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Guerra de Secesión Americana (I)

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Es posible que el de los militares sea hoy en día uno de los colectivos más maltratados por personas de distintas ideologías. Quizá sea porque la violencia repugna moralmente, sobre todo la violencia planificada, y porque es fácil colocarnos en el papel de víctima de esa misma violencia. De los militares se dice con frecuencia que ansían la guerra, suspiran por la batalla y la destrucción. Sin embargo, son menos frecuentes las guerras que se han empezado por la obstinación de un militar que las que han estallado por el empecinamiento de los líderes políticos, que creen que es una herramienta fácil de controlar. Algunas, paradójicamente, se han iniciado incluso en contra de la opinión de los propios militares.

En febrero de 1861, los líderes secesionistas se reunieron en Montgomery (Alabama) para crear una nueva nación: los Estados Confederados de América, con una Constitución muy similar a la de sus enemigos norteños, pero permitiendo la esclavitud. La elección como presidente de Estados Unidos de Abraham Lincoln había sido el detonante de la decisión del Sur. En diciembre de 1860, una convención en Carolina del Sur había declarado su secesión. A ella, siguieron las de los Estados de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas. Sin embargo, previo a todo esto, el clima de violencia creciente entre los Estados esclavistas y los no esclavistas se había ido intensificando desde el Acta Kansas-Nebraska, que permitía a cada Estado votar a favor o en contra de la institución de la esclavitud, que en teoría beneficiaba al Norte y que sustituía al Compromiso de Missouri, firmado en 1820.

La esclavitud se ha situado en el imaginario creado en torno a la Guerra Civil americana como la principal causa del conflicto y, aunque tuviera un papel importante en su justificación moral, habría que buscar las claves también en otros factores.

En primer lugar, el conflicto entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los Estados, identificado el primero con el Norte y los segundos con el Sur. Desde la independencia de Gran Bretaña, las delimitaciones legales, así como sus derechos y deberes políticos, no habían quedado claros y los conflictos habían protagonizado buena parte de la política interna americana.

En segundo lugar, la imposición por parte del Gobierno Federal de una serie de medidas fiscales que afectaban de manera desigual a los industriales del Norte y a los plantadores del Sur, perjudicando a éstos últimos. Durante varias décadas, los congresistas y senadores del Sur habían conseguido mantener los aranceles a la importación en niveles aceptables, incluso reduciéndolos con respecto a los que ya existían en la década de los 20; sin embargo, al final de la década de los 50, los industriales del Norte pedían una política fiscal más acorde con sus intereses, con unas tasas más elevadas, dificultando a los grandes terratenientes del Sur (que no eran muchos, todo hay que decirlo) la compra de algunos bienes de equipo en el extranjero.

En tercer lugar, el distinto desarrollo económico y social de ambos territorios, que había generado dos sociedades muy distintas y, hasta cierto punto, antagónicas. No era extraño que la gran mayoría de los americanos nacidos antes de la mitad del siglo XIX en Estados Unidos no se hubieran movido más de 20 kilómetros del lugar que les había visto nacer. Esta inmovilidad relativa había dado lugar a un Norte industrial y más poblado, frente al Sur eminentemente agrícola y más tradicional, con una población dispersa en un territorio enorme, donde la esclavitud era importante, al menos para la economía de los terratenientes, aunque no para la gran mayoría de la población, repartida por numerosas granjas independientes, la gran mayoría, sin esclavos.

En 1861, todo parecía indicar que el conflicto se podía convertir en una guerra abierta, como así ocurrió. Cuando el 13 de abril se produjo el bombardeo – sin víctimas – del fuerte Sumter, bajo la bandera de los Estados Unidos de América, los líderes políticos que gobernaban los Estados Confederados estaban seguros de que empezaban una guerra corta que daría pie a una independencia rápida de los Estados secesionistas y una aceptación internacional de su soberanía, apoyada ésta última en la enorme demanda de algodón de las grandes potencias europeas, en especial Gran Bretaña y Francia.

Esa idea de que las naciones del Viejo Continente les apoyarían por ser su principal proveedor de algodón, unida a la percepción de que la sociedad sudista era superior a la del Norte y que su capacidad bélica era, por tanto, mayor (no eran extrañas las comparaciones en las que uno de los soldados del Sur era equivalente a un número variable de los del Norte), iniciaría un violento camino que conduciría, no sólo a la derrota del Sur, sino a la desaparición de la causa sudista, no la esclavitud, que posiblemente habría desaparecido con el tiempo, sino la defensa de los derechos de los Estados frente al Gobierno Federal y, de alguna manera, al declive de su forma de vida.

Y es esta simplificación de la realidad, esta visión idealizada (quizá basada en la propia experiencia americana) de que una causa aparentemente justa puede y debe terminar bien, la que hizo que los políticos del Sur tomaran una serie de decisiones que determinarían el transcurso de la guerra y su resolución.

La arrogancia sureña, el honor mal entendido, explica situaciones tan absurdas como empezar la guerra sin haber acumulado suficientes suministros (quizá por la seguridad de que sería un conflicto corto tras algunas rápidas victorias del Sur), el no haber sondeado de manera adecuada un previo reconocimiento internacional (que se daba por hecho por la "dependencia" del algodón del Sur de las factorías británicas y las supuestas simpatías de Napoleón III hacia la causa sudista, obviando la amplia repulsa británica a la esclavitud, los problemas del gobierno francés en México y la necesidad de que el Norte no interfiriera en su incursión mexicana) o haber creado una estrategia de actuación en función de las posibles respuestas militares del Norte a su desafío, en vez de un camino político, más largo, pero seguramente más exitoso. El cálculo político maneja demasiadas variables como para que los resultados sean siempre los que se buscan, sobre todo, si se parte de premisas erróneas.

La gallina de los huevos de oro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Buena muestra de ello son las afirmaciones realizadas hace escasos meses por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando señalaba que España estaba "mucho peor en 1996 que ahora" o que la recesión se debía al brutal desplome del consumo.

Gran error. A mediados de los años 90, cuando el PP logró por primera vez el poder, la economía española estaba saliendo del hoyo tras sufrir una aguda pero corta caída a principios de la década; además su nivel de endeudamiento no era comparable al actual. El gran reto de Aznar no consistió tanto en impulsar una recuperación económica que ya estaba en marcha sino en lograr la entrada de España en el euro en el plazo previsto. Ambas situaciones no son comparables en absoluto. Y, por desgracia, la crisis actual supera con mucho la de principios de los 90.

Lo más grave, sin embargo, es que el ministro apunta a la caída del consumo como el origen de todos los males, cuando la raíz de los problemas estriba en la falta de ahorro. Así se entiende que su política fiscal esté resultando del todo errónea y contraproducente. España necesita amortizar su abultada deuda, liquidar las malas inversiones acometidas en el período del boom y, en definitiva, desapalancarse lo más rápido posible. Esta tarea ha sido dificultada por el Estado a través de repetidas subidas de impuestos y, lo que es peor, una elevadísima fiscalidad sobre el ahorro. Lo bueno es que, pese a todos estos obstáculos, el sector privado se está ajustando.

Cosa muy distinta es el sector público, y es aquí donde el PP acaba de demostrar su penúltimo error de diagnóstico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo unas declaraciones la semana pasada que, si bien pasaron inadvertida, resultan del todo alarmantes. Atención: el elevado déficit público es "una situación de coyuntura que este país va a superar pronto". "Lo ocurrido ha sido coyuntural". ¿Traducción? El Gobierno piensa ilusoriamente que el hundimiento de la recaudación fiscal es algo momentáneo, una mera situación excepcional que quedará atrás cuando termine la recesión.

