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El coste del bienestar

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Un dogma recurrente en estos tiempos es que la austeridad mata. De acuerdo con el mismo, es de sentido común que si no se garantiza cierto nivel de gasto, la economía morirá. A esto se añade otra máxima socialdemócrata: hay determinados servicios en manos del Estado que en el mercado no serían ni tan generales ni de "tanta" calidad como hasta ahora. Es decir, que existen parcelas del gasto público cuyo recorte o supresión representa un atentado contra el bienestar de los ciudadanos, en tanto que un retroceso del Estado supondría a su vez un fuerte deterioro de dichos servicios. Si esto fuera cierto, resultaría razonable establecer severos límites políticos en virtud de un discurso moral inapelable.

El debate entre estímulo y austeridad resulta estéril si atendemos a una verdad que muy pocos se avienen a aceptar. Los gastos del Estado los soportarán, sobre todo y en cualquier caso, los contribuyentes con menor capacidad económica relativa y un acceso limitado a fórmulas de evasión.

El peso del Estado se apoya sobre impuestos presentes, deuda (que es una combinación de impuestos presentes y futuros) e inflación. Si se cumplieran íntegramente los deseos de quienes apuestan por un Estado provisor de educación y sanidad universales y generosas en los medios, no quedaría más remedio que estrangular aún más a los ciudadanos, que se verían forzados a destinar a estos servicios una cantidad creciente de su riqueza presente y futura. Es decir, que la educación y la sanidad de hoy no sólo se pagarían con impuestos presentes, sino también con impuestos aún por recaudar.

Dado que nos encontramos ante una coyuntura recesiva, la única senda para estimular la economía mediante el incremento del gasto público sería la intensificación de una o todas las fuentes de ingresos mencionadas. Subir impuestos hoy enfrenta trágicas consecuencias en la estructura productiva, provocando incluso una menor recaudación. Incrementar los impuestos del futuro, vía endeudamiento masivo, tiene el inconveniente de tener que pagar elevados tipos de interés que, a su vez, absorberán una porción creciente del presupuesto público, mermando asimismo la capacidad de gasto presente. Es por ello que el mecanismo más cómodo para los políticos (que son cortoplacistas por naturaleza), dado su carácter inicialmente subrepticio, sea envilecer la moneda por el medio que sea. Mediante la inflación, o en su caso la devaluación, se consigue trastocar los precios. Sus terribles consecuencias tratarán de ser minimizadas mediante una propaganda favorable al estímulo y sus ventajas inmediatas.

El bienestar tiene un coste, y no siempre es asumido desde la racionalidad y con perspectiva. El cortoplacismo de los políticos les lleva a construir discursos incompletos y engañosos que ocultan las verdaderas consecuencias de las medidas propuestas. En primer lugar, se continúa alimentando la falacia sobre que educación y sanidad no podrían ser provistas en el mercado a un menor coste, manteniendo su generalidad y menor exclusión. En segundo lugar, estos mismos políticos mantienen el sofisma de que sólo mediante cierto nivel de gasto resistiría nuestro sistema económico, que es en realidad consecuencia de la acumulación de bienes de capital procedentes del ahorro de una parte sustancial de lo producido. Por tanto, aun para el caso en que los agentes privados no gastasen lo suficiente para mantener la estructura productiva formada durante la burbuja, el Estado no estará irremediablemente obligado a suplir la diferencia. Primero, porque es necesario ajustar, redimensionar y liquidar malas inversiones. Y segundo, porque la deuda indispensable para que el Estado cumpla con dicho propósito procede siempre de lo que, con gran esfuerzo, ahorran los individuos.

El Estado, en su obsesión por mantener cierto nivel de gasto en determinados ámbitos, incluidas educación y sanidad, además de impedir el surgimiento de mercados mucho más eficientes en dichos sectores, estará impidiendo el ajuste y la resignación de factores, y además, cargando sobre la espalda de las generaciones futuras el coste del bienestar presente.

La cuestión, por tanto, es cómo pagar nuestro bienestar de hoy ajustándolo a nuestras posibilidades reales, acudiendo preferiblemente al mercado en busca de la manera más eficiente y económica. Quienes se posicionan como defensores de ámbitos intocables son esos mismos que miran al Estado, y no al mercado, como única garantía de recuperación. Lo cierto es que quienes así piensan están terriblemente equivocados.

El Estado debe retroceder, también en educación y sanidad, para que la crisis cumpla su función catártica. De otro modo, y bajo la apariencia de estar conservando estas reliquias del "bienestar", estaremos destruyendo la posibilidad de un mejor y mayor bienestar futuro. En cualquier caso, su coste lo pagaremos todos, sea de uno u otro modo. Tomar una decisión valiente y ambiciosa sobre el factor institucional y organizativo, es lo que realmente marcará la diferencia.

@JCHerran

Metro de Madrid, o morir de éxito

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El Metro ha sido el proyecto estrella de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Desde 1995 con Alberto Ruiz-Gallardón, que gobernó durante dos legislaturas, y a partir de 2003 con Esperanza Aguirre, aún en el cargo, las líneas se han ido expandiendo año tras año, para alegría de los vecinos, de las empresas adjudicatarias de las obras y de consejeros, presidentes y otros políticos que no han desaprovechado la oportunidad de hacerse las fotos que, curiosamente, solían coincidir con el final de la legislatura o con algún evento relevante.

El Metro de Madrid, que fue nacionalizado en 1978 y puesto bajo gestión conjunta de la Comunidad y el Ayuntamiento a partir de 1986 (ahora sólo depende de la Comunidad), ha crecido y mucho. Entre 1995 y 1999, la red alcanzó 170 kilómetros. A partir del Plan de Infraestructuras de 1999-2003, el Metro salía del municipio de Madrid y se extendía por la Comunidad, conectando primero los municipios del sur y, más tarde, los del norte y el este de la Comunidad, a la vez que mediante los llamados Metros Ligeros (un híbrido entre el tranvía y el metro propiamente dicho), se conectaban otras zonas con geografías más complicadas. En la actualidad, las infraestructuras constan de doce líneas, un ramal y tres líneas de Metro Ligero, que contienen 300 estaciones y 293 kilómetros de vías, con una demanda anual de algo menos de 635 millones de viajes.

