa en la cristalización y el aislamiento de la sociedad política, formándose una casta política al margen de la sociedad civil y, al mismo tiempo, extendiéndose entre los ciudadanos un intenso sentimiento de traición por parte de los dirigentes que, inmersos en los escándalos de corrupción, ejercen "potestas" sin contar con "autoritas".
Advirtió como "los cambios históricos son estéticos, de la sensibilidad colectiva hacia el Estado y las instituciones", si bien advirtió que "una situación prerrevolucionaria no siempre acaba en revolución como en la URSS o en China y puede crecer el Estado".
2. Involución institucional y corrupción generalizada en España
Después de más de treinta años de democracia parlamentaria, la crisis institucional se manifiesta en España con una involución de la Ley que ha involucionado el régimen político, desde la partitocracia iniciada en la Transición hasta la cleptocracia, con la corrupción extendida por todas las instituciones del Estado como prueba evidente del secuestro de la democracia (o poder del pueblo) por parte de una gran parte de la casta política, heredera de la dictadura, que deteriora y que incumple la Ley con total impunidad.
Como señala el catedrático Roberto Centeno asistimos a una crisis institucional irreversible que puede aniquilar las ventajas sociales de un país moderno, bien con la argentinización o la corrupción generalizada de España o bien, incluso peor, con la balcanización o la fragmentación y el enfrentamiento permanente en Reinos de Taifas autonómicos:
3.Evolución institucional y corrupción limitada por Ley
Ante las situaciones de crisis institucional, existen sólo dos alternativas, optar por mantener la corrupción institucional y mermar el crecimiento socio-económico por medio de la inacción y la permisividad frente al latrocinio de los clanes políticos y su adláteres, o bien impulsar una evolución institucional que intente minimizar la corrupción mediante un referéndum en donde todos los españoles mejoren la estructura institucional que instauró la Constitución Española de 1978, con un paquete de reformas "hayekianas" que arraiguen las soluciones de mercado frente al intervencionismo y profundicen en la democracia, transfiriendo el poder de decisión a los ciudadanos como forma de: garantizar la separación "real" de poderes, una verdadera independencia judicial y el cumplimiento estricto de la Ley, de modo que se minimice la corrupción de la clase política y sus redes clientelares:
- Independencia del Poder Ejecutivo. Sistema electoral a doble vuelta. En la primera vuelta, elección uninominal de cada parlamentario, en circunscripciones o distritos electorales no superiores a 200.000 personas.
- Independencia del Poder Legislativo. Sistema electoral a doble vuelta. En la segunda vuelta, elección uninominal del Presidente del Gobierno, en circunscripción nacional única, eligiendo entre los candidatos de los partidos políticos que hayan obtenido más de un 5% de los votos en la primera vuelta.
- Independencia del Poder Judicial. Elecciones de jueces por los ciudadanos o, en su defecto, por los propios jueces. En la mayoría de los estados de los Estados Unidos de América, los ciudadanos eligen a los jueces de condado, de distrito o, incluso, de la corte suprema de cada estado. Si se hace en la democracia norteamericana, también puede realizarse en Europa.
- Referéndum nacional con decisión adoptada por todos los españoles, vinculante y de obligatorio cumplimiento por el Gobierno en las decisiones transcendentales para el futuro del país como, por ejemplo: secesión de una región, aumento de impuestos, incremento del déficit presupuestario por encima del 3% PIB, aumento del endeudamiento por encima del 90% del PIB, aprobación del Código Penal o, por ejemplo, intervención en conflictos armados sin agresión ni coacción previas.
Un chanchullo inmoral y, por supuesto, ilegal
Tras conocerse las excelentes relaciones comerciales entre la Fundación Ideas para el Progreso (sic) y varias empresas de amigos y familiares de altos cargos del PSOE, la portavoz socialista en el Congreso ha confirmado públicamente su carácter legal y además "moral". La moralidad es un atributo particular que bajo el canon socialista adopta las dimensiones más extrañas. Ahora bien, que el reparto de dinero público entre familiares de los políticos es ilegal resulta incuestionable incluso en España, cuya Ley General de Subvenciones prohíbe expresamente el trinque de los allegados.