No, señor Rajoy, el déficit es un problema estructural: el volumen de ingresos no regresará al nivel máximo alcanzado durante la etapa de burbuja crediticia, y sin embargo el gasto público no ha dejado de aumentar desde entonces. Por tanto, la brecha entre ambas partidas no se puede cerrar a base de aumentar los impuestos sino reduciendo drásticamente la estructura estatal, una tarea todavía pendiente. De hecho, mientras no se reduzca el déficit y, por tanto, se imponga de verdad la austeridad pública, el tan ansiado crecimiento será una misión imposible.

Y puesto que el PP parte de un diagnóstico erróneo, la solución también está siendo equivocada. Rajoy y Montoro defienden ahora con uñas y dientes los aumentos fiscales para reducir el déficit, al tiempo que se limitan a congelar o posponer inversiones públicas en lugar de recortar el gasto corriente. Es evidente que esta estrategia no está dando resultado, pero lo peor son sus efectos menos visibles. Y es que, tal y como enseña la fábula de la gallina de los huevos de oro, en lugar de tratar con sumo mimo a empresarios, inversores y trabajadores, de cuyo esfuerzo se alimenta la insaciable hacienda pública, el Estado está optando por asfixiar lentamente al contribuyente a base de impuestos. ¿Moraleja? No sólo no recaudará más, sino que lastrará el crecimiento potencial de España.

La huida de lo público

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Existen demasiados mitos y tópicos sobre los servicios públicos que, en momentos como el actual, se convierten en barreras casi infranqueables incluso para personas razonablemente inteligentes. Lo cierto es que quien puede evita lo público. Si hay autopista como alternativa a un puerto de montaña o a una autovía o carretera nacional, quien puede paga para disfrutar el servicio que ésta proporciona. Si podemos permitírnoslo, enviamos a nuestros hijos a colegios privados, o en cualquier caso concertados, como opción más deseable frente a la oferta pública. Si está a nuestro alcance, preferimos contratar un seguro sanitario privado a tener que acudir a ambulatorios y hospitales públicos para casi cualquier dolencia. Y siempre, cuando podemos acogernos a alguna desgravación, deducción o mecanismo tributario menos gravoso, lo hacemos, buscamos quien nos asesore, y terminamos pagando menos impuestos. Lo público repele al ciudadano que tiene la posibilidad de escapar de sus deficiencias.

No es ninguna casualidad que lo público normalmente tienda a funcionar justo allí donde no es necesario. Si las políticas “sociales” van dirigidas a garantizar a determinadas capas de la población servicios considerados esenciales, todo ello bajo un pretexto igualitarista, lo que se consigue en realidad es que los más pobres reciban de la administración prestaciones de una calidad inferior a la que reciben los menos pobres.

Los vecinos de localidades y distritos más pudientes no necesitan que el Estado intervenga y redistribuya a su favor, ya que con su nivel de renta, sometidos a menores impuestos, podrían perfectamente disfrutar en el mercado de una calidad idéntica o muy superior por un menor coste. Tenderá a suceder que los centros públicos de estos barrios, por así decirlo acomodados, estén menos concurridos, ya que muchos de sus habitantes preferirán recibir una educación y una sanidad privadas. Es habitual que los firmes defensores de lo público cuenten sus inmejorables experiencias personales. No es casualidad que en su mayoría formen parte de esos grupos menos necesitados, que disfrutaron de las ventajas que gana lo público en un entorno pudiente donde la empresa privada le ha quitado de encima a muchos de sus potenciales usuarios (entre otras circunstancias).

Además de todo esto, lo público también resulta excesivamente oneroso, sin que con ello se logre mejorar la calidad de los servicios que provee. Supongamos que el gasto per cápita de las administraciones en sanidad ronde los 3000 euros anuales (aproximadamente es lo que sucede en España). Eso equivaldría a un desembolso de 250 euros mensuales por ciudadano. Sin embargo, en este mismo contexto de intervención, un seguro médico privado de calidad rondaría los 70 euros mensuales, es decir, 840 euros anuales. Parece evidente que el margen privado para extender sus prestaciones y garantizar mayor cobertura sin superar el coste en que incurren las administraciones, es bastante amplio.

Con la educación pública sucede algo similar. En España, el coste medio por alumno crece año tras año, y ha llegado a duplicarse en la última década. En un contexto estrictamente privado, si tenemos en cuenta que no todo el mundo va a la universidad ni realiza estudios superiores, y del mismo modo, la formación en una u otra materia varía ampliamente en su coste, los ciudadanos tendrían a su alcance educación privada a precios relativamente asumibles, plural y de calidad. El actual panorama de fracaso escolar y profunda descoordinación por el que atraviesa nuestro sistema educativo, que dirigen las administraciones y prestan directamente en mayor proporción que la empresa privada, no puede ser más pesimista a la vez que elocuente.

Pero es que además, ¿acaso no debería considerarse justo que el coste medio por habitante o alumno redundara en una calidad homogénea para todo el sistema? Es decir, ¿cómo explican los defensores de lo público que los más necesitados sean precisamente quienes peor servicio reciben? Lo cierto es que esos guetos nacen, se consolidan y enquistan precisamente por culpa del intervencionismo del Estado. La situación se entiende perfectamente cuando advertimos que cualquier individuo que logre progresivamente generar una renta creciente con la que bien podría recibir mejor sanidad y educación contratándolas con la empresa privada, se dará de bruces, entre otros artificios del Estado, contra la progresividad del sistema impositivo. Existe un umbral muy difícil de superar, y que impide que, a pesar de tener mayor renta, ésta permita a los individuos proveerse de servicios privados que sustituyan o complementen los que presta directamente la administración.

Como decía, resulta extraordinariamente sencillo presumir de lo público cuando uno ha vivido siempre en una zona de cierto nivel de renta, y los centros educativos y sanitarios se han ido ajustado a un inferior número de alumnos o pacientes, en contextos culturales mucho más previsibles y sosegados. Convivirán con colegios, institutos y hospitales privados, y la apariencia será de cierto equilibrio e “indudable” calidad y alternativa. El Estado de bienestar tiende a “funcionar” mejor justo donde no hace falta. Pretender lo contrario, atacando con cargo al presupuesto público exactamente las causas que han sido descritas, exigirá en cualquier caso que se produzca un ensanchamiento del abismo que el Estado abre entre ricos y pobres mediante impuestos, regulación y la bancarrota en que se encuentra nuestro actual sistema de seguridad social del que únicamente puede escaparse el ciudadano cuando ha alcanzado un elevado nivel de renta, por culpa, entre otras circunstancias, de la progresividad impositiva.

La cuestión será entonces dar con la manera de desmontar este injusto, costosísimo e ineficiente sistema de “malestar” sin que sean los más pobres quienes sufran doblemente las consecuencias de su existencia y derribo. Una posibilidad que evitaría dicha circunstancia sería que quien pagase sanidad y/o educación privada pudiera deducirse su coste en el impuesto sobre la renta. Así, la entrada de la empresa privada en estos sectores concretos sería perfectamente competitiva y proporcional al abandono de la pública que decidirían los ciudadanos a medida que su renta se fuera incrementando, y con ella, el poder para evitar lo público y huir de los servicios prestados por la administración (que, como ya se ha dicho, es una tendencia constatable dentro de las sociedades desarrolladas sometidas a la égida de un gran Estado).

