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El FMI detesta la austeridad

Desde el inicio de la crisis se ha instalado en el común de los mortales un argumento que, por más que se ha repetido, no deja de ser falaz. El Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los agentes públicos que conforma la temida troika -junto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE)-, exige "austeridad" por encima de todo a los países inmersos en graves dificultades económicas, ya sea la zona euro, Estados Unidos o Reino Unido. Ojalá fuera así, pero, por desgracia, la realidad dista mucho de tal afirmación.

El FMI fue uno de los principales defensores de los denominados y archiconocidos "planes de estímulo" tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007. Es decir, recomendó, apoyó y presionó a los gobiernos que dirigen las economías desarrolladas para que dispararan el gasto público y así esquivar la Gran Recesión que, por entonces, afectaba a los principales países de la OCDE. Zapatero y Obama siguieron al pie de la letra dicha receta, convirtiéndose en los alumnos más aventajados del ente internacional.

Años después, tal y como se preveía, se demostró que el mal llamado "estímulo" público no sólo logró evitar la caída del PIB sino que, además, agravó la crisis de deuda que, posteriormente (2010), golpeó de lleno el seno de la zona euro. Hoy por hoy, EEUU cuenta con una deuda pública superior al 100% del PIB y un déficit fiscal de dos dígitos. La fortaleza de su economía privada, el rápido ajuste de su sector inmobiliario y el privilegio de contar con la principal impresora monetaria del mundo han logrado ocultar una incipiente crisis de deuda pública que, de seguir por esta senda, acabará también afectando a los estadounidenses.

Así pues, entre 2007 y 2010, el citado Fondo centró toda su labor de asesoramiento y monitorización en conseguir que los gobiernos aumentaran su gasto, mucho más allá del sustancial incremento que ya de por sí implicaba la activación de los denominados "estabilizadores automáticos" (prestaciones de desempleo, gasto social, etc.). ¿Austeridad? Ninguna, si por austeridad se entiende, como debe ser, gastar menos de lo que se ingresa (ahorro). Solo cuando estalló la crisis de deuda europea en 2010, el FMI cambió tímidamente su discurso, abogando entonces por sustituir los "estímulos" del pasado por programas de "consolidación fiscal" que, erróneamente, se interpretaron de forma generalizada como la necesidad de aplicar drásticos recortes públicos.

Es cierto que, desde entonces, los expertos del Fondo recomiendan reducir el abultado déficit público que presentan ciertos países, pero muchos olvidan un pequeño matiz. En primer lugar, la insistencia del FMI en que tal reducción, aunque deseable, debe alcanzarse a medio e incluso largo plazo para no dañar el crecimiento económico; y, en segundo lugar, aún más importante, que dicha consolidación en ningún caso implica acometer el necesario ajuste fiscal exclusivamente por el lado del gasto sino, más bien, combinando algunos recortes con brutales subidas de impuestos. Una vez más, España, ahora con Rajoy a la cabeza, se está convirtiendo en uno de los alumnos favoritos del FMI. No en vano, el ajuste fiscal emprendido por el PP consiste, básicamente, en estrechar la brecha del déficit combinando a partes iguales reducción de gastos y subidas tributarias. ¿Austeridad? Nuevamente… ¿Dónde?

Y ahora, dos años después, tras comprobar que los países en problemas (y rescatados) no están logrando los pretendidos objetivos de cumplimiento del déficit, lejos de corregir el desastroso enfoque teórico implementado durante la crisis (keynesianismo y monetarismo puros y duros), el Fondo acaba de dar una nueva vuelta de tuerca en la dirección equivocada a sus recomendaciones de política económica. Así, en su último informe de previsiones económicas, dedica un apartado sustancial a desmontar uno de los últimos fundamentos neoclásicos a favor de la austeridad: el "multiplicador fiscal".

Hasta ahora, el Fondo, al igual que otros muchos economistas, mantenía que el multiplicador fiscal es del 0,5%. Es decir, que por cada euro de recorte de gasto, el PIB pierde 50 céntimos en el plazo de dos años. Sin embargo, el FMI dice ahora que el efecto de la austeridad sobre el PIB es muy superior, ya que oscila entre el 0,9 y el 1,7, lo cual significa que cualquier recorte de gastos implicará caer en una espiral autodestructiva como resultado de una dramática y duradera recesión. Así pues, el último acicate al que se agarraba tenuemente el Fondo para recomendar cierta moderación en el gasto acaba de ser fagotizado por completo. No es de extrañar, pues, que el FMI insista estos últimos días en conceder más tiempo a los países insolventes del euro para cumplir con los objetivos de déficit, o bien que recomiende a Londres y Washington no pisar en ningún caso el acelerador de la austeridad pública. Por última vez… ¿Austeridad? La respuesta es evidente, pese a que la mayoría piense lo contrario. El FMI, simplemente, detesta la austeridad.

El capital y el plan de negocio en un mundo de incertidumbre

Para la producción de bienes y servicios con valor es necesario realizar una serie de actividades a lo largo del tiempo. No es un hecho automático y necesita de la acción y decisión humana. A ciertos niveles, también es necesario que el empresario organice el proceso productivo.

Por tanto, la actividad productiva requiere de tiempo, se lleva a cabo durante el tiempo real. A lo largo de éste, los recursos productivos, en combinación con otros recursos físicos o humanos, son capaces de aportar valor –si el proceso resulta exitoso-. Esa relación entre el valor que añaden los recursos y el tiempo –valor y tiempo- es lo que caracteriza esencialmente al concepto económico de "capital".