Para que nos hagamos una idea del tamaño y la importancia del Metro madrileño, el de París, cuya área metropolitana tiene algo más de 16 millones de habitantes, tiene 214 kilómetros y 302 estaciones; el Metro de Londres, cuya área metropolitana supera los 11 millones de habitantes, tiene 400 kilómetros de vías y 270 estaciones; el Metro de Moscú, con 10,5 millones de habitantes, tiene 305,5 kilómetros de líneas y 182 estaciones. En la Comunidad de Madrid habitan algo menos de 6,5 millones de personas.

Y el caso es que el Metro de Madrid es, comparado con el de otras ciudades, bastante bueno. Las nuevas líneas que se han construido tienen amplias zonas de espera y estaciones de gran tamaño, el Metro se ha interconectado con otros transportes públicos como el tren, los autobuses e, incluso, el aeropuerto de Barajas. Los tiempos de espera no son excesivos si los comparamos con otros metros españoles y la colocación de sistemas de balizas y de conducción automática ha permitido tener una frecuencia de paso que, en algunos casos, no llega ni a los dos minutos. Y, desde mi punto de vista, también con unos precios no excesivamente elevados, aunque algunos no estén de acuerdo. El Metro de Madrid parece ser un éxito del keynesianismo, un éxito de los que apuestan por la obra pública y, si hacemos caso a los mensajes institucionales, un ejemplo de cómo políticas públicas responsables son capaces de generar riqueza y prosperidad. Nada más lejos de la realidad.

El Metro de Madrid ha crecido y este crecimiento no sólo coincidió con el de la economía española durante la segunda mitad de la década de los 90, sino también con el proceso que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y a la expansión de la deuda soberana. Así pues, cabe preguntarse si esa sensación de riqueza que no era tal, contagió las ansias políticas de los responsables de la Comunidad y han diseñado y construido un monstruo bello, pero inviable.

La Consejería de Infraestructuras tiene un serio problema. Gestiona un negocio que ingresa anualmente 400 millones de euros y tiene unos costes de 1.200 millones. ¿Qué le pasaría a una empresa privada que tuviera un déficit operativo de 800 millones de euros? ¿Qué le pasaría a una familia que gastara tres euros mensuales por cada uno que ingresa? ¿Qué entidad financiera iba a prestar dinero a una u otra? En ambos casos, les pedirían, como poco, moderación y un plan de viabilidad.

Metro de Madrid tiene un serio problema al que se está intentando poner solución. Si fuera una empresa privada, podría venderse por partes o cerrarse, o incluso tantearse ideas, entre brillantes y estúpidas, que saquen del apuro a clientes, gestores y accionistas. Sin embargo, a las empresas públicas sólo les queda esta última posibilidad, alguna idea que solucione el desaguisado, por estúpida que parezca.

Está bien presumir del mejor Metro del mundo, pero para que sea el mejor, tiene que ser posible, y su viabilidad está en duda, al menos tal como lo conocemos. Ahora, la Consejería está pensando en cerrar entre semana a las 12 de la noche, una hora y media antes de lo habitual, para ahorrar, aunque no ha precisado cuánto. La polémica está servida y es una polémica que ya lleva con nosotros unas cuantas semanas, desde que se elevaron las tarifas. Esta subida ha generado un movimiento ciudadano, a la sombra del 15-M y de los indignados de Sol, que considera que el precio que ahora soportamos es inaceptable. El movimiento "Paremos el Metro" ha realizado ya dos sabotajes consistentes en parar varios convoyes a una hora determinada en distintas líneas. Paralelamente a estas actuaciones, se anima a los viajeros a colarse y hacer viajes gratis total, e incluso ellos mismos se han colado en grupo y armando bulla. En definitiva, su solución es ahondar en lo que nos ha llevado a la situación que padecemos, hacer más grande este déficit operativo. A esta personas ni se les pasa por la cabeza que lo que no paguen ellos, lo harán los contribuyentes, algunos de los cuales ni lo usan.

El problema del Estado del Bienestar es que los que lo padecen, la gran mayoría, y los que lo disfrutan, unos pocos, no son muy conscientes de qué dan y qué reciben a cambio. Entre otras cosas, porque la política se encarga de minimizar la crítica al sistema y de extender la idea de que no es que no se pueda, sino que solamente falta dinero, o en algunos casos que no se gasta todo lo bien que se podría, o que básicamente es un problema de corrupción. Metro de Madrid es aparentemente un gran metro, pero la crisis le ha hecho sobrepasar ciertas líneas, como otros negocios, y ahora no parece saber cómo encauzarlo y está atrapado en el propio sistema que lo ha hecho posible.

Nuestra maldición fiscal

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Nunca antes en ningún momento de la Historia se habían pagado tantos impuestos como ahora. El europeo medio trabaja, de promedio, la mitad del año para alimentar los cuantiosos y crecientes dispendios del leviatán estatal. A cambio, recibe algunos servicios que, o no demanda en absoluto, o sí demanda pero procura satisfacerlos en otra parte. Así nos encontramos con una paradoja. El grueso de los que mantienen vía impuestos el monstruito no recibe nada o casi nada, y, lo que es mejor, tampoco lo busca.

El sistema se basa en eso mismo. Los más productivos, los que más se esfuerzan durante más tiempo financian un aparato gigantesco que redistribuye cantidades masivas de renta hacia los menos productivos y los que menos se esfuerzan. Entre medias se queda buena parte de esa riqueza con objeto de lubricar el funcionamiento del propio monstruito. Nos encontramos, pues, ante un incentivo perverso cuyo corolario final es la quiebra del sistema, después de que se haya esquilmado concienzudamente a todos y cada uno de los yacimientos de riqueza que un país tiene.

Los impuestos, que en una pequeña cuantía (nunca superior al 5% de los ingresos anuales de un individuo o una empresa) son necesarios, se convierten de esta manera en una maldición que condena a toda la sociedad a un colapso seguro. Primero porque incentiva malos hábitos, convirtiendo a buena parte de la sociedad en cliente del redistribuidor, es decir, del político. Y segundo porque desincentiva la generación de riqueza. Nadie en su sano juicio emprende un proyecto productivo en un lugar con altos impuestos pudiéndolo hacer en uno que los tenga bajos.

