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Los miserables (I)

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Proletario es aquel que carece de otros medios para subsistir que no sea su trabajo, y que, por tanto, es sólo dueño de su prole. Se trata del trabajador extroversivo puro. Aquel cuya vida depende de prestar su trabajo a quienes sí poseen otros medios de producción. El proletario queda expuesto al infortunio, la enfermedad y la vejez. Condena a sus hijos a tener una existencia idéntica a la suya, lo que origina una clase social, distinta de la que forman los dueños del capital, o capitalistas, constituidos en una minoría de individuos que detenta la propiedad y la dirección de los medios de producción.

Sobre este esquema simple descansa el socialismo. La causa jurídica es la propiedad, y la económica, la apropiación de la plusvalía generada durante la producción por parte de quienes dominan los bienes de capital. La consecuencia política es un orden donde una minoría somete a la inmensa mayoría, que, pese a ser el instrumento fundamental para la producción, y con ella, la creación de riqueza, termina siendo desposeída de todos los frutos de su trabajo salvo aquellos que les resulten estrictamente necesarios para subsistir. Se infiere además que la principal consecuencia jurídico-económica es que la riqueza y, con ella, el control de los medios de producción tienden a concentrarse en un número cada vez menor de personas, que fuerzan a su vez la extensión de salarios de miseria entre los trabajadores.

Políticamente, estaríamos ante un régimen de opresores contra una mayoría social de oprimidos, que tendría en el Estado su instrumento fundamental. Frente a este orden violento, donde muchos son pobres para que muy pocos disfruten de las riquezas que aquellos generan, sólo es posible la subversión de las instituciones sociales que lo sostienen. El Estado debe convertirse, según esta visión, en un instrumento de cambio social, tomando el monopolio del uso de la violencia para imponer las reformas necesarias. Los bienes de capital no desaparecen, sino que se colectivizan. El proletario permanece en su posición, pero con la diferencia de que sus necesidades quedan cubiertas por la comunidad a través de mecanismos distributivos directos y originales.

El socialismo real se contrapone a una versión realista. La socialdemocracia comprende que el capitalismo (la descentralización en la toma de decisiones sobre la producción y la propiedad plural de los bienes de capital) no genera por sí mismo las terribles consecuencias que la visión económica socialista infiere en su pobre y defectuoso estudio del proceso social. El realismo opta por una versión que limita la intervención y garantiza islas de exigua libertad, buscando aprovechar la superior capacidad productiva del sistema capitalista, que generará una mayor riqueza a disposición del poder redistributivo del Estado. La teoría socialdemócrata cree que sólo así se logra que los salarios crezcan por encima del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, se entiende innecesario que los individuos ahorren, dado queel Estado confisca a quienes mejores resultados obtienen en el mercado toda la riqueza que haga falta para eliminar los otros males que se le presuponen al sistema capitalista: la desprotección frente al infortunio, la enfermedad o la vejez de los más débiles, socialmente excluidos o menos capacitados.

En definitiva, en cualquiera de las versiones adoptadas por el socialismo (real o realista), como consecuencia del gravísimo error teórico e intelectual del que parte, el Estado se convertirá en el instrumento principal de su esquema social.

Con la excusa de liberar a los míseros trabajadores de su condena, el socialismo crea un régimen en que la mayoría de los individuos nunca dejan de ser trabajadores extroversivos puros (proletarios funcionales). Sólo una minoría copará los puestos políticos y administrativos indispensables para que el engranaje del Estado funcione. En la cúpula de la jerarquía del Estado, surgirá una reducida minoría cuyos miembros tendrán a su disposición comodidades y ventajas que serán inaccesibles para el resto de la población.

Lo anterior sucede tanto en el socialismo real como en el realista. En este último se reproducen, curiosamente, las mismas causas que en su momento dieron lugar a uno de los más grandes errores teóricos cometidos por el socialismo: querer hacer ciencia económica estudiando la coyuntura política. El sistema capitalista no equivale necesariamente a un libre mercado. Es posible que los propietarios de los medios de producción lo sean gracias a una vía legítima, por ser acorde con el orden jurídico privado existente, pero puede suceder que su permanencia y ascenso en dicho estatus no dependa estrictamente de las reglas del mercado, sino del juego político de poder e influencia. La teoría económica socialista cree que la explotación es uno de los fundamentos del capitalismo, cuando lo único cierto es que, de existir, ésta sería un efecto más de un determinado orden político.

El segundo gran error es de tipo político, ya que el socialismo ha optado siempre por hacerse con el control del Estado. Poco importa que se trate de su forma real o realista, porque el socialismo será siempre un régimen de Estado, y nunca un régimen de libertad individual.

El tercer gran error es de tipo económico. El socialismo maneja una deficiente teoría económica, lo que le hace creer que la producción logra su máxima eficiencia y capacidad gracias a la centralización en la toma decisiones sobre bienes de capital colectivizados, o en su versión realista, regulados en virtud de su función social, que es la forma intervencionista de la socialdemocracia: mantiene la propiedad plural y cierta autonomía individual en la toma de decisiones, pero conduce la producción hacia el objetivo impuesto desde un órgano central de planificación.

