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La adicción al Gobierno

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

¿A qué eres adicto? ¿Internet, tu smartphone, tu nueva serie de televisión…? Durante el último siglo han sido unas cuantas las nuevas adicciones inexistentes antes. Como por ejemplo, nuestra adicción al azúcar, cuyo incremento en el consumo ha sido inversamente proporcional al valor del dólar. El mundo cada vez consume más azúcar, y emplea dólares con menor valor.

El Gobierno americano en ambas catástrofes como imprescindible no puede negarse, embarcándose desde los años 50 aproximadamente en la tarea de demonizar políticamente la grasa (y, de rebote casi inevitable, recomendando una dieta alta en carbohidratos; la propia FDA en 1986 exoneraba al azúcar de cualquier mal), y, en cuanto al devaluado dólar, inundando el sistema con billetes emitidos por la Reserva Federal (ente gubernamental), creada en 1913.

Dado que además las subvenciones a las industrias que crean alimentos inflamatorios son incalculables (la tríada hipersubvencionada del maíz, trigo y soja), los precios de tan poco saludables alimentos permanecen artificialmente bajos. Y puesto que como hemos visto se ha producido una constante pérdida de valor adquisitivo del dólar (no distinto ha sucedido en Europa), los ciudadanos con pocos ahorros y bajos salarios se ven más abocados a tener que consumir trigo, soja, maíz y otros derivados subvencionados. Todo ello por no mencionar el efecto inflación (al inundar el sistema de billetes o dinero de nueva creación) que disparará los precios relativamente más en alimentos como carnes, pescados o verduras. Otro empujón para que los pobres no salgan del pasillo del pan, pizzas, bollos y aceites vegetales.

Pocas cosas creo que son casualidad. Y quizás no lo sea que los gobiernos occidentales hayan promovido alimentaciones tan nefastas. Con ello, nos han inflamado no sólo el cuerpo, sino especialmente nuestros cerebros, para así poder seguir, como si nada, capitaneando la alianza que el Gobierno ha sellado por debajo de la mesa con el complejo bancario-farmacéutico-militar.

No es cuestión de que no haya bancos, sino de que éstos no dispongan del privilegio político-gubernamental de por ejemplo prestar el dinero en depósito a la vista de los ahorradores (lo cual acaba creando dinero de la nada, burbujas artificiales y finalmente crisis dramáticas). No es cuestión de que no haya compañías farmacéuticas, sino de que éstas no disfruten de tan enormes privilegios político-gubernamentales; al acabar pagando los gobiernos gran parte del coste farmacéutico para reducir el precio final, el incentivo de las farmacéuticas es servir al proceso político antes que al consumidor-paciente. Hasta tal punto los gobiernos han engrandecido el establishment farmacéutico, que ahora son los políticos quienes están a su servicio (las farmacéuticas, en sus enormes cuarteles de Washington, amenazan a los congresistas y senadores que pasan leyes que les perjudican con arruinarles su carrera simplemente inundando de donaciones a sus futuros contrincantes en su distrito o condado en las próximas elecciones). Esto es, hoy los gobiernos arrebatan dinero a los contribuyentes para pagar los fármacos, los enormes cuarteles farmacéuticos encargados de hacer presión y campaña política en Washington (o en Bruselas), y las eventuales amenazas cumplidas en forma de donaciones millonarias a los contrincantes de quienes osen cuestionar el monopolio farmacéutico. Porque, no lo olvidemos, lo contrario a la libre competencia no es la solidaridad, no, sino el monopolio.

Y lo mismo cabría decir del complejo militar. No es cuestión de que nadie nos proteja. Pero ¿el Gobierno es un buen protector y, es más, es deseable un monopolio de la protección (el Estado)? Los gobiernos, que imprimen a antojo dinero en sus Bancos Centrales, creen con ello poder sufragar todos los gastos militares. El Estado, como decía un pensador, muestra en la guerra su más pura naturaleza, reluctante de poder, en número, en orgullo y en dominación absoluta de la economía y la sociedad. En la antigüedad, solía diferenciarse entre las sociedades comerciantes y las sociedades guerreras. Clásicos, aunque no exactos, son los casos de la comercial República Romana frente al guerrero Imperio Romano, o la comercial Atenas frente a la militarista Esparta. O rememoremos la gloriosa época de las ciudades-estado comerciales de la Baja Edad Media europea que terminó haciendo brotar el Renacimiento. Donde prima el comercio libre, prima la paz. Y donde se prepara la guerra, se acaba la libertad económica y todas sus corolarias (todas son una: no puede haber libertad de prensa y expresión si los medios de comunicación no son privados y libres; no puede haber libertad sexual si está perseguida la actividad económica de la prostitución; no hay libertad religiosa si no puedes abrir tu comercio un domingo -un día no festivo para los judíos-, etc.). Las grandes guerras y conflictos bélicos que en el mundo han sido no han tenido como protagonistas a Ford, General Motors, El Corte Inglés, Harrods, Repsol o Coca Cola, sino a los gobiernos.

Si mañana El Corte Inglés quiere amenazar a Mercadona, lo último que se le pasaría por la cabeza es bombardear todos sus supermercados. En primer lugar, el coste no parece muy asumible. Aunque lo fuera, lo que menos le puede interesar es que la respuesta de Mercadona sea bombardear en justa represalia los centros de El Corte Inglés. Esto sí sería un coste absolutamente inasumible, pues supondría la bancarrota total de El Corte Inglés, que soporta una inversión billonaria en infraestructuras. Es decir, el poder económico nunca se dirime en términos militares, porque la propia lógica económica aborrece la guerra (cuestión distinta es cuando el poder ‘económico’ se alía con el político). "Si las mercancías no pueden cruzar las fronteras, lo harán los soldados", hacía notar un pensador francés del XIX remarcando la oposición entre el comercio y la guerra. Aparte de todo lo mencionado, pensemos en el consumidor, ¿cuál sería el prestigio e imagen de una marca que se embarca en agredir físicamente de forma abierta a sus competidores? Por el contrario, el poder político (uso de la fuerza, el monopolio, la coacción) se siente fuertemente atraído para dirimirse en términos militares. Quien hace la ley (el político) se la hace para sí mismo… Siguiendo con los ejemplos, si El Corte Inglés mañana bombardea a un competidor comercial en Afganistán, justamente los directivos de aquel serán juzgados y encarcelados. Sin embargo, si mañana un Gobierno bombardea Afganistán nos tenemos que poner muy serios y graves a analizar sesudamente la cuestión y todos los factores socio-político-estratégicos involucrados, para posiblemente concluir que todo se debe al justo y recto fin de extender valores superiores como la libertad (sólo para los más necios dejo la ridiculez de que las guerras son brutales o humanitarias en función de si el gobernante es conservador, progresista o mediopensionista). Aparte de lo extraño que es extender la libertad a base de bombas, está la cuestión de si los ciudadanos de A desean en efecto que se bombardee el territorio de B.

Dado que el tema me da más de lo que suponía, sigamos el razonamiento un poco más. ¿Y si mañana sale un Hitler, otro Bin Laden? Todo esto me recuerda a una cita de un político libertario americano de los 80 que decía que "el gobierno es experto en una cosa: romperte las piernas, darte después una muleta, y decir ¡lo ves, si no fuera por mí, no podrías andar!". Y lo explico con claridad. Es un asunto público que Bin Laden fue un producto de EEUU en tanto éste le armó junto con grupos afganos árabes y muyahidines en los 80 como contrapeso a la Unión Soviética. Por otro lado, para entender el ascenso de Hitler en los años 30 hay que entender la 1ª Guerra Mundial y especialmente el Tratado de Versalles de 1919 que le puso fin. En realidad, la 2ª Guerra Mundial que estalló en 1939 puede verse como una poco evitable continuación de la 1ª. La clave está en el Tratado de Versalles, que humilló por completo a los alemanes y les obligó a pagar unas sumas impagables. La humillación sociopolítica se unió a la hiperinflación alemana en los años 20 como consecuencia de los gastos militares previos más el querer pagar las deudas a que Versalles les obligó (es decir, imprimiendo billetes a diestro y siniestro, con la consiguiente devaluación del marco alemán, la escalada de precios y la inflación brutal). Todo esto hizo posible el surgimiento en los años 20 del nacionalsocialismo de Hitler.

