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La reforma laboral que hace falta

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

El mercado laboral español es un mercado anémico. Genera poco empleo, y cuando lo hace es de pésima calidad o mal remunerado. Incluso en época de vacas gordas, en la parte expansiva del ciclo, con el crecimiento y la recaudación fiscal disparados, el paro es anormalmente alto. En los años de la burbuja inmobiliaria las tasas de desempleo bajaron a mínimos históricos situándose en el entorno del 7%, una cifra de la que presumíamos, pero que se corresponde con el desempleo que hay en otros países durante las recesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a hablar de problemas de empleo cuando el paro sobrepasa el listón del 8%, y en Alemania, un país “de nuestro entorno”, un 10% de la población activa desempleada dispara todas las alarmas.

Las razones por las que nuestra economía genera pocos puestos de trabajo son múltiples. Influye el grado de capitalización del país, que es inferior al de otros países desarrollados. También la tradicional vulnerabilidad de las empresas españolas: pequeñas, poco competitivas en el mercado global y enfocadas en su mayoría al mercado interno, por lo que, en cuanto éste estornuda, muchas se ven condenadas a la quiebra. Aunque es cierto que, durante la última década, han nacido un puñado de multinacionales españolas, no son suficientes para un país del tamaño del nuestro, con 47 millones de habitantes y un PIB que lo coloca entre las 15 principales economías del planeta. En España, para colmo de males, se emprende poco. Por razones culturales, pero también administrativas. El empresario, piedra filosofal de una economía libre tiene que pasar un calvario administrativo y no tiene buena imagen social.

Con todo, el principal obstáculo para la creación de empleo en España no son las empresas, sino la legislación. Nuestro mercado laboral es de los más rígidos del mundo. Contratar un trabajador conlleva un gasto considerable, multitud de trabas administrativas y supone un vínculo difícil de romper por parte del empleador. Las relaciones laborales en España están muy sindicalizadas mediante convenios colectivos que firman unos cuantos sindicalistas y unos cuantos empresarios en nombre de todos los trabajadores y todos los empresarios del sector en cuestión. Estos convenios, generalmente alejados de la realidad concreta de la empresa concreta, son auténticos fabricantes de parados.

El trabajo, que no deja de ser, a fin de cuentas, un factor más en el proceso productivo, se sobreprotege activamente desde las administraciones públicas y la propia legislación. Esta sobreprotección ha obrado lo contrario de lo que pretendía. En lugar de garantizar un puesto de trabajo bien remunerado para todos, ha conseguido que en España se trabaje poco y mal o, directamente, que no se trabaje en absoluto. Las mal llamadas “conquistas sociales” del trabajador, cifradas en privilegios sin cuento para la casta sindical, los empleados públicos y los contratos indefinidos de larga duración, han dejado al resto de trabajadores expuestos al mercado informal (en el que no hay ningún tipo de derecho y todo desafuero tiene cabida) o al desempleo eterno.

La reforma laboral es, por lo tanto, una urgencia si queremos dejar de liderar la Champions League del desempleo. Ante un hecho tan evidente, en el que parecen coincidir casi todos, pueden ir poniéndose parches como se ha hecho hasta ahora o abordar el problema de raíz. Debería empezarse por suprimir el salario mínimo, que perjudica a los menos productivos condenándoles a emplearse en la economía sumergida. Porque, aunque parezca mentira, nuestra legislación a quien más perjudica es a los más débiles: los jóvenes y los menos adiestrados, que no pueden utilizar el salario como arma de negociación. Se debería, a renglón seguido, poner fin a los convenios colectivos de curso obligatorio, un resabio del fascismo corporativo que no tiene cabida en una economía libre que aspira a competir en el mundo. Los convenios no favorecen a los trabajadores, sino a quienes los firman. En el camino se dejan un buen número de parados. Los convenios tienen, además, la peculiaridad de penalizar el esfuerzo y premiar la pereza. Es difícil encontrar algo bueno en ese desfasado marco de relaciones laborales.

Con estas dos reformas el mercado laboral se reanimaría a ojos vista. Luego, si lo que se pretende es que en España se trabaje, el Gobierno no haría mal en rebajar sustancialmente las “cargas laborales” de los trabajadores y liberalizar el despido. Lo primero dejaría más dinero en el bolsillo de los trabajadores y abarataría el coste del factor para los empleadores, lo segundo acabaría de un plumazo con el miedo cerval que los españoles tienen a perder su empleo, simplemente porque sería mucho más fácil encontrar otro nuevo.

Desempleo siempre va a existir, el problema es que en nuestro país ese desempleo es estructural y de larga duración. La relación entre trabajadores y los empresarios viene dictada contractualmente desde arriba, lo que degenera en desconfianza y envenenamiento sistemático, del que se derivan males como el presentismo, las intrigas, los chantajes o las jornadas laborales agotadoras. Un círculo vicioso que sólo una política laboral inspirada en la libre contratación bajo el imperio de la Ley, puede romper.    

La libertad. La voluntad.

Escrito por Luis Ignacio Gómez en . Publicado en Análisis diario.

Experimentar como libres nuestros actos y voluntades es parte sustancial de nuestra autopercepción. Nos consideramos generadores de nuestas acciones; tenemos la sensación de encontrarnos siempre ante un futuro abierto; nos consideramos seres responsables de los actos que realizamos porque somos libres. Son conceptos tan ligados a nuestra individualidad (a la percepción que tenemos de nosotros mismos) que pensar que podrían ser falsos, constatar que apenas estaríamos ante una ilusión filosófica nos consterna profundamente.

Las cuestiones son: ¿qué es la libertad?, ¿cómo la definimos?, ¿dónde se sitúa?, ¿soy libre en la misma medida que existo?, ¿es mi condición de libre parte indisoluble del aglomerado de procesos químicos y psíquicos que conforman mi ser? ¿O se trata realmente de una categoría de pensamiento, una mera herramienta para explicar la diversidad de reacciones ante el medio de que hacemos gala los humanos?