El proletario no desaparece con el socialismo, sino que, convertido en la base del engranaje social diseñado, queda aparentemente dignificado mediante una asistencia que procede, exclusivamente, de su trabajo. El Estado se convierte en una terrible maquinaria de dominación, que forma una pequeña élite dirigente a la que sólo se accede mediante gravosos y generalmente violentos procesos de ascenso político dentro de la propia administración, o de la sección ideológica que gobierne el Estado. En términos económicos, los resultados no pueden ser más desalentadores. La producción cae y se simplifica. Hay racionamiento de bienes, incluso de primera necesidad. La novedad en el consumo prácticamente desaparece. La inmensa mayoría de los ciudadanos queda desprovista de las ventajas que sólo una élite gobernante acapara. Los miserables no sólo no dejan de serlo, sino que lo son con más intensidad y sin ninguna posibilidad de medrar que no pase por introducirse en el cauce político diseñado para tal efecto.

@JCHerran

Contra la especulación… y el ahorro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

 Apuntaba nuestro ministro de Hacienda el pasado lunes que España necesita generar mucho más ahorro para impulsar su recuperación. Y, verdaderamente, los dos problemas esenciales que padece nuestra economía –un sector productivo desestructurado y una acumulación insostenible de deuda pública y privada– sólo pueden solventarse si el país ahorra de un modo mucho más intenso: el ahorro es la materia prima indispensable tanto para financiar la nueva inversión que metamorfosee nuestra ladrillera economía cuanto el rápido desapalancamiento de familias y empresas que permita mejorar su solvencia.

Uno esperaría que este adecuado diagnóstico de Montoro tamizara toda la política económica de su Gobierno o, al menos, de su departamento ministerial. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, el Ejecutivo popular se ha caracterizado por su radical ofensiva contra todas las manifestaciones que imaginar podamos del ahorro: aumento de la tributación de las rentas del capital, eliminación de la deducción por compra de vivienda, saqueo tributario de las empresas con las continuadas revisiones del Impuesto de Sociedades, prórroga del Impuesto sobre el Patrimonio y, de manera más reciente, integración de las plusvalías generadas a corto plazo dentro de la base general del IRPF.

Merced a la última de estas medidas, quienes a partir de 2013 compren y vendan con ganancia unas acciones o unos bonos en menos de 12 meses pasarán de tributar al ya elevadísimo tipo máximo del 27% hasta uno del 52%; profunda estocada tributaria que justamente fue criticada el pasado miércoles por el Instituto Juan de Mariana con la publicación de su reciente informe “Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro”. Escrito por el fiscalista Adrià Pérez Martí, el estudio se dirige a desmontar los diversos argumentos aducidos hasta la fecha por el Ejecutivo, y más en concreto por el reconvertido amigo de los ahorradores Cristóbal Montoro, para justificar este nuevo rejonazo contra los contribuyentes que, según las estimaciones del propio Gobierno, apenas reportará unos magros ingresos adicionales de 90 millones de euros: el 0,09% de nuestro déficit de 2011.

De acuerdo con los próceres populares, la medida es positiva en primer término por cuanto nos devuelve al régimen anterior a la reforma de Solbes de 2006 que consolidaba en una misma base las plusvalías a corto y a largo plazo. Engañosa afirmación la de los populares que olvida que, por aquel entonces, las plusvalías a largo plazo tributaban a un tipo único del 15% (y no a uno progresivo de hasta el 27%, como acaece ahora) y las plusvalías a corto se integraban en una base general cuyo tipo máximo era del 45% (y no del 52%).

Así, siendo falso que volvamos al sistema previo a 2006, todavía lo es más otra de las razones que nos ofrecen: que esta reforma nos acerca a los sistemas tributarios europeos y, en particular, al alemán. En realidad, la inmensa mayoría del Continente o no diferencia entre plusvalías generadas a corto y a largo plazo o, de hacerlo, tal distinción tiene como único propósito bonificar el ahorro a largo plazo… no castigar con saña los rendimientos cortoplacistas. Sin ir más lejos, Alemania modificó en 2009 su sistema fiscal para hacer tributar ambas plusvalías al 25%: la historia es justo la inversa a la ucrónica narrativa gubernamental.

Por último, la ocurrencia de que penalizando a los avariciosos especuladores se consigue potenciar en algo la sana inversión a largo plazo no pasa de típico chascarrillo indignado. Como cualquier economista mínimamente cercano a la realidad sabe, basta comparar las muy superiores facilidades de financiación que poseen las empresas cotizadas en bolsa (un casino tomado por los especuladores) frente a las compañías no cotizadas (las que no participan del diario envite especulativo en los parqués) para comprobarlo: son precisamente los especuladores quienes facilitan la entrada masiva de capital a largo plazo en las empresas al proporcionarles en todo momento a los ahorradores un precio de mercado al que comprar o vender sus participaciones. Expulsemos a los especuladores del templo, como pretende Montoro, y la fluida Bolsa se parecerá cada vez más al quieto, ilíquido y lentísimo mercado inmobiliario.

El sablazo fiscal, en suma, sólo sirve para mermar los incentivos de españoles y de extranjeros para ahorrar e invertir en nuestro país. ¿Cómo casa esta nociva consecuencia con las iniciales declaraciones del ministro de Hacienda donde prometía proteger e impulsar el ahorro nacional? Pues de ninguna manera. No intenten cuadrar el esquizofrénico círculo. Tan sólo recuerden que Montoro fue la misma persona que justificó la subida del IRPF en preferencia sobre el IVA bajo el argumento de que  el Gobierno haría todo lo posible para no perjudicar todavía más al consumo, es decir, para fomentar el no ahorro. Así de simple: no hay más cera que la que arde.

