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Empresarios privilegiados: el oxímoron de nuestros días

El martes 2 de octubre fue entrevistado en el programa de Melchor Miralles "Cada Mañana Sale el Sol" el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández (la entrevista, aquí). El reconocido restaurador habló en tanto que vicepresidente de la patronal, institución que disfruta de subvenciones estatales que, tal y como consta en la propia página de la CEOE, integra y representa a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios y autónomos. También fue preguntado como empresario titular de la contrata de la hostelería del Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid.

Melchor Miralles le puso en evidencia al mostrar un ticket del menú completo en el que aparece el precio para un diputado de la Asamblea de Madrid: 3,55 euros. Mientras tanto, en otros establecimientos (por ejemplo, universidades privadas) donde la empresa "Arturo" tiene la contrata, un menú completo cuesta casi el doble. Hasta ahí, tal vez el problema es simplemente de mal gusto al cobrar menos a un diputado que a un universitario. Pero a nadie se le escapa que ese precio menor se debe a la subvención que recibe la empresa. Al intentar dar una respuesta coherente y vendible al periodista, Arturo Fernández afirmó que, en realidad, "eso son chascarrillos", que lleva 20 años siendo el restaurador del Congreso y la Asamblea y "si no hubiera una ayuda sería inviable poder atender a los señores diputados porque el negocio no da". Según afirmó, "no es una subvención a la comida de sus señorías sino una ayuda para mantener los cincuenta y tantos empleos que tiene en cada una de las cámaras". No es una subvención al menú sino "a la concesión". Y repitió en varias ocasiones "si no, es que sería inviable el negocio".

Bochornoso. No puedo evitar recordar las palabras de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones cuando afirmaba que la "gente del mismo oficio rara vez se reúne (…) sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios". Aquí lo tenemos: el señor Arturo Fernández, escaqueándose y cerrando la conversación con un "a mí no me digan nada, soy titular de una contrata". Da mucha vergüenza repasar la página del grupo de empresas de Arturo Fernández y comprobar el número de contratas públicas que tiene la primera empresa hostelera de Madrid.

Se trata del ejemplo de empresario privado que tenemos en España. Estos son los que van a crear empleo en nuestro país a golpe de subvención y compadreando con diputados nacionales y autonómicos. Efectivamente, por alguna razón tiene la contrata desde hace 20 años. Si el negocio no es viable, cierre, don Arturo. No nos haga asumir sus pérdidas. Porque hay miles de empresarios de hostelería a quienes supuestamente representa que están cerrando porque no tienen el privilegio del poderoso y nadie les subvenciona los menús.

Adam Smith defendía al empresario austero que competía sin privilegios. De hecho, su obra es un monumento a la abolición de los privilegios empresariales. Un empresario debería ser libre para buscar su propio interés sin dañar la libertad del otro. Y esa salvaguarda es la competencia. Gracias a ella, lo que mantiene o derriba las empresas es su buen hacer, su capacidad para satisfacer las necesidades del consumidor soberano, no el privilegio. Mientras ese monopolio en forma de tan longeva contrata permanezca y además implique usar el dinero público para la mayor gloria de un único empresario, los capitales y la actividad empresarial hostelera no fluirán adecuadamente. Este fenómeno, que seguramente se reproduce en los chiringuitos de playa y concesiones diversas, es especialmente sangrante cuando el privilegiado dice representar a 1.450.000 empresarios y autónomos, sin privilegios. Cualquier persona con conciencia y vergüenza torera dimitiría de su puesto.

Obviamente, eso no es un empresario. Es cualquier otra cosa.

Fascismo en el ambiente

Este martes tendrá lugar el acto más transparente y genuinamente fascista en muchos, muchos años. "Ocupa el Congreso", se llama, y el llamamiento que publicaron sus promotores en Facebook es revelador:

El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, esta vez sí, la de un estado democrático.

En definitiva, que la ley de la turba sustituya a las urnas es lo que piden estos camisas negras con su intento de reeditar la Marcha sobre Roma. Pero tanto la convocatoria como la simpatía con que se acogen muchas de las reivindicaciones de estos iluminados –que, encima, creen estar luchando contra el fascismo– revelan mucho, y muy malo, de la sociedad española.

No cabe duda de que solucionar los peores errores de la Carta Magna es una exigencia de muchos españoles de diversas ideologías. Acabar con la partitocracia y cerrar el sistema autonómico son quizá las reclamaciones más repetidas a lo largo de los años, y de ellas ha hecho bandera UPyD. Pero cambiar la Constitución no solucionará la crisis, y menos si se hiciera en el sentido esencialmente fascista que proponen los de Ocupa el Congreso.

El español medio cree que el Estado debe resolver sus problemas. Da lo mismo la razón que dé sobre las causas de la crisis, da lo mismo que eche la culpa a los mercados o a los políticos, o a ambos: la solución siempre consiste en que los gobiernos hagan lo que deben y solucionen, no se sabe muy bien cómo, todos los problemas. Si no lo hacen, si no lo han hecho ya, es porque están compuestos por sinvergüenzas.

Muchos españoles viven la política con ese abandono que tan bien cristalizaron Los del Río allá en el Pleistoceno, o 2005, cuando se discutía la aprobación de la Constitución Europea: "Si lo apoyan los políticos más importantes, tanto de izquierdas como de derechas, nosotros por qué vamos a decir que no, si no la hemos leído". Si ni los políticos más importantes, tanto los de izquierdas como los de derechas, han logrado sacarnos de la crisis, la solución debe ser quitarlos de en medio. Y como hemos votado tanto a unos como a otros mayoritariamente, entonces es que igual la democracia está mal. Y como tiene que estar bien, entonces es que nuestro país no es democrático.

Pero lo que está sucediendo es resultado de la voluntad de los españoles. Somos nosotros quienes nos hemos creído que tenemos derecho a que el Estado nos dé tal o cual cosa. Somos nosotros quienes hemos votado a los políticos que nos prometían más regalos con nuestro dinero. Somos nosotros los que nos hemos comprado pisos a precios muy por encima de lo que podíamos pagar. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para que firmáramos la hipoteca. Tampoco para meter la papeleta en la urna, excepción hecha de ciertas zonas del País Vasco, claro. Somos nosotros quienes hemos pensado que podíamos vivir a costa de todos los demás.

