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Después de las medidas, la confusión

El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba las medidas que Rajoy había anunciado unos días antes. Desde el anuncio se han sucedido agrias declaraciones, protestas, manifestaciones, concentraciones y agitación.

Una subida del IVA, el aumento de los impuestos especiales al tabaco y alcohol, la reducción de salario de los funcionarios, la delegación de las funciones de algunos ayuntamientos pequeños en las diputaciones, y anuncios de reformas que aún no se han concretado pero suenan fuertes, son la explicación de tanto revuelo. Y de nuevo, los españoles nos hemos apresurado a buscar culpables y héroes a un tiempo.

La necesidad de un culpable

En lugar de reconocer que esta sangría se debe a la fiesta previa, y que como sociedad, durante años hemos votado a quienes prometían el paraíso en la tierra, a quienes más gastaban, a esos políticos que ofrecían cheques bebé, rentas a jóvenes para que se independizaran de sus padres, y casi, casi un unicornio por ciudadano. Se nos ha olvidado que todos pedíamos más, que reclamábamos esas instituciones duplicadas, que cuando se hablaba de equilibrio presupuestario no hacíamos ni caso.

Así que buscamos inmediatamente un culpable propicio: el gobierno de Rajoy, el gobierno de Zapatero, los políticos, sindicatos y, últimamente, los funcionarios. De manera que el gobierno de Rajoy es el peor del mundo y nos va a llevar a la tumba; el gobierno de Zapatero es el verdadero responsable de todo y nadie más; los políticos son todos unos ladrones y deberían estar en la cárcel, los sindicatos llevan años politizados e incumpliendo con su verdadera función y, ahora, los funcionarios son la razón de todos los males de España.

Con esa actitud nos libramos del auto examen, del reconocimiento de nuestra participación, complicidad, responsabilidad individual. Y tan contentos.

¿Quién le puso mala cara a Zapatero? ¿quién se preocupó de la transparencia cuando la bolsa estaba llena? ¿quién no se puso a la cola para recoger su unicornio?

Todos pagamos impuestos, decíamos. Pero no nos aseguramos de que esos impuestos se emplearan de manera "sostenible", de forma que se generara riqueza, o de si eran innecesarios. Permitimos subvenciones absurdas, sueldos de escándalo, tal vez pensando que mientras uno tenga cada vez más, los principios se pueden guardar en un cajón.

La reacción inmediata: la mitificación

Pero como este país es así, tras la crítica vino la obsesión, y después la reacción. No es para tanto, Rajoy hace lo que puede. No es verdad que Zapatero no hiciera nada, el pobre. No es cierto que los políticos no hagan nada por el país, su labor es básica en la democracia y meterse con ellos es atacar la democracia; los sindicatos son el gran logro del siglo XX y los funcionarios son quienes desempeñan las labores más importantes de nuestra sociedad.

De repente, cada cual, en función de sus filias, sus intereses, sus presentimientos o sus simpatías, se pone al lado de algún "damnificado" por la crítica ajena y defiende a capa y espada a un sector, un personaje político o una política determinada. La izquierda más radical atacaba esta semana la subida de impuestos. La derecha con algún o alguna liberal declarada entre ellos, justificaba una subida de IVA que nos va a machacar. Antiguos políticos han defendido en televisión la eliminación de subvenciones a partidos políticos. Un economista llama pirómano a otro por decir simplemente la verdad en un medio internacional. Y así todo.

Mientras tanto, lógicamente, la gente de la calle está atónita sin saber muy bien a quién creer, qué hacer o de quién fiarse. Como explicaba la dulce Clarisse al doctor Anibal Lecter en El Silencio de los Corderos, aunque abras la valla para liberarles, los corderos no se mueven, se quedan ahí gritando, esperando ser degollados. Los ciudadanos gritan, protestan porque les tocan la cartera, porque el paro no baja, pero no saben salir de este círculo vicioso en el que estamos. Todos hablan de "menos Estado" pero ¿cómo les afecta a ellos? Porque también dicen que eso significa que no habrá colegios, ni médicos, ni carreteras.

Más claridad y menos manipulación

Es necesario que los economistas y los medios de comunicación hagan un esfuerzo de claridad, sin encerrarse en la oscuridad del lenguaje técnico, pero no pierdan veracidad ni rigor, facilitando que la gente, el que pagará ese IVA, el que cobija en su casa a los hijos parados que han vuelto, que llega muy mal, o no llega a fin de mes, sepa a qué atenerse, sepa a quién reclamar y cuáles son las opciones.

