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Competitividad internacional y el ajuste del gasto público

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En cierto modo, la actual tensión política y social es similar a la ocurrida en los años 30 del siglo XX, que permitió el ascenso de las ideologías colectivistas del nazismo, el fascismo o el comunismo. Así, por ejemplo, si observamos la suma de los votos a los partidos políticos extremistas en Grecia se acerca al 40% de un electorado que parece no estar dispuesto a realizar sacrificios y prefiere abrazar utopías. Si bien, afortunadamente, en otros países europeos parece que, de momento, los ciudadanos están siendo política y económicamente más sensatos y maduros.

La crisis económica y financiera que atraviesan España y Europa requiere un cambio cultural que deben asumir las autoridades y los ciudadanos. En vez de dejar caer sus voluntades hacia el lado de las soluciones erróneas y radicales que pretenden imponer más Estado y más gasto "social", los europeos deben estar dispuestos a afrontar la necesidad de imponer la austeridad en las cuentas de las administraciones públicas, ajustar los gastos a los ingresos de las familias, trabajar más duro y mejor, investigar, desarrollar e innovar, emprender nuevos negocios que aporten valor añadido a la sociedad y, en definitiva, competir con excelencia para poder sufragar nuestro nivel de vida con exportaciones de bienes y servicios.

1. Competitividad internacional

Europa está ante una encrucijada histórica que determinará su papel geopolítico en las próximas décadas. Por un lado, los ciudadanos europeos se han acostumbrado a su actual nivel de vida con multitud de derechos "sociales" que son provistos, de forma ineficiente, por un gigantesco estado de "bienestar".

Y, por otro lado, aunque Europa dedica un presupuesto mínimo a los asuntos de seguridad interior y exterior porque cuenta con el paraguas protector de los Estados Unidos de América, la creación de riqueza en las naciones europeas viene descendiendo de manera imparable en las últimas décadas y, para retomar la senda del crecimiento económico, se requiere realizar una considerable reducción del gasto público e implementar reformas estructurales para ganar competitividad frente a las áreas económicas de los países emergentes como los denominados BRICKS (Brasil, Rusia, India, China, Corea del Sur y Sudáfrica).

2. Estructura de gasto público en España

Tal y como sucede en la mayoría de los países de Europa, y a pesar de los ajustes realizados en la administración central por el actual Gobierno de España, el gasto "social" sigue siendo excesivo porque todavía representa un 56 % sobre los capítulos I a VIII en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 [1] frente a un 58 % en los PGE 2011 [2] y, en el presente contexto de recesión económica y bajos ingresos tributarios, sigue lastrando —aún más— la economía española.

Esto último significa que, si queremos sanear las cuentas públicas para poder atender los pagos comprometidos por el Estado, sin necesidad de subir aún más los impuestos a las personas físicas y jurídicas [3][4], es imprescindible sumar la austeridad en la administración periférica y que el ajuste fiscal llegue con rigor y seriedad a las 17 Comunidades Autónomas y a las entidades locales porque, curiosamente, las Transferencias a otras Administraciones Públicas ascendieron desde 42.810,63 millones de € en el año 2011 hasta los 49.686,40 millones de € en los PGE 2012 [5].

Adicionalmente, ese porcentaje implica que sigue siendo excesivo (e insostenible) un gasto social de 175.382,70 millones de € sobre los 311.825,85 millones de € de los capítulos I a VIII, teniendo en cuenta que se ha reducido el dinero destinado a los servicios públicos básicos desde los 19.731,10 millones de € en el año 2011 hasta tan sólo 17.909,01 millones de € en el 2012 para Justicia, Defensa, Seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior.

Estos datos económicos explican por qué la mayoría de españoles tiene la sensación (o la certeza) de que no operan con la suficiente eficacia tanto el servicio exterior como la justicia y la seguridad. Es un hecho que los recursos públicos detraídos de nuestros impuestos se están dedicando a asuntos más "sociales" y "autonómicos", lo que está mermando la calidad de los servicios fundamentales que debería prestar un Estado a sus ciudadanos y que justifican su propia existencia como institución.

En definitiva que, para poder hacer frente a sus pagos, las Administraciones Públicas tendrán que rebajar las prestaciones sociales e introducirse el copago en multitud de servicios públicos en Europea, porque es la única vía económica para garantizar su sostenibilidad por medio de su provisión público-privada o sólo privada. La otra vía es la subida de impuestos, que provoca el estancamiento del consumo, desincentiva la función empresarial y, por tanto, nos sumerge con un mayor lastre en la recesión económica.

3. Toma de decisiones en política económica

La reticencia de los políticos a tomar decisiones económicas, para realizar los cambios necesarios en la estructura de gasto de las administraciones públicas, viene provocada por el deterioro electoral que tienen que asumir, y que sólo puede minorarse con una política de comunicación muy cuidada, que sea didáctica y logre transmitir adecuadamente los valores de transparencia, honradez, austeridad, esfuerzo y sacrificio que se requieren para salir de una crisis económica y financiera.

Sin embargo, es especialmente importante que arraigue con fuerza entre las autoridades el sentido de Estado y la visión estratégica a largo plazo que exigen la necesidad de gestionar con austeridad pública, con fomento del ahorro y con impulso de la empresarialidad, para dotar un área política y económica que compita con garantías de éxito en el contexto de la economía mundial, para lo cual el Euro puede ayudar, siempre que se le deje actuar como un patrón monetario, para que fuerce a los gobiernos hacia la reducción del gasto público y hacia las reformas estructurales; sin necesidad de recurrir a los déficit presupuestarios y a las emisiones de deuda soberana para financiarse que operan a medio y largo plazo en contra de los principios del crecimiento económico.

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Arcanos y cubrimiento del velo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Incluso para los cánones rastreros del pseudo estado de derecho coronado que ha regido los destinos de España durante treinta y cinco años, el último golpe asestado a la Ley y al Derecho por los miembros del Tribunal Constitucional descuella por su grave calado.