Sí, es cierto que los políticos han realimentado este bucle que no hacía sino darles más y más poder. El problema es que, en su posición, el españolito medio habría hecho exactamente lo mismo. Pero ahora no tenemos trabajo, se nos acaban los subsidios y en la familia hay pocos que puedan ayudarnos. El Estado, como siempre, promete en tiempos de bonanza lo que no necesitamos y nos lo niega cuando nos hace falta, porque nunca tuvo recursos para garantizárnoslo en tiempos de crisis.

Los españoles estamos preparados para abrazarnos a un líder que nos dé lo que no puede dar nadie: prosperidad para todos a cambio de, bah, la democracia, las libertades, la propiedad privada, el Estado de Derecho y todas esas convenciones burguesas. Manteniendo, como Chávez en Venezuela, la ficción de que siguen en pie. Al fin y al cabo, la democracia no funciona porque los políticos electos no nos solucionan la vida, las libertades y la propiedad (de los demás) son un estorbo cuando impiden que el Estado me dé lo que quiero y el Estado de Derecho deja que la ley se interponga en la Justicia. Da lo mismo si los banqueros públicos que gobernaban las cajas no incumplieron las leyes, o si los políticos que despilfarraron lo hicieron legalmente y con el aplauso de los votantes: deben acabar en la cárcel igualmente.

Estamos preparados. Sólo unos españoles tan españolazos como los catalanes han tenido en la independencia la causa populista que solucione sus males, aunque no lo haga. El resto de los españoles esperamos nuestro líder y nuestra causa. Sólo puedo dar gracias por que aún no haya llegado.

El soberanismo

La noción clásica de soberanía la define como aquel poder absoluto, inapelable, exclusivo, supremo y no derivado que se ejerce sobre una sociedad política, diferenciada de otras, y que se asienta sobre un territorio definido (Bodino y Matteucci). Este término, además de totalmente desfasado en nuestros días, resulta engañoso cuando es utilizado en el discurso nacionalista. Poco importa que el nacionalismo provenga de la exaltación colectiva del genio nacional de un pueblo que sí dispone de Estado independiente, como que proceda de aquel movimiento particularista o independentista que aspire a tener un Estado propio.

Al hilo del concepto de soberanía nos topamos con el de independencia política. Son independientes, al menos en apariencia, aquellos pueblos que no se hallan sometidos al dominio de otros pueblos por disponer de una organización política capaz de frenar las intromisiones de otros gobiernos o Estados. El discurso nacionalista periférico (aquel que defiende la secesión de un cuerpo político más amplio) ignora la existencia de plena integración social y política del pueblo del que dice defender su derecho de autodeterminación, respecto del pueblo común al que se opone como si de dos cuerpos distintos se tratara. En este sentido, el nacionalismo concibe al pueblo como una realidad colectiva autodefinida, y no por el contraste con otros pueblos que resultan ciertamente extranjeros por falta de integración.

La autodeterminación, como reconocimiento político de la sociedad internacional a todo aquel pueblo que se halle sometido al dominio de otro pueblo sin que entre ambos exista plena integración política, es una facultad legítima que tiende a constituirse en movimiento reivindicativo. La autodeterminación, por tanto, sólo opera en situaciones de colonización o de auténtico sometimiento y segregación. En este caso, el pueblo sometido se define no tanto por la identidad cultural que le es propia como por el esfuerzo legislativo del Estado dominante por establecer límites y mecanismos de control sobre el mismo.

El ejemplo de los EEUU resulta muy ilustrativo. Se trata de una nación política moderna capaz de integrar varios pueblos, que muchas veces continúan definidos internamente, pero que sin embargo han tendido a unirse políticamente sin que el Estado haya necesitado utilizar importantes mecanismos de integración. Se trata, por otro lado, de pueblos que no serían capaces de definir un ámbito territorial propio dentro del territorio norteamericano, al menos no a un nivel lo suficientemente amplio como para siquiera aspirar a cierta autonomía política dentro de la nación común a la que pertenecen. La mera ciudadanía norteamericana, que iguala jurídicamente, y reconoce idénticas libertades públicas a todos los individuos, ha servido para que desaparezcan los elementos que en Europa sí han propiciado algunos nacionalismos legítimos.

Volviendo al concepto de soberanía, que es la aspiración fundamental de todo nacionalismo sin Estado o con un Estado relativamente sometido, no debe tomarse en su versión premoderna. La soberanía ha sufrido un proceso de despersonificación, abstracción y racionalización unida a la idea de poder. La teoría política, y su plasmación en los textos constitucionales, atribuye la soberanía a un concepto de nación política solo aplicable a sociedades integradas en términos no sólo culturales, sino políticos, económicos y morales. Las naciones modernas se desprendieron de sus rasgos meramente etnicistas para extenderse sobre órdenes sociales más amplios y complejos, de individualismo creciente, y en los que la acción y la participación políticas dejaban de pertenecer en exclusiva a una aristocracia poco numerosa dotada de privilegios ancestrales. La soberanía, abstracta y despersonificada, queda engarzada en las sociedades modernas como poder inapelable que ejerce el pueblo a través de un Estado.

La anterior definición, tan ingenua como imposible, choca con otra, no menos discutible, dada por Carl Schmitt, quien entiende que el soberano es siempre un individuo cuyas decisiones determinan el destino político de una comunidad al margen de que la fuente de su poder derive de un complejo proceso de reconocimiento social. Para Schmitt, soberano es quien decide en estado de excepción.

En los órdenes sociales complejos y plurales, que a su vez interaccionan o se integran a distintos niveles con otros órdenes similares, la soberanía es relativa y limitada, tanto interna como externamente. El nacionalismo periférico, identitario e independentista, sostiene todo su discurso sobre el mito de la soberanía como poder ilimitado, absoluto y despersonificado. La realidad es que tal cosa no existe, por no decir que no ha existido nunca en sociedades mínimamente avanzadas. Es un mito que se desvanece.

