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El jamón selecto de Bosé

Hace pocos días leí una noticia sobre el cantante Miguel Bosé que me hizo reflexionar.

Se ha metido a empresario. Ha comprado un secadero de jamones y va a vender patas ibéricas de calidad superior. El trabajo que viene desempeñando como cantante a lo largo de su carrera se asemeja sólo en cierta manera a una actividad empresarial, más propiamente, a la de un autónomo. Ahora lo que acomete es una actividad alejada del “artisteo”, del copyright y de las subvenciones. Entre otras muchas cosas, va a tener que contratar personal diverso, tener un plan de negocios, instaurar controles de calidad, diseñar su estrategia de inversiones y, además, asegurarse que alguien gestione su negocio con criterios de eficiencia y rentabilidad si quiere que su proyecto sobreviva (más del 70% de las PYMES españolas desaparece antes de entrar en su quinto ejercicio fiscal).

En la entrevista que le dedicaba Expansión afirmaba que no habría creado la empresa si no hubiera detectado un nicho de mercado para ese producto. Dijo que lo que buscaba al montar su empresa era el beneficio. ¡Ay, el beneficio, el lucro! Acto seguido -creo yo para justificarse por tamaña osadía- confesó que le asombraba cómo incluso en época de crisis la gente siguiese buscando el lujo. No lo entendía en absoluto según su “mentalidad“.

Desconozco la ideología del Sr. Bosé, pero lo que sí sé es que la abrumadora mayoría de cantantes, actores, directores, bailarines y cómicos patrios manifiesta hostilidad hacia la actividad empresarial. Pese a que muchos de ellos son buenos profesionales y se ganan bien la vida, rechazan pública y ostentosamente el sistema capitalista al que le atribuyen todo tipo de injusticias y excesos. Sin embargo, en su modo de vida absolutamente todos le rinden tributo. Tal y como Mises dejó escrito, todas las personas, por muy fanáticas que puedan ser en sus diatribas contra el capitalismo, implícitamente le rinden homenaje al clamar apasionadamente por los productos que crea.

El actual sistema de producción preponderante no es perfecto -sobre todo porque lo que hay en los denominados países “libres” es un capitalismo fuertemente mediatizado, distorsionado e intervenido por el Estado- pero, con todo y con ello, mantiene una masa de población cada vez más numerosa sobre la Tierra. Esto es un hecho. Década tras década, y gracias al capitalismo y sus beneficios empresariales que se generan en cientos de millones de negocios repartidos por doquier, el porcentaje de pobres en el mundo va en retroceso. Los voceros anticapitalistas nos quieren convencer de lo contrario al traer a colación números absolutos de pobres de una demografía en permanente crecimiento en vez de fijarse en la tendencia decreciente de su porcentaje con respecto a la población total.

Pese a ello, a nuestra gente del espectáculo pareciera avergonzarle la persecución del lucro empresarial y no pierden ocasión para reclamar las bondades del intervencionismo de los poderes públicos. Ha de atarse en corto a la sociedad civil; si se dejara ésta en libertad con unas pocas reglas de juego bien definidas, sería un verdadero peligro y pasaje cierto para la autoextinción, según pontifica la doctrina hoy dominante con la que no comulgo.

Le deseo éxito al Sr. Bosé en su aventura empresarial y que obtenga cada vez mayores beneficios en ella porque querrá decir que está cubriendo adecuadamente las necesidades subjetivas de la gente, que es lo verdaderamente importante en estos menesteres (aunque nuestro cantante sea políticamente correcto y quiera hacernos creer que no lo entiende).

De “gratis” nada

… bien a través del repago de servicios públicos bien mediante tasas y "céntimos sanitarios" de toda índole y condición, resulta de una hipocresía sublime el lenguaje maniqueo que emplean los políticos para seguir engañando a sus subordinados –el resto de la sociedad–. De aquella famosa frase socialista "el dinero público no es de nadie" hemos pasado ahora a la popular "la sanidad gratuita está garantizada" sin que sus respectivos autores se ruboricen lo más mínimo y, por tanto, pidan mil perdones ante lo aberrante de tal afirmación.

Y es que, ambas declaraciones constituyen una simple y pura mentira, un engaño masivo propio del desvirtuado lenguaje que acostumbra a emplear la clase política española. El dinero público tiene dueño, el contribuyente, cosa distinta es que su titularidad y legítimo uso haya sido expropiado de forma coactiva por el Estado vía "impuestos", mientra que la sanidad pública nunca fue, es ni será gratuita, más bien todo lo contrario. El sistema público de salud es enormemente costoso y, de hecho, muy caro si se compara con la provisión privada de este mismo servicio.

En concreto, el gasto público en Sanidad supera los 90.000 millones de euros, habiéndose más que duplicado a lo largo de la última década, lo cual supone un coste anual próximo a los 2.000 euros por habitante. Así pues, dicho servicio podrá ser muchas cosas pero, desde luego, no es "gratuito". Sanidad y educación, competencias transferidas a las comunidades autónomas, consumen, precisamente, la mayor parte del gasto regional, y junto a las pensiones –cuyo coste supera los 100.000 millones al año– son los tres pilares básicos del llamado Estado del Bienestar.

De hecho, no es la primera vez, ni será la última, que este sistema sufre sustanciales cambios a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Hasta 1999, este servicio se financiaba con las cotizaciones sociales (Seguridad Social), y desde entonces se sufraga vía presupuestos (impuestos), lo cual pone de manifiesto su quiebra técnica. Sin embargo, tales reformas no han servido para mantener el modelo en pie, de forma que el Ejecutivo se plantea ahora aplicar el copago. Esta medida no es nueva, ya existe en los fármacos y, muy posiblemente, se extenderá a la provisión de ciertos servicios médicos de forma progresiva, creciente y continuada a lo largo de los próximos años. De hecho, muchos contribuyentes que han optado por contratar un seguro privado sufren en sus bolsillos el pernicioso efecto del doble-pago, al tener que costear igualmente la sanidad pública independientemente de si la usan o no.

Además, a la reiterada falacia de la "gratuidad" se le suman otros dos calificativos muy habituales en boca de los políticos, "universal" y "de calidad", que por mucho que se repitan no dejan de ser también falsos. En primer lugar, no todo el mundo tiene acceso a todos los servicios públicos sanitarios, existen importantes limitaciones, de ahí la necesidad de contar con una tarjeta sanitaria y un número de la Seguridad Social. Por otro, pese a que muchos coinciden en que la sanidad española es una de las mejores del mundo, la realidad es bien distinta si se atiende a la calidad de ciertos servicios y, sobre todo, a las abultadas listas de espera en materia de consultas, realización de pruebas y operaciones.