Como se sabe, este órgano extrajudicial –aunque tenga la última palabra en materia de garantías constitucionales– acaba de resolver el procedimiento de amparo planteado por los representantes de "SORTU" contra el Auto de 30 de marzo de 2011 de la Sala del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, que declaró la improcedencia de su constitución como partido político, por ser sucesor de la ilegal y disuelta Batasuna promovida por la ETA.

Si bien se daba por descontado el fallo favorable a los recurrentes, dado el sesgo político de la mayoría de los miembros –tres de ellos interinos– del Tribunal constitucional, cuidadosamente seleccionados por los dirigentes del PSOE y los partidos nacionalistas, no ha pasado inadvertida la inusitada celeridad con la que ha resuelto el caso en comparación con los plazos que, de hecho, se toma en procedimientos de similares características. En efecto, los representantes de Sortu presentaron la demanda de amparo el 18 de mayo del año pasado y han conseguido que el mismísimo Pleno satisfaga un año después sus pretensiones. Cabe añadir que el conocimiento de este tipo de asuntos queda ordinariamente en manos de tres magistrados que componen las secciones de sus dos Salas (Art. 48 LOTC). En efecto, un simple repaso de los dos últimos recursos de amparo resueltos por los mismos magistrados en sucesivas sentencias del mismo día, las cuales abordan, precisamente, sendas quejas nada complicadas de dos etarras en prisión contra el cómputo de las penas que están cumpliendo, descubre una tramitación mucho más pausada en un caso (un año y ocho meses) y escandalosamente dilatada en el otro (cinco años y cuatro meses). La diferencia resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta la costumbre en el foro, extrapolada de las normas de instrucción penal (Art. 504.6 LECr) de conferir preferencia a la tramitación de las causas con preso.

De esta manera, si no hubiera existido un trato de favor a los recurrentes en relación a los plazos para obtener una respuesta, habría sido prácticamente imposible que los actuales componentes del Tribunal Constitucional firmaran, incluso con votos discrepantes, esta sentencia. En ausencia de criterios transparentes, que no sean los temporales, sobre la preferencia en el despacho de los asuntos que trata, se cierne la vehemente sospecha de un empeño avasallador dentro del órgano constitucional por liquidar el tema de forma apresurada. Apenas un día antes de dictarse esta resolución, el actual presidente del gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco (Francisco López Álvarez) anunciaba, con ese lenguaje entre coloquial y codificado que caracteriza a la casta política, que las elecciones en esa comunidad se celebrarían cuando toque, es decir, el año próximo. Y poco tiempo después se filtraba que las negociaciones entre PSOE y PP para sustituir a los tres miembros interinos del Tribunal Constitucional que debe elegir el Congreso de los diputados, se encontraban "muy avanzadas", hasta el punto de que la elección podría materializarse en julio.

En cuanto a la argumentación esgrimida por los seis magistrados de la mayoría para anular el auto del Tribunal Supremo, caben varias observaciones. Por un lado, aunque reconocen que no pueden revisar la valoración de las pruebas consideradas por el órgano jurisdiccional (Fto Jurídico 6) es lo que efectivamente hacen. La Ley (Art. 54 LOTC) limita la función de la jurisdicción constitucional en los procesos de amparo a la concreción de la violación de los derechos fundamentales del demandante y la preservación o restablecimiento de los mismos y le previene de realizar cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, rebajan las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal Supremo a la categoría de indicios y erigen en prueba privilegiada a los estatutos del partido político SORTU y las declaraciones de sus promotores, a la que califican de "contraindicio suficiente para entender, en principio, contrarrestada (…) la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de los que pudiera inferirse que el nuevo partido político cuya inscripción se pretende en el Registro de Partidos Políticos pudiera perseguir continuar o suceder la actividad de los partidos políticos judicialmente ilegalizados y disueltos por la Sentencia 1/2003, de 27 de marzo". (Fto Jco 10).

Es decir, que la apreciación del fraude en la conducta de los promotores, servidores leales de las instrucciones de la ETA, según la valoración de las pruebas del Tribunal Supremo, queda desvirtuada exclusivamente por las propias declaraciones públicas de los interesados. Notable hallazgo intelectual: El Tribunal Constitucional cubre el velo corporativo de la ETA que el Supremo había descubierto en relación a su última franquicia.

A pesar de que algunos elementos permanecen ocultos entre bambalinas, la sentencia dictada ahora sigue las pautas marcadas por la estrategia política larvada por los ideólogos del PSOE a finales de los años noventa y asumida con disimulos por los actuales dirigentes del PP, tal como han demostrado la depuración de sus elementos díscolos en el País Vasco hace unos años y sus posteriores actuaciones una vez llegados al gobierno.

Los vascos, y españoles en general, que hayan mantenido la cordura durante tanto tiempo frente a la presión impuesta por el crimen y la extorsión tienen doble motivo para estar desconsolados. Los promotores de un proyecto totalitario, que han persistido en su vesania fanática, van a ser otra vez recompensados con parte del poder político, esta vez por dejar de matar, si nadie lo remedia. Los tibios y los que no han querido contemplar la realidad del crimen y la extorsión, porque no iba con ellos, hasta podrán sumarse a un movimiento que probablemente ha ido ganando adeptos porque jamás se le ha combatido de forma constante y legal, sino que se le ha considerado interlocutor político, a pesar de la retórica cuando se condenaban sus atentados.

La casta política española (que incluye a los políticos nacionalistas de todas las regiones, por supuesto) guarda en sus arcanos un plan para integrar a la ETA entre sus conmilitones con derecho a mantel y mesa. Todos se están engañando, se miran de reojo y no se pueden fiar del comensal de al lado, pero todos comparten esa obsesión por saltarse las normas de justicia, por retorcerlas y pisotearlas con este apaño. Hay que reconocer un cambio: Las bestias de la ETA se han refinado. Aconsejan a sus tutelados condenar a sus tutores en público.