Si EEUU no hubiera entrado en 1917 en la 1ª Guerra Mundial (no tenía por qué, puesto que sus intereses no estaban en peligro alguno ni fue agredido) y sobre todo no se hubiera forzado a Alemania a asumir el humillante e incumplible Tratado de Versalles, Hitler no habría probablemente existido. Y si la CIA en los 80 no hubiera tenido la ocurrencia de entrenar y armar a Bin Laden y su séquito en los 80, no habría sido peligro alguno en los 2000. Con lo cual vuelvo de nuevo al tema de la guerra. No sólo los gobiernos y el poder político son los máximos protagonistas de la guerra, el militarismo y la agresión, sino que en no pocos de los casos en que parece casi inevitable su actuación, en realidad, lo es por culpa de ese mismo poder político y gobiernos por actuaciones anteriores. No por casualidad los países con gobiernos más limitados y autolimitados (en recaudar, gastar y regular) y donde la libertad comercial florece (Suiza, Andorra, Lietchestein, Luxemburgo…), la guerra y el militarismo brillan por su ausencia.

Así que hagamos la paz, nunca la guerra. Para ello es necesario mantener alejado al Gobierno (y los políticos) de nuestras vidas, urgiendo la devolución a la sociedad (mercado) de todas las competencias que se han arrogado los Gobiernos, y no dar más poder, competencias ni dinero a gobierno alguno con independencia de su color, tamaño u orientación. Y de nuestras mesas y cocinas. Porque no es cuestión de encontrar gobernantes buenos, ni sabios, ni eficientes. Porque no hay nada más sabio, moral y eficiente que las relaciones voluntarias y pacíficas. Ningún político ni sus adláteres te van a enseñar nunca la libertad. Porque si no, no les considerarías necesarios. Y tampoco podrían seguir con sus guerras, atiborrándote de pastillas que te medio matan lentamente, de comida basura para enfermarte el cerebro y rescatando a bancos y bancos con dinero creado de la nada con el que acaban esquilmando (vía inflación, es decir, pérdida de poder adquisitivo) a los más pobres. Y todo ello gracias a ti, que trabajas el 40% de tu tiempo, tus horas a la semana, tus semanas al año… durante toda tu vida, no para ti ni tu familia, sino para esos políticos y burócratas que han venido a saquearte, enfermarte y convertirte en cómplice de guerras y dramáticas crisis. El tan cacareado Bienestar del Estado no es más, finalmente, que el más gigantesco invento de marketing político jamás ideado para parapetarse en la depredación, esquilmación y subyugación de la sociedad civil a manos del Estado.

Pero ya se sabe, todo esto, todo, es por su bien. Vote, calle y pida que el Estado le dé más y sea más grande. Seamos todos yonquis del Gobierno de turno. Hasta que nos aplaste.

"La democracia es tener un aparato de radio, y ser forzado a escuchar a Justin Bieber, sin más alternativas, simplemente porque es lo más mayoritariamente popular".

Marx y el fin del capitalismo

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Marx y el fin del capitalismo

Marx, quien se consagró a desarrollar su teoría de las crisis capitalistas, era muy consciente de la existencia de ciclos comerciales. Los ciclos, por definición, implican oscilaciones ascendentes y descendentes en la economía. Es por ello que Marx podía encontrar dificultades para llegar a su objetivo último si aceptaba la recurrencia de los ciclos: a una crisis le sucederá una recuperación y posterior auge. Entonces, cómo se justifica que el colapso del capitalismo vendrá causado por sus contradicciones internas si, tras un duro invierno, sobreviene una floreciente primavera en la economía. Sencillamente, porque las crisis capitalistas (las que duran unos 10 años) se sucederían cada vez con más frecuencia, acercándonos paulatinamente al ocaso final del capitalismo, ya muera éste por inanición, ya lo haga porque surgiera una revuelta del proletariado, hastiada de la intolerable situación de precariedad.

Lo intolerable de la situación para el trabajador proletario nos lleva a su teoría de las plusvalías. Durante los auges, los empresarios obtienen cuantiosos beneficios, beneficios que, ya vimos en un anterior comentario, expropia al trabajador, quien apenas vería aumentar sus salarios. Vemos la imagen esculpida en nuestra mente de un avariento capitalista, alardeando en un exclusivo club con puro y copa en mano, mientras amasa una fortuna a costa de sus trabajadores. Películas, año tras año, se han ocupado de que la imagen no se nos vaya de la cabeza.

Qué sucede entonces cuando arrecia la crisis. Que los beneficios se colapsan y los asalariados ven resentirse sus retribuciones de manera aún más pronunciada, llegando a niveles difíciles de soportar. Sería, sin ir más lejos, lo que denuncian los sindicatos de clases en estos momentos. Los empresarios y banqueros se han llenado las manos durante el boom y ahora todos los males salpican a los pobres asalariados, que poco disfrutaron de la burbuja y mucho aguantan de la recesión.

La sucesión de ciclos de estas características, al final, llevaría a que los salarios cada vez menguaran más, lo que conduciría al alzamiento del proletariado contra los propietarios de los factores de producción.

Los ciclos comerciales se originaban con motivo de las inversiones de capital fijo. Lo que esto implicaba es que alrededor de cada 10 años (en media), se tenían que renovar los bienes de equipo al tener esa vida útil. La suya es una teoría del ciclo de reposición del capital. También, siguiendo de nuevo a clásicos como Ricardo o Stuart Mill, afirmaba que la rentabilidad marginal del capital en la economía tiende a caer (algo que también defendió posteriormente Keynes). Con el paso del tiempo y la acumulación de ciclos, cada vez habría menos oportunidades de inversión.

Marx, con todo, fue tan prolífico (y caótico) que también tuvo presente la teoría del crédito en tanto intensificaría los ciclos comerciales, siendo que un ciclo comercial se podría ver magnificado por un ciclo crediticio. No era necesario en su teoría, pero avivaría las tensiones propias de los ciclos, pues durante el boom, empresarios y trabajadores tendrían acceso al crédito y comprarían en masa recurriendo al endeudamiento, haciendo que los precios de ciertos factores o bienes subieran de precio. Cuando se da la vuelta la tendencia, el batacazo será aún mayor en tanto que la deuda tiene que devolverse.

Su marco teórico, a lo Sismondi (y Keynes), es el del subconsumo, aunque también es el de la sobreproducción. El auge en la producción, propiciado por la inversión en bienes de equipo y, pudiera ser, por la expansión del crédito, toca su techo en tanto que los consumidores, mayormente asalariados, no cuentan con recursos suficientes para absorber los bienes que se han sobreproducido. Hemos dicho que durante el auge apenas suben los salarios y si hay sobreproducción, no hay manera de colocar los bienes si no es a la baja en precios. Llega la crisis y, con ella, la deflación también en salarios. Dos fenómenos se refuerzan para dar la puntilla al sistema: sobreproducción y subconsumo.