Esto de que los familiares y amigos del poderoso abreven en el presupuesto público es tradición inveterada en la partitocracia española, donde los enjuagues se producen a diario con total normalidad. De hecho, Soraya Rodríguez no sufrió las dificultades expresivas de otras veces para refutar en el acto las veladas acusaciones de los periodistas, tras conocerse el caso de la muy industriosa hermana de su colega Valenciano. Y es que, en realidad, lo que se hubiera considerado inmoral es que, habiendo trinque al alcance de familiares y amigachos, se hubiera dado entrada a otras empresas por una mera cuestión de eficiencia presupuestaria. Si el dinero público no es de nadie, ¿a qué tantos escrúpulos en su manejo?
Los chiringuitos de los partidos políticos invitan además al trinque desaforado como si no fuera a haber un mañana. En último término son instituciones privadas que, a pesar de financiarse casi en su totalidad con dinero del contribuyente, actúan con mucha mayor discrecionalidad que los propios partidos, que tampoco es que se distingan por sus miramientos a la hora de gestionar un presupuesto que en esencia no les pertenece.
Y si la reacción intuitiva de Soraya B ya revela una ética muy particular en el ámbito de lo público, más chocante resulta la justificación de la empresa de la hermana de la vicesecretaria general del PSOE, al afirmar que lo que recibe anualmente de la Fundación Ideas para el Progreso (sic) es apenas un pequeño porcentaje de su volumen total de negocio. Tratándose de las finanzas del PSOE, nos quedamos con la duda de si es una simple excusa o una reclamación formal para aumentar la facturación en años venideros.
Ideas para componer su cartera de acciones
¿Cómo debe planificarse una cartera de acciones? ¿Qué debemos conseguir con dicha planificación? ¿Para qué sirve diversificar? ¿Cuál debe ser el tamaño de las distintas posiciones?
Cuestiones prácticas a tener en cuenta
Estas son preguntas que se hace cualquier inversor y a las que vamos a tratar de responder en este artículo aprovechando algunas de las reflexiones que realizó Zeke Ashton, fundador de Centaur Capital Partners en 2002, en una presentación en un congreso de Value Investing hace ya algún tiempo.
Como ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, lo primero que tenemos que tratar de lograr es una cartera que sea consistente con nuestro perfil de riesgo y nuestra tolerancia al estrés. Es bueno, en ese sentido, obtener respuesta a la pregunta de si podemos dormir tranquilos por la noche si vemos caer nuestra cartera un 10% en un mes o moverse la valoración de la misma en un rango entre máximos y mínimos de un 30%.
También tenemos que tener claro qué finalidades perseguimos en términos de conservación de capital, crecimiento u obtención de flujos monetarios periódicos. Deberemos, asimismo, tener presente qué retornos consideramos satisfactorios dentro de nuestro perfil de riesgo y nuestras necesidades de liquidez para atender obligaciones y compromisos que puedan surgir, evitando deshacer posiciones en momentos no convenientes.
Buscando la fiabilidad
Habiendo ponderado todo lo anterior, Zeke Ashton señala que la meta para todo inversor a la hora de componer una cartera de acciones debe ser conseguir el máximo valor de tus mejores ideas de inversión sin arriesgar significativas pérdidas en caso de errar.
En este sentido, se trata de encontrar un número bastante de buenas ideas de inversión (posiciones) para asegurar que el tamaño de la selección es suficientemente grande como para recompensar tu habilidad inversora y absorber las malas decisiones, mala suerte o malos resultados ocasionales que se produzcan.
Desde ese punto de vista, la estructura de la cartera no tiene por objeto reducir la volatilidad de las cotizaciones sino, sobre todo, incrementar la relación entre habilidad y resultado, reduciendo el factor suerte. Se trata, según su terminología, de alcanzar la mayor fiabilidad posible. Por un lado, cuanto más concentrada esté nuestra cartera, más riguroso se ha de ser y, seguramente, más ideas prometedoras habrá que rechazar. Por otro lado, si decidimos incluir un número mayor de valores y no queremos perder potencial de revalorización y calidad, mayor carga de trabajo tendremos que asumir.
Ashton apunta también otra idea muy sensata en relación con la concentración de cartera, y es que no es algo constante, sino dependiente de las condiciones del mercado. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2009, con un mercado plagado de gangas, el grado de concentración no es tan primordial ante la gran cantidad de oportunidades en el mercado, que hacía relativamente fácil encontrar hasta una veintena de títulos muy interesantes sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, conforme las valoraciones son mayores, va siendo más difícil encontrar valor y el riesgo de pérdida aumenta.