La tributación de las ganancias del capital (plusvalías)

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

Gravar las plusvalías y, en general, las ganancias del capital, significa disminuir el rendimiento de los activos, es decir, de las inversiones realizadas. Los efectos económicos de esta disminución de los rendimientos pueden producirse a lo largo del tiempo -porque se reducirá la retribución periódica del activo- o instantáneamente -a través de la capitalización del impuesto-.

En efecto, con la disminución de la retribución del capital, los inversores verán menguada a lo largo del tiempo (en función de la maduración de las inversiones) la capacidad para generar nueva riqueza con las ganancias conseguidas, reinvirtiendo todo o parte de las mismas en nuevos proyectos de inversión.

Pero, también, con la capitalización del impuesto, los propietarios se empobrecerán de golpe, dado que los activos valdrán menos al ofrecer menores rentabilidades. Esta disminución del valor de los activos sitúa al inversor en una posición económicamente más débil con respecto a sus otros posibles negocios. Así, la existencia del impuesto hace que el inversor cuente con bienes menos valiosos con los que avalar a los posibles agentes económicos que quieran invertir en sus otros proyectos empresariales, ya sean como accionistas o como prestamistas.

Del mismo modo, la tributación de las plusvalías resta cierto sentido a la venta del activo dado que esta se efectúa para cambiar un bien menos líquido por otro más líquido (el dinero). Gravar las ganancias patrimoniales, por tanto, penaliza la liquidez de los inversores y, cuando estos se encuentren en las dificultades propias de una crisis, no ayudará (tanto como si no existiera el impuesto) a ser más solvente al inversor.

Por otra parte, gravar las plusvalías implica dificultar y, en parte, obstaculizar, las ventas de los activos. Los inversores tenderán a atrasar las ventas para evitar el impuesto comparado con lo que habrían hecho en ausencia del gravamen. Y dificultar tales ventas perjudica directamente el uso más adecuado de los recursos, pues hace más difícil a los empresarios ordenar la producción y orientarla de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de los consumidores.

Esta tendencia al inmovilismo provoca una rigidez en la inversión y, por ende, en el conjunto de la economía. Será más difícil entonces que la estructura de capital (las combinaciones de los diferentes planes empresariales con sus respectivos usos de bienes de capital) se modifique y se adapte a las nuevas necesidades de los consumidores u otras circunstancias.

En otro orden de cosas, muchos economistas se han quejado de que las ganancias del capital y, entre ellas, las ganancias patrimoniales (o plusvalías), que se incluyen dentro del Impuesto sobre la Renta, no deberían considerarse renta dado que son ganancias acumuladas a lo largo de varios ejercicios. Y es precisamente este hecho el que hace que se tribute por una cantidad superior a la renta real del año en que se ha producido la venta. Algo que provoca una descapitalización repentina del inversor (comparado con la situación sin impuesto) que penaliza su liquidez, su solvencia y sus posibilidades de invertir en nuevas empresas (como start-ups o entidades de nueva creación).  

Por último, es de destacar una grave deficiencia del cálculo de las plusvalías que se utiliza en los sistemas fiscales actuales. Así, para hallar estas plusvalías se toma en cuenta el precio de venta del activo menos el precio de compra (incluyéndose en ambos precios algunos gastos adicionales). Sin embargo, no se considera los continuos gastos de mantenimiento que ha tenido que desembolsar el inversor para mantener los activos y sin los cuales no habría podido realizar la venta que ha generado la plusvalía. Un ejemplo claro es el de los inmuebles, para los cuales no se toma en cuenta como mayor precio de adquisición (o coste) los sucesivos IBI o gastos de comunidad que han tenido que satisfacerse a lo largo de los años. Cantidades que pueden llegar a ser realmente relevantes y que, al no considerarse, provocan la sobreimposición de este tipo de ganancias.

Subvenciones, un gotero para los medios

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Entre los medios de comunicación la crisis ha hecho estragos, hasta el punto de que se puede decir que vive su propia crisis dentro de la crisis. Así, vemos constantemente cómo grupos de medios no hace tanto aparentemente invulnerables ponen en marcha Expedientes de Regulación de Empleo que afectan a cientos de periodistas o, incluso, cierran de forma definitiva. El resultado no puede ser más desolador para los profesionales del ramo: el desempleo se ha disparado en muchos miles de personas.

Existen razones sobradas para esta dura situación: en época de dificultades económicas, tanto empresas como particulares tratan de recortar gastos que consideran más o menos prescindibles. Esto se traduce, por ejemplo, en que muchas personas dejan de comprar diarios o que las partidas destinadas a publicidad por parte de las compañías de todos los sectores se reduzcan de forma drástica, cuando no se eliminen de forma absoluta. Pero no sólo es eso. Al igual que en el sector inmobiliario, en España existió una burbuja de los medios de comunicación en la cual los empresarios actuaron de forma totalmente irresponsable. Se sobredimensionaron plantillas, en algunos casos con sueldos muy elevados, se crearon medios de comunicación imposibles de mantener de forma continuada y se afrontaron gastos totalmente irresponsables de todo tipo.

Pero los responsables de esta burbuja no son sólo los empresarios que se dejaron guiar por la apariencia de fáciles y rápidas ganancias (lo cual en algunos casos fue cierto al calor del poder político). Tampoco aquellos periodistas, que también los hubo, que engatusaron a empresarios presentándoles proyectos que se mostraban como la reinvención del periodismo a través de la cual ganarían influencia además de dinero. De todo eso hubo, pero también se vio mucho dinero público destinado a mantener con vida artificialmente viejos o nuevos medios a cambio de la complicidad con el poder.

En estos tiempos duros para el sector, ya desde hace un tiempo, aparecen de forma periódica voces que piden subvenciones para el periodismo. A veces se hace a título personal, y en otras de forma colectiva, se reclaman ayudas públicas con la excusa de que la democracia requiere de medios de comunicación con unas cuentas sanas. Esto último puede ser cierto, pero para lograrlo la vía no es esa. En determinadas zonas de España esas ayudas han fluido de forma constante.