Las ventajas recaudatorias del castigo corporal

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

 Este viernes hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha ordenado acelerar las operaciones de embargo contra los contribuyentes que tienen deudas con el fisco, especialmente en aquellos casos que puedan tener una mayor relevancia mediática por sus virtudes ejemplarizantes (que diría Moratinos tras varios intentos).

Este esfuerzo pedagógico de las autoridades tributarias carecería de sentido sin el apoyo de los medios de comunicación, siempre tan solícitos cuando se ventilan asuntos de interés para la plebe. Es el caso de la cadena estatal de televisión, cuya versatilidad informativa hace que en el mismo telediario aparezca una pieza lacrimógena sobre los desahucios y, a continuación, dos subinspectores de Hacienda disfrazados de Hombres de Harrelson precintando la máquina de refrescos de un restaurante por no pagar el IVA. En ambos casos se trata de resarcir una deuda, pero mientras el primero es considerado un abuso intolerable, el segundo es un acto de justicia que hay que resaltar, pues, siendo el infractor un empresario, es evidente que algo habrá hecho para que el Gobierno lo trate así.

Esto de que los procedimientos tributarios se sustancien ante millones de espectadores en lugar de en los tribunales económico-administrativos es una novedad que hay que agradecer a Cristóbal Montoro, en última instancia responsable de la Hacienda estatal. Montoro busca a su Lola Flores, pero como La Faraona es irrepetible, las pesquisas insistentes de la Agencia Tributaria pueden llevarse por delante millares de trofeos menores. Si usted crea riqueza y paga impuestos, sepa que está en el punto de mira del Gobierno, porque en la España de Cristóbal y Mariano sólo se salva del celo estatal el perroflautaje.

Con la autoridad que me otorga el haber sido sometido a unainspección fiscal (cuando Aznar era presidente; ZP y yo siempre hemos mantenido una relación de mutuo respeto), me atrevo a proponer al ministro de Hacienda la reintroducción del castigo corporal en la escala de sanciones por incumplimientos tributarios. Nada de precintar sillas, mesas para ocho o botellas de vino en las bodegas de los restaurantes. En su lugar, unos buenos latigazos –o azotes en las nalgas, en el caso de infracciones de menor cuantía– en la plaza pública de más solera de cada demarcación, en acontecimientos semanales retransmitidos en horario de máxima audiencia por las cadenas públicas que operen en el lugar. Puestos a ser sometidos al escarnio público, mejor hacerlo de manera que las deudas queden saldadas en el mismo acto, aunque sea a costa de no poder sentarte cómodamente en una temporada.

Puede que a muchos les parezca inaceptable esta forma de castigo, pero eso es porque no se han visto sometidos a una inspección fiscal. Todavía.

Ávila y la crisis

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Como saben, acaba de celebrarse en la Universidad Católica de Ávila, y con el apoyo del Instituto Juan de Mariana, el I Congreso Economía y Libertad: La gran recesión y sus salidas. Como acto final se leyó un Manifiesto ante la crisis con varias consideraciones del tenor siguiente: "Convenimos en que la crisis que padecemos está causada por las rigideces existentes en los diferentes mercados y por una organización territorial del Estado que implica en la práctica una ruptura de la unidad de mercado". Comprenderán que parece interesante dedicarle otro Comentario a este evento, a pesar del excelente resumen de Raquel Merino y de hacerlo de una forma casi telegráfica.

No pude asistir a la primera jornada, el jueves 22, con la inauguración por parte del catedrático Victoriano Martín y dos paneles en torno a los antecedentes de la crisis y su dimensión mundial. Me quedo con una frase del profesor Martín, que escuché después en varias ocasiones: ya no basta con los recortes, sino que es preciso afrontar reformas estructurales.

Aunque no sea literal, de alguna manera recoge el espíritu del Congreso. Se trataría de reflexionar sobre las salidas a la crisis, pero con un ambicioso horizonte de cambio del paradigma. Así, Juan Ramón Rallo describía tres dimensiones en este modelo: el teórico-académico, muy cerrado en torno a sus postulados neoclásicos; el político-institucional, también encasquillado en sus intereses cortoplacistas; y el económico-productivo, actualmente colapsado por la tentación del dinero barato que ha cercenado el crecimiento basado en el ahorro; pero que, a juicio del Dr. Rallo, es el único que podría impulsar un cambio en todos los demás.

El académico Dalmacio Negro y el profesor Vicente Enciso, organizador del Congreso (con el apoyo de David Sanz), añadieron otras consideraciones sobre esta crisis de paradigma. El primero, señalando cómo el Estado ha ido cercenando los espacios de libertad del individuo, hasta el punto de encontrarnos en la etapa final de una revolución legal. Enciso, por su parte, explicaba la evolución acontecida en Suecia desde un Estado del Bienestar hacia un Estado Beneficiador, en el que cabe la provisión pública de servicios y su producción privada. Esta experiencia podría indicarnos un camino más ambicioso, pero ya necesario: el paso hacia un Estado Subsidiario, en el que incluso la provisión de los servicios puede ser privada.

También se analizó la crisis de las políticas públicas a partir de una excelente descripción del catedrático Rubio de Urquía: el modelo neoclásico opera desde un desconocimiento fatal de la cuestión. Así nunca podrán encontrarse las soluciones. Por lo que estamos sometidos a los diferentes tsunamis que explicaba el profesor José Juan Franch: tres relacionados con el sector financiero (desde las trampas del sistema de reserva fraccionaria al desatino de la inyección arbitraria de moneda en los mercados), la crisis inmobiliaria, más la ruptura del equilibrio presupuestario, de la demografía y de la ética. Franch también habló de cómo cambiar las reglas, aportando algunas soluciones como las redes sociales.