Es igualmente importante ajustar la composición de la cartera al tamaño total de la misma. Si se gestionan patrimonios muy grandes, deshacer los errores minimizando pérdidas se hace especialmente complicado si tenemos mucha concentración (pocas compañías en cartera). Sin embargo, esta dificultad es mucho menor si nuestro patrimonio es modesto.
El margen de seguridad
El principio de margen de seguridad es tan aplicable a la construcción de la cartera como lo es a la selección de cada inversión individual.
Recordemos que el margen de seguridad se relaciona con evitar graves pérdidas en caso de producirse los peores escenarios posibles. Pabrai comentaba que se trata de minimizar el riesgo incluso en los supuestos en que la incertidumbre sea elevada. El futuro tiene un alto componente de impredecibilidad y la valoración de acciones es un arte impreciso y no una ciencia exacta. Así que incluso los mejores inversores necesitan ese margen de seguridad para evitar desastres.
Donde en la inversión individual elementos como el precio bajo, la ventaja competitiva perdurable y la posición financiera sólida son los que proporcionan ese margen de seguridad, en la composición de cartera se está jugando a porcentajes. Dicho de otro modo, aun en el caso de que algunas de las inversiones individuales seleccionadas con tales salvaguardas produzcan resultados indeseados, el reunir un buen puñado de ellas y diversificar nuestro patrimonio entre las mismas amortigua todavía más ese "siniestro" (outlier).
¿Las energías renovables son el futuro?
Quién no ha oído la célebre frase: "las renovables son el futuro de la humanidad". Ciertamente, debe de ser el enunciado más utilizado y gastado de la última década. Pese a ello, si hay una cosa cierta es que las energías renovables no son el presente ni tampoco deberían serlo.
Si nos fijamos en las cotizaciones de las principales empresas relacionadas con la energía renovable constatamos que se han desplomado y perdido alrededor de un 95% de su valor (Gamesa, Solaria), que no es una pequeña fluctuación pasajera. Los mercados no creen que el futuro de las renovables sea precisamente esplendoroso. Sus valores deberían revalorizarse alrededor de 1500-2000% para pensar en una posible recuperación, lo que indica que quien invirtió su dinero con la alegre convicción de que las renovables eran el futuro lo ha perdido todo. Simplemente.
Pero no hacía ninguna falta recurrir al mercado bursátil para prever la evolución o el posible rumbo de las renovables. Una buena teoría económica descuenta un evento o situación mucho antes que la bolsa.
Y es que las renovables ya nacieron con fecha de caducidad desde el momento en que los gobiernos de turno empezaron a jugar a ser empresarios, cuando sólo pueden aspirar a ser adivinos. Cuando esto ocurre, y lamentablemente sucede a diario, los recursos se asignan ineficientemente generando escasez y aumento de costes.
De la teoría económica sabemos que son los empresarios, y no los políticos, los que deben descubrir qué negocios son los posibles, viables, sostenibles y eficientes.
Los seres humanos interactúan en el mercado movidos por sus objetivos, gustos y valoraciones subjetivas, y estas interacciones (básicamente intercambios de propiedad) se plasman en precios monetarios. Ésta es la forma de transmitir la información que utilizarán los empresarios para ajustar y coordinar los planes contradictorios de los individuos.
Este conocimiento relevante transmitido y necesario para ejercer la función empresarial es subjetivo, disperso en la mente de todos los hombres y tácito, no articulable. Como hemos dicho, sólo transmisible a través del sistema de precios.
Con el sistema de precios los empresarios tiendan a descubrir la información práctica y relevante para, actuando con el beneficio como incentivo, discriminar entre las distintas alternativas de inversión que tienen en mente, centrándose en las que son viables y que proporcionarán más beneficios y valor a la sociedad. Solamente mediante este mecanismo se puede determinar si un determinado negocio es real, viable y sostenible.
Con esto queremos decir que es posible que las renovables sean un negocio adecuado y rentable en un futuro, quién sabe, pero eso no se determinará por procesos políticos sino mediante los procesos de mercado antes expuestos. Sólo de esta manera se puede generar riqueza real y optimizar eficientemente los recursos escasos que disponemos.
Veamos ahora lo que se ha conseguido por procedimiento políticos, es decir, sin tener en cuenta la demanda de la sociedad ni la escasez de los factores productivos.
