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España no puede competir en un mundo globalizado

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

A buen seguro hemos oído en más de una ocasión que la crisis económica española no tiene remedio alguno, por cuanto no se trata de una crisis coyuntural sino estructural: España no desempeña papel alguno en un mundo globalizado, por lo que está incapacitada para competir, bien con países emergentes como China, Brasil o Turquía, bien con otros más acaudalados y productivos como Canadá, Suiza o Australia. Estamos, suele decirse, en el peor de los dos mundos posibles: ni somos competitivos en coste laboral ni lo somos en productividad de la mano de obra.

Como sucede con muchos razonamientos económicos, a partir de dos o tres observaciones parcialmente ciertas suele construirse unargumento falaz pero en apariencia indisputable. En este caso, las premisas más o menos ciertas desde 2007 han sido:

  1. España tiene que modificar en profundidad un modelo productivo basado excesivamente en el consumo interno, la construcción y el endeudamiento exterior.
     
  2. Ese nuevo modelo productivo lo hemos de encontrar en un mundo cada vez más especializado individual y territorialmente, sobre todo tras la aparición de nuevos y gigantescos centros de producción.
     
  3. España tiene una mano de relativamente obra cara en relación con su productividad.
     
  4. El marco institucional restante de España –electricidad cara, elevados impuestos, barreras institucionales, etc.– tampoco contribuye a que los empresarios encuentren claras oportunidades de negocio.

La conclusión errónea es que España estaba irremediablemente condenada e incapacitada para encontrar su lugar en el mundo y que, en consecuencia, debíamos aislarnos de ese mundo con devaluaciones (en caso de haber sido posibles) o barreras arancelarias.

Tan mercantilistas conclusiones fueron puestas en jaque en el s. XIX por el brillante economista francés Jean Baptiste Say, quien se encargó de demostrar que no es la demanda lo que crea la oferta, sino que es la oferta lo que posibilita la demanda; es decir, que los agentes económicos produzcan cada vez más no implica que irremediablemente alguno de ellos tenga que vender cada vez menos, pues cuanto más produzcan los demás, más ricos se volverán también para ser capaces de demandar más. O, como decía Say: 

No es perjudicial para la industria y la producción nacional que importemos mercancías extranjeras, pues no podemos comprar nada a los extranjeros que no paguemos con productos nacionales que coloquemos en el exterior.

Por supuesto, la introducción del crédito bancario artificialmente barato dentro de la ecuación ralentiza enormemente el ajuste: hoy sí es posible comprar sin pagar de momento (endeudándonos). Pero a largo plazo la Ley de Say se impone inexorablemente: para comprar hemos de vender, y que los demás nos vendan mucho significa que podrán comprarnos mucho.

Así, y pese a todos los grilletes fiscales y regulatorios que atenazan a la economía española, ésta ha sido capaz de incrementar susexportaciones un 20% desde el año 2007 (y un 50% desde el año 2009). Ahora bien, lo llamativo no es tanto la variación agregada de nuestras exportaciones como la descomposición regional con respecto a 2007. Entre los países en desarrollo, vendemos un 150% más a Argelia, un 115% más a Brasil, un 75% más a China y Marruecos y un 65% más a Turquía. Entre los países más ricos y productivos, exportamos un 140% más a Australia, un 115% más a Singapur, un 91% más a Canadá y un 87% más a Suiza. Ciertamente, buena parte de esa mejora puede deberse a un incremento de nuestra competitividad –vía congelación salarial y lenta pero progresiva reestructuración productiva–, mas la mayor parte se debe a algo más simple: como esos países son más ricos que en 2007, también gastan más en el exterior. El error siempre estuvo en creer que China se terminaría convirtiendo en la fábrica de todas las mercancías mundiales: si producen y venden tanto al exterior, inevitablemente tendrán que comprar al exterior aquello que no consumen internamente.

La expansiva riqueza y la competitividad internacionales no suponen una amenaza para España, sino nuestra tabla de salvación. No hemos de desear un hundimiento de las economías emergentes, para ver si de ese modo somos capaces de competir con ellos: al contrario, hemos de desear que se desarrollen lo más rápido posible para que así pasen a comprarnos muchas más mercancías. Como también explicó Say:

Cualquier individuo está interesado en la prosperidad general, pues el éxito de una rama de la industria promociona el éxito de las restantes.

No nos centremos tanto en ver cómo metemos el dedo en el ojo a los extranjeros y prestemos más atención en no tirar piedras contra nuestro propio tejado: hemos de avanzar mucho más rápido en elreajuste productivo y financiero de nuestra economía, y para eso necesitamos mercados mucho más libres y administraciones (e impuestos) mucho más pequeños. Cuánto mayor sería el impulso a nuestras exportaciones si su mejora no procediera solamente de que los extranjeros, al ser más ricos, tienden a consumir un poco más de todo, sino a que estuvieran especialmente interesados en adquirirnos productos específicos de alto valor añadido. Pero para ello hay que fabricarlos, y para fabricarlos hay que completar una excesivamente lenta reorganización productiva. La recuperación podría haber sido muy rápida si nuestros políticos no se hubiesen empeñado en eternizarla y en conjuntarla con todo tipo de incertidumbres extremas (como la suspensión de pagos o la ruptura del euro), cuyo único propósito era evitar pinchar la burbuja del sector público. Esperemos que sus intromisiones no pesen más que la creciente prosperidad exterior, que está tirando de nuestro anquilosado carro.

Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Preferentes: ni fraude ni estafa ni engaño

Los miles de afectados por las polémicas participaciones preferentes, sobre todo las comercializadas años atrás por las cajas hoy nacionalizadas, llevan meses reclamando su dinero mediante campañas de todo tipo e incluso amenazas contra los poderes públicos y los empleados del sector financiero. El argumento básico que emplean para demandar la devolución íntegra de sus ahorros, a costa del dinero del contribuyente por cierto, consiste en denunciar que han sido víctimas de un fraude, un engaño masivo orquestado deliberadamente por las entidades, aprovechándose maliciosamente de la confianza de sus clientes. Sorprendentemente, su mensaje ha calado en la opinión pública y en la mayor parte de la clase política española, de forma similar a lo que acontece con las plataformas de afectados por las hipotecas.

Sin embargo, es preciso situar este polémico debate en su debido contexto, tanto jurídico como económico y moral, ya que las falacias y errores en torno a este asunto están enormemente extendidas. En primer lugar, el concepto de "fraude" está relacionado con el de "estafa", un delito perfectamente tipificado en el ordenamiento jurídico, por el cual una persona o entidad atenta contra el patrimonio o propiedad de un tercero en beneficio propio a través del engaño, haciéndole creer que obtendrá algo que, en realidad, no existe.

La cuestión, por tanto, es si las entidades han engañado o no a sus clientes, garantizándoles una determinada rentabilidad y condiciones que, en realidad, nunca existieron. Para ello es preciso saber, en primer lugar, qué son las famosas preferentes. Se trata de un producto financiero híbrido y complejo, ya que combina características propias de la renta fija (similar al depósito) y de las acciones. Sus principales características se resumen en cuatro puntos: son de carácter perpetuo, es decir, no tienen fecha de vencimiento; por ello, el que quiera recuperar su dinero tendrá que ponerlas a la venta, de forma que su precio y, por tanto, la recuperación del capital, varía en función de la demanda existente (cotizan en un mercado secundario), como las acciones; la rentabilidad ofrecida no está, en ningún caso, garantizada, ya que la entidad puede suspender el cupón en caso de que registre pérdidas; y, por último, pese a su nombre, las "preferentes" no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos en caso de que la entidad quiebre y, además, sus tenedores ocupan uno de los últimos puestos en el orden de prelación. Esto quiere decir, ni más ni menos, que serán de los últimos acreedores en cobrar en caso de que la entidad quiebre y sea liquidada.

Visto lo visto, es evidente que se trata de un producto de riesgo, de ahí, precisamente, que ofrezcan una rentabilidad también superior al de otros productos como, por ejemplo, los depósitos. Aunque muchos afectados dicen ahora que desconocían este tipo de riesgos, lo cierto es que todas estas advertencias han sido siempre públicas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puede ser más claro al respecto: "tienen carácter perpetuo y su rentabilidad no está garantizada"; su "remuneración está condicionada a que la entidad emisora obtenga beneficios suficientes"; "se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido". Así pues, a cualquier persona interesada en este producto le habría bastado con informarse mínimamente sobre su contenido para conocer los riesgos que asumía.

Pero lo más sangrante, si cabe, es que este tipo de advertencias figuran en todos los folletos de emisión de preferentes y, por tanto, en cada uno de los contratos que los afectados tuvieron que firmar, voluntaria y conscientemente, para adquirir este producto, tal y como puede observarse en una de las emisiones efectuadas por Banca Cívica en 2010 -antes de que estallara el problema-, en donde la palabra "riesgo" aparece en 22 ocasiones en apenas cuatro hojas. Cosa distinta es que el cliente no leyera con atención o ni siquiera leyera el contrato antes de estampar su firma. Es más, pudiera ser que no comprendiera correctamente el texto, pese a que éste es bastante claro y explícito. Así, el contrato aclara en el apartado de "aspectos relevantes", y con el término "RIESGOS" en mayúscula, lo siguiente (sic): "producto complejo y de carácter perpetuo"; "no constituye un depósito bancario"; "el adjetivo preferente […] NO significa que sus titulares tengan la condición de acreedores privilegiados"; "discrecionalidad en el pago de la retribución". No son términos técnicos o complejos como para dificultar en exceso su comprensión. Aún así, el sentido común dicta que ante la duda mejor no firmar, sobre todo si está dispuesto a invertir una parte muy sustancial de sus ahorros.

Así pues, ¿hubo fraude en su comercialización? Las pruebas al respecto son concluyentes. Los contratos de preferentes, firmados voluntariamente -insisto-, no adolecían de defectos jurídicos, ni en forma ni en fondo. Es decir, no prometían ni garantizaban algo inexistente. Eran perfectamente legales y válidos. Las investigaciones abiertas por la CNMV contra algunas de las entidades emisoras revelan que su colocación entre inversores minoristas (particulares) se realizó, "con carácter general, ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente, al menos desde la perspectiva de la documentación contractual que soporta la operación". Dicho esto, es posible que se produjeran ciertas irregularidades que sí otorgarían el derecho a la devolución íntegra de la inversión, en casos donde se probara debidamente la suplantación de la firma o la incapacidad manifiesta del cliente para entender el contrato (analfabetos o personas que no gocen de plenas facultades), pero son absolutamente marginales y anecdóticos.

De hecho, la mayoría de los afectados no denuncia la existencia de defectos contractuales para reclamar su dinero sino que manifiesta haber recibido una información verbal contradictoria con la documentación firmada. Dicho en román paladino: "Yo firmé lo que firmé, pero en la caja de ahorros me dijeron que no había ningún riesgo, que las preferentes eran como un depósito". He aquí la clave de todo el asunto. El contrato advertía claramente de los riesgos, pero la gente se fió más de lo que les decía su director u oficinista de toda la vida, de ahí que aduzcan engaño.

