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A resguardo en el mercado negro

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último comentario se explicó por qué el Estado no puede acabar con la economía sumergida. O, mejor dicho, por qué tal esfuerzo en realidad destruiría al propio Estado.

Uno de los supuestos del análisis entonces presentado era que la mayoría de la gente percibe eso del mercado negro como indeseable y precario, y que por tanto prefieren estar "regularizados", aunque ello suponga pagar impuestos y otras tasas a los políticos. Ello no es óbice para que siempre haya habido individuos más cómodos en el mercado negro, a los que se podría tildar, desde una perspectiva estatista, correctamente como insolidarios.

Pero ¿qué ocurriría si esa percepción cambiara? Si, de repente la gente no viera tan mal eso del mercado negro. Y no solo no lo evitara, sino que lo buscara activamente. Siguiendo el razonamiento del anterior comentario, no hay duda de que se aceleraría la descomposición del Estado.

La cuestión es ahora en qué condiciones podría empezar a cambiar la actitud hacia la economía sumergida. Podemos obtener una respuesta a partir del análisis económico. En este caso, la decisión está entre permanecer regularizado o pasarse al mercado negro. Cada opción tiene costes y beneficios, de hecho, los beneficios de una son los costes de la otra; el individuo se decidirá por la opción que mayor beneficio le reporte.

En condiciones normales, el principal coste de permanecer regularizado consiste en las obligaciones fiscales y sociales, esto es, los impuestos y las cargas de seguridad social. A cambio de eso, el individuo, ¿qué obtiene? La respuesta no es tan obvia como podría parecer. Servicios como carreteras, justicia, seguridad, educación o sanidad realmente no dependen en la actualidad de que el individuo esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Por tanto, en general, la persona que paga impuestos no lo hace para poder acceder a estos servicios, cosa que ya tiene sin (aparentemente) pagarlos.

En realidad, parece que el individuo que paga impuestos lo hace más bien por temor a posibles complicaciones con el gobierno que terminen en sanciones de algún tipo. Así, para mucha gente, el beneficio del pago de impuestos proviene más bien de la tranquilidad de no tener que enfrentarse al gobierno que de los servicios públicos que éste le va a suministrar, pues estos los tiene por dados. Mientras el beneficio por tranquilidad supere al coste de situarse fuera de la ley, se mantendrán en el mercado regulado.

Obsérvese además que a muchos individuos (por ejemplo, los asalariados) se les retiene gran parte de sus impuestos en el pago de la nómina. Para ellos, la declaración del IRPF representa simplemente un pequeño esfuerzo incremental, incluso ni siquiera tal en algunos casos, cuando la declaración sale "a devolver". Para esta gente, la comparación en la decisión no es con el total de los impuestos, sino solo con el pago que han de hacer en la regulación con Hacienda, muy inferior al global de impuestos, lo que inclina con más probabilidad la balanza del análisis hacia el lado de no complicarse la vida.

Sobre el análisis estático, procede ahora incluir elementos dinámicos. En primer lugar, es obvio que una subida de impuestos llevará a un mayor número de gente a optar por el mercado negro, cosa que sabemos que ocurre. Esto es así porque aumentan los costes, pero no lo hace el beneficio (evitar conflictos con el gobierno).

Asimismo, si se empieza a cobrar por los servicios públicos hasta ahora gratuitos, vuelve a incrementarse la posibilidad de optar por el mercado negro. En este caso, porque la renta disponible para servicios no públicos disminuye. Eso hace que aumenten los beneficios subjetivos de no pagar impuestos, ya que la renta disponible incrementa su valor.

Análisis similares aplican a muchas de las medidas que están tomando los gobiernos europeos y en particular el español. Por ejemplo, las variaciones en las condiciones para el acceso a pensiones en el sistema público incrementan la propensión a optar por el mercado negro.

En general, se puede observar que el gobierno español, con sus subidas de impuestos y mermas de servicio público, está empujando a más y más gente al mercado negro. Poco a poco, la gente se irá dando cuenta de que en el mercado negro se puede vivir, y que quizá se puede vivir incluso mejor que en el regular. Para esta gente, los problemas del gobierno serán exclusivamente del gobierno, no de España, pues ellos no van a afrontar los incrementos de interés que exige el mercado de deuda pública.

Este efecto se verá además realimentado por una disminución en los beneficios de evitar problemas con el gobierno. En la medida en que la gente vaya escapando a la economía sumergida, el gobierno irá debilitándose, y cada vez le será más difícil perseguir estas actividades. En consecuencia, más individuos percibirán una disminución del riesgo de estar en el mercado negro y, de nuevo, aumentará la posibilidad de prefieran estar en él.

Así pues, cada vez más individuos se van a resguardar de la crisis en el mercado negro. Cada nueva subida de impuestos o nueva tasa o recorte de prestaciones, impulsará a otras cuantas personas al mercado negro, mientras los "regulares" les miran con creciente envidia. Y llegará un momento en que la presión será tan insoportable que incluso las empresas más grandes, reducto del mercado regularizado por ser fácil blanco del gobierno, tendrán que capitular, pues la alternativa será no poder operar. Si los trabajadores empiezan a pedirles que les paguen en "negro" o que si no se marchan, ¿qué harán?

En fin: parece que, ante los crecientes abusos del gobierno, se va a producir una creciente huida a refugiarse en la economía sumergida. Inicialmente, será por mera supervivencia, pero terminará siendo por conveniencia, conforme vaya cayendo el mito del Estado del Bienestar, conforme avance en su inevitable autodestrucción con cada uno de los llamados "recortes".

Pero, si cae el Estado, ¿quién suministrará los servicios públicos? Es la pieza que falta en el puzzle, que dejamos al próximo comentario.