En 2002 España tenía una de las facturas eléctricas para la industria más baratas de Europa, unos 50€/MWh. Desde entonces el coste de la electricidad ha aumentado más de un 100% para las empresas y un 85% para las familias. Todo ello debido a decisiones políticas que han acabado siendo ruinosas.
El gobierno de Aznar mediante el decreto 436/2004 incentivó la instalación y el uso de las energías renovables que los distribuidores estaban obligados a comprar. Los costes aumentaron notablemente, quedando muy por encima de los ingresos del sistema (lo que pagamos los consumidores básicamente). Como el gobierno no repercutió esos costes en los precios de la electricidad en su momento (por su previsible impopularidad), se generó el llamado "déficit de tarifa". Los déficits tarifarios que se han generado hasta 2013 han supuesto una deuda equivalente al 3% del PIB (30.000 millones de euros). Ya para 2013, Unesa calcula que la tarifa eléctrica será deficitaria en otros 5.000-5.600 millones.
Como las deudas hay que pagarlas y el déficit devolverlo a las eléctricas, veremos como los precios de la electricidad y los impuestos van a aumentar indudablemente.
Así, el gobierno actual aprobó siete impuestos en lo que a energía se refiere para solucionar el déficit de tarifa: céntimo verde al gas natural, céntimo verde al carbón, céntimo verde al fuel oil, impuesto a la generación de residuos nucleares, impuesto al almacenamiento de residuos nucleares, canon hidráulico, y un impuesto del 6% a la producción eléctrica (que parece que ahora se elevará al 7%).
En cuanto a producción eléctrica, las energías eólica, solar e hidráulica, que representaron casi el 50% de nuestro sistema eléctrico en 2011, sólo generaron el 30% de la electricidad que consumimos. En el caso de la energía nuclear, con sólo un 8% de potencia instalada generó más del 20% de la electricidad consumida. No es lo mismo potencia instalada que energía eléctrica producida.
Los datos son incuestionables: las energías renovables son caras e ineficientes. Actuar con lógica económica y sentido común debería llevar a sustituir las centrales poco rentables por las centrales más rentables. Eso sería así si los gobiernos no interviniesen en los costes reales.
Pero, y aquí está el problema, los gobiernos no se movieron por la lógica económica sino motivos político-ideológicos que les llevaron a beneficiar arbitrariamente a unas energías con respecto al resto. Todo ello con el objetivo de ser el país líder en energías renovables y ser unos referentes en cuanto a tecnología e industria. Y posiblemente eso pueda ocurrir en un futuro, pero no vendrá de la mano de un político sino de una legión de empresarios, tal y como hemos detallado anteriormente.
Ahora nos damos cuenta que estas convicciones eran mera esperanza que no estaba basada en ningún proceso ni estudio económico real. Además incumple la Ley 54/1997 que regula el sector eléctrico, que indica claramente que "la presente Ley tiene como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible…".
Las consecuencias han sido notablemente desastrosas, y más teniendo en cuenta que afecta al factor productivo principal, la energía, por lo que las empresas son y serán menos competitivas hoy y en futuro. Lo cual no es una gran medida que ayude a salir de la crisis y a disminuir el 26% de desempleo que existe actualmente.
En 2012 el gobierno del Rajoy no tuvo más remedio que suspender temporalmente las concesiones de primas a la mayoría de las renovables. Muy a su pesar, como él mismo expresó. Sin embargo, la medida es insuficiente y deberían eliminar el principal problema si se quiere revertir la situación energética actual: suprimir las primas a las energías de régimen especial que suponen más de un 20% del total de costes del sistema.
El nefasto legado petrolero de Chávez
Cuando Chávez llegó al poder en 1999 Venezuela era el tercer productor de la OPEP por detrás de Arabia Saudita e Irán, y el quinto del mundo a no mucha distancia de Rusia y Estados Unidos, que no forman parte del cártel petrolífero. Hoy, tras catorce años de chavismo, es el decimosegundo. Ya no sólo le superan países como Arabia, EEUU o Rusia. En 2012 los 2.375.000 barriles extraídos en Venezuela eran ya muchos menos que los 4.252.000 de Irán, los 3.483.000 de Canadá, los 2.983.000 de México o los 2.458.000 de Nigeria.