Gerhard Roth y Wolf Singer (entre otros) son los responsables de que, en los últimos años, desde amplios sectores del mundo científico, se extienda la idea de la no existencia del libre albedrío. Roth se basa en el experimento de Libet. Éste llevó a cabo en 1983 un trabajo experimental en busca de la demostración empírica del momento exacto en el que se produce una decisión libre. Era sencillo: en un período de tres segundos los participantes deberían hacer un pequeño movimiento (mover un dedo o una mano) e intentar tomar consciencia del momento en que se decidían a realizar el gesto. Al mismo tiempo se medía la actividad neuronal de los participantes. El resultado fue sorprendente: la toma de decisión era siempre posterior al comienzo del llamado "readiness potential" (proceso neuronal previo a la ejecución de un movimiento). La conclusión, más sorprendente aún: "el acto voluntario tiene lugar después de que el cerebro haya decidido qué movimiento va a realizar".

La consecuencia última de esta manera de entender la "voluntad humana" es que cualquier forma de influencia en nuestro comportamiento (agentes sociales, los otros, el poder, lo que nos agrada y desagrada, la propia historia, lo aprendido…) se convierte en factor que genera una determinada predisposición para todos nuestros actos, eliminando así toda posibilidad de acto libre. La discusión sobre la esencia de la libertad con otros en un momento pasado inició determinados procesos cognitivos en mi cerebro que me llevaron, finalmente, a escribir este artículo. No decidí yo hacerlo, mi cerebro ya lo había decidido antes.

Evidentemente, muchas de nuestras acciones tienen lugar como respuesta a las acciones de otros, o a cambios en nuestro medio, sean estos cualesfuere. Pero ¿es realmente nuestro tejido neuronal, por medio de los procesos de aprendizaje, quien toma mis decisiones? Cuando me digo libre, ¿apenas me estoy refiriendo a que tomo consciencia de algo que iba a ocurrir de cualquier manera? ¿Necesita un acto libre siempre un motivo? ¿Sólo son libres los actos espontáneos, sin motivo?

"No es la ausencia de motivo, sino su carácter, lo que define un acto libre", dice Ernst Cassirer en Myth of the State (1946).

Si la existencia de cadenas de aprendizaje o de cadenas "causa-acción-reacción-efecto" supone la negación de la existencia de la libertad, sólo un acto nacido desde ningún contexto podría ser libre. Ocurre que los actos espontáneos también son realizados por personas con una biografía y cuya personalidad y carácter y repertorio de costumbres se han ido formando a través de cadenas de aprendizaje. El acto espontáneo surge también, pues, desde un contexto determinado. De no ser así, no sería el acto de una persona, sería un fenómeno natural: algo que le ocurre a la persona, pero que no es realizado por ella. La libertad, bajo estas premisas, no existiría. O bien es un acto predeterminado del que se toma consciencia, o bien no es un acto humano. ¿Cómo salir del dilema?

Liberándonos de la confusión entre proceso y representación. Efectivamente, notamos -de alguna manera percibimos- que estamos pensando, pero nos es imposible aprehender en su totalidad el proceso inmanente del desarrollo de una idea, un pensamiento. No somos conscientes del hecho de pensar o percibir, somos conscientes de lo pensado, de lo percibido. La sucesión de actos voluntarios que conforman una realidad distinta de la pensada o percibida es el acto libre. También lo es si nos decidimos por lo pensado o lo percibido. No se circunscribe la libertad, pues, a un solo acontecimiento, un solo gesto, una sola acción. Se trata del encadenamiento de acciones y reacciones que decidimos terminen siendo reales, independientemente de nuestra biografía, nuestra función neuronal o las circunstancias socioambientales. No es el proceso de pensar lo que nos lleva al acto, es la decisión que tomamos sobre lo pensado.

Degradar la libertad a la categoría de herramienta ideológica, de entelequia que nos ayuda a posicionarnos socialmente frente al poder, la injusticia o cualquier otro concepto elude su característica más elemental: el acto libre es también posible en ausencia de contexto, por cuanto que sustancia la voluntad espontánea de quien lo realiza. Y ello no necesariamente desde una valoración positiva (en sentido de afirmación) de lo pensado o percibido. La libertad sustancia la capacidad de ejercer control sobre la voluntad.

De niños aprendemos palabras como libertad o responsabilidad y las usamos como si tal cosa hasta que un día tropezamos con alguien que nos pregunta de qué estamos hablando. Es el momento en el que debemos situar en el mapa de la lógica los conceptos aprendidos y con los que tan alegremente jugábamos. Sólo entonces nos damos cuenta de que no necesitamos una nueva idea del hombre, o de su libertad. El libre albedrío sobre el que tantos filósofos han escrito y escribirán ríos de tinta no es una sucesión de palabras. La libertad no es un mote del egoísmo, ni una entelequia formulada con letras. Nuestros actos son más libres cuanto mejor expresen lo que somos, en nuestra totalidad. Y visto así, he de reconocer que serían escasos. Somos más libres cuanto mejor podamos desarrollar nuestra existencia dando carta de realidad a nuestras potencialidades. La libertad es el ámbito de la persona en el que se puede hacer posible que el yo sea yo y no el tú.

Correa aprieta la mordaza

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El populista Rafael Correa sigue tratando de apretar las ataduras con las que impedir que los medios de comunicación puedan criticarle o apoyar a sus rivales políticos. Es más, la nueva mordaza que quiere imponer –que se sumaría a las ya existentes– buscaría incluso castigar que se publiquen informaciones que le perjudiquen. El presidente de Ecuador quiere prohibir cualquier:

"… promoción directa o indirecta ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

El hecho de que quiera proscribir cualquier artículo de opinión, o intervención radiofónica o televisiva, apoyando y pidiendo el voto para un candidato (o, por el contrario, solicitando que no se apoye con el sufragio a uno u otro aspirante) ya es una restricción autoritaria de suma gravedad. Pero en este caso, Correa va incluso más allá con la referencia a los "reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje".