Por desgracia, la revisión en profundidad que necesita el Estado del Bienestar español sigue sin plantearse. Todas las medidas propuestas van destinadas a mantener, al precio que sea preciso, la provisión pública de servicios, como la sanidad, la educación o las pensiones, que son ofertados por el sector privado de forma mucho más barata, eficiente y rentable para los usuarios, sin que ello importe lo más mínimo a los políticos. Así pues, tendremos sanidad "gratuita" por mucho tiempo. Vayan preparando sus bolsillos…

Otro ajuste sigue siendo posible

Pero que sean "los más austeros" hasta el momento no significa que sean especialmente austeros; a la postre, ya sabemos que el tuerto es el rey del país de los ciegos.

Hace unos meses publiqué una relación de 32.000 millones en desembolsos de la Administración Central del Estado que podían y debían ser recortados para cumplir con nuestros objetivos de déficit sin necesidad de incrementar impuesto alguno que lastrara nuestra actividad económica. Mi propuesta era relativamente conservadora, en la medida en que evitaba afectar aquellas partidas que constituyen lo que generalmente se consideran las funciones centrales del Estado (defensa, seguridad y justicia), así como el mal llamado Estado de Bienestar (sanidad, educación y prestaciones de desempleo) y el salario de los empleados públicos.

Como ya manifestaba entonces, mi opinión personal era que también había que meter la tijera a muchas de esas partidas, pero mi propósito era menos ambicioso: demostrar que otro ajuste era posible tan sólo eliminando gastos superfluos, subvenciones e inversiones públicas que realiza o puede realizar sin problema alguno el sector privado.

Si comparamos los presupuestos de 2012 con los de 2011 comprobaremos que la mayoría de los recortes que ha aprobado Rajoy proceden de las partidas que nosotros propusimos. Ahora bien, en lugar de eliminar la totalidad de esas partidas inservibles o contraproducentes, se ha limitado a aplicarles una tijera de alrededor del 20%, con lo cual (y añadiendo otros recortes que no propusimos) Rajoy y su Gobierno dicen que han sido capaces de minorar el gasto público en 12.900 millones de euros.

Bien, procedamos ahora a repetir el ejercicio que ya realizamos con los presupuestos de 2011 pero con las nuevas y super-austeras cuentas generales del Reino presentadas por Cristóbal Montoro en el Congreso. Como puede observarse al final del artículo, no sería demasiado complicado minorar el gasto estatal en otros 27.000 millones de euros, adicionales a los ya recortados por el PP. O dicho de otro modo, la Administración Central del Estado bien podría haber reducido el déficit público español en 40.000 millones exclusivamente por el lado de los gastos: podría haberse promovido un ajuste un 50% superior al de Rajoy y sin subir impuestos.

Si a estos 40.000 millones de euros les añadiéramos otro ajuste similar del gasto en la administración autonómica y local, es fácil comprobar que habríamos alcanzado de forma muy holgada no ya el 5,3% de déficit sino el 4,4% pactado originalmente con Bruselas (y de hecho, no sería nada complicado bajar del 3% y volver a cumplir este mismo año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento). No hablemos ya de que, como sería necesario, procedamos a redimensionar el Estado de Bienestar y el personal de las administraciones públicas (más allá del implicado en el ajuste anterior), en cuyo caso podríamos lograr el equilibrio presupuestario este mismo año sin rapiñar ni un euro adicional a los ciudadanos.

El problema, como hemos dicho muchas veces, es que no existe ni valentía ni convicción para acometer esta amplia reforma del sector público: ante la disyuntiva entre recortar el tamaño del Estado o recortar el bolsillo de los ciudadanos, el PP ha optado claramente por maximizar lo segundo para minimizar lo primero.

En cualquier caso, les dejo con la relación de recortes. Como ya indicamos en el anterior artículo, no hace falta suscribir la totalidad de los mismos para darse cuenta de que en España hay muchísimo gasto público que minorar: verbigracia, sólo aprobando la mitad de los recortes subsiguientes, nos habríamos ahorrado la subida del IRPF y de Sociedades (cuyos efectos recaudatorios esperados se cifran en unos 11.500 millones).

Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación: 1.102 millones

Cooperación para el desarrollo: 678 millones
Cooperación, promoción, y difusión cultural en el exterior: 104 millones
Transferencias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 240 millones
Transferencias al Instituto Cervantes: 80 millones

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: 616 millones

Incentivos regionales a la localización: 128 millones
Investigación y desarrollo de la sociedad de la información: 14 millones
Regulación y vigilancia de la competencia en el mercado de tabacos: 9 millones
Regulación del juego: 6 millones
Servicios de transporte de ministerios: 42 millones
Transferencias a sociedades y entes públicos (como RTVE): 417 millones

Ministerio del Interior: 110 millones

Financiación de partidos políticos: 110 millones

Ministerio de Fomento: 4.490 millones

Promoción, administración y ayudas a la rehabilitación de vivienda: 781 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 998 millones
Subvenciones y apoyo al transporte marítimo: 57 millones
Subvenciones y apoyo al transporte aéreo: 228 millones
Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías: 20 millones
Aportaciones patrimoniales a ADIF: 287 millones
Préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas: 250 millones
Inversiones en nuevas carreteras: 1.000 millones
Inversiones nuevas en transporte ferroviario: 869 millones

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 524 millones

Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior: 28 millones
Nuevas tecnologías aplicadas a la información: 50 millones
Promoción y cooperación cultural: 24 millones
Promoción del libro y publicaciones culturales: 11 millones
Fomento de industrias culturales: 29 millones
Música y danza: 89 millones
Teatro: 45 millones
Cinematografía: 71 millones
Fomento y apoyo de las actividades deportivas: 177 millones

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 6.394 millones

Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral: 5.759 millones
Desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas: 5 millones
Subsidio de desempleo para eventuales del Régimen Especial Agrario: 615 millones
Subvenciones a sindicatos y patronal: 15 millones

Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 3.731 millones

Desarrollo industrial: 423 millones
Reconversión y reindustrialización: 575 millones
Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón: 41 millones
Explotación minera: 523 millones
Coordinación y promoción del turismo: 438 millones
Ayuda a la pequeña y mediana empresa: 140 millones
Infraestructuras a las comarcas mineras del carbón: 101 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 274 millones
Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información: 116 millones
Innovación tecnológica de las telecomunicaciones: 671 millones
Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: 70 millones
Transferencia al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras: 359 millones

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: 1.663 millones

Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios: 63 millones
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria: 31 millones
Desarrollo del medio rural: 1.521 millones
Programa de Desarrollo Rural Sostenible: 28 millones
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible: 20 millones

