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¿En qué consiste la expansión artificial del crédito?

Son enunciaciones simples pero ciertamente inexactas: ¿qué es una expansión artificial del crédito? ¿Y una natural? ¿Cuál es el nivel a partir del cual podemos estar seguros de que unos tipos son demasiado bajos: el 10, el 5, el 3, el 1,47%? Todo muy bonito, pero también muy inexacto. O al menos eso podría parecer de entrada: vamos a intentar demostrar que no es así.

Nuestro punto de partida debe ser la existencia de diferentes tipos de crédito a muy distintos plazos. Una persona puede prestar su capital a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestamista, entre prestar su capital a un día o a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso lo recuperará en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. La proposición podría parecer una obviedad, pero conviene que tengamos claras sus implicaciones: la persona que ha prestado a un día volverá a ejercer su influencia sobre el mercado (a la hora de decidir qué consumir, en qué invertir, o qué no consumir o en qué no invertir) y podrá utilizar ese capital para readaptarse a cambios imprevistos de su entorno en apenas 24 horas; en cambio, quien ha extendido crédito a 30 años renuncia a su capital y a su capacidad de influir en el mercado (traspasando esa capacidad al prestatario). Fijémonos, además, en que no es lo mismo prestar el capital durante 30 años que prestarlo a 24 horas durante cada uno de los días de los próximos 30 años: en el primer caso, el prestamista no recupera el capital hasta dentro de tres décadas, mientras que en el segundo lo recupera cada día y cada día decide si desea volverlo a prestar, pudiendo en tal caso adaptarse con rapidez a los cambios imprevistos y súbitos de su entorno (si, verbigracia, el negocio de su prestatario se deteriora y su riesgo de impago aumenta, puede escoger extender crédito a otra persona distinta). Como es lógico, pues, el ahorrador exigirá tipos de interés más altos para prestar a 30 años que para prestar a un día, dado que los inconvenientes son mucho mayores.

A su vez, una persona también puede demandar crédito a una semana, a 12 meses, a 10 años o a cualquier otro plazo. ¿Cuál es la diferencia, para el prestatario, entre pedir prestado su capital a un día o hacerlo a 30 años? Pues, básicamente, que en el primer caso estará obligado a devolverlo en un día y, en el segundo, al cabo de 30 años. De nuevo, por tautológica que parezca la proposición, conviene aclarar sus implicaciones: la persona que se ha endeudado a un día apenas tendrá tiempo para recuperar ese capital tras haberlo utilizado en el mercado; la persona que se ha endeudado a 30 años, en cambio, tendrá un amplio margen para devolver el capital que ha recibido prestado rentabilizándolo y ejerciendo su influencia en el mercado. Fijémonos en que no es lo mismo tener que devolver el dinero al cabo de 30 años que estar obligado a devolverlo cada uno de los días durante los próximos 30 años: en el primer caso, el deudor tiene cintura para absorber cambios imprevistos en su entorno, mientras que en el segundo no (si un día se queda sin amasar el capital, entrará en suspensión de pagos). En consecuencia, el prestatario estará dispuesto a abonar tipos de interés más altos por recibir un crédito a 30 años que por recibirlo a un día, pues las ventajas son mucho mayores.

La clarificación y la coincidencia del plazo de los préstamos facilita la coordinación entre ahorradores-prestamistas e inversores-prestatarios: ahorrar y prestar el capital a 30 años significa renunciar a consumir o invertir durante 30 años, justamente el plazo de que disfrutará el inversor que pide prestado el capital para, al cabo de 30 años, generar los suficientes bienes y servicios futuros con los que amortizar el crédito y los correspondientes intereses. En pocas palabras, el ahorrador le dice al inversor: "Dispones de 30 años para fabricar la riqueza que deberás entregarme a la finalización del préstamo", y el inversor actúa en consecuencia.

Sucede que, como hemos explicado, los tipos de interés por los créditos a largo plazo serán normalmente más elevados que los tipos de interés a corto plazo. En jerga financiera, a esta circunstancia se le conoce como curva normal de rendimientos: conforme aumenta el plazo de los préstamos, también se incrementa el tipo de interés necesario para que llegue a darse la transacción. Y aquí es donde comienzan las tentaciones problemáticas.

Si los tipos de interés a corto plazo son más bajos que los tipos de interés a largo plazo, ¿acaso no sale a cuenta tomar dinero prestado a corto plazo (pagando, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 2%) y prestarlo o invertirlo a largo plazo (recibiendo, por ejemplo, un tipo de interés anualizado del 8%)? Sin duda: se trata de una operación muy rentable, pero también muy peligrosa individual y socialmente. Desde un punto de vista individual, una persona que tenga que devolver cada día el capital que ha invertido y que no recuperará hasta dentro de 30 años, caerá casi seguro en suspensión de pagos. Desde un punto de vista social, si los prestamistas-ahorradores sólo renuncian a su capital durante un día (confiando en recuperar su capacidad de influencia sobre el mercado en apenas 24 horas), mientras que los prestatarios-inversores lo han inmovilizado por tres décadas (tardando 30 años en fabricar los bienes y servicios futuros necesarios para devolverles a los ahorradores su capital), es evidente que existirá una descoordinación entre unos y otros: los ahorradores habrán diseñado sus planes de actuación bajo la hipótesis de que recuperarán su capital en un día, mientras que los inversores lo habrán cristalizado durante 30 años.

Huelga decir que si los ahorradores fueran indiferentes entre recuperar su capital en un día o recuperarlo al cabo de 30 años, lo habrían prestado desde un comienzo a 30 años, pues los tipos de interés que hubiesen percibido habrían sido superiores. Además, también hay que tener presente que el problema de fondo no es que haya carestía de dinero, sino de bienes económicos: si los ahorradores desean recuperar su capital en un día para comprar comida y los inversores van a tardar 30 años en producir alimentos, los primeros se morirán de hambre por mucho dinero que imprimamos para permitir a los inversores devolver sus deudas a los ahorradores.