Hasta del minúsculo Kuwait, un país cincuenta veces más pequeño que Venezuela, se extrajo el año pasado más petróleo que de los pozos venezolanos. Ante un descenso tan drástico en la producción podría argüírse que Venezuela alcanzó en torno al año 2000 el denominado “peak oil”, a partir del cual la producción desciende lentamente. Pero no, las reservas probadas de Venezuela son las mayores del mundo. Mayores incluso que las de Arabia Saudita, a quien suele considerarse la mayor reserva de crudo del planeta..
Y no porque lo diga Chávez, que hace dos años anunció ufano al mundo las extraordinarias reservas petrolíferas del país. Expertos del US Geological Survey han estimado que solo de la faja de Orinoco se pueden llegar a recuperar hasta 652.000 millones de barriles en los próximos años. Los ingenieros de BP han calculado, además, que extraer este petróleo no convencional será dos tercios menos costoso que en Canadá, país que ha disparado su producción petrolera en los últimos años.
Un 30% menos de producción y un 40% más de consumo
A pesar de todo la realidad es que Venezuela extrae un 30% menos petróleo que cuando Chávez llegó al poder. Y no sólo eso. La economía venezolana ha multiplicado por dos su consumo en los últimos quince años, de 490.000 barriles al día a los 850.000 actuales. El diferencial se ha dejado de exportar, y la venta de crudo es casi el único sostén económico del país a estas alturas. De la exportación de petróleo Venezuela obtiene el 95% de sus divisas y el Gobierno de Chávez el 40% de sus ingresos.
Pero curiosamente las exportaciones han descendido incluso más que la producción, un 40% entre 1998 y 2012. Venezuela se ha visto obligada durante la era Chávez a comprar gasolina y otros productos refinados en el extranjero. El pasado mes de septiembre los incidentes en las refinerías de El Palito y Amuay llevaron esas importaciones a récords históricos. Los accidentes en las instalaciones petroleras venezolanas son cada vez más habituales debido a la falta de mantenimiento y al descuido generalizado, fruto de las improvisaciones y de la politización creciente del sector.
La petrolera nacional, PDVSA, es un órgano más del Gobierno dependiente del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. PDVSA está gestionada por políticos afines a Chávez cuyos intereses son exclusivamente políticos. No es casualidad que Asdrúbal Chávez, primo del presidente, haya hecho una exitosa carrera en la petrolera estatal. En 2004 fue nombrado director ejecutivo de comercio y suministro, al año siguiente fue colocado en la Junta Directiva de PDVSA y desde 2007 ejerce de vicepresidente de refinación.
Se da la circunstancia, además, que EEUU cada vez importa menos petróleo venezolano. Si en 1998 el 17% del petróleo importado era de origen venezolano, en 2009 ya solo era el 9,6%. Un porcentaje que promete seguir cayendo ya que EEUU ha sustituido gran parte de sus importaciones con producción propia y con importaciones en países más cercanos como Canadá.
Las exportaciones venezolanas van cada vez menos a Norteamérica y más a los países del Caribe. En 2005 Hugo Chávez anunció la iniciativa de constituir una alianza de países caribeños centrada en la compra por parte de éstos de crudo venezolano en condiciones preferentes. La iniciativa dio paso a la organización Petrocaribe, de la que actualmente forman parte Nicaragua, Honduras, Cuba, Haití, Guatemala y las Antillas menores.
Petrocaribe es un proyecto ideológico. Así lo reconoció la propia PDVSA en su informe de gestión de 2011, donde se consignaba que la empresa busca “Estados que comparten una misma visión del ejercicio de la soberanía”. Y el Gobierno de Chávez no se ha quedado en simples intenciones, sino que ha pasado a los hechos siempre que ha sido necesario. En 2009, cuando el presidente hondureño Manuel Zelaya, afín al régimen venezolano, fue derrocado por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, Chávez anunció por televisión desde su programa "Aló Presidente" que interrumpía en el acto los envíos de petróleo a Honduras a modo de castigo.
El problema es que la ideología sale cara en términos económicos, y Venezuela no está para muchas alegrías. A día de hoy el 16% de las exportaciones de petróleo venezolano van dirigidas a estos países del Caribe, que disponen de unas condiciones muy ventajosas de pago, tales como financiación hasta 25 años y un año y medio de mora.