La disyuntiva es clara. O bajos impuestos que traerán desarrollo y prosperidad o altos impuestos y su reguero de servidumbre y miseria. Nosotros elegimos.

Economía y Ética

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Aunque seguramente encuentren en esta web varios artículos con un título semejante, he querido reproducir también ahora el mismo cabecero con motivo de un reciente seminario celebrado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con la colaboración del Centro Diego de Covarrubias. Se trataba de una Jornada de Economía en torno a las implicaciones éticas de la crisis actual, como en seguida plantearía el catedrático de Teología Juan Pérez-Soba, director del curso. Discurrió en una sesión de mañana, con los miembros del CDC Antonio Pancorbo y Juan Ramón Rallo (que hablaron sobre la crisis desde varias perspectivas) y una sesión de tarde con los profesores Velarde y Rubio de Urquía discurriendo sobre el presente y el futuro de la situación española.

Voy a contarles las sesiones matutinas (no pude asistir a las demás), que abrió el profesor Pérez-Soba planteando una aproximación a la economía desde la teología moral: situar el amor en todos los ámbitos de la acción humana, también en el mundo financiero y mercantil. Partía de un análisis sobre la esquizofrenia de nuestra sociedad que no quiere oír de moral, pero que continuamente se queja por la falta de comportamientos éticos. O del fracaso de una ingeniería social, muy patente después de la caída del socialismo. Su propuesta hablaba de una ética amiga de la persona; de una ética de bienes y no solo de "procedimientos correctos: y es que el amor sí que tiene un interés, pero es un interés no utilitario. Porque defendía la idea de bienes que no son útiles, criticando el soporte emotivo/utilitarista del paradigma smithiano. Del mismo modo que la justicia no es solamente una distribución equitativa, no es la suma de los bienes privados: debe aspirar a más, a erigirse como un bien para la comunidad, puesto que en esta perspectiva los hombres deberán reconstruir las relaciones sociales desde un nuevo fundamento, el de la caridad y la comunión.

Antonio Pancorbo, economista del Banco de España, indicó que la falta de moral no es suficiente para explicar una crisis financiera como la que estamos teniendo. En su opinión, las actuales instituciones monetarias y financieras han servido de «catalizador» de los comportamientos inmorales que normalmente se denuncian y sin las cuales estos comportamientos inmorales globalmente no se hubieran producido. La teología moral debería, entonces, tener un papel activo en la valoración moral de instituciones como el actual dinero inflacionario y crédito inflacionario, e invitó a la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso a tomar un liderazgo en este campo.

A partir de un análisis crítico de esta situación, planteaba algunas conclusiones que bien nos recuerdan la lucidez de Juan de Mariana en su De monetae mutatione. A saber: que la inflación envilece la moneda; introduce un impuesto inicuo y silencioso; redistribuye injustamente la riqueza; favorece la centralización del poder político y económico; obliga a la especulación financiera; posibilita ingresos ilegítimos; e incluso debilita el pensamiento económico. Por todo ello, animaba a las instituciones educativas de la Iglesia, como era el caso de esta Universidad San Dámaso, a discurrir en torno a tales cuestiones siguiendo la indicación del Catecismo que presentó en 1992 el entonces cardenal Ratzinger: hay que garantizar un sistema monetario estable y unos servicios públicos eficientes.

Termino con una brevísima alusión a la conferencia de Juan Ramón Rallo, bien conocido por todos ustedes y flamante premio Julián Marías de la CAM. Explicó algunos puntos de ese certero análisis Una crisis y cinco errores, escrito junto a Carlos Rodríguez Braun: el intolerable peso del Estado y de las Administraciones Públicas; el aumento de la regulación; el excesivo endeudamiento de los ciudadanos, que han vivido por encima de sus posibilidades gracias a la política monetaria y crediticia de gobiernos y bancos centrales; o la conducta codiciosa de muchos intermediarios financieros que se lucraron de comisiones y beneficios extraordinarios.

Desde un punto de vista más técnico, nos recordaba cómo el sistema financiero se mueve permanentemente en los umbrales de la insolvencia: los bancos se han endeudado a muy corto plazo, con inversiones solo recuperables a largo. Como señalan en el libro citado, "si un día los clientes decidieran retirar más del 2% de los fondos que tienen depositados", la entidad financiera en cuestión "sería incapaz de pagarles" y entraría en suspensión de pagos. Pero todo ello, bendecido por los bancos centrales, que inyectan periódicamente dinero (de nuestros impuestos!) para que estas entidades puedan seguir atendiendo sus múltiples obligaciones a corto plazo.

Ya he comentado que no pude asistir a la clausura de la Jornada, a cargo del profesor Rubio de Urquía; pero seguramente no me equivoque en el cariz transcribiendo ahora una intervención suya nada más terminar la conferencia de Rallo: es necesario reconstruir el Estado si queremos cambiar la economía.

La competencia por el control de la acción humana: valoraciones y normas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El ser humano es un agente intencional (actúa según sus valoraciones) y seguidor de reglas. Las valoraciones y las normas están fuertemente relacionadas: en la filosofía moral suelen mezclarse o confundirse bajo el término “valores”.

El individuo desea y rechaza cosas, las valora de forma positiva o negativa; estas preferencias (subjetivas, relativas y dinámicas) guían la acción que persigue los fines más valiosos, utilizando medios escasos y asumiendo costes.

Además diversas reglas restringen las posibilidades de conducta de los agentes: son leyes o normas expresadas en algún lenguaje natural o formal como obligaciones, prohibiciones o derechos; sirven como límites, restricciones o condiciones de contorno para la acción y limitan el ejercicio de la voluntad (de forma real o nominal, según si el cumplimiento de esas normas se exige en la práctica o no).

Las reglas suelen incluir incentivos para fomentar su cumplimiento (o desincentivos para su incumplimiento): obedecer o ignorar las leyes tiene consecuencias, premios o castigos reales o imaginarios, establecidos según sean las preferencias y creencias de los individuos.

