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La responsabilidad y la libertad de expresión

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El pasado martes, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, explicaba en una entrevista  que uno de los temas a los que la plataforma que dirige piensa dedicarse es el de los medios de comunicación. Efectivamente, el impacto de determinadas series, realities y programas de entretenimiento televisivos en un adolescente es probablemente mayor que una clase de Historia o de Matemáticas. Muchos de ellos no respetan el horario infantil y juvenil para tratar según qué temas y con según qué lenguaje. Por otro lado, quien no ve la televisión, ve el programa en el ordenador, se descarga la serie o busca el vídeo en You Tube. Para terminar de agravar el problema, los nuevos iPhones y smartphones permiten que la audiencia vea esos contenidos en cualquier lugar, a cualquier hora, sin importar la edad. Y finalmente, hay que darse cuenta de que si uno no tiene uno de esos dispositivos, no importa, sus colegas se lo enseñan.

Este fenómeno está contribuyendo a que se pierdan los valores (por los modelos de referencia de nuestros jóvenes) y, por ello, es necesario, según Urcelay, que los gobiernos regulen los contenidos televisivos, que no financien esas series. La base del problema es que la familia ha perdido ese papel de transmisor de valores y por ello hay que apoyarla desde el Estado mediante políticas activas y Profesionales por la Ética va a luchar por ello. Los padres deben ser conscientes de que es su responsabilidad, deber y derecho educar a sus hijos y transmitirles valores.

La pregunta del millón es: ¿debería prohibirse la emisión de esos contenidos?, ¿debe el gobierno meter un tijeretazo a esos programas? Si observamos el nulo resultado de la regulación de los contenidos en franjas de horario infantil nos damos cuenta de que no se pueden poner puertas al campo. La responsabilidad no es del Estado, al contrario, su función es preservar la libertad de expresión. Tampoco es responsabilidad del  Estado preservar la familia ni vigilar qué valores se transmiten en la sociedad. Es responsabilidad de la sociedad, es decir, de cada una de las personas que la componen: los padres, los hijos, los publicistas, los productores, los directores de cadenas de televisión, los fabricantes de iPhones…

En el momento en que un padre compra un ordenador a un niño ya sabe que no va a poder regular lo que ve (excepto contenidos explícitos que se eliminan con filtros) y si lo que le regala el padre al hijo es un iPhone, tampoco va a controlar lo que enseña a los amigos. Pero si usted, progenitor, no compra ordenador ni teléfono, da lo mismo: el chaval lo verá a la salida del colegio en el de los amigos.

¿Son responsables quienes realizan esos programas o las cadenas que los emiten? Puede darse el caso de que una cadena tenga una sensibilidad especial hacia la infancia y decida emitir contenidos “blancos”. Igual que otra puede emitir documentales sobre la naturaleza o alinearse con determinados valores. Pero puede que no, y no sería censurable. La audiencia manda. Quienes pueden eliminar de la parrilla esos programas son quienes los financian: las empresas que compran publicidad en esa franja. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Debería una empresa tener un objetivo moralizante a la hora de publicitarse? Puede ser que alguna empresa lo tenga, por ejemplo, hay alguna marca de cosméticos que se compromete a no utilizar productos en los que se haya experimentado con animales. Pero puede que no, y tampoco es censurable. El sano objetivo de las empresas es el bendito lucro que permite que los pobres sean menos pobres y que nuestra esperanza de vida sea mayor.

¿Quién está al final de la cadena? El ciudadano, el consumidor soberano que podría presionar a esas empresas para que no financien según qué programas o para que se emitan a otra hora y no esté disponible en internet. ¿Pero que hacen las asociaciones civiles? Mirar al otro, sea el Estado, el empresario, las cadenas de televisión o los presentadores de los programas.

Los referentes de la juventud, el papel de la familia como transmisora de valores, son cuestiones demasiado importantes como para dejarlos en manos del Estado, hay que defenderlas individualmente, día a día, en especial con el ejemplo. Tampoco se defienden excluyendo a nadie, condenando al fuego del infierno o reclamando la verdad absoluta. Esa no es forma de convencer. Se trata de que nuestros conciudadanos estimen que, visto lo visto, se sobrevive mejor con estos valores que con los otros. Y eso, de momento, es una asignatura pendiente.

Por una reforma laboral drástica

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El mercado de trabajo español es una contradicción. No es mercado porque no hay acuerdos libres entre partes, y cada vez ofrece menos trabajo. Su estructura, heredera directa de la dictadura franquista, no ha sido cambiada significativamente durante estos treinta años largos de democracia.

De España dicen algunas encuestas que es un país donde domina ideológicamente la izquierda, pero también es un país muy conservador, existe mucha reticencia al cambio o, al menos, a ciertos cambios. Cualquier nueva propuesta encuentra rápidamente la oposición de no sólo muchos grupos que viven del statu quo, sino también de los individuos que tienen como filosofía el "que me quede como estoy" o "más vale malo conocido que bueno por conocer".

La liberalización del mercado laboral siempre ha contado con importantes detractores en los órganos de poder, sobre todo entre los sindicatos y partidos de izquierda, pero también entre las organizaciones de empresarios y en los partidos de derechas. En España, hay mucha alergia a la libertad y a sus consecuencias.

Durante el franquismo, los sindicatos que vivían en la clandestinidad reivindicaron la libertad de los trabajadores a asociarse y a luchar por sus propios derechos, pero cuando Franco murió y fueron poco a poco legalizados, simplemente ocuparon el lugar de los sindicatos verticales que ya existían. En vez de defender los derechos de los trabajadores o, al menos, de sus afiliados, trabajaron para afianzar y ampliar su poder. En España, hay 5,2 millones de parados, las perspectivas son muy sombrías y avanzamos inexorablemente hacia los seis a final de año. Y no parece importarles mucho, dado su empecinamiento en defender un modelo laboral y económico que nos ha llevado a semejante desastre.

Sindicatos y patronal fueron avisados por el presidente Mariano Rajoy de que tenían hasta el seis de enero para ponerse de acuerdo en una reforma profunda del mercado de trabajo. Pasó la fecha y el presidente del Gobierno, que no se caracteriza por su contundencia, amplió dicho plazo. Sindicatos y patronal parecen haberse especializado en marear la perdiz, no en buscar unas mejores condiciones a sus "protegidos". Y muy sano para la perdiz no debe de ser. El acuerdo al que han llegado, subir salarios por debajo del IPC, parece un mal chiste, porque no soluciona nada.

La liberalización de esta cosa laboral que padecemos es la única vía posible de mejora. Toda contratación lleva emparejado un posible despido, que tendrá muchas y variadas causas, desde la coyuntura económica, pasando por los problemas concretos del sector o las políticas económicas del Gobierno, hasta el capricho del empresario o de los propios trabajadores.

Si para "salvaguardar" el sacrosanto derecho al trabajo encarecemos el despido a niveles inaceptables por parte del empresario, necesariamente estaremos haciendo muy difícil la contratación, pues éste se ve en la obligación de comprometer unos ingresos que a lo mejor no consigue en el futuro, no llegan a tiempo o no puede permitirse. Tendrá que tirar con lo que tenga o pueda tener y no con lo que le gustaría tener.

Con las actuales condiciones laborales, el empresario se puede permitir jugar con el miedo del trabajador a ser despedido y a formar parte de esos 5,2 millones de desesperados. Se podrá permitir tener sueldos relativamente bajos o malas condiciones laborales a cambio de prometer estabilidad laboral. Ojo, no digo que esto ocurra necesariamente, sino que el empresario no tiene tantos incentivos para mejorar esas condiciones, aunque ello pueda repercutir en la eficiencia de la empresa.