Hay un error en todo ello y es no dar la importancia debida al ciclo crediticio. La Escuela Austríaca de Economía ha puesto el dedo en la llaga al sostener que éste es el culpable máximo de los ciclos (no como lo veía Marx: accesorio, aun teniendo su importancia). Para empezar, durante el boom, sí hay una tendencia a que suban los salarios o a que, aunque no lo hagan significativamente, sí se incorpore una muy importante masa de gente a la población ocupada. Esto lo hemos vivido en España con el fenómeno inmigratorio o de incorporación de jóvenes y mujeres al mundo laboral. Si hijos y esposas entran a trabajar, las rentas familiares sí crecen.

Pero además, siendo el elemento crediticio el que dispara los ciclos, durante los auges las rentas disponibles se multiplican sin parangón. El asalariado medio no está viviendo en niveles de subsistencia: se está comprando su primera vivienda o cambiando de casa, se está comprando un coche, se está yendo de vacaciones a los lugares más exóticos, va a cenar a restaurantes más caros sin reparar mucho en el precio, lleva a sus hijos a los mejores colegios, se hace la cirugía estética, deja de ir de vacaciones al "pueblo", ahora ya no toma "chatos de vino", sino que degusta el vino como un sumiller. Con todas las excepciones que haya habido en los años del auge, reconocemos estos comportamientos en muchas personas durante aquellos tiempos.

Y de dónde viene todo esto. Cómo hemos podido cambiar nuestras pautas de consumo si las rentas laborales no han subido tanto (no en la misma cuantía, desde luego). Sencillo: gracias al crédito. Crédito para comprar, crédito que contribuye a revalorizar activos y, por extensión, al crecimiento de la riqueza o patrimonios personales y crédito que ayuda a hacer sostenibles y muy rentables ciertos sectores de la economía, confiriendo aparente estabilidad laboral. El crédito nos permite comprar, nos hace más ricos y encima nos da estabilidad laboral. ¡Más madera entonces! A saber, la pelota del crédito crece cada vez más si individuos y empresas aparentan ser de lo más solventes.

La sobreproducción del boom de la que nos habla Marx, si no es por esta explicación, ¿a qué se debe? A que hay gente comprando, y mucho, y a que el empresario, en consecuencia, adapta su estructura productiva a tamaña demanda. Demanda que, ya de paso, se piensa va a crecer en progresión geométrica hasta el infinito. Pero el infinito, y eso lo vio bien Marx, no es posible. El límite lo pone nuestra capacidad de endeudamiento. Y ésta sí que no es infinita cuando la gente se pone en situación de no poder devolver la deuda hasta dentro de media vida…

Desde luego que en las crisis muchos trabajadores –como muchos empresarios, jubilados, capitalistas, etc.- lo pasan mal. Nos suben impuestos, caen las remuneraciones, se devalúan nuestros activos (vivienda, entre otros), perdemos nuestro trabajo, hay que devolver deuda y no hay manera de incrementar nuestro bienestar acudiendo al crédito. Quedaremos vacunados de estos excesos al menos un par de generaciones. El último, el de la vivienda, no ha sido un ciclo comercial más, como tampoco será el fin del capitalismo…

El populismo antiempresarial del PP

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El PP siempre ha querido presentarse como un partido afín al liberalismo; al menos al liberalismo en su vertiente económica: sus (propagandísticos) mensajes se han concentrado tradicionalmente en la necesidad de contener el crecimiento del Estado, de bajar impuestos y de crear un entorno institucional propicio para el libre desarrollo de la función empresarial.

Tras apenas una primera semana en el poder, los españoles ya pudimos comprobar cómo se mofaban de sus dos primeros mensajes: su insaciable voracidad fiscal, traducida en una salvaje subida del IRPF, buscaba mantener a toda costa la burbuja del sector público; desde entonces, su rapiña tributaria no ha hecho más que repetirse con insoportable frecuencia en IVA, Sociedades, Especiales y cotizaciones sociales.

Pese a los continuados rejonazos fiscales, infligidos siempre con las risueñas carcajadas de Montoro y la cómplice bendición gremial de Nadal, los hay que todavía aspiran a ver en el PP algo distinto a un subproducto nacional del peronismo argentino: se nos repite que “las sangrantes subidas de impuestos tienen un carácter temporal”, “que su único propósito es hacer frente a una situación de emergencia en las cuentas públicas heredada por el PSOE”, “que ningún partido político, por liberal que fuese, podría haber hecho otra cosa” o que “para comprobar la auténtica afinidad de este Gobierno con el liberalismo hay que atender a las reformas estructurales que facilitan el libre emprendimiento”.

Dejando de lado las flagrantes mentiras que esconden la mayoría de los asertos anteriores (para comprobar que sí existía una alternativa liberal a la nefasta política tributaria del PP puede consultarse, por ejemplo, mi nuevo libro) me interesa centrarme en la última de las afirmaciones: que si bien la coyuntura obliga al PP a comportarse tal como proponía Izquierda Unida en su programa electoral, al menos sí está creando un ambiente propicio para que los emprendedores puedan desplegar sus ideas de negocio.

Más allá de esas tropecientasmil y una reformas estructurales, de esa “Ley de Fomento del Emprendimiento” o de ese aplazamiento del pago del IVA tantas veces anunciados como postergados sine die, existe una característica elemental que permite distinguir si un Gobierno respeta a los empresarios o, por el contrario, sólo busca pastelear con los afines (véase la reforma eléctrica a la medida de los intereses de Montoro) y machacar a aquellos otros que, por cualquier motivo, les resultan incómodos: la caracterización que hace de ellos ante la ciudadanía, no como conceptos teóricos abstractos (“alabado sea el emprendedor”) sino como realidades prácticas que día a día toman sus decisiones y tratan de sacar adelante sus empresas.

Y, desde esta óptica, el Gobierno del PP no hace sino confirmarse como vástago del populismo peronista. En los últimos meses hemos asistido a una campaña de desprestigio y acoso contra dos sectores empresariales enteros, no con el propósito de eliminar las barreras regulatorias que limitan la competencia, sino con miras a redirigir hacia ellos parte del descontento popular derivado de la crisis y de la pésima gestión del PP. Me estoy refiriendo al sector de las petroleras y de las grandes superficies.

El ataque a las petroleras

Desde los mínimos registrados a comienzos de 2009, el precio antes de impuestos de la gasolina 95 se ha encarecido un 150% (desde 30,3 céntimos el litro a comienzos de enero de 2009 a 77,5 céntimos el litro a medios de octubre) y el del gasóleo un 100% (desde 40,9 céntimos a 81,2 céntimos el litro); paralelamente, el precio del barril de Brent (en función del cual se determinan los precios anteriores) ha aumentado un 152% en dólares (desde una media de 44,8 dólares el barril en enero de 2009 a una de 113,3 en septiembre de 2012) y un 160% en euros (desde 33,7 euros a 87,9 euros, según el tipo de cambio vigente en cada mes).

Diríase que, en apariencia, ambos precios van bastante de la mano (y eso que el coste del barril es sólo uno de los muchos elementos que determinan el precio final de la gasolina y el gasóleo, pues éstos todavía deben ser refinados, transportados, comercializados, almacenados, etc.) pero, uno no sabe muy bien por qué, desde hace años impera la percepción sesgada de que las petroleras se lucran a costa de los consumidores imponiéndoles precios mucho más elevados de lo que justificaría la evolución del barril de crudo. Acaso sea que nos resulte más cómodo identificar un culpable concreto de nuestras desdichas que atribuirlo simplemente a fuerzas impersonales que no podemos controlar.

Pero si, hasta cierto punto, es comprensible (que no justificable) que el ciudadano de a pie concentre su ira contra las petroleras, lo que resulta del todo punto inaceptable es que el Gobierno trate de canalizar contra ellas ese descontento popular, capitaneando la demagogia más ramplona e incluso abusando de instituciones supuestamente independientes como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Así, tras una consulta/presión de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo (sic) a la Empresa, la CNC emitió un informe cuyas principales conclusiones reprodujeron todos los medios de comunicación: debido a la falta de competencia, los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo en España son, de acuerdo con la UE, los terceros más elevados de Europa y, para más inri, los márgenes brutos de las petroleras han crecido un 20% entre 2007 y 2010. ¿Conclusión? El Gobierno está legitimado para perseguir, sancionar, trocear, redistribuir y desmantelar las estaciones de servicio españolas.