Pero además de un análisis técnico de la crisis, hubo un Panel y varias comunicaciones en torno a los problemas éticos. Así, el economista y doctor ingeniero agrónomo Vicente Boceta destacó que "lo que suele entenderse por crisis ética es la ausencia de unos valores y la puesta en práctica de otros, egoísmo, avaricia, envidia… Pero estos ‘no valores’ poco éticos e inmorales han existido siempre, desde Caín y Abel". En este sentido, añadió que "decir que por esa falta de valores existe la crisis, entonces tendríamos que estar permanentemente en crisis y eso no es así. Mi tesis es que la crisis viene por unos comportamientos poco éticos del sector político apoyados en un modelo económico perverso keynesiano, y eso conduce a que haya crisis y ahí aflora esa falta de valores, esa falta de ética", explicaba. "Es consecuencia, no causa de la crisis".

Personalmente, tuve la oportunidad de intervenir en esta Mesa Redonda junto a la profesora de la Universidad Católica de Ávila María Jesús Carravilla y mi compañero de Comentarios Francisco Capella. No descubro nada nuevo a sus lectores asiduos recordando los tres ámbitos en los que Capella basa su reflexión sobre los conceptos de ética y valores: las preferencias y gustos; las normas (que deben ser universales, simétricas y funcionales); y los hábitos de comportamiento, planteando una recuperación de esa virtud aristotélica fundamental, la prudencia. Por mi parte, indicaba la conveniencia de trabajar por una revisión de la ética personal sobre la base de unas estructuras institucionales que permitan ese fair play que exige una economía verdaderamente liberal.

La doctora María Jesús Carravilla explicaba en este mismo Panel que "se ha dado una escisión entre la ética, la política y la economía y ésa es la base de los males que estamos sufriendo". Lo que me recuerda, finalmente, las reflexiones que proponía el profesor Mario Šilar en una interesante comunicación sobre la teoría de la acción como marco epistemológico para identificar las causas morales de la crisis económica. Hay que distinguir esos tres niveles de análisis científico (el político, el moral y el económico) para encontrar las soluciones adecuadas a la crisis que se viene analizando. Por ejemplo, mediante la correcta subordinación entre estas ciencias, ya sea por razón de fin o de sujeto. Algo que la filosofía escolástica ya supo descubrir, y que no nos vendría mal recordar en estos momentos.

El descalce de plazos y riesgos (1)

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Los compradores quieren pagar lo menos posible y obtener la máxima cantidad y calidad, negocian tirando del precio hacia abajo. Los vendedores quieren cobrar lo máximo posible y entregar la mínima cantidad y calidad posible, negocian tirando del precio hacia arriba. Además entre ambos suele haber intermediarios, que compran a los productores (vendedores) y venden a los consumidores (compradores); puede haber varios niveles de intermediación en una estructura de producción y distribución compleja. El intermediario quiere comprar barato y vender caro con el máximo margen de beneficio posible.

Hay más intercambios (mayor actividad económica) si los intermediarios reducen su margen unitario y aceptan comprar más caro y vender más barato, pero esto desincentiva su labor (salvo que les compense una mayor rotación). Una posible solución es subvencionar a los intermediarios, pero el dinero tiene que salir de algún lado, probablemente de los bolsillos de los compradores y vendedores en su calidad de contribuyentes, o produciendo dinero (en realidad pseudodinero) a muy bajo coste (generando inflación que erosiona el poder de compra de los tenedores de dinero y activos a tipo de interés fijo).

Otra posibilidad es que los intermediarios realicen algún truco, manipulación o transformación, como un engaño sobre la calidad o seguridad de sus mercancías o servicios. El intermediario compra barato mercancía mala o insegura, y la vende cara como mercancía buena y segura. Todo el mundo parece feliz: vendedores, intermediarios, compradores, y la sociedad en su conjunto.

El problema es que el engaño no puede funcionar indefinidamente ya que eventualmente los bienes de mala calidad se muestran como lo que realmente son: se estropean, dejan de funcionar e incluso provocan accidentes y graves pérdidas. Los productores de bienes de mala calidad dejan de poder venderlos a los precios anteriores; quienes los compraron en el pasado descubren que no son tan ricos como creían; y todo el mundo odia y acusa de sus problemas a los intermediarios (estafadores, imprudentes e irresponsables).

Los bancos (y otros intermediarios financieros como la banca en la sombra) descalzan (transforman, desajustan) plazos y riesgos cuando por un lado (su pasivo) piden prestado a corto plazo y ofreciendo (presuntamente) completa seguridad a sus depositantes y demás prestamistas, y por el otro lado (su activo) prestan o invierten a más largo plazo y con más riesgo e incertidumbre.

Un prestamista (acreedor) quiere prestar con el mínimo riesgo, al mínimo plazo posible, y lo más caro posible (mayor tipo de interés); un prestatario (deudor) quiere recibir prestado pudiendo asumir riesgos, al máximo plazo posible, y lo más barato posible (menor tipo de interés). La transformación de plazos y riesgos parece contentar a todos: pero tiene un coste incomprendido por muchos, el de las crisis económicas recurrentes por descoordinación intertemporal y asunción excesiva de riesgos.