Mala gestión y subsidios
¿A qué se debe que Venezuela produzca cada vez menos y consuma más? El aumento en el consumo no significa que la economía venezolana haya ido a mejor en estos años. Venezuela ha crecido muy modestamente a pesar de disponer de una riqueza natural que lleva más de diez años cotizando al alza. Los venezolanos consumen más pero no tanto porque sus industrias demanden más energía como por los ubicuos subsidios. Venezuela tiene, por ejemplo, la gasolina más barata del planeta.
En agosto de 2012 un galón de gasolina (3,7 litros) costaba 9 centavos de dólar (6 céntimos de euro). Barato incluso si lo comparamos con Arabia Saudita, donde el galón sale por 61 centavos (45 céntimos). La gasolina que compran los venezolanos no sale tan barata de las refinerías, es el Gobierno quien la pone a ese precio subsidiando generosamente el precio final.
De la bajada de la producción los especialistas culpan al desastre de gestión de la empresa petrolera nacional PDVSA y a la desconfianza, ya crónica, de las empresas extranjeras a invertir en Venezuela. La república caribeña es uno de los países del mundo que más trabas pone a los inversores foráneos. En el informe del Banco Mundial "Doing Business 2013" Venezuela ocupa el puesto 180 de 185 naciones sometidas a escrutinio. Sólo hay cinco países donde invertir es más complicado: la República Democrática del Congo, Eritrea, la República del Congo, Chad y la República Centroafricana.
El régimen ha nacionalizado todo el sector, que ha incurrido en multitud de ineficiencias operativas. En Venezuela la industria petrolera no tiene como función ganar dinero tanto como servir de caja registradora a otras actividades del Gobierno. Los programas asistenciales del chavismo y, sobre todo, las continuas compras de armas que ha realizado Chávez en estos años se han cargado en la factura petrolera.
En un mercado libre, la única forma de retener a tus clientes es tenerlos contentos
Mitos sobre la regulación para la competencia. Aplicación de la teoría económica austriaca al mercado de las telecomunicaciones en España. Con este estudio, Fernando Herrera, obtuvo hace unas semanas el Premio Víctor Mendoza 2012 del IEE a la mejor tesis doctoral, por su adecuación a los valores de defensa del mercado y la libertad económica.
Herrera, doctor Ingeniero de Telecomunicación que ha trabajado en consultoría estratégica tanto para compañías públicas como privadas, se plantea preguntas que suenan revolucionarias en un sector tradicionalmente muy intervenido, pero que vistas con cierta perspectiva reflejan una apabullante sensatez: ¿qué es el poder de mercado?, ¿es posible para una empresa controlar a sus clientes en un mercado libre?, ¿por qué los clientes de telecomunicaciones necesitan una protección especial del Gobierno? o ¿qué pasaría si eliminásemos las trabas a la competencia por completo?
Las respuestas son muy inquietantes, especialmente para los reguladores, acostumbrados a manejarse en un esquema en el que su intervención es imprescindible. Como explica el autor, el problema no es que sean tontos o malos o incapaces. Antes al contrario, las personas que trabajan para los entes estatales encargados de controlar los mercados suelen ser funcionarios públicos inteligentes y dispuestos. Lo que ocurre es que analizan la realidad siguiendo una interpretación que para Herrera es incorrecta. En su opinión, será muy complicado que no se acaben equivocando quienes parten de axiomas completamente equivocados.
Pregunta – Leyendo su libro, me da la sensación de que usted plantea que uno de los principales problemas en el mercado de las telecomunicaciones es que no hay una verdadera competencia, ¿lo he entendido bien?
Respuesta – Partiendo de la base de que yo he sido regulador, una de las cosas que me preocupaba era entender lo que yo hacía en su momento. Cómo encajaba lo que yo estaba haciendo, que creía que era bueno para la sociedad, a la luz de la escuela austriaca, que es un paradigma muy adecuado para explicar la realidad.
La conclusión a la que he llegado es que yo veía la realidad económica a través de unas explicaciones [la teoría neoclásica] que eran incorrectas, por lo que creía en el poder de mercado tal y como me lo habían explicado y como yo lo entendía hasta que leí a Murray Rothbard [escuela austriaca]. No había reflexionado lo suficiente. Y entonces estaba haciendo algo mal porque no comprendía bien el mundo. Para mí ésa es la principal enseñanza que yo he sacado de esta investigación. Mucha gente que trabaja en el regulador no se ha preguntado qué es lo que está haciendo. Si conseguimos que reflexionen, se van a llevar una sorpresa.