El idioma es una de las excusas favoritas de determinados Gobiernos autonómicos para regar con los impuestos de los ciudadanos a periódicos, radios o televisiones. Recientemente, la Generalitat de Cataluña –siguiendo una política ya practicada por el ‘tripartito’ y por el previo ejecutivo ‘convergente’ de Pujol– repartió cuatro millones de euros para la prensa en catalán y aranés. No es el único caso, en el País Vasco se subvenciona a la prensa en euskera, incluyendo al diario Berria; en Galicia a aquella que se edita en gallego y en Asturias a la que se publica en asturiano y gallego-asturiano. No se trata tan sólo de favorecer desde el poder el uso de una lengua sobre otra, algo en lo que las autoridades no deberían entrar. También es una forma de comprar voluntades: la de los directores y los propietarios de los medios.

Pero no sólo entran en juego las subvenciones, la forma más evidente de mantenimiento económico de los medios desde el poder. También existen millonarias campañas de publicidad institucional o suscripciones masivas a medios de comunicación por parte de las Administraciones. Ejemplos de esto último abundan, por ejemplo, en diversas comunidades autónomas.

Ninguna de estas prácticas consiguen mantener un periodismo sano y en forma. Ni tan siquiera es lo que se pretende con ellas desde el poder. La inyección de dinero público a través de subvenciones y otras actuaciones tan sólo consigue mantener a los medios como un enfermo atado a un gotero. Su vida depende del suero que entra por esa vía. Y no se trata de algo seguro. Antes o después hay que afrontar recortes en las arcas públicas, y estos afectarán a estas partidas. De hecho, en algunos casos esto ya ha ocurrido y ha supuesto el fin de determinados medios de comunicación que se mantenían en pie prácticamente tan sólo por el dinero entregado por las autoridades.

Los medios de comunicación necesitan estar sanos, por su propia pervivencia y por el papel que juegan en una sociedad que es o quiere ser libre. Pero para ello no pueden depender del dinero que le den los políticos tras sustraérselo a los ciudadanos a través de los impuestos. De esta manera, serán marionetas que procurarán no molestar demasiado para no ver recortar el maná de lo mal llamado "público". El sector ha de reformarse en profundidad y saber atraerse el favor de las audiencias y los anunciantes. Tan sólo así podrán jugar el papel de contrapoder del que tanto les gusta alardear.

Un rescate con más oscuros que claros

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Mi propósito, como fácilmente puede comprobarse, no era otro que el de abrir un debate sobre la conveniencia de que la banca española no sea rescatada a costa de un contribuyente –que ya carga a sus espaldas con una billonada de deuda pública y privada– sino a expensas del acreedor que se equivocó al invertir su dinero en entidades hoy insolventes. La ventaja de la capitalización de deuda, o bail-in, es que evita la liquidación desordenada de las entidades financieras y permite que éstas subsistan en su forma actual, cargando las pérdidas a los malos inversores.

Afortunadamente, diría que el debate está más vivo que nunca, tal como acredita el hecho de que Hans-Werner Sinn, presidente del prestigioso instituto alemán IFO, se haya sumado explícitamente a la propuesta del bail-in. Que incluso desde Alemania, nuestro principal acreedor exterior y, por tanto, uno de los países que más sufriría una capitalización de deuda, abracen esta alternativa como la más saludable de las posibles, sólo puede ser recibido con una moderada y cautelosa esperanza.

Pero regresemos a la crítica que Don Juan Velarde ha efectuado sobre mi artículo. Tres son las peticiones de principio que don Juan me afea: la primera, mi impropia comparación entre el rescate a la banca y los planes de despilfarro tipo Plan E; segunda, mi presunción de que gran parte del rescate terminará acarreando pérdidas tanto para el Estado como para, en última instancia, el contribuyente; y tercero, mi apresurada aseveración de que el préstamo de Bruselas, instrumentado a través del Tesoro, condena a nuestro sector público a la insolvencia. Voy a intentar aclarar estos tres extremos.

En cuanto a mi equiparación entre los estímulos de demanda y el rescate de la banca, es verdad que en apariencia no tienen demasiado que ver. El despilfarro público se articula mediante gastos, corrientes o inversiones, cuyo único propósito es el de generar actividad "sea como sea" para mantener a parte de los trabajadores empleados; en cambio, el rescate de la banca se instrumenta mediante un préstamo que, por un lado, tiene que repagarse en el futuro y, por otro, está garantizado por los activos de las entidades financieras.

Sin embargo, a la hora de la verdad puede que ambas políticas no se diferencien tanto como podría parecer: el préstamo privilegiado a la banca no es más que una inversión pública que el Gobierno espera que le proporcione retornos positivos… exactamente del mismo modo en que espera que se los proporcione un programa de gasto público dirigido a estabilizar la demanda, a que las economías se relancen y a que no se desplomen los ingresos tributarios. Por supuesto, lo segundo es una fantasía keynesiana empíricamente incomprobable y teóricamente falaz, mientras que lo primero es una operación cuyas pérdidas y ganancias contables sí podemos calcular en el futuro, pero desde el punto de vista del político intervencionista, ambas decisiones son análogas: lo que se intenta es minimizar los en parte imprescindibles reajustes propios de toda crisis económica, cargando los errores ajenos a las espaldas de todos los contribuyentes.

Justamente, ése es el contexto en el que enmarco el artículo y en el que debe leerse mi analogía: seguimos insertos en un pensamiento burbuja donde se ha tratado de contrarrestar la parálisis crediticia del sector privado con un sobreendeudamiento público para rescatar a todo aquel damnificado por la sequía crediticia (trabajadores en paro, bancos quebrados por acumulación de morosidad, promotores que acumulan stocks de viviendas invendidos, etc.). Huida hacia adelante que obvia que no estamos en disposición de seguir endeudándonos a ritmos expansivos sino que, por primera vez en varias décadas, debemos proceder a desapalancarnos.