Si surgen mercados educativo y sanitario lo suficientemente competitivos y asequibles para los ciudadanos, también los más pobres podrán permitirse escapar de lo público sin padecer los males de la progresividad fiscal. En un escenario donde cualquiera pudiera deducirse en el pago de sus impuestos el gasto privado soportado en educación y sanidad, crecería exponencialmente el número de personas que optasen por recibir dichos servicios en el mercado, y no de mano del Estado. En todo caso, los centros públicos, sanitarios y educativos, que aún existieran, verían tremendamente disminuido su coste, acorde con un menor número de pacientes, y de ese modo resultaría más asequible homogeneizar la prestación del servicio con independencia de la renta media o las circunstancias sociales y culturales de cada zona.

@JCHerran

El Gobierno contra la leche de verdad

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

Consumir hoy leche cruda, o pretenderlo, es más que políticamente incorrecto. Es, incluso, políticamente ilegal. Sin embargo, era el tipo de leche que antaño todo el mundo consumía, creyéndolo un gran alimento nutritivo por ejemplo para los niños. No resulta casualidad que la creciente persecución política de la leche cruda desde el siglo XIX haya unido a liberales y libertarios en la defensa de este alimento frente a los ataques gubernamentales. Pero ¿es segura y aun preferible la leche cruda a la pasteurizada? Empecemos por el principio.

Y el principio de todo probablemente se remonta a la Guerra de 1812 entre Gran Bretaña y EEUU, cuando los americanos perdieron su aprovisionamiento de whisky de las indias británicas. Esto provocó que todas las ciudades americanas fueran instalando destilerías para obtener alcohol de los cereales. Una curiosa pero dramática consecuencia fue que, debido a que estas destilerías solían estar cercanas al ganado bovino, las vacas acababan bebiendo y consumiendo productos de desecho de estas destilerías. Éstas fueron cada vez más confinadas en espacios cerrados, las condiciones de higiene se descuidaron y, en suma, la calidad de la leche cayó en picado.

En el siglo XIX fueron dos las teorías competitivas que, centradas en las infecciones, surgieron para explicar la enfermedad. Por un lado la de Claude Bernard del milieu interieur, que postulaba que un sistema inmunitario robusto era capaz de vencer las infecciones. Por el contrario, Louis Pasteur, con su teoría de los gérmenes, fue el padre de la farmacología antibiótica, ya que creía que había de destruir todos los patógenos. Como puede deducirse, las teorías de Pasteur, que no las de Bernard, apoyaban fervientemente la pasteurización de la leche.

A finales del siglo XIX, la contienda entre la leche cruda frente a la pasteurizada se personalizaba en dos figuras en EEUU. El Dr Henry Coit, que creía que las condiciones higiénicas debían tener algún control y las vacas debían seguir una dieta natural con pastos. Coit inició el movimiento por la leche cruda. En el otro bando, Nathan Strauss, hombre de negocios, se involucró tanto en la causa de la pasteurización que llegó a venderla por debajo de su coste para convencer al público, aunque llegó a admitir que no era necesaria si las condiciones higiénicas en el proceso eran óptimas.

A comienzos del siglo XX, Charles North, que gozaba de una gran elocuencia, se dedicó a viajar a pequeños pueblos norteamericanos diciendo que en el pueblo de al lado estaban muriendo por infecciones debido a la leche cruda. Todo esto en realidad era mentira, y es que North tenía un poderoso incentivo para cautivar al público en pro de la pasteurización. Y es que en 1907 había patentado la primera máquina para pasteurizar.

Tras la Segunda Mundial en Occidente, y en concreto desde 1948 en EEUU, se comenzó a perseguir políticamente la leche cruda. Uno de los muchos desencadenantes definitivos del predatorio cerco gubernamental sobre la leche cruda fue un artículo de 1945 del Dr Robert Harris titulado "La leche cruda puede matarte", donde se narraba cómo una de cada cuatro personas en la población americana de Crossroads había sido víctima de brucelosis y fiebres debido a la leche cruda. Más tarde, su autor llegó a reconocer que había inventado la historia. Y éste fue el principio de una larga, muy larga, historia de mentiras. Una fuerte epidemia infecciosa en mayo de 1983 en Pennsylvania fue achacada oficialmente a la leche cruda, aunque el Centro de Control de Enfermedades de EEUU invalidó esta hipótesis tras analizar múltiples muestras de leche cruda en ese estado. En 2006, Organic Pastures, una empresa de leche cruda californiana fue acusada en 2006 de causa una epidemia de E. coli. Tras cientos de tests en sus instalaciones y productos, no se encontró un solo patógeno. Tampoco se ha encontrado nada anómalo en las decenas de millones de productos de leche cruda que lleva vendidos.

Está científicamente demostrado que la leche cruda mejora la intolerancia a la lactosa (la pasteurización destruye las enzimas digestivas que contiene la leche), previene el desarrollo de asma y alergias, es mucho más rica en hierro, cobre, manganeso y yodo que la pasteurizada, así como en biodisponibilidad de vitaminas C, ácido fólico o vitamina B6, entre otras. La diferencia nutricional entre la leche cruda y pasteurizada (y uperisada) es abrumadora, como mostré en mi blog. Todo ello es negado o ignorado a día de hoy por la FDA americana. Entre 1984 y 1985, 18 muertes y miles de infecciones debido a la salmonella tuvieron lugar en EEUU. ¿La causa? La leche pasteurizada. En 2007, la leche pasteurizada causó en Massachusetts 3 muertes por listeria. Los medios ignoraron convenientemente la historia.

Robert LeFevre decía que el gobierno es una enfermedad enmascarada como su propia cura. En todo su negro historial, lo que ha demostrado es ser un mentiroso matasanos. Engánchate a la salud, la libertad y la vida. Desengánchate del gobierno.

Free Charter Cities

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Voy a escribirles una vez más sobre la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y su inagotable actividad académica, a partir de este verano con un especial cariño desde el Instituto Juan de Mariana por la presencia de Gabriel Calzada en su campus verde y rojizo. En esta ocasión quiero resumir el Coloquio de la Libertad 512, celebrado con el auspicio de Liberty Fund y que trató sobre “La libertad, las ciudades y el Estado”.

Como ya sabrán muchos de ustedes, esas convocatorias reúnen a una quincena de profesionales o universitarios dirigidos por un moderador (que fue Ramón Parellada, eficaz Tesorero de la UFM), y siempre bajo la supervisión de observadores de Liberty Fund (con una presencia de lujo, el Rector Ibargüen, Premio Juan de Mariana 2011) junto al factótum de este programa, Lucy Martínez-Mont. Después de haber estudiado una intensa selección de textos sobre el tema, los asistentes van comentando en voz alta su opinión y conclusiones durante dos apretadas jornadas de trabajo. Diversidad de nacionalidades, experiencia y edades le otorgan a tales encuentros un especial atractivo: estuvimos allí representantes de Venezuela, Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, México, Panamá, y Estados Unidos, aparte de la propia Guatemala. Viajé con otro español, José María Marco, persona sabia y amena que recomiendo como compañero para un largo desplazamiento, como éste de ida y vuelta sobre el Atlántico.