Con estas ocho palabras quedan proscritas todas las noticias que le perjudiquen. Cualquier juez deseoso de complacer al mandatario ecuatoriano –y ya han sido varios los que han demostrado entrar en esa categoría– podría decir que una información de ese tipo "tiende a incidir en contra" del mandatario o alguno de sus aliados. Eso se aplicaría, por ejemplo, a cualquier publicación sobre abusos de poder evidentes y a sentencias en los tribunales contra Correa o algún miembro de su Gobierno. Lo mismo podría ocurrir, por seguir con ejemplos, con publicaciones referidas a unas malas cifras económicas o problemas en la política exterior de Ecuador.

Llevada a su lógica más absoluta, la reforma que quiere imponer Correa llega a proscribir informar sobre la campaña electoral en curso. Cualquier información que se dé, aunque sea una simple enumeración de lemas electorales, puede "incidir a favor o en contra" de quienes son objeto de la cobertura informativa.

Pero no sólo se cercenaría la libertad tanto para informar de datos objetivos como para tomar partido por un candidato u otro. Se prohibiría incluso defender ideas políticas que no favorecen o perjudican a un determinado candidato o partido. Al ampliar las prohibiciones a todos aquellos contenidos que podrían afectar a cualquier "tesis política", la legislación impediría, por ejemplo, entrevistar a alguien que defendiera el abstencionismo.

Correa avanza, cada vez menos lento y al mismo tiempo más firme, en su estrategia destinada a destruir de forma definitiva la libertad de expresión en Ecuador. Muchos tiranos comenzaron de forma similar en sus países.

Rajoy opta por la vía comunista

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Ahora ya podemos afirmar con rotundidad que todo el Parlamento español es de izquierdas. Ya conocíamos la inclinación colectivista de la totalidad de los partidos políticos, pero con las últimas medidas tomadas por el gobierno del Partido Popular, ahora sabemos a ciencia cierta que ese colectivismo es de izquierdas.

Incluso los que no nos esperábamos nada realmente bueno de Rajoy nos hemos quedado sorprendidos: su medida para reducir el déficit es subir de forma histórica los impuestos al trabajo, al ahorro y a la vivienda. ¡Toma ya! Ha dejado sin discurso y sin palabras a Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida (Partido Comunista), que viene reclamando desde hace meses que la solución para salir de la crisis es subir los impuestos (en su programa electoral indicaba fijar el IRPF al 50% para el último tramo, Rajoy ha ido más allá colocándolo en el 52%).

Con lo cual el gobierno ya nos está diciendo que la austeridad va a ser privada. El esfuerzo lo van a realizar trabajadores, ahorradores, inversores y autónomos. Es decir, las clases medias que ya están completamente ahogadas y endeudadas.

Pero yendo a la cuestión principal: ¿es efectivo subir los impuestos al trabajo y al ahorro para solucionar el déficit del Estado? Rotundamente no. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y mucho menos en plena crisis bancaria y económica.

Me explico. Primeramente, subir los impuestos no significa recaudar más. Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. A partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se puede deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal. Conclusión: pensar que aumentando los impuestos se van a incrementar los ingresos del Estado es tan estúpido como asegurar que al elevar los precios en un negocio se van a subir las ventas.

Otro motivo para oponerse a la subida de impuestos es que no sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos (supondrá unos 679 euros más de media por persona) y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Esto roza la obviedad, y posiblemente el gobierno sea consciente de ello. Pero admitirlo conllevaría tomar medidas que no serían de su agrado ni de su conveniencia: medidas de austeridad pública reduciendo el gasto público y eliminando privilegios. Implantar y vivir en la fantasía comunista es más cómodo para todos.

De esta manera Rajoy ha empezado a culminar el sueño comunista… y nuestra peor pesadilla. Sólo le queda la puntilla final: una mala reforma laboral.

Liechtenstein, por Dios, el Príncipe y la Patria

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Imagine un lugar con una tasa de desempleo que ronda el 1% y que nunca supera el 2%. Un sitio donde la inflación es del 0,5%, el IVA no pasa del 7% y la renta per cápita es de 135.000 euros al año. Un país donde hay más empresas que habitantes, donde fundarlas es sencillo y rápido, sin más trámites administrativos que inscribirlas en un registro mercantil y pagar sus impuestos correspondientes cada ejercicio, unos impuestos que jamás van más allá del 20% de los beneficios. Este nirvana económico existe, y no está tan lejos de España, a apenas un día conduciendo cómodamente por la autopista. Se trata de Liechtenstein, el país más rico del mundo.

La abundancia en la que nadan sus habitantes no se la deben a la naturaleza, que ha sido extremadamente avara con ellos. Liechtenstein se encuentra en el fondo de un valle alpino. Hace frontera con Austria y Suiza, dos países que carecen de acceso al mar, convirtiéndose de este modo en uno de los dos países doblemente bloqueados del mundo (el otro es Uzbekistán). El clima extremado de los Alpes y lo accidentado del terreno no invitan a explotar con provecho la ganadería o la agricultura. Los inviernos son largos y nevosos, los veranos cortos y húmedos. Liechtenstein, un pequeño principado de poco más de 35.000 habitantes lo tenía todo para ser uno de los lugares más pobres y atrasados de la Tierra.      

Y así sería sino fuese porque, tanto sus habitantes como el príncipe que los gobierna desde hace siglos, han confiado siempre en las bendiciones del comercio y su prima hermana la libre empresa. Liechtenstein pertenecía en tiempos al Sacro Imperio Romano Germánico y era uno de los rincones más abandonados de Europa. Entonces, allá por el siglo XVII, un noble austriaco compró un minúsculo señorío a orillas del alto Rin. Este señorío, conocido como Schellenberg, recibió el nombre del duque Karl von Liechtenstein, un acaudalado aristócrata que contaba con grandes heredades repartidas por todo el imperio.