¿Problema? Varios. Desde el punto de vista jurídico prima, en primer lugar, la validez del contrato. Si éste es legal, el afectado tendría que demostrar al juez, en todo caso, que el director de su sucursal le vendió de boquilla un producto totalmente diferente al que firmó. Pero es que, incluso en ese caso, el argumento no se sostiene. En primer lugar, porque muchos de los tenedores ya habían invertido antes en preferentes sin ningún tipo de queja ni problema -se comercializan desde 1999-, con lo que ya conocían el producto, sin que quepan pues vicios en el consentimiento, tal y como certifican numerosas sentencias judiciales.

En segundo lugar, porque una cosa es lo que se vende y otra muy distinta la que se firma. Por esa regla de tres, y llevando el argumento de los afectados al absurdo, casi la práctica totalidad de las técnicas comerciales y publicitarias deberían ser calificadas de engañosas y, por tanto, condenadas por estafa y fraude, desde Red Bull te da alas hasta la promesa de un lotero que no duda en afirmar que lleva ‘El Gordo’ o que este fin de semana le toca seguro. Los empleados de banca son, simplemente, comerciales, ni son asesores ni su trabajo consiste en ofrecer el producto de inversión más adecuado al cliente sino, muy al contrario, en vender lo que considere oportuno la entidad, desde créditos hasta acciones, a fin de cumplir una serie de objetivos.

Pero es que, por si fuera poco, en la mayoría de los casos, ni siquiera las promesas de alta rentabilidad y garantía de devolución que ofertaban los empleados se efectuó a mala fe. Las entidades financieras colocaron unos 30.000 millones de euros en participaciones preferentes desde 1999 hasta finales de 2010. Esto es, durante toda la burbuja inmobiliaria, en donde no hubo el más mínimo problema con este producto, y durante los primeros años de la crisis financiara, cuando casi nadie en España -ni economistas, ni gobierno, ni reguladores ni tan siquiera las propias entidades- pensaba que la tormenta arrastraría a buena parte del sistema financiero a la más absoluta insolvencia. Los problemas surgen en 2011, sobre todo a finales de ese año, cuando el valor de las preferentes en el mercado secundario empezó a hundirse hasta convertirlas en un activo totalmente ilíquido ante la ausencia de compradores. ¿Y por qué sucedió esto? Porque entonces ya era evidente para muchos que algunas entidades (cajas de ahorros) estaban técnicamente quebradas. De hecho, las quejas existentes hoy proceden, básicamente, de los clientes de las entidades nacionalizadas, con un volumen próximo a los 5.000 millones de euros (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa, y Banco de Valencia). Dicho de otro modo, durante su comercialización -toda una década-, la inmensa mayoría de empleados no pensaba que pudiera llegar a producirse tal escenario, y prueba de ello es que algunos de ellos -y/o sus familiares y amigos- también invirtieron.

El problema, por tanto, no radica en el producto en sí sino en la insolvencia del emisor, un riesgo que, por otro lado, siempre está presente, pues cabe recordar que las preferentes no son algo exclusivo de entidades financieras sino de todo tipo de empresas cotizadas. En este sentido, los preferentistas han perdido parte de su dinero al igual que millones de ahorradores compraron acciones bancarias e inmobiliarias en pleno boom confiando en la ilusoria solvencia del sector. Por último, algunos juristas sostienen que, pese a todo, el riesgo de este producto no se ajustaba al perfil inversor del cliente. Olvidan, sin embargo, que la normativa europea no prohíbe colocar activos complejos entre inversores minoristas. Es más, tales restricciones son erróneas y contraproducentes, ya que el Estado carece de legitimidad alguna para decidir quién debe invertir en qué. Las acciones tienen tanto o más riesgo que las preferentes -al menos a corto y medio plazo- y ello no es óbice para que el Gobierno de turno impida por ley a determinados individuos convertirse en propietario de una empresa.

El pecado no radica, pues, en el supuesto fraude o engaño cometido por las entidades, del todo irreal y falaz, sino en la ingenuidad, exceso de confianza y, por encima de todo, incultura financiera de los españoles. Ésa es la clave. El caso de las preferentes no es asimilable al de fraudes como el de Gescartera, Fórum Filatélico o Nueva Rumasa, como se pretende hacer creer. El problema de fondo aquí radica en la imprudencia y en los errores de inversión cometidos por los afectados, al igual que otros muchos accionistas, empresarios e hipotecados han perdido parte o todo su capital durante la crisis. Por ello, su rescate, a costa del resto de contribuyentes, tal y como pretendía el Gobierno, es injusto e inmoral. No en vano, reclaman para sí el mismo trato concedido por el Estado a los bancos, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas con el dinero del resto de españoles, lo cual es absolutamente condenable.

De la “ilusión fiscal” a la “ilusión de deuda pública”

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

La crisis de deuda que azotaba España en 2008 se circunscribía al ámbito privado hasta que el Gobierno extendió aún más sus tentáculos en la economía y se dio de bruces con la realidad del colapso productivo y recaudatorio (fiscal). Durante el auge económico, fue la "ilusión fiscal" la que permitió al Estado crecer y crecer. Mientras, en los inicios de la recesión, la "ilusión de la deuda pública" propició que gozara de margen para aumentar su tamaño y poder, creando nuevas bolsas de receptores netos de transferencias públicas. Téngase presente que tanto en las crisis nacionales (económicas o de otra índole) como en épocas de esplendor económico, el Estado tiende a incrementar su poder (si no se ponen frenos constitucionales muy rígidos –a lo Buchanan y, muy a menudo, de poco sirven…– o medidas de parecido cariz que inmunicen a la población contra la palabrería populista). El Estado crece siempre que puede… y le dejan.

La "ilusión de la deuda pública" (debt illusion) hace referencia al hecho de que los contribuyentes no son conscientes del coste impositivo que tendrá un incremento del gasto público de aquellas Administraciones Públicas que recurren a nuevas emisiones de deuda pública o a créditos con entidades financieras. Si, en lugar de ello, este nuevo gasto se financiara con cargo a consiguientes subidas impositivas, los bolsillos del contribuyente se verían perjudicados ipso facto, siendo conocedores de los efectos fiscales de manera inmediata. Este no es el caso cuando de emisión de deuda pública se trata.