Los bancos son gestores de cobros y pagos e intermediarios financieros. Estas dos funciones son complementarias y permiten al banco aprovechar su conocimiento especializado: al tener relaciones comerciales duraderas y al conocer los ingresos y gastos y la posición financiera de un cliente, el banco puede evaluar más fácilmente su crédito y así concederle o no un préstamo. Pero estas dos funciones también pueden mezclarse de forma imprudente y destructiva, cuando el banco utiliza los saldos de tesorería de sus clientes, o su ahorro a muy corto plazo, para realizar préstamos más arriesgados y a más largo plazo.

Para realizar cobros y pagos los bancos ofrecen a sus clientes sus propios pasivos líquidos (seguros y a muy corto plazo): billetes (si pueden legalmente emitirlos y les interesa hacerlo), y depósitos en cuenta. Un banco prudente debería respaldar esos pasivos con activos de las mismas o muy semejantes características (reservas monetarias y deuda muy segura y a muy corto plazo que pueda liquidarse rápidamente en cualquier circunstancia sin pérdidas) para poder hacer frente a las eventuales retiradas de fondos de sus clientes y así ser solvente y no estar expuesto a la posibilidad de quebrar.

Como intermediarios financieros los bancos captan ahorros de muchos pequeños agentes económicos (agregación) y evalúan la solvencia de otros agentes a los cuales prestan esos mismos fondos. Prestamistas y prestatarios finales ocasionalmente podrían prescindir de intermediarios: empresas que venden sus bonos o acciones directamente a los mercados, ahorradores que los compran. Pero el banco, como cualquier intermediario, tiene conocimiento especializado que le permite por un lado asistir a los ahorradores sin esos conocimientos, y por otro internalizar los costes y beneficios de la evaluación de la solvencia de los potenciales deudores: un deudor que se evalúa a sí mismo no es fiable; un evaluador externo (agencia de calificación de riesgos) puede o no ser fiable (problemas de reputación, captura o corrupción), o proporciona un bien público por el cual le es difícil cobrar (asume el coste de investigar y pierde el control de esa información al ofrecérsela a otros).

Los bancos, como cualquier intermediario, ganan dinero porque compran barato y venden más caro: por el diferencial entre el tipo de interés que pagan a sus prestamistas y el que cobran a sus prestatarios (además de posibles comisiones). Para ser viables económicamente y dar beneficios a sus accionistas los bancos no necesitan descalzar plazos y riesgos.

Pero un banco puede caer en la tentación de intentar obtener mayores beneficios incrementando ese diferencial entre ingresos y gastos si descalza plazos y riesgos: pide prestado a corto plazo y poco riesgo (más barato) y presta a mayor plazo y con más riesgo (más caro).

Con el descalce de plazos y riesgos se expande el crédito y la economía aparenta prosperidad creciente: los bancos ganan más dinero y pueden ofrecer sus servicios a menor precio; los depositantes tienen derecho a recuperar su dinero cuando quieran con seguridad (o eso creen); los receptores de préstamos no están presionados por pagos a corto plazo y pueden embarcarse en proyectos empresariales más especulativos; la sociedad parece disponer de más ahorro e inversión sin necesidad de renunciar al consumo.

Pero el descalce de plazos y riesgos es insostenible y causa las crisis económicas. Muchos economistas (*) aseguran que la esencia de la banca es la transformación de plazos (si no lo hicieran no serían bancos sino otra cosa), que esa es su función social, la cual permite disponer de más ahorro e inversión productiva: es un error intelectual muy grave que les impide comprender los ciclos económicos de origen financiero, al no entender las componentes temporales y de riesgo del crédito (la calidad del mismo).

Como en todo timo o truco de magia, en la aparente y falaz bondad de la transformación de plazos (parece que se obtiene algo a cambio de nada) hay algo que muchos observadores no son capaces de percibir o cuya importancia ignoran: el incremento sistemático del riesgo y la descoordinación intertemporal. Todo el sistema bancario y los agentes a quienes este financia están asumiendo sistemáticamente más riesgos y extendiéndose más hacia el incierto futuro que lo que los ahorradores están dispuestos a soportar.

Mediante el descalce de plazos y riesgos los bancos no redistribuyen y gestionan los riesgos mediante leyes estadísticas de grandes números, sino que crean más riesgo, incertidumbre, fragilidad e inestabilidad, y además de forma opaca y compleja (balances incompletos o indescifrables, ingeniería financiera incomprensible). No se trata de riesgos exógenos accidentales, aislados y descorrelacionados, sino de riesgos endógenos, correlacionados (se realimentan mutuamente y tienden a manifestarse y producir efectos nocivos de forma simultánea), generados de forma sistemática, conjunta y masiva por las entidades financieras (con la inestimable ayuda del Estado).

La asunción excesiva de riesgos termina inevitablemente por pagarse en forma de crisis económicas que muestran los desajustes y descoordinaciones de la economía, tanto en el ámbito productivo real como en el ámbito monetario, crediticio y financiero. El sistema es tan frágil que termina colapsando de forma espontánea o no es capaz de resistir alguna perturbación externa.

Las crisis económicas no suceden inmediatamente, lo que las haría menos intensas: los desajustes son graduales (años), y las correcciones son bruscas (horas, días). La expansión crediticia se prolonga y tiende a ocultar los peligros y los desajustes que genera bajo una falsa apariencia de prosperidad: todos los negocios son rentables, sube la bolsa, los pisos se revalorizan, todo se vende, todo el mundo tiene trabajo. Los errores se acumulan y la burbuja se hincha gradualmente hasta que explota rápidamente y de forma catastrófica.