¿Seremos capaces?

Ingeniería económica ecuatoriana al servicio de la teocracia liberticida iraní

Al amparo de la verborrea incendiaria que caracteriza al Chavismo, lo que le hace acumular protagonismo mediático, actualmente Rafael Correa es quién más está trabajando para que el socialismo del siglo XXI, ante la incapacidad de aumentar su número de países miembros, mantenga una lucecilla de esperanza.

En efecto, el Presidente ecuatoriano, que en el interior de su país lleva desde hace años una cruzada contra la prensa libre, a nivel de relaciones internacionales ha mostrado sobradamente sus credenciales. A su discurso anti-norteamericano, unió el apoyo al Castrismo no asistiendo a la Cumbre de las Américas. Recientemente, ha incrementado sus lazos con la Bielorrusia de Lukashenko.

Sin embargo, no se ha detenido ahí el líder del Movimiento Alianza País y ha apostado por Irán como socio comercial y estratégico de Ecuador. No se trata de una asociación baladí sino de una forma de desafiar a la comunidad internacional. Como suele suceder en estos casos, el cronograma ha cumplido escrupulosamente sus diferentes fases.

Primero, Ricardo Patiño (Ministro de Exteriores de Ecuador) defendió la tesis de que Irán, como nación soberana, tiene derecho a desarrollar su programa nuclear. En ningún momento ha cuestionado el oscurantismo del mismo ni que supone una amenaza real tanto para Israel como para la estabilidad en la región.

En segundo lugar, intercambio de giras de figuras vinculadas a los dos gobiernos. En mayo, el número 2 de Ahmadinyead, Ali Saeidlo, visitó Ecuador. A nivel diplomático, se saldó con un resultado más simbólico que tangible como fue que Correa garantizó su presencia en la Cumbre de los Países No Alineados, a celebrar en Teherán el próximo mes de agosto. Tras ello, el aludido Ricardo Patiño acudió a Irán, dentro de una gira internacional, que le llevó por países tan diferentes entre sí como Suiza o Sudáfrica.

En tercer lugar, el lenguaje. Este aspecto es fundamental puesto que sirve para aunar a dos regímenes tan, en teoría, antagónicos, como el ecuatoriano y el iraní. Ahí es donde expresiones como “fin del mundo unipolar y unilateral” hacen de nexo y garantizan dosis de victimismo con las que mirar para otro lado cuando los problemas domésticos aparecen.

Finalmente, llega el acuerdo bilateral. Para ello, se burlan las normas internacionales a través del clásico disfraz populista. Consciente Correa que el Banco Central de Ecuador puede recibir sanciones si comercia Irán, lo hará entonces a través de la intermediación de bancos que si están autorizados para hacerlo con el país asiático. Nuevamente, se utiliza como subterfugio que Alemania, China o, incluso, Estados Unidos, operan de esta manera, con lo cual se distorsiona la realidad. Sin embargo, lo que deliberadamente se oculta es el rédito que tanto Ecuador como Irán pretenden sacar de esta operación, el cual va más allá de las cifras cuantificables.

Sin embargo, también pueden producirse consecuencias negativas, en forma de sanciones, que en este caso afectarán más a Ecuador que a su socio. En efecto, el país latinoamericano no tiene ningún producto estrella al que fiar su economía. Además, sus actuales aliados en América Latina no atraviesan por la mejor de las coyunturas económicas, especialmente Venezuela sumida también en un proceso electoral que determinará no sólo su futuro, sino el de la región. Quizás, por esta última razón, está multiplicando Rafael Correa su protagonismo a costa, eso sí, de que la imagen de su país y por extensión de su gobierno, le haga perder enteros ante la comunidad internacional.

En definitiva, una operación de alto riesgo la que asume Correa cuyas repercusiones se dejarán sentir en el corto y medio plazo. ¿Acaso unas importaciones que en 2011 fueron de 1,2 millones de dólares justifican apoyar a un régimen como el de los Ayatolás que vulnera sistemáticamente los derechos humanos que el Presidente ecuatoriano tanto dice defender? Puede que sea precisa mente “eso”, la peculiar forma que tiene Irán de entender la libertad, lo que le gusta al dirigente latinoamericano.