Tres preguntas (para este verano)

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Ya casi a las puertas de agosto, había pensado escribir este mes un Comentario menos histórico o académico (como tiendo a hacer en esta columna) y plantearles tres cuestiones sobre las que vengo pensado en estos últimos días por si las quieren llevar a sus reflexiones playeras o montañosas…

La primera tiene que ver con la grave (y omnipresente) crisis económica que padecemos; y relacionado con ello me llamó la atención el eco que ha recibido la labor asistencial que presta Caritas. Como han puesto de manifiesto sus gestores, durante el último año se ha multiplicado el número de personas que buscan (y encuentran) su alimento diario en los diversos comedores que llevan adelante otras tantas instituciones religiosas. Hay un famoso vídeo en youtube que rodó un publicista conocido al encontrarse a un amigo en ese trance de necesitar ayuda. Pero no quería referirme a este aspecto, sino a otra labor asistencial que presta Caritas: en su Memoria 2011 del Programa de Empleo explica que por medio de este servicio fueron atendidas en toda España más de 80.000 personas; de las que consiguieron trabajo un 16% (casi 14.000).

Pues bien, me pregunto: ¿cómo es posible que sea necesaria (y da la sensación que más eficiente) la presencia de organizaciones particulares en el ámbito de la formación para el empleo, cuando existe un organismo público, el INEM, que supuestamente debería ofrecer esa tarea como principal objetivo? Parece confirmarse, una vez más, la postura de quienes defendemos la iniciativa privada en cualquier ámbito de la actividad humana; también en este campo de la labor asistencial, donde machaconamente se nos habían vendido las bondades de un supuesto estado del bienestar, que no lo es tal (y además está en completa bancarrota).

La segunda pregunta gira en torno a una cuestión más complicada, si cabe, y sobre la que ya habrán podido leer alguna otra opinión en estos comentarios. Me refiero al aborto; y en concreto me han inquietado varias estadísticas que también se publicaban recientemente: ¿por qué la drástica reducción de los niños nacidos con Síndrome de Down en los últimos años? Aunque se trata de un tema generalmente desatendido, sobre el que todo el mundo pasa de puntillas, parece que ya empiezan a conocerse algunos datos reales. Así, la Fundación Down España editaba en su último boletín los resultados de una revisión sistemática de la literatura sobre tasas de interrupción del embarazo en mujeres que se habían sometido a un diagnóstico prenatal (amniocentesis) en los Estados Unidos: los índices variaban desde un 61% en California al 93% en Maine. Para el caso español parece que nadie se atreve a estudiar a fondo tales estadísticas, pero se habla de en torno a un 80% menos de nacimientos de niños con esta deficiencia.

No resulta extraño, por lo tanto, leer las conclusiones de su Presidente, José Fabián Cámara Pérez, a propósito del debate sobre la modificación de la actual regulación existente de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva: "es necesario modificar el actual supuesto discriminatorio que permite el aborto hasta la 22ª semana en el caso de graves anomalías en el feto" ya que, según explica, "este aspecto supone de facto una discriminación por motivo de discapacidad". Por esta razón, opinaba que la regulación legislativa del aborto deberá ser debatida y sometida a decisión, pero considerando que "los límites o condicionantes que se establezcan tendrán que ser iguales para todos los seres humanos en esta situación, sin distinción por el hecho de que el feto sea o no una persona con discapacidad".

El presidente de Down España apuntaba finalmente que no hay una respuesta clara para un tratamiento "adecuado" de la discapacidad en la futura Ley del Aborto. En este sentido, hacía referencia a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende y ampara la consideración de este grupo como "sujetos de derechos, dignos de pleno reconocimiento y respeto, en igualdad al resto de seres humanos".

Mi tercera pregunta: ¿quién es John Galt? Encontrarán la respuesta (con mayor facilidad que las anteriores) si se animan a leer este verano La rebelión de Atlas (el título original en inglés es Atlas shrugged): una de las novelas de culto de Ayn Rand. Tal vez un poco extensa (necesitarán de unos cuantos días por delante), pero que tiene pasajes memorables como la hipócrita acusación de "antisocial" que hacen unos políticos mediocres e interesados contra los empresarios exitosos; su rotunda defensa de la propiedad privada o la también vehemente justificación del dinero como motor de progreso humano (y, por cierto, basado en un riguroso patrón-oro). Mucho ánimo y felices vacaciones.

Siempre nos quedará la imprenta

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

La semana horribilis de Rajoy está próxima a su culminación. Lo que empezó como un terremoto va a terminar, si la cosa no se tuerce el viernes, como un vals bailado a pasos lentos entre nuestro Gobierno y el gobernador del BCE. Todos contentos. La Bolsa sube y la prima baja, como en los buenos tiempos. Si esto sigue así habremos salido de la crisis antes de terminar el verano y podremos ponernos a levantar casas por doquier, a construir autopistas fantasma y a enchufar al presupuesto a otro millón de funcionarios, que los que hay son pocos.

Lamento decepcionar a los optimistas pero la crisis no ha acabado. El desaguisado está hecho y alguien tendrá que pagar por ello. Nuestro país colecciona desempleados y lo seguirá haciendo durante todavía mucho tiempo, el IVA subirá en septiembre, y la factura de la luz, y la del gas, y la gasolina… La deuda, es decir, la riqueza que nos trajimos del futuro pensando que alguna vez íbamos a generarla, sigue ahí, tan campante, con su rosario de ceros a la derecha. Hasta ayer parecía que iba a pagarla quien la contrajo, esto es, los Gobiernos irresponsables y los bancos que invirtieron en quimeras y se hartaron a pedir dinero fuera a corto plazo para prestarlo a largo en casa encendiendo una espiral demoniaca.