Además de los incentivos externos, las normas pueden estar internalizadas en la mente de un individuo y conectadas íntimamente con su sistema de valoraciones, de modo que el agente siente un bienestar por su cumplimiento (satisfacción del deber cumplido, orgullo) o malestar por su incumplimiento (culpa, remordimientos): la conciencia moral de la persona actúa como un policía interno.

Los individuos valoran las normas, les gustan o no, prefieren unas leyes u otras, según cómo sean compatibles o incompatibles con sus intereses, según cómo limiten su propia conducta y la de los demás. Un agente prefiere (rechaza) las leyes cuyas obligaciones coinciden con sus valoraciones positivas (negativas) y cuyas prohibiciones coinciden con sus valoraciones negativas (positivas).

Los seres humanos son hipersociales, se agrupan en colectivos e interaccionan fuertemente unos con otros. Una parte muy importante de estas relaciones sociales consiste en intentar modelar las preferencias ajenas y determinar cuáles son las reglas vigentes en el grupo.

Valoraciones y normas, además de su contenido genético, emergen y se configuran socialmente de forma interactiva: las preferencias de cada individuo dependen de sus experiencias personales y de sus relaciones con otros sujetos que pueden influir sobre él (interés afectivo por otros, publicidad); los individuos hablan acerca de las normas, se las recuerdan mutuamente, exigen su cumplimiento, las argumentan (defendiéndolas o criticándolas), promueven algún cambio en las mismas.

Para controlar a los demás e incrementar su propio poder, cada agente puede intentar influir sobre las valoraciones ajenas (persuasión), sobre las normas vigentes (legislación), sobre la conciencia moral (implantación de normas en la mente de los individuos), o sobre todos estos elementos (a menudo de forma entremezclada). Estas influencias pueden ser violentas o pacíficas, y directas o indirectas.

Un agente suficientemente poderoso puede imponer su voluntad sobre otros más débiles, mediante el uso directo de la fuerza o mediante amenazas explicitadas en forma de normas que expresan qué quiere el poderoso que hagan los débiles y qué represalias pueden esperar si desobedecen. La relación de sumisión violenta es asimétrica y contraria a la voluntad y los intereses de los sometidos: las leyes reflejan las preferencias de los más fuertes.

Sin recurrir a la violencia (o en combinación con la misma para justificarla y reducir la oposición de los sometidos) es posible recurrir al lenguaje moral para influir sobre los demás. El discurso moral o ético pretende ser argumentación racional (lógica, razonable, filosófica) pero a menudo es en realidad una herramienta para la manipulación en la lucha por el control social y la reputación: abundan las arbitrariedades y los malos argumentos (sermoneo moralizante).

El engaño puede utilizarse para vencer posibles mecanismos de defensa: la confusión entre valoraciones y normas puede ser un mero error intelectual, pero también puede servir como una estrategia indirecta y tramposa de manipulación de la conducta que se realiza de forma automática (hipocresía natural); el autoengaño es común porque facilita el engaño a los demás.

Algunas aseveraciones morales proclaman hechos presuntamente objetivos que en realidad ocultan preferencias subjetivas: “es bueno” o “es mejor” en lugar de “a mí me gusta” o “yo lo prefiero”; “esto es injusto” en vez de “no me gusta”.

Ciertas expresiones pretenden regular no ya las acciones sino las preferencias: “es indeseable” (es decir, que no se puede desear, no te atrevas a quererlo).

Algunas afirmaciones son normas acerca de normas (metanormas) que esconden valoraciones particulares acerca de las leyes: “debería estar prohibido”, “es intolerable”, en lugar de “yo preferiría que estuviera prohibido” y “yo no puedo tolerarlo y no me gusta nada que otros lo acepten”.

Es común promover, forzar o distorsionar ciertas definiciones de términos morales con connotaciones positivas para satisfacer los intereses propios: justicia como igualdad material, libertad como poder o riqueza.

Muchos profesionales de la ética, con toda seriedad y aparentemente sin ser conscientes de su fatal arrogancia, pretenden saber qué valores o formas de preferir son superiores o “mejores”. Lo que les gusta es lo “más humano”; lo que no, “inhumano”.

El valor del mérito

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Como es bien sabido, los méritos son la base sobre la que se construyen las Administraciones Públicas. El personal de que se dotan las entidades gubernamentales se suele seleccionar mediante concursos de méritos u oposiciones, que en sí mismas son una especie de concurso de méritos también. Asimismo, lo primero que solemos conocer de un Ministro o de un alto cargo cualquiera es su Curriculum Vitae con los méritos que atesora, que le hacen supuestamente acreedor al cargo concedido. En fin, es mucha gente la que se queja de que nuestra sociedad o tal entidad no sea una meritocracia, esto es, implícitamente esta gente sostiene que deberían llegar más arriba aquellas personas que más méritos tienen.

Y, sin embargo, cuando uno constata el funcionamiento de esa administración, construida a partir de personas seleccionadas por sus méritos, no se puede evitar reconocer que su funcionamiento deja mucho que desear, y que en cualquier tienda de barrio, por muy carente de méritos que sea quien nos atiende, encontramos mejor servicio. Así pues, la realidad confronta la creencia: ¿es realmente el mérito tan importante a la hora de contratar a una persona?

Es obvio que tiene mucho mérito correr 100 kilómetros a través de las cimas del Himalaya, como también lo tiene aprenderse de memoria 100 complejos temas de derecho. La cuestión es si un empresario contrataría a alguien basándose en estos criterios, y la respuesta basada en la evidencia práctica es que no: un empresario, con su dinero, no contrata a nadie por haber hecho la exigente ruta antedicha, pero tampoco por ser capaz de memorizar unos textos, por largos que sean.

Porque, en el mercado, la cuestión no es si la actividad tiene mérito. Lo importante es si esa actividad tiene valor. Para el tipo que se hace los 100 Km, como para el que se aprende los 100 temas, esa actividad sí tiene valor, pues de lo contrario no la hubiera llevado a cabo. Pero se trata de un valor subjetivo suyo, y sobre él ningún empresario va a tomar la decisión de contratarle.