Lo cierto es que las naciones políticas propias de nuestra época, al menos en el mundo occidental, pueden ser tan amplias y plurales como quepa concebir. Lo realmente importante es el grado de correspondencia política e integración social que dé como resultado estructuras de poder compartido sistematizadas y distinguibles de otras equivalentes que ejerzan su potestad sobre pueblos y territorios distintos. No ha existido nación política moderna sin que un poder soberano, o un Estado, haya decidido previamente constituir una. Ha podido hacerlo ofreciendo ciudadanía y libertad, o bien a través de mecanismos coercitivos y de ingeniería social con mayor o menor éxito. Ha habido, igualmente, exitosos procesos federativos, propiciados por una identidad cultural anterior, pero que nunca habrían cuajado sin que existiera el interés político y económico de constituir uniones estatales suficientes. A partir de ahí, el proceso de homogeneización e integración en todos los órdenes ha resultado asimilable al de otros ejemplos de formación de grandes ámbitos de ejercicio de soberanía.

El discurso nacionalista maneja conceptos con la sola intención de manipular sentimientos y movilizar a las masas hacia una deriva desintegradora que rompa el statu quo sin que, previamente, se haya desligado el conjunto social afectado en el resto de sus órdenes. La ruptura política no puede plantearse como algo que no afecte a todo lo demás. El nacionalismo esboza un desafío claro al proceso natural de abertura y expansión del orden social (espontáneo), unido a formas federativas de poder (deliberadas). La tendencia ha de ser ascendente y compositiva, no descendente y deconstructiva. Carece de toda legitimidad y justificación aquel movimiento secesionista que no pretenda la independencia política de un pueblo que se halle efectivamente dominado por otro. El nacionalismo particularista, lejos de reivindicar la libertad para los ciudadanos, aspira exclusivamente a que se produzca un cambio de rostros, denominaciones y banderas en el ejercicio de la soberanía, la cual seguiría justificando una intromisión ilimitada en la vida de los individuos que pasaran a formar parte de ese nuevo ámbito de dominio político.

Sobre este mismo tema:

@JCHerran

La Guerra de Secesión Americana (II)

Un conflicto militar se desarrolla en tres niveles de fronteras confusas, difíciles de establecer. El nivel táctico es el más intuitivo para el común de los ciudadanos y al que nos solemos referir en comentarios improvisados, generalmente referido al intercambio de fuego, aunque es mucho más amplio. El nivel operacional, que tiene mucho que ver con el logístico y el movimiento de las tropas, muchas veces se da por supuesto y, sin embargo, ciertas decisiones en este nivel pueden determinar el éxito o el fracaso de un choque violento, incluso antes de comenzar, al colocar los ejércitos en posiciones ventajosas o cortando el acceso a los suministros del enemigo. El tercero es la estrategia, a la que en muchos casos se añaden las decisiones políticas. El nivel estratégico-político establece de alguna manera el contexto en el que se van a desenvolver los otros niveles, establece los objetivos a conseguir para alcanzar el triunfo y, de alguna manera, las reglas que se imponen al conjunto. Para que exista una mayor probabilidad de victoria, las decisiones en los tres niveles deben ser coherentes y acertadas, o al menos, más coherentes y acertadas que las del enemigo.  

Son esta complejidad y la incertidumbre del resultado las que invitan a los militares, al menos a los más formados, a no acudir al enfrentamiento de manera frecuente y, en todo caso, echar mano de la disuasión. Suele ser frecuente que los políticos tengan poca o nula experiencia militar, por lo que esta reflexión puede no ser realizada a tiempo. Teniendo en cuenta la rapidez con la que ambos bandos entraron en conflicto, no parece que esta preocupación hubiera tenido mucho peso en el cálculo político de los líderes de Norte y Sur.

Aunque a posteriori es fácil ver por qué se produjo la derrota del Sur y no la del Norte, había algunos aspectos que tendrían haber hecho a los políticos sudistas reflexionar, percatarse de que su plan de secesión era una locura política, pues podía convertirse, como así fue, en una pesadilla militar. Para que el Sur hubiera tenido la oportunidad de derrotar al Norte, se tenían que haber dado dos circunstancias, a saber: que su ejército hubiera conseguido una victoria rápida, en unas pocas batallas decisivas, y que su Gobierno hubiera obtenido un rápido reconocimiento internacional, en parte alentado por tales victorias. Ninguna de las dos se dio.

La planificación de un hecho caótico como es la guerra resulta harto complicada, y si el tiempo y los recursos son suficientes, suelen ponerse las cosas en su sitio. Pero lo anterior no implica que no tenga que haber planes de guerra y preparación para la misma, algo que el Sur no había hecho. No había realizado acopio de armas ni municiones, no tenía un ejército formado y preparado, sino una milicia con pocos o nulos conocimientos militares, no tenía objetivos estratégicos, sólo improvisación, voluntad política y apoyo popular. Y es que hay que reconocer que ambos bandos encontraron un más que entusiasta respaldo de sus ciudadanos, al menos los primeros años de conflicto, lo que es difícil de entender desde una sociedad como la nuestra.

Para que nos hagamos una idea de esta improvisación, quizá una de las decisiones más importantes fuese la elección de la capital de los Estados Confederados en Richmond (Virginia), a unos 160 kilómetros de la capital federal, Washington, lo que en términos militares de la época suponía sólo dos días de marcha. Ambas ciudades estaban protegidas por una densa red fluvial y una gran masa boscosa que las hacía fácilmente defendibles, pero a su vez, objetivos inevitables para ambos bandos. Una capital más alejada, situada en una de las dos Carolinas o incluso en Georgia, podría haber permitido una mayor flexibilidad en el manejo de los ejércitos y no habría condenado a ambos bandos a situar importantes ejércitos defendiendo y asaltando ambas ciudades, sobre todo para el Sur, en una situación demográfica desfavorable.

La planificación del Norte era tan improvisada como la del Sur. Sin embargo, presentaba una serie de factores que suavizaban estas carencias. Una capacidad financiera y logística para adquirir armas en el extranjero, una base demográfica con la que crear grandes ejércitos en caso de un conflicto prolongado, la capacidad industrial para satisfacer las demandas de dichos ejércitos, una marina de guerra que garantizaba el comercio propio y lo negaba al enemigo, una red de ferrocarriles que favorecía el movimiento de tropas y mercancías por su propio territorio y que facilitaba así el acceso al del enemigo, y un reconocimiento diplomático y político del que carecía el Sur.