Karl recibió el título de Príncipe de manos del Emperador y fundó el Principado de Liechtenstein enfeudándolo al Imperio. Con el correr del tiempo los Liechtenstein fueron perdiendo todas sus posesiones hasta quedarse tan solo con aquel remoto valle encaramado en el corazón de los Alpes. Tras la Primera Guerra Mundial y la derrota sin paliativos del Imperio Austrohúngaro, Johann II, un heredero lejano de aquel Karl von Liechtenstein, decidió separarse de Austria y pactar con los suizos un ventajoso acuerdo de cooperación monetaria y aduanera. Liechtenstein seguiría siendo independiente, pero prescindiría de lo que suele caracterizar a un país: la moneda, el ejército y los puestos fronterizos.

La decisión de Johann fue muy sabia. Su diminuto país carecía de todo y eso le echó en manos de la globalización, que en los años veinte ya existía y era extremadamente activa. Visto que a los Gobiernos de todos los países de Europa suprimieron el secreto bancario de sus ciudadanos, convertidos ya, irremediablemente, en súbditos fiscales, los liechtensteiner se especializaron en la banca y en convertirse en un lugar atractivo para las inversiones. Así se obró el milagro. Liechtenstein no está en la Unión Europea pero no tiene fronteras vigiladas.

Un simple mojón y un cartel con el escudo del Príncipe indican que se entra en el Fürstentum alpino. A partir de ahí el país despliega sus encantos. Aparte de la belleza del paisaje, que en algunas épocas del año alcanza lo sublime, en Liechtenstein todo es lo que parece. Está formado por 11 comunidades (Gemeinde), que se corresponden con los 11 municipios del Principado. Cada una de ellas puede separarse del país cuando lo crea oportuno si el parlamento (Landtag) legisla en contra de los intereses de la comunidad. Por intereses hay que entender eso mismo, intereses. Los liechtensteiner son muy suyos. Como son pocos, ricos y, por lo general, pueblerinos, no están dispuestos a ceder en lo que ellos consideran sagrado.

Lo suyo empieza en la conciencia y termina en los impuestos. Liechtenstein, mayoritariamente católico, es uno de los países más conservadores de Europa, lo que echa por tierra dos mitos muy persistentes: que conservadurismo y progreso económico son incompatibles y que catolicismo es sinónimo de pobreza. En el Principado se verifica todo lo contrario. Liechtenstein triplica la renta per cápita nominal de Alemania y lo hace, además, sin sacrificar comodidades tal y como demuestra su sexto puesto del Índice de Desarrollo Humano de la ONU (España está en el 20). Resumiendo, que la prosperidad puede alcanzar a todos sin que haya que confiscar y redistribuir la riqueza a la fuerza.

Una incorrección política como la de Liechtenstein se ha hecho merecedora de todo tipo de epítetos. Dicen que todo se lo deben a la banca off-shore pero no es del todo cierto. Las empresas off-shore radicadas en el país sólo aportan el 30% del PIB, el resto lo generan sus habitantes fabricando artículos de alto valor añadido y prestando servicios, básicamente de turismo. Aunque parezca chocante, la economía de Liechtenstein vive, básicamente, de la industria. Naturalmente no hay altos hornos, acerías o grandes plantas de ensamblaje de automóviles. Se han especializado en la precisión. De sus empresas salen dispositivos ópticos, maquinaria especializada y, sobre todo, suministros para odontología, campo en el que las firmas del Principado tienen fama mundial. La empresa local es de tamaño pequeño o mediano, aunque el país tiene también su gran multinacional: Hilti, un gigante de la maquinaria de construcción con presencia en 120 países y 20.000 empleados repartidos por el globo, más de la mitad de los que viven en Liechtenstein y cuatro veces los censados en la pequeña Gemeinde de Schaan, de la que procede y donde tiene su sede central.

La riqueza de Liechtenstein es proverbial, pero no menos que la manía de sus habitantes por autogobernarse y no permitir que les vengan a poner normas desde fuera. En el Principado todo se vota. Es quizá el país que más referéndums tenga del mundo. Los hay para todos los gustos, cada vez que un debate sobre cualquier tema agita a la sociedad se convoca un plebiscito para decidir. Así, por ejemplo, se han dado casos realmente sorprendentes como el de 2003, en el que los electores decidieron aumentar los poderes del Príncipe Hans Adam II. Le dieron algo insólito: capacidad de veto sobre las leyes emanadas del parlamento. Esto indica que los liechtensteiner se fían más del monarca que de sus políticos. Lo consideran, por decirlo de algún modo, menos amenazante para sus intereses individuales y comunitarios.

Esta capacidad de la que dispone el Príncipe se puso a prueba hace no mucho, en septiembre de 2011, cuando se celebró un referéndum sobre el aborto. Al final salió que no, que no estaban por la labor de despenalizarlo, pero antes de eso el Príncipe Alois aseguró que no sólo no firmaría la Ley, sino que la vetaría sin pestañear. Por suerte no tuvo la necesidad de hacerlo. Esta consulta llenó los periódicos de medio mundo, aunque, por lo general, no suele ser así. Los habitantes del Principado acuden a las urnas todos los años a refrendar los asuntos más insospechados como, por ejemplo, construir o no una comisaría de policía (dijeron que no 2004), si se dotan de una seguridad social estatalizada (dijeron que no en 1999), si se levanta un nuevo edificio para el parlamento (dijeron que no en 1993) o si se reduce el horario escolar librando a los estudiantes de dar clases los sábados (dijeron que no en 1991). Es normal que haya tanta consulta, con 1.000 firmas basta para poner en marcha un referéndum.

El pequeño principado alpino es, en definitiva, el peor lugar del mundo para ejercer de político. Sólo hay 25 diputados, tan pocos que no necesitan ni hemiciclo para reunirse, con una mesa redonda les basta. El Gobierno es minúsculo: cuatro ministros y un secretario general. La cosa pública es tan poca cosa que el Ejecutivo y el Legislativo al completo se apañan en un pequeño edificio de estilo austrohúngaro en el centro de Vaduz, a pocos metros de la catedral, una antigua iglesia parroquial que Juan Pablo II elevó a sede diocesana en 1997. Con tan poco estómago que mantener pueden permitirse el lujo de disfrutar de los impuestos más bajos de Europa. Ese es el secreto de su éxito, y no, como dicen las malas lenguas, el blanqueo de dinero sucio. El problema es que la verdad es incómoda, y cuando esa verdad tiene aplicación práctica lo es mucho más.

