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Del velo islámico y otras libertades

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El modelo de libertad religiosa parece comúnmente asumido en Europa y compartido por todas las confesiones presentes en ella, así como por todo el espectro político normalizado. ¿Puede decirse que esto es realmente así? Parece que no, pues lo cierto es que, si bien existen puntos de acuerdo y consagrados constitucionalmente, las discrepancias acerca de lo que significa dicho principio y de lo que supone resultan en absoluto una cuestión pacífica.

El consenso básico o modelo general en este tema puede ser definido a través de tres caracteres fundamentales: a) neutralidad del Estado respecto de las cuestiones religiosas individuales, de modo que las leyes constitucionales y los tratados y convenciones internacionales garantizan la imparcialidad del poder público y la obligación de respetar la libertad de profesar las creencias religiosas, con la ausencia de discriminación basada en la religión; b) el respeto a la autonomía interna de las confesiones religiosas; y c) la presencia de normas legales que establecen límites al ejercicio del derecho de libertad religiosa en sus manifestaciones colectivas por razones de orden público, de moralidad, de salud o, en fin, de protección de los derechos y libertades de los demás.

Este acuerdo básico está siendo cuestionado en su contenido concreto por los gobiernos a partir del fenómeno masivo de la inmigración en Europa y el incremento de las comunidades religiosas no cristianas. Así, en el Estado más beligerante en esta cuestión, el francés, la ley sobre la laicidad y utilización de signos religiosos en los centros públicos, de 15 de marzo de 2004, subraya que, por respeto a la libertad de conciencia y al carácter propio de los establecimientos privados bajo contrato, se prohíben en las escuelas, colegios y liceos los signos que manifiestan una pertenencia religiosa o política.

En este punto es necesario considerar si un principio como el de la libertad religiosa puede ser interpretado restrictivamente, considerando la opción religiosa libre como algo que excluir del espacio público, o bien positivamente, como la no injerencia del Estado en las opciones religiosas de cada individuo.

Las diferencias entre los modelos continentales europeos, más restrictivos, y los anglosajones, más abiertos, se asientan en la diversidad de tradiciones, intervencionista, por un lado, y garantista, por el otro. Pero la confluencia de problemas lleva a que los planteados acerca del uso público y visible de signos religiosos comiencen a ser algo común.

Situando en el punto de mira la opción reguladora más beligerante, la francesa, y, por extensión, la eurocontinental, caben dos apreciaciones críticas.

La primera sitúa en el centro de mira el diferente énfasis aplicado a los símbolos religiosos femeninos y a los masculinos. El caso más llamativo y, por tanto, el que requiere más atención, es el del velo islámico de las mujeres, cuestionado y situado como paradigma que hay que combatir desde una laicidad convertida ya en religión de estatal al modo francés. El énfasis aplicado a un símbolo religioso femenino parece no corresponderse con el caso de signos externos masculinos del mismo tipo, como la barba, tanto en el islamismo como en el judaísmo. Dicha diferencia de trato señala un defecto en la tutela de las libertades y en la regulación estatal de las mismas. Dado que las mujeres han de seguir siendo protegidas por una normativa estatal frente a los hombres, aparente salvaguarda que no parece más que un mero eufemismo, acabamos aceptando una restricción en sus libertades y una tolerancia asimétrica en la de los hombres.

La segunda crítica que debe considerarse es que la cuestión polémica, al igual que sucede en otras libertades conculcadas por los estados, se asienta en la invasión del Estado y de su modelo público a cada vez más amplios círculos sociales. Si progresivamente los derechos de propiedad son menos soberanos y más subsidiarios del "Leviatán", las libertades acerca de su disfrute y de la libertad personal que suponen la creencia religiosa y los hábitos personales serán también menores.

Nos hallamos, pues, ante la configuración de un modelo público de sociedad donde, bien la propiedad privada y la "autoposesión" son cada vez más aceptadas, o, como está sucediendo, se incrementa una invasión de lo estatal que, con la justificación de una seguridad convertida en coerción, acaba siendo pura arbitrariedad política, de manera que hasta la discriminación de género en la regulación terminará siendo fatalmente aceptada.

Este artículo paga a Ana Pastor

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, no está alejado de la realidad. Para ser precisos, quien paga el sueldo de Ana Pastor y los millonarios pagos de la televisión pública a diversas productoras es usted, estimado lector, con la factura de su conexión a internet. Cuando el Gobierno de ZP decidió eliminar la publicidad de Televisión Española impuso a las operadoras de telecomunicaciones la obligación de financiarlas. En concreto, obligó a estas compañías a entregar el 0,9 por ciento de sus ingresos para mantener un monstruo burocrático y sobredimensionado que, con la excusa del servicio público, se dedica a adoctrinar y a ofrecer programas como Corazón, Corazón.

Desde la Comisión Europea ya se ha advertido que dicho canon a las operadoras puede ser ilegal, y hasta el propio PSOE reconoce en su programa electoral que es probable que las instituciones europeas obliguen a eliminarlo. Sin embargo, Zapatero, Rubalcaba y los suyos están empeñados en mantenerlo. Y no sólo eso. La CMT, un regulador teóricamente independiente pero en la práctica al servicio del Gobierno, ha decidido apretar todavía más las tuercas a Telefónica y le obliga a tirar otros 38 millones de euros a ese pozo sin fondo que son los presupuestos de RTVE.

El mantenimiento de esa televisión pública de la que algunos se sienten tan orgullosos supone un pesado lastre para el avance de la red en España. Los pagos que las operadoras están obligadas a hacer para financiar la ruinosa RTVE perjudican de manera grave sus cuentas de resultados. Y, que nadie se lleve a engaño, terminan perjudicando a sus usuarios. El dinero utilizado para pagar el sueldo de Pepa Bueno o la serie Cuéntame no puede ser invertido, por ejemplo, para mejorar los servicios de los proveedores de internet o, por qué no, para que les compense ofrecer mejores ofertas a sus clientes.