El contenido de las sesiones giró en torno a dos temas relativamente cercanos: por una parte, un completo recorrido histórico sobre las diversas formas de organización política que han girado en torno a la ciudad. Comenzando por las más antiguas en Palestina y Fenicia, antecedentes de la gran expansión de Grecia por el Mediterráneo, para ver con detalle el caso de Atenas y Esparta. Aquí ya no se trataría solamente de agrupaciones humanas para la defensa y la organización social: emerge además toda una compleja estructura económica (las metrópolis coloniales que llegaron hasta Cádiz; y de las que luego Cartago sería un poderoso rival), así como un gran avance cultural: todos saben que en Grecia nacería el primer discurso reflexivo en torno a la ciudad y el estado con esos grandes genios que fueron Platón y Aristóteles.

A continuación estuvimos discutiendo en torno a dos modelos bien distintos de organización política no estrictamente nacional: las ciudades-estado de Italia y la comunidad de puertos comerciantes que formaron la Liga Hanseática. Hemos viajado ya a las postrimerías de la Edad Media y el arranque del mundo moderno, con una Europa en la que comenzaban a formarse los actuales países, bajo una autoridad disputada por el Sacro Romano Germánico Imperio y los Estados Pontificios (compartiendo entonces el poder espiritual con el temporal).

Resulta llamativa la diferente solución que hallaron estos dos modelos para organizarse política y económicamente: una federación comercial (la Hansa) de ciudades que pertenecían a distintas entidades nacionales; o un modelo estrictamente urbano, que iría tomando formas diversas en el caso de Venecia, Milán, Génova o Florencia. Desde una interpretación institucionalista, que era la prevalente en las lecturas ofrecidas, la cuestión estaba en determinar qué modelos permitían una gestión más eficaz del equilibro interno (clanes políticos, mecanismos de disuasión militar) o externo, como la mayor o menor fuerza del poder Imperial que impulsaría respuestas cooperativas en estas ciudades. Debo decir que les estoy escribiendo un apretadísimo resumen de esta discusión, en la que personalmente jugué un cierto papel de escéptico beligerante: me cuesta entender la Historia (en su horizonte total) como un juego de equilibrios de suma cero… Pienso que las conductas humanas, a este nivel más generalista, no pueden explicarse simplemente analizando los costes de oportunidad, de transacción y de tiempo. Hay que prestarle también atención a muchas decisiones tomadas puntualmente, a muchas circunstancias de liderazgo personal, o a todo ese mundo complejo de las creencias y adhesiones religiosas que -por lo menos hasta el final de la Edad Moderna- tuvieron un papel determinante en el desarrollo de los pueblos.

Este recorrido histórico del que vengo hablándoles se cerró en una última jornada sobre “El futuro de las ciudades”, reflexionando en torno a varios textos, como el de Edward Glaeser: Triumph of the City. En realidad se trata de una revisión algo superficial de varios modelos de ciudad: Vancouver (consumidor); Boston, Minneapolis y Milán (smart city) o Singapur y Gaborone (gestión eficaz). Pero en la Sesión anterior sí que tratamos el asunto con el que titulaba este Comentario: las Charter Cities (he añadido un adjetivo que le gusta emplear a Gonzalo Melián cuando habla de las Free Market Cities). La UFM conoce bien esta novedosa propuesta de organización social a partir de territorios independientes de cualquier estructura política o nacional, y que se gestionan mediante un riguroso esquema de libre mercado.

El principal referente de este nuevo concepto es Paul Romer, sobre quien estuvimos comentando un artículo en torno a las nuevas tecnologías, el cambio de hábitos de residencia y la necesidad de establecer unas reglas claras en los nuevos asentamientos humanos. Aunque quizás el texto que resultaría más atractivo para todos fue uno de Patri Friedman & Brad Taylor sobre las ciudades marinas o islas urbanas: Seasteading (el paradigma que ustedes conocen sería Hong-Kong). Dado que toda la superficie terrestre de nuestro planeta se encuentra adscrita a alguna nacionalidad: ¿por qué no colonizar los mares? En este caso, los avances tecnológicos permiten aventurar soluciones que hace pocos años sonarían a ciencia-ficción. En fin, reconozco no obstante que esa propuesta de asentamientos nómadas que navegan por el mar resulta un tanto atrevida… Pero la historia humana está llena de resultados sorprendentes.

Agentes, control y coordinación

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un agente es un sistema capaz de realizar trabajo liberando energía de forma restringida en un ciclo termodinámico. Un agente actúa, hace algo, tiene algún efecto sobre el mundo, causa algún cambio o movimiento, es una máquina que construye, destruye o transforma algo.

No todas las entidades de la realidad son agentes: muchas son estructuras pasivas que no realizan trabajo. Un agente puede actuar sobre cosas que no sean agentes (un albañil construye una pared, una aspiradora limpia una habitación), sobre otros agentes (un operario construye, repara o destruye una máquina; un médico opera a un paciente) o incluso sobre sí mismo (un ser vivo se autoconstruye, un programa informático se modifica a sí mismo).

Un sistema puede estar constituido por un agente simple, si no tiene componentes más elementales que sean a su vez agentes; o ser un agente complejo cuyas partes sean a su vez agentes (simples o complejos).

Un único agente que pueda activarse o desactivarse, variar su intensidad, o realizar diferentes tareas entre un repertorio de posibilidades, puede tomar decisiones al azar o disponer de un sistema de control que elija qué hacer en cada circunstancia. Un tipo especialmente importante de acción que un agente puede realizar sobre otro agente es el control, la determinación (total o parcial) de la conducta de otro: un controlador dirige a un ejecutor. Un sistema que se autocontrola es autónomo: sus mecanismos de control forman parte del propio sistema; un sistema heterónomo es controlado desde el exterior.

Los seres vivos son agentes autónomos autopoyéticos: se controlan a sí mismos y su acción sirve para su generación, mantenimiento y supervivencia. Los seres vivos son sistemas complejos: están constituidos por múltiples subagentes más simples de diversos tipos. Un agente complejo necesita algún mecanismo que coordine la actividad de sus componentes, de modo que su acción sea coherente, complementaria y no mutuamente destructiva.

Cuando varios agentes actúan, sus efectos pueden agregarse, interferir o combinarse de múltiples modos lineales o no lineales (sinergias), constructivos o destructivos. Varios agentes pueden superponer una misma acción, juntando capacidades semejantes: múltiples propulsores de un cohete a reacción, diversos cilindros en un motor de explosión, varias personas tirando de una cuerda, varios instrumentos iguales tocando una misma melodía. Múltiples agentes pueden combinar acciones diferentes complementarias para constituir acciones y efectos más sofisticados: orgánulos en una célula, órganos en un ser vivo multicelular, jugadores de un equipo deportivo, máquinas en una cadena de montaje, instrumentos de una orquesta.

La mayor potencia y sofisticación que puede conseguirse mediante múltiples agentes requiere algún tipo de coordinación entre los mismos, algún tipo de interacción que permita la generación, transmisión y procesamiento de información para la dirección armoniosa de la acción: que todo el mundo empuje o tire simultáneamente; que todos los miembros de un expedición de caza sepan lo que tienen que hacer en cada momento; que los soldados mantengan una formación.