A pesar de estas ventajas, sus efectos tardarían en hacerse determinantes, pues también el Sur presentaba las suyas. Éstas eran básicamente dos; por una parte, en el bando sudista se situaban los mejores generales tácticos y operacionales de la guerra, Robert E. Lee, Thomas "Stonewall" Jackson, J. E. B. Stuart, Nathan Bedford Forrest y Joseph E. Johnston. La labor de éstos y algunos otros oficiales durante los primeros años de la guerra fue fundamental. A diferencia de Lincoln, Jefferson Davis no tenía demasiadas dificultades a la hora de buscar militares que lideraran sus ejércitos. Mientras tanto, en Washington, congresistas, senadores y otros políticos revoloteaban en torno al presidente con la intención de conseguir gloria militar para adornar su carrera política. Fueron éstos y otros militares menos capacitados que los del Sur los que durante los primeros años de conflicto se convirtieron en carne de cañón para las tropas sureñas.

El otro factor que jugaba a favor del Sur era la enorme superficie y accidentada orografía del territorio confederado. Paradójicamente, Estados Unidos era en esa época un país relativamente desconocido. Para que nos hagamos una idea, la India estaba mejor cartografiada que los territorios americanos en aquella época. Los mapas eran un activo militar valioso que no debía caer en manos del enemigo. Como curiosidad, la biblioteca de planos que llevaba Ulysses S. Grant a la batalla y que había ido coleccionando como hobby, era más completa que la que tenía oficialmente el Gobierno Federal. De hecho, estas distancias fueron determinantes para que una victoria rápida, elemento esencial para el Sur, fuera imposible.

Así pues, ambos bandos se enfrentaban a la gran extensión del teatro de operaciones, de forma que los objetivos estratégicos, cuya toma podía haber determinado el fin de la guerra, estaban demasiado lejos para que tanto los ejércitos del Norte como los del Sur llegaran a ellos, pese a que intentaron una invasión física en varias ocasiones, enfrentándose a una pesadilla logística. Incluso para el Norte, el Sur tenía pocos objetivos que pudieran ser considerados verdaderamente estratégicos, dado el pequeño tamaño de sus ciudades y su escasa importancia relativa.

La Guerra de Secesión americana fue una guerra larga, una contienda en la que los soldados y oficiales aprendieron a hacer la guerra casi desde cero, pues tenían poca experiencia militar y desconocían en buena medida las estrategias y tácticas de los más experimentados ejércitos europeos. Ambos bandos aprendieron a costa de derramar sangre, y lo hicieron tan bien que adelantaron algunas de las situaciones a las que se enfrentarían los ejércitos europeos en la Gran Guerra medio siglo después. La guerra americana vivió la primera guerra de trincheras, se usaron por primera vez de manera efectiva submarinos y se construyeron y se enfrentaron entre sí los precursores de los acorazados, barcos que decidirían en las siguientes décadas y hasta la aparición de los portaviones, la guerra en el mar. Se inventaron las primeras minas terrestres, se usó el primer rifle de repetición, se hizo un uso extensivo del telégrafo, se utilizaron las líneas ferroviarias para transportar cantidades hasta ese momento desconocidas de tropas, mercancías y municiones, así como los globos cautivos para la observación, y por primera vez, los recursos industriales de uno de los bandos para mantener el esfuerzo de guerra. Además, en el Norte, se estandarizó la fabricación de uniformes y botas.

Y una guerra larga e innovadora suele ser una guerra cara. La financiación de la guerra y sus consecuencias es uno de los principales retos a los que se enfrentan los líderes durante el conflicto. Si éste es corto, por lo general no tiene un peso relevante, pero si el conflicto se alarga, la economía puede ser decisiva en su desarrollo y desenlace. Y esto es más evidente cuando lo prestado puede y debe ser devuelto, con sus respectivos intereses. Norte y Sur tuvieron distintos retos en distintos escenarios.


Se puede leer el primer comentario de esta serie aquí.

Y el barco se hundió

Hace ya meses que los inversores internacionales no conceden más crédito al sector público, ante la evidencia de que la clase política no está dispuesta a ajustar el sobredimensionado entramado público a su nivel real de ingresos fiscales. De hecho, desde finales del pasado año, y gracias a las inyecciones extraordinarias de liquidez concedidas por el Banco Central Europeo (BCE), los agentes foráneos han reducido su exposición a España de forma sustancial en detrimento de los bancos españoles, que han hecho justo lo contrario. Pero el balón de oxígeno concedido por Draghi hasta el pasado abril fue desaprovechado de manera irresponsable por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, más preocupado por las citas electorales y las encuestas que por el bienestar de los españoles. Los Presupuestos de 2012 eran su última oportunidad, y la desperdició.

Los datos no arrojan lugar a dudas. El conjunto del sector público registró el pasado año un déficit del 9,44% del PIB, apenas 1.000 millones de euros menos que en 2010, de forma que siguió gastando cerca de 100.000 millones más de lo que ingresó. La evolución del déficit hasta el primer semestre de 2012 tampoco muestra el menor signo de mejoría, tras situarse en el 8,56% del PIB semestral (4,3% anual), cuando el objetivo fijado por Bruselas es del 6,3%. El propio Gobierno ya admite que el ejercicio cerrará con un descuadre fiscal del 7,4%, y eso en el mejor de los casos.

Si a todo ello se añaden unos Presupuestos para 2013 en los que el gasto público, lejos de retroceder, crece otro 5,5% interanual –de 362.065 a 382.048 millones–, el resultado no puede ser más descorazonador. Rajoy y su equipo han claudicado antes siquiera de intentar hacer los deberes. La imprescindible austeridad pública sigue siendo un mito o, lo que es peor, una farsa, un cuento, una vergonzosa mentira de cara a la opinión pública. El diagnóstico del PP es completamente errado. El Ejecutivo ha intentado reducir la brecha fiscal que arrastra al Estado hacia la insolvencia a base de subir impuestos, exprimiendo aún más a individuos y empresas, en un vano intento por recuperar el nivel de ingresos propio de la burbuja crediticia que tuvo lugar hasta 2007, sin percatarse de que tal recaudación era pura ficción, al igual que la ilusoria riqueza inmobiliaria de los españoles.