Leviatán: de bestia a parásito

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Como un ente con vida propia, el Estado también es capaz de adaptarse a las circunstancias. Para ajustarse a la realidad y pagar las deudas contraídas por exceso de gasto, cabían dos opciones: adelgazar el propio Estado o aumentar el expolio de los contribuyentes que lo sustentan. A estas alturas ha quedado probado que los políticos profesionales y la mayoría de las "fuerzas vivas" del país han optado por la segunda opción.

Una opción nefasta que nos arrastra a un empobrecimiento generalizado sin salida, ya que no estamos dispuestos a admitir que el actual sistema de privilegios organizados desde el Estado está basado en un principio de planificación centralizada que no puede dar buenos resultados. La distribución de la riqueza no es más que una forma de apaciguar las conciencias con el dinero de los demás mientras que su efecto real solo comporta quitar recursos a los individuos y repartirlos en base a estadísticas que nunca solucionarán los problemas concretos y únicos a los que debemos enfrentarnos a diario. Las subvenciones y regulaciones generan verdaderas externalidades negativas que son abordadas con nuevas subvenciones y más regulaciones en una maraña sin fin que entorpece la libre elección de cada uno.

No vivimos en una era de capitalismo o neoliberalismo sino todo lo contrario, no hay en Europa en general y en España en particular, ninguna actividad económica, y por tanto humana, que no dependa directa o indirectamente de las concesiones del poder político. La planificación se hace notar en las leyes que regulan desde los asuntos de alcoba hasta la moneda. Y, en ningún caso, tiene éxito pese a que en sus campañas publicitarias nos hagan creer que es posible terminar con los accidentes, como es el caso de un reciente spot de la Dirección General de Tráfico que aspira a conseguir que no haya ningún muerto en las carreteras. Semejante negación de la realidad no puede más que crear frustraciones pues aunque se consiguieran disminuir los accidentes nunca se conseguirá terminar con las desgracias fortuitas o negligencias que nos rodean.

El gran éxito de la democracia consiste en convertirnos en necesitados de esa supuesta distribución de la riqueza, calmados por la seguridad que supone socializar las pérdidas de cada uno en el conjunto de la sociedad. Todos y cada uno somos los principales interesados en apuntalar el sistema para que el status quo se mantenga y no peligre nuestro modo de vida. Parece una contradicción, pero el socialismo genera sociedades muy conservadoras.

Todo parásito está interesado en la supervivencia del propio huésped porque es la suya propia; no obstante, el cuerpo parasitado se debilita y, en no pocos casos, fallece. Algo similar ocurre con todos los organismos públicos que parasitan a los contribuyentes. Mientras se puede obtener una abultada recaudación de impuestos en tiempos de bonanza y se contraen deudas que pagarán nuestros hijos todo el mundo parece entusiasmado. No obstante, la capacidad emprendedora de la sociedad se desgasta y los burócratas de turno constatan "problemas estructurales de productividad". Ya es demasiado tarde, un cuerpo social debilitado que es el huésped de todas las subvenciones y ayudas que reparte el Estado será incapaz de sustentar semejante pirámide de privilegios enmascarados por el lenguaje políticamente correcto como "ayudas".

El Estado se autorregula, pero no siempre elige la mejor opción. El gran leviatán que imaginábamos como bestia gigante se asemeja más a un pequeño pero incómodo parásito. El huésped respira fatigado y no le queda energía que este parásito estatal pueda seguir aprovechando. Solo nos queda vigilar nuestros bolsillos y ahorros porque el parásito hurgará hasta sacarnos hasta el último céntimo.

Intervencionismo contra la función empresarial y el crecimiento en Economía

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Si se respetan las relaciones causales responsables del crecimiento en Economía, las instituciones de un país deben guardar el máximo respeto por la propiedad privada y por el cumplimiento de los contratos y, por tanto, las autoridades necesariamente deben actuar dotando las mejores condiciones posibles para que se ejerza sin trabas la función empresarial -lo que en inglés se denomina entrepreneurship o, si se prefiere, el espíritu emprendedor de los ciudadanos- como la actividad “impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado“.

Pero alcanzar una sociedad abierta y dinámica con un grado de evolución sociocultural avanzado como el descrito en el anterior párrafo significa que las clases dirigentes deben asumir la importancia de respetar las leyes económicas “naturales” que obtienen sus máximo esplendor cuando las autoridades garantizan el cumplimiento de la Ley pero, además, interfieren lo mínimo posible en el mercado, permitiendo que se extienda entre la población tanto la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad profesionales como la asunción del riesgo asociado a la obtención de beneficios empresariales.

Sólo entonces se consiguen las mejores condiciones económicas para el desarrollo de la eficiencia dinámica en Economía con el inicio de nuevos negocios y el incremento del comercio con la interacción, libre y pacífica, de millones de ciudadanos que son los responsables directos de la creación de riqueza en las naciones.