Los mecanismos de coordinación pueden ser descentralizados, mediante múltiples ajustes locales y parciales entre los agentes, sin jerarquía de mando (orden espontáneo de un mercado libre; jugadores sin entrenador); o centralizados, mediante estructuras jerárquicas de mando con agentes especializados en recopilar, procesar y distribuir información y órdenes a diferentes niveles para dirigir la conducta de otros (gobierno o jerarquías de mando de un ejército, una empresa, una burocracia; sistema nervioso de un organismo; director de orquesta; entrenador de un equipo).

Los dos tipos de coordinación tienen sus ventajas y sus inconvenientes, sus fortalezas y sus limitaciones: capacidad de visión global y de gestión de la información local, eficiencia de la coordinación (rapidez y acierto en el intercambio y procesamiento de información y ajuste de las conductas), adaptabilidad frente a cambios de circunstancias, resistencia frente a fallos de los organismos de control (por limitaciones cognitivas o por captura interesada o corrupción). Los sistemas exitosos suelen utilizar combinaciones de ambos (supervisores conscientes de sus limitaciones y ejecutores con capacidad de iniciativa) según sus circunstancias y necesidades de cohesión unificada (conflicto bélico) o de libertad flexible (innovación y creatividad empresarial).

Todos los agentes controladores tienen capacidades limitadas y pueden tener problemas y conflictos de coordinación interna. Un agente controlador, o es muy simple y de capacidad reducida, o es un sistema de gobierno complejo constituido por múltiples agentes que a su vez requieren algún tipo de ajuste interno (que en última instancia surge evolutivamente de abajo hacia arriba de forma espontánea). Un jefe puede gobernar un grupo, pero su sistema cognitivo o mente es una sociedad de agentes operando en su mayoría a un nivel inconsciente y no necesariamente de forma armoniosa; un gobierno puede tener varios miembros con opiniones o intereses incompatibles.

¿Derechos adquiridos?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La profunda crisis que padecemos va acompañada de una zozobra intelectual desoladora. Con una difusión abrumadora en los medios de comunicación dominantes, los múltiples beneficiarios del modelo en crisis distraen la atención sobre las cuestiones esenciales y emborronan los debates públicos con señuelos e interpretaciones de la realidad groseramente sesgadas.

Sorprende, por su desfachatez, el uso persistente de la falacia del hombre de paja cuando se atribuye los efectos de la recesión al capitalismo y al libre mercado. Contra toda evidencia, quienes la esgrimen soslayan el hecho fundamental de que el sistema que rige las relaciones de los individuos con los estados, y las de ambos entre sí, se encuentra muy lejos de un orden capitalista. Antes al contrario, la evolución de la humanidad nos ha llevado a un sistema mercantilista con resquicios para el mercado libre, donde los seres humanos viven y desarrollan sus planes subyugados por estados (y asociaciones de estados con distinta integración) que violan su libertad en distinto grado. Así, en nuestro complejo mundo nos encontramos con sociedades muy desarrolladas, sin embargo atenazadas y esclerotizadas por el mantenimiento de costosísimos esquemas de bienestar e intervención de los gobiernos.

Desde una perspectiva jurídica, las recomendaciones y argumentos liberales para desmontar el estado intervencionista, mezcla de socialismo y capitalismo, que ha dado en llamarse inmerecidamente “del bienestar”, afrontan numerosas líneas de defensa auspiciadas por un conglomerado heterogéneo de grupos de presión, interesados, por el contrario, en mantenerlo. O, más precisamente, en que “sus” intereses dispares no resulten afectados. No cabe esperar mucha coherencia en los que se apoyan en el poder coactivo del Estado para mantener favores especiales, redistribuciones de rentas y privilegios. Es obvio que van a lo suyo exclusivamente.

Un ejemplo de esos cantos de sirena consiste en invocar los derechos adquiridos como una cantinela antes de que ningún legislador ose a plantear seriamente una reforma para limitar, reducir y simplificar ese mastodóntico estado y el ámbito de su actuación. Se trataría de desarbolar argumentalmente a reformadores audaces de tamaña empresa, con la advertencia de que las leyes necesarias no se aplicarían a un universo muy amplio de destinatarios. Veamos cómo se puede refutar.

En primer lugar, debe repararse en que esta doctrina surgió como contrapeso al legalismo (o positivismo jurídico) que entiende el Derecho como la elaboración de legisladores racionales. Una tendencia que, después de la Revolución Francesa, cundió progresivamente en la Europa continental de finales del siglo XIX. En España, por ejemplo, el Código Civil de 1889 prohibió el efecto retroactivo de las variaciones que perjudicaran derechos adquiridos según la legislación civil anterior, al tiempo que sus trece disposiciones transitorias concretaban la aplicación temporal de las nuevas normas relativas a distintos negocios jurídicos. Al mismo tiempo, desde un punto de vista general, estableció (Art. 3 CC) que las leyes no tendrían efecto retroactivo si no disponían lo contrario.

Aunque la doctrina de los derechos adquiridos nació estrechamente ligada al principio de irretroactividad de las leyes que les afectaran en el ámbito civil (es decir, derechos derivados de negocios jurídicos entre particulares posibilitados antes de la codificación), pronto se amplió su aplicación a otras áreas, como el derecho administrativo. Dada su naturaleza procesal para conseguir la exención de la aplicación de las leyes temporalmente, poco ha servido para frenar el avasallamiento legislativo del último siglo. En efecto, la concepción positivista del Derecho, unida al reglamentismo que emana de las administraciones públicas, las cuales “desarrollan” las leyes formales aprobadas en el parlamento (cuando no es el propio gobierno quien dicta la ley formal: Decretos-leyes), han sido las herramientas utilizadas por el estado intervencionista para consolidar un régimen arbitrario cuyas regulaciones se cambian de forma constante. Al cabo de tanto tiempo sin revertirse esa tendencia en la legislación, la oposición de los derechos adquiridos a la avalancha reguladora ha resultado ser una línea de retirada de los postulados liberales, patéticamente insuficiente para evitar la situación a la que hemos llegado.

Por otro lado, la doctrina y la jurisprudencia han distinguido tres grados en la retroactividad de las leyes. Uno máximo que supondría privar de efectos a las relaciones jurídicas nacidas y consumadas antes de la vigencia de la Ley nueva. Otro medio, que respetaría la relación jurídica básica, pero sometería a la vigencia de la nueva los efectos nacidos en virtud de la ley anterior pendientes aún de consumarse. Y un último grado, calificado de mínimo, que implicaría que la nueva Ley se aplicaría solo a los efectos que nazcan después de su entrada en vigor.

Descartado el grado máximo de retroactividad por la evidente injusticia que se impondría a relaciones jurídicas consideradas legales en el mismo momento de consumarse, las reformas que deben emprenderse para desmontar esta hidra de privilegios y prebendas pueden (y deben) ser retroactivas al menos en un grado medio.

Tomemos el ejemplo de una eventual supresión de las primas a las energías renovables. Si efectivamente no medió un fraude a gran escala para establecer ese régimen jurídico, lo cual justificaría la retroactividad en su grado máximo, nada impide atribuírsela en un grado medio a una norma que las suprima. En lugar de establecer retorcidos mecanismos impositivos para conseguir el efecto equivalente a su eliminación, como ha amagado en algún momento el Ministro de Industria, debe partirse de la idea, y plasmarla en la ley correspondiente, de que no es un derecho lo que el Estado quita a unos para dárselo a otros, aunque tenga el ropaje de una ley formal. A este respecto pueden reputarse como derechos adquiridos los surgidos antes de la intervención administrativa, pero no las situaciones jurídicas provocadas por la misma. A lo sumo las primas futuras para empresas ya inscritas en el registro de beneficiarias podrían considerarse como expectativas o intereses, pero no como derechos incorporados a sus patrimonios antes de la necesaria derogación de la disparatada legislación del sector eléctrico. En definitiva, no tiene por qué haber compensaciones equivalentes a las primas que se supriman.