Nadie ha explicado con argumentos convincentes en qué lógica se basa imponer a los proveedores de internet, y por tanto a sus clientes, la obligación de mantener económicamente a Televisión Española. Lo único que queda claro es que esto perjudica tanto a dichas empresas como a sus usuarios.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Efecto cobra

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Durante la administración de la India colonial, los funcionarios británicos allí destinados intentaron erradicar el número de cobras debido a las numerosas muertes que provocaban entre la población. Sabido es que el veneno de este reptil, una neurotoxina, tiene un efecto paralizante y letal sobre el sistema nervioso. Dicha serpiente se le trata allí todavía hoy con respeto cuasi-religioso y rara vez se le da muerte.

Es comprensible que los antiguos administradores de la India desearan cambiar dicho estado de cosas. Por tanto, decretaron que todo aquél que matara y presentara el cuerpo del reptil se le recompensaría con una cantidad de dinero. Con ello se pretendió acabar con el problema.

La realidad fue que un buen número de indios comenzó a criar cobras a destajo para obtener beneficios. Cuando las autoridades británicas descubrieron el pastel, cancelaron las recompensas. Los criadores se vieron repentinamente sin su fuente de ingresos y, en consecuencia, soltaron las serpientes porque ya no les resultaban útiles. El balance final de aquella medida humanitaria de los bienintencionados burócratas fue negativo. Hubo un aumento espectacular de la población salvaje de cobras. Los paternalistas funcionarios de su Graciosa Majestad miraron para otro lado.

Salvando las distancias, las prestaciones por desempleo y las políticas activas de empleo son una muy loable preocupación por evitar dejar en desamparo a aquellas personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo e intentar activamente desde el Estado integrarlas de nuevo al mercado laboral. Pero estas ayudas tienen efectos no deseados: no sólo se estaría fomentando el fraude en aquellos casos que se trabaja en la economía sumergida y al mismo tiempo se recibe el subsidio o en los que se dan cursos fantasmas de formación pagados por todos los contribuyentes sino -lo que es aún más grave- se estaría desincentivando de forma masiva la búsqueda de empleo por parte de aquellas personas que se han visto, por desgracia, desposeídos de su trabajo en un momento dado de su vida. Es muy tentador volverse dependiente de las ayudas del bienintencionado Estado benefactor.

Aunque luego pretenda el gobierno controlar los fraudes, por mucho que endurezca las condiciones para acceder al subsidio, por todo el interés que muestre la Administración para controlar la asistencia a los imaginativos cursos de formación o se impongan penalizaciones a los desempleados que rechacen repetidas ofertas de trabajo, lo cierto es que las pretendidas soluciones a dicho problema sólo sirven para agravarlo y enquistarlo.

A esto se unen las malas cifras de desempleo en España que son lacerantes y demasiado tozudas. Los motivos son muy diversos, pero la palma de oro se la lleva nuestra legislación laboral que es la más inflexible de todos los países de la OCDE pues, a pesar de recoger todas las reclamaciones favoritas de los sindicatos, el resultado final es que dificulta y destruye la contratación en vez de animarla y conservarla. Las prestaciones por desempleo sólo son el remate final de dicha situación al volatilizar después todo incentivo personal de los individuos para ayudarse por sí mismo una vez se vean sin trabajo.

Demasiadas ofertas de empleo son repudiadas y muchos cursillos de formación se encadenan sin sentido alguno sólo por querer apurar hasta el último sorbo del subsidio. Son un caramelo envenenado con efectos paralizantes, como la neurotoxina. Es una protección sin duda compasiva pero mal planteada si se prolonga demasiado en el tiempo. No contento con ello, nuestro gobierno estableció en noviembre 2009 un Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), prorrogado ya varias veces (1,2 y 3), por el que ofrece adicionalmente 426 euros al mes a aquellos desempleados que ya no tienen "derecho a paro" durante seis meses mientras cumplan una serie de requisitos y la tasa del paro se sitúe por encima del 17%. Es un círculo vicioso. Alargará la agonía sin solucionar el problema de fondo.

En todos aquellos países que cuentan con mercado laborales rígidos aderezados con generosos sistemas de cobertura el paro se ha vuelto estructural. La propia naturaleza del ser humano está inclinada a la acción, siempre y cuando posea los incentivos correctos. El número de desempleados españoles es ya insoportable. Tenemos desde hace años el doble de tasa de paro de la zona euro; bastante mayor que Grecia o Portugal, por cierto. Con cinco millones de parados los sindicatos tienen las santas narices de mirar para otro lado.

Llevamos más de dos años con niveles de prestación por desempleo demoledores para nuestro maltrecho Presupuesto nacional (más de 30.700 millones de euros por año). Por su parte, las políticas activas de empleo, en su mayor parte ineficaces, tales como la intermediación del Servicio Público de Empleo Estatal (ex INEM) o los cursillos de formación patrocinados por las diversas administraciones, los sindicatos y las patronales suponen más de 7.600 millones de eurazos según Presupuesto de 2011. Estas últimas ayudas especialmente son una pesada carga despilfarrada bajo el encantamiento de las buenas intenciones; sencillamente son ya un lujo inasumible.

Es muy urgente permitir en España el reajuste de su desequilibrada estructura productiva, reformar el sistema financiero y tributario y liberalizar en serio el heredado mercado laboral para crecer, incentivar nuevas inversiones, exportar más y desendeudarnos de una bendita vez. Asimismo debemos también empezar a replantearnos como sociedad si tienen sentido las ingentes cantidades de dinero que se gastan anualmente en innumerables ayudas o subvenciones públicas (de todo tipo y especie) que implican recurrir a más deuda externa de la ya existente o lisa y llanamente el enterrar el dinero quitado a las cada vez menos numerosas empresas, familias y personas productivas que quedan entre nosotros.