Por lo que se refiere a mi pesimismo acerca de las pérdidas del salvamento bancario para el Tesoro, mi postura se basa tanto en consideraciones teóricas como históricas. En cuanto a la teoría, una mera identidad contable: las pérdidas del activo (derivadas en este caso de la morosidad) se han de trasladar forzosamente al pasivo. Si la parte más debilitada del sistema financiero español, que es la que necesita del rescate, no es capaz de absorber con su pasivo actual las pérdidas de su activo, muy probablemente sean los contribuyentes quienes las soporten. Temor que no hace más que acrecentarse cuando descubrimos que ningún inversor privado, ni nacional ni extranjero, se muestra dispuesto a pujar por nuestras peores entidades a menos que el Estado le otorgue un esquema de protección de activos tan gravoso para el contribuyente que ni siquiera nuestros mandatarios se atreven a proponerlo.

En cuanto a las consideraciones históricas, lo cierto es que los procesos de recapitalización estatal de los bancos suelen ser bastante costosos para el contribuyente. Sin ir más lejos, el profesor Velarde cita el trabajo de Álvaro Cuervo, quien estimó que la crisis bancaria de finales de los 70 y principios de los 80 le costó al erario más de un billón de pesetas de entonces: el equivalente al 4% del PIB. Si tenemos en cuenta que la crisis bancaria actual es mucho más grave, no resulta inverosímil especular sobre unas posibles pérdidas cercanas al 8%-10% del PIB, es decir, entre 80.000 y 100.000 millones de euros, que es la práctica totalidad del importe prestado por Bruselas.

Por último, Don Juan Velarde también ve injustificado que asuma sin más que diez puntos adicionales de deuda pública conducen irreversiblemente a la insolvencia del Reino de España, cuando otros países vecinos, como Alemania, tienen unos pasivos gubernamentales superiores sin que ello socave su posición. Sin embargo, tan importante como la cantidad de deuda es la calidad de esa deuda, es decir, la capacidad para continuar pagándola merced a la riqueza nacional anualmente generada y apropiada por el Gobierno. No deberíamos obviar que España tiene un déficit público enquistado en torno al 7% del PIB, lo que significa que en dos años podemos llegar al 100% de deuda sobre PIB. ¿Se habrá solventado para entonces nuestro agujero presupuestario? Sin medidas más audaces por parte del Gobierno, es muy dudoso. Eso es lo que valora el especulador que decide no comprar nuestra deuda: no si ahora no estamos del todo mal, sino si lo vamos a estar en un futuro verosímil.

Y precisamente por ello, el problema de solvencia de España afecta al conjunto de la economía. En esto no existen diferencias categóricas entre sectores: lo que se valora es la solvencia del conjunto del sistema, donde participan gobiernos, empresas y familias. Un sector privado poco endeudado puede estar abocado a la quiebra si padece un sector público hiperendeudado que amenaza con devaluar su divisa (Grecia); y un público poco endeudado puede estar quebrado si la base de su recaudación es un sector privado hiperendeudado y con escaso margen para generar riqueza. De hecho, no olvidemos que muchos defaults soberanos se han producido con niveles de deuda pública aparentemente reducidos: por citar dos casos recientes, Rusia suspendió pagos en 1998 con un 66% de deuda pública sobre el PIB y Argentina en 2001 con un 47%. Por consiguiente, España no se encuentra ni mucho menos inmunizada contra una reestructuración de su deuda pública, sobre todo si, en el contexto actual, le añadimos de golpe y porrazo 100.000 millones adicionales para reflotar a la banca.

Con todo, lo mollar de las anteriores reflexiones es resaltar lo que, a mi juicio, supone el gran error del modo en que se está tratando de atajar la crisis actual: solucionar los problemas derivados de un exceso de endeudamiento mediante dosis adicionales de endeudamiento que arrastren hasta la insolvencia a aquellos pocos agentes económicos que todavía seguían siendo confiables en la economía. La capitalización de deuda, o el bail-in, posee precisamente la virtud de revertir esta tendencia: saneamos a la banca al tiempo que nos desapalancamos. Sólo por ello, y porque no traslada las pérdidas privadas a los lomos de los contribuyentes, ya merece ser tenida en cuenta.

Pero, en efecto, coincido con el profesor Velarde en que el cambio de mentalidad que hace falta en nuestras sociedades es mucho más amplio: austeridad pública de verdad centrada en el gasto, aumento del ahorro familiar y empresarial, liberalizaciones privadas mucho más intensas y reestructuraciones sensatas de aquella deuda impagable.

¿Se puede sacar a flote la economía sumergida?

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación del Estado, y especialmente su regulación fiscal y social. El clamor popular contra la economía sumergida, sabiamente azuzado desde las esferas políticas, se revitaliza de vez en cuando, especialmente en tiempos de crisis. En el mejor caso, se tilda a los individuos operando de forma sumergida como insolidarios, pero lo normal es exigir que se refuercen los controles fiscales y que todo el mundo pague lo que el Estado exige.

La creencia que subyace en esta reivindicación es la siguiente. La actividad económica sumergida, por definición, no tiene control fiscal, no paga impuestos. Si el Estado fuera capaz de controlar esta actividad, de aflorar el mercado negro, ello se traduciría en una mayor recaudación de impuestos, por lo que se podrían reducir estos en general, o al menos paliar sustancialmente situaciones de déficit grave como la actual. De hecho, si no recuerdo mal, una de las medidas inicialmente anunciadas por este Gobierno consistía precisamente en reforzar la lucha contra el fraude. Como tantas otras de sus anunciadas propuestas, ésta también parece mantenerse en el limbo, por el momento. Y afortunadamente, por las razones que ahora se explicarán.