El conjunto de recursos productivos, de bienes que forman el capital, son bienes de capital, forman una estructura en el seno de la empresa, porque están ordenados y combinados de una determinada manera para que rindan sus servicios a lo largo del tiempo y que, si es un proyecto exitoso, producirán bienes valorados por los consumidores. La valoración de los productos que ayudan a producir es lo que da un valor a los bienes de capital. En definitiva, el valor de los bienes de capital no es más que el resultado de un proceso de búsqueda prospectiva planeada por el empresario.

Plan de negocio

Para esa búsqueda del valor debe haber un plan de producción –o un plan de negocio-. En la elaboración del plan de negocio intervienen dos fuerzas contrarias entre sí: la reducción de incertidumbre y la adaptabilidad. Por un lado, se tratará de reducir el grado de incertidumbre a través de la inclusión de determinados contratos de diversos términos, tiempos y condiciones –con empleados, proveedores, etc.-. Sin embargo, esto se hará a costa de reducir la adaptabilidad del proyecto. Dado que pueden acontecer innumerables circunstancias imprevistas en el plan, el empresario deseará desarrollar un programa lo más flexible y adaptativo posible, de modo que su plan pueda adaptarse a dichas circunstancias.

En el plan, trazado por el empresario de manera consciente, y más o menos precisa o vaga, se reflejan tres conceptos clave, el conocimiento del empresario –o como ahora gusta decir, emprendedor-, sus expectativas y los recursos que, cree, deberá emplear.

Recursos productivos heterogéneos

Los recursos productivos son heterogéneos porque están construidos para propósitos más o menos específicos, tienen un rango de aplicaciones limitado. Esos propósitos deben ser descubiertos por el empresario, que otorga una función económica determinada a cada bien de capital, para la cual la forma física de estos es apropiada.

Cada bien de capital tiene unos atributos útiles para el proceso de producción que determina los servicios que prestan. No tienen que ser completamente conocidos en la elaboración del plan de negocio porque durante la realización del proyecto empresarial en la que los bienes se combinan con otros factores productivos, pueden descubrirse nuevas características valiosas o potenciales del bien productivo. Dependerá de la perspicacia del empresario en cada momento del tiempo.

Expectativas heterogéneas

Las expectativas es otro de los elementos reflejados en el plan de negocio. Las combinaciones de bienes de capital deben ser organizadas por el empresario en función de lo que subjetivamente perciban que va a ser el valor del producto realizado con estos recursos, o la corriente de ingresos que se espera que generen en circunstancias cambiantes.

Las expectativas del valor de esas combinaciones de recursos productivos no es lo único relevante, también deben tenerse en cuenta las acciones futuras de sus competidores y productores de bienes o servicios complementarios, dado que estos afectarán igualmente al valor del bien o servicio ofrecido –si el producto es la fabricación de chips, deberán hacerse cábalas sobre la venta de ordenadores, uno de sus bienes complementarios-.

Dependiendo de su apreciación subjetiva, los empresarios tendrán unas expectativas u otras. No en vano, lo que en realidad hacen los empresarios en la combinación de los recursos productivos es plasmar su particular visión. En definitiva, los modelos cognitivos son heterogéneos también. Por ello es inevitable que las expectativas no siempre sean consistentes –o complementarias- entre sí. Hay que recordar que los modelos económicos rivales son la esencia del proceso competitivo y las expectativas son parte normal de la experimentación del proceso de mercado.

Por consiguiente, los empresarios enfrentan sus juicios unos contra otros. Unos juicios necesarios en un mundo donde el valor del producto es incierto. Cuanto más exitoso sea el juicio, más ganancias obtendrán.

El conocimiento

El conocimiento es una dimensión importante y compleja de cada plan de producción. De hecho, los atributos de los bienes de capital, los recursos productivos, son un conocimiento (productivo) útil para el empresario. De ahí que sea necesario saber cómo el conocimiento entra en el proceso de producción.

La relación fundamental del conocimiento y el capital es que el primero está plasmado en los bienes de capital. Es decir, los bienes de capital expresan un conocimiento sobre el proceso productivo y cómo este debe ser llevado a cabo; encierran el conocimiento para cumplir su función y propósito. Por eso se dice que gran parte del conocimiento de una sociedad puede encontrarse no en nuestras mentes, sino en los bienes de capital que empleamos. Por ejemplo, el conductor de un camión puede no disponer de los conocimientos necesarios para construir un camión, pero sin embargo lo usa dentro de un plan de producción –elemento de transporte de mercancías-. Es decir, este medio de transporte es la plasmación, la materialización, del conocimiento de quienes diseñaron y combinaron todas sus piezas.

Además, este conocimiento hace que los factores productivos menos cualificados alcancen elevadas tasas de productividad. Pero también los trabajadores con mayor capital humano pueden aportar y mejorar el diseño de sus herramientas y dejar su impronta de conocimiento –los denominados intraempresarios-. 

En suma, todo este conocimiento del poder productivo de los recursos es extraordinariamente relevante para que el empresario pueda organizar la producción, ya sea integrando dichos bienes en una empresa, subcontratando parte de los servicios necesarios y, en definitiva, perfilando la forma y tamaño de la empresa que quiere montar según su proyecto.

La economía está basada en el conocimiento. Y las empresas están basadas en el conocimiento porque se basan en el capital.

(Este comentario está basado en el excelente y muy recomendable trabajo de Peter Lewin "The capital-based view of the firm").

Escocia, Quebec y la claridad

Durante años, los guías de los autobuses turísticos de dos pisos de Edimburgo explicaban que, cuando Escocia recuperase la independencia, el Parlamento sería un edificio en Calton Hill, la Old Royal High School, de aspecto señorial y, bueno, parlamentario. Sin embargo, en cuanto se supo que finalmente habría necesidad de tener un edificio, el laborista escocés encargado del asunto decidió que lo mejor era construir uno nuevo, que encargaron a un arquitecto catalán. Con toda la intención. La mala intención.