Llegados a este punto, ya estamos en posición de describir qué es eso de expandir el crédito o rebajar los tipos de interés de manera artificial. El crédito se expande artificialmente cuando se canaliza capital que debe devolverse a corto plazo hacia préstamos a largo plazo: no hay ahorro a largo plazo (predisposición del ahorrador a renunciar a su capital durante un largo período de tiempo) que financie los préstamos a largo plazo (la transferencia de un capital durante un largo período de tiempo). O, dicho de otra manera, los tipos de interés a largo plazo se reducirán de manera artificial no porque haya más ahorro a largo plazo, sino porque la oferta de fondos prestables a largo plazo se habrá incrementado a partir de la oferta de fondos prestables a corto plazo. Será esa distorsionada disminución de los tipos de interés y esa manipulada oferta de crédito a largo plazo lo que inducirá a los agentes económicos a sobreendeudarse y malinvertir a mucho mayor plazo del que los ahorradores están dispuestos a esperar, dando como resultado un primer período de prosperidad ficticia (crece el consumo y la inversión gracias a un crédito falsamente elevado) seguido de otro de depresión (colapso económico y financiero como consecuencia de las distorsiones acumuladas durante la prosperidad ficticia).

Los bancos son los agentes económicos que con más asiduidad recurren a este perjudicial descalce de plazos: las deudas de los bancos son depósitos a la vista (plazo de vencimiento a discreción del depositante) o a corto plazo, mientras que sus inversiones son créditos a muy largo plazo (hipotecas a 40 años, préstamos empresariales, créditos al consumo, etc.). Afortunadamente, en un mercado donde la moneda y la banca se desarrollan en libertad y sin privilegios gubernamentales, los bancos no tienen apenas margen para realizar esas peligrosas operaciones, pues tan pronto como sus acreedores dejaran de refinanciarles, caerían en suspensión de pagos. Desgraciadamente, en nuestro mercado ultraintervenido y ultraprivilegiado, una institución estatal llamada banco central tiene el monopolio de la emisión de papel moneda, lo que le permite proporcionar refinanciación barata a los bancos privados que descalzan plazos durante muy dilatados períodos de tiempo (hasta que el sobreendeudamiento y las malas inversiones sociales se saturen y colapsen) y prolongar de manera perversa la duración y devastación de los ciclos económicos.

Tributación efectiva media y marginal

La tributación sobre las empresas, en concreto el Impuesto sobre Sociedades, se basa en aplicar un tipo impositivo a la base imponible. Por tanto, para conocer el gravamen al que están sometidas las sociedades no sólo es necesario conocer el nivel al que se fija el tipo impositivo nominal, sino también la manera en la que se configura esa segunda variable que es la base imponible.

La determinación de la base imponible depende, a su vez, de los activos utilizados por la empresa y cómo se han financiado, es decir, de cómo se ordena la producción en la economía. Si atendiéramos a ciertas versiones muy reduccionistas del pensamiento neoclásico que conciben el capital como un fondo homogéneo, la imposición efectiva coincidiría con la indicada por el tipo nominal. Sin embargo, la economía real presenta más complejidades, tal y como expone la teoría austriaca del capital o de la producción desarrollada por Menger, Hayek, Lachmann o Lewin –por citar unos pocos-, que describen la estructura productiva y los procesos de producción como actividades conjuntas, en las que los planes empresariales tratan de combinar diferentes bienes de capital heterogéneos, específicos y complementarios.

Son esas combinaciones concretas de factores productivos -como el capital humano, maquinarias, naves industriales, la investigación y el desarrollo, los activos intangibles como el fondo de comercio, los bienes de transporte, existencias, etc.- y el modo en que éstos influyen en la base imponible –a través de su capacidad para reducirla al ser deducibles en mayor o menor grado- lo que, junto con el tipo impositivo, determinará la tributación efectiva.

Es por eso que las empresas no tributan todas igual. Una sociedad soportará una imposición efectiva diferente a otra dependiendo del tipo de activos que tiene instalados –incluido su dimensión- o la estructura financiera que presente en su balance.

En cierta literatura económica que viene desarrollándose desde los años sesenta y que se remonta a los trabajos iniciales de Arnold Harberger, o posteriores de Auerbach, Fullerton o Devereux, se ha tratado de medir –y entender- esta imposición efectiva que soporta una empresa dependiendo de sus activos ya instalados a través del denominado tipo impositivo efectivo (TIE) medio.

El TIE medio el porcentaje total que absorbe el Estado de los resultados de la actividad empresarial. Es la proporción del valor presente del beneficio antes de impuestos que se lleva el Estado. Este indicador suele servir a las empresas –sobre todo las que realizan inversiones en diferentes jurisdicciones- para decidir la localización de sus actividades al calcular el valor presente de los flujos de caja después de impuestos.

Pero no sólo la estructura del activo y del pasivo actual es importante para conocer la distorsión que sobre la actividad empresarial pueden tener los impuestos sobre sociedades. También la imposición efectiva es diferente cuando la empresa realiza nuevas inversiones. Hay distintos tipos impositivos efectivos según qué inversiones se acometan, tanto al tipo de activos –plazos y riesgos-, financiación –cuantía, coste y plazos-.

Se realizará una inversión si la ganancia que vaya a obtenerse cubra el coste del capital empleado o el coste de oportunidad. Dado que el Impuesto sobre Sociedades incrementa dicho coste del capital, habrá proyectos de inversión que no lleguen a realizarse o que si se realizan devenguen menores ganancias que las que podrían haber conseguido. Este desincentivo a la inversión causada por la fiscalidad empresarial suele medirse a través del denominado TIE marginal. La imposición efectiva marginal es determinante a la hora de decidir el volumen o intensidad de las inversiones, puesto que trata de medir el incremento porcentual del coste de capital de una inversión debido al Impuesto sobre Sociedades.

Por ejemplo, la eliminación de la libertad de amortización sin condiciones del Gobierno -o simplemente que las amortizaciones fiscales permitidas para cada bien sean menores que las económicas- ha incrementado el TIE marginal de las inversiones en nuevos activos. Dado que estas inversiones soportan una tributación mayor, puede que no sean tan intensamente acometidas, lo que supondrá modificar –reducir- el valor de los activos en cuestión.