La cuestión que se plantea es si es posible tal afloramiento. En un marco estático, el manejado por el economista mainstream, se asume que la actividad se mantiene una vez controlada fiscalmente. El problema del mercado negro consiste, por tanto, en su identificación y control, pues una vez "registrada" la actividad no le quedará más remedio que pagar sus impuestos y cotizaciones, de los que se escapaba por estar oculta.

Sin embargo, a este simple análisis hay que añadirle los siempre importantes (y siempre ignorados o infraestimados por el mainstream) efectos dinámicos. Para ello, hay que buscar los sujetos activos en la economía sumergida.

En el imaginario popular, se trata de ricos empresarios con ribetes de mafioso, que se forran mientras explotan a unos trabajadores a los que pagan en negro; son los mismos que te ofrecen no darte factura a cambio de no cobrarte el IVA, para que estos ingresos no se reflejen en la liquidación del impuesto de la renta. Y claro que hay individuos así en el mercado negro, por supuesto.

Pero tiendo a pensar que no constituyen, ni de lejos, la porción más importante de la economía sumergida. Aquí están también muchas personas normales, a las que realmente no les gusta vivir en una situación que perciben como precaria. La mayor parte de la gente ve al Estado como una bendición que les proporciona milagrosamente educación, sanidad, pensiones, carreteras… Para la mayor parte de la gente, por tanto, estar fuera del sistema es una desgracia (aunque puntualmente puedan renunciar a la factura por ahorrarse el IVA). La mayor parte de la gente que trafica en la economía sumergida lo hace, creo, contra su voluntad.

¿Qué les impide aflorar? Muy sencillo: la sostenibilidad de su actividad y, por ende, de su vida. Veamos un ejemplo: un tal Juan, sevillano, lanzado a la fama por su aparición en un artículo del New York Times. Se dedica a transportar y montar muebles de Ikea, para lo que capta sus clientes a la salida del hipermercado ofreciéndoles un precio inferior al que da Ikea. Con este trabajo, Juan gana unos 800 Euros al mes, y no declara nada a Hacienda. Por cierto, a Juan le despidieron de Ikea y por eso se ve forzado a trabajar así, de hecho se siente víctima del defectuoso modelo económico. Vamos, que no está en esta situación tan voluntariamente como pudiera parecer a los que ven en la economía sumergida un nido de buitres.

Parece obvio que la situación de Juan no se puede regularizar. Los impuestos y cargas sociales a que habría de hacer frente, y eso olvidando otro tipo de regulaciones sectoriales, harían posiblemente inviable el negocio. Quizá 400 de los 800 euros ganados tuvieran que ir a las arcas del Estado. Pero con los 400 euros restantes Juan tal vez no pudiera mantener su familia. Por tanto, realmente Juan no tiene la opción de regularizar su actividad. Como tampoco la tiene el Estado: si trata de regularizar por la fuerza (y sin contar los costes de tal identificación u obligación), lo que conseguirá será hacer desaparecer la actividad. Juan dejará de trabajar, o continuará haciéndolo fuera de la ley a riesgo de terminar en la cárcel. Es evidente que si la cosa termina así, también habrá desaparecido la actividad económica. Y el Estado estará peor, pues no solo no habrá conseguido más ingresos, sino que deberá hacerse cargo, directa o indirectamente, de otro individuo al que ha privado de su modo de vida y dejado improductivo.

Por tanto, una vez se tiene una mínima consideración de los efectos dinámicos, es fácil observar que el "problema" de la economía sumergida no es fácilmente regularizable. Por supuesto que hay gente a la que esta hipotética regularización no haría insostenible, pues es cierto que algún caso de empresario mafioso se estará dando. Pero no es el caso de la mayoría, me temo.

Tratar de regularizar la economía sumergida a lo único que llevaría es a una reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía. Desaparecerían todos aquellos que están en el margen, reduciendo la actividad económica no oficial, y haciendo que más gente dependa de la caridad del Estado para su subsistencia. De un Estado que, dicho sea de paso, cada vez muestra más su incapacidad de atender a nadie.

En resumen, el Estado no puede acabar con la economía sumergida sin destruirse a sí mismo. Para próximos artículos dejaremos el análisis sobre si, por el contrario, podría la economía sumergida acabar destruyendo al Estado.

España ya había sido rescatada

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Después del préstamo extendido de 100.000 millones de euros no hay ninguna duda que España ha sido finalmente rescatada. Se nos dice que esta cantidad, que equivale a 10% de la riqueza que produce España en un año, irá destinada únicamente al sistema bancario. El dinero, que recibirá el FROB en primera instancia, se destinará a las instituciones financieras españolas para cubrir las pérdidas derivadas de su exposición al ladrillo.

Evidentemente, el gobierno ha tratado de tergiversar, retorcer y pervertir el lenguaje para intentar erradicar la palabra ‘rescate’ de nuestra mente. ‘Apoyo financiero’ es el término que han escogido desde el gobierno para describir la situación española. Bien es verdad que 100.000 millones de euros son un gran apoyo financiero… pero destinado a rescatar. Rescatar a la banca porque el Estado español no puede cubrir por sí solo esa cantidad debido a la desconfianza enorme de los mercados, que le exigen (lógicamente) intereses muy altos para financiarse.

Es decir, realmente estamos hablando de un rescate soberano, no un rescate bancario.

Sin embargo, el que piense que el rescate ha empezado ahora está equivocado: el rescate comenzó hace meses, en el 2011, cuando el BCE empezó a comprar bonos españoles.

Y más tarde continuó cuando se llevó a cabo el carry trade. Éste consiste básicamente en lo siguiente: los bancos acuden el BCE, que les presta dinero al 1% para invertir en deuda soberana que les renta a un tipo bastante superior. De ahí la "facilidad" del Tesoro español en el pasado para colocar deuda. Ha venido siendo una monetización indirecta. Es decir, un rescate a la banca y al estado español.

Y es que un problema de deuda no se arregla con más deuda por mucho que se empeñen políticos e intelectuales. Sería como intentar curar una borrachera con todavía más alcohol. Una crisis de deuda sólo presenta una solución: amortizar y reducir la deuda. No tiene sentido incrementar la deuda de una economía fuertemente apalancada a tasas insostenibles.