Las cosas son muy distintas si el trabajador no tiene miedo a ser despedido. Sabiendo que encontrar un puesto de trabajo depende de su capacidad, de sus conocimientos, de su adaptación a las circunstancias y no tanto de otros factores ajenos, se podrá permitir vender sus servicios a cambio de un sueldo adecuado a sus características, con unas condiciones laborales aceptables.

Los empresarios buscarán mantener en plantilla a aquellos trabajadores mejores o, al menos, a los más adecuados, buscará hacer más rentable su empresa, más eficiente, y eso lo conseguirá manteniendo buenas condiciones, no sólo de sueldo, sino también en cuanto al entorno laboral y, por extensión, al familiar. La famosa conciliación familiar se puede conseguir sin necesidad de legislar a su favor, simplemente porque ayuda a la eficiencia empresarial y a que sus clientes tengan mejores servicios.

La libertad del trabajador es algo que molesta a los sindicatos porque les hace perder poder. Molesta a ciertos empresarios y empresas que se comportan como burocracias. Molesta a aquellos trabajadores que se niegan a mejorar, a evolucionar, que se asustan del cambio. Molesta a los que creen que su estatus es un derecho, que una carrera, unos estudios o una formación llevan implícito un sueldo "digno", que la sociedad tiene que velar por ellos.

Existen muchos más factores que podemos analizar en el panorama laboral español, pero quiero centrarme en una percepción personal. Creo que una gran mayoría de españoles aún piensa que la protección de sus puestos de trabajo a través de despidos caros es una ventaja y un derecho, sobre todo si aún no ha perdido el suyo. Mientras esta mentalidad sea la dominante y el miedo a la pérdida sea más potente que la iniciativa, la repulsa será mayoritaria. Mariano Rajoy parece ser consciente de ello y ha pronosticado movilizaciones y hasta una huelga general cuando presente su reforma. No sé qué hará el presidente del Gobierno, pero si seguimos haciendo lo mismo o algo parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, los resultados serán similares: más parados.

La moral del bienestar

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La función natural del gobierno es el mantenimiento del orden público. El Estado surge como instrumento gubernamental destinado a asegurar una mayor eficacia en este cometido. Sin embargo, desde el principio, el Estado se convierte en una herramienta al servicio de otros muchos fines y valores morales que acabarán siendo considerados tan públicos como el inicial y relativamente abstracto concepto de orden en el ámbito de lo compartido.

Parece lógico que un gobierno, buscando salvaguardar la forma de vida de sus ciudadanos, se adapte a las exigencias del marco de integración política en el que se halle inmerso. La seguridad externa proporciona al poder político la disculpa para pugnar contra el resto de entes soberanos dentro de un juego de intereses y rencillas. Los individuos soportan el discutible deber que consiste en sufragar los costes derivados de esta actividad.

La seguridad interna exige la anulación de cualquier tipo de poder alternativo distinto al central que pudiera cuestionar sus decisiones, y en el espejismo de domeñar a los grupos de interés, el Estado se vuelca en supervisar, regular e intervenir en un creciente ramillete de ámbitos económicos y culturales, que termina por abarcarlo absolutamente todo. El efecto no demasiado tardío será que la estatalización de la sociedad derivará indefectiblemente en un proceso de socialización del Estado a manos de grupos y sociedades de interés.

El conjunto denominado "orden público" pasa a incluir cuestiones que afectan a la integración moral de la ciudadanía. Se trata de suplantar el poder religante de la iglesia (en su caso) a través de la formación de un credo nuevo, estatalista, surgido del híbrido nihilista-racionalista, que seculariza la esperanza y sustituye al Dios trascendente por un nuevo Dios mundano: el Estado.

Convertido el Estado en dictador moral, pese a los iniciales retazos liberales de su constitución (que heredan la versión individualista del cristianismo), la estatolatría incorpora la faceta colectivista del cristianismo como base sobre la que erigir un nuevo imperio moral sobre los individuos. Tal es la intensidad con la que el estatismo adopta estos principios que incluso termina negando su origen y fundamento cristiano, transformándolos en algo propio, nuevo, moderno, desplegados desde el relativismo positivista y un racionalismo impostado. El Estado expropia la moral y el Derecho al proceso social, convirtiendo la Legislación en potencial fuente de cualquier tipo de norma. El modo de pensamiento que lo ensalza y justifica se nutre del proselitismo de una intelectualidad que repite hasta la saciedad los fundamentos del nuevo credo dominante. Nacen lo políticamente correcto y el pensamiento único.

La contienda totalitaria deja un único vencedor: la socialdemocracia. Su moral se impone, infiltrándose en la mente de los individuos, que ya no ni siquiera ciudadanos, sino secuaces, súbditos hedonistas que aceptan las agresiones del Estado como algo natural e incluso deseable. La crítica se reduce al cómo, y no ya al por qué. Triunfa la sutil inoculación moral frente al modelo de inculcación explícita. La socialdemocracia altera la forma de vida y los juicios de valor del individuo como paso previo a la reordenación institucional.

La moral socialdemócrata hace creer que sin el Estado, dictador moral y Dios mundano, no habría sanidad, educación, transporte u otros servicios "públicos" al alcance de la mayoría. En esta consigna metafísica se elimina la cuestión primordial, ¿qué potencia genera la riqueza que, sólo posteriormente, se redistribuye en forma de servicios "públicos"? El Estado no crea esa riqueza. En todo caso la engulle y aprovecha sus réditos para aplicar políticas ineficientes.

Estos son los efectos morales que el credo del Bienestar extiende:

En primer lugar, el individuo considera que los bienes que proporciona el Estado son "condiciones generales", presupuestos de la acción. Duda, cuando no niega, la mera posibilidad de que en ausencia del Estado pudieran producirse esos bienes y servicios (u otros alternativos) en idénticas o mejores condiciones. Teoría de los bienes públicos.

En segundo lugar, el individuo desatiende que toda prestación exige una previa aportación, y aunque dicha aportación se diluya entre la masiva carga fiscal que impone el Estado, siempre procede de un esfuerzo identificable realizado por concretos individuos. Abstracción del coste.

En tercer lugar, el individuo cree que dicha aportación en realidad no es propia de quien la realiza. Se descuenta o da por segura. El mejor ejemplo es el efecto que tienen las devoluciones que Hacienda realiza en el IRPF: la retención se descuenta psicológicamente en el propio esfuerzo, lo que convierte en dádiva y celebración la "recuperación" de aquello que se nos sustrajo de más y por anticipado. Espíritu de servidumbre.

En cuarto lugar, el individuo se cree compensado ante la exacción fiscal o la coacción. Poco importa la calidad del servicio, o que no resista comparación ante un bien o servicio equiparable pero prestado por un agente privado en el mercado. El individuo, abducido y encandilado, se conforma y prefiere no pensar. Incluso agradece eso mismo: la innecesaria asunción de responsabilidades y toma de decisiones entre varias alternativas. Síndrome de Estocolmo social.

Y en quinto y último lugar, el individuo asume como verdad incontestable que la solidaridad general e irresistible es un presupuesto de la convivencia, y por tanto, un principio moral indisponible para los miembros de la comunidad. Pese al carácter hedonista y el relativismo que promueve la socialdemocracia, su negación de la ética y el sometimiento a la regla de la voluntariedad moral, en lo que al sacrosanto Bienestar se refiere, cualquier argumento sirve para justificar la imposición de lo políticamente correcto. El vicio de la contradicción.