Los nacionalistas escoceses tuvieron como objetivo conseguir el estatus de Cataluña, dado que ellos no disfrutaban de autonomía; y cuando la consiguieron era mucho menor que la catalana. Por las mismas razones, rara vez los catalanes se han puesto como meta ser Escocia. Sin embargo, las tornas han cambiado con el acuerdo alcanzado por David Cameron y el nacionalista Alex Salmond para celebrar en el antiguo reino un referéndum independentista en 2014, cuando se cumplen 700 años de la batalla de Bannockburn, que el australiano Mel Gibson dio a conocer a todo el mundo. Ahora, los catalanes quieren ser escoceses y compartir con ellos algo más que la fama de tacaños.

Antes, el sueño era Quebec. En la provincia canadiense hubo dos referendos por la independencia. El último, en 1995, estuvo a un punto porcentual de lograr su objetivo. Pero hace ya más de una década que la opción independentista se sitúa en los alrededores del 40%, lo que en buena medida explica por qué no se han hecho más intentos. Pero eso es sólo parte de la explicación. También tiene mucho que ver la claridad.

Y es que uno de los trucos de los independentistas es trucar de partida cualquier consulta. Fíjense si no en la engañosa pregunta que Mas quiere plantear en su referéndum:

¿Desea usted que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?

Lo de la Unión Europea es una engañifa, pues eso dependería, claro, de la voluntad de una Cataluña independiente por volver a entrar en aquélla… pero también de los países que ya la conforman, empezando por España. De modo que podría salir el  y que Cataluña se independizara pero no entrara en la UE.

Aun así, la pregunta de Mas resulta prodigiosamente clara si se compara con la que estuvo a punto de triunfar en Quebec:

¿Está usted de acuerdo con que Quebec acceda a la soberanía tras haber efectuado una propuesta formal a Canadá de una nueva forma de asociación económica y política dentro de lo previsto en la ley que se refiere al futuro de Quebec y en el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?

Tras aquello, el Tribunal Supremo canadiense fijó en 1998 las condiciones que debería tener una consulta independentista para ser válida. Los principios rectores serían los de claridad y contundencia. Tanto la pregunta como el resultado habrían de ser claros y contundentes. Para asegurarse de ello, la provincia secesionista y el Gobierno central deberían ponerse de acuerdo tanto en la pregunta como en los votos necesarios para darla por convenientemente respondida.

Le habrá pasado en su comunidad de propietarios. Bueno, quizá no a usted personalmente, pero en todo caso lo habrá oído. Una minoría muy persistente quiere algo. Se le niega en una reunión, se le niega en otra… hasta que al final, en una con un quorum menor, logra su objetivo, aunque sea por un voto; y eso vale más que todas las negativas precedentes. Algo similar podría suceder en este caso. Si el resultado fuera favorable a la independencia sería irreversible; si fuera negativo, habría que seguir votando. Para evitar este problema, en Quebec la mayoría debía ser mayor al 50% para que no hubiera dudas sobre la voluntad secesionista de la ciudadanía. Y para que quedara claro qué votaba cada uno, la pregunta debía ser del tipo: "¿Quiere que Quebec sea un nuevo Estado independiente y separado de Canadá?"; es decir, una pregunta clara y concisa, que no dejara lugar a dudas.

Canadá formalizó esta sentencia en 2000 con la Ley de Claridad, que cristalizaba estas reflexiones en su preámbulo:

El hecho de descartar la posibilidad de entablar una negociación sobre la secesión a menos que ésta cuente con el apoyo de una mayoría clara, y no incierta y frágil, pone de manifiesto que la secesión se considera un acto grave y probablemente irreversible, que afecta a las generaciones futuras y que tiene consecuencias muy importantes para todos los ciudadanos del país que, de ese modo, quedaría escindido. La pregunta formulada en el referéndum también debe ser clara, ya que es evidente que sólo una pregunta que aborde verdaderamente la secesión permitiría saber si los ciudadanos la desean realmente.

La ley establece límites a los posibles textos. Así, estipula que la mayoría que vote sí deberá superar no sólo un porcentaje (a negociar) sobre el total de los votantes, sino sobre el total del censo; que, en caso de tener éxito la secesión, deben asegurarse los derechos de los ciudadanos que no la desean en el nuevo país independiente, así como una división justa de activos comunes –como en el caso de España pueda ser la Seguridad Social–. Desde su aprobación, no se ha intentado celebrar referéndum alguno en Quebec.

El nacionalista Alex Salmond es un político hábil, pero David Cameron no lo ha hecho mal. Ha logrado que sólo se pregunte por la independencia, y que la pregunta sea clara, frente a la pretensión de Salmond, que piensa que para 2014 no habrá una mayoría independentista pero sí una que le permita exigir más autonomía, por eso pretendía colar ambas opciones en la pregunta.

La crisis ha hecho crecer el sentimiento independentista en Cataluña. Sin embargo, no me cabe duda de que una consulta bajo las condiciones establecidas por la Ley de Claridad canadiense fracasaría, especialmente si se celebrara una vez hubiéramos salido de la crisis. En el País Vasco, pese a los previsibles resultados electorales del domingo, seguramente el no tendría aún más fuerza.

Curiosamente, alrededor del 25% de los canadienses está a favor de la expulsión de Quebec. Algunas encuestas sugieren que hay más gente en Inglaterra deseando librarse de los escoceses que independentistas en la bella pero pobre y dependiente región del norte. No he visto que aquí se nos haya preguntado si consideramos que los catalanes no merecen ser españoles. No estaría de más.