Estoy denunciando un paradigma social que parece no da más de sí. Se debe cambiar la cultura asistencial por la del mérito, el sacrificio personal, el esfuerzo y la verdadera innovación, que no es otra que la del mercado, la libertad y la responsabilidad. No nos queda otra si no queremos que se nos reproduzcan los males.

Nuevos partidos, viejas recetas

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Las crisis no son por sí mismas malas. Tanto desde el punto de vista social como personal, deberían servir para deshacernos de todo aquello que se ha mostrado inútil, ineficiente o dañino. Deberían dar paso a una explosión de creatividad, de ideas y empresas que las pusieran en marcha y que mejoraran nuestra vida. Es cierto que en ese proceso se pueden producir situaciones aparentemente negativas, como el cierre de empresas y la pérdida de empleos, pero también es cierto que se producen otras positivas, como la liberación de capital y recursos que favorecerían la recuperación. Sin embargo, las crisis suelen provocar el miedo al cambio, el temor a la pérdida del estatus, potenciando los prejuicios y, en muchos, sacando nuestra personalidad más conservadora.

Las crisis políticas en democracia suelen suponer un menoscabo de los partidos tradicionales, en especial los que están en el poder que pierden la confianza de los votantes, y el nacimiento de nuevas alternativas. La crisis política y financiera en España está suponiendo para la izquierda un punto de inflexión. A la debacle que, según las encuestas, parece que va a experimentar el PSOE hay que unir la recuperación de IU y la ratificación de UPyD como alternativa de una izquierda más moderada y "nacional". En España nunca ha cuajado un partido de izquierdas ligado al movimiento ecologista, aunque sí sus ideas. Con el nacimiento de Equo, Juan López de Uralde, ex director de Greenpeace España, e Inés Sabanés, ex de IU, pretenden hacerse un hueco en esta atomizada izquierda.

Pero ¿qué novedades supone la llegada de Equo a la política? ¿Realmente incluyen alguna primicia que las distinga de otras opciones de la izquierda política aunque no tengan la marca del ecologismo fetén? Pues básicamente, no.

Equo es un partido ecologista con una fuerte tendencia neo maltusiana, muy relacionada con la idea de los ecosistemas en equilibrio, de recursos finitos, el reparto de los mismos y una planificación central que corrija los excesos y establezca los comportamientos correctos. El manifiesto fundador de la organización es muy claro en sus primeros párrafos. El desarrollo económico:

Se ha realizado a costa de deteriorar el aire, el suelo, el agua y la diversidad biológica. Este deterioro está provocando la acentuación de la pobreza para millones de personas y miles de comunidades humanas, la extinción de numerosas formas de vida y la pérdida irreversible de los beneficios y servicios proporcionados por los ecosistemas destruidos, haciendo disminuir considerablemente las posibilidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

Desde luego, sus ideas no son muy diferente de las dichas hace ya unas décadas por el Club de Roma. La introducción de las consecuencias del cambio climático (desde luego de origen antropogénico), del futuro incierto (como si algún futuro no lo fuera) o de las consecuencias catastróficas de nuestros acciones excesivas no hacen sino llamar a la emotividad del votante, que posiblemente se vea ahora envuelto en una escenario difícil y busque explicaciones a su situación.

Además, como según Equo las políticas públicas nacionales e internacionales no han tenido ningún éxito en cambiar esta tendencia destructiva, la organización apuesta por la ingeniería social:

"La crisis no es tan sólo financiera, se trata de algo mucho más profundo: es la crisis de un modelo productivo y de consumo claramente insostenible, que debe cambiar". Y es que "si todos los habitantes del planeta consumieran lo mismo que los de los países desarrollados, se necesitarían tres planetas y sólo tenemos uno".

Aunque su evaluación y análisis tuvieran algo de cierto, son las soluciones que plantea las que recuerdan las viejas fórmulas de la izquierda: una intensa regulación de la economía, en especial de sectores como el energético y el financiero; un incremento de la fiscalidad (Tasa Tobin, desaparición de paraísos fiscales, persecución del fraude que está ligado a conductas antisociales); recaudación orientada a las políticas medioambientales; el cumplimiento de los protocolos internacionales firmados para luchar contra el cambio climático; reducción de la dependencia de los hidrocarburos y elevación del uso de energías alternativas; persecución de la corrupción política que Equo liga a la burbuja del ladrillo; recuperación de los "derechos sociales y laborales" perdidos e incremento de las políticas sociales; potenciación del comercio justo, el consumo responsable y los empleos verdes y erradicación de actividades socialmente perjudiciales.

Equo no ofrece nada nuevo, nada que no haya hecho o propuesto la izquierda española o internacional durante estos últimos años. De hecho, no propone nada diferente de lo que nos ha conducido a la situación que actualmente padecemos. Critica la burbuja del ladrillo, pero se niega a ver la que se ha creado en torno a las energías alternativas. Liga la corrupción a ciertas actividades político-financieras, pero no a la propia naturaleza del sistema que pretende no sólo recuperar, sino potenciar. A Equo le faltan las ideas y cuando un partido nace en un entorno oportunista, echa mano de la retórica, del populismo y de propuestas-espectáculo que pretenden arañar el voto de los ciudadanos que aún lo venden al partido que más les ofrece.