Es hora de reventar la burbuja en el sector público de España

Esta semana el presidente Mariano Rajoy anunció nuevos aumentos de impuestos y recortes de gasto para reducir el monstruoso déficit presupuestario de España, provocando que los manifestantes se unan a la huelga de los mineros para protestar en contra de las medidas de austeridad en las calles de Madrid. Pero a pesar de todo lo que se dice acerca de los drásticos recortes, el riesgo de default de España ni siquiera está cerca de haber sido eliminado. El Estado español todavía gasta a un nivel que sobrepasa ampliamente la capacidad que la economía tiene de generar ingresos para respaldar ese gasto.

Entre las medidas de esta semana —que el Gobierno aprobará oficialmente hoy— está un alza de la tasa del impuesto al valor añadido (IVA) a 21% desde 18%; los salarios de los empleados públicos están se reducen en un 7%; los subsidios para las personas que llevan más de seis meses desempleadas serán reducidos en un 15% y algunos gastos y dispendios burocráticos serán reducidos en un tercio. Más adelante, además, se espera que se adelante el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y que se reduzca el monto de las pensiones.

Hasta ahora, el gobierno de Rajoy ha intentado mantener el hipertrofiado sector público aumentando los impuestos a las familias y a las empresas. Una de sus primeras acciones que acometió Rajoy nada más llegar al poder fue incrementar los tipos marginales sobre la renta, ubicándolas entre las más altas de Europa. En marzo, su gobierno eliminó algunas de las deducciones del Impuesto de Sociedades, imponiendo, a efectos prácticas, una subida tributaria a muchas empresas. Como muchos de sus homólogos europeos, Mariano Rajoy ha preferido imponer la austeridad al sector privado en lugar de imponérsela al Estado.

Los recortes de esta semana son un paso en la dirección correcta, pero Madrid todavía está lejos de una posición fiscal sostenible. Ni siquiera es seguro que las nuevas medidas le permitan al gobierno español cumplir con el objetivo fijado por la Unión Europea de un déficit de 6,3% para el 2012, dado que solo quedan cinco meses del año.

La parte más lamentable de la historia es que la obesidad del sector público español es en realidad algo relativamente reciente. El gasto público se disparó gracias al crecimiento extraordinario de los ingresos generado por la burbuja inmobiliaria. Entre 2001 y 2007, la recaudación creció un 67%, mientras que los gastos aumentaron en un 57%. España tuvo unos modestos superávits presupuestarios durante algunos de esos años, pero estos desaparecieron tan pronto como se evaporaron los ingresos de la burbuja y el gasto continuó creciendo a consecuencia de la crisis: un superávit de 1,9% en 2007 se convirtió en un déficit de 11,2% en solamente dos años. Para finales de 2011, el gasto público era un 75% más alto (33% más alto ajustado para la inflación) que hace una década.

De hecho, España tendría un presupuesto balanceado hoy en día si Madrid hubiese congelado su gasto per cápita durante los años de la burbuja entre 2001 y 2007, como lo hizo Alemania. Si el gobierno español quiere cuadrar sus cuentas, lo único que necesita hacer es reventar la burbuja del sector público que se derivó de las burbujas financiera e inmobiliaria.

El gasto público se reduciría en 21.000 millones de euros, por ejemplo, si el ingreso real y el número de empleados públicos por ciudadano se redujera a los niveles de 2001. Si las pensiones fuesen minoradas (en términos reales) a los niveles de 2001, eso recortaría el gasto en alrededor de 20.000 millones de euros. Otros 15.000 a 20.000 millones se podrían ahorrar si se racionalizaran los beneficios de desempleo. Y, por último, eliminando subsidios a industrias que no son productivas, asociaciones, sindicatos y políticos significaría un ahorro adicional de 20.000 millones.

En otras palabras, simplemente ajustando algunas de las partidas más claramente infladas del sector público español, podrían lograrse unos ahorros de alrededor de 80.000 millones de euros. Eso permitiría recortar nuestro déficit de 2011 en un 90%… sin aumentar un solo impuesto.

La buena noticia es que Mariano Rajoy finalmente ha admitido que todas las rúbricas del presupuesto son susceptibles de ser recortadas, incluso aquellas que hasta ahora se decía que eran intocables. Pero para que la economía española crezca y no simplemente se estabilice, necesitamos tanto recortes adicionales del gasto público como reducciones de impuestos: precisamente lo que el Partido Popular prometió hacer antes de las elecciones del año pasado. Es hora de que el Sr. Rajoy cumpla con esa promesa.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de junio de 2012.