Del lunes a hoy no ha mejorado nada, de hecho ha empeorado. A muchos les ha hecho sentir que, por arte de birlibirloque, el problema se ha resuelto. No lo ha hecho, todo lo más Rajoy y sus dos tristes mariachis han ganado tiempo, que es lo peor que se le puede dar a alguien como Rajoy, dado a malgastarlo sin tomar una sola decisión, siempre con la esperanza puesta en que los problemas se arreglen solos. Draghi ha prometido lo único que puede prometer el mandamás de un banco central: poner a funcionar la imprenta, darle a la manivela para diluir la golfería en el pozo de la virtud, crear dinero de la nada que permita a políticos como los nuestros seguir viviendo por encima de sus posibilidades.

El riesgo moral de que todo termine así es inmenso. Por un lado el BCE fomenta y promociona los malos usos. ¿Qué sentido tiene el rigor presupuestario si al final viene el fabricante de billetes y cubre la diferencia? ¿Para qué ahorrar e invertir sabiamente si luego se premia a los que han derrochado?

Por otro, nos condena a padecer durante unos cuantos años más un régimen moribundo, exangüe, que ya no da más de sí porque está montado por y para la clase política, que sienta sus reales sobre una pila de deuda y sobre una presión fiscal asfixiante. ¿De verdad queremos que Draghi deprecie nuestra moneda, la que tanto nos cuesta ganar, para que los políticos españoles puedan seguir a lo suyo financiando un mostrenco insostenible? No nos engañemos, el dinero que se saque Draghi de la manga no va a ayudar a España, sino a los políticos españoles, que es algo bien distinto. Y los intereses del individuo honrado, trabajador y productivo suelen ser opuestos a los del político, que de natural es proclive a la improductividad y el enredo.

Tal vez hoy la Bolsa haya subido y lo siga haciendo mañana. Es seguro que el coste del endeudamiento (que no otra cosa es la prima de riesgo) haya bajado. Pero eso no son necesariamente buenas noticias. Lo serán cuando vengan acompañadas de un plan de ajuste en condiciones, uno que haga coincidir los gastos del Estado con sus ingresos y que incorpore una bajada de impuestos generalizada y una reestructuración de nuestro monstruoso sector público. Eso son buenas noticias, lo otro es hacerse trampas en el solitario.

Dependientes del delirio

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Cualquiera que sea la evolución de la quiebra de facto producida en las cuentas del Estado español (entendido como el conjunto de las administraciones públicas de España) en las próximas semanas, deben distinguirse distintos grados de urgencia para acometer reformas de calado que atajen el enorme desfase entre los impuestos que recauda a una sociedad exangüe, debido a la recesión y los impuestos confiscatorios promovidos por el gobierno, y los compromisos de gasto que ha venido asumiendo durante los últimos años.

Como ha apuntado recientemente el director de este Instituto, las burbujas financiera e inmobiliaria crearon a su vez otra en el sector público, por lo que, una vez reventadas las dos primeras, resulta obligado pinchar la última para no arruinar la recuperación bajo montañas de déficit y deuda pública después de los necesarios ajustes que se están produciendo en el economía española. Está en juego la prosperidad general de los españoles durante mucho tiempo. Las medidas del gobierno de Rajoy pueden acelerar, arrostrando en primera instancia el descontento de muchos beneficiarios del actual estado de cosas, o retrasar ese proceso indefinidamente, derrochando ingresos en el pago de los intereses de la deuda pública.

Frente al tremendismo y a las increíbles mentiras que la casta política española, secundada por sus turiferarios en los medios de comunicación dominantes, está vertiendo para mendigar al Banco Central Europeo una financiación que no prestan los inversores particulares, conviene insistir en que debe reducirse el gasto estructural para cuadrar las cuentas públicas y evitar la materialización del desastre. Si el banco central comprara aún más deuda pública española e italiana, el euro concebido como un sustitutivo de un patrón monetario óptimo quedaría condenado al fracaso. No obstante, la tentación de ampliar su poder para los políticos europeos sin unos problemas financieros tan acuciantes es fuerte, aunque violen los tratados y actúen contra los intereses de sus contribuyentes. Después de todo, cuentan con la colaboración de los dirigentes de los países supuestamente beneficiarios por esa socialización de las deudas, quienes están dispuestos a renunciar a la soberanía en aras de conseguir sus objetivos a corto plazo.

Antes que simular como pícaros irresponsables que no pueden reformar la estructura de un Estado insostenible y maldecir a los inversores que exigen una prima adicional para asumir el riesgo de financiar un tinglado de tan incierto futuro, los dirigentes políticos podrían confeccionar en cuestión de días sendas listas de competencias y funciones, clasificándolas en función de su necesidad. Incluso con la muy mejorable constitución de 1978 en la mano, cabría aclarar la distribución de competencias entre las administraciones y establecer el orden de importancia de sus funciones, centrándose los debates más prolongados en la colocación de algunas en los márgenes inferiores. Obviamente, el objetivo de dicho inventario no puede ser otro que eliminar gradualmente las funciones no esenciales y a los sectores públicos enteros encargados de prestarlas, de manera que desaparezcan de los presupuestos y dejen de aumentar los déficits públicos.

A este respecto, debe observarse que el penúltimo ajuste, aprobado por decreto-ley del gobierno, consolida un régimen fiscal confiscatorio en España –vedado por el artículo 32 de la constitución- ya que la subida de los tipos de IVA y las retenciones a cuenta se suman a otras de impuestos directos. En la vertiente del gasto, el gobierno se ha limitado a suprimir la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos (haciendo responsables a justos por pecadores) suspender la eficacia de la ley de dependencia durante dos años sin cuestionar su propia existencia, y reducir la prestación de desempleo.

El mantenimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia revela elocuentemente la resistencia del gobierno a replantearse ni una sola de las funciones del Estado. A pesar de la pomposa propaganda consensuada en el momento de su aprobación, ese llamado "cuarto pilar del estado del bienestar" no es más que una promesa insensata a una población que envejece a pasos agigantados (y no necesariamente con buena salud) de que el Estado sufragará su asistencia domiciliaria por enfermeros o ayudantes, con independencia de su nivel de renta. Hasta ese momento la legislación española de seguridad y asistencia social, se "limitaba" -con esquemas alejados al contrato de seguro que la hacían inviable- a ofrecer prestaciones por incapacidad laboral sobre la base de una cotización anterior o, en el caso de las prestaciones no contributivas, a proporcionar subsidios a personas impedidas que no hubieran cotizado a la seguridad social ( o a sus familias en el caso de los incapaces) siempre que sus rentas fueran inferiores a determinados baremos.

Contradiciendo abiertamente el texto constitucional, el cual contempla estas instituciones del estado del bienestar dentro de los "principios rectores de la política social y económica", que solo pueden invocarse ante los tribunales en la medida que se desarrollen mediante leyes (Art. 53.3 CE), se denominó "derechos" a esas nuevas prestaciones, con un nuevo reparto absurdo de competencias entre administraciones. En un momento en que la casta política creyó que los impuestos anticipados derivados de la burbuja inmobiliaria llenarían las arcas públicas indefinidamente, se dio un paso temerario en el ilusionismo fiscal característico del estado de bienestar. La evidente necesidad de atender a personas con dificultades de movilidad, que los españoles comenzaban a paliar contratando a esforzadas y pacientes inmigrantes latinoamericanas y europeas del Este, sería pagada por el Estado y sus terminales autonómicos. La genial idea solo reportaría beneficios, dado que, además se "crearían puestos de trabajo", es decir, se eximiría a ciertas empresas previamente homologadas de competir por prestar esos servicios a las familias en ese incipiente mercado. El señuelo quedaba claro: un enfermero cualificado sustituiría a esas aficionadas que no contaban con formación especializada. ¡Y gratis porque la factura la pagaría el Estado!

Como cabía esperar, el aluvión de peticiones desbordó a los gestores públicos y durante cierto tiempo escuchamos la clásica disputa por dilucidar qué administración pagaría el sistema. Para ganar tiempo los gobiernos autonómicos ralentizaron la tramitación de esos expedientes. Sin embargo, una vez que su insostenibilidad ha quedado patente, el gobierno se resiste a reconocerlo y actuar en consecuencia. Definitivamente, los políticos españoles dependen del delirio.

De la interacción física a la acción intencional

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en De la interacción física a la acción intencional

Las partículas materiales interaccionan unas con otras según sus propiedades físicas y químicas. Estas interacciones pueden dar lugar a agregados complejos estables formados por diversos componentes (núcleo atómico, átomos, moléculas). Algunos sistemas son agentes: poseen una estructura que les permite realizar trabajo: son máquinas que actúan mediante la liberación restringida de energía en ciclos termodinámicos (ciertas rigideces relativas dirigen de forma no aleatoria el flujo de la energía liberada en alguna reacción). La acción tiene costes: consume energía y puede implicar un desgaste o deterioro del agente.

Los seres vivos son agentes autopoyéticos: trabajan para construirse a sí mismos, usan energía y materiales de su entorno para su mantenimiento y reproducción; también actúan sobre su entorno, modificándolo para su conveniencia. Los organismos son sistemas complejos altamente estructurados y ordenados: están formados por múltiples agentes más básicos integrados en un todo coherente.

Los organismos vivos son agentes autónomos: tienen un sistema de control cibernético que dirige su conducta en su propio interés, de modo que tienden a actuar de forma adecuada para su supervivencia (los que no lo hacen mueren). Los organismos y sus diversos subsistemas tienen repertorios de acciones posibles que deben ser seleccionadas o activadas de algún modo por el sistema de control (no puede hacerse todo a la vez y conviene que los diversos subagentes estén coordinados para complementar y no anular sus efectos).

En un organismo complejo (como un animal) su sistema de control está constituido por agentes especializados (sensores y neuronas) en la recepción, procesamiento y transmisión de información: la percepción y el pensamiento son también acciones; los efectores realizan las acciones indicadas por los agentes controladores o directores del comportamiento. La evolución produce de forma gradual (a partir de mecanismos preexistentes) modos de control de la acción más complejos y exitosos.

La acción podría no ser controlada sino producirse al azar: pero la acción aleatoria, desconectada de la situación del mundo, es peligrosa e ineficiente y no es tan adaptativa como la reacción que conecta un determinado estado de la realidad (externa e interna) con una acción concreta acertada, como acercarse a una oportunidad o alejarse de un peligro (del entorno inorgánico o de otros seres vivos). Las reacciones representan asociaciones estables entre estados percibidos y acciones elegidas.