Un ejemplo de esta perjudicial tendencia sería la proposición que hizo Juan López de Uralde sobre incrementar progresivamente la protección para quienes no tienen ningún tipo de ingresos hasta llegar a 500 euros mensuales, unos 20.000 millones anuales. Esta cifra, en el país de los cinco millones de parados, se me antoja escasa ya que el presupuesto anual por millón de personas en estas circunstancias sería de 6.000 millones sólo por la prestación en sí, sin los gastos ligados a la propia administración. Uralde desde luego ignora los fraudes parecidos en este tipo de ayudas como el PER andaluz ni su nefasta influencia en la creación de empleo. Incluso de sus deseados empleos verdes.

¿En qué ha quedado la primavera árabe?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

 

Hay una constante con las revoluciones callejeras, siempre se sabe como empiezan pero nunca como terminan. La Revolución Francesa, por ejemplo, cuyos paladines aspiraban a abolir el absolutismo monárquico, desembocó en una tiranía mucho peor, la del Terror jacobino. Algo parecido sucedió con la Revolución Rusa, plagada de excesos que acabaron dejando en muy buen lugar el despotismo zarista. Es algo tan previsible que, a estas alturas de la Historia, no debería sorprender a nadie.

Si revolución es igual a involución, las revueltas populares que se han producido en los países árabes durante este año que termina deberían estar obrando justo lo contrario de lo que se proponían sus inspiradores. Y así está siendo. En ninguno de los países que han sufrido la convulsión revolucionaria la democracia campa por sus respetos, se sigue esperando a la sociedad abierta y, en el mejor de los casos, todo lo más que han conseguido es cambiar de amo. No es demasiado botín para tanto jaleo.

La llamada “primavera árabe” estalló pocos días antes de comenzar el invierno de 2010. El 17 de diciembre Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante tunecino, se quemó a lo bonzo en protesta por el trato que le había dado la policía días antes obligándole a levantar su tenderete callejero. Bouazizi moriría dos semanas después en el hospital a causa de las quemaduras. Para entonces la revuelta tunecina se encontraba en plena efervescencia. La masa se lanzó a la calle y la emprendió contra las fuerzas del orden, que se emplearon a fondo en reprimir la algarada. Diez días después de la muerte del joven vendedor ambulante, el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Alí, que llevaba casi 25 años en el cargo, dimitió y tomó un avión para Arabia Saudita, donde continúa bajo la protección del rey Abdalá.

De Túnez se hizo cargo un Gobierno interino de concentración nacional liderado por Mohamed Ghannoucci, antiguo primer ministro de Ben Alí. El Gobierno de Ghannoucci fue extremadamente breve, duró sólo un día, al cabo del cual tomó posesión otro alto cargo del régimen anterior, Fuad Mebazaa, ex ministro y presidente del parlamento. Anunciaron entonces elecciones legislativas y presidenciales para el mes de junio. Las legislativas no se celebraron hasta finales de octubre. El ganador fue el partido islamista moderado Nahda (renacimiento), que triplicó en escaños al liberal CPR, gran esperanza de los demócratas prooccidentales del país. Las presidenciales no se han celebrado aún y carecen aún de fecha.

La primavera tunecina, la más civilizada de todas con gran diferencia, todo lo que ha conseguido es cambiar de presidente y elegir un nuevo parlamento en el que, por primera vez, se ha colado el islamismo de corte turco. Poco más ha cambiado en Túnez a pesar de que las revueltas del mes de enero costaron la friolera de 233 muertos. El país sigue siendo lo que era, los tunecinos siguen sin encontrar empleo y el presidente no es un cargo electo. Como con Ben Alí pero sin Ben Alí.

Lo de Túnez, sin embargo, ha sido una bendición al lado de la llamada revolución egipcia, que arrancó una semana después de la salida de Ben Alí de Túnez. Después de varios días de protestas diarias en la plaza cairota de Tahrir, el Gobierno de Hosni Mubarak se derrumbó como un castillo de naipes. La revuelta egipcia fue mucho más violenta que la tunecina. Cerca de mil muertos, varios miles de heridos y un sinnúmero de detenidos fue el balance de bajas que tuvieron que asumir los revolucionarios.

A cambio recibieron que las Fuerzas Armadas tomasen formalmente el poder (informalmente ya lo tenían tomado, Mubarak era militar), que se disolviese el parlamento, se derogase la Constitución y desapareciese el partido del Gobierno que, curiosamente, pertenecía a la Internacional Socialista. La caída del Gobierno se produjo el 11 de febrero y a día de hoy la junta militar sigue gobernando el país. No hay, además, planes de que deje de hacerlo. En el horizonte tienen la obligación de convocar elecciones, pero no se sabe si por miedo a lo que salga o por miedo a dejar de seguir mandando, no hay fecha para los comicios.

La de Egipto, que se grabó en el imaginario occidental como la revuelta árabe con mayúsculas, con sus jóvenes agarrados a sus Blackberry actualizando el Twitter desde su campamento en la plaza Tahrir, no ha cambiado demasiado las cosas, pero sí lo suficiente para preocuparse. Pocos días después de que el nuevo Gobierno tomase posesión, el canal de Suez fue abierto al tráfico de navíos iraníes, con el riesgo que ello conlleva para Israel. Sería sólo un preludio de lo que habría de venir. Desde el verano el sentimiento antijudío y antioccidental no ha hecho más que crecer en la sociedad egipcia. En el colmo del disparate, en septiembre, una turbamulta de islamistas cercó la embajada israelí en El Cairo con un muro. La protesta culminó con el asalto a la legación, lo que ocasionó tres muertos y más de mil heridos.