Además, dependiendo del ritmo de reposición de activos de la empresa, las ventajas o desventajas fiscales a la hora de la amortización –acelerada, libre o a una tasa fiscal superior o inferior a la económica- modificará la tributación efectiva media –la que soportan los activos ya instalados- y la marginal. En el ejemplo anterior, si se limita la libertad de amortización se incrementa la imposición marginal en los proyectos de inversión nuevos que requieran de la adquisición de nuevos activos, pero también se elevará el TIE medio de la empresa dado que sus activos ya instalados suelen ser más nuevos –al haber mayor reposición- con una peor amortización fiscal.

Otro ejemplo podría ser las empresas que decidan emprender proyectos con un alto contenido en I+D o capital tecnológico. Estos proyectos más arriesgados tenderán a financiarse con recursos propios o reservas de la empresa. El diferente trato fiscal de gastos financieros o intereses –que suelen ser deducibles en alguna proporción- y las acciones. Esto tenderá a incrementar el TIE marginal y el medio dependiendo del tiempo que duren estos proyectos. 

En resumen, elevar la imposición efectiva media (TIE medio) a través de, por ejemplo, la eliminación de la libertad de amortización que soportan las combinaciones de activos ya instalados en las empresas, afecta a los recursos generados por las mismas y, de nuevo, a las decisiones marginales de inversión. Si encima se eleva el TIE marginal a través de la limitación de otras deducciones -como los gastos financieros o los fondos de comercio, como ha hecho el actual Gobierno-, se penalizan las nuevas inversiones y, en consecuencia, la productividad y competitividad de la economía.

El grave error económico de las subidas de impuestos

El tiempo cuenta en economía y mucho. Pasan los semestres, transcurren los años y cambian los gobiernos pero, sin embargo, seguimos observando la disminución de la competitividad europea respecto de las áreas económicas emergentes y, en estos últimos trimestres, la inmersión de la economía europea en una recesión económica que requiere que se tomen decisiones ajustadas a los principios del crecimiento económico, lo que sólo veremos si se imponen las tesis de verdaderos estadistas, con conocimientos profundos de economía y con visión estratégica a largo plazo.

España y Europa necesitan un cambio cultural para salir de la crisis del Estado del bienestar y retomar la senda del crecimiento, lo que requiere que arraiguen los conceptos económicos acertados entre la población en general y, especialmente, entre las autoridades para que aprecien y busquen de un modo consistente (y no coactivo) las bases institucionales que liberan el funcionamiento real del mercado, entendido como el proceso empresarial de creatividad y coordinación dinámicamente eficiente (1).

Quiero señalar nuevamente la extraordinaria importancia que tiene el ahorro privado previo (o la acumulación de capital) para el funcionamiento microeconómico de la estructura productiva del capital y, por ello, explicar de modo detallado el grave perjuicio económico que suponen la subidas de impuestos que preconizan socialistas e intervencionistas.

Sin embargo, permítanme que introduzca algunos conceptos económicos antes de comentar el efecto de la elevación de la presión fiscal sobre la función empresarial y la eficiencia dinámica. 

1. Teoría de la función empresarial 

Empleando las ideas de Hayek y Kirzner, el catedrático Jesús Huerta de Soto (2) define la función empresarial como la capacidad del ser humano para darse cuenta de las oportunidades de ganancia subjetiva que surgen en el entorno, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas, y generando así un proceso inagotable de creatividad y coordinación de desajustes previos que constituye el corazón del orden espontáneo del mercado. 

2. Eficiencia dinámica y función empresarial 

La eficiencia estática es la buena gestión de los recursos disponibles que son conocidos o dados de antemano y no cambian. Se corresponde con la visión propia de la economía neoclásica y, en particular, de la economía del bienestar.

Sin embargo, la eficiencia dinámica abarca también la búsqueda del incremento de los recursos disponibles por medio de la empresarialidad y del comercio de nuevos bienes y servicios en el mercado. Está visión es la propia del liberalismo en general y, de modo especial, de la escuela austriaca de economía.

La eficiencia dinámica es el proceso social de creación y coordinación que es propio del orden espontáneo que denominamos mercado (o intercambio de bienes y servicios entre millones de personas) y que se produce como consecuencia de la asunción de riesgos e incertidumbre por parte de los emprendedores en un proceso constante de búsqueda de mayor creatividad y de mejor coordinación empresarial para competir y obtener mayores recursos.

Tal y como indica acertadamente Jesús Huerta de Soto en un trabajo publicado en el número de marzo-abril 2012 de la revista ICE (3): "el criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al concepto de función empresarial…su elaboración nunca puede efectuarse en un vacío institucional o, dicho de otra manera, que el análisis teórico de la eficiencia dinámica es inseparable del estudio del marco institucional en el que se llevan a cabo los comportamientos empresariales".

3. Marco institucional y función empresarial

Hago mías esas palabras porque mi propia línea de investigación trata del análisis del marco institucional que impulsa las mejores condiciones para el desarrollo de la función empresarial y, por tanto, de la eficiencia dinámica en economía.

Entre otros aspectos institucionales, he analizado las características básicas de una constitución económica (o conjunto de artículos que limiten el intervencionismo político) y la necesidad de realizar una drástica reducción del gasto público como única vía para evitar la recesión.

El marco institucional es esencial para el ejercicio de la función empresarial y de ahí que a muchos liberales nos preocupen muy seriamente la protección de la propiedad privada y de la libertad de empresa, la independencia del poder judicial, la elección de los jueces, la aplicación del artículo 155 CE o la adecuada organización territorial de España.

Como voy a explicar a continuación, también nos preocupan las subidas de impuestos en España porque lastran la función empresarial y perjudican la eficiencia dinámica de la economía del país.

4. Estructura productiva del capital y función empresarial

Anteriormente observamos la estructura productiva del capital por medio del gráfico de los círculos concéntricos de Böhm-Bawerk (4) para visualizar como el factor tiempo es determinante en la producción de los bienes económicos más complejos, porque necesitaban más recursos para ser producidos cuanto mayor es su grado de sofisticación.

Sin embargo, al objeto de mejorar el análisis del proceso de producción de una economía de mercado, me permito introducir en este artículo un gráfico de serie de fechas que, también, representa las etapas de producción sucesivas y alejadas de un modo que entiendo permite visualizar mejor la variable tiempo y la acumulación de recursos que requieren los bienes de órdenes superiores y, además, creo que representa mejor la necesidad creciente de ahorro privado previo; que se precisan para evolucionar institucionalmente desde las economías de subsistencia hacia la producción de bienes y servicios cada vez más sofisticados que es propia de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente avanzadas:

Para la producción de bienes de órdenes cada vez más superiores no sólo se precisa de más tiempo sino que, además, se requieren: 1) incremento del periodo medio de producción, 2) mayor sofisticación tecnológica, 3) más valor añadido incorporado al producto, 4) más investigación, desarrollo e innovación previos, 5) más necesidad de recursos humanos cualificados, 6) mayor inversión para producir el producto.