La reacción inmediata y directa frente a oportunidades y peligros es menos adaptativa que la preacción o reacción anticipada e indirecta frente a atributos del entorno que informan de dichas oportunidades y peligros, dando al agente tiempo para prepararse (adelantar la huida, esconderse, iniciar la caza). Un organismo con una inteligencia más desarrollada es capaz de representar en modelos abstractos en su sistema cognitivo algunas regularidades del mundo, de modo que puede predecir la evolución de su entorno mediante el cálculo mental a partir de datos sobre condiciones iniciales y de contorno. Las capacidades de previsión y anticipación (memoria y procesamiento) se hacen evolutivamente más complejas y potentes, sobre todo porque a menudo son actividades estratégicas: los seres vivos intentan predecir no solo al entorno inorgánico, sino especialmente a otros seres vivos que a su vez son agentes anticipativos. La predicción estratégica requiere de cierta capacidad de imaginación acerca de las posibles acciones de otros organismos.

El control intencional de la acción se consigue mediante una inversión del procesamiento de la información en el sistema cibernético: en lugar de predecir qué estados futuros sucederán a partir de la situación presente, el agente fija en su mente un objetivo futuro (lo imagina y lo desea) y piensa qué debe hacer para alcanzarlo. Un agente intencional no solo prevé y reacciona sino que además imagina estados deseados del mundo y utiliza su conocimiento de la realidad para descubrir posibles combinaciones de recursos y acciones que lleven al objetivo querido. El agente intencional es proactivo y emprendedor: no solo reacciona frente a lo que se encuentra o prevé, sino que elabora con antelación un plan para su propia conducta y se prepara para posibles problemas y alternativas. La intencionalidad es un modo de generación de conducta y también es un modo de interpretación y comprensión del comportamiento de otros agentes, lo que facilita la coordinación necesaria para la cooperación social.

El valor de los factores productivos y la empresa

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

La teoría económica nos dice que la remuneración de un factor productivo depende del valor presente de su productividad marginal. Cuando el precio del factor productivo esté por debajo del valor con el que contribuye a la producción –es decir, cuando esté infravalorado- se demandará más, de modo que su precio se elevará y tenderá a alcanzar el valor que aporte. Y al contrario, si el precio es superior, no compensará económicamente pagar ese precio por lo que este tenderá a reducirse debido a su menor demanda.

Sin embargo, siendo esta una ley económica de plena vigencia, en la realidad calcular el valor presente de la producción marginal de un factor productivo no es algo tan sencillo. Se da entonces lo que se conoce como el problema de la imputación del valor de los factores productivos.

Esto es debido en parte a la idea desarrollada por Menger, Hayek o Lachmann según la cual la economía, la estructura productiva y los procesos de producción se caracterizan por ser actividades conjuntas, en las que varios bienes de capital se combinan de modo que se convierten en bienes productivos. Dicho de otro modo, estos bienes por separado no serían productivos y es su combinación, la producción conjunta, lo que los hace productivos individualmente considerados. Es entonces, como hemos dicho, cuando deviene la dificultad de calcular esa productividad, la contribución de manera individual de cada input al valor del producto que ayudan a producir.

Es ante este problema de imputación donde la teoría económica ve una de las razones de existir de esa institución espontánea surgida solamente en la economía de mercado que es la empresa. Pero no toda teoría económica recoge esta idea, puesto que si acudimos a las versiones más naive de la teoría neoclásica de la competencia, la empresa como organización no tendría sentido ni se explicaría su existencia.

De acuerdo con ese modelo neoclásico, los factores productivos son combinados indistintamente en lo que se conoce como la función de producción. Esta teoría se basa en considerar los inputs como bienes perfectamente divisibles, homogéneos y en los que su distinta combinación no afectaría al valor del producto final obtenido. En tal mundo, se conocería perfectamente el valor de la productividad marginal de cada bien de capital, de manera que se combinarían siempre eficientemente a través de procesos productivos estandarizados, en donde todo estaría previsto y conocido. Es este mundo en el que no habría lugar para la empresa porque no habría razón para su existencia. La cooperación de cada factor productivo podría realizarse a través de contratos en los que se estableciera perfectamente la remuneración de cada uno de los activos contratados.

Es dentro de este contexto teórico neoclásico en el que Coase trató de explicar la existencia de la empresa, fijándose en los problemas a la hora de establecer estos contratos, es decir, en los costes de contratación e intercambio o, en su terminología, en los costes de transacción.

Y es que para explicar la existencia de la empresa debemos abandonar el rígido mundo neoclásico de información completa, y así poder apreciar la empresa como la respuesta a los procesos productivos (con sus combinaciones de bienes de capital) que tiene un irreductible grado de indeterminación o arbitrariedad en la imputación del valor. De hecho, la respuesta de Coase estuvo orientada a tratar de solventar los problemas que surgen por no disponer de una información completa o perfecta.

Después del trabajo de Coase surgió toda una literatura que ha enriquecido la teoría de la empresa y que ha tratado de explicar su existencia dando entrada al problema de valorar los factores productivos en la producción conjunta, así como con la manera en que efectivamente en dicha producción se combinan conjuntamente los bienes de capital.

Así, una parte se ha centrado en explicar la existencia de la empresa por la variedad de problemas organizativos que plantea el no poder aislar a la perfección el valor de cada uno de los inputs, enfatizando conceptos como los costes de administración, la dirección, la negociación o la monitorización –valga la expresión- de las actividades productivas.

Otra línea de investigación se ha enfocado en analizar la empresa teniendo en cuenta la especificidad de los activos. Este punto de vista se centra en los problemas de información asociados al hecho de que la producción conjunta descansa en gran medida en activos que son específicos en su empleo actual. Específicos en el sentido de que el coste de oportunidad de los activos utilizados es muy inferior al valor con el que contribuyen a la producción.

Ambos enfoques sugieren que la empresa es, por tanto, una organización cuyo propósito es hacer frente a los inevitables problemas de información de la producción conjunta.