El Estado de Bienestar convierte a la nación en una gran parroquia cuyos feligreses son, quieran o no, todos y cada uno de sus ciudadanos. La única posibilidad de escapar de esta secta perversa es mudarse a otra parroquia menos exigente, ya que siendo soberanas cada una de ellas, se reparten la superficie habitable del planeta.

El Estado de Bienestar exige un comportamiento moral que acaba desligando a muchos individuos de la misión colectiva que se le presupone. Al racionalizar y sistematizar la caridad, transformándola en solidaridad, se libera al individuo de la carga moral consistente en los sentimientos de compasión y gratitud, respectivamente, de quien da y de quien recibe. En un orden social libre la caridad es voluntaria, el individuo elige y soporta las consecuencias morales, sociales y personales, de todas y cada una de sus decisiones (tanto si la da, como si la recibe). El Bienestar, sin embargo, al racionalizar la prestación, ni es compasivo ni exige gratitud (ya que lo considera denigrante). En todo caso demanda votos y opinión que sean favorables a la esencia del sistema.

La coacción que conlleva el Bienestar, supera con creces las necesidades y facultades del gobierno natural, centrado exclusivamente en el mantenimiento del orden público. El Estado, valiéndose de la coacción sistemática formulada desde la Legislación, subvierte el orden social racionalizando sentimientos colectivistas que pertenecen al ámbito de lo íntimo o lo tribal.

@JCHerran

La excusa intervencionista

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los mayores peligros que nos acecha a los liberales es que nos acomodemos al calor de una evidencia: hemos ganado la batalla ideológica. Sabemos que tenemos razón y todas las pruebas están a nuestro favor: no sólo el mundo libre ganó la Guerra Fría y aplastó la utopía colectivista en 1989, sino que en cualquier parte del mundo donde se mire, la libertad y el capitalismo van de la mano del progreso. Y cuanto más se aplica el ideario liberal, más riqueza, bienestar y calidad de vida alcanzan los ciudadanos.

Sin embargo, esto no significa, ni mucho menos, que hayamos ganado la pelea en el orden práctico. El intervencionismo ha desarrollado una exquisita técnica para mantener su asfixiante presencia en nuestras vidas: la excusa. Sería algo así como: “tienes razón, pero en estos momentos no puede ser por…”. O “tienes razón, pero es demasiado radical, tendríamos que aplicarlo en varios pasos…”. O, incluso, “tienes razón, pero aquí no puede aprobarse por…”.

En los últimos días, hemos visto numerosos ejemplos. El Gobierno admite que el mercado de trabajo español es rígido y que la estructura actual de la legislación laboral, heredada del franquismo, ha provocado cinco millones de parados. Pero luego, no plantea una reforma en profundidad porque es importante mantener “la paz social”, hay que hacer los cambios de “forma gradual” o tenemos que proteger a los “más débiles”.

También acepta, en teoría, que la sociedad civil es más es más eficiente que el Estado en la provisión de bienes y servicios, pero eso no es óbice para detener el proceso de privatizaciones de Aena, Renfe o Loerías porque en estos momentos “no se dan las condiciones requeridas en el mercado”.

Y no es una cuestión privativa de los políticos. En las encuestas, un porcentaje muy alto de los estadounidenses dice estar de acuerdo con los planteamientos de Ron Paul. La mayoría de sus propuestas reciben una cálida acogida entre el público, los analistas y muchos de sus propios compañeros. Pero luego se tiene que conformar con un 20% de voto en el Partido Republicano y los medios le llaman radical. Vamos que, una a una y en el terreno teórico, las medidas que propone están muy bien, pero aplicarlas sería propio de un loco peligroso o un idealista sin apego a la realidad.

De esta forma, los intereses creados van consolidando su poder, dándonos las migajas de su condescendencia. Parece que cumplen aceptando que en teoría es malo subir los impuestos, mantener las subvenciones a todo tipo de colectivos o aplicar leyes que en privado admiten que sólo sirven para entorpecer a la sociedad civil. Les gustaría no tener que hacerlo, pero son “pragmáticos”, “prácticos” o “realistas”. Y a nosotros se nos queda cara de tontos: nos dan la razón y hacen exactamente lo contrario de lo que se supone que es lo correcto.

Los ejemplos de cómo prosperar de forma rápida y duradera se cuentan por miles. Desde Hong Kong hasta Suiza, pasando por Luxemburgo o Liechtenstein. Pero claro, esto son excepciones, nos dirán. Son países muy pequeños o con otra cultura. Ya les estoy escuchando: “Aquí no se podría hacer lo mismo; si tenéis razón, pero a ver quién es el guapo que se atreve con los sindicatos o los artistas o ese sector tan estratégico…”. Y los que nos cuentan esto se suponen que simpatizan con nosotros, incluso se llaman a sí mismos liberales. Casi prefería cuando directamente ignoraban nuestras propuestas o las enfrentaban, al menos entonces estaba claro que había que plantear batalla.

Economía, justicia y restitución

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

En estas últimas semanas ando leyendo y escuchando algunas referencias al término de “restitución”, un concepto que utilizaron con frecuencia los maestros de Salamanca (como veremos en seguida), aludiendo a la necesidad de devolver lo injustamente adquirido, el daño causado voluntariamente, o de reponer el honor mancillado con injurias o calumnias. Como verán, se trata en todos los casos de circunstancias tan válidas en estos días como en la época de nuestros doctores escolásticos del siglo XVI y XVI: podríamos decir que son casi connaturales a la condición humana desde el comienzo de los tiempos.

La actualidad del tema estriba en que (¡por fin!) parece que nuestra sociedad comienza a percibir que ante los ladrones, estafadores o criminales violentos no basta con juzgarles e imponerles una sanción penal y una multa económica. Empezamos a exigir que, junto a ello, devuelvan aquello que adquirieron con trampas, engaños o violencia. Qué menos que las víctimas recuperen lo que era suyo legítimamente, además de alguna compensación por otros daños infringidos. Es claro que ante un asesinato, ya no es posible recuperar la vida perdida… Por ello, sería un requisito mínimo otorgar a los familiares un reconocimiento (también pecuniario, por qué no) que mitigue en parte su quebranto. Estoy pensando, como podrán intuir, en tantas víctimas del terrorismo en nuestro país, que adicionalmente a su dolor han recibido el olvido e incluso el desprecio. Pero no es éste el tema del que quería escribir.

La restitución sobre la que voy a discurrir se refiere principalmente a cuestiones relacionadas con la economía y los negocios. Son éstas las noticias que señalaba: el clamor para que los ladrones de cuello blanco o sombrero autonómico, trajes de terciopelo o maletines ministeriales, sangre roja o de color púrpura, todos ellos, juntamente con el castigo que prevea la Ley, deban devolver también lo robado. Al banco, empresa o persona que estafaron, y a los ciudadanos si se trataba de dinero público.

Decía que esto es algo que tuvo muy claro la civilización europea, por lo menos desde la Edad Media hasta la Ilustración. Ignoro los motivos filosóficos o jurídicos por los que la restitución fue desapareciendo del escenario público. Pero ya en la Summa Teológica de Tomás de Aquino hay un apartado De restitutione (en el capítulo sobre la virtud de la justicia, questio 62). Allí explica que pertenece a la equidad en los intercambios y se aplica a casos como la compensación a quien se le dio de menos en una compraventa; la sustracción culpable de bienes; la retención de un salario o el estorbo para que alguien obtenga un oficio o prebenda. En todos los casos, hay obligación de restituir al menos el daño causado (puede ocurrir que el juez determine una cantidad mayor), y hacerlo inmediatamente porque la demora en el tiempo supone una nueva injuria.