(*) No son solo economistas intervencionistas, como Paul Krugman (Don’t be narrow minded, If banks are outlawed only oulaws will have banks) o Bradford DeLong (The maturity transformation and liquidity transformation and safety transformation industry), quienes no entienden los problemas del descalce de plazos y riesgos. Algunos liberales (neoclásicos y austriacos) también caen en este fatal error.

Contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Hasta la fecha, el Gobierno ha evitado atacar de una manera audaz e inteligente el origen del problema del déficit público y en su lugar ha preferido parchear superficialmente la situación. Con esta premisa, es fácil entender medidas como las reiteradas y sucesivas subidas de casi todos los impuestos de nuestro sistema fiscal.

El Instituto Juan de Mariana ya alertó de las nefastas consecuencias de la subida del IRPF de diciembre de 2011, y de cómo esa medida nos colocaba entre los países con mayores tipos impositivos del Impuesto sobre la Renta del mundo.

Hoy, el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto también analiza la última subida fiscal proyectada por el Gobierno –hasta la fecha– a través del informe "Un nuevo ataque del Gobierno al ahorro: contra la subida de impuestos a las plusvalías a corto plazo". Esta medida elevará la tributación de las ganancias patrimoniales (o plusvalías) generadas en menos de un año, a las que se les aplicarán los tipos impositivos marginales de la base general.

Las razones aducidas por el Gobierno para llevar a cabo este incremento de impuestos han sido básicamente dos: la de acercarnos a los países europeos –especialmente Alemania– volviendo a la tributación en vigor hasta 2006; y la de tratar de combatir la especulación a corto plazo que, en opinión del Gobierno, distorsiona la inversión productiva generadora de riqueza en el largo plazo.

El Informe destaca en primer lugar que la subida fiscal a las plusvalías a corto plazo en nada nos asemejará al sistema aplicado en Alemania dado que éste grava con un tipo único del 25% (más algunos recargos cuando son aplicables) a la mayoría de plusvalías, independientemente del plazo de su generación.

Por otra parte, tampoco en Europa es habitual gravar las plusvalías a corto plazo con los tipos impositivos marginales aplicables a las rentas del trabajo. De hecho, analizando la fiscalidad comparada de este tipo de rentas en más de una veintena de países europeos llegamos a la conclusión de que la mayoría suele gravar las rentas del ahorro de manera diferente al resto de rentas, y con tipos impositivos más bajos. Dentro de este grupo de países con sistemas duales, gran parte de ellos no suele distinguir según el plazo de generación de las plusvalías, y en aquellos países en los que sí hacen tal distinción, lo es para mejorar la tributación de las plusvalías a largo plazo y no para penalizar las de a corto, como propone el Gobierno del Partido Popular.

Los pocos países que tienen sistemas únicos en los que aplican las misma fiscalidad para rentas del trabajo que del ahorro suelen tener tipos impositivos únicos muy bajos –flat tax– que giran en torno al 15%. Por tanto, tampoco es verdad que elevando la fiscalidad de las plusvalías a corto nos acerquemos a Europa, más bien todo lo contrario.

Para finalizar con los argumentos fiscales del Gobierno, el Informe concluye que tampoco puede afirmarse que la subida fiscal nos devuelva al sistema aplicado hasta 2006, puesto que tanto los tipos impositivos marginales de la base general –que gravarán las plusvalías a corto plazo– como los tipos impositivos de la base del ahorro, han sido fuertemente elevados y son muy superiores a los existentes en 2006.

El Gobierno también ha justificado que debía tomar la medida para atajar la especulación que, en su opinión, mina la inversión productiva. De ser cierto este argumento, lo que primero sorprende es que la penalización fiscal se aplique a las personas físicas, y no a las sociedades, que son las que mayores volúmenes de transacciones realizan en el sector financiero español.

No obstante, tampoco es cierto que la especulación perjudique la inversión productiva, y mucho menos que penalizarla fiscalmente ayude a canalizar el ahorro hacia la inversión a más largo plazo, sino todo lo contrario. A estas cuestiones se dedica la segunda parte del Informe.

Así, subir los impuestos a las plusvalías a corto plazo distorsiona los mercados de capitales tanto por el lado de la oferta (distorsionando la fijación dinámica de precios realistas para los activos) como por el de la demanda de capitales (restando negociabilidad a los mercados), trayendo como consecuencia una menor inversión y, por tanto, lastrando la recuperación económica.

¿Y si después de no equipararnos a la legislación alemana y europea en general, ni volver al sistema de 2006, ni favorecer la inversión a largo plazo, sirve de algo esta medida en términos recaudatorios? Tampoco. Los efectos recaudatorios estimados por el propio Ministerio de Hacienda ascenderán a 90 millones de euros, tan solo el 0,09% del déficit público de 2011.

Comprendiendo la Gran Recesión y sus salidas

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

La semana pasada, desde el jueves, 22, al sábado, 24, se celebraron en la Universidad Católica de Ávila las jornadas correspondientes al primer Congreso de Economía y Libertad: "La Gran Recesión y sus salidas", en cuya organización el Instituto Juan de Mariana tuvo el honor de participar.

Allí pudimos encontrarnos con muchos amigos del Instituto, que asistían como público o presentando trabajos de investigación en las distintas sesiones temáticas confeccionadas. Asimismo, pudimos vivir de primera mano el excelente trabajo realizado por los responsables de la Universidad que se encargaron de que las jornadas funcionaran como un reloj, entre quienes podemos destacar como cabezas más visibles (que no únicas en un congreso de esta dimensión) a Vicente Enciso y David Sanz.