Un pinchacito a la burbuja estatal

La burbuja financiera –la enorme expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la manipulación de los tipos de interés que efectuó ese monopolio público llamado Banco Central Europeo– engendró la burbuja inmobiliaria y, a su vez, la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto dio lugar a un hinchazón de la actividad que disparó los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja estatal.

Puede que por burbuja financiera e inmobiliaria todos entiendan perfectamente a qué nos referimos. Pero, ¿qué es la burbuja estatal? La burbuja estatal consiste en haber creado una estructura del sector público mucho más inflada y sobredimensionada de la que la economía privada puede sufragar. Y es que durante los años ilusoriamente felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó.

Son muchos los estatistas que argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Mas tal aserto es simplemente fruto de una tergiversación cortoplacista de los hechos. Imaginen que a un tipo le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente.

Pues lo mismo le sucedió a nuestro Estado: pese aque la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios y no recurrentes, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, si bien la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte, los gastos totales del Estado continuaron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones: ¡para que luego digan que necesitamos todavía más planes de "estímulo" de la demanda!

No, lo que necesitamos es pinchar la última de las burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la estatal. Fruto del enorme desequilibrio entre ingresos posburbuja y gastos burbujísticos, los ahorradores temen razonadamente que nuestro país pueda entrar en suspensión de pagos, lo que les está llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por eso, por ejemplo, Alemania o Francia han llegado a pagar tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo).

Hasta la fecha, sin embargo, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial.

Sin embargo, este miércoles pudo empezar a cambiar algo desde el Congreso. Por primera vez desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado gastos de verdad (no como los demagogos y falsos recortes precedentes que no hacían más que bajar los desembolsos en un lado para aumentarlos en otro). No es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Eso sí, dada la decepcionante trayectoria acreditada por Rajoy hasta el momento, también podría quedarse en el último paso, la última concesión, que está dispuesto a dar el PP en aras de la consolidación fiscal, de un modo muy parecido a lo que sucedió con el tijeretazo de ZP. Si así fuera, a España no le quedaría probablemente otro remedio que suspender pagos.

Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por recortar muchos más gastos con más intensidad– esta terminará explotando de manera caótica y se nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última oportunidad que tendremos.

Fraude. Por qué la gran recesión

Hace varios años ya cuando, siendo un joven afiliado al Partido Popular, descubrí en una conferencia organizada por Faes a un entusiasmado catedrático de economía que anduvo durante más de una hora explicando la imposibilidad teórica del socialismo. La impresión que me causaron sus palabras debió de ser similar a la vivida por Pablo al caer cegado del caballo.

Con el atrevimiento de quien no sabe bien lo que hace, nada más llegar a casa le escribí un mail pidiéndole un artículo para la revista que acababa de fundar en la universidad. No tardó mucho en responder. Me dijo, amablemente, que no. Que andaba muy ocupado escribiendo su Tratado de Economía Moderna pero que hiciese el favor de mandarle mi dirección postal. Lo hice y al día siguiente llegó un motorista a casa con un enorme paquete. Eran todos sus libros y una invitación personal –”con el apellido que usted tiene, no faltaba más”, me dijo- para asistir a su seminario de los jueves. No sólo leí todos aquellos libros sino que desde entonces no he dejado de asistir a todos cuantos seminarios he podido. El catedrático no era otro, claro, que Jesús Huerta de Soto.

Amagifilms

A lo largo de tantos jueves he ido descubriendo, no sólo la mayor parte de los conocimientos que hoy día conforman mi bagaje intelectual, sino a varios de los que hoy considero grandes amigos. Asimismo, he ido viendo crecer la cantidad de auténticos liberales que, si hace algunos años, como suele recordar Luis Reig, podían caber holgadamente en un taxi, hoy necesitan ya –necesitamos- al menos un buen avión.

Entre ellos están muchas de las mejores cabezas de la intelectualidad actual y mi relación personal con ellos fue, sin duda, una de las principales razones para que en Amagifilms, la empresa que hace apenas un año fundé con mis socios –Daniel García y Bárbara Sokol–, nos decidiésemos por “Fraude. Por qué la Gran Recesión” como nuestro primer gran proyecto.