Tras el magisterio de Francisco de Vitoria en Salamanca, se impuso en aquella universidad la costumbre de explicar Teología comentando los apartados de la Summa de Sto. Tomás. De manera que en el citado capítulo sobre la Justicia se siguieron considerando aquellas circunstancias acerca de la restitución que había suscitado el Aquinate. Claro que, trescientos años después, las condiciones económicas habían cambiado bastante, y las disquisiciones en torno a ese tema cada vez fueron más abundantes. Por ejemplo, el Tratado sobre la virtud de la justicia de Bartolomé de Carranza (1540) ya incluía un largo capítulo De restitutione, en el que se trata prolijamente de los contratos de compraventa, el dominio (o sea, la propiedad privada), el cobro de interés, el pago de impuestos (censos, peajes, alcabalas…) e incluso el dinero ganado por un juego prohibido.

Comprendemos mejor ahora, por tanto, cómo proliferaron diversos tratados con ese título De restitutione en la España del Siglo de Oro, junto a otras consideraciones sobre los cambios o el precio justo. Marjorie Grice-Hutchinson llamó la atención sobre una pionera obra de Juan de Medina: Codex de restitutione et contractibus (1543), conocida y citada con elogios por Domingo de Soto. Personalmente le tengo un aprecio especial a esta obra, porque ha servido de inspiración gráfica a esa brillante iniciativa del rector Ibárgüen: el Sitio Escolástico de la UFM, del que hemos hablado tantas veces aquí. Además, es posible acceder a la versión digital del texto a través de catálogos web.

Pero hay más tratados sobre la restitución, como los que señalaremos rápidamente: las Disputationes morales de restitutione, de Marco Paulo de Santoyo (s. XVI); el Tractatus de restitutione in integrum absolutissimus, de Johannes Mauritius (1575); el anónimo Tractatus de restitutione (1657); o un Operis de restitutione in foro conscientiae de Pedro de Navarra (1597), autor que cita en casi doscientas ocasiones el libro de Juan de Medina.

No estaría de más que algunos jueces, economistas o políticos le echen un vistazo a esas obritas, y que todos los demás nos impliquemos en la difusión de este olvidado requisito para construir una sociedad más justa.

Dinero, finanzas y economía: (I) el mercado libre

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El dinero como institución funciona mediante las decisiones libres y acopladas de grandes cantidades de agentes económicos que lo ofrecen y aceptan voluntariamente como medio de pago, lo guardan como depósito de valor y lo usan como referencia y unidad de cuenta. El dinero externo o dinero mercancía (normalmente diferentes monedas y lingotes de metales preciosos) se complementa con el dinero interno o promesas de pago de los bancos (billetes o depósitos) a muy corto plazo y con colateral muy líquido.

Cada individuo ejerce una pequeña influencia sobre el sistema monetario, controla su calidad según cómo lo usa o deja de hacerlo: qué dineros concretos acepta y cuáles no, en qué condiciones y a qué precios (o poder adquisitivo). Las monedas pueden no aceptarse por su valor nominal si su pureza o peso son diferentes de los anunciados o se sospecha alguna posible falsificación; las promesas de pago pueden rechazarse, o aceptarse solo con algún descuento, por ser poco fiables o difíciles de cobrar (pasivos de bancos con reservas insuficientes o activos poco líquidos). Los productores de los diversos dineros y medios de pago (especialmente los bancos) no los imponen de forma coactiva sino que compiten por ofrecer un bien con poder adquisitivo estable. La libre competencia tiende a expulsar y eliminar los malos dineros, y los efectos de red y realimentación positiva hacen que predominen unos pocos dineros fácilmente convertibles entre sí (monedas de acuñaciones reconocidas, billetes y depósitos de bancos fiables y convertibles en metálico a la vista). El mal dinero bancario puede hacer quebrar a sus emisores, los bancos que expanden el crédito en exceso, deterioran su liquidez, asumen demasiados riesgos, descalzan plazos y terminan siendo insolventes.

Las funciones de medio de intercambio y depósito de valor del dinero son complementarias: mientras que no se encuentra una oportunidad de compra o inversión interesante, el dinero se atesora a la espera de mejores circunstancias. Los individuos no escogen solamente entre los diversos dineros posibles: también deciden qué producir, qué vender y qué comprar, a qué precios, en qué cantidades, y en qué momento. Cuanto mayor sea la especialización y la división del trabajo más necesarios y frecuentes son los intercambios monetarios. Pero estos intercambios sólo se producen voluntariamente si ambas partes resultan a priori beneficiadas, lo que exige a los productores adaptarse permanentemente a las demandas de los consumidores.

La estructura de producción de una economía compleja tiene múltiples procesos y agentes intermedios entre los bienes finales de consumo y los factores de producción de órdenes superiores. Una estructura de producción de una economía libre tiende a reflejar las capacidades y las preferencias de los agentes económicos, no sólo en la diversidad de bienes y servicios sino especialmente en su dimensión temporal (bienes presentes o bienes futuros): los patrones de especialización e intercambio sólo son sostenibles si son compatibles con las preferencias y capacidades de los agentes para el consumo y el ahorro.

El mercado genera de forma espontánea su propia regulación descentralizada. Algunos intercambios se negocian y realizan en el presente inmediato adaptándose de forma flexible a las condiciones de la oferta y la demanda de cada momento y lugar; otras relaciones formalizadas mediante contratos garantizan ciertos precios y cantidades en algún intervalo de tiempo, reduciendo así la volatilidad y la incertidumbre. Los contratos producen reglas prácticas concretas de aplicación local que complementan a la norma básica del derecho de propiedad o principio de no agresión: las reglas más adecuadas se descubren de forma evolutiva mediante ensayos y difusión de lo exitoso.

Un individuo puede participar en un proyecto empresarial mediante la compra de acciones de una sociedad (que dan derecho al control de la misma y a posible dividendos). Los agentes (tanto individuales como colectivos) pueden prestarse dinero unos a otros a cambio de un interés, por diversos plazos de tiempo, y con diferentes garantías (avales, restricciones contractuales, colateral): el que presta realiza un gasto ahora a cambio de una promesa de ingreso futuro; el que recibe prestado recibe un ingreso ahora a cambio de una obligación de gasto o pago futuro. Los préstamos pueden realizarse directamente entre las partes o mediante la intermediación bancaria.

Cada agente económico posee un patrimonio constituido potencialmente por objetos físicos (activos inmobiliarios, vehículos, máquinas, herramientas, materias primas), dinero y activos financieros (acciones y derechos de cobro, lo que otros le deben), y además puede tener un pasivo (obligaciones de pago, lo que debe a otros). Con cada intercambio se producen ingresos (el dinero que se recibe) y gastos (el dinero que se da): el gasto de uno es el ingreso de otro. Los pagos pueden ser por realizar un trabajo (salario), por un alquiler (renta), por compraventa de bienes y servicios, por intereses de un préstamo o por dividendos de acciones.

Ingresos y gastos son flujos que se suman al patrimonio o se restan del mismo: un ingreso monetario incrementa el saldo de tesorería; el dinero puede ser gastado en bienes de consumo (perecederos o duraderos) o invertido (acciones, préstamos). Los agentes pueden mantener o modificar la distribución de su patrimonio y su posición financiera según sus circunstancias presentes y sus expectativas (confianza o desconfianza) sobre el futuro, asumiendo más o menos riesgos, reduciendo o incrementando los plazos de las deudas (como acreedores o deudores), manteniendo más o menos liquidez.