Bastaba, sin embargo, con chequear mínimamente los datos para echar por tierra las conclusiones fantásticas de la CNC. Empecemos con los precios de la gasolina y el gasóleo antes de impuestos: a comienzo de junio, el precio de la gasolina en España era el octavo más caro de Europa y el del gasóleo, el undécimo más caro; en julioera el décimo cuarto y duodécimo más caro; en agosto, el quinto y noveno más caro; en septiembre, los décimos más caros; y en octubre, el décimo tercero y duodécimo más caro. La CNC atribuye los altos precios del carburante en España con respecto a Europa a las restricciones a la competencia, pero, ¿cómo es posible que las mismas restricciones a la competencia provoquen cambios tan importantes en la posición relativa de España (desde el quinto al décimo cuarto puesto)? ¿Son estas restricciones las responsables de que España esté en ocasiones en el puesto 14º o de que en otras esté en el quinto?

Mas la prueba del algodón no es ésta. La CNC pretende probar que las petroleras inflan los precios de la gasolina y del gasóleo apuntando a sus amplios márgenes brutos que, además, se han expandido un 20% durante la crisis. Pero el margen bruto es una pésima medida de la rentabilidad de un negocio: ni tiene en cuenta los costes indirectos de la empresa (lo que nos llevaría al margen neto), ni el número de unidades sobre las que se obtiene ese margen neto (lo que proporcionaría los beneficios netos), ni la inversión necesaria para lograr esos beneficios netos (lo que nos conduciría a la rentabilidad sobre activos o ROA). Una compañía puede tener un margen bruto enorme y perder dinero (si sus costes indirectos son muy altos) o ganar muy poco dinero en relación con la inversión necesaria para obtenerlo (para ganar 1 millón al año he de invertir 1.000 millones).

Pues bien, ¿cuál fue en 2011 el margen neto y la rentabilidad sobre el activo de las dos mayores distribuidoras de España, Repsol y Cepsa, en su segmento downstream (refino y distribución)? El margen neto de Repsol (antes de impuestos) fue del 3% y el ROA (también antes de impuestos) del 6%. En el caso de Cepsa, su margen neto en el segmento downstream fue del 0,56% y su ROA del 2,9%. En suma, Repsol ganó por vender petróleo lo mismo que si hubiese invertido todo su capital en deuda pública española, y Cepsa, la mitad. Todo ello antes de impuestos.

No parece, en suma, que en 2011 las petroleras españolas se forraran a la hora de comercializar la gasolina y el gasóleo después de tener en cuenta todos los costes. No en vano, desde 2004 la mayoría de petroleras extranjeras (Shell, Caprabo, ERG, Esso, Agip, BP o Texaco) han ido enajenando la totalidad o buena parte de sus estaciones de servicio en España, ese negocio supuestamente tan rentable y provechoso.

De hecho, aquí reside una de las principales contradicciones de nuestro hipócrita gobierno: si, como trata de argüir, el negocio de la distribución es tan sumamente rentable, ¿por qué las compañías extranjeras no están entrando en masa para abrir nuevas estaciones de servicio en nuestro país? Sólo caben dos opciones: a) la administración impide la apertura de estaciones de servicio; b) el negocio no es tan rentable como se nos quiere hacer creer. Tanto lo uno como lo otro suponen un tortazo para el sector público: lo primero por limitar la competencia; lo segundo por engañarnos.

La realidad probablemente sea una mezcla de ambos motivos: las autoridades locales, cuando planifican a la soviética los usos del suelo, han ido restringiendo la apertura de nuevas estaciones de servicio (al menos, aquí, la CNC acierta cuando en su punto 134 califica el planeamiento municipal de “altamente restrictivo con las estaciones de servicio”), lo que de seguro provoca que en algunas zonas haya gasolineras muy rentables a las que no se les puede ejercer una competencia directa por barreras regulatorias; pero ello no obsta para reconocer que, en general, el negocio se caracteriza por su escasa rentabilidad.

El ataque a las grandes superficies

Pero las petroleras no han sido las únicas víctimas de las injustas invectivas del Gobierno del PP. En el Consejo de Ministros del pasado viernes, el ministro del departamento más hipersubvencionado de todos, Miguel Arias Cañete, arremetió contra las grandes superficies españolas (Mercadona, Eroski, Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo) por aprovecharse de sus proveedores gracias a su posición de dominio en la cadena de distribución. Con tal de regular este sector, Arias Cañete, el enésimo ministro libertario del Ejecutivo, presentó unanteproyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En general, y a falta de mayor concreción, el anteproyecto es tan insulso que no satisface a ninguna de las partes, pues sólo se encarga de incrementar los costes de los tratos mercantiles obligando a formalizarlos por escrito. Poca chicha salvo por un elemento esencial: “se incluye un precepto sobre gestión de marcas que prohíbe el aprovechamiento de la iniciativa empresarial ajena mediante la utilización de envases y presentaciones de marcas o nombres comerciales de otro operador”. En román paladino: el Gobierno pretende poner coto a las marcas blancas, esa estrategia comercial consistente en vestir como marca del supermercado productos de otras compañías.

La marca blanca beneficia potencialmente a todas las partes pero, sobre todo, a los consumidores: dado que los distribuidores incrementan de manera muy considerable sus ventas, son capaces de ofrecer precios mucho más bajos sin ver reducidos sus beneficios. El supermercado termina de comoditizar, merced a la garantía que ofrece su buen nombre, una parte de los productos que oferta y cuya marca original los consumidores han dejado de valorar lo suficiente como para abonar una prima en su precio: de ahí que el minorista suprima la marca, baje precios y reduzca los beneficios que afluyen al productor original (y que se justificaban por el prestigio que la marca desvalorizada imprimía a la mercancía). Las marcas blancas son lo más parecido que existe a los medicamentos genéricos y, sin embargo, el Gobierno las persigue mientras que promueve el uso de éstos (acaso porque, en materia de medicamentos, el Ejecutivo desempeñe el rol de comprador).

La extensión de las marcas blancas es justo el modelo que ha aplicado Mercadona y que tantos éxitos le ha granjeado: dado que, gracias a ellas, este distribuidor es capaz de ofrecer precios mucho más baratos que la competencia y dado que los consumidores prefieren ahorrarse ese diferencial antes que pagar un sobreprecio por un marca distintiva y reconocida, sus ventas no han dejado de crecer. Soberanía del consumidor, se llama: esa misma contra la que este liberticida Gobierno quiere atentar después de haberla esquilmado ya con una agresiva subida del IVA.

Limitar el uso de marcas blancas no sólo encarecerá los precios (en provecho privativo del lobby de productores con marca desvalorizada), sino que puede erosionar los márgenes y los beneficios de los principales grupos de distribución de este país. Para algunos, como Arias Cañete o su más moderado par Sánchez Gordillo, puede que sea un loable objetivo debido a las injustificadas ganancias que obtienen; para otros, todos aquellos que hayan acudido a la fuente de los datos, constituye un nuevo disparate intervencionista y antiempresarial.