Son muchos los documentales que, como Fraude, han tocado el tema de la crisis económica que actualmente nos asola. Sin embargo, ninguno con ellos conformaba el documental que a mí me hubiera gustado ver. Para llenar ese vacío, además de contactar con intelectuales de la talla de Jesús Huerta de Soto o Juan Ramón Rallo, profesionales de los mercados como Daniel Lacalle o Ned Naylor-Leyland o alguno de los poquísimos políticos que han sabido comportarse en estos años, como Steve Baker.

Película documental

Ideé un guión que fuera capaz de aglutinar, primero, la teoría económica que una vez más se ha demostrado como la única acertada (la Teoría Austríaca de los ciclos económicos); segundo, la crónica histórica de la Gran Recesión vista a la luz de estas ideas; y, por último, que fuera capaz, no sólo de denunciar los graves atropellos que venimos sufriendo desde hace siglos los ciudadanos–y que terminé llamando “el fraude legal”-, sino de aportar soluciones concretas.

Enfrentar esta difícil tarea tratando, no sólo de cumplirla con una mínima solvencia, sino de hacerla digerible para el gran público y, a su vez, revestirla de cierto encanto audiovisual ha sido, sin duda, lo que más dificultades ha supuesto durante todo el período de producción. Eso y, por supuesto, la necesidad de conseguir una financiación básica que nos permitiera, al menos, cubrir las partes más esenciales del presupuesto. A este respecto, nunca sabremos agradecer bastante la ayuda de inversores como el Instituto Juan de Mariana; personas que de manera anónima hicieron en su día, a ciegas, su aportación, depositando en nosotros una total confianza; y, por supuesto, todos cuantos nos apoyasteis hace unos meses, cuando apenas teníamos un tráiler que enseñar, y nos seguís apoyando ahora, según vais terminando de ver el documental, con vuestras donaciones.

Esta crisis marcará la generación a la que pertenecemos todos cuantos hemos participado de manera directa en este documental. Denunciar el fraude que penosamente nos ha llevado a ella y tratar de advertir sobre los más que probables errores futuros que nos harán repetir el proceso era nuestra principal intención. Valorar el resultado es algo que ya no nos corresponde a nosotros. Si pensáis que se ha cumplido, ya sabéis: difundidlo.

Ver también

El relato más crítico de la Gran Recesión. (Ángel Martín Oro).

La verdad sobre la austeridad española

A continuación, reproducimos el artículo de Ángel Martín Oro aparecido en Wall Street Journal el 18 de junio. La traducción fue publicada en elCato en español, a quienes agradecemos nos permitan reproducirlo aquí.

A medida que la crisis económica en España se profundiza y el rendimiento de los bonos alcanza niveles récord, algunos afirman que la austeridad ha fracasado y que ahora es momento de recurrir a políticas de crecimiento basadas en un estímulo fiscal. Dos años de profundos recortes en el gasto solo han llevado a España a una nueva y severa recesión, con una caída estimada del PIB de 1,8% en 2012, según la edición de abril de la publicación Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. Los keynesianos señalan a la espiral contractiva que constituye el recorte del gasto, que conduce a una menor demanda y, a su vez, a una caída del PIB y del empleo.

El presidente del gobierno Mariano Rajoy acudió recientemente a Europa por ayuda, tras asegurar al parlamento que su gobierno había hecho todo lo posible para recuperar la confianza de los inversores.

El problema es que tanto las objeciones keynesianas como los intentos de Rajoy de pintar el rescate como una victoria, pasan por alto un hecho vital. La austeridad no ha fracasado porque esta no se ha intentado realmente, a menos que "austeridad" signifique realizar modestos recortes de gasto mientras se aumentan significativamente los impuestos, como ha hecho España. El término "austeridad" es ambiguo, pero no parece apropiado llamar a un gobierno "austero" cuando trata de solucionar el déficit mediante la extracción de más recursos del contribuyente.

Aclaremos que el déficit actual de las finanzas públicas se debe principalmente a un gasto excesivo. ¿Cómo es posible eso, teniendo en cuenta que las administraciones públicas españolas mantuvieron un superávit presupuestario del 2% en 2006 y 2007? La respuesta está en el crecimiento extraordinariamente alto e insostenible de los ingresos en ese momento, gracias a la burbuja inmobiliaria inducida por el crédito.

Durante el boom, el gobierno asumió nuevos y grandes compromisos de gasto a largo plazo en áreas como prestaciones sociales, infraestructura pública y salarios del sector público. Pero esto fue financiado principalmente por ingresos temporales y a corto plazo. No debería sorprender que el déficit se disparara cuando la burbuja se derrumbó.