Puede parecer una travesura sin importancia en una región ya de por sí muy convulsa, pero una de las claves de la paz en Oriente Medio es la buena relación entre Egipto e Israel, los dos actores centrales en las guerras de 1948, 1967 y 1973. Sadat y Mubarak lo sabían, el primero buscó incansablemente la paz con sus vecinos, el segundo la mantuvo contra viento y marea. La junta militar presidida por Hussein Tantaui juega con fuego avivando los prejuicios contra un vecino con el que llevan viviendo en paz desde hace más de treinta años. Si la revolución de Tahrir fue para esto, bien podrían habérsela ahorrado.

Con todo, los judíos no han sido ni de lejos las víctimas predilectas del nuevo Egipto revolucionario. Al calor del renacer islámico propiciado por la caída de Mubarak, la comunidad cristiana copta sufre un ataque tras otro sin que el Gobierno haga nada por evitarlo. Los asaltos a las iglesias coptas siempre se han producido en Egipto, son ciudadanos de segunda y ellos lo saben, pero desde la revolución partidos como el de los Hermanos Musulmanes, bastante numeroso en el país, han abierto la veda sin que la policía haga nada en la mayoría de las ocasiones. La angustiosa situación de los coptos se silencia arteramente en los medios occidentales, los mismos que apoyaron sin ambages la asonada callejera, para alejar un inoportuno fantasma que obligaría a los lectores a hacerse muchas preguntas incómodas.

Lo que si han conseguido los revolucionarios egipcios es una reforma constitucional que fue aprobada masivamente en un referéndum que se celebró en marzo. La reforma agradó a los islamistas, que recomendaron desde las mezquitas votar sí, no tanto a los coptos y a los demócratas de Mohamed El Baradei, que pidieron expresamente rechazarla en las urnas. A El Baradei su oposición a la reforma le costó que un grupo muy bien organizado de salafistas le apedrease cuando se dirigía a votar. La reforma constitucional no ha conseguido instaurar una democracia en Egipto, que vive en una tensa espera a que se celebren elecciones que formen el parlamento.

La primavera egipcia ha sido, con todos sus problemas, un juego de niños al lado de la revolución libia, que empezó en la calle y ha terminado en una cruenta guerra civil que ha ocasionado 30.000 muertos, 4.000 desaparecidos, decenas de miles de heridos y una devastación material como no se recordaba en Libia desde la segunda guerra mundial, cuando el Afrika Korps de Rommel y el ejército de Montgomery se batieron en los arenales de Tobruk.

Las protestas en Libia comenzaron en el mes de febrero, sólo unos días después de la caída del Gobierno de Mubarak. Al principio se pensó que el asunto iba a terminar como en Túnez o Egipto, con Gadafi renunciando de buen grado y marchándose del país cargado de millones. Eso daría pie a una transición ordenada que la Francia de Sarkozy se apresuró a apadrinar reconociendo antes que nadie a los rebeldes. Pero nada de eso sucedió. En Libia todo se torció haciendo naufragar el pensamiento buenista en el que los europeos se rebozaban satisfechos desde el estallido revolucionario de Túnez.

Gadafi no era ni Ben Alí ni Mubarak. Reprimió con dureza inhumana las manifestaciones que se convocaron contra su Gobierno en el este del país, envió a la fuerza aérea a bombardear a los manifestantes y movilizó a todo el ejército. La disidencia se pagaba con la vida. En Libia las Blackberry que tanto gustan a los analistas occidentales desaparecieron pronto dejando su lugar a los tanques en un lado y las milicias armadas hasta los dientes en el otro.

En marzo la ONU intervino dictando a instancias de Francia una resolución, la 1973, que pedía un alto el fuego inmediato. La resolución fijaba una zona de exclusión aérea de la que la OTAN se encargaría de velar. A finales de marzo una fuerza internacional a la que la España de Zapatero se apuntó entusiasta aportando una fragata, un submarino y aviones de combate, se situó frente a las costas de Libia para hacer cumplir la resolución. La revolución libia se había transformado en poco más de un mes en una guerra en toda regla, con dos bandos bien diferenciados y la presencia de unidades militares extranjeras apoyando a uno de ellos.

Tras varios meses de combates que se centraron en la Tripolitania el 23 de agosto el Gobierno de Gadafi cayó, pero no el propio Gadafi, que se escondió en Sirte, su ciudad natal, desde donde pudo resistir dos meses más hasta que fue capturado y ejecutado por los rebeldes de un modo sumario el 20 de octubre. Sobre las ruinas del gadafismo aún no se ha levantado nada. El país lo gobierna un consejo de transición que, para abrir boca, ya ha anunciado que en Libia volverá a regir la ley islámica. El resto es todo una incógnita. El 1 de noviembre Trípoli despidió a las fuerzas de la OTAN con enfrentamientos entre milicias de distinto signo político. La tarea que el Consejo Nacional de Transición tiene entre manos es titánica en un país que nunca ha conocido la democracia y que quizás no quiera conocerla.   

Procesos de secesión política

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La convivencia define el tipo de relación moral, cultural, política y económica que vincula a un grupo de individuos entre sí, haciendo posible un orden social integrado, relativamente pacífico y estable. Sin embargo, existe una fuerte tendencia a colectivizar sentimientos. A pesar de la semejanza intersubjetiva, surgen discrepancias, conflictos de opinión y controversias que hacen peligrar la convivencia. Estos fenómenos sacuden internamente también a las comunidades mejor tramadas. La conflictividad se traduce en forma de particularismos, locales o trasversales.

El Estado rara vez se reduce a la evolución política de una única comunidad tradicional fuertemente definida. Lo habitual es que, en sus comienzos, los grandes Estados incorporen a varios grupos, apoyándose casi siempre en la preexistencia de rasgos culturales compartidos que tienden a dilatarse e incrementarse. Los Estados surgieron de la superposición de un poder concentrado, ejercido sobre un ramillete anterior de "soberanías", que acabaron siendo unificadas por un sistema "monárquico" (poder unificado). Hubo reinos únicos, aunque originalmente dominasen la unión de reinos o las monarquías plurales. El advenimiento del Estado-Nación se apoyó en otros cambios culturales, como fueron la consolidación del individualismo frente a la realidad gregaria y corporativa, o los resultados del esfuerzo homogeneizador emprendido por los monarcas en su ascenso absolutista.