Ministerio de Economía y Competitividad: 5.835 millones

Cooperación para el desarrollo: 2 millones
Promoción comercial e internacionalización de las empresas: 490 millones
Investigación científica: 661 millones
Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica: 1.392 millones
Investigación y desarrollo técnico-industrial: 1.789 millones
Investigación y experimentación agraria: 75 millones
Investigación oceanográfica y pesquera: 58 millones
Investigación geológico-minera y medioambiental: 26 millones
Investigación energética, medioambiental y tecnológica: 84 millones
Defensa de la competencia: 12 millones
Aportación patrimonial al ICO: 520 millones
Transferencias a organismos autónomos y agencias estatales dependientes de la Secretaría de Estado de Innovación (IGME, CIEMAT, IEO, IAC, CSIC…): 756 millones

Miscelánea: 2.240 millones

Imprevistos y funciones no clasificadas: 1.990 millones
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre: 250 millones

La verdadera reforma del Estado español

Tal y como van las cosas en la economía española, las reformas del gobierno se revelan insuficientes y los recién presentados Presupuestos Generales resultan poco austeros para lo que hace falta. Obviamente, la sensación general es la contraria. Pero este espejismo se debe a la propaganda del Gobierno, a los ataques del tipo "disparen contra todo lo que se mueva" de la izquierda, y también a que los ciudadanos comparamos de alguna manera con lo que teníamos hasta ahora. Y, es verdad que, comparado con lo anterior, hay cierto cambio. Pero profundizando en las medidas tomadas, no se trata de un cambio tan drástico.

En cualquier caso, no se ha cogido el toro por los cuernos aún. A saber: si antes del año 1978 el peso del Estado en nuestra economía era menor al 25% del PIB y ahora está en tormo al 50% del PIB, hay algo que no marcha como debería. Los españoles soportamos en nuestras espaldas una carga doble, pero nuestra economía, nuestra espalda, no ha crecido el doble. No somos capaces de aguantar tan pesada carga más. Hay que reformar ese Estado.

En este sentido se presentan dos soluciones. Una es desmantelar el Estado de las autonomías y volver a centralizar servicios transferidos, cerrar instituciones duplicadas, despedir funcionarios autonómicos, etc. La segunda es dar paso a un verdadero Estado Federal, en el que cada palo aguantaría su vela, es decir, se transferiría también la capacidad recaudatoria, los ingresos y gastos se descentralizarían aún más, y el gasto del Estado Federal quedaría reducido a un "minimo minimorum". Y, por supuestos, nos olvidaríamos de la estupidez tan perniciosa de la "solidaridad autonómica". En Madrid, saldríamos ganando.

En ambos casos existe el peligro de volver a caer en corruptelas, enjuagues, cesiones políticas por motivos sospechosos, juegos de poder y todos esos vicios asociados a la planificación. Porque uno de los verdaderos y más dolorosos problemas de España es que no hay líderes políticos con arrojo suficiente, con imaginación, seriedad y honestidad a prueba de bomba que coordinen esa reforma. Sobre todo porque, para empezar, habría que plegarse a la realidad: se gobierna para unos ciudadanos (no a su costa), así que habría que plantear un referéndum y eso da pánico en este país. La razón principal es que, también por desgracia, no existe una verdadera ciudadanía capaz de decidir sin dejarse llevar por cantos de sirena. Por lo cual han florecido como champiñones en otoño todo tipo de cantamañanas, vendedores de crecepelo político, salvapatrias e iluminados tanto de derechas como de izquierdas en los medios de comunicación, que "tienen la solución". Nuestra ciudadanía debería estar dispuesta a dejarse de colores políticos y pensar hacia dónde hay que encaminarse, hacia una federación de Estados o hacia un Estado centralizado. Pero después de ver los resultados de las elecciones en Valencia y Andalucía, solamente por poner un ejemplo, uno se pregunta en qué estaría pensando esa gente cuando vota.

Probablemente pasen muchos años antes de que se llegue a plantear seriamente este tema. Sobre todo después de ver la "alergia" que produce entre muchos políticos la simple idea de retocar o cambiar la Constitución. Porque, desde luego, para que la reforma del Estado se diera, sería necesario sentarse y redactar una nueva Constitución, una en la que no hiciese falta tanta concesión a unos y a otros, una que no fuera de transición.

Plantear este cambio en medio de una crisis como la que tenemos encima puede parecer inoportuno, pero creo que, precisamente, es la ocasión perfecta. Porque el barco zozobra más de lo que nos podemos permitir, y el lastre estatal es insoportable para todos.

No tengo ninguna confianza en que esta reforma se pudiera dar en serio. Ni tampoco creo que, dado el carácter español que sigue tratando de sacar lo que pueda de cuanta ubre se le cruza, esa reforma significara una mayor libertad real, una reconquista de la responsabilidad individual en la medida de lo posible. Pero no es porque no sea factible, no porque sea una utopía, sino porque la mayoría de los españoles prefiere la jaula de oro a cambio de la ilusión de una falsa estabilidad.

Una jaula que hoy por hoy pesa demasiado y nos está llevando hacia un abismo.

De votos y corruptos

Uno de los pilares básicos del movimiento del 15M fue y sigue siendo la lucha contra la corrupción política. Los autollamados "indignados" se han manifestado y concentrado por toda España pidiendo, entre otras cosas, el fin de esta lacra. También han demandado una mayor transparencia de las administraciones públicas y una participación popular más destacada en las decisiones políticas, así como una fuerte defensa del sector público frente al privado, llegando en sus posiciones más radicales a pedir la nacionalización de algunos sectores económicos. Si bien muchas de sus reivindicaciones son más consecuencia de su ignorancia económica que de las acciones de los corruptos, no dejan de ser un reflejo de las reivindicaciones de una parte de la sociedad.

La corrupción y la política parecen quitar el sueño a los ciudadanos. Según los últimos barómetros del CIS, después del paro y los problemas económicos, las principales preocupaciones de los españoles eran la clase política, los partidos, la corrupción y el fraude. El porcentaje de preocupación por la corrupción y el fraude se había duplicado entre los encuestados del 6% en diciembre de 2011 al 12,3% en enero de 2012, pero había vuelto a caer al 8,6% en febrero de este año. En todo caso, seguía siendo la cuarta razón de preocupación. Durante los últimos años, los casos de corrupción se han multiplicado como las setas después de un chubasco. Y cuando las encuestas indican que algo se percibe como un problema, los políticos se ponen nerviosos y hacen cosas. Muchas veces, a tontas y a locas.