La práctica de emitir deuda pública es tolerable durante un tiempo, en buena medida, gracias a que, al quedar diferido el pago, el contribuyente desconoce muchos factores asociados a las emisiones:

  • Cuándo se pagará: es práctica habitual la refinanciación (emitir nueva deuda para pagar la deuda pública que va venciendo) si no hay Presupuesto para atender al pago.
  • En qué cuantía final: Si hay refinanciaciones, la coyuntura económica y el plazo influirán en los costes financieros (tipos de interés). Léanse las famosas primas de riesgo.
  • Cómo se pagará: Hace referencia a qué configuración del sistema tributario estará en vigor en cada momento. Por ejemplo, si en un momento histórico la tributación recaerá más sobre el consumo; cuáles son los tipos marginales del IRPF y qué tramos hay, etc.
  • Quién lo hará: Estas promesas de pago diferido recaerán a menudo en gente sin derecho a voto (jóvenes) o que ni siquiera ha nacido. Además, cada agente desconoce qué situación personal y económica tendrá cuando llegue el momento de pagar.

La ignorancia sobre el proceso gubernamental, presupuestario o la futura estructura fiscal por parte de las masas, e incluso de políticos y burócratas, es total. Por tanto, el grado de información de que dispone el ciudadano es insuficiente para calcular el valor descontado de la carga que soportará la economía en forma de subidas futuras de impuestos o generación de inflación.

De esta manera es como se logra incurrir en creciente deuda pública durante un lapso de tiempo más o menos continuado sin hacer saltar las alarmas en la población general. Sí lo hará en especialistas conocedores del peligro que la práctica sistemática conlleva, si bien se trata de profesionales con un impacto mínimo en la opinión pública. Más tarde, se apercibirán los mercados de deuda pública y la prensa especializada. Incluso en esos momentos, la alarma social estalla a consecuencia de las noticias sobre convulsiones en los mercados nacionales y mundiales de deuda pública y bursátiles, sobre los que, paradójicamente, se ciernen miradas inquisitoriales. Sólo es al final, cuando llegan los recortes de gasto –si es que llegan– y las subidas de impuestos de los gobiernos o las devaluaciones, cuando muchos núcleos de la población general empiezan a tomar conciencia de los abusos de las Administraciones en el pasado. Esto nos toca muy de cerca a los españoles.

Así pues, el manejo de la deuda pública, otra inspiración más del keynesianismo, pone en manos de la clase política una herramienta más con la que acrecentar su poder mientras la ciudadanía se sume en otro velo más de ignorancia.

A todo lo anterior se sumó la característica "burbuja de deuda pública" española, que facilitó que, hasta febrero de 2010, España tuviera carta blanca para endeudarse a espuertas: no sólo se sirvió la Administración de que partía de una salud financiera "sólo aparentemente" envidiable, sino que en torno a septiembre u octubre de 2008, dio comienzo esta burbuja de deuda coincidiendo con la quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese mismo año, cuando se constataron las miserias del sector financiero, que dio muestras de una situación de grave insolvencia. Los ahorradores huyen de los bancos, pero también del sector productivo.

  • Se empieza a dudar de la capacidad de atender al pago de sus pasivos bancarios (depósitos) tras haberse endeudado cuantiosamente a corto plazo e invertido a largo plazo (en activos financieros ilíquidos y de elevado riesgo).
  • Del mismo modo, la sombra de la duda alcanza al sector productivo de la economía (son precisamente los bienes reales producidos por éste los que están respaldando la parte del activo bancario de dudoso cobro). El hundimiento del sector y del precio de estos bienes lleva a que haya fuertes caídas de las bolsas mundiales y el pesimismo sobre la duración y la intensidad de la crisis productiva se apodere de los inversores.
  • Por último, los primeros indicios del desplome de la burbuja de materias primas se vivieron en el verano de 2008, que pinchó definitivamente en las mismas fechas en que se arrancó la burbuja de deuda soberana.

Estos tres factores contribuyeron a la llegada al mercado de deuda pública de dinero caliente que huía de estos tres tipos de inversión, en esos momentos, en franca decadencia.

Este impulso, reforzado por la situación de partida del sector público español, que llegó a registrar superávits entre 2005 y 2007, posibilitó que las emisiones de deuda fueran recibidas con los brazos abiertos entre el público durante algo menos de dos años. Por consiguiente, se pudieron colocar a tipos de interés muy interesantes y en cuantías crecientes, debido a las bajas primas de riesgo.

En palabras de Nouriel Roubini (julio de 2010):

El desapalancamiento del sector privado apenas ha comenzado. Además, ahora hay un enorme reapalancamiento del sector público en las economías avanzadas, con enormes déficits presupuestarios y una acumulación de deuda pública impulsada por los estabilizadores automáticos, los estímulos fiscales anticíclicos keynesianos y los inmensos costos de la socialización de las pérdidas del sistema financiero.

De aquellos polvos…

El conocimiento y el management modular

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Como dijimos en el comentario anterior, los recursos productivos son heterogéneos. Esta característica es un reflejo de la división del trabajo y del conocimiento. De hecho, detrás de los medios físicos y humanos de la producción, encontramos toda una intrincada estructura de conocimiento plasmada, contenida, en los bienes de capital y complementada por el conocimiento en cómo estos deben usarse.