La única forma e "objetivar" ese valor es poner la actividad en el mercado, y que aflore su precio. Ese precio, el valor de intercambio, es la mejor aproximación al valor que la sociedad da al mérito. En el libre mercado, es el emprendedor quien se arriesga: contrata a una persona en base a criterios subjetivos (del emprendedor) y trata de poner en valor sus servicios. Ya sabemos cómo sigue la historia: obtiene beneficios si el precio obtenido es superior al pagado, y pérdidas en caso contrario. En el primer caso la contratación ha sido un acierto, y es sostenible; en el segundo, deberá rectificar en la medida de lo posible. Es, pues, el precio de mercado la forma de valorar los méritos del trabajador, a través de la actuación del emprendedor, que arriesga sus bienes al fijar su escala de méritos (los criterios por los que escoge a una persona u otra).

¿Qué ocurre en la Administración Pública? Como son actividades no sujetas a la disciplina de mercado, no hay forma de obtener el precio que ponga en valor los méritos de los contratados. En ausencia del criterio de precio de mercado para contratar personas, se han de buscar otras formas de selección.

Y estas son las oposiciones y las escalas de méritos que permiten puntuar de forma objetiva los aportados por cada candidato. Sin embargo, no hay que dejarse engañar: bajo la aparente objetividad de estos baremos, se esconde la arbitrariedad de la definición de la ya citada escala de méritos. ¿Quién y por qué la ha fijado?

Así pues, la subjetividad se traslada a la escala de méritos, con la diferencia respecto al libre mercado de que, en el caso de la Administración, nadie juega con su patrimonio a la hora de establecerla. Por ello, la disciplina lógicamente se relaja y nos podemos permitir fijar méritos de dudoso valor para la sociedad, como puede ser la capacidad de memorización de textos.

Si se acepta, por tanto, que la contratación de personal al servicio del Estado es arbitraria, pues lo es la escala de méritos utilizada (aunque pueda estar justificada), se comprende mejor la insistencia por hacernos tragar con la importancia de los méritos para ocupar tal o cual puesto.

Y es que cuando se nombra un alto cargo en la Administración, la asunción general, la ficción, es que está allí porque lo vale. Es fundamental la retórica del curriculum: ha sido nombrado por su experiencia en tal cosa, o viene de la OCDE, o ha estado en la Comisión Europea, es catedrático en tal universidad, o, el súmmum, pertenece a tal cuerpo de funcionarios. Hay que imbuir un sentido de merito que apabulle a la gente en general y, sobre todo, a sus futuros subordinados. Los primeros creen quedar así en buenas manos, mientras que a los segundos se les pretende convencer de que si ese señor pasa a ser su jefe es porque es mejor que ellos en lo que hace.

Pero no hay que engañarse: los méritos no son un criterio de servicio a la sociedad. Solo existe una manera de ver si el mérito tiene valor, y es ponerlo en el libre mercado para que aparezca su precio. De otra forma, lo único que hay es un sistema, aunque sofisticado, para que los políticos coloquen a sus amigos y se mantenga la ficción de que nos rigen los mejores. Por cierto, también los faraones decían ser hijos del Sol.

Fútbol y política

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

En el corto intervalo de tiempo que media entre este fin de semana y el próximo 1 de julio, el fútbol, deporte de masas por excelencia, nos depara una larga lista de encuentros de distinto ámbito. Si en España se dirime la victoria en el campeonato de la Copa del Rey dentro de pocas horas, durante el mes de junio los jugadores de dieciséis selecciones nacionales europeas medirán sus habilidades y fuerzas en la Eurocopa de la UEFA 2012, que se celebra en los campos de Polonia y Ucrania.

Incluso si sus planes no pasan por contemplar los partidos que excitarán a millones de personas, reconocerá que su influencia en el mundo actual obliga a observar el fenómeno completo. Sin embargo, no creo que los personajes que pululan por el mundo de este espectáculo nos ofrezcan claves unívocas trasladables a la filosofía. A no ser que cultivemos el juego al despiste intelectual que tanto place a los postmodernos, debemos convenir que las polémicas que provocan algunos de sus protagonistas son más bien el reflejo de sus vanidades y bajas pasiones, difundidas para captar la atención de los hinchas propios y provocar a los contrarios, antes que emulsiones del pensamiento (por muy irracional que éste sea). La dinámica generada por la extraordinaria popularidad del fútbol y la rapidez de las comunicaciones en la actualidad retroalimenta y magnifica a escala planetaria vulgares peleas y chismorreos. En diciembre del año pasado pude comprobar cómo en un local atestado de hinchas del Real Madrid y el F.C Barcelona, ataviados con sus respectivas camisetas para ver la retransmisión de un partido de liga entre ambos equipos, solo la contundente intervención de los guardias privados impidió que dos forofos contrarios, visiblemente embriagados e invocando los nombres de Mourinho y Guardiola, llegaran a las manos. Este incidente ocurría en Varsovia y los aficionados eran polacos….

Sin duda el deporte organizado y el espectáculo que gira a su alrededor se han convertido en un complemento de la política. Destacan por su alcance los favores mutuos que se prestan los empresarios dedicados al fútbol y los políticos de todo el mundo. Las conocidas relaciones de compadreo entre presidentes de clubs de fútbol y políticos españoles trascendieron al exterior con la aparición de noticias sobre las deudas de los equipos de fútbol con el fisco de (752 millones de euros) y la Seguridad Social (10,6 millones de euros). A sus competidores europeos no se les escapó que esa condescendencia encubre una subvención por parte de un estado que, casualmente, reclama ayuda financiera a los demás países europeos. En un mercado donde la puja por los jugadores más sobresalientes marca habitualmente la diferencia entre las opciones de los distintos equipos a obtener títulos importantes, resulta saludable que proliferen dedos acusadores contra quienes gozan muchos años de privilegios otorgados por políticos de todo signo para medrar en sus negocios particulares y los clubes que presiden.

Los intereses de directivos del fútbol y políticos españoles se entrecruzan y mezclan, adaptándose a la pintoresca realidad de la política nacional y el desquiciamiento que provocan las alucinaciones de los nacionalistas periféricos. No por casualidad, han pertrechado de ideología y proyección política a grupos que no pasarían de ser los energúmenos habituales en los campos de fútbol. Considero un profundo error que el código penal español (Art. 543) considere como delitos "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho, a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad". Como dijera el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Texas v. Johnson 1989) sobre la quema de su bandera, por desagradables y vituperables que estas conductas sean para la mayoría, constituyen manifestaciones amparadas en la libertad de expresión.