Mientras que el gasto público ha caído de su nivel máximo de 2009, consideremos un horizonte temporal mayor con los siguientes datos —que provienen de un reciente estudio comparativo de las políticas fiscales durante la Gran Recesión, publicado por el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana de España:

  • En 2011, el gasto total del sector público en España fue un 13% más alto que en 2007 y casi el doble de lo que era en el año 2000.
  • Entre 2007 y 2009, el saldo presupuestario se deterioró en 13,1 puntos porcentuales del PIB (comparado con 10,3 puntos porcentuales en EE.UU. y 4,3 en Alemania), como resultado tanto de un aumento en el gasto y una caída en los ingresos. Desde entonces, la llamada consolidación fiscal solo ha mejorado el balance público en 2,3 puntos porcentuales (frente a 3,5 puntos porcentuales en EE.UU.).
  • De 2007 a 2011, el gasto público como porcentaje del PIB ha aumentado en 4,4 puntos porcentuales en España, más del doble del equivalente en Alemania (2,1 puntos porcentuales).
  • La relación deuda pública a PIB en España ha aumentado en un 90% desde 2007, en comparación a 50% en EE.UU. y solo 25% en Alemania.

En los debates actuales sobre la política fiscal en España —falazmente enmarcados como un conflicto entre la austeridad y el crecimiento— a menudo se olvida que durante 2008 y 2009 el entonces gobierno socialista implementó uno de los mayores paquetes de estímulo de todos los países desarrollados, comparable solo a los niveles de estímulo estadounidenses.

En el mejor de los casos, estas políticas fueron ineficaces. Ni EE.UU. ni España lograron evitar las fuertes pérdidas de empleo en el sector privado, y en su lugar aumentó el número de empleos del sector público. En cambio, con políticas fiscales mucho menos expansivas, el mercado laboral de Alemania apenas ha sufrido. Si bien es cierto que Alemania no experimentó una burbuja similar a las que inflaron los mercados inmobiliarios en EE.UU. y España durante la década pasada, también es cierto que en 2009 Alemania experimentó una caída del PIB mayor que la de España o EE.UU., causada por el colapso de sus exportaciones.

Pero la peor consecuencia de los paquetes de estímulo fiscal es el aumento subsiguiente de la carga de la deuda nacional y otros costes relacionados. En primer lugar, incentivan el creciente deterioro de las finanzas públicas al desplazar el crédito bancario del sector privado y ponen frenos al proceso de desapalancamiento saludable de la economía en su conjunto, lo que reduciría la necesidad de financiación externa.

En segundo lugar, el gasto de estímulo, tanto en España como en EE.UU., ha sostenido artificialmente sectores hipertrofiados de la economía, tales como la industria inmobiliaria y la automotriz, que fueron sobrealimentadas por políticas de crédito fácil durante la etapa del boom. De este modo, ha detenido el ajuste necesario de la estructura de producción de la economía, mediante el cual las industrias infladas deben reducirse y liberar recursos para su uso en sectores más rentables y eficientes.

Tratar de resolver una crisis causada por un exceso de (mala) deuda con más deuda ha sido contraproducente. El problema fundamental de la fase recesiva del ciclo no es la necesidad de estabilizar la demanda agregada. Las circunstancias actuales requieren, en cambio, que reajustemos la oferta inadecuada para satisfacer la demanda real, y para mejorar las deterioradas posiciones financieras de los agentes económicos reduciendo la deuda y aumentando el ahorro o el capital.

Sin embargo, la austeridad fiscal tampoco es una panacea. Debe acompañarse con un conjunto de políticas pro crecimiento para crear un ambiente institucional favorable para la recuperación del sector privado —mediante, por ejemplo, reformas más profundas del mercado laboral y la eliminación de las barreras al emprendimiento. Por otra parte, se debe alcanzar una solución razonable para el sistema bancario, como la que propuso anteriormente en estas páginas Juan Ramón Rallo.

Podría darse el caso de que aún con la aplicación de recortes de gasto grandes y bien orientados, acompañados con reformas favorables al libre mercado, los inversores siguieran sin la suficiente confianza como para invertir, manteniendo a la economía española en recesión. Pero el señor Rajoy al menos tendría mayor derecho a decir que hizo todo lo posible por solucionar la situación. Y la alternativa promete ser mucho peor.