La estructura en la economía

El capital heterogéneo implica conocimiento heterogéneo. A medida que el conocimiento se especializa a través de nuevas combinaciones de bienes o la creación de nuevos bienes, más heterogénea y mayor complejidad alcanza la estructura productiva de la economía. Y cuanto más compleja es la economía, mayor es su desarrollo y crecimiento, y más intensamente se plasmará el conocimiento en la estructura productiva –en los bienes productivos que componen dicha estructura-.

La estructura en la empresa

Del mismo modo que decimos que los bienes de capital conforman una estructura productiva a nivel de la economía, también en el seno de la empresa los bienes de capital forman estructuras y subestructuras, puesto que están ordenados de una manera coherente atendiendo a sus características subjetivamente juzgadas por el empresario.

Ante un conocimiento cada vez más especializado, plasmado en los bienes de capital que son cada vez más heterogéneos, la tarea de organizar y gestionar estas estructuras es crucial para el desarrollo de la empresa y el crecimiento económico. Por ello, las estructuras a nivel de la empresa deben ser cuidadosamente planeadas y mantenidas, aunque sus mutaciones adaptativas sean gobernadas por impredecibles y emergentes fenómenos del conocimiento. Los empresarios o directivos deberán sopesar la heterogeneidad y complementariedad de sus factores productivos así como su capacidad de sustitución, los fines específicos que ayudan a lograr, y su adaptabilidad ante distintas combinaciones, y tener en cuenta cómo operarían todas estas características ante los cambios que siembre el futuro.

La organización en la empresa

Cuanto mayor sea la heterogeneidad de los recursos y, por tanto, mayor la especialización del conocimiento, la organización de activos del conocimiento en combinaciones productivas (rentables) requiere de una habilidad organizadora y una estructura organizativa mayor que gestioneese conocimiento.

Por este tipo de habilidades se entiende las reglas, costumbres o normas internas de la empresa que serán más valiosas en la medida en que creen las condiciones internas idóneas para acercar el conocimiento común u homogéneo de cada una de las partes (subestructuras) de la empresa (véase N. J. Foss sobre liderazgo y conocimiento). Y esa homogeneización del conocimiento será clave para gestionar y coordinar eficientemente el conocimiento heterogéneo de la producción. Es decir, la producción con recursos heterogéneos no dependería tanto de disponer de los mejores recursos sino de conocer más adecuadamente las actuaciones productivas relativas de esos recursos (Alchian y Demsetz 1972).

EL management modular: la gestión del conocimiento cada vez más complejo

La complejidad (heterogeneidad) del conocimiento implica estrategias de gestión del mismo más avanzadas -como diría Peter Drucker, el management deviene necesario cuando una empresa alcanza cierto tamaño y complejidad-. Una de ellas es la gestión de la empresa vista como un sistema modular, que coincide plenamente con la teoría austriaca del capital aplicada a la empresa –combinación por parte del empresario de recursos heterogéneos, creciente complejidad del conocimiento plasmado en los bienes de capital, información centralizada vs. Dispersa, etc.-.

Un sistema modular se compone de partes que se combinan entre sí, pero no de cualquier manera, sino con una serie de orientaciones de unos con otros. Lo importante de esta perspectiva modular del management es que, al igual que la estructura de módulos o, en nuestro caso, bienes de capital –que en sí mismos pueden ser, también, una subestructura compuesta por otra combinación de módulos o bienes de capital-, es coherente –con partes heterogéneas pero con características de complementariedad- y facilita la organización de las actividades internas de la empresa.

¿Cómo? A través de la observación de la estructura organizativa, el manager de la empresa puede economizar el conocimiento infiriendo propiedades de unas pocas partes de la estructura, y elaborar principios de interacción: ya no hará falta que conozca todo lo relacionado de cada parte de la empresa, sino sólo lo imprescindible de cada módulo –o bien de capital- y de cómo se relacionan entre sí –que en sí mismo también será como un bien de capital, un conocimiento productivo-. De ahí que esta estrategia permita economizar conocimientos, pues ya no es necesario que el empresario conozca el funcionamiento de cada módulo o subestructura (hidden information, información oculta al observador de alto nivel).

Por tanto, la perspectiva modular de las estructuras de conocimiento presentes en una empresa es un diseño de la organización de la misma –también se usa para el diseño de productos- en el que se establece lo que el directivo necesita saber y lo que no necesita saber. El directivo necesita conocer el conocimiento de otras partes de la empresa, pero dada la naturaleza compleja de este, se trata de economizar la tarea a través de la abstracción –a través de la modularidad: a partir de las partes inferir propiedades y principios de la estructura-.

Teniendo en cuenta esto, una gestión exitosa dependerá de encontrar el nivel justo de abstracción, es decir, conocer lo suficiente para hacer juicios correctos sobre el empleo rentable de los recursos (humanos y físicos), que conocen más sus actividades (especialización del conocimiento) que el propio manager, evitando que el directivo malgaste su tiempo entendiendo los múltiples procesos que se dan a diario en una empresa.

La moneda del trillón de dólares

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Análisis diario.

En Estados Unidos es recurrente el debate sobre el techo de la deuda. El gobierno americano, desde hace muchos años, gasta a tal velocidad y tan por encima de sus posibilidades que cada pocos meses se alcanza un nuevo techo de deuda pública que debe ser redefinido por el Congreso. El límite constitucional al endeudamiento del Estado, que una vez pretendió ser un mecanismo para contener el poder político, se ha convertido en una farsa. Cada vez que se llega al tope previamente fijado, se organiza un paripé, un intercambio de trapos sucios en el que los dos partidos mayoritarios se acusan mutuamente de mala gestión y de haber llevado al país al borde de la quiebra, para, a continuación, sin excepción, dar una patada hacia adelante al límite de la deuda sin solucionar el problema de fondo. Los políticos americanos deben de creer que los ciudadanos no tienen bastante con que cada gobierno sea más manirroto que el anterior y que las finanzas públicas sean una ruina, sino que encima les someten a este lamentable espectáculo partidista.