P. – ¿Y cómo se traduce eso en el día a día de las teleoperadoras en España?
R. – Eso se traduce en el día a día en que todo el mundo asume que tú eres malo: las empresas son malas y más aún si tienen poder de mercado. Por eso, es tarea del regulador conseguir que no seamos malos. ¿Eso por qué viene? Pues porque hay un modelo neoclásico de competencia perfecta que está haciendo creer a mucha gente que si alguien tiene una cuota de mercado alta, pues es malo para el mercado y hay que evitarlo. Eso explica el día a día de todos los agentes: como en el mundo del regulador el que tiene poder de mercado (en este caso Telefónica) puede hacer cosas malas para la sociedad, hay que vigilarlo. Luego está Telefónica tratando de demostrar que lo que hace no es malo para la sociedad y los otros operadores tratando de demostrar que sí lo es.
P. – De hecho, hace poco hemos visto un ejemplo de todo esto. Telefónica presentó su contrato "fusión" en el que integraba fijo, móvil y ADSL a un precio inferior al que existía en ese momento y la reacción de algunos de sus competidores fue pedir al Gobierno que lo impidiera, porque podía generarse un monopolio.
R. – Es un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo. ¿Cómo reacciona un rival ante una situación así?: ¿innovando? ¿ofreciendo un precio mejor? ¿buscando cubrir mejor las necesidades del cliente? No, reacciona diciendo que eso es anticompetitivo y tratando de convencer al regulador de que lo pare.
P. – ¿Y lo pararán?
R. – Es muy difícil hacerlo, ya que hay muchos reguladores involucrados (telecomunicaciones, competencia, Comisión Europea,…) Paradójicamente, va a depender del éxito que tenga. Si Telefónica consigue su objetivo y tiene mucho éxito, pues habrá muchas más posibilidades de que lo paren.
P. – Por otro lado, ésta no sería la primera intervención en un mercado que ya está muy intervenido.
R. – Sí, de una forma que también es destructiva y más sutil. Telefónica tiene que dar su red a los demás operadores a un precio que quizás no cubra sus costes. En este mercado, la única posibilidad de diferenciarte es en precio, porque cualquier cosa que ofrezcas al consumidor te van a obligar a cederla a otros operadores a un precio regulado. Eso también es malo para el mercado, porque el precio en el fondo refleja el valor. En la medida en la que tiras para abajo el precio, acabas tirando para abajo el valor e impides que el mercado atraiga inversores.
P. – ¿Cómo es ahora mismo la situación en España?
R. – Hay que distinguir fijo y móvil. Ahora mismo, a nivel de móvil, hay tres operadores con red (Telefónica, Vodafone y Orange) y luego está Yoigo, que tiene licencia pero casi no ha desplegado red. Estos tres operadores tienen la obligación de abrir sus redes a otros operadores, aunque no está fijado el precio, digamos que es una regulación ligera que te obliga a abrir la red y si no llegas a un acuerdo en los precios, entonces interviene la CNT. En la práctica, no se llega a esta situación porque los tres operadores están interesados en coger a otros operadores.
A nivel de fijo, Telefónica tiene su par de cobre que está tratando de renovar a fibra óptica. Compite con otros operadores como ONO, Euskaltel, Telecable,.. Y luego hay otra serie de operadores (Jazztel, Vodafone, Orange,…) que utilizan los servicios mayoristas de Telefónica para ofrecer sus servicios. Estos operadores no tienen que afrontar su inversión en red pero pueden competir en el mercado y se benefician de los precios regulados, que no cubren la contabilidad de costes de Telefónica (una contabilidad aprobada por el regulador). Pero incluso aunque ese precio fuera más alto daría igual, porque la cuestión no es de precio, sino de valor: ¿qué valor tienen estos servicios para el usuario?
P. – Pero claro, mucha gente dirá que Telefónica era un monopolio público y que si se privatiza, pues hay que ayudar a los demás, porque parten en inferioridad de condiciones.