A los casos más mediáticos, como Gürtel, los ERE falsos de Andalucía, las sospechosas actividades de la familia del ex presidente andaluz y ex ministro Manuel Chaves, las oscuras actividades de José Bono o las no menos polémicas actividades del ex ministro José Blanco, así como las del marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, hay que añadir otras con más tradición, como las falsas peonadas del PER, o más novedosas, como algunas primas que no debían ser cobradas en torno a las renovables o los típicos fraudes y corruptelas en torno a la construcción, las promociones inmobiliarias, las comisiones exageradas, los presupuestos que se disparan sobre las cifras iniciales, los aparentemente elevados sueldos de los políticos y sus privilegios, etc.

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía en su programa la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares de acción y ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Transparencia que pretende atajar el desmadre que percibimos. La citada ley permitirá a los ciudadanos acceder mejor a la información pública (aunque no totalmente), reclamar ante el silencio administrativo, limitar los regalos que puedan recibir los altos cargos de la Administración en condiciones ventajosas o que superen la cortesía, o imponer castigos ante infracciones presupuestarias. Lo primero que viene a mi cabeza es qué tipo de moral retorcida tienen nuestros dirigentes para que estas cosas, que debían formar parte de su moral más básica, se tengan que poner en una ley porque son incapaces de interiorizarlo. Si los políticos y los altos cargos de la Administración son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿estamos ante una sociedad enferma?

Me surge una duda: ¿realmente están los ciudadanos tan en contra de la corrupción o de lo que están en contra es de que ésta beneficie a ciertos grupos que no son de su agrado? También es posible que cada persona tenga su propia percepción de la corrupción y, lo que para unos es un caso flagrante, para otros no lo es tanto o incluso no lo es para nada. Sólo de esta manera se podría entender cómo es posible que una Comunidad Autónoma como la andaluza, donde los casos de corrupción económica y política surgen día sí, día también, vote con tanto ánimo a un partido como el PSOE, que sigue en el poder desde que en Andalucía se vota. Ni los excesos del PER ni los ERE ilegales ni la corrupción de sus dirigentes han desviado el voto a otras opciones más moderadas de la izquierda, que las había, como UPyD. ¿Tenemos en España una percepción tribal de la política, de los míos frente a los tuyos?

Una última reflexión. Decía el clásico que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Estado de Bienestar, que ahora gustan llamar "social", es un modelo político que, sistemáticamente, cede el poder que los ciudadanos tienen de afrontar y solucionar sus propios asuntos y problemas a los políticos, que dejan de ser meros gestores de asuntos públicos y se convierten en generadores de derechos positivos, pero sobre todo, en defensores de los privilegios de algunos grupos con poder o amparados por él. ¿No puede ser que el propio sistema, un acumulador de poder, favorezca la corrupción, la apropiación de bienes públicos o el uso indebido de los mismos? ¿No podría ser que el propio sistema sea el corrupto y los corruptos, una mera consecuencia lógica?

La Trampa de la Igualdad

Imaginemos a una mujer titulada en un ámbito de conocimiento que encuentre una gran demanda de trabajo. Nuestra mujer se especializa y adquiere experiencia suficiente como para sentarse frente a su viejo o potencialmente nuevo empleador y “exigir” determinadas condiciones salariales.

¿Qué sucede si el Estado convierte el logro competitivo de la mujer de nuestro ejemplo en un “derecho” para todas las demás?

Nos han querido adoctrinar en la idea de que las conquistas individuales de unos cuantos, incluso los de la mayoría, deben ser homologados como mínimo coactivo que afecte al resto de individuos. Los mal llamados “derechos sociales” no son sino una extensión artificial y forzosa de condiciones que determinados trabajadores conseguirían “fácilmente” negociando con su empleador en el mercado.

¿Cómo beneficia esta extensión de determinadas condiciones laborales “mínimas” a quienes por su productividad o especialización no llegarían a alcanzarlas en el mercado?

Un trabajador cuya aportación al valor de lo producido sea tan baja que resulte perfecta e inmediatamente sustituible por casi cualquier otro trabajador sin importar su experiencia o especialización, nunca conseguirá superar cierto nivel salarial (ni siquiera, como veremos merced del  intervencionismo o la acción sindical).

No debemos ver lo anterior como una desventaja, sino como una consecuencia inevitable de las circunstancias personales y económicas de ese trabajador. No obstante, en un mercado libre, sin barreras artificiales a la contratación y la fijación y aceptación de salarios y condiciones, el trabajador menos productivo, aun cuando se quedase en el paro consecuencia de un embarazo, por ejemplo, tendría prácticamente garantizada su inmediata reincorporación al mercado laboral en idénticas o muy similares condiciones a las que ya disfrutaba. Es decir, el trabajador marginal, en un mercado libre, encuentra una ocupación relativamente bien retribuida mucho más rápido de como la pierde.

Ahora vayamos a un mundo donde tanto a una mujer como a su empleador se les obliga a asumir los costes inherentes a condiciones laborales alcanzadas libremente por la primera protagonista de nuestra historia. Obviamente, la incertidumbre que suscita la posibilidad de una baja de maternidad es un coste que, estando el empresario “forzado” a asumirlo, va en demérito de la contratación de mujeres fértiles en competencia con hombres. Lo anterior ocurrirá salvo que exista la posibilidad de descontar dicho coste del salario de cualquier mujer aparentemente fértil que oferte sus servicios al empleador en cuestión.

¿Qué sucederá si una trabajadora no es capaz de contribuir lo suficiente al valor del bien o servicio producido, como para descontar dicho coste, y al mismo tiempo, deban cumplirse el resto de mínimos imperativos? Muy sencillo, directamente no será contratada.

Lo que al principio parecía una buena decisión (generalizar por ley las condiciones de la mujer más productiva), se ha convertido en la condena de las trabajadoras más débiles o marginales. Pero no se queda aquí el mal generado por esta intervención. El resto de mujeres (las que sí pueden asumir con su productividad este coste impuesto, entre otros) verán que, a pesar de todo, estarán suscitando muchas más reticencias que sus competidores masculinos en el momento de ser contratadas. Esto, que en un mercado libre sucedería para un reducido número de casos, en un ámbito de intervención se convierte en un estigma general. Una excesiva cautela inducirá al empleador a esquivar la contratación de mujeres fértiles cuando existan hombres con similar capacidad.