Diagnóstico errado, resultado catastrófico. El enfermo ya ha entrado en coma irreversible, está clínicamente muerto, a la espera de una inyección de adrenalina por parte de las autoridades comunitarias en forma de rescate soberano y compra de deuda. Este escenario,previsible desde 2009, ya es tan sólo cuestión de días, quizá semanas. España será rescatada y tutelada directamente por Bruselas, siempre y cuando así lo decida Alemania –la que pone el dinero–. España ya no depende de sí misma, sino de las autoridades europeas. Se abre, pues, un nuevo escenario. Sin embargo, incluso con rescate de por medio, seguiremos rumbo al despeñadero hasta que no emprendamos una reforma drástica del sector público. Es decir, el debate sobre el rescate está próximo a su fin, no así la quiebra soberana, ya que la ayuda europea tan sólo servirá para comprar algo más de tiempo.

Si la clase política sigue empeñada en suicidarnos, el año que viene la pregunta será mucho más dramática: España, ¿dentro o fuera del euro?

La absurda alianza

El 21 de septiembre de 1998 el ulema Mohamed Jatami, a la sazón presidente de la República Islámica de Irán, se presentó ante la Asamblea General de la ONU con una curiosa propuesta que dio en llamar "Diálogo de civilizaciones". Este diálogo consistiría en fijar cuáles eran las civilizaciones que habitaban el planeta y sobre qué pilares se fundamentaban. La comunidad internacional ignoró la iniciativa del líder iraní, básicamente porque lo que Jatami buscaba era blindar los excesos teocráticos y liberticidas de su revolución islámica tras la coraza de Naciones Unidas.

Seis años después, cuando nadie se acordaba de la ocurrencia del ulema, el recién elegido presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la Asamblea General con idéntica propuesta, solo que esta vez bautizada con el nombre, aún más pomposo, de "alianza de civilizaciones". ¿Qué diferencias había entre la idea del fundamentalista iraní y la del socialista español? Casi ninguna. Ambas partían de los mismos presupuestos, a saber: todas las civilizaciones, sin importar los hechos, son buenas por definición y para que reine la paz mundial solo es preciso que se entiendan pacíficamente y se respeten entre ellas.

La idea, muy en la línea del buenismo que tan en boga estuvo durante la década pasada, incidía en los errores de concepto habituales en la izquierda zapaterina. Así, situaba en un plano de igualdad civilizaciones basadas en la libertad individual y la dignidad humana, con regímenes colectivistas inflamados de ardor religioso como los que imperan en ciertos países musulmanes. Y no, la libertad no es igual a la esclavitud.

Pero lo que trajo la Alianza de Civilizaciones no fue el empeño en igualar a un Occidente libre frente a un mundo musulmán que malvive en la peor de las servidumbres. Lo que llevó a Zapatero a presentar esta iniciativa en la ONU fue, aparte de buscar renombre internacional, el convencimiento de que la causa del terrorismo islamista no es el odio a los valores occidentales, sino la pobreza de la que, por descontado, no son responsables. Una empanada, en definitiva, indigesta y absurda con la que Rajoy debería haber acabado ya.

El plan de Bernanke: más droga para el drogadicto

Éste fue el gráfico ejemplo utilizado por el economista americano Milton Friedman en su libro Money Mischief para ilustrar los efectos de la expansión monetaria. La conclusión fue que la isla no doblaría su riqueza. Seguirían produciendo lo mismo y su capacidad de consumo e inversión serían las mismas en términos reales. El valor de la moneda simplemente pasaría a ser la mitad, haciendo que los precios suban hasta reequilibrar los precios relativos.

Ben Bernanke, actual presidente de la Reserva Federal, se ganó el apodo de ‘Helicopter Ben’ tras utilizar este ejemplo en un discurso contra la deflación en 2002. Hay que decir que desde que en 2006 ocupó su cargo se ha hecho merecedor de tal nombre: la oferta de dinero (M2) ha crecido desde los aproximadamente 6.500 billones de dólares en 2006 hasta los más de 10.000 billones en diversos planes de expansión monetaria. Y su intención es la de seguir por la misma senda. Ahora, sin ir más lejos, se ha vuelto a subir al helicóptero y ha anunciado que continuará arrojando dinero sobre la economía americana hasta que considere que está totalmente sana.

El plan recién aprobado por la Fed, bautizado como Quantitative Easing 3, no es tan simple como imprimir y arrojar dinero desde el cielo. Pero los efectos económicos son similares. Desde el punto de vista técnico, se inyecta dinero mediante la compra masiva de titulizaciones hipotecarias denominadas Mortgage-Backed Securities (MBS). Éstas no son otra cosa que bonos que se emitieron en la época de la burbuja crediticia para financiar grandes paquetes de hipotecas, liberando así los balances de los bancos. Pero no merece la pena perderse en el procedimiento técnico.

Lo que busca la Fed no es un impacto directo sobre el activo comprado, como hace el BCE al comprar deuda soberana periférica. Podría comprar deuda pública, bonos de los grandes fabricantes de automóviles o créditos a estudiantes, cosas que ya ha hecho de forma masiva. Lo que Bernanke busca es estimular el crecimiento y la creación de empleo en toda la economía, y cualquier deuda a largo plazo le sirve. Confía en este chute monetario para lograrlo.

Es cierto que una expansión monetaria provoca un efecto de euforia en el corto plazo. Volviendo al ejemplo de la isla de Friedman, los primeros individuos que recogen los billetes llovidos del cielo se ven con mayor saldo monetario y, como al principio los precios no han cambiado, ven aumentado su poder adquisitivo. Éstos se lanzan a comprar y a invertir de inmediato, y es entonces cuando empiezan a subir los precios hasta volver al equilibrio de precios relativos. Según la teoría de Friedman, este es un proceso de suma cero que enriquece a los primeros a los que llega el nuevo dinero y empobrece a los últimos en recibirlo, al tiempo que provoca un aumento generalizado de precios.