Conviene no confundir, empero, esa conducta con auténticas alteraciones del orden público como las que tuvieron lugar en el estadio del Valencia hace dos años, cuando seguidores del Athletic de Bilbao y F.C Barcelona compitieron por la Copa del Rey. Después de que grupos no desautorizados por los directivos de esos clubes caldearan debidamente el ambiente, la pitada al himno nacional y al propio monarca que da nombre al torneo, pasaron a los anales como la enésima demostración de la esquizofrenia en la que viven inmersos muchos catalanes y vascos. Igual de patético resultó el empeño de la televisión oficial pagada forzosamente por todos los españoles de ocultar a sus telespectadores la magnitud de lo que estaban ocurriendo.

Es por esto por lo que, con ese precedente, sorprenden las reacciones a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid de celebrar el partido a puerta cerrada si vuelven a repetirse esos altercados. Nada impide a esos equipos y a sus seguidores independentistas abandonar las competiciones que tienen lugar en España. Pero disfrutar del aura de ganar un trofeo español y, al mismo tiempo, reventar la organización del encuentro desafía todas las reglas de comportamiento leal a las que se comprometen los participantes en este tipo de acontecimientos deportivos.

La penúltima prueba de fuego para las incoherencias de todo este juego político tendrá como escenario los campos de fútbol de Polonia y, esperemos, de Ucrania. Precisamente, entre los seleccionados para competir contra otros equipos europeos se incluyen jugadores que provienen del Athletic de Bilbao y F.C Barcelona. Qué quieren que les diga. Me entusiasmaría que todos ellos triunfen dentro de la selección española.

¡Willkommen, Frau Merkel!

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Mayo del 45. Después de seis años de guerra, la más devastadora que jamás haya conocido la humanidad, el experimento nacionalsocialista llevado a cabo por un cabo austriaco iluminado ha concluido con las tropas aliadas ocupando el corazón del Reich de los Mil años, con Alemania dividida en cuatro zonas de ocupación, con las ciudades reducidas a escombros, con cientos de miles de refugiados. Alemania está postrada, arruinada… nunca ninguna sociedad había sufrido tal grado de devastación…

Cinco años después, Alemania del Oeste estaba en marcha, diez años después la RFA volvía a ser una gran potencia económica. Alemania resurgía de sus cenizas. Se había producido el Wirtschaftswunder: el "Milagro Económico Alemán".

¿Cómo fue posible? ¿Cómo la Alemania destrozada por la guerra pudo en el plazo de unos pocos años volver a ponerse en marcha? ¿Cómo se produjo el Milagro?

Para muchos, la respuesta radica en el Plan Marshall. Gracias a él, millones de dólares americanos se vertieron sobre la destrozada Alemania, un estímulo "keynesiano" que volvió a poner en marcha la economía… Sin duda, el perfecto ejemplo, un ejemplo que encaja perfectamente con las ideas "estatistas", planificadoras e intervencionistas, y que es el paradigma del éxito de la intervención del estado en la economía.

Así, la historia oficial nos cuenta cómo, después de haber dirigido el esfuerzo bélico aliado hasta la victoria, el General George Catlett Marshall, el "organizador de la victoria" como le denominó Winston Churchill, se puso a los mandos de un vasto plan de inyección de dólares en la arrasada Europa, que estimuló la economía y permitió a las sociedades europeas de este lado del Telón de Acero recuperarse.

(Excepto a una de ellas, que, debido a sus previas simpatías con el Eje, fue dejada de lado…).

Luego ¿qué es lo que hace falta para sacar a Europa, y muy concretamente a España, de la situación económica en la que estamos? Rubalcaba tiene la respuesta: Un nuevo Plan Marshall, pero esta vez pagado no con dólares americanos, sino por euros alemanes.

Realmente hay paralelismos entre ambas situaciones. Así, la devastación causada por los bombarderos de la VIII Fuerza Aérea o los saqueos por parte del Ejército Rojo puede ser comparable desde el punto de vista económico con las medidas tomadas durante los ocho años en los cuales el ahora líder socialista formó parte del gobierno de otro iluminado.

Y, lógicamente, un nuevo plan, en este caso un "Plan Merkel" sería la solución…

Pero se parte de un error de base… El Plan Marshall, salvando las distancias a su favor por basarse en moneda fuerte y ahorro real americano, en vez del nuevo plan, que se basaría en aumentar la deuda global europea…, NO funcionó.

El Plan Marshall no rescató a Europa, no relanzó la economía. Sin duda, la entrada masiva de leche en polvo americana vino muy bien a una población hambrienta…, pero lo que realmente volvió a poner a Alemania Occidental en pie fueron las medidas económicas que Adenauer y su Director de Economía, Ludwig Erhard, impusieron a Alemania. A saber, una moneda fuerte, liberalización económica, disciplina fiscal, en resumen, pura ortodoxia económica. Unas medidas que fueron duras, que contaron con el rechazo inicial de importantes sectores del pueblo alemán, que de hecho en una primera etapa vio cómo dichas medidas empeoraron su situación, pero realmente sanearon la economía y pusieron a Alemania a trabajar.

Porque los megaplanes, ya sean los quinquenales de Stalin, los cuatrienales de Hitler, el Gran Salto Adelante de Mao, la Gran Sociedad de Lyndon B. Johnson o, a un nivel más cutre y cercano el Plan E de Zapatero, siempre han sido desastrosos para sociedades donde se han puesto en práctica, generando, desde déficits astronómicos hasta hambrunas, desde bolsas de pobreza y marginación permanentes hasta asesinatos masivos…

Y la razón es evidente. Nadie sabe cómo manejar la economía de una sociedad compleja, un sistema caótico que se autorganiza mediante los miles de millones de decisiones individuales que todos y cada uno de nosotros tomamos persiguiendo nuestro propios, y únicos legítimos, intereses, basándonos en la única información real que tenemos, siempre incompleta que es el sistema de precios (y que el Estado se encarga de distorsionar y falsear…).