Por ello, son imprescindibles para lograr un crecimiento económico sano en las economías desarrolladas tanto la acumulación del capital previo como la investigación, el desarrollo y la innovación, para el adecuado impulso por los empresarios de la inversión en productos y servicios de alto valor añadido. Todos estos requisitos se pueden integrar con la necesidad de un mayor ahorro privado previo para la realización de los bienes de órdenes cada vez más superiores.

De hecho, interpretando correctamente el gráfico de serie de flechas, a medida que los países se van desarrollando, las flechas posteriores se ensanchan y alargan y las flechas anteriores se contraen y acortan al producirse un incremento de la producción de bienes que incorporan más I+D+i, más recursos humanos cualificados y, en definitiva, mayores necesidades de ahorro privado previo para abordar la inversión productiva.

Es decir, el incremento del periodo medio de producción de un bien de orden superior supone una mayor necesidad de ahorro privado previo por parte del emprendedor para abordar la inversión que permite obtenerlo, en donde también se deben incluir las necesidades de aplicación de recursos humanos más cualificados y de investigación, desarrollo e innovación.

Podemos concluir que, cuanto más "alargado" en el tiempo es el proceso de creatividad y coordinación que realiza la función empresarial, también es más "intensivo" en capital y requiere de un mayor ahorro privado previo para ser abordado empresarialmente.

5. ¿Cómo las subidas de impuestos perjudican el crecimiento económico?

Como consecuencia del anterior razonamiento microeconómico, la eficiencia dinámica que se logra con el ejercicio libre de la función empresarial requiere un marco institucional de mínima coacción por parte de los Gobiernos (justo lo opuesto al intervencionismo y socialismo) para que políticos y funcionarios no dificulten la actividad empresarial y la libre aprehensión de los resultados de la actividad creadora y coordinadora; dentro de un Estado de Derecho que garantice la triple seguridad: exterior (militares), interior (cuerpos de seguridad) y jurídica (tribunales de justicia).

Cada vez que un Gobierno sube los impuestos, se está disminuyendo la capacidad de ahorro privado de los agentes económicos y se está mermando tanto su capacidad de consumir como su capacidad de emprender y ejercer la función empresarial.

Como las subidas de impuestos reducen el ahorro privado previo, justo disminuyen las inversiones productivas que son más intensivas en capital y están más alejadas en el tiempo. Es decir, las subidas de impuestos disminuyen la función empresarial y la eficiencia dinámica del mercado aplicada sobre los bienes de órdenes superiores que caracterizan el crecimiento económico de las sociedades desarrolladas y tecnológicamente más avanzadas.

Este razonamiento explica porque la reducción del gasto público es la única vía para evitar la recesión. Por ello, no debe de extrañarnos que España haya entrado en una severa recesión económica, porque nuestros políticos optan erróneamente por realizar el ajuste fiscal de los presupuestos generales del Estado, subiendo los impuestos en lugar de reduciendo el gasto público y en donde todavía existe un amplio margen mediante: 1) la eliminación de subvenciones y partidas presupuestarias "ociosas", 2) la eliminación de entidades, empresas y fundaciones públicas, 3) la reducción del gasto del Estado (especialmente en autonomías y entidades locales donde no parecen llegar los recortes drásticos en el gasto) y, 4) las reformas estructurales que aumenten la competitividad internacional.

Si los consejeros del Ministro de Hacienda no atienden a razones y prescinden de considerar válidas las conclusiones de la curva de Laffer, luego que no se extrañen nuestras autoridades cuando la recaudación fiscal disminuya debido al aumento de la presión fiscal en una fase de recesión económica y perjudicando las posibilidades de consumo y empresarialidad de España.

Las subidas de impuestos podrán cuadrar las cuentas públicas a nivel macroeconómico para que el déficit público cumpla con el 6,3% del PIB acordado por España con la Comisión Europea. Pero, sin embargo, el aumento en la presión fiscal destroza el crecimiento económico a corto, medio y largo plazo al socavar el ahorro privado previo que es necesario para el consumo de la población y para las inversiones de los emprendedores, especialmente, en los bienes de órdenes superiores que suelen exportar las economías avanzadas.

Nuevamente, hay que reclamar sensatez a las autoridades o, al menos, que se asesoren por economistas que sepan identificar correctamente las relaciones causales del crecimiento económico y no sólo por intervencionistas que ahogan el presupuesto de las familias, impiden el ejercicio de la empresarialidad y destruyen el tejido económico e industrial del país con las subidas de impuestos.

Es una lástima pero, pudiendo hacerlo bien, nuestras autoridades están optando por las estrategias intervencionistas que ofrecen recetas económicas equivocadas, con un deficiente ajuste del gasto público que no llega a las autonomías y las entidades locales y, especialmente, con sucesivos aumentos de la presión fiscal para cuadrar las cuentas públicas a nivel macro a costa de dilapidar el ahorro privado que es el responsable, en el nivel micro, del crecimiento económico.

Obviamente, si el Gobierno de España no logra implementar un rescate interno, tendrá que solicitar un rescate externo con condiciones "estrictas", básicamente centradas en la devolución de los préstamos, y no siempre beneficiosas para el crecimiento económico si se optase por asaetear con más impuestos al sufrido contribuyente, disminuyendo el consumo, la función empresarial y la eficiencia dinámica en el país.

LEER MÁS


(1) (Huerta de Soto, 2010: p. 78). Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, 4ª edición, Unión Editorial, Madrid.

(2) (Huerta de Soto, 2012: p. 57). "La esencia de la Escuela Austriaca y su Concepto de Eficiencia Dinámica", Nuevas Corrientes de Pensamiento Económico, Marzo-Abril 2012, Nº 865, Revista ICE, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid. 

(3) (Huerta de Soto, 2012: p. 68).