Las personas en sus decisiones económicas no tienen en cuenta solamente las condiciones presentes, que nunca se conocen en su totalidad, sino que consideran también las expectativas de cara al futuro, especulan porque no pueden predecir con certeza absoluta. Los agentes económicos, tanto individuos como colectivos, asumen empresarialmente diversos riesgos e incertidumbre al planificar la producción de bienes y servicios valiosos para los demás, y reciben premios o castigos (beneficios o pérdidas) según cómo acierten o se equivoquen.

El mercado tiende a corregirse porque quita recursos escasos a aquellos que demuestran no saber usarlos de forma eficaz y eficiente y se los entrega a quienes sí han sabido hacerlo. Los que fracasan en sus proyectos empresariales deben asumir las pérdidas, corregir su conducta, traspasar sus negocios o quebrar y liquidarlos, dejando recursos disponibles para los demás. Las equivocaciones generalizadas son raras: pueden producirse efectos de manada o imitación, optimismos contagiosos o exuberancias irracionales, pero toda transacción tiene dos partes y es posible obtener grandes beneficios apostando contra mayorías equivocadas.

Los factores de producción (trabajo, materias primas, maquinaria) no suelen estar en uso en su totalidad: por precaución es necesario mantener ciertas reservas disponibles para situaciones problemáticas (averías, cortes de suministro, incrementos de demanda). Además la constante reorganización y adaptación de la estructura de producción implica que algunos recursos deban permanecer inutilizados mientras que se liberan de proyectos productivos fracasados y se recolocan en nuevas empresas con perspectivas de beneficio. La necesidad de ajustes mayores implica más recursos desaprovechados por más tiempo.

Que no nos engañen: el déficit público no es el problema

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos tiempos, los políticos han centrado sus actuaciones en la corrección del déficit público. Imposible estar ajeno al debate, que afecta directamente a nuestros bolsillos, y en el que este Instituto acaba de entrar de lleno con un espléndido informe. Sin embargo, no creo que el debate pueda quedarse aquí, hay que llevarlo más allá, hasta el punto de plantearse si de verdad el déficit público es una magnitud tan relevante como nos quieren hacer creer para el desempeño de la economía. A ello se dedicarán las siguientes líneas.

Como es bien conocido, el déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos de cada administración pública. Esto es, la cantidad que gasta el Estado por encima de aquello que ingresa. Evidentemente, este déficit ha de ser cubierto de alguna forma, típicamente mediante endeudamiento de la administración afectada, en el entendido de que en el futuro tendrá un superávit y podrá devolver el préstamo.

El dato que se nos da de déficit público suele ser en forma de porcentaje sobre el Producto Interior Bruto del territorio sobre el que la administración ejerce su poder. Esto es, cuando se dice que en España hay un déficit público del 8%, ello significa que el Estado (conjunto de administraciones en España) ha gastado más de lo que ha ingresado un 8% del total de lo que se produce en España. No quiere decir que se ha gastado un 8% más de los ingresos tenidos, no, como alguien podría pensar y como quizá aplicaríamos nosotros en nuestra economía doméstica: la base es siempre la "riqueza" generada en el país durante el periodo en cuestión.

La lógica económica que dota de importancia al indicador es la siguiente: para sobrevivir, el Estado se ha de comportar como una familia o una empresa, y ha de tender a equilibrar sus gastos con sus ingresos. Si sistemáticamente se gasta más de lo que se ingresa, la familia o empresa está llamada a desaparecer, pues, si bien es posible que le den crédito y pueda cubrir déficits puntuales, no le van a otorgar crédito indefinidamente, por lo que al final tendrá que ajustar gastos e ingresos. Por tanto, el Estado también tiene que tender al déficit cero.

A partir de aquí, ya tenemos el indicador para los políticos: que el déficit sea el mínimo posible, esto es, el que sugiera la CE o el FMI. Es curioso que no siga el paralelismo con la familia, a la que sí se le exigirá eventualmente déficit 0.

Sin embargo, ese indicador no es más que el dedo al que mira el tonto cuando el sabio apunta al cielo. El déficit público no es el problema para los individuos, por mucho que los políticos y su corte mediática de periodistas y expertos económicos nos lo quieran hacer creer. De hecho, no es más que una cortina de humo para ocultar el verdadero problema. Veamos por qué.

La primera falacia estriba en la asimilación economía doméstica-economía de Estado. Una economía doméstica o empresarial puede ajustar su déficit mediante dos formas básicas: aumento de ingresos o recorte de gastos. Ambas son compatibles con la sostenibilidad del resto de los agentes y de la economía en general. En efecto, si la familia/empresa es capaz de aumentar sus ingresos, lo hace porque alguien está dispuesto a pagar más por el trabajo o servicios que sus miembros proporcionan, lo que implica que espera sacar un beneficio superior a dichos productos. Por tanto, el crecimiento de la economía familiar es compatible con el sostenimiento de la economía general, y no se producirá en otro caso, salvo que la familia/empresa se dedique a delinquir para completar sus ingresos.

Sin embargo, esta opción no es tal para el Estado. En efecto, el Estado obtiene sus ingresos mediante coerción y no mediante libre intercambio. En los intercambios con el Estado, una de las partes no incrementa su riqueza; así, la riqueza que se apropia el Estado se consume, por lo que no es compatible el crecimiento del Estado con el sostenimiento de la economía general. No se genera más riqueza con el crecimiento del Estado; más bien al contrario, se destruye. Así pues, fiarse en el déficit público como indicador para el sostenimiento de la economía del país es un grave error, pues la corrección de ese déficit público puede suponer la destrucción de la citada economía, si se hace por la vía de aumentar los ingresos.

Podría parecer que el déficit público es, por tanto, un indicador sobre la viabilidad del Estado. Pero vuelve a ser mentira, por las razones ya explicadas. El Estado, como consumidor neto de recursos, no puede ser viable sin una economía privada que lo sostenga, por mucho que su déficit sea cero o incluso tenga superávit. Por tanto, es el tamaño del Estado, medido como se mida, la verdadera referencia que nos informa a los individuos sobre la sostenibilidad de nuestra economía, y es en donde deberían estar enfocadas nuestras miradas.

Un ejemplo puede ser ilustrativo. Imaginemos dos Estados, uno con un 10% (sobre ingresos) de déficit público y otra con superávit del 10%, ambos en un territorio que produce por valor de 1 billón de Euros. ¿Se puede determinar con esta información cuál de los dos países es sostenible?

No es posible, hay que saber el tamaño del Estado: no es lo mismo un 10% de déficit sobre 1 millón de Euros (Estado casi mínimo) que un 10% de superávit sobre 1 billón de Euros (el Estado se apropia de toda la producción). En el primer caso, el país no confronta ningún problema; mientras que en el segundo, se está consumiendo todos los recursos sin ahorro alguno.

La segunda de las falacias que querría poner de manifiesto es la creencia de que el déficit público sea una magnitud básica para la nación; en realidad, es únicamente importante para el Estado. Que el Estado colapse no implica que la economía colapse, por mucho que políticos y afines se empeñen en hacérnoslo creer. Por concretar, no es España la que necesita que cuadren las cuentas públicas; es únicamente el Estado español quien lo necesita.

Diariamente, y por desgracia, quiebran un gran número de empresas. En todas ellas, se ha producido un déficit (gastan más de lo que ingresan), por lo que son insostenibles. Quiebran, desaparecen, sus recursos se dirigen a otros usos, y la economía sigue su devenir. No colapsa la economía porque colapse uno de sus agentes.

Evidentemente, si colapsa una empresa grande, serán muchos más los afectados que si lo hace una pequeña. Más accionistas, más trabajadores, más clientes y acreedores. Todos ellos deberán asumir sus pérdidas y seguir adelante. Es evidente que los más perjudicados de esta situación no son los clientes ni los trabajadores, sino posiblemente los propietarios y los acreedores, que verán reducido su patrimonio.