Marshall era un gran general… y fue capaz de cumplir un único objetivo, derrotar al Eje, mediante lo que, de nuevo, Winston Churchill denominó "la aplicación correcta de una fuerza arrolladora". Pero ni él ni nadie pueden aspirar a hacer lo mismo en un sistema, repito, inherentemente caótico e hipercomplejo…

Así que, en fin, mejor que vestirnos de toreros y bailaores de flamenco y preparar pancartas con "Willkommen, Frau Merkel". Quizá, de una vez por todas, los españoles deberíamos empezar a pensar en trabajar en serio.

Sobre los efectos de los impuestos sobre los beneficios empresariales

Escrito por Adrià Pérez Martí en . Publicado en Análisis diario.

El análisis dominante sobre los efectos económicos de los impuestos suele basarse en la premisa de que los impuestos son introducidos en un mundo en el que las oportunidades de ganancia disponibles están dadas y son conocidas por el empresario. El impacto de los impuestos se estudiaría en la medida en que estos afectarían a la preferencia relativa de las distintas alternativas de acción del empresario una vez introducido el impuesto. Así, el impuesto incentivaría al empresario a desechar un proyecto empresarial y optar por emprender otro en su lugar. O dicho con otras palabras, lo que importa sería el margen de sustitución entre una acción empresarial y otra.

Por ejemplo, la introducción de un impuesto sobre los beneficios provocaría una reducción en los beneficios y la rentabilidad de los planes empresariales. Esto incentivaría que los empresarios reelaborasen sus planes empresariales y sustituyeran aquellos que, con el impuesto, no cubrieran el coste de oportunidad por otros que, aun con el impuesto, sí lo hicieran –por obtener más beneficios o tener una tributación efectiva menor-.

Puede ser, también, que la presencia de un impuesto sobre los beneficios incentive a algunos agentes a, directamente, no realizar este tipo de planes y, en su lugar, realizar otras tareas no empresariales, labores más rutinarias, que conlleven menos innovación, especulación o previsión.

Sin embargo, otros autores han tratado de realizar un análisis desde otras perspectivas. Así, los impuestos sobre los beneficios tendrían otra serie de impactos no ya sobre la preferencia relativa de las distintas oportunidades de ganancia disponibles, sino sobre la propia percepción que los empresarios tienen de las oportunidades de negocio que les rodean. Esta es la idea desarrollada por Israel Kirzner, según la cual el empresario está en un continuo estado de alerta que le lleva a descubrir las oportunidades de negocio a explotar -que, por supuesto, no están dadas-.

De acuerdo con esta línea de investigación, los efectos de la tributación sobre los beneficios empresariales simplemente reducirían el beneficio de ese estado de alerta, pero no el nivel de ese estado de alerta. Esto se explica porque ese estado de alerta es una actividad que no conlleva ningún coste de oportunidad –es un estado mental en el que el empresario está sin elección y sin necesidad de renunciar a ninguna otra actividad valiosa-, por lo que el impuesto no induciría a su sustitución por la acción alternativa a la que se estaba renunciando. Tan solo un impuesto sobre el 100% de los beneficios empresariales haría que al empresario le fuera indiferente entre estar alerta o no y, por tanto, ejercer o no la función empresarial.

Por tanto, el empresario (desde la concepción kirzneriana) no se vería afectado por el impuesto (parcial) sobre los beneficios empresariales, y continuaría estando alerta ante posibles oportunidades de negocio aunque obtuviera menores ingresos, sin ningún tipo de incentivo a modificar su actuación por otras alternativas.

Sin embargo, es cierto que el propio Kirzner ofreció unas conclusiones algo matizadas en su trabajo dedicado expresamente a los impuestos desde una perspectiva empresarial. Parece que este autor abre la posibilidad a que el impuesto sobre beneficios empresariales (parcial, que no grave el 100% del beneficio) también podría tener sus consecuencias, aunque sea "ligeramente", en el sentido de que haga que el empresario deje inexplotadas algunas oportunidades de ganancias. Esto se explica porque el impuesto reduciría el beneficio empresarial puro, que es el incentivo para que el empresario descubra, a través de la alerta, las posibilidades de ganancia a su alrededor[1].

Por tanto, quedaría pendiente aclarar si realmente el impuesto sobre beneficio empresarial también afectaría a la propia perspicacia del empresario en el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio (ex ante) o sus efectos provendrían de gravar las acciones empresariales ya planeadas o realizadas (ex post).

[1] Pero admitir este efecto tiene poco encaje en el concepto de empresarialidad del propio Kirzner, explica Valerio Filoso, puesto que implica que el empresario puede decidir si estar o no en un estado de alerta, y que este tiene un coste de oportunidad, aunque sea mínimo.

Derecho de voto de los exiliados frente al desafío separatista

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En el actual contexto de crisis económica e institucional, es esencial para el mantenimiento de una estructura institucional mínimamente democrática en todas las regiones de España que el Gobierno de España se decida a impulsar una reforma de la ley electoral que permita que todos los exiliados del País Vasco puedan ejercer su derecho de voto en su Comunidad Autónoma de origen.

1. Diáspora como efecto a largo plazo de la violencia en el País Vasco.

Cuando un Estado de Derecho falla a la hora de garantizar los derechos individuales en un territorio, las consecuencias a largo plazo de la violencia de una mafia terrorista son evidentes.

Ante la insuficiente eficacia de los sucesivos gobiernos en España para garantizar la seguridad democrática en el País Vasco, ante la perversa inacción de algunos de ellos e, incluso, ante una supuesta colaboración y negociación de altos cargos favorenciendo los objetivos de la banda terrorista ETA, aquellos que duden de los efectos de la violencia a largo plazo sólo tienen que realizarse las siguientes preguntas:

– ¿Qué sucede a largo plazo cuando se dejan ciertas instituciones (ayuntamientos, diputaciones forales, comunidad autónoma…) bajo el control de miembros de una organización violenta que, como cargos públicos, no-actúan o, incluso, alientan y refuerzan con el dinero público y con sus resoluciones administrativas las coacciones y atentados comedidos en contra de los derechos individuales de los ciudadanos de bien?