La lectura del ensayo ¿Poder o ley económica?, publicado en 1914 por el economista austriaco Eugen von Böhm-Bawerk y editado en castellano en 2009 por Unión Editorial, resulta gratificante porque, aunque no lo manifieste expresamente, sus ideas enlazan con el “iusnaturalismo” que defendían los autores de la Escuela de Salamanca, tanto en su defensa de los individuos y de un orden “natural” como en su oposición al intervencionismo porque merma el crecimiento económico del conjunto de la sociedad:

…así como las leyes de los fenómenos puramente naturales se aplican según un orden inmutable e independiente de la voluntad y de los acuerdos de los hombres, así también en la vida económica existen unas leyes contra las cuales la voluntad humana, aunque sea la del Estado con todo su poder, resulta impotente, y que ni siquiera las intervenciones artificiales de las fuerzas sociales pueden desviar la corriente de los fenómenos económicos de un comportamiento impuesto imperativamente por el poder de las leyes económicas. Una de estas leyes, entre otras muchas, es la referente a la regulación de los precios por la oferta y la demanda, cuyo eficaz funcionamiento se ha podido observar innumerables veces, por ejemplo, sobre los intentos realizados por el gobierno, con su poder coactivo, para reducir con su intervención “innatural” el precio del pan en tiempos de carestía, o bien para atribuir a una mala moneda el poder adquisitivo de otra buena.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 51).

Sin embargo, aquellos intelectuales, académicos y ciudadanos que captan la importancia de las leyes económicas “naturales”, de aplicación universal y en cualquier época, que subyacen en los fundamentos del crecimiento económico, se mantienen en un estado de frustración permanente y de preocupación constante, al observar cómo muchos dirigentes siguen descuidando la estructura de incentivos que permite la empresarialidad.

Ya sea por defender una ideología “colectivista“ (y equivocada) en su identificación de las causas del crecimiento, ya sea por recibir erróneos consejos económicos o bien por primar un cálculo demoscópico para obtener réditos electorales, los políticos adoptan medidas “antieconómicas” que impiden el proceso “natural” de las relaciones económicas responsables del crecimiento de una sociedad abierta con la imposición gubernamental de intervenciones como, por ejemplo, los salarios mínimos, la negociación “colectiva”, los monopolios de grupos de presión, los precios fijos, las subvenciones, el gasto social o, también, el incremento de los impuestos.

Aumentos salariales “artificiales”

Böhm-Bamerk analizó en su ensayo cómo los aumentos salariales conseguidos “artificialmente“ por encima del incremento de productividad de cada empresa, mediante imposición de los sindicatos a cambio de la “paz social“, no pueden ser permanentes porque afectan seriamente a la empresarialidad:

… para evitar pérdidas netas insostenibles a largo plazo, los empresarios se ven en la necesidad de cubrir el aumento salarial con un aumento de la productividad marginal del trabajo. Y para conseguirlo…, la única solución es la prolongación de las vías indirectas de producción; solución que, sin embargo, sólo puede adoptarse si al mismo tiempo se procede, en igualdad de condiciones, a la reducción de plantilla.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], pp. 125-126).

Aumentos de impuestos “artificiales”

Sin embargo, un razonamiento similar también se puede aplicar cuando el aumento de la recaudación tributaria de un Estado no se produce de un modo “natural” como consecuencia de una mayor actividad económica que incrementase los beneficios de los empresarios, sino que se obtiene de un modo también “artifical” por un aumento gubernamental del impuesto de sociedades o bien, como ha ocurrido recientemente en España, por el incremento unilateral de los impuestos sobre las rentas de trabajo y las rentas de capital.

En el primer caso, se disminuyen los beneficios de las personas jurídicas y, por tanto, a medio y largo plazo se minora la empresarialidad al disminuir la rentabilidad de los negocios y, por tanto, la capacidad de nueva inversiones de los empresarios y, en aquellas empresas con tamaño y flexibilidad suficientes, fuerzan las reducciones en el coste fijo de su masa salarial, con reducciones de nóminas o bien mediante despidos de trabajadores, para que el negocio retome la senda de la rentabilidad.

En el segundo caso, se merman las nóminas y las rentas de capital de las inversiones y, por ello, se resta capacidad de ahorro y, a posteriori, capacidad de consumo e inversión a los ciudadanos con lo que, igualmente, se deteriora la función empresarial de una economía de mercado.

En ambos casos, los aumentos de impuestos “directos” deterioran la función empresarial de una economía de mercado y lastran el crecimiento económico de los países. Se quita dinero en efectivo del sector privado para trasladarlo a las administraciones públicas, evitando el necesario ajuste de las partidas de gasto público. Por un lado, restan competitividad al sector privado. Y, por otro lado, posponen la reducción de las ineficiencias públicas y, por tanto, evitan el imprescindible ajuste de un Estado hipertrofiado que es el principal problema de las economías de Europa.

Disminuye la posibilidad de eficiencia dinámica en la Economía, porque se elimina del mercado privado una cantidad ingente de dinero que, antes, podían ahorrar los agentes económicos para decidir dónde consumir, dónde invertir, dónde crear valor añadido o dónde emprender un nuevo proyecto empresarial. Por tanto, es una ley “natural” y universalmente aplicable, en todo momento y lugar, que las subidas de impuestos (más allá de garantizar los fundamentos del crecimiento económico y, especialmente, si son tributos “directos“) deterioran la función empresarial y lastran siempre el crecimiento económico de los países.

Socialismo de Estado

Aunque existen bastantes más casos de intervención política en Economía, para no extenderme, permítanme que resalte el valor actual de Böhm-Bawerk, aprovechando las palabras del profesor Lorenzo Infantino en el prefacio del libro, para describir el intervencionismo:

Los marxistas querían sustituir las leyes de la economía por la primacía de la política, que se pretendía lograr mediante el plan único de producción y distribución. Los representantes de la escuela histórica [alemana] tenían igualmente como objetivo la primacía de la política. Pero, en lugar de recurrir a la planificación, pensaban implantar un sistema de intervencionismo generalizado, es decir, una especie de “socialismo de Estado”.
Böhm-Bawerk (1914 [2009], p. 37)

Ese razonamiento sigue siendo válido hoy, en Europa y en España, un siglo después, al igual que son válidas las leyes económicas “naturales” que permiten afirmar que encarar una crisis de deuda con expectativas “reales” de éxito requiere la realización de un ajuste fiscal serio pero, también, la introducción de reformas que permitan recuperar la competitividad frente a las economías emergentes.