(4) (Böhm-Bawerk, 1930 [1889]: p. 148). The Positive Theory of Capital, G.E. Stechert, New York.

No sólo es cuestión de deuda

…también tiene que ver con una compleja estructura regulatoria y fiscal que lastra la productividad, la apertura de empresas, la creación de empleo, la atracción de capital foráneo y, en definitiva, la capacidad de la economía nacional para crecer con fuerza. No en vano el crédito de que goza cualquier agente a la hora de devolver sus deudas depende tanto de lo que debe como de la posibilidad que tenga de generar ingresos suficientes para atender los pagos.

España está aún en pleno proceso de ajuste para depurar los excesos del pasado. Tras casi cinco años de crisis, el sector privado, pese a los obstáculos impuestos por el Estado, está haciendo bien sus deberes. Las familias y las empresas se han apretado el cinturón y están logrando reducir su abultado apalancamiento a costa de duros sacrificios. La liquidación de sectores no rentables, como el inmobiliario y el de la construcción, ha terminado por tumbar a gran parte del sistema financiero, como era previsible hace ya tiempo, pero al menos ahora se reconoce que ese sector tiene un agudo problema de solvencia. El actual Ejecutivo ha optado erróneamente por nacionalizar las entidades inviables con ayuda de la UE a través de un rescate financiero por importe de hasta 100.000 millones de euros; en lugar de sanear el sistema imponiendo pérdidas a accionistas y acreedores de la banca, la factura la ha cargado a los contribuyentes

La vía emprendida agravará aún más el estado de las cuentas públicas y, por tanto, dificultará el urgente y drástico adelgazamiento de la estructura estatal. Este último punto, englobado también en el ámbito de la deuda, está todavía lejos de resolverse, sobre todo si se tiene en cuenta que la vía adoptada por el PP, la subida de impuestos, es del todo ineficaz y contraproducente. Pero incluso en el caso hipotético de que llegara a culminarse, España tendría aún por delante un reto adicional de grandes dimensiones. Y es que, una vez pasada la resaca, ¿cómo volver a crecer para recolocar a los casi seis millones de parados que se registrarán en 2013? Es decir, ¿cómo crear nueva riqueza y empleo? Hoy por hoy, carecemos de las bases necesarias para tal tarea, por tres motivos fundamentales: ausencia de libertad económica, dificultad para hacer negocios y elevada fiscalidad.

Así, en el último índice de libertad económica del prestigioso Fraser Institute, España ocupa el puesto 54 de un total de 141 países analizados, lejos de casi todos los grandes de la UE. Ocupa la posición 94 en tamaño del sector público, la 42 en seguridad jurídica y derechos de propiedad, y la 101 en regulaciones –ámbitos laboral, empresarial y crediticio–. Por otro lado, en el informe Doing Business 2012 del Banco Mundial ocupamos el puesto 44 en facilidad para hacer negocios, a la altura de Ruanda y Túnez. Si esto es ya de por sí negativo, observar algunos subíndices. Un ejemplo: ocupamos la posición 133 (de un total de 183) en facilidades para abrir una empresa. Si a todo ello se le suma el hecho de que padecemos uno de los niveles impositivos más altos de Europa y de la OCDE, resulta evidente que no existen excesivos motivos para el optimismo. La tarea es, simplemente, ingente, y por el momento no hay visos de que el Gobierno –al igual que sucede en lo relacionado con el ajuste del sector público– esté dispuesto a corregir tales deficiencias.

Sánchez Gordillo y la justificación del robo

A estas alturas de la película ya es notorio el lamentable suceso del asalto al supermercado de Mercadona protagonizado por un grupo de unos 30 miembros del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores), liderado por el ya célebre Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y parlamentario de la Junta de Andalucía.

El acontecimiento ha tenido una repercusión absoluta tanto en la sociedad como en los medios españoles. Lo cual ha servido para mostrarnos las numerosas justificaciones del robo perpetrado por los secuaces de este aprendiz de bandolero, así como la espeluznante cantidad de personas que apoyan las acciones de este personaje. Así nos va…

El robo es un hecho que ha repugnado a todos los seres humanos de todas las civilizaciones y de todos los tiempos. Todo el mundo sabe y tiene claro lo que es un robo. Tanto es así que estos sindicalistas delincuentes han tenido que ser de lo más creativos para intentar convencernos de que no ha sido así. Evidentemente sin éxito, al menos en mi caso. Me propongo comentar alguna de estas justificaciones.

"Esto no es un robo, es una expropiación forzosa"

Muy bien, empecemos por definir robo: sustracción de bienes de una persona sin el consentimiento de ésta. Es un concepto sencillito, una definición muy fácil de entender, incluso para un sindicalista. Sigamos con un razonamiento trivial: ¿De quién eran los alimentos? De Mercadona. ¿Quería Mercadona que estas personas se llevasen sus bienes sin pagarlos? De ninguna manera. Ergo, es un robo claro y fragrante. Fácil, ¿verdad?

Es tan bochornosamente evidente, que ha sido necesario revestirlo lingüísticamente para ver si de esta manera acaba pareciendo algo que no es. Lo han llamado "expropiación forzosa". Bonito eufemismo.

Veamos. Expropiación es el término que utiliza el Estado cuando roba….por el bien común. Es decir, expropiar también es robar… aunque legalmente, eso sí. Lo que han intentado los del SAT es darle una justificación social y legal a su robo.

Hay, sin embargo, una gran diferencia: una expropiación se lleva a cabo por la Administración, que al menos ha sido elegida democrática y mayoritariamente. Por definición, un sindicalista bandolero no puede expropiar nada. Ni es representante de nadie ni ha sido elegido por nadie para llevar a cabo estas funciones. No puede tomarse la justicia por su cuenta, cual asaltador de caminos.

Y es que un robo es un robo, y no puede ser otra cosa por mucho que se intente estrangular el lenguaje.

"no es un asalto porque no iban encapuchados"

En fin, lo que hay que oír. ¿Desde cuándo hay que ir encapuchado para efectuar un robo o un asalto? ¿Acaso la sustracción de bienes sin capucha no se considera un robo? Creo que estos señores han visto muchas películas norteamericanas de terroristas y atracadores de bancos del siglo pasado.