¿Qué hace el Estado ante este panorama? Redistribuir. Subvencionando la contratación de mujeres cree el legislador laboral que corregirá las desventajas artificiales previamente generadas por culpa de la extensión coactiva de “derechos”. Con bonificaciones a la cuota a la seguridad social lo que se consigue es reducir el coste que el empleador soporta contratando a alguien, es decir, el Estado tolera salarios inferiores por la puerta de atrás, a cambio de mantener el resto de condiciones, incluido el neto percibido por el trabajador (que es sólo un espejismo del salario real). ¿Quién soporta el coste que ello comporta? La respuesta es sencilla. El resto de trabajadores, los que sí cotizan al 100%, que con cargo a su salario real estarán pagando las “conquistas sociales” de todo aquel que sea incapaz de producir por encima del sobrecoste que, arbitrariamente, la ley establece.

En primer lugar, se pretende generalizar condiciones que libre y previamente sólo algunos trabajadores han conseguido en el mercado (a medida que aumente el capital invertido per cápita, las conquistas se irán generalizando de forma espontánea y sin necesidad de intervención, tal y como ha venido sucediendo en los últimos dos siglos). En segundo lugar, y a la vista de la precaria situación en la que dicha intervención coloca a los trabajadores menos productivos y especializados, o cuyas circunstancias personales les impiden implicarse profesionalmente tanto como lo haría un hombre, el Estado decide subvencionar su contratación.

Las consecuencias que ello tiene para el caso de las mujeres son principalmente dos. Las mujeres fértiles acudirán estigmatizadas al mercado laboral. Pero es que además, y dado que nadie regala nada, únicamente será contratada aquella trabajadora que supere con su aportación al valor de lo producido el coste que debe anticipar el empleador en forma de salario. Las que no lo hagan, exclusivamente a través de subvenciones, directas o en forma de bonificación, lograrán un puesto de trabajo. Es decir, los más productivos verán como una parte considerable de su salario se redistribuye en forma de políticas activas de empleo.

Un diagnóstico erróneo

Así, por ejemplo, resulta evidente que el Plan E de "estímulo económico" puesto en marcha por Zapatero tras el estallido de la crisis fue un gran error, ya que dilapidó miles de millones de euros de dinero público en obras y proyectos del todo inútiles en el peor momento posible, agudizando así el histórico déficit fiscal que presenta España. Pese a ello, muchos fueron entonces los analistas y políticos que aplaudieron tal medida, al considerar –erróneamente– que el desplome del consumo privado debía ser corregido y compensado mediante una mayor expansión del gasto público, tal y como estipula el keynesianismo. Diagnóstico errado, solución equivocada.

El problema es que, pese a que los socialistas ya no están en el poder, el Gobierno del Partido Popular sigue cometiendo errores de base que son claves. El pasado viernes, al fin, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se dignó a presentar el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, después de haber retrasado su anuncio de forma innecesaria, irresponsable y contraproducente bajo la esperanza de obtener el poder en Andalucía. Pero más allá de las cifras concretas, lo más relevante es el discurso que subyace en la política económica del PP. Y es que, durante estos días se han reiterado, principalmente, dos argumentos sobre los que justificar tales cuentas: por un lado, la subida del Impuesto de Sociedades y la polémica amnistía fiscal eran la "única alternativa" para no tener que elevar el IVA y, por tanto, dañar el consumo; y, por otro, los recortes de gasto público se han efectuado de forma cuidadosa para no lastrar en exceso el crecimiento económico.

Pues bien, ambos principios, puramente socialdemócratas, demuestran que el Ejecutivo de Rajoy, por desgracia, sigue ignorando cuál es la enfermedad que aqueja a España. El país no necesita más consumo sino menos, al tiempo que las cuentas públicas no lograrán sanearse con leves recortes sino mediante drásticos ajustes en el gasto. La subida del IVA, siendo perjudicial, habría sido, sin duda, un mal menor en comparación con el brutal aumento fiscal aplicado sobre particulares (IRPF) y empresas (Impuesto de Sociedades). España es una de las economías más endeudadas del mundo, está fuertemente sobreapalancada como resultado de una enorme expansión crediticia previa que incentivó grandes errores de inversión empresarial (construcción de hasta 800.000 viviendas al año) y permitió a los españoles –durante un tiempo– vivir muy por encima de sus posibilidades reales, de ahí el abultado déficit por cuenta corriente que, pese a casi cinco años de crisis, sigue existiendo aún hoy.

La crisis no es consecuencia de un desplome del consumo, ése es tan sólo un efecto de la recesión, del inevitable ajuste o correctivo que precisa la economía y, por ello, es erróneo tratar de frenarlo. Para saldar la inmensa deuda acumulada, las familias y las empresas tienen que reducir sus costes –menos consumo e inversión– para poder afrontar los pagos. Es decir, España necesita más ahorro, no más consumo, para amortizar sus deudas, evitar la quiebra y acometer nuevos proyectos rentables, liquidando los inviables, para impulsar así el crecimiento sobre bases sólidas. La subida del IRPF y de Sociedades daña, precisamente, esta salida, pues desincentiva de forma sustancial el ahorro y deteriora la competitividad del tejido empresarial.

Asimismo, recortar sólo algunas partidas para "no dañar el crecimiento", tal y como aseveró Montoro, implica mantener en pie una estructura estatal que, simplemente, España ya no se puede permitir. Además, bajo este mismo argumento se podría afirmar que "incrementar el gasto público favorece el crecimiento", lo cual abriría la puerta de par en par a nuevos planes de "estímulo" como los aplicados por Zapatero. Curiosamente, hace escasas semanas, Rajoy afirmó en el Congreso que lo que realmente le gustaría es contar con 20.000 millones de euros más de gasto "para poder hacer muchas más cosas". Por el contrario, el conjunto del sector público sigue gastando un 24% más de lo que ingresa por vía fiscal y, por tanto, el ajuste presupuestario debe efectuarse sólo por el lado del gasto, independientemente de que el PIB caiga más o menos. La alternativa al ajuste drástico de la estructura estatal es, simplemente, el estancamiento –prolongar la agonía– o la insolvencia soberana.

Así pues, lo realmente grave de los Presupuestos no son las cifras en sí, blandas en materia de gasto y contraproducentes en cuanto a impuestos, sino el discurso teórico que los acompaña. El PP mantiene un diagnóstico erróneo sobre la crisis, y mientras esto siga así sus recetas serán insuficientes y/o equivocadas. 

Día de huelga

29 de marzo. Día de huelga y de lucha de clases. No por anacrónico, al margen de la actualidad. Los sindicatos de clase tan hartos están de que el gobierno quiera "acabar con todo, con los derechos laborales y sociales" que optan por llevarse por delante derechos –de los de verdad, en sentido negativo– de quienes osan cruzarse en su camino.

La reforma laboral aprobada por el Partido Popular el pasado febrero ha sido el detonante del clamor de los sindicatos contra políticos y empresarios. Los términos han ido cambiando algo con el paso de los años. De proletariado se ha pasado a ese otro, más suave, pero igualmente engañoso, como es trabajador. Como si trabajador no fuera un autónomo, un empresario, un capitalista o cualquier otra figura productiva.