¿Democratización de los medios? Liberticidio de la expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Tras participar el pasado 10 de julio en el programa ‘Agenda’ de Deutsche Welle para analizar la petición de asilo político en Ecuador por parte de Julian Assange, recibí un curioso y significativo mensaje de correo electrónico enviado por alguien que daba un supuesto nombre, Martina Solis, pero no identificaba desde qué país escribía ni dónde trabajaba. Tras reprocharme mi supuesto desconocimiento de “las realidades” de América Latina, finalizaba con una frase esclarecedora:

“Con sus palabras creo menos en la libertad de expresión que usted pregona y creo más en la libertad que trabajamos desde nuestra región, claro está, nosotros no trabajamos en los medios privados”.

Esa era la clave de su molestia. Yo había defendido el valor de hacer públicas las informaciones que los gobiernos quieren ocultar a los ciudadanos, por insulsas o insignificantes que puedan ser, y había denunciado los reiterados ataques de Rafael Correa a la libertad de expresión en su país. Había recordado que, con un discurso de “democratización” de la información, el Ejecutivo ecuatoriano ha clausurado desde inicios de este año veinte medios de comunicación. La excusa es el impago de licencias, pero hay más. De otro modo no se entendería que para cerrar las emisiones la policía haya irrumpido en algunos casos en las instalaciones de una emisora lanzando gases lacrimógenos y se hayan requisado los equipos técnicos.

Esta es sólo una de las técnicas utilizadas por Correa, Chávez y otros presidentes aliados suyos para cercenar la libertad de expresión. Por no salir de Ecuador, aunque en otros países vemos casos parecidos, podemos citar algunas de dichas técnicas: fuertes condenas impuestas por un poder judicial cada vez menos independiente a medios y periodistas críticos, como la sentencia contra El Universo y varios de sus responsables; imposición de límites legales a los temas que se pueden tratar en los medios durante la campaña electoral (censura que ha obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional) o la proscripción de entrevistas a medios privados ofrecidas por miembros del Gobierno. Por supuesto, todo eso combinado, al más puro estilo chavista, con largas conexiones televisivas en las que el presidente insulta y amenaza a todos aquellos que le critican, incluyendo los medios de comunicación. En una de sus intervenciones por televisión, Correa llegó a romper en directo un ejemplar del diario La Hora con el argumento de que “ahora sí tendrán motivo para quejarse”.

Todo eso se disfraza, se aliña, con el discurso de la democratización de los medios, muy repetido desde hace años por personajes como Correa, Chávez, Evo Morales y otros. Por supuesto, aquí se tergiversa el sentido originario de la palabra “democratización” para hacerle significar algo diferente de lo que quiere decir.

Para los gobernantes bolivarianos, esta supuesta “democratización” implica un ataque desde el poder político contra los medios privados y toda iniciativa surgida de ciudadanos que no esté controlada por el poder privado. Se quiere hacer creer (y en esa idea se fundamenta parte de los artículos de la nueva ley de medios que se debate en Ecuador) que las radios, televisiones y periódicos en poder del Estado o de organizaciones supuestamente ciudadanas controladas por el partido gobernante son democráticas, mientras que aquellos que son propiedad de empresas o inversores privados están al servicio de espurios intereses oligárquicos (como si no hubiera una oligarquía más tiránica que la del PSUV de Chávez, el MAS de Morales o la Alianza PAIS de Correa y su control del Estado). Pero la realidad es muy diferente. Pretende atacarse uno de los fundamentos de la democracia, que no es otra que la libertad de expresión, y a aquellos que están dispuestos a replicar un discurso oficialista destinado a afianzar a unos gobiernos cada vez más autoritarios e, incluso, totalitarios. La supuesta ‘Martina Solis’ cuyo correo electrónico citaba al principio de este artículo expresaba de forma muy clara el pensamiento de los Gobernantes bolivarianos. Frente a la auténtica libertad de expresión ellos creen en una supuesta “libertad” en la que trabajan. El problema es que esta última no es tal, sino tiránico liberticidio.

¿Por qué sube la prima?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La incompetencia del PP en materia económica está siendo, simplemente, supina. Muchos aún se preguntan cómo es posible que la prima de riesgo siga un ascenso imparable si, al fin y al cabo, Rajoy y su equipo de acólitos acaban de anunciar el "mayor recorte" presupuestario de la democracia. Y la respuesta es sencilla. En primer lugar, no se trata de un "recorte" sino de un ajuste fiscal que incluye una nueva subida brutal de impuestos combinada con una reducción de gasto público, casi a partes iguales, con el fin de reducir la brecha de las cuentas públicas en cerca de 65.000 millones de euros extra en dos años y medio.

Las dudas a este respecto son evidentes: por un lado, resulta ingenuo pensar que el Estado logrará recaudar todo lo que prevé con una economía nuevamente en recesión y con los bolsillos del contribuyente medio vacíos; por otro, aun cumpliéndose las hinchadas estimaciones recaudatorias de Montoro, ajustar 65.000 millones en dos años y medio cuando el país está al mismísimo borde de la quiebra sabe a muy poco y, lo que es peor, denota la escasa voluntad del Gobierno de reducir el elefantiásico tamaño del Estado español; por último, lo más grave de dicho plan radica, sin duda, es la filosofía puramente socialista que impera en el equipo liderado por Rajoy, ya que el problema del déficit no es de falta de ingresos, tal y como asevera Hacienda, sino de exceso de gastos.