– ¿Qué ocurre cuando los poderes públicos permiten que un entorno violento atente durante décadas contra el Derecho a la propia Vida con los secuestros, los asesinatos…?

– ¿Que ocurre cuando durante décadas se atenta contra el Derecho a la Libertad de los ciudadanos con insultos, amenazas, palizas, dianas señalando los "objetivos" en carteles, marcas de pintura en las puertas y paredes de las casas "señaladas", bombas en los negocios y viviendas de los ciudadanos que no aceptasen la extorsión terrorista…?

– ¿Qué efectos tienen los atentados contra el Derecho a la Propiedad Privada mediante quema de negocios, destrozos de coches, quema de mobiliario urbano, destrozos en obras, daños en activos de empresas, extorsión para el pago del impuesto "revolucionario"…?

– ¿Qué determinación toman los ciudadanos de bien después de muchos años, cuando se anuló en su región el Derecho a la Igualdad ante la Ley con la discriminación en el idioma común, con la imposición de la enseñanza en vascuence, con las subvenciones encaminadas hacia las actividades del entorno ‘abertzale’ independentista…?

Pues bien, existe una respuesta objetiva a todos estos interrogantes después de décadas de presencia, coacción y actos terroristas de ETA en las aldeas, pueblos y ciudades de las provincias Vascongadas, y la proporciona el examen de los censos electorales desde el año 1978 en el País Vasco para su comparación con los censos actuales.

2. Derecho de voto de los exiliados vascos y sus familiares.

Nada menos que entre 250.000 y 300.000 personas, de una población de algo más de dos millones de personas en el año 2011, decidieron exiliarse del País Vasco y emigrar junto con sus familares (hijo, nietos…) a otras regiones para evitar un entorno social de violencia permanente hacia su vida, familas, negocios y propiedades.

Este número de exiliados es más o menos la misma cantidad de adhesiones que suele recibir el PNV (o que logró Bildu en las elecciones municipales del año 2011) para lograr sus escaños, tanto en el cámara de representación autonómica, como su sobre-representación en el Congreso de los Diputados de España. Por tanto, la diáspora vasca ha servido a los partidos separatistas para incrementar notablemente su cuota de poder en el País Vasco.

Por ello, ante la ofensiva nacionalista que afrontará España a partir del año próximo, esperemos que se haga realidad con urgencia ese proyecto de cambio en la ley electoral para que los vascos exiliados y sus descendientes puedan solicitar una certificación del Ministerio de Justicia que les habilite a votar, como si siguiesen residiendo en el País Vasco, con la prueba documental del censo electoral oficial del momento en el que tuvieron que emigrar.

3. Crisis económica y desafío separatista.

Una crisis económica profunda, que ya dura varios años en Europa, tiene como consecuencia que emerjan electoralmente las opciones políticas más radicales y perversas [1] [2], con planteamientos políticos fabricados para conseguir cuotas de poder por medio de la captación del apoyo de personas incautas, desesperadas por el desempleo, el alza de los precios y la pérdida de derechos "sociales" que, angustiadas por los problemas económicos, y de modo más sentimental que racional, validan propuestas simples y facilonas de solución "colectivista" a los problemas de una región o de una nación.

En las próximas citas electorales observaremos el ascenso de partidos políticos nacionalistas, de izquierdas y de derechas, todos ofreciendo más "nación", más gasto "público", más intervencionismo y más gestión "colectiva" de los designios del "pueblo", estigmatizando a aquellos que pidan protección de derechos individuales, contención del gasto, racionalidad en el tamaño de las administraciones públicas, y fomento de la empresarialidad y del libre mercado.

Pués bien, hace ya cuatro años que analizábamos la represión de las libertades ciudadanas y el proceso de sometimiento de toda la sociedad a los designios de una clase política en el artículo Camino de Servidumbre al Nacionalismo Totalitario, mediante la comparación de los mecanismos totalitarios del régimen nacional-socialista en la Alemania de los años 30 del siglo XX respecto del control social y el proceso de conquista de las instituciones democráticas por parte del régimen nacionalista en el País Vasco:

…la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder.
Friedrich A. Hayek, Camino de Servidumbre.

Posteriormente, comentamos los excesos del gasto autonómico [3], los límites a las competencias regionales [4] que debieran haberse establecido hace años e, incluso, anticipamos la imposibilidad de cálculo económico [5] con el socialismo autonómico. Y, también, observamos el proceso de segunda transición en España hacia la cleptocracia, que establece el confederalismo autonómico [6] [7] [8] [9].

Más recientemente, constatamos lo que ya sabíamos todos los españoles informados, y que vendría como consecuencia de la acciones y omisiones de muchos políticos, que existe un proyecto de desafío separatista que es preciso contrarrestar desde los valores y la democracia y que, si se quiere parar, requerirá la aplicación del artículo 155 CE. 

Con los anteriores datos, hay que advertir que la iniciativa del Gobierno de España para proporcionar derecho de voto a los exiliados vascos, debería venir acompañada de una iniciativa legislativa que evitase nuevamente que las organizaciones como Bildu (o Amaiur o Herri Batasuna o cualquier otra auto-denominación que adopten), puedan presentarse a elecciones democráticas si no renuncian con palabras y con hechos al apoyo a la violencia, como estrategia para alcanzar el poder y sus objetivos políticos.

Pudiese ser interesante que ambas iniciativas legislativas fuesen aprobadas por todos los españoles en un referéndum "vinculante" porque, resulta absolutamente kafkiano y una clara indicación de la conjura de necios (sin ética ni sentido de Estado) en la que se ha transformado la casta política española, cuando los ciudadanos observamos como el propio régimen partitocrático consiente la deconstrucción institucional y territorial de España permitiendo que organizaciones violentas (ya sean nazis, facistas, comunistas o los terroristas separatistas de ETA y su entorno) puedan controlar las calles y participar y servirse de las elecciones democráticas para ocupar altos cargos e instituciones y promover sus objetivos en contra del articulado de la Constitución Española de 1978.

Como no despierten rápido nuestras autoridades, nuestro precario Estado de Derecho se irá por el sumidero de la historia, si no logra contrarrestarse a tiempo el desafío nacionalista que padecen los ciudadanos españoles.

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