Las impresiones que extraje de allí fueron muy positivas en lo que se refiere al diagnóstico generalizado del mal endémico que padece la economía española. Cuestión distinta es el tratamiento que se propone dar al paciente, que siempre suscita mayor polémica, probablemente porque se combina el "arte de lo posible" (la terrible Política) con un ramillete de teorías económicas no necesariamente compatibles entre sí y con un tsunami imposible de frenar en forma de Gran Recesión.

En cuanto a lo primero, economistas de la talla de Victoriano Martín, Francisco Cabrillo, José Raga o Fernando Méndez Ibisate, quienes no necesariamente beben de las teorías de la escuela austríaca, encontraron en los procesos de expansión crediticia y la explicación hayekiana los orígenes de la burbuja económica y posterior recesión.

Se dirimieron allí muchas más cuestiones, como si los rescates bancarios eran pertinentes y legítimos, a lo que, por ejemplo, Victoriano Martín respondió airadamente que no, argumentando que la doctrina del too big to fail no debía llevarse por delante al contribuyente para favorecer al depositante.

Este es un asunto que habitualmente genera ardientes discusiones por el efecto en cascada de las quiebras bancarias y porque toda economía moderna gira en torno al crédito y al sistema financiero. No se trata de dejar quebrar a una "punto com", cuya repercusión global es muy inferior. Afortunadamente, existirían caminos intermedios desde la iniciativa privada como el que explicó David Sanz en un panel que compartimos sobre Crisis española y mundial. Se trataría de un concurso de acreedores mediante el cual, como sucede con las empresas privadas que se enfrentan a este trágico panorama, se impulsa una recapitalización desde dentro, convirtiendo la deuda a largo en acciones, la deuda a medio plazo en deuda a largo y así sucesivamente. Es ésta una forma, sin duda, de que el banquero gane tiempo y se deshaga de lo malo. ¿A costa de los que le prestan a él? Seguramente, pero la alternativa es la liquidación de la entidad en el peor de los momentos posibles, en cuyo caso las pérdidas para los acreedores del banco serían, a priori, aún mayores. Este es el motivo por el que precisamente existen concursos de acreedores en las empresas. Para determinar cómo distribuyen las pérdidas e intentar hacer lo posible para que la empresa siga en funcionamiento tras redimensionarse (expulsar lo malo y mantener lo bueno): al final, para los acreedores, perder una parte es mejor que perderlo todo.

Surgió, a cuenta de esto mismo, la cuestión del riesgo moral (o moral hazard) que impregna todo el sistema financiero. Si bien el diseño institucional es nefasto, poco importa al banquero ponerse en situación de extrema iliquidez y proximidad a la insolvencia si existe un ente de última instancia –y no hablamos ahora del Banco Central (que también…)– que salvará al sector cuando corra serios peligros. Los incentivos generados son perversos.

Claro que de aquí se derivan fundamentalmente dos cuestiones: qué hacemos ahora cuando el mal está hecho y ya no nos enfrentamos a una bola de nieve sino a un auténtico alud, y, segundo, qué debemos plantearnos cambiar para que no se repita en el futuro. Cómo no, Basilea III tuvo su protagonismo llegados a este punto. Massimiliano Neri hizo una exposición en torno a si con esta nueva reforma serían capaces las entidades financieras de afrontar con éxito tensiones de iliquidez (pruebas de estrés) como las vividas en 2008/2009. Las primeras conclusiones de su investigación es que con la nueva legislación no se pondrá coto a las expansiones crediticias (dicho de otro modo, iliquidez bancaria) debido a que, de nuevo, ésta no hace sino templar gaitas con los gobiernos de la UE. Se fomenta la sobreponderación en la cartera de la deuda pública al definirse como activo líquido, aunque no goce de la calificación crediticia apropiada, la deuda de la propia nación en que resida el banco.

Hasta ahora hemos hablado de cómo el sistema financiero propicia las expansiones crediticias (y contracciones cuando llega la crisis). Su reflejo en el sector productivo debiera ser bastante evidente. Cuánto se repite en los telediarios que los bancos no están prestando a las pymes y familias… A qué tanta insistencia: a que si hubiera facilidades de crédito, los tipos bajos que tenemos harían rentables proyectos que marginalmente ahora no lo son. Ese es el principal argumento.

Pero, hoy día, inundan los mercados de liquidez y ni con ello consiguen que los préstamos fluyan. Las teorías económicas mecanicistas poco se detienen a analizar los procesos económicos que tienen su origen en las decisiones humanas. ¿Acaso creemos que los efectos que tenga en la economía "inyectar liquidez" en la actualidad no están íntimamente relacionados con la situación de partida de cada uno de los agentes implicados? Y de qué situación partimos: de iliquidez de todos los agentes económicos privados.

Pensemos, ya se trate de bancos, familias o empresas, en cómo estaba su situación en 2008: a) pasivos (deuda) infladísimos por una deuda privada que no cesaba de crecer; b) activos (patrimonio) crecientes como constatación del gran número de adquisiciones y de burbujas de precios en bienes como la vivienda, los valores de la bolsa…; c) ritmo de actividad económica envidiable, sin visos de desempleo futuro.