En segundo lugar, el PP, con sus continuas y sustanciales subidas fiscales, está asfixiando hasta la extenuación al sector privado, la única tabla de salvación con la que cuenta el país para volver a crear riqueza y empleo a medio y largo plazo. Dicho de otro modo, Rajoy, al igual que hizo Zapatero en su día, solo que con mayor vehemencia, está expropiando unos recursos valiosísimos a empresas y familias para seguir sosteniendo a toda costa el gasto desbocado de unas administraciones públicas que, al igual que el sector inmobiliario durante los pasados años del boom, han experimentado una histórica burbuja que, ahora, los políticos de todos los colores se resisten con uñas y dientes a pinchar.

Una de las primeras medidas aprobadas por Rajoy tras su llegada al poder fue subir el IRPF, sobre las rentas y el capital (ahorro), situando a España a la cabeza de Europa en materia de impuestos directos. Sin embargo, lejos de rectificar este sangrante sablazo a los españoles, el plan recién aprobado incluye un aumento fiscal extra sobre las rentas (IRPF), las empresas (Impuesto de Sociedades), el trabajo (cotizaciones sociales), el consumo (IVA), así como toda una retahíla de impuestos indirectos (tasas, tabaco, eléctricas…). A esto no se le llama política fiscal sino, pura y llanamente, cleptocracia. Rajoy se está cargando la economía productiva de España, enterrando cualquier atisbo de posible recuperación con su particular deriva socialista. Ésta y no otra –subir impuestos y recortar poco el gasto– fue la senda emprendida por Grecia, y ahí están los resultados.

En tercer lugar, si bien es cierto que la intervención externa de España tras la solicitud de rescate bancario ha obligado al Gobierno a reducir partidas de gasto que en ningún caso contemplaba –como la paga extra a los funcionarios, dependencia o la prestación de desempleo, entre otras–, el listado de recortes impuesto por la troika aún no ha sido adoptado en su totalidad, de modo que Rajoy ha optado por retrasar algunas de las medidas más impopulares para después del verano –pensiones o despido de empleados públicos, por ejemplo–, en una nueva prueba de irresponsabilidad política, incompetencia económica y, si cabe, incluso cobardía personal. La intervención de España por políticos extranjeros es positiva siempre y cuando el Gobierno cumpla al milímetro todas las recomendaciones tendentes a reducir el gasto y la estructura estatal, al tiempo que se resiste panza arriba a subir impuestos, tal y como acertadamente hizo Irlanda negándose a elevar su provechoso y atractivo Impuesto de Sociedades –uno de los más bajos de la OCDE–.

En resumen, muchos más impuestos y escasos recortes constituyen una combinación explosiva que acaba deteriorando aún más la solvencia del país, lo cual se refleja en una prima de riesgo creciente. Por si fuera poco, una de las medidas estrella aprobadas igualmente por el Ejecutivo consiste en el rescate indiscriminado de CCAA quebradas a través de la creación de un nuevo Fondo de Liquidez que, como consecuencia directa e inmediata, disparará la deuda pública del Estado en otros 18.000 millones de euros, como mínimo. Y ello, bajo la simple –e ingenua– promesa de que los gobiernos regionales cumplirán con el objetivo de déficit y devolverán puntualmente el dinero que ahora adelantan, forzosamente, todos los contribuyentes del país. Un nuevo gasto, del todo innecesario y enormemente contraproducente, que, en gran medida, ha acabado por contrarrestar los positivos, aunque escasos, recortes que establece el plan de ajuste. ¿Y aún se preguntan en Moncloa por qué sube la prima de riesgo? Ver para creer.

El PP ha convertido a España en un inflamable polvorín

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Siempre había creído que España podía salvarse y que su situación económica era reconducible. En parte aún lo sigo creyendo, pero cada día que pasa, cada día que el PP sigue al frente del poder tomando una tras otra las medidas de demolición descontrolada del sector privado de que tanto hace gala, la probabilidad decrece a ritmos acelerados. Al fin y al cabo, padecemos un Gobierno que en apenas seis meses ha hecho bueno al horroroso Ejecutivo de Zapatero: Rajoy y los suyos no sólo han subido todos los impuestos –IRPF, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales y especiales– salvajemente más de lo que lo hizo Zapatero, sino que lo han hecho mostrando su lado más descarnadamente izquierdista y estatista, riéndose en todo momento de los ciudadanos, de sus electores y de los inversores de España.

El descrédito antiliberal del PP

El Ejecutivo ha consumido ya todo su crédito político. Al encadenar una mentira tras otra, otro despropósito tras otro y otro ataque a las libertades individuales y a la propiedad privada tras otro sin más criterio que el de salvar de la quema cuantos privilegios para su casta puedan, el Gobierno ha quedado desacreditado ante los ciudadanos, ante los electores y ante los inversores a los que tanto ha maltratado. Todos han descubierto ya que el PP no tiene ningún interés en reventar la burbuja del sector público y que todas las medidas en tal sentido que anuncie sólo consistirán en pura propaganda dirigida a engañar, nuevamente, a esos ciudadanos, electores e inversores.

Es posible que dentro del Gobierno exista gente que entienda la gravedad de la situación y que rechace por entero la estrategia socialista-zapaterina que Rajoy está ejecutando para sangrar a impuestos al sector privado, pero su influencia en las grandes decisiones del Ejecutivo se está dejando notar poco o nada. Bien está que dentro del Gabinete haya decorativos jarrones liberales, pero mejor estaría que esos decorativos jarrones descubrieran que Rajoy, Montoro y cuanta otra fauna socialista mora en el poder los estamparon tiempo ha contra el suelo haciéndolos añicos. Más allá de los muertos vivientes que se creen vivos murientes, este Gobierno no pasa de un caparazón relleno de bilis estatista que sólo se mantiene a flote gracias a una mayoría absoluta parlamentaria que será la última que el PP consiga en décadas.