De hecho, en la actualidad la mayoría de robos se efectúan a cara descubierta, porque los delincuentes intentan que la víctima no esté presente (o que no se dé cuenta) para evitar episodios de violencia.

Uno tiene la tentación de preguntarle a los lumbreras del SAT: ¿Los carteristas roban? ¿Los saqueadores de casas de veraneo roban?

Lo que está meridianamente claro es que estos sindicalistas llevaron un asalto en toda regla: acometieron repentinamente por sorpresa y con premeditación un supermercado con la intención de robar bienes. Y además con violencia.

"no es delito porque lo hacemos para llevar comida al pueblo".

Toma ya. Son los elegidos, poco menos. La verdad es que los elegidos cada vez tienen menos nivel intelectual… Fuera bromas, esta justificación es verdaderamente bochornosa si se asegura respetar la democracia y el Estado de Derecho.

Afortunadamente, no hay ninguna necesidad social de que estos señores roben y cometan delitos para llevar comida a nadie. No cabe esgrimir la figura del hurto famélico para vulnerar un derecho ajeno. La sociedad tiene suficientes mecanismos públicos y privados para abastecer de comida a quienes realmente lo necesitan. Mecanismos muchos más eficaces, pacíficos y de infinitamente mayor alcance que los de un bandolero cualquiera acompañado de secuaces que rozan el analfabetismo más profundo.

Sin ir más lejos, las grandes superficies como Mercadona donan una cantidad enorme de comida a los bancos de alimentos y a numerosas ONGs. Y lo hacen de forma regular y sin presumir vulgar y chabacanamente de ello. Afortunadamente el Banco de Alimentos de Andalucía rechazó el botín de estos aprendices de piratas, explicando que solamente acepta donaciones legales. Es lo correcto en un país serio, democrático y civilizado.

Y es que, desde el punto de visto utilitarista (o social si se prefiere) ninguna sociedad puede sobrevivir o prosperar si cada uno de sus integrantes puede tomarse la justicia por su cuenta.

Si la ley no rige a todos por igual, si no existe el llamado Imperio de la Ley, entonces el progreso económico y social es imposible. Esto es debido a la incertidumbre social que generaría la consecuente inseguridad jurídica. Efectivamente, si todos pudiéramos sacar las cosas de los negocios "de manera simbólica" y quedar impunes, sería difícil ver un negocio abierto.

Lo sorprendente es que a este bandolero tempranillo, (que parece que en cualquier momento vaya a arrancarse a bailar el Chiquilicuatre) se le llena la boca de democracia y justicia cada vez que la abre, pero en la práctica no las respeta en absoluto. Algo que tampoco debiera extrañarnos si somos conscientes de la ideología que profesa: el comunismo.

Dicho lo anterior, hay que dejar claro desde una perspectiva iusnaturalista, que nada puede justificar la violación/abolición/robo de la vida y las propiedades de los individuos. NADA. La propiedad privada es (o debiera ser) un derecho inalienable. Es el principal derecho humano a partir de cual pueden emanar otros. Sencillamente, o existe la propiedad privada o existe la barbarie. 

 "Mercadona también roba y tiene mucho dinero"

La vieja cantinela comunista de que quien tiene dinero es porque se lo quita al pobre. La falacia de que la economía es un juego de suma cero, es decir, la riqueza no se puede crear, está dada, y esto hace que la ganancia de un jugador sea necesariamente la pérdida de otro jugador.

Pero, queridos sindicalistas, la economía no es el póker. En una economía capitalista se aprovechan mejor los recursos para producir más y mejor. Estos incrementos de productividad constantes hacen que el pastel se va haciendo más grande. Al contrario de lo que sucede en una economía intervenida/comunista, en donde lo constante es la destrucción de riqueza, y el pastel es cada vez más pequeño.

Para sorpresa de nuestros bandoleros, hay personas y empresas que crean valor en la sociedad. Una de las que más valor y riqueza crean es precisamente Mercadona, aportando entre otras cosas, productos con una calidad-precio prácticamente insuperable (por el momento, claro está, porque el mercado es dinámico).

Nadie obliga a los consumidores a comprar en Mercadona. Si lo hacen, es porque esta empresa pone a su disposición productos y servicios que realmente satisfacen sus necesidades. Los beneficios que las empresas obtienen a final de año son proporcionales a las necesidades que consiguen cubrir en la sociedad. En el caso de Mercadona sus beneficios son merecidamente altísimos. Consiguen hacer llegar a los ciudadanos comida cada vez más barata y de más calidad. ¡Eso sí que es llevar comida al pueblo!

En este sentido, no hay nada más democrático que los beneficios de empresas como Mercadona o Zara (o Microsoft o Apple).

¿Aceptarían nuestros sindicalistas renunciar a todas sus subvenciones y pasar a financiarse mediante las cuotas de sus afiliados y donaciones privadas? De esta manera observaríamos el apoyo REAL que tienen… Supongo que el mero hecho de plantear esta cuestión me convierte en un facha-cerdo-capitalista-explotador ante sus ojos…

"los banqueros y los políticos también roban, y más que nosotros"

Una justificación de verdaderos caraduras totalitarios. ¿Que haya delincuentes justifica que yo también robe y delinca? Desde luego, que gran profundidad de pensamiento social que nos obsequian estos sindicalistas.

Creo que no soy sospechoso de no denunciar el trato desigual y de favor que recibe la banca. En otra ocasión he defendido que los bancos no deberían ser rescatados ni recibir ninguna ayuda estatal. Pero eso no justifica que yo asalte sucursales bancarias con unos cuantos amiguetes y robe todo el dinero disponible para dárselo a los afectados por las preferentes. O que asalte el Banco Central Europeo para destruir todas las imprentas que tienen para crear nuevo dinero de curso legal.

Personalmente me indigna que en muchos lugares de África no haya suficientes escuelas para los niños por falta de medios económicos y materiales. ¿Debo entonces irrumpir en oficinas de CCOO, de UGT o del SAT y empezar a robar ordenadores, mesas y sillas para llevárselas a los niños de África para que puedan disponer de ese inmobiliario en sus colegios?

Seguro que no. Sería una burda justificación de un delito. De igual manera, saquear un supermercado para "llevarlo al pueblo" no es más que tratar de encubrir delincuencia con la demagogia más barata, analfabeta y rancia.