Europa está dividida en Estados. Los habitantes de este continente se reparten pasaportes de un puñado de entidades que interactúan entre sí de acuerdo con una serie de reglas y a partir del mutuo reconocimiento. Sin embargo, no siempre esta convivencia internacional tuvo la suficiente consistencia para no considerarla una mera coexistencia.

Los individuos, así como las comunidades políticas y culturales en las que se integran, se hallan sometidos al poder social organizado a través del los Estados. Es un hecho que las instituciones políticas han sido prácticamente aniquiladas por el Estado, si bien esto no ha sucedido con tanta contundencia e intensidad respecto de los rasgos culturales que han conservado la singularidad de muchos pueblos.

La pervivencia de rasgos infranacionales no siempre converge en sentimientos de compromiso político sobre su defensa pública en clave particularista. Muchos de estos "pueblos" no han generado movimientos lo suficientemente fuertes como para que el rasgo diferenciador se transformara, además, en un instrumento de reivindicación política.

Cuando surge el deseo organizativo, éste puede plantearse con forma de regionalismo, autonomismo, federalismo (entendido como la pretensión de que la soberanía del Estado radique no sólo en los ciudadanos que lo forman, sino también en representación de los territorios que lo integran) e incluso independentismo. Estas opciones son todas legítimas, pero no siempre racionales, sociológicamente inevitables o ajenas a la impregnación ideológica y fundamentalista de quienes las defienden.

El Estado se define en las siguientes funciones o facultades: relaciones internacionales, paz interna, gobierno, jurisdicción y redistribución. Asimismo, todas ellas derivan de una teoría político-formal: la soberanía. El individuo "independentista" lucha porque se respeten su dignidad, su integridad, su libertad (como ausencia de coacción) y su propiedad. El movimiento colectivo de corte particularista busca razones asimilables. Una inclinación de esta clase puede conformarse con el reconocimiento de la singularidad cultural, con la defensa de sus rasgos diferenciadores frente a la homogenización del Estado general, o quizá, con la limitación de la fuerza redistributiva que ejerce el Estado sobre los ciudadanos pertenecientes a una entidad local o regional.

El independentismo se enfrenta al resto de alternativas particularistas. El primero aspira a la ruptura del Estado original, dando lugar a dos o más Estados. Las otras opciones apoyan la constitución de un Estado compuesto, plural o federal. Justificar una ruptura organizativa e institucional completa e irreversible es una de las cuestiones políticas que más complejidad guarda en nuestros días. La unidad política, sea ésta centralista, o bien federalista, tiende a ser el resultado de la integración social. Ésta (la unidad política) puede darse dentro de una soberanía excluyente, como también puede ser expresión de un ejercicio compartido de la soberanía.

Las relaciones internacionales sostenidas, estables y estrechas tienden a consolidar espacios compartidos donde la soberanía de cada Estado acaba supeditándose a la mera pervivencia del vínculo, convertido en acervo compartido para los individuos que forman las distintas naciones, a través de expectativas individuales, rasgos culturales compartidos, relaciones económicas e internacionalismo personal. Carece de sentido levantar una nueva barrera política entre individuos que ya conviven como parte de un mismo espacio social y político, salvo que, en realidad, no concurran tales circunstancias.

La sucesión de Estados resulta inevitable cuando existe un poder no representativo y extraño cuya práctica supone la persecución y opresión de los que se consideran, por dicho poder o por sí mismos, miembros de una entidad local diferenciada. Kosovo, por ejemplo, surge de una situación muy específica, y su independencia no supone un mal inmediato e irreparable, ya que no podía hablarse de una auténtica unidad política entre su pueblo y el resto del pueblo serbio. En Bélgica, donde conviven dos comunidades cada vez más diferenciadas, sin que ninguna de ellas represente una amenaza cierta para la otra, la desvinculación cultural, económica y política entre ambas puede convertirse en una causa de disgregación social. La soberanía belga podría deshacerse de la noche a la mañana si se entendiera, por una masa crítica relevante, que no existen ya motivos para mantener unidos a flamencos y valones. Estos procesos, aunque sean activados por la presión y la constancia de élites políticas, agravan una evidente y previa separación social entre pueblos o comunidades.

La existencia de particularismos locales que aspiran a disgregar el poder político de cierta unidad es consecuente y legítima. Que se reivindique cierto hecho diferenciador, lingüístico y cultural, y se aspire a defenderlo frente de agresiones públicas homogeneizadoras, es igualmente razonable. Como también lo es que se busque reducir la intensidad redistributiva del Estado. Es más, parece razonable que se pretenda la recomposición de la soberanía nacional a partir de un pacto federativo que incluya dentro de sus fuentes a esas entidades institucionales y organizativas locales. Lo que no parece en absoluto defendible es el soberanismo.

La independencia política es un estatus internacional que, o bien procede del pasado, quedando inmediatamente reconocido, o, en su caso, se plantea en confrontación al Estado cuya existencia se discute. La secesión, salvo en los dos casos descritos, supone en cualquier caso una innecesaria y perniciosa fractura en la convivencia, que rompe lazos y desvincula artificialmente a dos o más pueblos que se hallaban previamente integrados. Es ahí cuando el particularismo torna en nacionalismo, y un sentimiento irracional se apodera de quienes viven obsesionados por la diferencia, sin deparar en las ventajas que tiene salvaguardar la efectiva y preexistente integración social entre pueblos, grupos y comunidades. La política es el arte de la convivencia y la integración social, no una técnica al servicio del poder absoluto y la proliferación de soberanías.