Mas lo peor de comprobar que Rajoy y su grupo socialdemócrata son unos mandarines al servicio de sus propios privilegios no es descubrir lo que el propio Rajoy se encargó de hacer explícito en Elche hace cuatro años cuando invitó a los liberales a abandonar el partido, sino constatar que este país no tiene ninguna alternativa política dispuesta a adoptar las medidas necesarias para levantar cabeza. O dicho crudamente, la única alternativa a Rajoy es ZP-Rubalcaba y la única alternativa a ZP-Rubalcaba es Rajoy. Desazonadora evidencia que está llevando a muchos a lanzarse a los brazos del populismo comunista en un inquietante pero cada vez más fidedigno parangón del derrumbamiento heleno.

En plena escapada hacia adelante, un PP noqueado por su propia incompetencia sólo se muestra capaz de rogarle un rescate en forma de monetización masiva de deuda a Mario Draghi. Como si el Banco Central Europeo no estuviera, en estos precisos momentos, proporcionando una expansiva línea de crédito de más de 450.000 millones de euros (el 45% de nuestro PIB) a la economía española. ¿Con qué cara acusa Margallo al BCE de ser "un banco clandestino"? ¿Con qué arrestos pide el cabeza de lista de la rescatada Valencia, Esteban González Pons, que el BCE siga incrementando suicidamente su exposición a los pasivos españoles? Por esta vía, por la de echar más gasolina al incendio de un monto de deuda impagable, no conseguiremos otra cosa que comprar tiempo a un precio carísimo. Pero comprar tiempo, ¿para qué? ¿Para diferir todavía más los recortes? ¿Para retrasar un año o dos más el cumplimiento de los objetivos de déficit? ¿Para facilitar que nuestros políticos sigan dilapidando nuestro dinero a manos llenas? ¿Qué estamos esperando al patear el balón para adelante? ¿Que acaezca algún milagro que nos saque de esta situación de quiebra técnica? Nadie que no quiera ser salvado puede salvarse y este Gobierno y esta oposición claramente prefieren la suspensión de pagos antes que un severo recorte del gasto público.

Camino de una mayor servidumbre

Con la prima de riesgo a unos niveles en los que ya empieza a reflejar nuestra devastadora realidad subyacente, ¿qué nos queda? Todo apunta a que en los próximos meses comenzará a librarse una batalla campal en las calles de España para derrocar al Gobierno y repartirse las miserias del poder. No es un fenómeno novedoso, sino algo bastante recurrente en los países bananeros donde una mayoría de ciudadanos y de grupos de presión aspira a meter el cazo en el presupuesto y a vivir de él, esto es, del dinero de su vecino. Ha sucedido recientemente en Grecia, pero también sucedió en la Argentina del corralito cuando las hordas de Duhalde asaltaron los comercios bonaerenses hasta forzar la huida en helicóptero del rajoyano De la Rúa.

Semejante polvorín puede prender fuego en cualquier momento con un mínimo de gestión y manipulación callejera por parte de alguno de los partidos de la oposición en connivencia con los sindicatos o con cualquier otro grupo de presión que ya se haya visto afectado por los recortes o que trate de evitarlos preventivamente tomando las calzadas. El hartazgo derivado de la mezcla de una crisis económica que no se entiende con la falsa retórica de unos recortes cosméticos salvo por lo que atañe a las subidas de impuestos, con las secuelas de décadas de adoctrinamiento socialista en "derechos" irrenunciables que deben ser financiados siempre por el dinero del vecino pero jamás por el dinero propio y con el desencanto hacia los igualmente estatistas partidos mayoritarios, bien puede llevar a un descontento popular cuyo único efecto a medio y largo plazo sería acrecentar todavía más el tamaño del Estado y darle todavía más poder a políticos todavía más nefastos que los actuales.

En cierto modo, la España del PP está siendo la de un vehículo que se está estrellando contra un muro a cámara lenta. Sabemos que avanzamos hacia el siniestro pero el conductor no deja de pisar el acelerador. Certeza a la que, por cierto, también han llegado los inversores nacionales y extranjeros que están liquidando su exposición a España a marchas forzadas; motivo de fondo de que la prima de riesgo se siga disparando y de que nuestros bancos tengan cerrado su acceso al mercado interbancario.

Decía al principio que siempre creí en la capacidad de la economía española para, a trancas y barrancas, terminar recuperándose. Hay tanto gasto que recortar, tantas reformas que aprobar, tanto potencial que dejar de pisotear, que nuestro margen para recuperarnos era enorme: no se trataba de país que ya lo estuviera hacia todo bien y que, por caprichos del azar, hubiese embarrancado en una crisis monstruosa; no, éramos y somos un país que lo estaba haciendo casi todo mal y que, por tanto, podía mejorar y cambiar en múltiples campos. Ahora, empero, veo cada vez más difícil una salida que no pase o bien por una monetización masiva de deuda que no resuelva los problemas de fondo y que sólo aplace la jornada de autos; por una intervención externa que no garantiza, como en Grecia, que finalmente se adopten las medidas correctas; o por una salida del euro que les deje un agujero enorme a nuestros acreedores europeos, que empobrezca a la población española, que conceda omnímodos poderes inflacionistas a nuestros gobernantes y que termine de empujar a España por la senda de la mediocridad económica y del peronismo político. En cualquier caso, menos libertades, menos prosperidad y mucho más Estado: la tradicional realimentación positiva entre las crisis y el engorde de Leviatán. Los políticos, primero los del PSOE y luego los del PP, se han cargado el país, pero los políticos, sean de la partitocracia actual o de otra todavía peor, serán los principales beneficiarios del colapso económico. Un deprimente disparate se mire desde el ángulo en que se mire.