Estas empresas que acudieron a recibir favores en forma de subvenciones podrán otorgar todos los calificativos que quieran a la casta política que levantó sus expectativas, pero no pretender que todos los españoles paguen un régimen de subvenciones que debe derogarse.

Economía sumergida y servicios públicos

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el comentario de hace un mes se pintaba un escenario que tradicionalmente se calificaría como desolador, aunque desde mi perspectiva sería esperanzador. En él, el Estado se va debilitando paulatinamente, mientras que el mercado negro o economía sumergida cobra un vigor espectacular, alimentado por la libertad que en él existe, superior a la disponible en el ámbito estatal. En este contexto, se da un cambio en las preferencias de los individuos, que inicialmente se acogen a la economía sumergida contra su voluntad y por motivos de supervivencia, pero luego lo van haciendo por conveniencia, ya que encuentran en él un mejor mix de condiciones.

Parte del atractivo inicial de la economía sumergida es que se puede disfrutar de unos beneficios (los que supuestamente proporciona el Estado a todo el mundo de forma gratuita: seguridad, carreteras, sanidad…), sin tener que hacerse cargo de sus costes (impuestos, seguridad social, u otras cargas). Sin embargo, conforme se debilita el Estado, estos servicios pueden deteriorarse considerablemente o incluso desaparecer. Por otro lado, el Estado puede tratar de excluir de los servicios públicos a los individuos operando en el mercado negro, como es el reciente debate sobre el pago de la sanidad por los "sin papeles". El resultado tiende a ser que los servicios públicos dejan de ser accesibles o deseables en el mercado negro.

¿Supone esto algún problema para la viabilidad de éste? ¿Abandonará la gente el mercado negro, deseosa de sostener con sus impuestos los servicios públicos cuya calidad, fiabilidad y coste han conocido de primera mano durante tantos años? La respuesta es no en ambos casos. Dichos servicios "públicos" serán prestados por la iniciativa privada, sea o no en el mercado negro. Seguirá habiendo enseñanza (¿cuántos profesores particulares operan en la actualidad en el mercado negro?), sanidad (seguros médicos), pensiones (planes de pensiones privados), desempleo (mediante seguros específicos), seguridad (empresas de seguridad), justicia (arbitrajes) e incluso carreteras y caminos.

La teoría económica demuestra sobradamente que cualquier servicio se puede prestar por la iniciativa privada en el mercado libre, y con mayor eficiencia y capacidad de innovación del que tiene el Estado. Y la evidencia empírica muestra instancias de prestación por la iniciativa privada de cualquiera de los servicios que recientemente nos han hecho creer que solo podía prestar el Estado.

No es el momento de detenerse en estos detalles. El lector interesado encontrará más material en la serie de tres artículos publicada en este mismo medio y que concluye con éste.

Sí interesa en cambio ahondar en otro aspecto relacionado con las agencias de seguridad. La protección de la propiedad va unida al disfrute de la misma, y es lógicamente responsabilidad del propietario. No existe propiedad privada real sin posibilidad de asegurar que el uso del bien se hará según las preferencias del dueño. Pero este aseguramiento es y debe ser responsabilidad del propietario, no de la sociedad, ni mucho menos, del Estado.

En un mercado libre, la especialización de la mano de obra conlleva la existencia de unas empresas, las agencias de seguridad, que compiten precisamente en proporcionar esta protección. Cabe pensar, pues, que los individuos irán crecientemente usando estos servicios, ante la inoperancia cada vez más patente del Estado, y que se irá acrecentando con su debilitación. De hecho, es muy normal que ya en la actualidad empresas, bancos y supermercados tengan custodia de agentes privados. De hecho, el propio Ministerio de Defensa tiene subcontratada la seguridad de sus sedes con una empresa privada, lo que no deja de ser el colmo de la ironía. Viene a la mente aquello de "Médico, cúrate a ti mismo".

Uno de los principales agentes agresores, quizá el principal, para los individuos en el mercado negro es el Estado. No se olvide que el Estado nos amenaza con encarcelarnos si no le damos parte de nuestros bienes en forma de impuestos, lo que nadie más puede hacer. Así pues, ante la necesidad de protección respecto al Estado, cabe pensar que aparecerán agencias de seguridad especializadas este servicio; es más, posiblemente sea este servicio de protección el más demandado durante mucho tiempo.

Será sin duda la aparición de estas agencias, el heraldo de la desaparición final del Estado. Porque una vez el individuo puede protegerse de su agresión, y de una forma tan eficiente como la que proporcionará el libre mercado, ¿cómo hará el Estado para proseguir la expropiación de los bienes de sus ciudadanos? Si cualquier empresa o individuo puede contratar un servicio que le ahorre el pago de impuestos, ¿quién no lo hará?

Quizá a muchos les parezca ciencia ficción: ¿empresas privadas protegiendo al individuo del Estado? Quienes piensen de tal forma, solo tienen que recordar la figura del asesor fiscal, la primera avanzadilla de esta figura de protección. ¿No trata tal actividad de proteger los ingresos del yugo fiscal? Tal vez así no cueste tanto imaginar la existencia de unos guardias que impidan el paso, no solo de malhechores, sino también de recaudadores de impuestos o sanciones, a nuestra vivienda. O de bancos que no acepten órdenes de embargo del Estado, bien protegidos por las citadas agencias.

¿Es este el futuro? Difícil preverlo. Lo que sí sabemos es que todas las acciones del individuo se basan en la relación coste-beneficio que anticipa por ellas. Y las actuaciones de los gobiernos occidentales cada vez hacen más atractiva la opción del mercado negro, aunque conlleve más riesgos y, consecuentemente, un mayor coste de protección. Queda en las manos de cada gobierno tratar de dar la vuelta a la tendencia: o se "recortan" ellos solitos, o sufrirán el colapso a que les arrastra inexorablemente la economía sumergida.

Apple gana a Samsung, los demás perdemos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Obligará este juicio a las compañías tecnológicas a innovar más, para evitar estos problemas en el futuro y servir así mejor a los consumidores? No, obligará a las que puedan a pagar licencias; las que no se lo puedan permitir evitarán meterse en campos minados como el de la telefonía móvil, lo que a la larga se traducirá en menos novedades, que correrán por cuenta de las grandes compañías ya establecidas, que son las que cuentan con protección en forma de patentes propias.

El tema de las patentes resulta espinoso. En su origen hay dos propuestas éticas: proteger al inventor y reconocer que la propiedad intelectual es tan digna de protección como la física. Pero según pasa el tiempo parece más claro que en cada vez más sectores de la economía las patentes retrasan en lugar de fomentar la innovación. Siguen existiendo campos, como el farmacéutico, donde resultan imprescindibles para justificar las multimillonarias inversiones en años de pruebas médicas, necesarias –por ley– para poder sacar un medicamento al mercado. Pero ¿en uno tan dinámico como el de la informática y las telecomunicaciones? No.