Se crea la Unión Soviética Europea

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La misma semana que los eurócratas encontraron “inadmisible” recortarse el suelo un mísero 5%, decidieron poner coto a la libertad de los inversores, al ahorro y ampliaron la censura. Concretamente quieren prohibir la venta de CDS sin cobertura real, las ventas a corto en bolsa, eliminar los rating de las empresas de calificación y encarcelar a aquellos que manipulen el mercado. Aquí tienen un resumen de cada concepto.

Ventas a corto y CDS. Según los burócratas, todo el mundo es avaricioso menos ellos. Por tanto, todo lo que haga la gente ha de estar bajo un control estricto. Pero como ellos son delegados celestiales, no necesitan normas (Do We Ever Really Get Out Of Anarchy?, de Alfred G. Cuzan). A esta creencia generalizada se le llama Falacia de Hobbes o del Leviatán. Si la gente es avariciosa, los políticos lo serán igual y se volverán más al no tener control social.

No se puede prohibir la avaricia porque es un factor innato del hombre. Gracias a la avaricia el hombre salió de las cavernas y vivimos hoy con todo tipo de lujos. Los instrumentos que se usan en los mercados financieros son herramientas que funcionan de forma automática a la información existente. Si ahora hubiese una crisis de la gasolina, el precio se dispararía porque la gente la acapararía o la vendería más cara. Prohibir a la gente comprar y vender gasolina no arreglaría el problema de la falta de gasolina por más que recurramos al infantil recurso de la “avaricia”. Quien use esta excusa se lucrará con ella usando las prohibiciones, además que no solucionará nada. Los CDS y ventas al descubierto son una reacción al estado del mercado. Su función es nivelar los precios en el entorno de la economía. Las ventas a corto han sido siempre muy polémicas, y la primera que se prohibieron fue en el S. XVIII en Inglaterra. Desde entonces, los gobiernos no han parado de restringirlas. La prohibición nunca ha tenido un buen resultado. Pueden verlo aquí y aquí. Y si se quedan con más ganas: aquí, aquí y aquí.

La eliminación de los ratings es censura. Si los gobiernos no quieren ratings, ¿por qué los pagan y suministran la información a las empresas que otorgan las notas? Cualquier Gobierno o empresa que deje de pagar a Standard & Poor’s (S&P), Fitch o Moody’s se quedará sin rating. Imagínese que Telefónica no para de perder dinero y luego afirma que S&P le tiene manía por colocarle mala nota. Es un argumento tan infantil que lo usan hasta los niños cuando suspenden y culpan al profesor de no haber hecho los deberes que les correspondían.

Con la eliminación de los ratings, la UE pretende mantener al ciudadano y al inversor en un nirvana de desconocimiento para que los políticos puedan seguir creando inflación, deuda y pobreza a sus anchas sin ningún control. El siguiente paso será prohibir las críticas políticas y económicas en TV, prensa y radio. Luego en Internet. Por el bien común, por supuesto.

Si manipular los precios es un delito, no habrá cárcel lo suficientemente grande como para meter a toda la eurocámara y Banco Central Europeo (BCE). El BCE ha monetizado toda la deuda que ha querido. Ha comprado hasta un 18% de la deuda griega, parte de la italiana y española con el único fin de manipular el mercado, esto es: tirar la rentabilidad de los bonos hacia abajo para eliminar el riesgo país de cada nación.

No solo eso, lanza falsos mensajes de esperanza que nunca se cumplen para hacer subir la bolsa. Lo mismo hacen Merkel y resto de eurodirigentes que, tras tres años de reuniones, solo han hecho que agudizar la crisis. La bolsa europea va a golpe de ruedas de prensa de los políticos europeos. Si encarcelan a una persona por manipular el mercado, los eurodiputados y banqueros centrales tendrían que ser condenados a la silla eléctrica. El mercado financiero está lleno de absurdos mitos. Las manos fuertes (instituciones privadas) solo mueven el 50% del mercado, y las manos débiles (particulares) el resto. Solo los Gobiernos tienen suficiente dinero e influencia como para manipular el mercado. A ellos no les supervisa nadie. Y los que ahora se atreven a hacerlo, las empresas de rating, quieren convertirlas en unas proscritas.

Nos acercamos cada vez más a una Unión Soviética Europea y sin que nadie diga nada de tal proceso dictatorial. ¿Usted ha votado a Christine Lagarde (FMI), Ángela Merkel o Sarkozy? ¿Qué derecho tienen a tocar su dinero y libertad? Los especuladores solo son chivos expiatorios para el dominio total de nuestras vidas. Pero el dinero que están manejando estos políticos son el de sus fondos de inversión, pensiones, seguros de ahorro, depósitos y hasta cuentas corrientes. El principal enemigo de la libertad y del Pueblo no es la crisis, son los gobernantes de la UE y sus mentiras.

Tres Palabras Mágicas

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

"Escuelas, Hospitales y Pensiones", tres palabras mágicas, que al oírlas convierten al español medio en sumiso contribuyente, en pagano obligatorio, pero feliz y esperanzado… Tres palabras que al ser pronunciadas disparan un resorte en la mente del ciudadano que le deja inerte y anula su capacidad crítica.

Porque ¿qué alma desalmada puede estar en contra de que haya más hospitales para nuestros enfermos, más escuelas para los niños, más pensiones para nuestros mayores?

Así, una gran parte del fruto de nuestro trabajo nos es requisado y si por un casual alguien no está de acuerdo, si alguien replica que es su dinero, que es su propiedad, que le ha costado mucho esfuerzo ganarlo, allí están las tres palabras, "Escuelas, Hospitales y Pensiones", que caen como una maza sobre el insolidario discrepante.