Basta con leerse los balances y las cuentas de resultados de Mercadona, Eroski y Carrefour. En 2011, Mercadona obtuvo un margen neto del 2,8% y una rentabilidad de 8% (poco margen de ganancias y muchísimas ventas dieron lugar a rentabilidades apreciables); Eroski, un margen del 2,1% y un ROA del 1,2%; y Carrefour, un margen del 0,5% y una rentabilidad del 0,8%. Tales márgenes y rentabilidades deberían servir para despejar no sólo la extendida demagogia de que estos distribuidores explotan a los agricultores por comprar sus productos a precios muy inferiores a aquellos a los que terminan vendiéndolos a los clientes finales (como si los costes de los distribuidores no se multiplicaran también en el proceso) sino para constatar que la supervivencia de muchos de los supermercados y de los empleos de estos grupos empresariales pende de un hilo que este descerebrado Ejecutivo parece decidido a cortar.

Un Gobierno enemigo de los empresarios

La aversión del PP al mercado y a la propiedad privada no sólo se ha traducido en la mayor sucesión de subidas de impuestos de nuestra historia reciente, sino también en un creciente acoso populista contra aquellas empresas que bregan en esta crisis por sobrevivir. La casta sigue manteniendo su bota sobre los empresarios díscolos, ya sean pequeños, medianos o grandes; las reglas de juego constituyen únicamente el decorado que nuestros políticos pueden machacar a conveniencia para imponer sus intereses particulares y de partido. Sin llegar a las expropiaciones del peronismo kirchnerista, el peronismo rajoyano sí se muestra encantado con difamar y perseguir legislativamente a aquellos empresarios contra los que quiere canalizar el descontento social. El mensaje está claro: si piensas triunfar y crear riqueza, no oses instalarte a España. Éste es sólo territorio apto para los círculos del poder.

Referendos constitucionales

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Todavía calientes los resultados de las recientes elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, una cuestión política trascendental apremia: La necesidad de una reconversión profunda de un régimen político podrido, asentado en abundantes mentiras (algunas tan siniestras como la autoría de los atentados del 11-M) y que hace tiempo se ha convertido en el mayor lastre para la libertad y el bienestar de los españoles individualmente considerados.

Con todas sus imperfecciones, el estamento político español se ha demostrado particularmente reacio a defender el estado de derecho, pues durante años cada una de sus banderías ha elegido cumplir solo las reglas que le convenían de la constitución de 1978 y violar aquellas que resultaban contrarias a sus planes de ocupar el poder. Obviamente, sin ninguna consecuencia judicial, puesto que la curia sometida "únicamente" al imperio de la Ley, según el artículo 117.1 de esa constitución, en realidad forma un apéndice por cuotas de ese opaco estamento partitocrático.

Podría debatirse largo y tendido sobre cuáles han sido los factores que han llevado directamente a la situación presente. Incluso habrá muchos que centren su atención en los experimentos posmodernos del chamán y su camarilla del PSOE, quien, después de impulsar reiteradas vulneraciones de las leyes, disfruta a costa de los españoles de un puesto como miembro vitalicio de una institución tan prescindible y redundante como el Consejo de Estado. Sin embargo, la inanidad y la incompetencia, cuando no la complicidad, de quienes les sucedieron en el PP, tras las elecciones generales del año pasado, no les hace mucho peores.

En una situación política tan abierta, debe responderse al órdago lanzado de forma conjunta por los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. En medio de la vorágine de noticias e instantáneas, los medios de comunicación que solo reflexionan sobre lo que pasa el día anterior (o en la posguerra, claro) no resaltan que esos fanáticos nacionalistas sostienen unas ideas claramente fascistas, mantenidas con una coherencia y perseverancia notables, frente a la frivolidad de los llamados partidos mayoritarios. Durante años, con pasos hacia la superación de la legalidad y paradas tácticas (unos pocos días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco), su estrategia ha sido clara: subvertir el orden constitucional en el que participan para, consiguiendo cuotas de poder, clientelas y el dominio de la educación y los medios de comunicación, horadarlo desde dentro y alcanzar la independencia antes o después "como sea". Por el camino, han compartido sustanciosos botines de la corrupción político mercantil común en toda España, pero esa es otra historia, relacionada con lo anterior…

Así las cosas, no debe temerse una discusión sobre la independencia, cualquiera que sea el significado que esta idea tenga en términos prácticos para quienes proclaman su voluntad de someterse, empero, a las directrices de la Unión Europea. Por el contrario, la casta política debe a los españoles (entre quienes se encuentran por derecho propio catalanes, vascos y gallegos) un debate monográfico sobre esta cuestión como paso previo a otra serie de reformas constitucionales. Ha hurtado demasiadas veces el debate público al mismo tiempo que por detrás (reforma del estatuto de Cataluña y otros) subvertía una legalidad que parte del presupuesto histórico de considerar a España como nación. Para muchos extranjeros resultará una muestra más de nuestro pintoresquismo (¿mayor que el de los británicos?), pero los españoles contemporáneos podemos (y debemos) discutir (y decidir) si procede trocear en estaditos ese otro mayor que ha sometido nuestras vidas durante tanto tiempo. Todo ello a pesar de que la nación a la que pertenecemos había surgido -de acuerdo, pudo ser de otra manera en algún momento del siglo XVII- mucho antes de que el convaleciente Sabino Arana aprendiera sus primeras frases en vascuence, Joan Maragall compusiera su "Oda a Espanya" o Murguía lanzara sus embates racistas a los pocos gallegos que quisieron escucharle en el siglo XIX. Nos guste o no, esa identidad nacional fruto de una larga evolución nos distingue de otras naciones y así puede percibirse objetivamente, a poco que uno salga de su particular aldea.

No obstante lo anterior, si los españoles queremos demostrar que hemos llegado a altas cotas de civilización, a pesar del maniqueísmo imbécil destilado en las grutas de la propaganda nacionalista, debemos exigir a los gobernantes que los términos de ese debate sigan los cauces de la legalidad constitucional refrendada hace treinta y cuatro años. Las reglas de convivencia pacífica de una sociedad libre deben reformarse o mantenerse de acuerdo con las normas vigentes y no imponerse por vías subversivas o coactivas. Por lo tanto, por una vez, y, acaso para que sirva de precedente, no puede aceptarse el planteamiento de una de las partes interesadas de esa casta política, esto es, el anuncio de convocatoria de un referéndum ilegal y tramposo por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, máximo representante del Estado en dicha Comunidad autónoma hasta, al menos, las elecciones del próximo 25 de noviembre.

Antes al contrario, de acuerdo con la constitución (Art.92) y la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum, "todos los ciudadanos españoles" son el cuerpo electoral que tiene derecho a participar en un referéndum consultivo sobre una cuestión tan crucial: Nada menos que la alteración de la comunidad política sobre la que se asienta la propia constitución y el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, tiene todo mucho sentido que todos los españoles sean consultados sobre la pertinencia o impertinencia de que determinadas partes de España se separen para formar nuevos estados. Después de tantos años de pactos secretos y enjuagues en la trastienda, bajo los que los políticos han escondido sus planes reales, resulta necesaria una clarificación de posturas. Si las viejas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos cobran palpitante actualidad, todos tienen derecho a dar su opinión. Para expresarla con todas sus consecuencias no necesitan de la interpretación que avispados iluminados otorguen al "espíritu del pueblo". El gobierno debería estimular los debates públicos pacíficos y garantizar la libertad del voto, así como los habituales mecanismos contencioso-electorales velar con especial celo por la limpieza del resultado. En las últimas elecciones, el 34´17 por ciento de los vascos y el 37´20 de los gallegos se abstuvieron de votar a ningún partido. ¿Cabría una abstención similar en un referéndum sobre la concreta cuestión de la independencia de sus respectivas comunidades?

En consecuencia, a mi modesto entender, de acuerdo con el procedimiento constitucional, la pregunta que debería formularse en la convocatoria de referéndum por parte del Rey, a propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los diputados, debería ser la siguiente:

¿Aprueba Vd.la independencia de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia del resto de España?