"es un acto de desobediencia civil"

Otra floritura lingüística para justificar el robo. Muy utilizada, por cierto. Aunque creo que no saben qué significa el término.

Desobediencia civil es el acto de no cumplir una norma (jurídica) que se tiene la obligación de cumplir. ¿A qué ley o norma se están oponiendo estos salvapatrias? A ninguna. Simplemente se están tomando la justicia por su cuenta. Y eso, desde luego no es desobediencia civil.

La realidad es que estos señores sólo defienden la desobediencia civil siempre que no sea contra leyes que ellos apoyan.

Gaspar Llamazares, que está cortado por el mismo patrón que nuestro alegre bandolero, afirmó: "yo niego que lo del SAT sea un robo, porque se ha hecho a cara descubierta. Es un acto de desobediencia civil y yo defiendo eso en un Estado democrático". Sin embargo, no opinaba lo mismo cuando afirmó que la Iglesia española se situaba "fuera de la democracia, en la desobediencia y desacato a leyes aprobadas" por no apoyar el matrimonio homosexual.

Eso, señor mío, se llama totalitarismo.

Para terminar, el verdadero problema de España no es el económico, sino el de valores. Por ejemplo, mientras haya una enorme cantidad de personas que no condene delitos como el perpetrado por los integrantes del SAT, España no tiene remedio ni futuro. Una sociedad que no defiende la propiedad privada no puede prosperar.

Y es que si se admiten estas justificaciones que hemos comentado, se puede llegar a cometer cualquier atrocidad, como han llevado a cabo los totalitarismos en el siglo XX. Tampoco es de extrañar que la ideología de Sánchez Gordillo sea una de ellas: la comunista.

Subvencionar la pobreza

Una vez más, el Estado Benefactor ha actuado por el bien común manteniendo la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración; una vez más, el consenso político ha optado por subvencionar la inactividad en lugar de permitir que la sociedad cree riqueza.

Las consecuencias para la economía real son nefastas y el riesgo moral evidente, ¿para qué trabajar cuando se puede vivir de las subvenciones que ofrece el Estado? En España recibir 400 euros por tu trabajo es ilegal pero se convierte en un derecho si se recibe, por lo contrario, por no trabajar.

Los costes que acumula el puesto de cada trabajador desde su posible indemnización por despido hasta las ayudas sociales que reparte el Estado pasando por las cotizaciones que pagan los empresarios se descuentan del salario de cada trabajador. Los bajos sueldos y las altas tasas de desempleo que suelen atribuirse a la maldad del empresario constituyen en realidad la nefasta consecuencia que conlleva la rigidez de un sistema laboral hiperregulado. De igual modo al subvencionar a los parados se desincentiva a los trabajadores a quienes resulta más rentable no trabajar y percibir las "ayudas" provistas por el Estado antes que ponerse a trabajar.

Incrementando el número de gente que depende del Estado para vivir se ahonda también en la trampa democrática en la que los propios votantes son receptores de rentas públicas y, elección tras elección, votarán a favor del mantenimiento de todo tipo de subsidios con los que consiguen sobrevivir. La lógica errada de la planificación económica a través de subvenciones y ayudas está encaminada a subsanar la necesidad urgente de la gente que lo necesita para no dejar a nadie atrás pero lejos de conseguir ese objetivo tan sólo consigue perpetuar esas mismas situaciones de pobreza que debería erradicar.

Lejos de ayudar a los que más lo necesitan para que algún día dejen de necesitarlo se entra en una espiral en la que subvencionar la pobreza solo consigue perpetuar la miseria. Y, entre tanto, los políticos que administran el reparto de las ayudas se aseguran el amor, y lo que para ellos es más importante, el voto del pueblo al que alimentan.

Sánchez Gordillo, algo más que una anécdota

En efecto, el país heleno se ha convertido a largo de los últimos meses en un icono para la ultra-izquierda mundial. Manifestaciones violentas, ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad, proclamas anticapalistas… han sido la nota caracterizadora de la otrora cuna de la civilización. Desde España había muchos sectores que anhelaban mimetizarse en ciudadanos (alborotadores) griegos ya que estos luchaban contra Merkel, Estados Unidos, el capitalismo, las políticas económicas liberales…, todo ese conjunto de "causas justas" a las que el buenismo ha elevado a categoría de valores universales.

Igualmente, desde hace un tiempo, Sánchez Gordillo se había convertido en un referente para la izquierda. En pocos meses pasó de ser un gran desconocido a protagonizar noticias, reportajes… en los que se nos vendía Marinaleda como el paraíso. Así, dotado de esta bula, el alcalde pasó a la acción y dirigió el asalto a varios supermercados con la excusa de dar la comida a familias necesitadas. Una suerte de Robin Hood del siglo XXI.

Sin embargo, las cosas no son así, ni se hacen así. En España existe un Estado de Derecho, mal que les pese a quienes desearían suplirlo por formas dictatoriales encubiertas bajo etiquetas, también muy de moda en los últimos tiempos, como "democracia participativa". Esta forma de obrar añora lo que acontece en Venezuela (y Cuba, naturalmente) y rinde reverencias a personajes siniestros como el Che Guevara. De todo ello es prototipo Sánchez Gordillo.

Tras el robo y consiguientes los titulares en la prensa, han llegado las argumentaciones por parte del protagonista. Demagogia y retórica se mezclan a partes iguales en las mismas. Que si quien roba son los bancos, que si quienes saquean son los ricos…nada que no se conozca. Posteriormente ha asegurado que renunciará a ser aforado y que si entra en la cárcel "será un honor".

Como puede apreciarse, una gran labor de marketing verbal. En el siglo XXI los gestos y las imágenes lo son todo. Además, estamos en verano, se han terminado los Juegos Olímpicos y la liga de fútbol no ha empezado aún, con lo cual, siempre hay un espacio para que los personajes políticos, aunque sean cargos públicos, den la nota.