No hace falta seguir muy de cerca la política americana para ir descubriendo señales que van indicando el declive económico y político de Estados Unidos. En los últimos días los medios de todo el mundo se han hecho eco de una absurda propuesta del Congresista por Nueva York Jerrold Nadler para solucionar el problema del techo de deuda. Ha encontrado que una ley permite al Departamento del Tesoro acuñar un tipo de monedas conmemorativas de platino para coleccionistas. Para sacarlas a subasta, el gobierno puede asignar a la moneda un precio de salida provisional. La absurda propuesta es la siguiente: el Tesoro acuña una de esas monedas de platino y le asigna un valor de un trillón de dólares. Acto seguido la deposita en la Reserva Federal y ésta emite el dinero correspondiente al valor teórico de ese activo. Con esa chequera en el bolsillo, el gobierno ya puede seguir pagando todas las facturas que hagan falta sin preocuparse por el dichoso techo de deuda.

Cuando un disparate económico recorre los medios, y más cuando está encaminado a facilitar el aumento del déficit y la deuda, hay un economista americano que nunca pierde la oportunidad de subirse al carro. En este caso tampoco ha decepcionado. Paul Krugman, el mismo que afirmó que una posible solución para salir de la crisis era prepararse para un ataque alienígena, ha respaldado públicamente desde su púlpito de The New York Times la acuñación de la moneda del trillón de dólares como remedio al problema del techo de deuda: "La ley es la ley, y ofrece una simple aunque extraña salida de la crisis. […] La tarea del Presidente es hacer lo que sea necesario, no importa lo excéntrico o estúpido que pueda sonar, para calmar esta crisis de rehenes. ¡Acuñad esa moneda!"

George Selgin, Profesor de Economía en la Universidad de Georgia, ha sugerido cambiar para dicha moneda la clásica inscripción "In God We Trust" por una leyenda más acorde con la situación, como por ejemplo "In Idiots We Trust". Matthew O’Brien, editor asociado del diario The Atlantic, también tentado a entrar en el debate de los pormenores de acuñación de dicha moneda, propone sustituir la correspondiente efigie por la imagen de una banana.

Aunque la idea de la moneda del trillón de dólares no es nueva, mi apuesta personal es que el Congresista Nadler encontró la inspiración en una fuente intelectual acorde con la categoría de la propuesta: Los Simpsons. En un capítulo de la popular serie, Homer ayuda al FBI a recuperar un billete de un trillón de dólares que emitió el gobierno en tiempos de Truman para pagar sin esfuerzo los gastos de la posguerra a sus aliados europeos. Por lo visto, el cómico guión de una serie basada en el humor absurdo, en manos de ciertos políticos y economistas puede pasar por política económica seria. Lo cierto es que cada vez es más difícil distinguir entre una medida keynesiana y una estupidez sacada del guión de Los Simpsons.

Si, como defienden conocidos economistas, políticos y periodistas, esta solución es válida, ¿por qué acuñar solamente una de esas monedas de un trillón? ¿Por qué no acuñar 17 y olvidarnos de toda la deuda pública? ¿Y por qué no acuñar 100 y gastarlas a manos llenas en solucionar todos los problemas del mundo? Pues, sencillamente, porque esta medida carece de cualquier tipo de sentido económico. La solución es equivalente a imprimir dinero, es decir, lo que hace es quitarle valor a los dólares que sufridamente se han ganado los ciudadanos y meterlo en el bolsillo del gobierno, distorsionando, en el proceso, la estructura productiva. Sólo Krugman considera que la acuñación de dicha moneda no es inflacionaria. De lo que se deduce, digo yo, que mediante esta estúpida propuesta se crea riqueza real de la nada. ¿En qué estarían pensando los que le dieron el Premio Nobel?

Al final, para disgusto de Krugman y sus seguidores, los portavoces del Tesoro y de la Reserva Federal han salido a la palestra para decir, no muy convencidos, que no están barajando esta solución. Anthony Coley, portavoz del Tesoro, explicó el motivo: "No creemos que la ley de monedas conmemorativas deba usarse para evitar tener que incrementar el límite de la deuda". Es decir, que no aplican la propuesta de la moneda de platino, no porque sea económicamente absurda, sino porque va contra el espíritu de la norma en cuestión.

El problema de fondo de todo este sainete es que han montado una guerra partidista por parte de ambos partidos que tiene como rehén a las finanzas públicas de los americanos. Los Demócratas consideran que los Republicanos están haciendo chantaje amenazando con no aprobar un nuevo techo de deuda para cumplir que se le concedan sus exigencias. Y en parte tienen razón. Algunas de esas exigencias son razonables, como recortar partidas de un gasto público desbocado, pero casi siempre trufadas de clientelismo político y electoral. Los Republicanos afirman querer recortar el gasto, pero siempre se refieren al gasto político de los Demócratas, porque el suyo propio no quieren ni que se toque. Por otro lado, el gobierno de Obama y los Demócratas también están haciendo chantaje a los americanos. Han incurrido en gastos por encima de lo que pueden pagar con el actual techo de deuda, con lo que amenazan con la suspensión de pagos si los Republicanos no aumentan el techo de deuda sin rechistar. Lo que no mencionan es que la quiebra, de producirse, sería por los irresponsables gastos en los que ha incurrido el gobierno actual.

Bajo el ridículo de la idea de la moneda del trillón de dólares, subyace una crisis fiscal igualmente absurda. La solución no son ideas traídas de Los Simpsons ni chantajes electoralistas. Tampoco es, como afirma Krugman o el gobierno, que siempre que se alcance el techo de deuda se aumente sin pensar en lo que se está haciendo, ni la abolición de dicho límite constitucional. La solución es mucho más sencilla: hay que equilibrar las cuentas públicas. Hasta el propio Homer Simpson lo haría mejor que los políticos actuales.