La lista de patentes violadas por Samsung en este y otros casos estudiados en tribunales de todo el mundo incluye dos por los diseños de iPhone e iPad, el efecto de rebote al llegar abajo o arriba del scroll, la forma de navegar por las fotos en el móvil; dos por el sistema de bloqueo que se desactiva al deslizar el dedo, una del corrector automático y, mi preferida, la que detecta números de teléfono o direcciones de correo y te permite pulsar sobre ellas para abrir las aplicaciones correspondientes. En su mayor parte son patentes de software: cosas demasiado obvias para merecer protección alguna, pero por lo que se ve muy lucrativas para litigar con ellas. Son la razón por la que existe un movimiento muy amplio a favor de la prohibición de este tipo de patentes.

En pocos campos se ha innovado más en tan poco tiempo como en el informático, y no sólo no se observa con claridad en qué pueden beneficiarlo las patentes, sino que más bien parecen un lastre. Imaginen que un escritor hubiese tenido la feliz idea de patentar la historia de chico conoce a chica. Todos los demás escritores, y los guionistas de cine y televisión, tendrían que pagar a ese tipo por escribir historias así, que en mayor o menor medida son casi todas. Seguramente muchos cambiarían –a peor– sus textos para no buscarse problemas, pagarían al listillo patentador de turno o directamente no publicarían. Así las cosas, de beneficiarse alguien sólo lo haría –en un solo caso– el de la patente. Pues bien, patentar software es algo parecido. Por eso debería bastar con los derechos de autor.

Sí, todo el mundo, y no sólo Samsung, copió a Apple desde el momento en que presentó el iPhone. No es algo que esté tan claro con el iPad, que no dejaba de ser un concepto que llevaba décadas flotando en el aire. Pero fíjense en el mundo del arte y el entretenimiento. Todos copian aquello que consideran de valor y lo mezclan con sus propias ideas o con las de terceros, dando lugar a cosas nuevas. Lo mismo pasa en el diseño industrial, o en la informática. Apple fue la primera en poner en exitosa práctica dos ideas novedosas. Su premio: ser la empresa más grande del mundo. Parece claro que no necesita incentivos mayores.

La Revolución Gordillo y el sanguinario Reino de Münster

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo, diputado de IU en el Parlamento andaluz y alcalde del pueblo de Marinaleda (Sevilla), ha acaparado la atención mediática de propios y extraños, dentro y fuera del país, a raíz de su particular “marcha obrera” iniciada recientemente por tierras andaluzas en compañía de centenares de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Bautizado en la prensa extranjera bajo el atractivo título de Robin Hood español, la Revolución Gordillo se ha caracterizado por violar en reiteradas ocasiones la propiedad ajena mediante protestas “simbólicas” consistentes en robar comida, asaltar supermercados, entidades bancarias y hoteles en señal de protesta por la crisis, los “recortes sociales” y el injusto castigo que impone a los más débiles la vigente dictadura de los mercados.

En España, no son pocos los que ven con benevolencia este tipo de actos e incluso un ejemplo a seguir en pos de una “justicia social” que, según alegan, debería imponerse por la fuerza a fin de recompensar a los más desfavorecidos mediante el castigo de los poderosos, esos malvados empresarios y capitalistas a los que culpan de la crisis y de originar su precaria situación laboral. De hecho, pese a la evidencia de que esta comitiva obrera está incurriendo en delitos fragrantes contra la propiedad privada, la reacción de las autoridades políticas y judiciales contra dichos actos está siendo, hasta el momento, sorprendentemente tibia, lo cual no deja de ser alarmante. Y es que, si bien a día de hoy el experimento Gordillo no deja de ser una anécdota más de la crisis, sin grandes efectos ni consecuencias, más allá de rellenar titulares y atraer la atención de los medios en un mes de agosto que suele ser pobre en cuanto a noticias, el trasfondo de este tipo de movimientos no deja de ser enormemente peligroso.

¿Qué pasaría si el ideario que propugnan Gordillo y sus acólitos prendiera con fuerza en el espíritu de la gente y, por tanto, una cuadrilla de comunistas impusiera su ansiada utopía, ya no en España, sino en algún pueblo del territorio nacional? No es preciso hacer conjeturas acerca de su resultado, sus frutos están impresos en las páginas de la historia. Este tipo de revoluciones han sido recurrentes a lo largo de los siglos. Uno de los símiles más próximos se podría encontrar, quizás, en la sanguinaria experiencia de Münster, una ciudad situada en la región de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), acontecida en el primer tercio del siglo XVI. Simplemente, una pesadilla.

En 1534, al calor de las Guerras Campesinas iniciadas algunos años atrás en el seno del Sacrosanto Imperio Romano Germánico contra el poder que ostentaban obispos y príncipes regionales, la corriente revolucionaria de los anabaptistas logró un éxito inusitado en la citada población de Münster. Los anabaptistas (rebautizados) constituían por entonces un grupo radical de reformistas eclesiástico-civiles que, tras la reforma luterana, pretendieron reinstaurar los principios de un supuesto “cristianismo primitivo” basado en la absoluta igualdad política, la abolición total de la propiedad privada y la instauración de un régimen comunal de bienes. Es decir, la doctrina de absoluta igualdad material de todos los hombres… El comunismo, sólo que en nombre de Dios.

Sus ideas se materializaron tras la toma de la ciudad por la fuerza con el apoyo de cientos de campesinos que estaban descontentos con su situación económica y condiciones de vida. La revolución de Münster fue liderada y dirigida desde sus inicios por tres cabecillas anabaptistas: Jan Matthys, panadero holandés y líder del movimiento por entonces; Jan Bockelszoon (más conocido como Johann de Leiden), un joven de 25 años, hijo bastardo del alcalde de una villa holandesa que, tras contraer matrimonio con una rica viuda y arruinarla, no logró pasar de aprendiz de sastre a lo largo de su corta carrera profesional; y Bernt Knipperdollinck, comerciante de telas y uno de los dirigentes de los gremios de Münster que, además, era el suegro de Bockelszoon.

En febrero de ese año, la revuelta triunfó y las autoridades locales fueron depuestas. Los anabaptistas difundieron su conquista entre los territorios vecinos y de inmediato comenzaron a llegar miles de personas atraídas por el experimento comunista -el primero de estas dimensiones- que acababa de comenzar. Matthys, como no podía ser menos, se autoproclamó en líder supremo y rebautizó la ciudad como la “Nueva Jerusalén” bajo la promesa de que conquistarían el mundo en el plazo de dos meses, ni más ni menos. Su primera decisión consistió en purgar las calles de impíos y pecadores y, aunque en un primer momento su intención fue la de decapitar a todos los cristianos no anabaptistas, finalmente optó por expulsar a católicos y luteranos para no disparar la animadversión del resto de autoridades del Imperio. Los desterrados fueron obligados a dejar atrás su dinero, propiedades e incluso familias. Los que se quedaron fueron rebautizados, y los que se negaron, ejecutados.

El nuevo orden acababa de ser instaurado. En un primer momento, las propiedades de los expulsados fueron confiscadas y repartidas entre los pobres según “su necesidad”, siendo ésta discernida por siete apóstoles designados por Matthys. El dinero y la propiedad privada fueron abolidos, todo debería ser tenido “en común”, de modo que el nuevo gobierno se apropió de todos los bienes y posesiones de los habitantes de la “Nueva Jerusalén”; los alimentos fueron racionados; las casas particulares fueron sometidas a un régimen comunal para albergar a los miles de inmigrantes llegados de otras ciudades del Imperio -se prohibió cerrar las puertas, cada cual se podía alojar donde quisiera-; el estado teocrático anabaptista se convirtió en el único empleador, satisfaciendo los salarios en especie -comida-. Y todo ello, en nombre del “amor” cristiano, cuya última etapa sería el advenimiento del comunismo igualitario: “Todo habría de ser tenido en común, no debería haber propiedad privada y nadie volvería a trabajar. Simplemente, se confiaría en Dios”, rezaban sus apóstoles.