R. – Es indiscutible que Telefónica tuvo durante 70 años un monopolio legal, pudo acaparar cuota de mercado, tirar su red a sus anchas, etc… Pero al mismo tiempo la teoría económica te dice que los monopolios legales sufren cientos de ineficiencias. Hayek dice que los costes incurridos se transforman en un error según pasa el tiempo. Por eso, si abres el mercado sin ningún tipo de regulación, hay muchas posibilidades para la gente que conoce el sector y que conoce todas estas ineficiencias. Evidentemente, si tú te planteas competir con Telefónica con una red a nivel nacional, pues no vas a poder. ¿Pero de verdad necesitas una red nacional para ser eficiente y poder competir?
P. – Pero la intuición te dice que si dejas un mercado libre y sin intervención, el operador dominante se quedará con esa posición y hará imposible que otros entren en el mercado.
R. – Cualquier agente trata de mantener a sus clientes contentos. La cuestión es que en el libre mercado ésa es la única forma de retener a tus clientes. En el libre mercado, nadie puede impedir que haya alternativas. La única opción es ofrecer los mejores servicios posibles al cliente. Por eso este libro se llama los mitos: ¿cómo puede una compañía impedir que entre un competidor en un mercado verdaderamente libre?
P. – Claro, pero muchos de los que nos están leyendo pensarán, ‘no puede impedirlo legalmente, pero sí por la vía de los hechos, porque desplegar una red como la suya es muy caro’.
R. – Volvemos a lo mismo. Probablemente, Telefónica ha hecho inversiones ineficientes en estos setenta años, por lo que cualquier persona que conozca el mercado podría aprovecharse de esas ineficiencias. La trampa que nos hacen creer los reguladores es que tienes que entrar como operador nacional. En el libre mercado nadie comienza como operador a nivel nacional, uno empieza ofreciendo pequeños productos y si tiene éxito crece. Las grandes empresas nacionales sólo surgen en el imaginario del regulador, cuando otorga monopolios legales. Las empresas se hacen grandes según van teniendo éxito en su trato con los clientes.
P. – Pero, ¿cómo podrían entrar?
R. – Yo puedo tener respuestas, pero lo más importante es que en un mercado libre hay muchísima gente que sabe mucho más que yo a la que se le podrían ocurrir cosas.
¿Qué problema hubiera ocurrido para que en 1999-2000 un operador hubiera comenzado a dar un buen servicio de cable en un barrio? Luego, si tiene éxito, podría haber ampliado a servicios de voz. Tu planteamiento puede ser: ‘Doy un servicio de datos muy bueno en un lugar determinado y paso de la voz’. Y conforme vas creciendo, amplias a voz y los otros operadores ven que en esa zona están perdiendo clientes.
En cuanto uno le da una vuelta se le ocurren esquemas y lo bueno es que no soy yo el que tengo que dar las alternativas, se le ocurren al mercado. La teoría económica dice que en un mercado libre seguramente habría operadores mucho más pequeños, muy centrados en el servicio al cliente, muy innovadores y con un precio muy competitivo. Y tendríamos una red de mucha más calidad.
P. – Otro problema es el mito del servicio universal: si no obligan a los operadores, hay sitios donde nadie querría ofrecerles un servicio, sobre todo en los pueblos alejados de las grandes ciudades.
R. – Eso es otro mito. Está claro que los habitantes de estos lugares, si no hubiera una obligación de servicio universal, tendrían que pagar algo más al principio, pero posiblemente sólo al principio. Está claro que cualquier operador siempre intentará cobrar el máximo, pero esto no quiera decir que podrá cobrar todo lo que quiera. Para empezar, tendrá que poner un precio que los usuarios quieran pagar. Supongamos que una compañía dice: ‘Puedo llevar un cable hasta ese pueblo y me sale rentable a 30 euros. Pero si puedo, cobro 45 euros’. Y claro, podrá cobrar 45 si los vecinos están dispuestos a pagar ese precio. Pero incluso admitamos que finalmente los consumidores aceptan pagar los 45 euros: entonces, la compañía de al lado pensará que puede tirar su cable y empezara a cobrar a 40 euros. Y al final, en esa zona, los precios serán los más baratos posibles para los recursos invertidos, con competencia y calidad. Pero si tú impides desde el principio que alguien cobre 45, pues esta dinámica nunca se produce.
P. – Claro, y si fijas un precio máximo, las compañías se gastarán el mínimo imprescindible
R. – Bueno, eso si acaban poniendo el cable. En tiempos de burbuja, pues quizás si es más fácil que traguen. En tiempos difíciles, pues pelearán más. Cualquier operador se debe a sus inversores.