Las formas, algo han ido cambiando, aunque más bien poco. El trasfondo es el mismo. Todo este lenguaje, cuya violencia aquellos que lo profieren no hacen demasiado esfuerzo por ocultar, nos retrotrae a Marx y su flamante apuesta contra el capitalismo. Con todo, reconoció del capitalismo que era un paso necesario en el camino hacia el estado ideal que finalmente se alzaría, el comunismo, al cual se llegaría por la vía de la lucha de clases. Con ello, llegaría el fin de la historia. El paraíso en la Tierra.

Así pues, la suya fue una teoría explicativa de la crisis del capitalismo. Sus miles de páginas así lo atestiguan. Son varias las teorías de Marx que se entrelazan para explicar un mismo final, el del capitalismo.

Böhm Barwerk mantuvo una acerada polémica con él a cuento de la teoría de las plusvalías marxista, lo que quedó plasmado, entre otros, en el primer volumen de Capital e Interés, dedicado a la teoría de la explotación (también en otro escrito posterior: "La conclusión del sistema marxiano"). El empresario, según Marx, se apodera de las plusvalías del trabajador. Dicho de otro modo, las ganancias del empresario proceden del esfuerzo, se diría que físico, del trabajador. Rapiña y se apropia de su trabajo al tiempo que le mantiene con un salario de subsistencia. Este discurso no es nada lejano a lo que escuchamos en la actualidad. No nos es ajeno, y menos estos días en que empresarios o banqueros están el punto de mira (y de ira) de los sindicatos.

La respuesta del discípulo de Menger no se hizo esperar. La remuneración de un asalariado está en función de su rentabilidad marginal esperada. Y es esperada en tanto que todo proceso productivo requiere de un período de maduración. El capitalista adelanta las remuneraciones a los integrantes de la empresa con la esperanza de que la rentabilidad del proyecto responda a sus expectativas iniciales. Aplica, pues, un tipo de descuento, que no es otra cosa que su coste de oportunidad o, dicho de manera más sencilla, la tasa de beneficio que espera obtener.

Asimismo, el asalariado se mueve en un mercado. El empresario pagará como máximo la parte que se corresponda con el rendimiento marginal esperado, pero si hay gran abundancia de trabajadores con equivalente especialización, competirán entre ellos con fuerza y los salarios seguramente tiendan a la baja. Al revés, si se han especializado en una actividad con futuro, donde hay pocos profesionales con formación equivalente y hay una importante demanda de éstos, la empresa pujará con mucha intensidad por ese recurso escaso e impulsará las remuneraciones al alza, teniendo como tope el rendimiento marginal que espera obtener con su contratación.

Otro problema en la teoría de Marx y que Böhm Bawerk destapó es la aplicación de una teoría objetiva del valor, que provenía de clásicos como Ricardo, de tal forma que la remuneración de un asalariado deba estar en consonancia con la cantidad de trabajo aportada. Este objetivismo lleva al absurdo de que con tal de echar horas de trabajo físico a una tarea la remuneración debería ser máxima. Pero todos hemos escuchado este tipo de quejas en los bares: "Estos jugadores del Atlético son unos mercenarios que no sienten los colores y cobran millonadas mientras no dan un palo al agua". Cuánto trabaja en horas un futbolista. Sinceramente, creo que no mucho. Hoy día, creo que dedican más tiempo a la peluquería o a ponerse tatuajes. Cuál es el rendimiento real del jugador citado: ya vemos que la misma afición piensa que más bien flojo.

Pero, año tras año, las esperanzas llevan a que el rendimiento económico esperado por el empresario (quién lo es en el Atlético…) sea alto y por eso remunera mucho al jugador. Los mismos aficionados lo reconocen: "en el fondo, somos nosotros quienes propician esto; deberíamos dejar de ver partidos". Pero el fútbol es adictivo. El club está dispuesto a pagar mucho porque son muchos los aficionados del Atleti que pagan entradas o televisiones que pagan derechos de emisión o publicidad… Vemos que es la demanda quien tira de la oferta en la formación de los precios del factor trabajo. No si trabajan mucho o poco: los jugadores de segunda división seguramente dediquen las mismas horas.

En el caso del fútbol, como la cantidad de jugadores de primer nivel es limitada y el servicio que dan al público muy deseado (hay una gran demanda de partidos de fútbol), habrá poca competencia de jugadores de calidad y mucho margen para que el empresario puje por los jugadores pagando salarios crecientes. Son los jugadores quienes, por así decir, tienen la sartén por el mango. Es éste tan sólo un ejemplo, como miles de ellos los hay en el mercado de trabajo. Pero es un ejemplo en que las plusvalías apoderadas por el capitalista o empresario no se vislumbran por ningún lado y en el que la remuneración no atiende a factores objetivos (sino a los subjetivos de amor a unos colores, pagando en consecuencia). ¿Falcao puede considerarse explotado por Cerezo cuando el primero cobra mucho más (y supongo trabajará menos horas) que el segundo? Cualquier teoría debería ser general.

Que fuera algo objetivo la remuneración del trabajo haría mensurable y, por ende, casi diríamos que planificable la economía. Tanto trabajas, tanto vales. No nos extraña vista la ideología de la que parten estas aseveraciones científicas. Es por ello que el mercado se ve con extremo recelo. El mercado es el consumidor (y el productor). Cuando se habla de "soberanía del consumidor", por más que el término sea más o menos feliz (hay discusiones algo bizantinas al respecto), se hace hincapié en un primer elemento que caracteriza al consumidor. Su capacidad de decidir a quién compra, qué adquiere y qué deja de adquirir y por cuánto. El productor está subordinado a él. Repentinamente, el consumidor deja de sernos fiel. Encuentra un proveedor que atiende mejor sus deseos, necesidades, caprichos… y cambia. El productor anterior deja de tener mercado, así, de un día para otro. Algo que ya explicó Mises con sabia ilustración en la Acción Humana.

Paralelamente, se ven afectados los factores productivos insertos en ese proyecto. Si esos factores productivos, trabajadores, locales comerciales, computadores, tienen salida en un mercado vivo, con suficiente demanda, el resultado de la infidelidad de los clientes habrá afectado al empresario principalmente, que deberá liquidar la empresa o reinventarse. Pero los factores tendrán fácil reubicación en nuevos fines empresariales y no habrán caído de valor.