La única solución que le queda al Estado es disminuir sus gastos. Pero ya hemos visto que nuestros arrogantes políticos se han preocupado más de culpar a los mercados que de sanear sus cuentas. Sin embargo, la realidad es que los mercados no atacan, sólo se protegen… de futuras tempestades.

Una alternativa para sanear la banca española

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

A continuación, reproducimos el artículo de Juan Ramón Rallo aparecido ayer en Wall Street Journal con el título "A Better Way to Save Spain’s Banks". La traducción, gentileza de Gabriela Calderón, será publicada próximamente en elCato en español.

Lejos de calmar a los mercados, la petición de 100.000 millones de euros por parte de España con el propósito de rescatar a sus bancos ha provocado que se disparen los tipos de interés del país y ha conducido a que las agencias de rating reduzcan su calificación crediticia esta misma semana.

No hay duda de que el sector bancario español se enfrenta a enormes problemas debido a su alta exposición al mercado inmobiliario, el cual continúa en declive tras su masivo boom. Pero el Estado español, con sus propios déficits y una tasa de desempleo oficial del 25%, no puede permitirse rescatar a los bancos, aun con la ayuda de un préstamo blando de Bruselas. Al menos, este es el mensaje prístino que están transmitiendo los mercados.

Afortunadamente, hay una solución más acertada para los bancos españoles: en lugar de ser rescatados a costa del contribuyente (bail-out), el Estado español podría hacer un rescate a costa de los acreedores (bail-in), a saber, convertir forzosamente en acciones toda la deuda subordinada de estas entidades y parte de su deuda senior no garantizada. Esto reduciría el apalancamiento de los bancos y aumentaría su capital disponible para absorber las pérdidas futuras.

De entrada, hay que tener presente que incluso 100.000 millones de euros podrían ser insuficientes para recapitalizar por entero la banca española. Ésta podría enfrentarse perfectamente a pérdidas que probablemente triplican esa cantidad: los préstamos a promotores suman 298.000 millones; los créditos para la construcción, 98.000 millones; las hipotecas, 656.000 millones; y otros préstamos a familias y empresas, 683.000 millones. Asumiendo una pérdida de 50% en el crédito a promotores y constructores, una del 5% en las hipotecas, y otra del 10% en los otros créditos para el sector privado nacional, rápidamente llegamos a la preocupante cifra de 300.000 millones de euros en pérdidas. Y no hay que olvidar la exposición adicional de los bancos españoles en forma de 78.000 millones en préstamos a Portugal y 10.000 millones en préstamos a Grecia e Irlanda, los cuales podrían añadir unas pérdidas de entre 40.000 millones o más, según nuestro cálculo.

Los bancos españoles poseen actualmente un capital de 377.000 millones de euros, de modo que unas pérdidas como las anteriormente trazadas los dejarían con apenas 50.000-70.000 millones de patrimonio neto restante. Para restablecer unos niveles razonables de capital, se requerirían entre 150.000 y 170.000 millones de euros; una cifra muy superior a la línea de crédito de 100.000 millones que Bruselas planea ofrecer. Por lo tanto, incluso si el gobierno español decidiera pedir prestada la totalidad del monto ofrecido, los bancos nacionales todavía estarían infracapitalizados en un importe equivalente a dos o tres años de sus ganancias operativas antes de provisiones.

Sin embargo, la mayor razón para ser escépticos acerca del éxito del rescate de la UE no es la insuficiencia del préstamo, sino su tamaño desproporcionado en relación con una economía como la española, que ya ha llegado a su punto de saturación de deuda. El hecho de que nuestro gobierno fuese incapaz de conseguir esos 100.000 millones de euros directamente en el mercado muestra que, en estos momentos, ningún inversor privado cree en nuestra solvencia. Añadirle a una economía cuya capacidad para pagar sus deudas ya está cuestionada unos pasivos de alrededor de 100.000 millones de euros, sólo sirve para empujar a esa economía hacia el default.

Ni el gobierno ni los contribuyentes pueden asumir más deudas. Los agentes económicos españoles, tanto públicos como privados, deben desapalancarse aumentando sus tasas de ahorro y amortizando sus desproporcionadas obligaciones financieras. Esta es la razón por la que una verdadera austeridad pública (basada en recortes de gasto, no en aumentos de impuestos) es tan importante en estos momentos.

Afortunadamente, la incapacidad de España para rescatar a sus bancos no significa que nuestro país deba atravesar una bancarrota nacional desordenada y devastadora. Lo cual nos trae de vuelta a una alternativa más saludable y mucho más barata como es la propuesta recientemente por el Instituto Juan de Mariana de España: un intercambio forzoso de deuda por acciones que afecte a los pasivos subordinados y a los senior no garantizados.

Convirtiendo en acciones el 100% de los 88.000 millones de euros de obligaciones subordinadas y el 40% de los 160.000 millones de deuda no garantizada, se proporcionarían más de 150.000 millones de capital para la banca, lo que permitiría absorber las pérdidas del sistema financiero español y asegurar su razonable capitalización. Si a lo anterior le sumamos los 25.000 millones de ganancias, antes de provisiones, esperadas en 2012, la banca podría incrementar su patrimonio neto en 175.000 millones de euros. Todo ello sin aumentar la carga de la deuda para el contribuyente español y sin necesitar de préstamos de Bruselas.

En otras palabras, hay una solución a los problemas que enfrenta el sistema bancario español: no un bail-out, sino un bail-in mediante el cual los inversores asumen en gran medida el costo de sus propios errores, sin liquidar los bancos y sin empujar a la economía española hacia la bancarrota.

Seguramente, un bail-in forzoso podría causar al principio algo de confusión en los mercados interbancarios. Pero desde principios de 2012, la financiación de la banca española ya depende en un alto grado de la liquidez provista por el Banco Central Europeo. Y después de algún tiempo, el crédito a corto plazo regresaría nuevamente dentro del país para financiar a unas instituciones financieras mucho más sólidas y solventes.