Para romper con el sucio pasado de la anterior civilización, Matthys arengó al pueblo a quemar todos los libros y manuscritos de la ciudad -públicos y privados-, a excepción de la Biblia, cuya correcta interpretación, por su puesto, corría a cargo de los predicadores anabaptistas. Pero Matthys no duró mucho en el cargo. A finales de marzo, iluminado por una visión divina, se enfrentó al ejército comandado por el obispo de Münster, que había sitiado la ciudad para tratar de liberarla, muriendo en el intento. El joven Bockelszoon ocupó entonces su puesto y nombró un nuevo consejo de gobierno formado por doce ancianos, con él a la cabeza, con potestad absoluta para decidir sobre la vida y la muerte, bienes materiales e incluso el alma de los habitantes de Münster. Instauró un estricto programa de trabajos forzosos, dividiendo los oficios en dos -empleados públicos y militares-, e impuso la pena capital para cualquier acto de insubordinación al mandato divino de su autoridad. Knipperdollinck, su suegro, fue el brazo ejecutor de tales decretos.

El único aspecto que quedaba fuera de su ámbito regulatorio fue el sexo, pero incluso éste no tardó mucho en ser regulado por su estado totalitario. Inicialmente, tan sólo se permitía mantener relaciones sexuales en el seno del matrimonio, entendido éste -eso sí- como la unión de dos anabaptistas. Cualquier otra forma de sexo, incluido el matrimonio “impío”, era causa de pena capital. Sin embargo, Bockelszoon fue más allá de este credo relativamente conservador y poco tiempo después decretó la poligamia forzosa. ¿A qué se debía ese radical cambio de postura? Los malpensados afirman que el origen de esta decisión fue el deseo del gran líder por poseer a la viuda de su antecesor -Jan Matthys-, la joven y bella Divara, con la que finalmente se casó, aunque ni siquiera así quedó satisfecho -llegó a reunir un harén de dieciséis concubinas-.

La implantación de la poligamia obligatoria no fue una tarea especialmente difícil. Como muchos de los desterrados al inicio del régimen dejaron atrás a sus mujeres e hijas, la ciudad contaba ahora con el triple de mujeres casaderas que varones. Además, los insubordinados fueron de inmediato acallados por la vía de la espada o encarcelados. En agosto de 1534, la poligamia fue impuesta y todas las mujeres fueron obligadas a casarse una vez cumplida cierta edad. Con el tiempo, todo acabó degenerando y, tras facilitarse enormemente el divorcio, el experimento acabó en una especie de orgía comunal, una promiscuidad forzosa, con listas de concubinas casaderas inclusive cuyo reparto se establecía bajo un cierto orden.

Ese mismo verano, Bockelszoon fue un poco más allá y se proclamó Rey y Mesías del mundo por orden y gracia de Dios, ya que éste le había otorgado “poder sobre todas las naciones de la Tierra”. Fue entonces cuando comenzó a vestir los más lujosos trajes y a portar las más finas y bellas joyas. En un gesto de generosidad, también nombró a Divara reina del mundo y creó su propia corte, unas 200 personas que fueron alojadas en las mansiones más espléndidas de la ciudad reservadas al efecto. Se renombraron todas las calles; se abolieron los domingos y los días de fiesta; el rey en persona se encargaba de poner nombre a todos los recién nacidos; y confiscó todos los caballos para formar su particular guardia pretoriana… El dinero y las riquezas, arrebatadas y negadas al resto de la población, eran ahora disfrutadas en exclusiva por el rey y su cuadrilla de cortesanos anabaptistas. Todo se racionaba, desde la comida hasta los ropajes, y mientras el gobierno vivía en la opulencia gracias a las propiedades confiscadas, el resto de los habitantes fueron condenados a la más absoluta miseria.

Dada la evidente diferencia de clases que imponía el régimen, no fueron pocos los habitantes de Münster que, aunque inicialmente abrazaron con fervor el igualitarismo comunista, comenzaban a dudar de las bondades de aquel reino de “amor” y justicia divina. Fue entonces cuando Bockelszoon inició una efectiva campaña de propaganda en la que prometía igual volumen de riquezas y lujos a todos sus súbditos tras la conquista del mundo y la pronta llegada de Jesús, al tiempo que combatía las dudas de los aún descontentos mediante un creciente régimen de terror y opresión a base de ejecuciones en masa, torturas públicas y encarcelamientos.

Ante la amenaza de que revueltas similares triunfaran en otras zonas del Imperio, el sitio sobre Münster se reforzó con la llegada de nuevas tropas enviadas por diversos príncipes y la ciudad fue totalmente bloqueada en enero de 1535. El rey y su corte decidieron entonces dejar morir de hambre a sus súbditos-esclavos ante la creciente falta de suministros mientras ellos seguían comiendo opíparamente. Bockelszoon logró mantenerse en el poder a base de promesas y más promesas que, al mismo tiempo, se combinaban con un reino del terror si cabe aún mayor del conocido hasta entonces: dividió la ciudad en doce secciones (guetos); prohibió cualquier tipo de reunión aunque fuera tan sólo de unas pocas personas; y decapitó a todo aquél que osara criticar su mando. Las ejecuciones llegaron a ser diarias y los cuerpos con frecuencia se empalaban a modo de advertencia a las masas.

Pero la defensa de la ciudad se hizo cada vez más difícil con el paso de tiempo y, en un último intento, el rey Bockelszoon trató de incendiarla -con sus habitantes dentro- para despistar al ejército que la rodeaba y así poder escapar. Su plan fracasó y a finales de junio, tras un baño de sangre, Münster fue finalmente liberada gracias a que algunos de sus ciudadanos lograron señalar a los enemigos del régimen los puntos débiles por los que entrar. Bockelszoon, Knipperdollinck y su canciller Krechting fueron capturados, torturados y ejecutados. Sus cuerpos, a modo de advertencia, fueron colgados en jaulas de hierro en la torre de la iglesia de San Lamberto (Münster). Las jaulas aún siguen allí a día de hoy, cinco siglos después de aquel gran experimento comunista, quizá, como recordatorio de sus terribles frutos. Por desgracia, no se trata de ningún cuento de fantasía. La realidad suele superar a la ficción.

Es muy probable que Sánchez Gordillo no pretenda imitar con sus andanzas la infame experiencia sanguinaria del dictador Matthys y el rey Bockelszoon. Nada más lejos de mi intención comparar o asimilar a uno y otros. La paradoja de esta historia es otra bien distinta. A saber, que más allá de la anécdota que pueda suponer el asalto a un supermercado, un banco o una finca, la simbología cuasi inocente y divertida que para algunos desprende la marcha obrera de Gordillo esconde tras de sí un ideario, el comunista, que, llevado a la práctica, siempre acaba desembocando en un régimen de opresión, terror y pobreza generalizadas con independencia del personaje que la lidere y de sus buenas o malas intenciones. Así pues, el trasfondo que se oculta bajo el simpático Robin Hood español es todo, menos una broma.