Pero el proceso tiene más inconvenientes. Los economistas de la Escuela Austriaca, como Friedrich A. Hayek, denunciaron que la subida de precios no es el peor de los efectos que provoca la expansión monetaria. En la práctica el dinero no llueve del cielo ni se gasta de manera homogénea. El dinero nuevo entra por determinados canales y afecta a unos pocos sectores en primera instancia, antes de filtrarse hacia el resto de la economía. Estos sectores sufren lo que se conoce como una burbuja: una distorsión al alza de precios relativos y rentabilidades, que generan de manera artificial un efecto llamada de la inversión privada. Es como una especie de euforia inversora en la que el tipo de interés baja, el crédito se expande y la bolsa sube.  Pero a la larga, cuando los precios relativos se reajustan, se pone de manifiesto que no hay demanda para sostener esas inversiones estimuladas artificialmente. Esos sectores afectados se tendrán que someter a una reestructuración y liquidar las malas inversiones. Este proceso suele ponerse de manifiesto en forma de recesión económica.

Cuando Bernanke propone estimular la economía mediante una expansión monetaria, es como tratar de curar a un drogadicto con sucesivos aumentos de su dosis habitual de droga. Tras cada inyección, a corto plazo hay una fase de euforia, pero a la larga el paciente empeora. Lo mismo pasa con la economía. Tras el estallido de la gran burbuja entre 2007 y 2008 no se ha hecho más que inyectar masivamente dinero, dificultando la reestructuración del sistema productivo y el desapalancamiento de los agentes económicos. Entorpeciendo, en definitiva, lo que necesita la economía americana para poder crecer y crear empleo de manera sostenible. Los atajos monetarios no provocarán más que recaídas en el largo plazo e inflación. No harán sino alejar el momento de la recuperación.

Lo que está claro es que Bernanke no ha lanzado este plan de estímulo en un momento cualquiera. Lo hace a mes y medio de las elecciones. Y hay dos cosas que tiene claras. La primera es que Mitt Romney, el candidato republicano, ya ha dicho que no cuenta con él en el caso de que llegue a la Casa Blanca. La segunda es que las elecciones se decidirán a favor de Obama si los votantes perciben que la economía va razonablemente bien. Así que no lo ha dudado. Ha puesto en marcha la imprenta para  que la economía llegue hiperactiva a las elecciones. Lo que no ha explicado son los efectos perversos que esta política genera en el largo plazo. No es algo que, al parecer, preocupe a ‘Helicopter Ben’. Como ya dijo Lord Keynes, mentor de su política monetaria, no hay que preocuparse por el largo plazo, pues todos estaremos muertos.

Por un zapaterismo fiscalmente asfixiante

Los primeros presupuestos –y ojo que podrían ser los últimos– del rajoyato y la montoría ya son públicos. ¿Novedades? Ninguna. Zapaterismo bis pasado por la máquina de recaudar. ¿Reformas? Menos aún. Muchas leyes, mucho apretarle el collar al contribuyente y mucho repetir la palabra social, ese término comodín tras el que se esconde la cruda realidad clientelar que ha arruinado a nuestro país.

El Estado seguirá gastando más de lo que ingresa per saecula saeculorum, medio país seguirá manteniendo al otro medio mientras la política y los que a ella se dedican, causantes en última instancia de todo el desastre, salen indemnes. Luego, cuando esto se termine de ir al garete que arree el que venga. 

Los primeros presupuestos –y ojo que podrían ser los últimos– del rajoyato y la montoría ya son públicos. ¿Novedades? Ninguna. Zapaterismo bis pasado por la máquina de recaudar. ¿Reformas? Menos aún. Muchas leyes, mucho apretarle el collar al contribuyente y mucho repetir la palabra social, ese término comodín tras el que se esconde la cruda realidad clientelar que ha arruinado a nuestro país.

Los presupuestos de 2013 nacen como papel mojado tres meses antes de que de comienzo el año. Esto es así porque parten de una falacia capital: la presunción de que los ingresos serán los que estime el Gobierno conforme a unos cálculos que a Montoro, maestrillo de Hacienda Pública y contable mayor del Reino, se le dan muy bien hacer. Desde 2008 los sucesivos Gobiernos se refocilan en el mismo juego con un resultado fatal que se ha traducido en déficits disparados enjugados con dinero prestado.

El jueguecito hasta ahora ha salido bien porque el Gobierno español tenía acceso al crédito exterior, un crédito que hoy está más que agotado. Los que todavía prestan al despilfarrador Estado español, padrastro de 17 carpantas regionales, lo hacen porque, una de dos: o son bancos españoles que, por obligación, hacen ese favor al amo y señor de la Moncloa; o saben que detrás están los contribuyentes alemanes que, a una mala, se terminarán haciendo cargo del desaguisado. Aún así no todos se fían, razón por la cual la prima de riesgo no baja de los 400 puntos ni tirando de ella con una cuerda.

Ante una situación extrema como la que padecemos cabían dos opciones. Una atarse los machos y reformar de un modo integral un Estado insostenible por su tamaño y organización interna. Esa reforma implicaría reducir el Estado a la mitad, sí, a la mitad, que es lo que los españoles podemos permitirnos trabajando medio año para él. Luego ya podría debatirse si esa mitad está centralizada o descentralizada, eso realmente es lo de menos.

La otra era hacer lo que ha terminado haciendo Rajoy. Apuntalar el zapaterismo añadiéndole una carga fiscal asfixiante que, a lo largo del próximo año, será la responsable de llevar la economía nacional al colapso y al Gobierno de Rajoy a la desintegración. No será porque no lo hemos advertido.

Subir impuestos, todos los impuestos, para mantener abierto el grifo del gasto suntuario tiene un recorrido muy corto. El espejismo de crédito ilimitado con el aval de mister Draghi no tardará en desvanecerse y la recaudación no es que vaya a bajar, es que ya está bajando de un modo alarmante y seguirá haciéndolo porque, en España, lo único que funciona a pleno rendimiento es la cinta de transferencia de renta entre la arrastrada economía productiva y un atrofiado aparato estatal que dilapida lo que otros producen.

En las arcas públicas no entra un euro a pesar de que las tasas e impuestos son mayores y más numerosos que hace un año. Una parte de la economía se ha parado en seco, la otra se ha sumergido para subsistir en el mercado negro, única vía de escape para cada vez más españoles. La sudamericanización de España queda de este modo consumada. Una elite cleptócrata que vive al margen de la realidad enchufada a un presupuesto menguante pero próvido con el poder y sus amigos. Una clase media depauperada, frita a impuestos, cuyos miembros más jóvenes empiezan a fiarlo todo en la emigración. Un solar productivo plagado de regulaciones donde nadie invierte, los de dentro porque no pueden y los de fuera porque no se fían.