Ajuste fiscal, competitividad y función empresarial

Ambas tareas sólo son posibles de acometer de forma conjunta y de modo que se favorezca la función empresarial: 1) si el ajuste fiscal se realiza sin aumento de impuestos “directos” que lastren el crecimiento al deteriorar la competitividad y la empresarialidad, 2) si también se encaran los problemas a medio y largo plazo derivados de la insostenibilidad del enorme “gasto social” de Europa y, especialmente en España, 3) si además se acometen reducciones drásticas en las partidas presupuestarias que racionalicen el gasto en el Estado central y, especialmente, en las autonomías y los entes locales.

Por el bien de todos los españoles, esperemos que la necesaria reforma laboral logre evitar la coacción de los sindicatos y que, después de las elecciones andaluzas del 25 de marzo 2012, la política no interfiera más en la economía y nos encontremos con un ajuste fiscal serio de 40.000 millones de Euros en el año 2012 y otros 40.000 millones en el 2013, realizado exclusivamente con reducciones de gasto público.   

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Problemas paquidérmicos

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Artículos en prensa.

…el ciudadano español se ve aplastado por grandísimos problemas de dimensiones, digamos, paquidérmicas.

Pero este artículo no va a ir del mastodóntico sector público español, ni del elefantiásico déficit… Va a ir de otros problemas y de otros paquidermos…
 
Efectivamente, hace poco ha saltado a los medios el escándalo del enésimo derroche del Ministerio de Asuntos Exteriores que se pulió 300.000 eurazos en “la mejora de la producción agrícola de las regiones de Cacheu, Bissora y Carantab, mediante resolución de conflictos con los hipopótamos, en Guinea-Bissau".
 
Sin duda un autentico despilfarro “trinitario”. Pero esto no ha sido lo más grave. En este caso, la pasta, 50 millones de las antiguas pesetas aunque parecen un pastizal para cualquier ciudadano medio, que no viva de la política, son una insignificancia dentro de los 63 millones de euros que se decidieron destinar en el último consejo de ministros de la era zapatera a oenegés dedicadas a causas tan necesarias como  subvencionar la Red Iberoamericana de Festivales de cine lésbico, gay, bisexual y transexual o a las Emisoras de radio con enfoque de género en Camboya.
 
Lo más grave fue el método por el cual, siguiendo paso a paso las estrategias y hojas de ruta ya probadas del PSOE, se solucionó “El Conflicto”, aunque a favor de Trini hay que decir que, en este caso, las iniciativas españolas no solo tuvieron como interlocutores a hipopótamos homosexuales o hipopótamas lesbianas…
 
Sin  duda, era un problema muy enquistado, pues desde hace casi medio siglo, desde mediados de los sesenta, los hipopótamos destrozaban las cosechas y atacaban a los lugareños. Algunos ejemplares, muy agresivos, guiados por un primitivo y exacerbado instinto territorial, y sin duda, encantados por sustituir su dieta de vegetación de la sabana por exquisiteces hortofrutícolas, incluso entraban en los poblados ribereños, campando por sus respetos con total impunidad.

Se intentaron varias soluciones. De 1996 a 2004 se puso en práctica una política de firmeza, ante la amenaza hipopotámica. Se cazaron y enviaron a zoos alejados del río a los ejemplares más violentos, dentro de una acertada política de dispersión, y se sometió a las manadas a un intensivo seguimiento por parte de los rangers que impidió que se organizasen para sus asaltos. Se pusieron cercas, se persiguió a los hipopótamos conflictivos incluso dentro de los santuarios o parques nacionales del otro lado de la frontera.

Con la captura de dichos ejemplares, que eran los líderes de la manada, y su sustitución en la jerarquía por otros individuos menos problemáticos, el conflicto parecía en vías de solución…los asaltos y los ataques disminuían.
 
Pero las cosas cambiaron. Con dinero español, la firmeza, basada en no ceder ante los hipopótamos violentos, fue sustituida por una política de dialogo, de concesiones… de paz.

Se dejó de perseguir a las manadas problemáticas, se dificultó la acción de los rangers, e incluso los de National Geographic grabaron un vídeo en el cual se ve a un viejo hipopótamo con antecedentes recibiendo un chivatazo y, gracias a él, escapando de una batida…

Los ejemplares agresivos retomaron el liderazgo de la manada. Y sí, manifestaron  de forma unilateral que iban a dejar la violencia a cambio de unas contrapartidas que incluían la vuelta a casa de los hipopótamos dispersos por los zoos, su alimentación a cargo del erario público y la cesión de territorios exclusivos en los cuales los hipopótamos fueran soberanos, territorios que, según el razonamiento paquidérmico,  siempre habían pertenecido a su especie, y en el cual los humanos no tendrían ningún derecho…

A las víctimas de los ataques, a los agricultores que habían perdido sus cosechas, se les dijo que había llegado el momento de la paz, que no había vencedores ni vencidos, que había que olvidar…Fue muy duro para muchos lugareños ver cómo los hipopótamos volvían a pasearse impunemente por las calles de sus poblados, cómo acosaban a cualquiera que se atreviese a acercarse a la orilla del río, cómo las cosechas que tanto había costado producir ahora acababan en el estómago de los paquidermos como precio político por la paz…Incuso hipopótamos asesinos se pavoneaban y exhibían sus colmillos en un gesto de desafío y burla delante de los familiares de sus víctimas…

Pero el “conflicto” estaba solucionado… mientras se accediese a su voluntad, los hipopótamos no volverían a atacar…

Y sí, es vergonzoso, pero se ha conseguido la Paz… Lo malo es que también las hienas han tomado nota de cómo se ha resuelto el conflicto.

La monarquía española es barata y rentable

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

A finales de 2011 saltó la típica polémica made in Spain al calor del escándalo Urdangarín. La Casa Real, en un ejercicio de transparencia al que no le obliga la ley, hizo público, por primera vez desde 1979, el desglose de su presupuesto de gastos, desvelando así la gran incógnita del salario del Rey. La monarquía española percibió 8,4 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2011; de esta cuantía el Rey ingresó 292.752 euros brutos, de los que 140.519 corresponden a su sueldo y 152.233 a gastos de representación.  