Lo mismo ocurrirá si colapsa el Estado. Por supuesto, mucha más gente se vería afectada, posiblemente todos los individuos que lo soportan, habida cuenta del gran tamaño que los Estados representan en las economías actuales. Pero con ese colapso quedarían liberados cantidades ingentes de recursos que se volverían a la economía privada, la única en que, como se ha explicado, se genera riqueza.

Por ello, es muy dudoso que el colapso del Estado conllevara el colapso de la economía de la nación gobernada. Al desconcierto inicial sucedería un periodo de crecimiento espectacular en el que los recursos liberados se dirigirían, en parte a aquellas de las actividades con valor de las proporcionadas por el Estado, y en parte a nuevos usos, dirigidos por los emprendedores ávidos de ganancias, y ya sin los obstáculos regulatorios.

No hay, pues, que ecualizar el colapso del Estado con el colapso de la economía. No hay ningún análisis teórico que hagan pensar que eso ocurriera, y en cambio sí hay amplia evidencia histórica de empresas (e incluso Estados, véase el siglo XVII en nuestro país) que quiebran, sin dejar efectos apreciables en la economía tras un corto periodo de tiempo. ¿Quién se acuerda ahora de ese enorme emporio que constituía Lehmann Brothers?

En conclusión, el déficit público es una métrica que induce a confusión y a error en las actuaciones. Se ha argumentado que el Estado no es una economía doméstica o empresarial, pues no tiene capacidad para generar riqueza, dado que los intercambios en que participa son coactivos; por ello, no se puede asumir que incrementan la riqueza de los participantes, sino lo contrario. En consecuencia, no basta que el Estado se maneje como las economías domésticas para ser sostenible. En el Estado no es compatible el crecimiento con el sostenimiento, lo que sí ocurre con los otros agentes. Por tanto, no es una opción para la sostenibilidad del Estado la corrección del déficit público por la vía de mayores ingresos, solo se puede hacer recortando los gastos.

También se ha tratado de desmontar la ecuación Estado – territorio gobernado. Si bien los políticos se empeñan en referirse al déficit público como un problema de los individuos del país, en realidad es exclusivamente un problema del Estado que lo gobierna. Son los Estados los que pueden colapsar si mantienen su déficit público y, como resultado, dejan de encontrar ahorradores que les presten su dinero. Y es evidente que ese colapso no afectaría a todos, a unos más y a otros menos. Pero de eso a que se colapse la economía, en un sistema con millones de individuos y con todos los recursos que quedarían liberados tras ese colapso, hay un gran salto causal nada obvio.

Así que no se dejen engañar. Cuando el Estado les señale el déficit público como problema, mire al Estado a ver qué tamaño tiene. Y sepa que quien pretende reducir aquel a costa de incrementar éste, es quien realmente lleva a la economía al colapso y la ruina.

Megaupload, el fin de un gigante con los pies de barro

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

 

Hasta hace poco más de una semana Megaupload era uno de los grandes puertos virtuales donde millones de internautas hacían parada y fonda. Ofrecía archivos, es decir, películas, discos de música, libros y todo tipo de información que puede ser descargada y visualizada en una pantalla. Era un destino atractivo. Todo, absolutamente todo, estaba allí, desde los taquillazos más recientes de Hollywood hasta el último disco de Lady Gaga pasando por las series de televisión más populares. Utilizarlo era simple, tan sólo hacía falta disponer de un ordenador, una conexión ADSL y tiempo para la descarga y posterior visionado, audición o lectura de los contenidos descargados.

Era el modelo definitivo de file sharing o compartición de archivos. Catálogo amplio, multilingüe, sin esperas y con rapidez garantizada, el nirvana mismo del internauta aficionado a las descargas. Pero, de pronto, para pasmo de medio mundo, se apagó. Y no porque sus dueños decidiesen dedicarse a otra cosa, sino porque el FBI lo cerraba fulminantemente en una cinematográfica operación internacional denominada “Megaconspiracy”. Al minuto la noticia copó las portadas de todos los diarios del planeta abriendo un controvertido debate que no ha hecho más que empezar y que promete momentos de gloria para lo que queda de año.

Pero, ¿qué es lo que hacía Megaupload para ocasionar una reacción tan expeditiva por parte de la temida oficina federal de investigaciones? Simple, una buena parte de los archivos que albergaban sus servidores estaban allí sin el consentimiento de sus propietarios, y eso es ilegal, ya que va contra las leyes de propiedad intelectual. ¿Subían ellos esos archivos sin permiso?, no, su negocio no era tan arriesgado. Si lo hubiesen hecho así hace ya mucho tiempo que les habrían cerrado la web. Lo hacían de un modo más sibilino. Tal y como reza su propio nombre, usuarios de todo el mundo “subían” (upload) contenidos a sus servidores, la empresa los almacenaba, los clasificaba y los colocaba listos para su descarga por parte de otros usuarios.

Todo eso cuesta bastante dinero. Tanto el ancho de banda, es decir, el tráfico de datos, como el alojamiento de esos datos es caro. Ni que decir tiene que, tratándose de películas, la cantidad de datos a almacenar y transferir es altísima. Los dueños de Megaupload, sin embargo, no eran unos benefactores de la humanidad que ponían toda esa infraestructura por amor al arte. Su verdadero negocio, de donde sacaban el dinero, no era de la carga, el upload, sino de la descarga, el download. Los usuarios podían elegir entre dos modalidades: una gratuita con esperas y descarga lenta, y otra rápida previa compra de un bono de descarga que se denominaba “cuenta premium”. La venta de esas cuentas es lo que hizo millonarios a los dueños de Megaupload.

Millonarios y excéntricos. Detrás de la palabra mágica que hacía furor en Internet había cuatro europeos –tres alemanes y un holandés–, capitaneados por Kim Schmitz, un antiguo hacker condenado en tres ocasiones por craquear una red empresarial, por fraude y por desfalco. Lo que Schmitz nunca había pisado hasta ahora era la cárcel, donde de seguro va a pasar los próximos años de su vida. Los otros correrán parecida suerte.

Schmitz, un informático de 38 años nacido en una ciudad de provincias del norte de Alemania, siempre quiso ser millonario. La irrupción de Internet le cogió muy joven, con veinte años recién cumplidos. Se especializó entonces en la naciente piratería informática, lo que le ocasionó la primera de sus condenas, de la que salió ileso. Entonces se empezó a hinchar la burbuja de las puntocom y Schmitz, inquieto y emprendedor, se subió sobre ella. Pero no para crear riqueza, sino para apoderarse de ella con malas artes.

En 2001 compró una compañía, Letsbuyit.com, y anunció que iba a invertir un dineral en ella. Las acciones subieron como la espuma, entonces Schmitz la vendió llevándose una jugosa tajada en concepto de plusvalía. A los pocos días Letsbuyit quebró irremisiblemente, pero el alemán ya había desaparecido con el dinero. Para entonces ya se hacía llamar Kim Dotcom (puntocom) o Kim Tim Investor. Lo cierto es que hacer negocios con él era una práctica de alto riesgo. En 2002, después de quebrar otras dos empresas tras obtener un préstamo sin garantías de 280.000 euros, fue detenido en Bangkok y extraditado a Alemania. Fue juzgado por insider trading (uso de información privilegiada) y condenado a pagar una multa, pero se libró de la cárcel. Al año siguiente volvió a vérselas con la justicia alemana por un caso de desfalco. Fue condenado a dos años de prisión, pero no llegó a ingresar.