Tampoco es de extrañar quién han dado muestras de apoyo a este "saqueador justiciero", destacando Amaiaur, grupo político que, siendo suaves, no condena la violencia ni los asesinatos de ETA. Su portavoz en el Congreso, Xavier Mikel Errekondo (quien en su día no tuvo problemas para enfundarse la camiseta de la nación que tanto abomina y por tanto, disfrutar de los beneficios asociados a la internacionalidad, dejando en segundo lugar sus creencias políticas, aquellas que le dicen todas las noches que Euskal Herria es un pueblo oprimido y colonizado por los españoles), definía a través de twitter la acción del andaluz como "una acción de solidaridad contra el hambre y por la dignidad". Hombre, ya sabemos que la izquierda radical abertzale desnaturaliza con facilidad, hasta volverlos vacuos, los conceptos (especialmente, cuando habla de "paz" en Euskadi).

Obrando así, el ex balonmanista y su partido, correspondían a la solidaridad que en su día Sánchez Gordillo mostró hacia los presos etarras, algunos de los cuales ahora se han apuntado a la moda de la huelga de hambre, aunque a su manera, queriendo pasar de victimarios a víctimas, con Otegui a la cabeza. El chantaje a la democracia forma parte del ADN de ETA.

Finalmente, la labor altruista de dar de comer a los pobres y desfavorecidos la acometen a diario un buen número de organizaciones religiosas sin que por ello reciban el respeto, la solidaridad y mucho menos el protagonismo que cotidianamente logra Sánchez Gordillo. Por el contrario, aquéllas suelen obtener a cambio de su labor desinteresada los insultos y las descalificaciones de los amigos de la democracia participativa.

La decadencia de Europa

Les misérables, así se titula un reciente análisis que publica The Economist sobre la decadencia del Viejo Continente. La razón por la que no hay crecimiento, argumentan, se debe al fracaso crónico de fomentar a emprendedores ambiciosos.

En contraste con la estadounidense, la cultura europea es poco favorable a la creación de grandes empresas y sus directivos tienen mucha aversión al riesgo. Cuando sus empresas fracasan, lo tienen muy difícil para empezar de nuevo. Una empresa fallida en Europa significa una mancha duradera, un estigma moral. En Estados Unidos hay bastante tolerancia al fracaso, mas en muchos rincones de Europa no existe una segunda oportunidad.

Algunos países europeos mantienen a emprendedores que han fracasado en el limbo durante años. El Reino Unido se descarga de la quiebra de sus deudas pasados 12 meses, más que en Estados Unidos. En Alemania, donde incluso quienes quiebran pueden afrontar una prohibición de por vida en altos cargos ejecutivos de grandes empresas, la gente tarda 6 años en conseguir un nuevo comienzo, y hasta 9 años en Francia.

Para ilustrar las diferencias con el resto del mundo, datos de 2010 muestran que los emprendedores con poca experiencia representan un 2% en Italia, poco más de un 4% en Alemania y casi un 6% en Francia de la población adulta. En Estados Unidos la cifra es del 7,6%. Otros países más emprendedores todavía son China y Brasil, con un 14% y 17%, respectivamente. También los europeos se muestran más negativos que sus semejantes norteamericanos, canadienses o brasileños cuando se les pregunta sobre su país como lugar para emprender.

Europa está llena de pequeños negocios. El problema real está en su falta de capacidad para producir suficientes empresas innovadoras que crezcan con rapidez y se hagan grandes. Por ejemplo, un estudio de 1990 explicaba que el 19% de las PYMES americanas crecían muy rápidamente, mientras que la media de seis países europeos era del 4%.

Así, mientras en Silicon Valley nacen multitud de empresas exitosas, como Amazon, Ebay o Google, aquí éstas se encuentran en menor medida. España, donde alrededor del 80% de trabajadores los emplean las PYMES, es un buen ejemplo del caso europeo.

Empero, esto no siempre ha sido así. Durante la Revolución Industrial, existían numerosas empresas de gran tamaño por todo el continente. En realidad, la mayoría de las grandes empresas europeas nacieron en el siglo pasado. Después de las guerras, Europa nunca recuperó su fecundidad y la devastación hizo que los ciudadanos fueran más adversos al riesgo que en el pasado. El proteccionismo reemplazó a unos mercados que antiguamente estuvieron fuertemente relacionados.

Según un análisis de las 500 empresas más grandes del mundo, en Europa solamente se creó una docena de 1950 a 2007, cuando Estados Unidos, en el mismo periodo, fue la cuna de 52 nuevas compañías. De las europeas, además, diez de las doce vieron la luz entre 1950 y 1975. La mayoría de las grandes empresas en Europa son anteriores, y en algunos casos mucho, a 1950.

Los start-ups dependen mucho de los inversores nacionales, y la situación de crisis no es favorable en este aspecto. Los inversores ven el capital riesgo europeo como un mal activo y el crédito es mucho menos abundante que en Norteamérica. Por eso, gran parte de las inversiones de las empresas europeas proviene de los gobiernos.

Las asfixiantes regulaciones laborales en muchos de estos países, a la par con unos mercados cada vez menos libres y más hostiles a la competencia, son responsables directos de este fenómeno, que no son más que un impedimento a la creación de empleo, desarrollo y crecimiento económico.

Mientras los gobernantes conviertan la creación de empresas en algo infernal y la mentalidad no cambie, el problema no se solucionará. Reducir costes de personal rápido y de forma barata es más difícil en muchos países de Europa que en cualquier otro lugar del mundo.

Todas estas dificultades frenan la actividad económica y provocan que el capital huya de estos lugares. Las inversiones y los emprendedores se marchan a regiones que son favorables al comercio. Hay que reconocer que algunos gobiernos en Europa han hecho tímidos pasos en la buena dirección, pero no son suficientes.

Es improbable que se dé un auténtico cambio de mentalidad en el corto plazo, principalmente por la deriva intervencionista que se está viviendo actualmente, con la situación financiera como excusa para menoscabar aún más la libertad de empresa. Sin embargo, se podría promover un proceso de liberalización si los gobiernos hicieran las reformas laborales que deben. La verdad es que las oportunidades existen. Por ejemplo, en Europa, los sueldos de los ingenieros de software son un 70% menor que en California. Hay que sobrepasar esta escasez de ideas y reactivar una actitud proemprendedora.

La doble moral de los gobiernos, de castigar duramente a quien emprende mientras van anunciando cambios para "ayudar" a los empresarios, debe terminar. Señores gobernantes, si de verdad quieren acabar con esta crisis y ayudar al emprendedor, ¡simplemente dejen de poner trabas!