En cuanto a la fecha, frente al ciudadano Mas, yo prefiero la primavera de 2013. No entiendo la necesidad de aplazar una consulta tan urgente. Asimismo, tengo preparado mi voto negativo para tal eventualidad, aunque, cualquiera que fuera el resultado, creo que, a continuación, dentro de un proceso de reforma constitucional posterior ineludible, los liberales deberíamos contribuir para que los proyectos colectivistas pergeñados hasta ahora en España cedieran paso a un estado mínimo… de Derecho.

Draghi, el diablo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando el pasado agosto el presidente del Banco Central Europeo (BCE), el italiano Mario Draghi, anunció su intención de comprar (monetizar) toda la deuda periférica que fuese necesaria con el fin de garantizar la supervivencia del euro, la mayoría de los analistas y, sobre todo, los políticos respiraron con alivio, sin saber que, en el fondo, el programa de adquisición ilimitada de bonos amenaza con rematar a la moneda única.

La principal función de la banca central, monopolista público en la emisión de dinero y en la fijación del tipo de interés, es garantizar la estabilidad de los precios y actuar como prestamista de última instancia de bancos y estados cuando tengan problemas de liquidez –no de solvencia–. Pues bien, en numerosas ocasiones el cumplimiento de ambos objetivos ha derivado en estrepitosos fracasos de terribles consecuencias. Y no hay que irse a las hiperinflaciones del pasado para demostrarlo. No en vano, la burbuja crediticia de la pasada década se gestó gracias a la artificial expansión del crédito que propiciaron tanto la Reserva Federal de EEUU (Fed) como el BCE; por cierto, estas mismas entidades están poniendo en riesgo sus propios balances al prestar dinero de forma indiscriminada a bancos y gobiernos insolventes. Y es que un banco central también puede quebrar –técnicamente hablando– si los impagos se disparan o el valor de sus activos se desploma; solo que, a diferencia de cualquier otra entidad financiera, le basta con imprimir más billetes para cubrir el agujero.

La Fed y, tras el anuncio de Draghi, el BCE están siguiendo esta última senda, con su desnortada política de masiva expansión monetaria. Y aunque han cosechado el aplauso generalizado del mundo político-económico, no todos están satisfechos con tal deriva. De hecho, el hasta hace poco todopoderoso Bundesbank está más bien aterrorizado con el plan de Draghi. Mucha atención a sus últimas alertas.

En septiembre, el presidente del banco central alemán, Jens Weidmann, no se arredró a la hora de calificar la compra de bonos públicos por parte del BCE de "trabajo del diablo". Aunque en ningún momento se refirió directamente a Draghi, su mensaje no dejaba lugar a dudas:

Si un banco central puede, potencialmente, crear una cantidad ilimitada de dinero de la nada, ¿cómo puede asegurarse de que el dinero es lo suficientemente escaso para conservar su valor? (…) Sí, esta tentación sin duda existe, y muchos en la historia han sucumbido a ella.

Weidmann recordó la escena de Fausto en que Mesfistófeles (el diablo) convence al emperador para emitir grandes cantidades de papel moneda y, así, acabar con sus problemas de financiación. La historia, claro, termina con una inflación galopante.

En su último informe mensual, el Bundesbank incide, una vez más, en esta perspectiva, tras reiterar su rechazo frontal a la compra ilimitada de deuda pública anunciada por el BCE. Un plan nocivo y contraproducente, entre otras razones, porque desincentiva el sano ajuste fiscal que necesariamente tienen que realizar los países periféricos del euro. La actual política monetaria "reduce y retrasa el proceso de ajuste" mediante la reducción de los tipos de interés y las masivas inyecciones de liquidez. Además, contradiciendo a Bruselas y a los políticos del sur de Europa, la entidad germana afirma que las elevadas primas de riesgo que presentan España e Italia reflejan la realidad, es decir, el elevado riesgo que representa el invertir en sus bonos. El execonomista del BCE Jürgen Stark es de la misma opinión. Efectivamente, las primas de riesgo de los países periféricos están "justificadas". Stark dimitió como consecuencia del anterior programa de compra de bonos del BCE, y ahora insiste en que Draghi ha cruzado varias "líneas rojas".

El discurso completo de Weidmann no tiene desperdicio. A modo de ejemplo, destaco las siguiente perlas:

Hoy en día, el dinero ya no está respaldado por ningún activo real. Los billetes son de papel impreso –y los expertos que hay entre ustedes saben que el euro está impreso en papel de algodón– y las monedas están acuñadas en metal (…) Si los alquimistas intentaron en el pasado convertir el plomo en oro, en la economía moderna el papel se ha convertido en dinero (…) En última instancia, la aceptación de esos billetes se basa en la confianza de la gente.

 (…) las interferencias gubernamentales en los bancos centrales, junto con la gran demanda de financiación por parte de los estados, a menudo ha conducido a fuertes aumentos del dinero en circulación, lo que ha provocado que [el dinero] perdiera valor a consecuencia de la inflación (…) La mejor protección contra la tentación [inflacionista] es una sociedad ilustrada y orientada a la estabilidad [monetaria].

El cuento chino de los 35.000 millones

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Ciertamente, el Estado es la única organización capaz de convertir actividades pacíficas, voluntarias y beneficiosas para quienes las acometen en conductas punibles y estigmatizantes.

Casi todo el mundo anda echando pestes de la mafia china; no tanto por lo que podría ser verdaderamente criticable (las posibles condiciones de esclavitud a que sometería a numerosos trabajadores) como por haber introducido ilegalmente mercancías en España y por haber atentado contra la Hacienda Pública. Gruesas palabras para ocultar una realidad mucho más sencilla: los chinos sólo traían mercancías de su país para vendérselas a unos españoles que estaban dispuestos a comprarlas. Mercancías que podían ser juguetes o ropa y cuya única tacha era que no habían sido declaradas en la aduana y no habían, por tanto, pagado la correspondiente mordida arancelaria, pecado mortal que permitía que los consumidores españoles adquirieran esos productos a muy buenos precios y llegar a fin de mes en mejores condiciones (el consumidor objetivo no eran multimillonarios aficionados a los yates y el champagne, sino personas de renta media-baja).

Como habían entrado de manera ilegal, estas mercancías no podían sino seguir defraudando a nuestro Fisco –siempre tan amigable con la empresarialidad–: como no existían oficialmente, tampoco pagaban IVA ni computaban como ingresos en Sociedades, ni éstos podían emplearse en el pago de los salarios (y del IRPF) de los empleados de las empresas que las ponían en circulación.

Estamos, pues, ante una economía paralela al Estado… que acaso por ello ha prosperado tan bien y acaso por ello sea tan vilipendiada por los amigos del Gran Gobierno. Lejos de sacar lecciones al respecto –las empresas florecen en entornos poco intervenidos y poco perseguidos fiscalmente–, optamos por convertir a sus participantes en criminales, olvidando tal vez que, por ejemplo, una parte de los revolucionarios, respetados e incluso reverenciados Padres Fundadores de EEUU, como John Hancock, se dedicaban al contrabando para burlar el proteccionismo inglés por idénticos motivos.

Mas mi intención en este artículo no es reflexionar sobre la criminalización de actividades comerciales pacíficas a cuenta de una legislación comercial que sí debería reputarse como delictuosa, sino sobre la concomitante campaña de desprestigio a la propuesta de recortar el gasto público para cuadrar el déficit.

Me explico: de unos años acá, una parte de la izquierda patria (y de la supuesta derecha, véase Montoro) insiste en que es posible acabar con el déficit simplemente persiguiendo el fraude fiscal, aparente pozo sin fondo que en España movería más de 90.000 millones de euros (casualmente, un monto casi idéntico al del déficit).