Propiedad intelectual, nacionalización del lenguaje y censura estatal

Que, tras la satrapía comunista cubana, el Gobierno de Ecuador es el mayor enemigo de la libertad de expresión en América es un hecho innegable. El cierre de decenas de radios y televisiones, con la excusa de la democratización de los medios, es prueba palpable de ello; así como las condenas por distintos motivos a periódicos y periodistas críticos con Rafael Correa. Este último ha conseguido situarse muy por encima de sus propios compañeros del Socialismo del Siglo XXI, como Hugo Chávez o Evo Morales, ambos con un muy triste historial en la materia.

Pero no sólo su capacidad represora en lo que a libertad de expresión se refiere diferencia a Correa de sus aliados del ALBA (con la excepción de unos hermanos Castro que siguen superándole en todo lo que consista en reprimir a la sociedad civil y a los ciudadanos). También destaca sobre el resto, incluyendo aquí a los Castro, por su inteligencia y su gran capacidad imaginativa a la hora de idear métodos para conseguir sus objetivos.

Buena prueba de esto último es el más reciente método elegido para ejercer la censura: apelar a la propiedad intelectual. El Gobierno de Correa consiguió que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPE) aceptara el registro por parte del Estado de las expresiones "30S", "30-S" y "Prohibido Olvidar", todas ellas referidas a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que desde el Ejecutivo de Quito es considerada un intento de golpe de Estado.

 A partir de ahora, según un comunicado del IEPE, los tres términos señalados "forman parte del patrimonio del Estado y fueron solicitados para identificar servicios o campañas específicas". Por lo tanto no podrán ser utilizados por particulares, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil de tipo alguno. Se trata, en definitiva, de una nacionalización de una parte del lenguaje en beneficio del Gobierno de Correa.

Es cierto que se permite la utilización de las expresiones patentadas "mientras sea de buena fe y no constituya un uso que lesione este derecho, cualquier persona puede hacer uso de la expresión (este uso de buena fe es cuando no ocasiona confusión, asociación o engaño en el público consumidor)". Sin embargo, con una Justicia cada vez más al servicio del poder político, en última instancia tan sólo se aceptará la existencia de "buena fe" en los casos en que Correa y los suyos lo decidan. En cualquier caso, y ante el miedo a posibles represalias "legales", algunos medios y usuarios de redes sociales han preferido dejar de utilizar los términos en cuestión.

El caso es todavía más sangrante si se tiene en cuenta que no son expresiones ideadas desde el Estado. Tanto 30-S como 30S surgieron de las redes sociales. En al menos uno de los casos está identificado el usuario de Twitter que por primera vez propuso utilizarlo, el español Eduardo Arcos (@earcos). Sin embargo, eso no importa para un Gobierno enemigo de la libertad, que lo que busca es restringir la capacidad de acción de los ciudadanos, incluso en el uso del lenguaje. Si la Casa Blanca tratase de registrar 11/9 (11-S) o La Moncloa 11-M o 23-F, la indignación sería generalizada, y con razón.

Dentro del absurdo, esta nacionalización de una parte (por pequeña que sea) del lenguaje permite observar al menos dos cosas importantes. Por una parte, demuestra que la denominada propiedad intelectual puede dar lugar a numerosos abusos contra el conjunto de los ciudadanos al dar, mediante la coacción estatal, el monopolio de ideas de todo tipo a determinadas personas, organismos o instituciones. Por otra, refleja de forma nítida que, a la hora de reprimir la libertad, hay gobernantes que no tienen límites en su imaginación. Correa destaca entre ellos.

Más gasto, más impuestos, menos crecimiento

Ni austeridad, ni equilibrio fiscal, ni contención del déficit, ni crecimiento económico, ni creación de empleo, ni reformas estructurales ni nada que se acerque remotamente al fin de la crisis. Así son los presupuestos que el Gobierno ha vendido como los que nos sacarán del atolladero y servirán de antesala a la recuperación económica. En un momento en el que el Estado gasta casi un 10% de lo que ingreso, a las cabezas pensantes que Rajoy tiene en Moncloa, no se les ocurre mejor idea que aumentar el gasto, y no, precisamente en una minucia insignificante. El Gobierno gastará el año próximo 9.000 millones más que en 2012, un ejercicio en el que el déficit sobrepasará con toda seguridad el 7% y es muy posible que se acerque al 9%. No debemos olvidar que el límite que marca el Acta Única es del 3% y que el Ejecutivo pretendía dejarlo este año en poco más del 4%.

De los buenos propósitos del mes de enero no queda nada. Rajoy y los suyos han decidido morir matando. Los presupuestos que presentaron esta semana Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos son el mejor modo que ha encontrado el PP de acelerar un colapso que, a estas alturas, ya es inevitable. Los números de Montoro se condensan en lo siguiente. El gasto crece ligeramente porque no queda ya espacio para recortar más –obsérvese que es el mismo mensaje que Rubalcaba envió hace sólo unos días–, el ingreso, entretanto, aumentará considerablemente, aunque en menor cuantía que los gastos previstos.