Eso le hizo abandonar definitivamente su país natal y conseguir otra nacionalidad a la que recurrir en caso de problemas. Consiguió un pasaporte finlandés y concibió su siguiente pelotazo. Se trataba de Megaupload, fundada en la primavera de 2005 con una pequeña inversión. Para evitar problemas se llevó la sede de la empresa a Hong Kong mientras él, por su parte, se mudaba a la remota Nueva Zelanda, donde alquiló una gigantesca mansión de cuento de hadas muy similar a la que Michael Jackson tenía en California. La llamó Dotcom Mansion. Para evitar problemas con las autoridades locales, se prodigó en donaciones, como las que hizo a la fundación que atendía a las víctimas del terremoto de Christchurch.

El gobierno neozelandés estaba encantado con su nuevo vecino. Llegó a comprar 10 millones de dólares en bonos del Tesoro y era uno de los principales contribuyentes del archipiélago. Y es que Schmitz no era un millonario ahorrador, sino un consumidor compulsivo. Le perdían todos los lujos: jets privados, yates, viajes a la Costa Azul para codearse con las estrellas del celuloide, coches deportivos, fiestas por todo lo alto con mujeres de postín en los destinos más exclusivos del planeta. En la pura ostentación se le iba una buena parte de los cuantiosos beneficios que Megaupload le dejaba. Pero la empresa no hacía más que crecer. Pronto se dio cuenta del potencial de la pornografía y montó Megaporn. Cuando se percató de lo demandado que era el vídeo en streaming al estilo de YouTube lanzó Megavideo, un servicio en el que se podía ver casi cualquier película on line aunque, eso sí, había que pagar si se pretendía ver entera porque a los 72 minutos la reproducción se detenía. Una trampa magistral. El espectador ya había cogido el hilo y quería ver el final, lo que le llevaba a tirar de Visa para adquirir un bono de descarga.    

El modelo Megaupload funcionaba a las mil maravillas pero sus cimientos eran de barro. Alojar y distribuir contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual es un delito en todo el mundo. Schmitz se defendía arguyendo que él no subía esos archivos, que se limitaba a poner el puente y que, si los propietarios se lo pedían, retiraba el archivo en cuestión. Servir de puente y lucrarse con ello es de dudosa legalidad, además, cuando los titulares de los derechos solicitaban la retirada de un archivo no siempre desaparecía, o lo hacía y volvía a aparecer a los pocos días con otro nombre. A fin de cuentas, el núcleo del negocio era disponer de contenidos atractivos. Megaupload premiaba a los que subían las películas o las series más demandadas, lo que demuestra que muy buena fe no tenían.

Un pequeño porcentaje de todo el material que había en los servidores de la empresa estaba allá arriba con todos los papeles en regla. Esos archivos (apuntes de universidad, informes y archivos variados) se podían almacenar y distribuir legalmente, pero ni Schmitz ni sus socios vivían de ellos. Ahora queda por determinar que va a ser de toda esta información, que, en rigor, debería ser devuelta a sus legítimos propietarios. El otro fleco que queda pendiente es retornar a los usuarios el remanente de los bonos de descarga que no han podido consumir.

Eso, y mucho más, se dilucidará en los próximos meses ante un tribunal federal de los Estados Unidos. Por de pronto Schmitz y los suyos se encuentran en una prisión neozelandesa pendientes de extradición. Afrontan tres cargos de máxima gravedad y los reclama el FBI, el servicio aduanero de Hong Kong, la policía holandesa, la fiscalía de Rotterdam, la policía metropolitana de Londres, la oficina de investigación criminal de Alemania y la policía montada del Canadá. De esta Schmitz no va a salir tan bien librado como en ocasiones anteriores. A Kim Dotcom, motejado por el mismo como Kimble (en honor al protagonista de la película “El Fugitivo”) se le ha acabado la huída.  

Distracciones para la impunidad

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Forma parte de un tópico extendido afirmar que los españoles han desarrollado una cultura especialmente refractaria a admitir la aplicación de reglas generales y universales. En los debates actuales sobre el incumplimiento por parte de sus gobiernos de los límites de déficit público plasmados en tratados internacionales acordados dentro del ámbito de la Unión Europea, los cuales formaban parte ya del derecho interno antes de que se reformara la constitución para redundar en esa materia, subyace ese inveterado aserto. Un "honor" que, siguiendo el estereotipo, compartimos con otros pueblos del sur de Europa como los griegos y los italianos, por no hablar de nuestros parientes portugueses.

Como ocurre con casi todos los tópicos acumulados a lo largo de siglos de historia de luchas y rivalidades entre los pueblos de la humanidad, se puede encontrar algo de verdad en ellos, aunque su validez deba matizarse a poco que se profundiza en la cuestión dada. No cabe olvidar que durante los primeros años del siglo, dentro de una situación de expansión económica en otros países europeos, Alemania y Francia incumplieron en ejercicios sucesivos los límites de déficit presupuestario (3 por ciento del PIB) y endeudamiento (60 por ciento del PIB) fijados en el Tratado de Maastricht (art. 104 C y su protocolo). Así, si la resistencia a someterse a las reglas resulta algo común entre los seres humanos, de manera que las diferencias al respecto son de grado, cuando se trata de los políticos, podemos decir que las rechazan sistemáticamente por las evidentes limitaciones que éstas comportan para su poder.

Si bien su ausencia puede tener peores consecuencias, el establecimiento de limitaciones del gasto público en relación al PIB no guarda una lógica jurídica consistente, más aun cuando se supedita su cumplimiento a consideraciones discrecionales que, como es el caso, se añade a la norma. ¿Por qué no prohibir que los gobiernos gasten más de lo que ingresan y que se endeuden, sin más? El derecho comunitario europeo se caracteriza, con sus hiperregulaciones ordenancistas, por ser contrario a la aplicación de reglas universales y generales. Asimismo, quedó patente que muchos políticos europeos de diferentes países no aceptarían la propia regla, influidos por ideas económicas contrarias a fijar límites al déficit estatal, de manera que se abrió la puerta a justificaciones de incumplimientos futuros, tanto en el ámbito de las instituciones comunes como en las de los diferentes países miembros.

Pasado el tiempo, en una situación de urgencia, el nuevo gobierno español, después de aprobar una subida de impuestos brutal, anuncia la semana pasada que promoverá el endurecimiento de los controles administrativos, contables y penales para que los gestores públicos despilfarradores sean sancionados, incluso con la inhabilitación para ejercer la responsabilidad de cargo público. Expresamente, el ministro Montoro aludió a exigir responsabilidades penales a los políticos y gestores públicos que asuman gastos que no estén contemplados en los presupuestos.

Cabe una primera objeción a esta iniciativa. La Ley General Presupuestaria (arts 176 y 177) la ley de Haciendas Locales y el Código Penal ya prohíben y sancionan en sus respectivos ámbitos esas conductas y prevén la obligación de indemnizar a la Hacienda pública de los políticos y funcionarios que se califican vulgarmente como despilfarradores. Los comportamientos derrochadores serían fácilmente incardinables por sí mismos en la malversación contable o los delitos de falsedad (391 CP) o prevaricación administrativa, sancionada en el artículo 404 CP con la inhabilitación para empleo o cargo público, por tiempo de siete a diez años. En el caso de que, además, estas conductas constituyan un delito de malversación de fondos o efectos públicos (para su apropiación o para un uso desviado) las penas de prisión previstas en los artículos 432 y 433 van de seis meses a ocho años, dependiendo de la cuantía de lo sustraído o utilizado indebidamente. Debe destacarse, por otro lado, que, de acuerdo a la legislación presupuestaria, los políticos y funcionarios pueden incurrir en responsabilidad contable, con obligación de reintegrar fondos a la entidad pública correspondiente, incluso cuando no les mueve su propio ánimo de lucro o de terceros. Sin embargo, subyace una lenidad atroz en la persecución de estos delitos e infracciones contables, a la que no es ajena la inexistencia de un Poder Judicial independiente, por no hablar de la dependencia del Fiscal a los designios del gobierno.