Pensemos ahora qué pasa si lo anterior se da la vuelta: el crédito no se puede estirar hasta el infinito y el fuerte endeudamiento pone las vergüenzas de los agentes económicos al descubierto. Los agentes estuvieron adquiriendo todo tipo de bienes y servicios a crédito, no lo olvidemos. Eso impulsó sectores, y estos sectores a otros, y así sucesivamente. Los niveles de empleo eran crecientes. Aquellos eran los años del boom.

Cuando ya no se puede comprar más a crédito, ese esquema piramidal que se puso en marcha con la burbuja inmobiliaria se viene abajo como un castillo de naipes. Los bancos se percatan de que su iliquidez e insolvencia son máximas al haber prestado para proyectos muy arriesgados al tiempo que tienen grandes compromisos con sus prestamistas –los depositantes–; las empresas colapsan al no recibir pedidos (a crédito), empieza a haber fuerte desempleo, las malas expectativas económicas arrecian, y los precios de esos activos adquiridos a precio de burbuja empiezan a caer.

¿Creemos que, visto este panorama, los bancos desean seguir prestando o, por el contrario, quieren recomponer la liquidez que se deterioró a marchas forzadas durante el boom? ¿Creemos que las familias quieren seguir endeudándose a 40 años para adquirir viviendas infladas de precio (ya menos)? ¿Creemos que las expectativas económicas son tales que una empresa querrá endeudarse para tantear si su propuesta de valor cala en el mercado en momentos tan inciertos, cuando ni siquiera tiene mercado para lo que vende hoy?

Llámenlo animal spirits o como gusten, pero aquí ni se presta ni se quiere pedir prestado. Al menos, de momento. Por cierto que me pregunto cómo es que los amigos del estímulo de la demanda agregada a costa de cualquier cosa no reparan en cómo andaban los spirits de espirituosos (borrachos del todo, vaya) durante el auge económico. Que cualquiera pidiera un préstamo a 40 años por un montante muy por encima de sus posibilidades y, peor aún, se le concediera con una sonrisa en la cara, no genera la menor atención de los economistas inflacionistas.

Y esto nos lleva a algo comentado con anterioridad ya. Más fácil es detectar los porqués del mal que dar con una solución. Porque cuando al mal no se le pone remedio a tiempo, el mal se hace grande y fuerte, y no hay manera de pararlo. ¿Y ahora, qué podemos hacer?

Ahí reside por qué muchos economistas, ya hablemos de este congreso u otros foros, no encuentran fácil dar con soluciones. Soluciones, por cierto, que no van a dejar contentos a todos. Perder, ya estamos perdiendo todos. Pero cuando se liquida una empresa o un país, estamos decidiendo cómo repartimos las pérdidas entre los distintos acreedores, como apuntó J.I. Castillo en un panel sobre Crisis Monetarias.

Las soluciones que planean sobre nuestras cabezas no pierden de vista que España es miembro de la Unión Monetaria. En aquel lugar se planteó la alternativa de la devaluación, como también, por ejemplo, el profesor Velarde destacó la necesidad de austeridad, de reformas (de verdad) y de apostar por el crecimiento. El debate, de nuevo, es amplio e intrincado.

La crisis de deuda privada salta al Estado español en 2008 y, sobre todo, 2009 a causa de la caída de actividad económica, el crecimiento del tamaño del estado en los años previos, las políticas de estímulo (Plan E), los rescates bancarios o el incremento de gasto por prestaciones por desempleo. De su mano, afloran las elevadas primas de riesgo, las calificaciones negativas de las agencias de rating y el toque de atención al gobierno de Rodríguez Zapatero por parte de Europa, EEUU o China.

Ante la tesitura de fuertes déficits públicos, emisiones de deuda y tipos crecientes, lo fácil es devaluar. Nos hacemos "competitivos" con el exterior e impulsamos la actividad interna, aun a costa de las subidas de precios de las importaciones, de cargarnos el comercio internacional, de provocar devaluaciones competitivas de nuestros vecinos o de favorecer a productores nacionales menos eficientes. Mas para el Estado supone un gran alivio. Primero, ya sólo con la devaluación devuelve a sus acreedores una moneda que, al cambio, tiene mucha menos capacidad de compra para el acreedor (a quien se le está estafando) que cuando nos prestó. Pero sobre todo se alivia de su carga de deuda porque la generación de inflación y de actividad económica impulsan que sus cuentas se saneen en el medio plazo. De esta manera, como nos contaba el profesor Cabrillo, se puede salir de la crisis deflacionaria (recesión) por medio del engaño. Está comprobado, como así nos hizo ver Keynes, que la paz social se consigue de mucha mejor forma a través del enredo y la manipulación. Todo ello aunque se obvien problemas a más largo plazo: al fin y al cabo, a largo plazo, todos muertos… O todos fuera del euro para poder devaluar…

Como bien recalcó Juan Ramón Rallo en el último panel que cerraba el Congreso, son varios los paradigmas que entraron en crisis en 2008: el teórico-académico, el político-institucional y el económico-productivo.

Algo habrá que hacer para que cambien las tornas. El Congreso de Economía y Libertad ha puesto su granito de arena para trabajar en esta línea. De hecho, de él, como colofón del acto, surgió un Manifiesto con propuestas de liberalización económica firmado por decenas de economistas y expertos en la materia. Deseamos, asimismo, que este tipo de encuentros contribuya a reunirnos con un número creciente de amigos del Instituto de distintos puntos de España y el mundo, así como a enriquecer el debate de asuntos de la máxima actualidad en marcos de defensa de la libertad.