Desde un punto de vista contable esto es, simplemente, algo suicida porque, si bien el gasto se puede planificar –y, de hecho se ejecuta con rigurosa puntualidad–, no sucede lo mismo con el ingreso. El ministro de Hacienda, y ya va por su segundo presupuesto, lo fía todo a un aumento de ingresos derivado no de una recuperación del mercado laboral que haga afluir más recursos al Estado, sino de nuevos impuestos. Así, los 4.375 millones extraordinarios que aspira a recaudar Montoro provendrán –siempre según el guión del ministro– de un nuevo impuesto sobre las loterías (2.371 millones), de otro sobre la actualización de balances de las empresas y de uno más en el régimen de tributación de las plusvalías (90 millones). Eso en la parte que toca a nuevos impuestos. El Gobierno ha eliminado las deducciones por amortización de las que se beneficiaban las grandes empresas (2.371 millones), la deducción por compra de vivienda habitual (90 millones) y mantiene la prórroga del Impuesto de Patrimonio (700 millones).

Como puede verse, un rejonazo fiscal a la economía productiva más propio de un Gobierno socialista de los de línea dura que de uno que se dice centro reformista con vocación liberal-conservadora. Ante la gravedad de los hechos, sólo cabe preguntarse por qué hace esto Rajoy, un político que todos tenían por moderado. La respuesta es simple, no está dispuesto a sacrificar ni un solo centímetro más de sector público y para ello no le queda otra que castigar al privado de un modo inmisericorde.

Con estos mimbres el Gobierno, formado ya por pitonisos que creen adivinar el futuro, ha realizado una estimación para el año próximo que llamarla fantasiosa sería poco. Montoro apuesta por que la economía sólo decrezca un 0,5%, cuando los expertos, en el mejor de los casos, triplican esa tasa. Cuenta también con que se toque suelo en lo relativo al desempleo a pesar de que no ha parado de aumentar incluso en el pasado mes de agosto. Es todo absurdo, puro wishful thinking que no tiene más destino que un derrumbe generalizado e incontrolable dentro de unos meses. Porque la realidad será muy otra. El Estado va a recaudar cada vez menos por una razón sencilla: la economía está paralizada y la inversión bate mínimos históricos. Los nuevos impuestos y los ya existentes que Rajoy se ha encargado de subir salvajemente conseguirán justo lo contrario de lo que persiguen como ya ha sucedido este mismo año. No sólo son unos irresponsables sino que, además, no aprenden.

Pero lo fundamental, el elefantiásico tamaño de nuestro Estado no cambia y necesita combustible para seguir funcionando. Llegado el momento, con la recaudación hundida, tendrá que hacer acopio de él a través de nuevas y cada vez más caras emisiones de deuda. Eso hasta que el cuerpo aguante, es decir, hasta que la bancarrota o, en su defecto, el rescate sean inevitables. A eso nos dirigimos raudos y ya no hay vuelta atrás. Rajoy tuvo su oportunidad y la ha desperdiciado. Una lástima.           

Cine de atracos

Ya desde sus comienzos allá por 1.903 con "The Great Train Robbery", la industria del cine ha tenido una gran atracción por los atracos como tema central.

Así, el cine "de atracos", convertido en un género cinematográfico por derecho propio, a veces en conjunción con otros géneros, nos ha deleitado con auténticas obras maestras, joyas para cinéfilos que justifican el nombre de séptimo arte.

Cómo no acordarnos de "Atrapa a un ladrón", con Cary Grant y Grace Kelly a las órdenes del gran Alfred Hichcock, haciendo un inolvidable despliegue de glamour en la Riviera. Del "careto" impasible de Lee Marvin buscando venganza (… y la pasta) en "A quemarropa". Del mismísimo James Cagney "en la cima del mundo" en la inolvidable "Al rojo vivo ", de Raoul Walsh. De Humprey Bogart en "Sierra Alta"

Qué decir de los "atracos del Oeste"… Ya sean filmados por los grandes maestros americanos, como John Ford en "Tres padrinos" o Sam Peckinhan en "Grupo salvaje", o en su versión "spaghetti" con Sergio Leone dirigiendo obras maestras como "La muerte tenía un precio", el western y los atracos siempre han sido una combinación perfecta.

Tan perfecta cuando dicho género se ha tratado desde la comedia, con divertidísimas películas como "El quinteto de la muerte", de Alexander Mackendrick, la italiana "Rufufú" o la española "Atraco a las 3".

La lista es larga: "Atraco Perfecto", de Kubrick; "Bonnie & Clyde", de Arthur Penn; "Heat", de Michael Mann… Obras inolvidables que consiguen tener al público pegado a sus asientos, justificando el precio pagado por la entrada, y que son la prueba evidente de lo que se puede hacer desde el talento, la creatividad y la profesionalidad.
 
El problema es cuando estás tres cosas fallan… Entonces, la industria del cine, en vez de recurrir a la temática "de atracos" como fuente inspiradora de sus películas, decide aplicarla directamente como forma de financiación.
 
Y en España tenemos el ejemplo perfecto, el céntimo cinematográfico, una "brillante idea" propuesta por una asociación de productores de cine catalán, la PROA, hartos de que las subvenciones a fondo perdido se hayan reducido drásticamente, de que se les pretenda cobrar un IVA idéntico al de otros ciudadanos que se tienen que ganar la vida en industrias "no culturales" y de que esos mismos ciudadanos se nieguen a pagar un euro por ver sus pelis (sobre todo, si son en catalán…).
 
Así, PROA dixit:
 
"Cada anuncio en la pequeña pantalla tendría una recarga de 1 céntimo en su precio. Para un anunciante no es nada si emite, pongamos por ejemplo, 400 anuncios en un mes: se queda en cuatro euros. Pero sumados todos, la cantidad podría ser inmensa".
 
Sin duda, esto sí que es auténtico cine de atracos y no lo que hacían Hichtcock, Kubrick y demás…

¿Terrorismo financiero o irresponsabilidad estatal?