El principio de que no pueden adquirirse compromisos de gasto ni obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos de los presupuestos públicos (art. 46 LGP) encuentra demasiadas excepciones en la propia Ley presupuestaria (justificadas, se dice, por la necesidad de afrontar inversiones plurianuales) y la práctica generalizada en las administraciones públicas españolas respecto a la compra y contratación de bienes y servicios. Es lo que se llama la "deuda oculta". Como no basta con que la obligación nazca para que la misma le sea exigible a la Hacienda Pública, ya que debe resultar de la ejecución de los Presupuestos, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas, acaba ocurriendo que los proveedores de las administraciones esperan a que sus facturas sean recogidas en un presupuesto. Solo algunos acreedores se atreven a reclamar esas deudas antes los tribunales, bien sea por temor a ser excluidos de la contratación pública, o bien por connivencia con quiénes asumen las obligaciones dentro de la administración.

 Se sabe que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas en España primero gastan y luego presupuestan inflando deliberadamente los estados de ingresos. En este sentido la inopinada subida de impuestos acordada por el nuevo gobierno de Mariano Rajoy profundizará en esa dinámica despilfarradora. Más aún, de forma habitual los ayuntamientos aprueban sus presupuestos generales, sus estados de cuentas y las remiten a las respectivas oficinas de auditoria pública, con unos retrasos de años. Esa puerta al derroche que se infiere del incumplimiento de las normas de contabilidad pública apenas encuentra una respuesta efectiva en las cámaras de cuentas autonómicas y el propio Tribunal de Cuentas, a pesar de que su reiteración sistemática constituye un indicio evidente de posibles responsabilidades contables o penales.

Ahora bien, existe un ámbito de reformas legales plausibles. Para empezar, se pueden mejorar los mecanismos procesales para hacer cumplir esa legalidad presupuestaria. A pesar de que la acción para la exigencia de la responsabilidad contable en los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas es pública, para su admisibilidad se exige una personación mediante escrito en el que se individualicen los supuestos de responsabilidad por que se actúe, con referencia a las cuentas, actos, omisiones o resoluciones susceptibles de determinarla y a los preceptos legales que, en cada caso, se consideren infringidos. Es decir, solo alguien dentro del sistema puede realmente instar los procedimientos de responsabilidad contable. En este sentido, la legislación que regula el Tribunal de Cuentas, su funcionamiento y las Cámaras de cuentas autonómicas resulta muy confusa. Deja al albur de su consejeros y de las administraciones perjudicadas, siempre controlados por políticos, y de una fiscalía inoperante, el impulso de los procesos de fiscalización y enjuiciamiento contable. Por el contrario, una denuncia justificada de un particular debería bastar para que el Tribunal de Cuentas, tras unas diligencias preliminares, promoviera esos expedientes.

Tampoco se entiende que los tribunales penales no puedan, en principio, conocer y determinar la responsabilidad civil, cuando los hechos constituyen delito, sino que se difiera su fijación a la tramitación de otro expediente en el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, otro punto crucial en unos procedimientos donde tantos intereses creados juegan a la contra del descubrimiento de desfalcos en las administraciones públicas consistiría en ampliar a diez años los plazos de prescripción de la responsabilidad contable, que en la actualidad son de tres y cinco años, a contar desde la fecha en que se cometen los hechos que las originan.

Líderes en impuestos, a la cola en la recuperación

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Días antes de que el nuevo gobierno del Partido Popular tomara el poder, algunos escribimos, no sin gran dosis de ingenuidad, que se abría una pequeña oportunidad para que se implementaran algunas de las reformas económicas que necesita este país.

Solo una semana tardó el gobierno en hacer desaparecer esta esperanza. Fue en su primer Consejo de Ministros del 30 de Diciembre, el último viernes de 2011. Las caras del nuevo gobierno comparecieron apesadumbradas: los datos reales del déficit público no eran del 6%, como habían prometido los socialistas del partido gobernante anterior, ¡sino del 8%!

Ante tamaña desviación inesperada, fruto de la mala gestión económica previa, los populares sintieron que se les había clavado un puñal por la espalda. Y claro, ante este hecho, no quedaba más remedio que devolver esa misma puñalada, pero ahora no a sus colegas socialistas, sino a los contribuyentes, a todos. No tienen muy integrado en sus conductas eso de "no devolver mal por mal".

La notable subida de impuestos aprobada, principalmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) –tanto para rentas del trabajo como para rentas del capital–, pero también en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), representa la falta de voluntad y valentía política para recortar unos gastos públicos excesivos. 

Frente a la idea esgrimida por muchos de que el problema de déficit de España se debe en buena parte a un nivel de impuestos insuficiente, el informe que publicamos hoy en el Observatorio de Coyuntura Económica del IJM, "España: en la cola del paro y a la cabeza de impuestos", argumenta lo contrario. Tal y como evidencian los datos del informe, precisamente fue el gasto público el que creció de forma insostenible al calor de los ingresos impositivos abundantes debidos al crecimiento burbujeante. No solo en España, sino también en Irlanda, otro país que sufrió una burbuja inmobiliaria y crediticia de gran magnitud.

El que se alcanzara superávit en las cuentas públicas dio la sensación de que la gestión de estas estaba siendo prudente. Pero nada más lejos de la realidad: no es en absoluto prudente financiar gastos estructurales con ingresos coyunturales que tienen los días contados. Una vez explota la burbuja, los gastos se disparan y los ingresos se desploman y, en consecuencia, aparece un agujero importante que retrae recursos de la economía privada.

El intento de cubrir este agujero por medio de aumentos impositivos es, desde nuestro punto de vista, un craso error de diagnóstico de la situación.

Pero quizá esto no sea lo más importante. Y es que, como se argumenta en el informe, estas medidas van a lastrar la recuperación y el crecimiento del sector privado por dos vías principalmente: 1) las mayores cargas fiscales sobre el trabajo restarán renta disponible a las familias sobreendeudadas que se esfuerzan por pagar sus deudas y no impagar; y 2) el golpe fiscal a las rentas del capital desincentivará el ahorro nacional, en una fase de la coyuntura en la que éste es especialmente escaso y vital para financiar la reestructuración productiva y recapitalización bancaria.

Actuando de esta manera y obstaculizando todavía más la actividad económica, difícilmente se generará una recaudación impositiva fuerte que contribuya a reducir el déficit. Por tanto, aquellos que hablaban tanto de que no se iba a poner el énfasis en la austeridad fiscal, sino en las reformas para favorecer el crecimiento, deberían estar poniendo el grito en el cielo. Ni se emprende un proceso de ambiciosa austeridad por la vía del gasto de las AAPP, ni se acometen reformas estructurales que mejoren el ineficiente y anticompetitivo marco regulatorio que atenaza al sector privado.

Eso sí, con esta estocada fiscal de Rajoy y sus secuaces, en Europa ahora pocos países tienen unos tipos de gravámenes sobre la renta tan elevados como en España. Ni los muy socialdemócratas países nórdicos, que al menos, tienen unos servicios públicos mucho mejores que los nuestros. Para que luego digan que los españoles soportamos impuestos comparativamente bajos en España. Ahora con mucha más razón podemos contestar: ¡Menuda falacia!