Sucede que tales cifras no resisten el más mínimo análisis crítico, motivo por el que suelen ser esgrimidas por demagogos ideologizados a los que nada interesa resolver los problemas reales y de fondo de nuestra economía. Así, basta con que nos topemos con noticias como las de la mafia china para que tales demagogos vuelvan por sus fueros. La anécdota se convierte en categoría y la categoría en principio de inspiración de la política económica de un país en profunda crisis. Para terminar de darle punch a la campaña sólo se necesita rebozar la anecdótica noticia con impactante información falsa, que es justo lo que ha sucedido en este caso.

El último bulo a cuenta de la mafia china –del que incluso se hace ecoEl País– es la estimación de que ha defraudado a Hacienda 35.000 millones de euros. Cáspita: 35.000 millones de euros, un tercio del déficit. Con encontrar dos tramas más como ésta, equilibramos las cuentas sin necesidad de ningún sufrido recorte adicional.

Sencillo, ¿no? Pues no.

Desconozco cuál es el origen preciso de semejante infundio amarillista, pero sí podemos analizar la noticia según la difundió una de las correas de transmisión.

Apenas leer la pieza, ya descubrimos que el fraude de 35.000 millones no es anual, sino el estimado a lo largo de una década. Es decir, el impacto presupuestario no sería de 35.000 millones de euros, sino de 3.500 millones al año. Aun así, hay que reconocer que parece una cantidad apreciable.

Con todo, si seguimos con la labor de broza podemos leer que el blanqueo de dinero ascendía a 350-400 millones anuales, y que los famosos 35.000 millones equivaldrían al "0,35% del PIB español". Problemilla matemático de simple resolución: el 0,35% del PIB español no son 35.000 millones, sino 3.500 millones; justamente lo que totaliza blanquear 350 millones anuales durante una década. En pocas palabras: en el mejor de los casos, el bulo del fraude de 35.000 millones se explica porque se ha colado un cero de más en el titular; en el peor, porque hay periodistas que deberían regresar a Primaria.

Hemos pasado de un fraude al Fisco que parecía ser de 35.000 millones anuales a uno de apenas 350 millones. ¿Termina ahí toda la historia? No: la gente tiende a confundir el dinero negro con los impuestos no pagados; la realidad es que el dinero negro son las bases imponibles no declaradas (los beneficios, los ingresos o los salarios no declarados). Dado que, por el momento, los tipos impositivos todavía no son del 100%, el Estado no se queda con la totalidad de la base imponible, sino sólo con un porcentaje que oscila, en términos medios, entre el 30 y el 40%. Si aplicamos estos gravámenes al dinero negro manejado anualmente por la mafia china, llegamos a que elfraude fiscal apenas se situaría entre los 100 y los 150 millones anuales, una suma 350 veces inferior a los 35.000 millones manejados alegremente por los demagogos austerófobos.

En definitiva, lejos de constituir un argumento de peso para quienes creen posible atajar el déficit sólo combatiendo el fraude fiscal, el caso de la mafia china debería servir para todo lo contrario: una de las mayores operaciones de nuestra historia contra una de las redes de economía informal más organizadas apenas descubre un fraude de 100 millones anuales. Pongan eso en relación con nuestro déficit estructural, de 100.000 millones de euros, y saquen sus conclusiones. 

Libertades en los imperios del mundo atlántico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Casualmente, coincidiendo con la reciente fiesta de la Hispanidad, tuve oportunidad en participar en una sesión de coloquios sobre una obra del conocido hispanista John H. Elliott. La obra en cuestión se titula "Imperios del mundo atlántico: España y Gran Bretaña en América (1492-1830)". En la misma, el historiador, en su mejor tradición de empirista inglés, realiza una recopilación de hechos, comparando ambos imperios americanos en los distintos momentos de su evolución histórica, desde su descubrimiento y conquista hasta su secesión, pasando por la explotación de recursos, orden legal y político y evolución de la población.

El objetivo, no explicitado, de tal comparación podría ser tratar de comprender por qué en un caso, el de los Estados Unidos, derivado del imperio británico, se alcanzó una sociedad plena de libertad que le llevó a constituirse en la gran potencia de la época moderna, mientras que en las repúblicas procedentes del imperio español no se alcanzó una situación similar y, en algún caso, ha desembocado en una situación completamente opuesta (casos de Cuba o Venezuela en la actualidad).

Es obvio, no obstante, que en la comprensión de tal situación han de tener alguna influencia los hechos ocurridos con posterioridad a 1830, de los que el tratado no se ocupa. Pero tampoco es discutible que durante los casi 400 años analizados se pondrían bases importantes para lo que luego habría de acaecer.

Pues bien, por mucha metodología empirista que se presuma, lo cierto es que la obra no recoge absolutamente todos los hechos ocurridos durante la existencia de los imperios, algo que sería imposible. Luego existe un criterio para la selección de los hechos descritos, que necesariamente ha de reflejar la tesis implícitamente sostenida por Elliott para explicar la divergencia apuntada hace dos párrafos.

¿Cuál parece ser esa tesis? Simplificando mucho, las colonias británicas se vieron obligadas a aceptar en su seno a todo tipo de religiones y nacionalidades europeas. Ello, unido a la mayor libertad de expresión y comunicación, habría dado lugar a un caldo de cultivo que permitió cambiar completamente el mundo del que provenían sus colonos. Y así se alumbraron unos valores y aspiraciones "definitorios de la identidad nacional estadounidense", cual fueron "un espíritu innovador y emprendedor, la búsqueda del mejoramiento individual y colectivo, y la búsqueda sin descanso de oportunidades" (ver p. 583 de la obra).

Frente a ello, en el imperio español se impidió la aparición de otras religiones, predominando la extensión de un catolicismo dirigido por los propios monarcas como parte de su compromiso "divino". Además, se habría dado un férreo control ideológico, no tanto de forma expresa como a partir de los lazos mantenidos con la metrópoli. Estos lazos y sistemas burocráticos, junto con la escasa difusión de obras impresas, habrían hecho innecesario e impedido el debate ideológico, que tan fructífero resultó a las colonias británicas cuando llegó el momento de independizarse.

En resumen, habría sido la libertad de religión, ideológica y de expresión la que habría conducido a esa búsqueda sin descaso de oportunidades característica de los estadounidenses, esto es, a la libertad económica que ha hecho de tal país la potencia económica que conocemos en la actualidad.

Sin embargo, el análisis praxeológico, apunta una causalidad inversa. Es precisamente la libertad económica la que puede permitir las otras libertades citadas, al menos de forma efectiva. Se puede tener nominalmente libertad política, religiosa o de expresión, pero es difícil llevarlas a la práctica si no existe libertad económica, por la sencilla razón de que el Estado puede optar por privar de recursos aquellas manifestaciones de esos tipos de libertad que no le sean conformes. En cambio, la libertad económica conlleva la posibilidad efectiva de ejercer los otros tipos de libertad, aunque estén proscritos por el Estado, eso sí, a un coste superior que si no lo estuvieran.

Elliott acumula en su obra indicios de la libertad económica existente en la América española, y durante la mayor parte del imperio. Así, nos dice que "las consideraciones comerciales estaban presentes desde el principio de la iniciativa española" y que los proyectos de expansión, ingleses y castellanos, "para su realización dependían en gran medida de iniciativas privadas y colectivas" (p.56). Aunque también sabemos, porque lo explica en otro momento, que la iniciativa inglesa estaba bastante impulsada por el Estado británico quien, envidioso del homólogo español, trataba de promocionar estos proyectos mediante la concesión de monopolios legales de comercio. Y es que el descubrimiento de América es una gran empresa, que solo podía darse en el país más emprendedor de la época, el más libre, que no era otro que la España reconquistadora.