Al borde del colapso por los errores de Rajoy

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El principal responsable de esta situación es Mariano Rajoy, quien en lugar de cambiar el rumbo de la política económica tras su llegada a Moncloa hace seis meses, ha agravado la situación manteniendo una línea continuista y cometiendo enormes errores en la consecución del equilibrio presupuestario, las medidas para reactivar el crecimiento y la reestructuración de la banca.

El primer error garrafal llegó cuando el presidente mandó a Soraya Sáenz de Santamaría a anunciar el 30 de diciembre de 2011 una brutal subida de impuestos para reducir el déficit. La subida del IRPF fue tan fuerte que nos colocó a la cabeza de la represión fiscal en Europa, desincentivando enormemente el esfuerzo adicional de nuestros trabajadores más competitivos, que era una de las claves en las que confiar la recuperación. Junto al mazazo de la renta vino el subidón en el impuesto sobre el ahorro y la inversión, que el gobierno situó en el 27%, espantando a ahorradores e inversores, nacionales y extranjeros. La alternativa a este intento de tapar el déficit asfixiando a las personas que aún producían valor era plantearle a la ciudadanía que había funciones de las que hasta ahora se ocupaba el Estado que no eran fundamentales que serían traspasadas a la sociedad civil. Todo el mundo hubiera entendido ese recorte vertical con podadora. Sin embargo, Rajoy se empeñó en prometer que el Estado seguiría desarrollando todas sus funciones actuales y que el equilibrio se lograría combinando recortes horizontales con tijerillas de uña y enormes vueltas de tuerca impositivas.

Para reactivar el crecimiento el Gobierno se limitó a realizar una reforma laboral que, si bien iba en la dirección correcta, no permitió el descuelgue automático de los convenios colectivos, el gran generador de rigideces en nuestro mercado de trabajo. Más allá de este intento de llevarse bien con ángeles y demonios, el Gobierno confió el crecimiento económico a las ventanillas de redescuento del Banco Central Europeo y a la labor de unos emprendedores que no necesitan más subvenciones del ICO sino menos trabas para lanzar y desarrollar sus ideas de negocio. Alternativamente, el Gobierno debió acometer, además de una reforma laboral más ambiciosa, una verdadera poda de restricciones a la creación y al funcionamiento de las empresas que protegen a grupos privilegiados, una reducción de tasas e impuestos a la inversión y una liberalización completa pero sencilla y rápida de mercados tan variados como el educativo y el energético. España no crecerá si no genera valor a ojos de los demandantes del mercado global y eso no sucederá hasta que mejoremos nuestra competitividad.

Por último, al Gobierno le quedaba reestructurar el sector financiero y evitar una liquidación desordenada de bancos y cajas insolventes. Aquí el Ejecutivo optó también por el continuismo, elevando poco a poco las exigencias de fondos propios y esperando a ver si las numerosas entidades zombies del sector financiero lograban recapitalizarse soltando lastre al tiempo que seguían financiando al Estado y usando los bonos como colateral para obtener nuevos préstamos del BCE con los que nuevamente comprar bonos. La esperanza parecía estar puesta en que mientras tanto se presentara el Ángel de la Guarda a darle más valor a los activos tóxicos. Así llegó el día en el que la contabilidad creativa de algunos bancos no dio para más y el Gobierno se vio en la necesidad de rescatarles. Sin embargo, el Estado no tenía recursos para hacerlo, por lo que pidió a la Unión Europea que le rescate para él poder rescatar al sector financiero.

En esencia, el rescate anunciado el sábado pasado consiste en que Alemania y otros países le prestan a España el crédito y la liquidez que nuestro país ya no tiene. Esa liquidez sería inyectada en los bancos con problemas para dotarles de un capital con el que reestructurar la entidad. De este modo se evitaría una quiebra desordenada. Sin embargo, de nada sirve la liquidez europea si no se ha solucionado el problema del crecimiento ni el del gasto público. España debe ahora más dinero por un préstamo recibido en buenas condiciones –pero cuya devolución requiere de una mejoría de la economía– para rescatar a una banca que a su vez está rescatando al Estado. En otras palabras, hemos intentado solucionar un problema de hiperendeudamiento tirando de más deuda sin tener claro cómo vamos a devolver ese préstamo ni todo lo que nos han prestado antes.

La alternativa era llevar a cabo una reestructuración del sistema financiero al estilo de las que se realizan en el resto de los sectores empresariales: en lugar de rescatarlas desde fuera, hacerlo desde dentro y así no incrementar la losa de la deuda.

El Gobierno podía haber exigido un canje de bonos y deuda de alto riesgo por acciones. Así, parte de la deuda de los acreedores de las instituciones financieras que están al borde de la quiebra se hubiera hubiera convertido en fondos propios de la entidad, saneando el balance sin afectar negativamente a la deuda pública ni al ráting y dejando a las instituciones en condiciones de reanudar sus labores crediticias.

Apenas cuatro días después del no-rescate que desató la euforia entre los prestidigitadores de palacio, las agencias crediticias rebajan la calificación del Reino de España a un paso del bono basura y el rendimiento del bono toca el insoportable nivel del 7%, con un diferencial de 550 puntos básicos frente al bono alemán. Tras el no-rescate, que según De Guindos no era más que una generosa ayuda por la que debíamos dar botes de alegría y aplaudir con las orejas, España se encuentra al borde del colapso financiero, una situación que no puede entenderse sin los errores de Rajoy y su equipo. La nota positiva en medio de este oscuro panorama es que quizá aún estemos a tiempo de recapitalizar la banca con cargo a sus propios medios, liberalizar de un plumazo gran parte de la economía y recortar verticalmente el gasto público en un gran ejercicio de rediseño del Estado. Eso o la quiebra. Rajoy elige.