Esta es la España que forjó Zapatero y que Rajoy ha consolidado como modelo referencial para todo país que, de aquí en adelante, quiera arrojarse por el precipicio. 

Efectos económicos de la independencia de Cataluña

Parece que en los últimos tiempos el separatismo propugnado por los políticos catalanes está acelerando su eclosión. Lógicamente, en torno al fenómeno proliferan los debates de todo tipo, desde administrativos y filosóficos, hasta deportivos (¿podría jugar el Barça la liga española?), y, por supuesto, económicos.

Como suele ser el caso, los análisis económicos se utilizan como arma arrojadiza de unos a otros. Unos dicen que será catastrófico para España y Cataluña (los patriotas españoles), y otros dicen que será maravilloso para Cataluña, y no les preocupa lo que pase a España (los patriotas catalanes). Y, sin embargo, la praxeología proporciona una herramienta potente y de resultados poco discutibles para tratar de anticipar los efectos económicos de dicho fenómeno, ceteris paribus, esto es, si nada más cambiara.

La deducción es bastante trivial, por cierto. Si no cambia nada más, la independencia del territorio catalán del estado español carece de efectos económicos significativos. Los individuos sitos en territorio catalán seguirían comerciando con los individuos de otras partes del territorio español prácticamente en idénticas condiciones a las actuales. Evidentemente, habría un fenómeno marginal ocasionado por patriotas españoles, que, ante la independencia, evitaran comprar productos de origen catalán. Pero, si estos productos son realmente mejores (y eso asumiendo que los individuos quieran dedicar tiempo a aislar el origen de los productos que compran, lo que tampoco sería trivial), en el medio plazo no se notaría mayor efecto, y más en un entorno de crisis donde la gente está para pocos caprichos.

Entonces, ¿de dónde salen las previsiones catastróficas que se suelen manejar tanto para Cataluña como para España de tal independencia? Evidentemente, de que tal independencia sí traería cambios, pero no cambios en las preferencias de los individuos, sino cambios en el comportamiento de los Estados involucrados.

Por ejemplo, se plantea implícitamente que el Estado español crearía fronteras en torno al estado catalán, castigando los productos de este origen, y dañando así la economía de los separatistas. Efectivamente, si tal se hiciera, se pondrían obstáculos al movimiento de recursos entre ambos territorios, lo que resultaría perjudicial y hasta catastrófico para españoles y catalanes. Pero ¿por qué habría de hacer el Estado español tal tontería? ¿Contaría con el apoyo mayoritario de los españoles?

Otra amenaza es que se fragmentara el mercado español por diferentes regulaciones en el territorio catalán y en el español. Pero, como muchos economistas ya han denunciado, tal ruptura de mercado existe ya en la actualidad. Es cierto que se podría agudizar, pero resulta difícil imaginar que ello nos pueda llevar a un nivel de catástrofe superior al que tenemos en la actualidad.

Más posible es que el nuevo estado catalán, viendo los precedentes históricos recientes y los intereses de la clase política catalana, opte por incrementar la presión fiscal de sus ciudadanos. Eso sí sería catastrófico para los catalanes, pero no se puede deducir de forma directa de la independencia.

Pudiere pasar justo lo contrario (obsérvese el uso del futuro de subjuntivo para transmitir la baja probabilidad a mi entender de tal evento), y que el nuevo estado catalán bajara los impuestos y liberalizara los mercados, entre ellos el laboral, cosas que se niega a hacer el Estado español hasta el momento. En ese caso, la independencia habría sido una bendición para el ciudadano catalán, y el aumento en la generación de riqueza de Cataluña posiblemente se trasladaría al ciudadano español, vía mejores precios y productos catalanes.

Es más, la pérdida de poder de cada uno de los nuevos estados respecto al actual (por disminuir su ámbito territorial) puede resultar positiva para la economía de ambas zonas. Una forma en que ello se podría producir sería, por ejemplo, mediante competencia fiscal, algo a lo que hasta ahora la Cataluña se ha negado con todas sus fuerzas, usando al estado central para forzar cierto tipo de colusión entre CCAA.

En resumen, los efectos teóricos sobre la economía de la mera independencia de Cataluña son neutros o incluso positivos, por la pérdida de poder de cada estado. Ahora bien, eso solo ocurriría si los Estados resultantes no hicieren el burro (y uso de nuevo el futuro de subjuntivo).

Así que mi recomendación es que se permita la independencia de Cataluña sin ningún tipo de medida disuasoria, que, ésta sí, podría dañar catastróficamente nuestra economía. Que no solo se permita la independencia de Cataluña, sino la de cualquier territorio, no importa su tamaño o configuración. Llevado al extremo, que se pueda independizar del Estado cualquier individuo que así lo desee.

Ojalá no quede el poder de independizarse, como tantos otros, solo en los políticos.

Las valoraciones y su expresión lingüística

Un agente intencional dirige su acción y elige según sus preferencias, que son subjetivas, relativas, dinámicas e interactivas. Sin embargo los seres humanos frecuentemente expresan valoraciones como si fueran entidades objetivas, absolutas y estáticas: “esto es bueno” en lugar de “esto me gusta”.

Expresar que algo es bueno o malo de forma objetiva puede referirse no a una preferencia psíquica sino a la existencia de una relación (física, biológica o técnica) de promoción o utilidad de una entidad sobre otra (la cual a veces no se menciona): “el agua es buena (para la vida)”; “el veneno es malo”. No se trata de una bondad (o maldad) absoluta, sino de una bondad para algo o para alguien: “esta medicina es buena para ti”; hay dos fenómenos distintos, los efectos reales de la medicina sobre el organismo y la valoración psíquica (que te gusten o no).

Las preferencias son subjetivas: son fenómenos psíquicos íntimos, privativos, que dependen de las características y circunstancias concretas y particulares de cada persona. Las valoraciones no existen si no existe un sujeto cognitivo que las genere y utilice para su acción: las cosas no tienen valor, sino que los agentes otorgan valor a las cosas. Aunque una situación externa objetiva sea la misma para dos sujetos, sus valoraciones pueden ser diferentes porque dependen de su estado interno.