¿Mucho o poco? Empezando por el sueldo, una vez aplicada la correspondiente retención del IRPF (49%), su Majestad no alcanza los 6.000 euros netos al mes. No es gran cosa si se compara con el sueldo medio de un alto ejecutivo o de un profesional de alta cualificación. De hecho, está en sintonía con el salario bruto de otros altos cargos de la Administración Pública: Defensor del Pueblo (115.376 euros), presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (130.152), del Constitucional (129.271), del Tribunal de Cuentas (112.578)…

Además, ciertos políticos, como el presidente de la Generalidad de Cataluña, disfrutan, incluso, de una retribución superior (144.030 euros). Siendo puntillosos, una vez sumadas las dietas y prebendas varias que pueden llegar a percibir políticos de nivel inferior, como diputados o alcaldes, el sueldo del Rey se queda más bien corto. Y es que los diputados rasos del Congreso, por ejemplo, cobran de media más de 6.400 euros limpios al mes, ya que a su salario base de 3.126 euros brutos es preciso sumar numerosas dietas y complementos, al tiempo que tributan como mileuristas.

Pero la cuestión clave no es si el Rey cobra más o menos que los altos cargos políticos y administrativos sino la rentabilidad de su tarea. Dicho de otro modo, ¿vale su trabajo los 140.519 euros que sufragan los contribuyentes españoles? El Rey es el Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, el máximo representante público de España y, como tal, puesto que carece de funciones ejecutivas y legislativas, su principal labor se ciñe al de la alta diplomacia, tanto a nivel nacional como internacional.

Su rango en el sector privado equivaldría al de un relaciones públicas de primer nivel mundial, encargado de gestionar, en un sentido amplio, la imagen corporativa e institucional de grandes multinacionales. Las firmas de este tipo mueven carteras de varios cientos de millones de euros y sus altos ejecutivos están mucho mejor pagados que el monarca. En realidad, la Casa Real vale lo que vale su agenda de contactos y su capacidad de influencia para mediar entre los distintos agentes a los que representa de forma más directa y frecuente -gobierno y grandes empresas españolas-. El Rey, en la práctica, se dedica a abrir puertas para la marca España -con una facturación anual de casi un billón de euros- en el exterior.

De ahí que su presupuesto público sea, simplemente, irrisorio en comparación con la rentabilidad implícita que genera. Resulta difícil medir con detalle el valor añadido que aporta la intermediación del Rey a las empresas nacionales, sobre todo, a la hora de facilitar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito de otros estados, pero basta con preguntar a los altos ejecutivos del Ibex 35 para percatarse de su satisfacción.

Y hacer esto con un presupuesto de 8,4 millones tiene su mérito. No en vano, y siguiendo con el análisis comparativo, esta cuantía apenas equivale al 0,0049% del presupuesto del Gobierno central y al 0,0017% de todo el gasto público anual. Por si fuera poco, el coste de la monarquía española es muy inferior al de otras jefaturas de estado: la República Francia cuesta 112,5 millones al año, el 0,029% del presupuesto estatal (seis veces más que la Casa Real); la monarquía de Reino Unido, 48,6 millones de euros; la de Holanda, 39,6 millones; Noruega, 28 millones; Bélgica, 13,7 millones; Dinamarca, 12,6 millones; Suecia, 12,2 millones; Luxemburgo, 8,7 millones…

España es la segunda monarquía más barata de Europa y, además, resulta muy rentable para el contribuyente, sobre todo si se compara con el habitual latrocinio de los políticos españoles. En este sentido, cabe recordar que la ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez, cuya función representativa puede considerarse homóloga a la del Rey, sólo que a nivel de Gobierno, se gastó 63,5 millones en un sólo día a base de subvenciones que es preferible no calificar, como la "mejora de la producción agrícola mediante la resolución de conflictos con los hipopótamos en Guinea-Bissau". Y a ésta, que se sepa, nadie le exige cuentas.

Asesino de internautas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Quienes estamos en contra de la pena de muerte la rechazamos con independencia de dónde tenga lugar, pero hay algunos casos que resultan aún más repugnantes que el resto. Uno de ellos es el de Irán y la pena capital impuesta a los internautas Saeed Malekporu y Vahid Asghari. Ambos van a enfrentarse, si nada logra impedirlo, a la ejecución por mostrar en la red su disconformidad con la teocracia de Mahmud Ahmadineyad y Alí Jamenei.

Se les ha condenado, en un país en el que las garantías judiciales son inexistentes, por unos delitos que no deberían serlo en ningún lugar del mundo. Van a ser ejecutados por ofensas al islam y por "agitar a la sociedad" contra el sistema islamista. En definitiva, se les impone la pena capital por delitos de opinión. Para que todo resulte más grotesco, y deje más en evidencia lo injusto del sistema judicial iraní, no se ha permitido que sus familias conozcan las sentencias hasta más de un año después de ser dictadas. Pocas cosas pueden reflejar mejor que esto la crueldad del régimen teocrático persa amigo de los Castro, Chávez, Ortega y demás caudillos iberoamericanos.

Es la cara más cruel, pero no la única, de la represión de internet en Irán. La dictadura teocrática teme, como cualquier otra, a la red por ser un ámbito donde resulta muy complicado cercenar la libertad. Por eso no debe de extrañar que Ahmadineyad siga con sus planes de crear una internet propia iraní separada del resto del mundo y sometida a la Sharia. Este ciber-Dar al Islam persa no es más que una copia islamista de la triste y censurada intranet creada por los Castro en Cuba en sustitución de la red libre que podemos disfrutar en otros muchos lugares del mundo.

El iraní es un régimen asesino de internautas, y de ciudadanos en general, cuyos dirigentes odian y temen la libertad. Quienes, por el contrario, defendemos la dignidad y la autonomía de cada ser humano no podemos guardar un cómplice silencio ante sus crímenes, ni ante los de ninguna otra tiranía.