Últimamente se ha puesto de moda entre los iletrados económicos un término que roza lo cómico. El engendro no es otro que terrorismo financiero. Viene a decir que los "amos del mundo" son los mercados financieros que controlan y doblegan a los gobiernos y a las democracias haciendo que los políticos olviden sus responsabilidades y dejen desprotegida a la población frente a los especuladores que se adueñan de los mercados. El resultado, se nos dice, es un debilitamiento del Estado del bienestar y de la calidad de vida de las personas.

Empecemos por el principio. La palabra ‘controlar’ no deja de ser una tergiversación interesada del lenguaje. Por definición, nadie puede controlar al poder político. El poder político ostenta el monopolio de la fuerza de un territorio. Es la máxima autoridad de un territorio y no permite que absolutamente ningún agente pueda violar sus mandatos. La palabra correcta sería ‘depender’. Los gobiernos se han colocado ellos solitos en una situación de dependencia de los grupos y mercados financieros.

Y se han colocado en una posición de dependencia financiera porque les hacía falta. Todo ello de forma voluntaria, nadie les ha coaccionado. ¿El motivo? El enorme déficit que los gobiernos del PSOE y el del PP han ido acumulando debido al incremento exponencial del gasto total del Estado (sólo de 2008 a 2011 el déficit acumulado es de unos 352.000 millones de euros).

En los años de ingresos inflados por la burbuja del ciclo expansivo, los gobiernos de ambos signos no solamente no aprovecharon para ajustar el gasto, adelgazando así el aparato estatal, sino que utilizaron esos ingresos ficticios para aumentar desproporcionadamente el gasto público. Gasto destinado principalmente a engordar el Estado de Bienestar.

Una vez estallada la crisis, los ingresos insostenibles se esfumaron como arena entre los dedos. La marea bajó y nos mostró un escenario alarmante pero real: la brecha entre gastos e ingresos es elevadísima. Actualmente esto significa mantener un Estado sobredimensionado que gasta estructuralmente un 30% más de lo que ingresamos.

Debido a su total resistencia a flexibilizar el gasto y adaptarlo a los ingresos actuales y reales, los gobiernos han tenido que apoyarse en los mercados financieros. ¿Para qué? Para poder mantener ese colosal gasto público. A base de crédito, claro está, y no con riqueza real.

Repetimos: nadie ha forzado, ni puede forzar de ninguna manera, a los gobiernos a endeudarse. Nadie. Ellos han elegido endeudarnos a nosotros y a futuras generaciones para no disminuir el gasto social actual y, de esa manera, no perder popularidad y votos futuros.

Si los gobiernos se hubieran financiado de la única manera estable posible, es decir con impuestos, jamás se hubieran colocado en una posición de dependencia financiera de los mercados. Pero los impuestos son impopulares y además totalmente insuficientes para mantener un Estado de Bienestar como el que tenemos. Este es el quid de la cuestión y de ahí proviene la irresponsabilidad de los gobiernos.

Ilustres "intelectuales" mediáticos hablan de que los mercados financieros "han pasado por encima de las instituciones democráticas" y que "están cuestionando la esencia misma de la democracia". ¿El motivo? Los Estados, nos dicen, deben efectuar recortes que de otra manera no harían por no estar previstos en su programa electoral.

 

Estos intelectuales de orientación e ideología totalitaria escupen este argumento y se quedan tan anchos, dotándose de una superioridad moral como si hubieran hecho un descubrimiento clave para la humanidad, cuando en realidad no es más que una burda e inmoral maniobra lingüística para intentar negar la evidencia de que el Estado debe reducir su gasto total para, entre otras cosas, poder pagar sus deudas.

Y es que los mercados financieros otorgan crédito y ceden unos fondos con el fin de recuperarlos. ¿Parece elemental, no? Si no tienen la total seguridad de que los van a recuperar, no prestan o exigen un interés elevadísimo que compense el riesgo. En realidad, lo único que exigen es solvencia al deudor, es decir, que sea capaz de devolver el crédito. ¡Qué menos! ¡Por Dios!

Por tanto, cuando estudian la posibilidad de invertir en un país quebrado como España, es lógico que le exijan llevar a cabo una serie de reformas para que España pueda, entre otras cosas, salir de su estado de insolvencia y cumplir sus obligaciones y devolver los préstamos. No sé a ustedes, pero a mí me parece obvio.

Y desde luego no hay nada antidemocrático en ello. ¡Todo lo contrario! Lo que sería vergonzosamente antidemocrático sería impagar una deuda. Eso sí atenta contra la democracia, la seguridad jurídica y los principios generales del Derecho.

Lo que también debería ser antidemocrático y estar prohibido por la Constitución de un país medianamente serio sería caer en déficit sistemáticamente.

Esta sería una buena medida para garantizar la estabilidad presupuestaria de una nación, ya que eliminaría la enorme irresponsabilidad de los gobernantes, que consiste en dilapidar no solamente nuestra riqueza actual sino la de futuras generaciones, que estarán encadenadas a la deuda actual.

La economía del emparejamiento

 El que corta los trozos de la tarta es el último en escoger. Un heredero fija el precio que considera justo, y el otro decide si compra o vende. Son estrategias que contribuyen a que un conjunto de personas tomen decisiones que se acerquen a una idea de justicia, que sean eficaces y que eviten conflictos. Los dos economistas que se han llevado el premio Nobel este año, Lloyd Shapley y Al Roth, no trabajaron estas pequeñas estrategias, sino el diseño de un modelo que permita, en situaciones muy diversas, facilitar que se encuentren la oferta y la demanda. Es el noveno año en el que se otorga este premio a algún teórico que ha hecho contribuciones a lo que se llama teoría de juegos. Lo cual no muestra otra cosa que las preferencias de la academia sueca.