Las valoraciones subjetivas pueden ser diferentes, pero no lo son necesariamente: en la medida en que los sujetos son semejantes también lo son sus preferencias. Algunas valoraciones son innatas, comunes a toda la especie humana por su carga genética compartida. Un entorno o una cultura común pueden contribuir a que las valoraciones de los individuos sean más parecidas.

Las valoraciones son subjetivas pero no son arbitrarias: tienden a ser funcionales, a dirigir la conducta de forma favorable al desarrollo y la supervivencia del agente; si guían la acción hacia conductas y resultados nocivos, el sujeto (y con él sus preferencias) se extingue. Algunas preferencias son innatas, otras pueden aprenderse mediante experiencias personales placenteras o dolorosas, o mediante la enseñanza o persuasión de seres queridos, expertos o figuras de autoridad (dinamismo e interactividad de las valoraciones).

Los seres humanos utilizan el lenguaje para interaccionar en sociedad, influirse mutuamente, comunicarse y transmitir información (o desinformación para el engaño). Mediante el lenguaje un individuo (el emisor, hablante, escritor) hace algo a otro individuo (el receptor, oyente, lector), actúa sobre él, le causa algún cambio o efecto. Muchos mensajes se refieren a valoraciones, pero la manifestación de las preferencias no es necesariamente sincera: es posible exagerar la valoración de lo que se quiere vender o disminuir la valoración de lo que se quiere comprar (negociación, regateo), fingir que se sufre mucho y hacerse la víctima para justificar recibir alguna ayuda o privilegio, o realizar gratuitas afirmaciones de buenos deseos para todo el mundo y declaraciones políticamente correctas de lo mucho que uno valora todo aquello que suene bien (la solidaridad, el altruismo, la justicia social, la paz en el mundo). Puede haber discrepancias entre lo que uno hipócritamente dice que quiere y lo que con sus acciones demuestra que realmente le importa.

En el habla humana distintos tipos de contenidos (hechos, valoraciones y reglas) a menudo están mezclados o incluso confundidos y presentan sesgos sistemáticos: se mencionan reglas (obligaciones, prohibiciones) como si fueran hechos inamovibles sin necesidad de justificación o explicación (“debemos hacer esto”, “no podemos hacer aquello”); se expresan valoraciones subjetivas particulares como si fueran realidades objetivas universales (“esto es bueno o malo”); se pretende regular las valoraciones (“esto es indeseable”).

Esta falta de claridad y precisión puede deberse a procesos de economización lingüística (si se conoce el contexto se entiende lo que se quiere decir, sólo se enfatiza brevemente parte de la realidad); puede ser resultado de las limitaciones e imperfecciones de las capacidades cognitivas y lingüísticas de los seres humanos (no se conoce la realidad o no se habla correctamente de ella); pero también puede ser una estrategia, consciente o inconsciente, mediante la cual el hablante intenta gestionar sus relaciones públicas y mejorar su propia imagen (afiliándose con “lo bueno” los individuos compiten por su estatus o reputación en un entorno social) o manipular a los demás inculcándoles determinadas preferencias o reglas de conducta (todo agente puede ser un medio para otro agente que lo controla). La manipulación puede ser egoísta (publicidad de una empresa para que se desee y venda su producto) o altruista (el “nene, caca” de una madre que intenta evitar que un hijo se haga daño con conductas cuyos peligros desconoce).

La expresión de ciertas valoraciones como hechos objetivos sin referencia a ningún sujeto que protagonice la preferencia (“esto es bueno” en lugar de “esto me parece bueno” o “esto me gusta”; “esto es asqueroso” o “esto es inaceptable” en lugar de “esto no me gusta” o “esto va contra mis intereses”) puede ser un intento de imponer a otros una preferencia particular camuflándola como algo objetivo que no puede depender de la opinión de nadie. Por ejemplo “este salario o estas condiciones de trabajo son indignas”, o “la naturaleza tiene valor intrínseco”: para defender sus propios intereses o gustos el intolerante niega su carácter subjetivo; quizás ni siquiera es capaz de imaginar la posibilidad de que otra persona tenga preferencias diferentes de las suyas.

Los seres humanos suelen discutir sobre qué es mejor, defendiendo cada uno su opinión particular. Las valoraciones subjetivas no sólo se objetivizan sino que se expresan mediante términos grandilocuentes: lo más alto, lo más noble, lo ético, lo moralmente superior. Algunos filósofos utilizan la argumentación para proclamar con rotundidad que su propia actividad de pensamiento es la tarea más alta y noble posible, lo mejor: no reconocen el conflicto de interés que les afecta. Buena parte de la filosofía moral no es más que el intento de unos de decirles a otros lo que deben querer, aquello a lo que deben aspirar. Presuntos sabios que no se dan cuenta de su profunda intolerancia hablan de la posibilidad de no saber valorar correctamente, de no valorar de forma adecuada ciertas cosas, especialmente aquellas que los individuos intercambian libremente en los mercados: en realidad están expresando metapreferencias (preferencias sobre las preferencias de otros) e imponiendo sus propias valoraciones sobre las ajenas.

La objetivización de las valoraciones también puede ser un intento y un resultado de conseguir, mediante la presión de la conformidad social, una mayor uniformidad en ciertas preferencias de los miembros de un grupo para facilitar la convivencia y la cohesión social: el amor al propio grupo, a una misma tribu, patria o nación y sus símbolos (banderas, himnos, héroes, divinidades), o a ideales de solidaridad. La uniformización de las preferencias evita conflictos entre valores incompatibles y facilita la integración de agentes con intereses compartidos en colectivos con mayor capacidad de acción conjunta. Lo que el grupo valora se expresa de forma objetiva como bueno, se omite la posibilidad de discrepar al respecto: quizás incluso se olvida o cuesta pensar que es posible hacerlo. El disidente puede ser percibido como alguien no integrado o como un enemigo. La armonía interna contrasta con los conflictos externos con otros grupos: nosotros somos los buenos, los que queremos el bien, tenemos justificación para lo que hacemos; los otros son malos, quieren el mal, deben ser destruidos.