De no tener fácil reubicación, probablemente estemos ante una crisis de ese sector, que ha empleado factores muy específicos ahora difícilmente reconvertibles (por ejemplo una grúa o un futbolista -si el fúbol dejara de gustar…-), o una crisis más honda de la economía. En estos casos, sobre todo, el segundo, el consumidor deja de comprar de manera generalizada, aunque siempre se deshace de unos bienes más que otros (vivienda o coches se demandan menos), siendo además unos bienes sustituidos por otros (Mercadona frente al Corte Inglés).

En resumen, el consumidor es infiel y caprichoso, y no siempre tiene la misma capacidad de compra (como ahora, en esta crisis), lo que pone al sector productivo en situación de alarma. Casi todas las visiones y teorías sobre la realidad tienen sus posos o cuota de verdad.

Es cierto que lo primero, la infidelidad, crea incertidumbre, pero al mismo tiempo un universo de posibilidades inimaginable. Hablamos de la "destrucción creativa" de Schumpeter. Efectivamente, el consumidor infiel lo es porque pasa a aceptar una propuesta de valor alternativa que le satisface mejor una necesidad. Sólo gracias a ello surge una sana competencia por hacerse con el favor del consumidor y miles de mentes de empresarios e investigadores se afanan en crear una gama creciente y variada de bienes y servicios a precios decrecientes. Sólo así podrán encandilar al consumidor.

El segundo elemento, el de la capacidad de compra del consumidor, nos lleva de lleno, dado el sistema financiero de los países occidentales, a los ciclos económicos. No en vano, parte de la volatilidad de las compras de los consumidores se debe al efecto que tienen en los hábitos de compra y endeudamiento los ciclos en su fase alcista. Pero en la fase de auge poco importan a sindicatos o gobierno situación y costes laborales. Todo es jauja, pleno empleo de factores, mucha producción y consumo… El problema viene cuando da la vuelta la tortilla y el consumidor deja de consumir tanto (por falta de ingresos estables, devolución de deuda, etc.) y cambia hábitos por versiones low cost. El gobierno hace la reforma laboral para favorecer la creación de empleo y los otros pían contra empresas y banqueros (y gobierno).

La incomprensión de la izquierda de esta materia de los ciclos es generalizada y a ello dedicaremos, con la excusa también de Marx, un próximo artículo.

Las mentes con aversión a los cambios, a la libertad, a su propia creatividad en no pocos casos acaban abrazando teorías que, por erradas que sean, crean una falsa seguridad al dibujar un mundo estático, predecible, ideal. Un mundo sin sorpresas, por más que muchas de las sorpresas desagradables en la economía procedan de la intervención pública, ésa que iba a ser capaz de mantener todo el engranaje productivo estático y sin sobresaltos. Paradójico, ¿no?

La realidad es más fuerte que la ideología y cuando se pierde en el campo de la argumentación racional se suele acudir al mamporro y la demagogia para intentar prevalecer.

Carlos de Amberes

La Fundación Carlos de Amberes debe ser una de las más veteranas instituciones españolas de este tipo, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media. Me gusta recordar esas iniciativas privadas de "protección social" (como decimos ahora), que se llevaron a cabo muchos siglos antes de la intervención del poder público en este área. Y es que no hizo falta que se inventara la Seguridad Social para que bastantes personas, preocupadas por las condiciones materiales de sus conciudadanos, dotasen fondos para cubrir alguna necesidad que les parecía más importante: así surgieron hospitales, asilos de ancianos, escuelas, colegios universitarios, orfanatos o simplemente dinero para dotar a doncellas pobres y que pudieran casarse.

Esto puede sorprender a nuestra sociedad, acostumbrada a que el Estado se ocupe de tales actividades, generalmente con cierta ineficacia (sobre todo, comparada con iniciativas similares de gestión privada) y por supuesto siempre a costa de nuestros impuestos. Pero la historia nos enseña cómo ha sido perfectamente posible un orden espontáneo (con palabras de Hayek) en la cobertura de este tipo de carencias, pues también forma parte de la naturaleza humana esa preocupación generosa por el más débil.

Aquí se insertaría la obra fundacional de Carlos de Amberes, un ciudadano de los Países Bajos españoles, quien cedió en 1594 una serie de inmuebles para que a su muerte sirvieran de albergue y hospedaje a los pobres y peregrinos procedentes de las Diecisiete Provincias Unidas de Flandes que visitaban la Villa y Corte de Madrid.  La creación del Hospital de San Andrés de los Flamencos coincidió con el nacimiento de otras instituciones de caridad privada, como San Luis de los Franceses, San Antonio de los Alemanes o San Fermín de los Navarros. A la muerte de Carlos de Amberes en 1604, el arquero real Miguel de Frêne se encargó de materializar la idea del fundador poniendo el nuevo Hospital, instalado provisionalmente en una de las casas legadas, bajo la advocación de San Andrés, patrón de la nación borgoñona.

En 1621 se encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora un nuevo edificio en la calle San Marcos que albergase el Hospital y la iglesia en la que en 1638 se colgó el cuadro "El martirio de San Andrés" que Rubens pintó por encargo de Jan Van Vucht, uno de los benefactores que con sus legados y donaciones contribuyó a que se realizase el fin benéfico que perseguía la Fundación, y que hoy se puede admirar en la sede de la Fundación, en la calle Claudio Coello de Madrid. Aquí se llevan a cabo, desde 1992, una gama muy variada de actividades, que van desde exposiciones de arte hasta conferencias, seminarios, recitales de poesía o conciertos de música.

Les escribo todo esto porque a mediados de marzo visité una bonita muestra en torno al Toisón de Oro, una vieja Orden caballeresca fundada en 1430 por el duque de Borgoña Felipe el Bueno, cuya soberanía pasó a la Casa de Austria española desde el reinado de Carlos I, rey de Castilla y duque de Borgoña y Flandes. Allí se pudieron admirar muchos retratos de monarcas españoles luciendo esta insignia, de la que el Rey Juan Carlos ostenta su jefatura. Había también una selección de ropajes de ceremonia, libros de estatutos y otros objetos ceremoniales.

Y me acordaba de una interesantísima exposición anterior, que se completó con un Seminario Internacional, de la que también quiero hablarles: "Tiempo de Paces" celebrada en 2009 con motivo del centenario de la Tregua de los Doce Años (Amberes, 1609). Creo que el Catálogo de la exposición todavía está disponible, y allí se pueden disfrutar las fotografías de todo el material expuesto con ese motivo, junto a unos estudios introductorios de gran relevancia. No puedo dejar de señalar, por ejemplo, el texto de Bernardo J. García (profesor de la Complutense, y gran impulsor de estas actividades desde la Fundación): "Tiempo de paces", en el que se recuerda la importante influencia de nuestra Escuela de Salamanca sobre Hugo Grocio, quien precisamente publicaba también en 1609 su obrita Mare Liberum. Pues bien, este pionero tratado de derecho internacional recoge toda la doctrina de nuestros escolásticos sobre el ius gentium; lo que incluye el debate sobre la libertad de comercio y circulación en los mares frente a los monopolios o frente a las dinámicas de guerra económica, así como una crítica a las políticas proteccionistas.