Lloyd Shapley, junto con otro economista, David Gale, propusieronun algoritmo (entre nosotros: un conjunto de instrucciones) que facilitase el encuentro de los oferentes con las preferencias de los demandantes. Lo llamaron algoritmo de la aceptación pospuesta(deferred acceptance algorithm, si lo quiere buscar en inglés). Su mecánica no es complicada. Imaginemos a Shapley y Roth observando a un grupo de hombres y mujeres que buscan emparejarse entre sí. Las mujeres que reciban más ofertas que las que puedan aceptar (nuestros castos economistas dicen que una) no se lanzan a escoger su preferencia, sino que la posponen. Y empiezan por rechazar a los primeros que quieren descartar. Éstos, entonces, hacen nuevas peticiones, dentro de las opciones que les quedan, lo que a varios les llevará (la búsqueda de pareja es así de cruel) a nuevos rechazos. Varios hombres van encontrando a la mujer que más desean dentro de las que les dan su aprobación. Y si alguno queda sin pareja en una primera ronda se hace una segunda, una tercera y las que se tercien. El ejemplo puede ser un poco frívolo, pero se aplica a los portales de búsqueda de pareja.

Gale, cuya salud, que se quebró en 2008, no permitió llevarse el Nobel, y Shapley demostraron en su artículo que este algoritmo lo da una solución en la que un hombre y una mujer preferirían estar juntos antes que con las parejas que han elegido.

Al Roth, un ingeniero que se pasó a la economía sin salir de la teoría de juegos, ha aplicado este algoritmo a la vida real. Por ejemplo, la asignación de plazas de hospital a médicos se empezó a complicar en los años 70 porque aumentaba el número de matrimonios de médicos, que querían encontrar la mejor opción para cada uno de ellos pero dentro de la misma ciudad. También la ha aplicado a la donación de órganos. Hombres o mujeres que donarían un riñón a su pareja, pero que resultan incompatibles. La asignación de plazas de colegios o universidades es otro ámbito al que se ha aplicado.

A eso se le ha llamado diseño de mercados. Los que comparten las mejores ideas sobre la economía desconfían, en primera instancia, de algo que merezca ese nombre. Pero, como decía Henry Hazlitt, hay una planificación pública de la economía, aunque los agentes privados también planifican. Los hallazgos de Lloyd Shapley y Al Roth son un instrumento que puede ser útil al ciudadano para organizar mejor su vida. No necesariamente con la ayuda de la mano muerta del Estado.

La secta socialista de Saint-Simon

 Tras luchar a favor de Estados Unidos al lado de Lafayette en la Guerra de Independencia norteamericana y de beneficiarse de la venta de bienes de la Iglesia durante la Revolución Francesa, se casó sin amor, pero con sentido de la oportunidad, con una escritora que animaba sus reuniones y tenía muchos contactos. Para los científicos de principios del XIX, tener un buen “salón” era la mejor manera de difundir sus ideas y encontrar promotores. No funcionó. Tras el divorcio ella se casó con un barón del ejército ruso y él quedó arruinado.

A partir de 1817, Saint-Simon tuvo como secretario a Auguste Comte, fundador del positivismo y de la sociología. No deja de ser curioso que Comte le dejara en 1824 por los modos aristócratas de quien sería para algunos “el último gentilhomme y el primer socialista”.

Sus ideas abogaban por una sociedad progresista e industrial. Preconizaba el culto a la ciencia, en el más puro sentido religioso, como si Dios hubiese sido sustituido por la ley de la gravedad. Su idea de la sociedad mezclaba dos aspectos fundamentales: el concepto de red, tal y como en aquella época se entendía en biología o anatomía (el sistema nervioso, la circulación sanguínea…) y el impacto de la industrialización. No en vano había estudiado un curso de Física en la Escuela Politécnica de París y biología y fisiología en la Escuela de Medicina.

El progreso humano vendría de la mano de la industria y el Estado. Los hombres se asociarían en total igualdad, sin privilegios. Cada cual podrá subir en la escala social por sus méritos con tal de que su trabajo sirviera de algo y aportara algo a la sociedad.

Murió en 1825 pobre como las ratas. Su familia no fue al cementerio, donde se celebró una pequeña ceremonia civil en la que sus pocos pero acérrimos seguidores (Enfantin, Comte y Olinde Rodrigues entre otros) pronunciaron discursos en su honor.

Estos mismos discípulos fundaron, siguiendo la senda del maestro, una secta, la de los saintsimonianos, de corta vida. A pesar de su trayectoria tan limitada en el tiempo, el alcance del saintsimonismo fue inusitado: el ministro de finanzas Michel Chevalier, el propio emperador Louis Napoleón Bonaparte, los anarquistas colectivistas Fourier y Proudhon, los hermanos y banqueros Perèire entre otros sucumbieron a la influencia de esta nueva doctrina que idealmente llevaría al hombre a su plena realización.

Nunca imaginó Saint-Simon que llegaría a montarse una iglesia en su nombre. Fueron Enfantin y Bazard a propuesta de Rodrigues quienes, el día de Navidad de 1829, en el piso de la calle Monsigny de París, fueron designados como “Padres Supremos, tabernáculos de la Ley suprema”. En esta época de la calle Monsigny la secta alcanzó cierto renombre dentro y fuera de las fronteras de Francia. Pero las cosas se salieron de madre.