Tal capacidad de emprendimiento y libertad económica se trasladan a ultramar. Así, nos cuenta Elliott (p.52) que, dado que "las formas de riqueza más fáciles (la plata y los indios) estaban reservadas a una afortunada minoría", los mayoría de inmigrantes tuvieron, para sobrevivir, que "aplicar su habilidad como artesanos o explotar las posibilidades locales para desarrollar nuevas fuentes de riqueza". Vamos, que se vieron obligados a ser emprendedores, cosa a la que ya estaban acostumbrados pues lo hicieron "en las tierras recuperadas por los cristianos en la Andalucía medieval."

Esta situación de libertad parece mantenerse en el tiempo, pese al evidente interés de la corona y el Estado por los metales preciosos encontrados en las Indias. Diversos mecanismos jurídicos e institucionales contribuyen a mantener una gran libertad económica en el imperio español de ultramar, entre los que no hay que desestimar las enormes dificultades logísticas que supondrían al Estado conseguir que se le obedeciera en tan inmensa región con los medios tecnológicos disponibles en la época. En otras palabras, que la considerable intervención que pretendía el Estado español era, en muchos casos y por distintos motivos, ineficaz, permitiendo una libertad económica impensable en la actualidad.

Como prueba de lo anterior, Elliott nos cuenta (p.379) que "cualquiera que visitara a mediados del siglo XVIII los grandes virreinatos de Nueva España y Perú habría quedado impresionado (…) por las muestras de actividad empresarial, vitalidad comercial y movilidad social en extensas áreas del territorio". Los conocimientos de teoría económica de Elliott le hacen atribuir esto erróneamente "a la renovada pujanza de sus economías mineras", como si este fuera un hecho exógeno a la economía, en lugar de a la causa que un economista buscaría (y que apunta más adelante) cual podría ser "un nivel más bajo de impuestos por parte de la Corona".

En suma, puede que el imperio español de América careciera de libertad religiosa o ideológica, pero de lo que parecía disponer en abundancia era de libertad económica. Los españoles ya disponían pues de ese "espíritu innovador y emprendedor, la búsqueda del mejoramiento individual y colectivo, y la búsqueda sin descanso de oportunidades" que Elliott considera definitorios de la identidad nacional estadounidense, aunque no se hubiera gestado en un caldo de otro tipo de libertades.

Y es que el emprendimiento es innato al ser humano. Todo ser humano busca cómo mejorar su situación con los recursos a su disposición, e imagina constantemente nuevos usos y nuevos recursos. Este espíritu no es definitorio de ninguna identidad nacional. Solo depende de si tiene libertad para imaginar, para usar sus bienes y para retener los beneficios de sus iniciativas.

Que América se descubra desde España, no es casualidad: es producto de la libertad que existía en España en la época. Que Estados Unidos sea hoy la potencia que es tampoco es casualidad: es producto de la libertad que ha conocido este país desde sus mismos orígenes coloniales. La cuestión clave para entender la distinta evolución de los Estados Unidos respecto a los estados hispanoamericanos se reduce a preguntarse en qué momento y por qué perdieron estos últimos su libertad económica.

PS: Este texto es una reflexión personal, que hubiera sido imposible sin las escuchadas a los restantes participantes en el Coloquio 812, organizado por el Liberty Fund y la Universidad Francisco Marroquín. Es por tanto obligado agradecerles a todos ellos sus ideas, y a la UFM y al LF, especialmente a Lucy y sus dos Andreas, la impecable organización y los buenos momentos disfrutados.

Razones para no seguir los resultados electorales

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El pasado domingo, los vascos y vascas, gallegos y gallegas, como diría un político “progreta”, acudieron a las urnas a expresar su voluntad. Periódicos, radios, televisiones y redes sociales se volcaron en el seguimiento de los resultados. Pero yo decidí dedicar mi domingo a cualquier otra cosa. Me sobraban las razones.

La pantomima electoral

Disfrazada de sacrosanta democracia, los ciudadanos, informados o no, acuden a depositar su voto. Y frente a quienes creen que deberían estudiar los programas electorales, informarse de qué propone cada cual, etc., yo creo que, dado que en este país mentir en campaña no es mentir, da lo mismo. Se vota al que mejor mienta, al que lo haga a tu favor, o al que creas que miente menos. Y no pasa nada. Al parecer, tampoco es para tanto. Nos toman el dinero de la cartera mientras nosotros nos dejamos como madres benevolentes (e irresponsables) que hacen la vista gorda cuando el hijo les “sisa” dinero en las vueltas de la compra. Eso sí, nos hemos empobrecido casi un 40% según dicen los expertos, moneda a moneda, y ese dinero que ya no tenemos no está en hospitales, carreteras o tejido industrial. Se evaporó en votos comprados a golpe de subvención y privilegio.

Además, los ciudadanos votan en un sistema electoral que es manifiestamente deficiente, penaliza a los pequeños nuevos, y perpetúa el bipartidismo. Quien pone la norma electoral se lleva el gato al agua. No es nuevo, también lo hacen los propios partidos en su organización interna. Manipulan para que salga el/la candidato/a que debe. Y si no, pues directamente designan al más conveniente. ¿Por qué iban a estar dispuestos a exponerse aplicando un sistema electoral diferente pudiendo asegurarse el escaño?

El significado de las elecciones vascas y gallegas

Tanto en el caso del País Vasco como en Galicia, se trata de elecciones anticipadas por razones que no han quedado del todo claras. Lo más probable es que, como indica el instinto de los analistas políticos, ninguno de los presidentes autonómicos quieran afrontar los recortes y prefieran ceder la batuta para que se queme otro, o bien emprender lo que sea pero reforzados.

Pero en el panorama político nacional, no es relevante si a Feijóo le queman en una pira por recortar, sino que el déficit se ajuste al previsto por Bruselas y el Gobierno. Le pese a quien le pese, las autonomías son importantes en cuanto que nos conducen al abismo. Los focos ahora mismo están en el rescate o “eso que ustedes llaman rescate”, el ajuste al déficit, los presupuestos, la destrucción del euro, y cuestiones macro en los que el País Vasco, Cataluña, Andalucía o Galicia no dejan de ser “un problema regional de España”.

Una comunidad autónoma tendrá atención periodística si es capaz de chantajear al Gobierno para conseguir más dinero. Algunas lo hacen como la Cataluña de Mas. Pero incluso si gana Bildu las elecciones (aunque sea moralmente) y ya son dos las partes de España dispuestas a poner su poder político particular por delante del interés de los españoles (e incluyo a vascos y catalanes), Bruselas no desaparece, ni la deuda, ni el Memorando de Entendimiento. Así que Rajoy habrá de respirar hondo y dar un paso al frente.

Todos ganan, todos pierden

Sea como fuere, bien en la semana de Halloween y de don Juan Tenorio, o más tarde, Rajoy tomará la decisión de reclamar el dinero de la banca concedido por Europa y, tal vez, pedir un rescate general para activar que el Banco Central Europeo compre deuda soberana. Si, como opina Huw Pill, economista jefe de Goldman Sach para Europa, lo peor está por llegar porque la recesión se quedará con nosotros también en el 2013, las reclamaciones independentistas van a tener poco sentido. Especialmente si, como pretende Mas, la separación debería producirse en el 2014… una vez pasado el temporal, pero el ingreso del fondo de rescate autonómico ha de ser inmediato.

Mientras los políticos autonómicos parecen jugar a superman, los políticos europeos ya han inventado la manera en que van a evitar ser salpicados por el temporal español: el default interno. Para el 2013, según parece, la deuda viva interna en manos domésticas (tal y como sugiere Daniel Lacalle) será el 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay impagos, atrasos, problemas… el globo nos estalla en la cara. Y habrá quiebra interna. Y entonces sí que vendrá el hombre del saco a rescatarnos.