Termino con una breve referencia al Seminario Internacional que señalaba: "El arte de la prudencia. La Tregua de los Doce Años", celebrado en Madrid ese invierno de 2009. Tuve la ocasión de presentar un estudio en torno a la influencia de la Escuela de Salamanca en el entorno de los Tratados de 1609, insistiendo en el gran conocimiento que tenía Hugo Grocio de las obras de los autores españoles, y particularmente de la doctrina de nuestros Doctores sobre la libertad de comercio y navegación por el mar. Conocimiento que usaría precisamente para defender la libertad de los mares en favor de los barcos holandeses que navegaban por las Indias al tiempo de la Tregua.

No es una extraña coincidencia que Carlos de Amberes fuera un contemporáneo de los doctores de Salamanca: su pequeña contribución para resolver un problema social es una bonita muestra de que la iniciativa privada suele anticiparse y, casi siempre, afrontarlos con mayor eficacia que el Welfare State. Esto me parece que está en consonancia con la defensa del comercio libre que propugnaba Francisco de Vitoria, las críticas a la manipulación monetaria que escribía Juan de Mariana, o las explicaciones sobre la formación de los precios en un mercado libre que explicaban Tomás de Mercado o Diego de Covarrubias.

El altruismo (I)

Los seres vivos son agentes que operan en la realidad física, emplean recursos escasos, y guían su conducta mediante mecanismos cognitivos que incluyen distinciones y valoraciones acerca de cosas, estados, eventos y acciones (sensibilidad, preferencias, emociones, sentimientos).

Un agente puede hacer cosas exclusivamente para sí mismo (egoísmo), o puede hacerlas por el bien de otros (altruismo): conseguir comida para mí o para otros; protegerme a mí o defender a otros; aprender algo solo para mí o compartir el conocimiento. En un acto altruista un agente proporciona un beneficio a otro asumiendo un coste o un riesgo para sí mismo: un animal entrega alimento a otro (que él ya no puede consumir) o se pone en peligro para defenderlo.

El agente que se ocupa exclusivamente de sí mismo, que dedica todos los recursos disponibles a su propia supervivencia y desarrollo, tiene en principio ventajas evolutivas sobre el agente que asume costes en favor de otros; y los receptores de ayuda ajena tienen ventaja sobre quienes no reciben ninguna ayuda.

El altruismo unilateral e indiscriminado, de un agente que da a todos pero no recibe de nadie, es prácticamente imposible porque los agentes que lo intenten tienden a extinguirse, a eliminarse a sí mismos en la competencia evolutiva por la supervivencia: los parásitos o gorrones, que reciben sin dar, proliferan a costa de los ingenuos sacrificados, que dan sin recibir.

Puede existir el altruismo cuando es selectivo o recíproco: cuando se limita a ciertos beneficiarios de forma discriminatoria y excluyente; o cuando el altruista da pero también recibe. Frecuentemente la selectividad y la reciprocidad aparecen juntas: el agente ayuda a aquellos de quienes a su vez recibe ayuda.

La forma más esencial de altruismo selectivo sucede cuando un agente ayuda a otro agente idéntico o muy semejante: el beneficiario y el benefactor son elementos de la misma clase. Las especies cuyos miembros no sólo se mantienen a sí mismos de forma independiente sino que se ayudan unos a otros pueden ser especialmente exitosas o incluso dominantes. Los componentes de la especie deben alcanzar un compromiso sobre cuántos recursos dedican a su propio mantenimiento y cuántos a ayudar a otros, sopesando beneficios y costes.

Un caso particular especialmente importante de este altruismo selectivo es la reproducción, la generación de nuevos miembros o copias de la especie. Los organismos progenitores dedican algunos recursos (inversión parental) a la producción de las crías: estos recursos pueden ser mínimos, como una célula a partir de la cual el nuevo organismo debe valerse por sí mismo; o mayores, cuando los progenitores cuidan de los vástagos durante algún periodo de crecimiento y desarrollo hasta su madurez. Mediante la selección de parentesco los genes programan cerebros que ayudan a otros organismos con los mismos genes, por lo general sus hijos o parientes cercanos. La relación entre padres e hijos es por lo general asimétrica: la ayuda sólo fluye de padres a hijos.

El altruismo recíproco o cooperación sucede cuando un organismo es beneficiario y benefactor: ayuda a algunos pero también recibe ayuda de otros, asume costes que le compensan porque también recibe algún beneficio mayor y su resultado neto es positivo.

La entrega y la recepción de ayuda pueden ser simultáneas, inmediatas, como en un intercambio presente de bienes o servicios o el reparto de lo obtenido con un esfuerzo común; o pueden ser diferidas en el tiempo. La reciprocidad puede ser directa (entre dos organismos que intercambian sus papeles como benefactor y beneficiario) o indirecta (un organismo ayuda a otro pero recibe ayuda de otro diferente).

En el altruismo diferido el primer benefactor corre el riesgo de que su beneficiario no le devuelva el favor en el futuro, o que le devuelva algo menos valioso. Para evitar a los parásitos y colaborar sólo con los buenos cooperadores es conveniente ser capaz de distinguir y recordar (percepción y memoria) qué otros individuos son honestos y cuáles son tramposos, para concentrarse en cooperar con los buenos y evitar a los aprovechados. Los individuos pueden utilizar señales que comuniquen buena reputación, capacidad y buena voluntad como cooperadores; el lenguaje permite compartir información sobre experiencias pasadas exitosas o fracasadas con diferentes agentes (quién es buen o mal cooperador).

El altruismo indirecto sucede en grupos delimitados de cooperadores que existen porque proporcionan mayor seguridad y capacidad de acción a sus miembros: el beneficiario contribuye algo a alguna causa común (defensa del grupo, ayuda a necesitados) de la cual también se beneficia (inmediatamente o cuando lo necesite). El grupo precisa, para ser eficiente en la competencia con otros grupos, mecanismos de supervisión que vigilen que los elementos no sean una carga neta: el grupo puede seleccionar a sus miembros, filtrando a posibles candidatos para que no se infiltren parásitos o expulsando a los elementos nocivos. La pertenencia al grupo implica obligaciones y derechos de ayuda para todos los miembros: la conducta individual se regula para fomentar la cooperación y evitar la competencia destructiva.