Los seguidores de Saint-Simon se decidieron a llevar hasta las últimas consecuencias las ideas del “maestro” y establecieron la secta en Ménilmontant, antes pueblo cercano a París y ahora barrio integrado en la capital de Francia. Vestidos con un hábito o uniforme, compuesto por pantalón blanco, camisa interior blanca con ribete rojo y chaqueta de trabajo azul, se llamaban “hermanos” entre ellos y ponían en práctica las ideas saintsimonianas. Cada día estudiaban astronomía, geología, física, música y geografía con el maestro “padre Enfantin”. Dos veces en semana abrían las puertas de la finca al púbico para que se contagiaran del fervor socialista. Llegaron a visitarla diez mil franceses en un domingo. El misterio de sus rituales y su fama de excéntricos (ganada a pulso) despertaba la curiosidad de los paisanos.

Por descontado, las autoridades francesas, en esos años de revueltas, revoluciones y bullicio ideológico, estaban deseosos de encontrar una razón para desmontar aquella extraña comunidad.

La excusa la encontraron en la defensa del feminismo de esta secta. No solamente vivían en igualdad de condiciones con las mujeres en Ménilmontant sino que además defendían la igualdad de derechos civiles y la libertad sexual de la mujer. La asociación de la idea de mujer libre a mujer pública fue lo que llevó al comisario de Belleville, llamado Maigret, como el famoso comisario de novela negra, a irrumpir en Ménilmontant con cien soldados y detener a cuatro cabecillas en 1832.

Ahí acabó la aventura, pero no el influjo de Saint-Simon. Los mejores ingenieros, banqueros, periodistas y políticos del último tercio del siglo XIX fueron saintsimonianos. La primer mujer que obtuvo el bachillerato en Francia, lo consiguió en 1861 gracias al apoyo de ellos.

A pesar de luchar contra el individualismo ideológico, su búsqueda individual les permitió encumbrarse en puestos de relevancia y fomentar las grandes infraestructuras públicas internacionales, financiadas por una potente banca y alimentadas por el mercado libre, como el Canal de Suez, o el sueño de Michel Chevalier: el ferrocarril transeuropeo. Fue, probablemente, el origen del socialismo mercantilista que domina la Europa actual, inviable sin iniciativa individual, como la que llevó a sus fundadores a establecerse en Ménilmontant o a ayudar a una periodista económica a estudiar bachillerato.

Hispanidad, ¿algo que celebrar?

Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, pero sus viajes dejaron una impronta que todavía hoy perdura. En lugar de encontrar una nueva ruta hacia las Indias, descubrió un Nuevo Mundo que no tardaría en incorporarse a la civilización que hasta entonces se conocía. Para bien o para mal, bajo el amparo y la protección de los Reyes Católicos y más tarde por el monopolio de la Real Casa de Contratación de Indias, la Hispanidad atravesó el Atlántico.

Aquél era un mundo muy diferente al actual. Los estados, pese a lo que pueda parecer desde la perspectiva actual, no tenían el poder de hacer y deshacer a su antojo como en la época moderna. De hecho, el Estado como tal no existía y el poder se disputaba entre diferentes instituciones. La poliarquía medieval era un difícil equilibrio de poder que a su vez entraba en conflicto con la autoridad religiosa. Diferentes autoridades que en su disputa de la potestad se limitaban unos a otros. Algo muy diferente a la situación que se da dentro del Estado (apellidarlo "moderno" es una redundancia ya que los estados son hijos de la modernidad), donde no cabe separación de poderes; tan solo una ficción de equilibrio entre funciones, ya que la soberanía es una y solo se explica a través de la hipótesis del "contrato social". Como anécdota basta recordar que recientemente el Ayuntamiento de Ibiza decidió por unanimidad que Colón era ibicenco independientemente de dónde fuera realmente.

Solo en este contexto puede entenderse que Isabel la Católica se viera limitada no solo por las leyes viejas y tradiciones de su reino, sino también por la moral de su religión. De la bula Sublimis Dei promulgada por el papa Pablo II a la controversia de Valladolid hasta las Leyes de Indias en las que se debatía la naturaleza de los indígenas y se acotaba el poderío de los descubridores. Un momento histórico apasionante que llama la atención de quienes vivimos en la época de la corrección política donde los príncipes de hoy (por utilizar la terminología de aquella remota época) no parecen tener otro impedimento que las mayorías parlamentarias y la coyuntura política.

En el camino estatalizador que hemos recorrido hasta hoy, mucho se lo debemos a los Reyes Católicos y otro tanto a los protestantes, que terminaron por unificar Iglesia y Estado dejando las dos espadas (la del poder espiritual y la del temporal) en una sola mano, que hoy es la de los políticos.

Una de las herencias que nos ha dejado la Hispanidad no es otra que la lengua española, compartida por gente que hoy vive en diferentes países y latitudes en todo el planeta. Pese a que el idioma pertenece a quienes lo hablan y contribuyen espontáneamente a su evolución, los legisladores han convertido su uso y aprendizaje en una polémica. Las constituciones modernas establecen días nacionales de celebración e imponen una lengua en las sociedades sobre las que tienen jurisdicción. Se trata de un error conceptual, filosófico. Las administraciones pueden decretar uno o varios idiomas para que los funcionarios puedan entenderse, pero es la sociedad quien decide espontáneamente qué lengua habla y transmite a su progenie.

Entonces, solo cabe preguntarse si hay algo que celebrar en el día que se conmemora la llegada de tres carabelas a la isla de Guanahaní. Las fronteras políticas han cambiado y cambiarán, pero la hispanidad ha moldeado el habla de millones de individuos que interpretan el mundo y dan forma a sus ideas. No se trata de países o míticos imperios que tal vez fueron pero ya no serán; la Hispanidad es algo más que una fecha señalada en rojo por los burócratas en los calendarios oficiales, la Hispanidad es parte de lo que somos y de lo que hacemos.