¡Libertad de horarios comerciales ya!

Escrito por Gonzalo Melián en . Publicado en Artículos en prensa.

El director general de Comercio de Canarias, Gustavo Matos, en una entrevista concedida a un diario local dice que «el debate de la liberalización de horarios es de otra época, cuando había renta disponible y no teníamos horas para comprar». Además, asegura que «es un cuento que no beneficia al consumidor, a medio o largo plazo, por el impacto que podría tener esta medida en la red del mediano y pequeño comercio».

Si el debate de la liberalización de los horarios comerciales es de otra época o no es algo en lo que el señor Matos no debería intervenir. Es a los empresarios y a los consumidores a quienes les toca decidir cuándo intercambiar sus bienes y servicios. Sin lugar a dudas, esta es la primera lección que debería aprender un director general de comercio que se precie antes de tomar posesión de su cargo.

Es erróneo pensar que la libertad sólo beneficia a unos pocos, pues cuando los intercambios se producen de forma voluntaria todas las partes salen ganando. Si un comerciante decide abrir su tienda un domingo a las tres de la madrugada es porque existen suficientes personas dispuestas a pagar —probablemente, más que a otras horas— por el servicio ofrecido.

Por esta razón, lo que sí es un cuento es decir que la liberalización de horarios no beneficia al consumidor, pues precisamente el no estar establecida no sólo perjudica a los empresarios que ven una oportunidad de negocio, sino también a los consumidores, que no pueden ver satisfechas sus necesidades.

Lo que no es de recibo y a la vez que asombroso, es afirmar que la libertad puede perjudicar a los empresarios del pequeño y mediano comercio. La libertad no es mala para ellos y buena para los grandes, es mala para los no competitivos, es decir para aquellos que no satisfacen las necesidades de los consumidores.

Precisamente, ha sido esta rigidez de horarios una de las principales causas de que haya cerrado una cantidad enorme de pequeños comercios en Canarias.

Sucede que estos no han podido competir con las grandes superficies en horarios en los que el consumidor prefiere ir a comprar en la pequeña tienda de su barrio a poca distancia de su domicilio que tener que desplazarse hasta una gran superficie.

Por el contrario, las poblaciones que han liberalizado los horarios comerciales, como Madrid, no sólo han beneficiado al pequeño comercio sino también al consumidor.

Por todo ello, las palabras del socialista Gustavo Matos parecen dichas por una persona que no entiende las virtudes de la libertad y que no está preocupado por los empresarios y consumidores canarios.

Sindicatos progresistas y sindicatos reaccionarios

Escrito por Mónica Mullor en . Publicado en Artículos en prensa.

Las cinco semanas de paro sanitario madrileño, las reiteradas huelgas en el sector del transporte y tantas otras que se vienen sucediendo ininterrumpidamente son manifestaciones del uso abusivo del derecho a huelga que hacen los sindicatos españoles, especialmente aquellos que agrupan a los funcionarios.

Se apropian del espacio y las instituciones públicas porque creen que les pertenecen, y utilizan a los ciudadanos como rehenes para defender los privilegios de que goza. Buscan con la fuerza impedir todo cambio, cueste lo que cueste. Así son los sindicatos: reaccionarios y con gran capacidad de hacer daño a los españoles y a España.

Desde una perspectiva europea, los sindicatos españoles se han quedado atrás y siguen en la lucha egoísta por la defensa de los privilegios de la minoría de trabajadores a la que representan. A diferencia de ellos, hace ya varios años que sus colegas en diversos países europeos han venido mostrando una actitud progresista y no reaccionaria: en vez de tratar de obstaculizarlo, se han sumado al cambio.

En Alemania el Gobierno federal y los länder acordaron en 2005 junto con los sindicatos una reforma para instaurar horarios flexibles y un sistema de retribución basado en el rendimiento y la experiencia; dos años más tarde se aprobó el sistema de pago por objetivos. En Finlandia, en los últimos ocho años se han desarrollado más de 200 proyectos centrados en aumentar la productividad de los trabajadores públicos, cuyo número se ha reducido. En Holanda, a partir de las reformas introducidas en 2008, que favorecieron la movilidad y flexibilidad de los funcionarios, las condiciones laborales en los sectores público y privado son ya muy parecidas. También tiene interés la reforma italiana de 2009, que ha permitido, entre otras cosas, el despido de funcionarios absentistas.

En España, el problema no es que sobren empleados públicos, es decir, trabajadores remunerados por las Administraciones para cumplir diversas labores necesarias. No, el problema es que muchos de ellos disfrutan de unos privilegios que los separan del resto de los trabajadores y les confieren una seguridad laboral dañina. Suecia tiene muchos más empleados públicos per cápita que España, pero se rigen por las mismas leyes laborales que los demás trabajadores: ni médicos, ni enfermeras ni profesores son funcionarios con empleos vitalicios y otras prebendas.

Las grandes reformas del sector público sueco durante la crisis de los años 90 se caracterizaron por el paso del monopolio estatal en el ámbito de la sanidad, la educación y los cuidados a la gestión de colaboración público-privada. Estos cambios se lograron sin huelgas ni encierros, sino con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y un gran acuerdo político. La reacción de los sindicatos suecos no fue la de atrincherarse en defensa del statu quo, como hacen los sindicatos españoles. No. Fue ejemplar. En los años más criticos de la crisis sueca (de 1991 a 1994), el promedio anual de huelgas fue de 22, mientras que en los cuatro años anteriores fue de 119.

Veamos qué se puede leer hoy por hoy en las páginas web de las asociaciones sindicales suecas en relación a la gestión pública-privada (con o sin ánimo de lucro) en áreas como la educación y la sanidad.

Para el Sindicato de Maestros (Lärarförbundet), lo importante es que tanto los maestros como los estudiantes tengan las mismas oportunidades para desarrollar su trabajo, independientemente de si la escuela está gestionada de forma privada o pública.

El Sindicato de Maestros acoge con satisfacción el hecho de que haya escuelas con enfoques pedagógicos y perfiles diferentes, porque lo que determina si una escuela es buena o mala no es quién ostenta la gestión, sino las condiciones que profesores y alumnos tienen para desarrollar su labor.

También consideran clave que estas condiciones se apliquen

a todas las escuelas, independientemente de su ubicación geográfica.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Salud (Vårdförbundet) opina que la libertad de elección es "buena":

El sistema de libertad de elección debe ofrecer una pluralidad de alternativas sanitarias, entre las cuales se pueda elegir. Debe ser posible comparar los proveedores de una manera objetiva, y debe ser posible elegir distintos tipos de sanidad.

Finalmente, la Asociación de Médicos (Läkarförbundet) sostiene:

La competencia y la pluralidad de proveedores son buenas no solo para los ciudadanos y los pacientes, sino para la profesión médica.

El acuerdo político respecto de las profundas reformas que dieron paso a la competencia y la libertad de elección en una gran parte de los servicios de responsabilidad pública fue tan amplio que el entonces primer ministro socialdemócrata sueco, Göran Persson, llegó a decir: "No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones". A años luz de los socialistas españoles y su retórica oportunista y reaccionaria.

Los líderes sindicales españoles están anclados en el pasado. Tratan de aterrorizar a la ciudadanía con el espectro de la privatización y se arrogan el derecho de privar a la gente de ejercer plenamente su pleno a la educación o la sanidad. Si de verdad les interesasen España y los españoles, deberían aprender de sus colegas del norte, que por algo viven en países realmente solidarios, dinámicos y con sistemas de bienestar modernos y sostenibles.

ideasyanalisis.wordpress.com

Iñaki Arteta y el crowdfunding: algo más que una herramienta económica

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Arteta sigue siendo un pionero, no sólo en lo que a temática se refiere, sino también en aquellos aspectos relacionados con la producción. Esta última tesis exige una serie de matizaciones que en última instancia ilustran el compromiso a ultranza y militante del director vasco con las víctimas de la barbarie etarra.

El nuevo documental se titulará 1980. No es un año o una cifra escogida al azar. Por el contrario, refleja una de las épocas más sanguinarias de ETA con casi 100 asesinatos, acompañados de secuestros, extorsiones y amenazas.

Arteta no lo ha tenido fácil para sacar adelante su proyecto, fenómeno que no es nuevo para él. En efecto, ante la ausencia de ayudas públicas, ha recurrido a la novedosa fórmula del crowdfunding, en función de la cual, mediante las donaciones de ciudadanos anónimos, ha reunido la cifra de 50.000 euros con los que empezará a costear el documental. Como puede observarse, una cantidad mínima, especialmente si la comparamos con las entregadas años atrás, en pleno apogeo y esplendor del zapaterismo, para hacer proselitismo ideológico de dudosa calidad.

Lo fácil por parte de Arteta hubiera sido iniciar un proceso de auto-victimización; sin embargo, ha optado por asumir la gravedad de la coyuntura económica y social por la que atraviesa España, algo que el clan de la ceja, cegado por el egoísmo, subordina a su interés particular.

Frente a las altas subvenciones de las que ha gozado el cine español entre 2004-2011, que no se tradujeron en éxitos en taquilla, Arteta viene siendo ninguneado (en ocasiones incluso descalificado) desde las poltronas instaladas en el buenismo sectario o en el sectarismo buenista. Se trata de un hecho que ya se percibió en sus anteriores obras Trece entre mil y El infierno vasco. Conseguir por parte del espectador una sala donde se proyectasen era casi utópico, aunque una vez logrado, el aforo estaba completo.

Desde buena parte de los medios oficiales y no oficiales se intentaron silenciar ambos proyectos, a pesar de la calidad de los mismos, reflejada, por ejemplo, en la ingente labor de documentación. Arteta nos ofreció el testimonio de víctimas del entramado etarra y nos describió la cruda realidad del País Vasco durante estas últimas décadas. Así, nos encontramos a familiares de asesinados o personas que debieron abandonar Euskadi ante la persecución de “los violentos” (generoso epíteto que se emplea para referirse de forma tan condescendiente como equidistante a quienes matan y amenazan).

Fueron dos brillantes trabajos que tendrán su continuación en 1980, obra de indudable valor histórico y pedagógico para las nuevas generaciones de españoles que no conocieron los denominados “años de plomo” de la banda terrorista y a los que se intenta ahora adoctrinar bajo el eslogan de “Eta ya no existe”. Este mantra, tan cacareado en los últimos tiempos, oculta una evidente rendición, al mismo tiempo que fomenta el intercambio de roles, de tal manera que los victimarios se convierten en las víctimas y éstas en culpables de que no haya “normalidad democrática”, expresión que prueba cómo el lenguaje puede ser adulterado a base de repetir machaconamente determinadas mentiras.

En consecuencia, quienes hemos seguido la trayectoria de Iñaki Arteta (acompañado de su socio Alfonso Galletero) estamos ansiosos de que 1980 vea la luz. Se tratará de una auténtica pieza de denuncia que definirá con precisión conceptos adulterados (como democracia o libertad), y todo ello sin recurrir a la bronca y al pancarterismo, como acostumbra un sector de la izquierda española, siempre pendiente de la foto y de reivindicar la memoria de etarras encarcelados, ¿verdad Willy y Pilar?