Realmente, estos tres elementos, los "Pilares del Estado del Bienestar", se han convertido en una fuerza autónoma, en un ente con vida propia que cada vez crece más, consume más recursos y se desarrolla e hipertrofia por cuestiones absolutamente ajenas a sus funciones originales, educar, curar y mantenerse en la vejez. Tres funciones que puede y de hecho hace la iniciativa privada con mucha mayor eficacia y menor coste que la burocracia estatal. Siempre que le dejan, como bien saben los políticos, especialmente los socialistas, grandes usuarios del sector privado y fervientes defensores del sector público para los demás.

Básicamente, la clave del "Estado del Bienestar", la razón de su existencia, es que constituye la excusa perfecta, "Escuelas, hospitales y pensiones", para que haya dinero público a disposición de los políticos, un dinero que es usado para muchísimas otras cuestiones, desde construir y mantener una red de hoteles de lujo como son los Paradores hasta dar de comer (bastante bien por cierto) a unos artistas afines. Pero, eso sí, con un único y exclusivo fin, mantener sus privilegios y su control sobre la sociedad.

Llegan las elecciones. Y allí están las tres palabras. Todos los políticos "apuestan", con el dinero de los demás, por la educación -"la educación es el futuro"-, por la sanidad -"es un derecho de todos"-, por las pensiones -"que estarán garantizadas"-.

Hablan de que incluso en estos tiempos de crisis harán "esfuerzos inversores" en estos tres sectores y se arrojarán a la cabeza unos a otros la palabra prohibida "recortes" ante una opinión pública hipnotizada por las tres palabras mágicas.

"Escuelas, hospitales y pensiones"… Prueben a discutir con un progre sobre límites del estado, sobre libertad individual, sobre déficit público y ya verán cuánto tardan en aparecer, como un mantra, las tres palabras mágicas…

Banca, pagos y finanzas

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Un banco puede realizar para sus clientes diversas funciones que pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: gestión de cobros y pagos, e intermediación financiera. Un banco puede además prestar servicios adicionales como cambio de divisas o cajas de seguridad.

A grandes rasgos la banca comercial realiza operaciones de cobros y pagos, y la banca de inversión (o industrial) se dedica a la intermediación financiera o gestión del ahorro y la inversión; pero estos límites y denominaciones no son rígidos, drásticos o absolutos y pueden depender del marco legal de cada país.

Un cliente abre una cuenta corriente en un banco y con ella puede realizar ingresos y retiradas, cobros y pagos: utilizar billetes (si el banco los emite) o depósitos a la vista como medios de pago; domiciliar nóminas y recibos; realizar transferencias o giros; emplear cheques; utilizar tarjetas de débito y crédito (si el pago se aplaza durante un tiempo largo se convierte en un asunto financiero).

En la intermediación financiera el banco por un lado obtiene fondos prestados por un plazo determinado (ahorro) y por otro los presta o invierte (compra de acciones o deuda ajena por el propio banco); además puede ofrecer garantías, avales, cartas de crédito, y distribuir o colocar productos financieros ajenos (acciones, bonos).

Los ingresos y potenciales beneficios del banco pueden proceder de comisiones por operación (o  por mantenimiento de cuentas) y de márgenes de intermediación financiera (el tipo de interés al que el banco presta es mayor del que paga por recibir fondos prestados).

Para realizar sus funciones un banco utiliza medios de intercambio (dinero) y activos y pasivos financieros (deuda de diversos plazos y riesgos, y acciones). Un banco prudente cuadra su balance de modo que plazos y riesgos de sus activos y pasivos estén ajustados o compensados, vigilando no sólo su solvencia sino también su liquidez: para el sistema de pagos se utiliza deuda de bajo riesgo y corto plazo (depósitos a la vista y activos líquidos), y para la intermediación financiera se utiliza deuda con algo más de riesgo y mayores plazos. No es imprescindible separar legalmente la banca comercial (que utiliza depósitos a la vista) de la banca industrial (que puede invertir en deuda a largo plazo o acciones). Una misma entidad jurídica puede realizar ambas funciones, siempre que su balance esté ajustado.

Un banco imprudente descalza plazos porque puede intentar aumentar su margen de beneficios pidiendo prestado a corto plazo y bajo riesgo (tipos de interés más bajos) y prestando a largo plazo y alto riesgo (tipos de interés más altos). El desajuste o descalce de plazos y riesgos pone en peligro la liquidez, la solvencia y la supervivencia del banco: es especialmente grave cuando los pasivos a corto plazo (saldos de tesorería de los depositantes) sólo están respaldados por activos ilíquidos de largo plazo y alto riesgo; el sistema monetario (los pagos y cobros presentes) queda entremezclado con las finanzas a más largo plazo (coordinación intertemporal entre presente y futuro) y ambos se distorsionan mutuamente, produciendo el ciclo económico cuando todos los bancos lo realizan de forma coordinada (expansión y reducción del crédito, inflación y deflación).

En el pensamiento económico (incluidos muchos defensores del libre mercado) son comunes dos errores en extremos opuestos: no aceptar que algunas deudas pueden ser buenos complementos monetarios (que ciertas promesas de pago pueden circular y aceptarse como medio de pago), exigiendo que los bancos sean almacenes de dinero sin reserva fraccionaria (con reserva cien por cien en especie); creer que el negocio de los bancos sólo puede existir si realizan descalce de plazos, si toman prestado a corto y prestan a largo (arbitraje de la curva de tipos de interés), y que esto además es bueno porque incrementa los recursos disponibles para la inversión (sin tener en cuenta el plazo del ahorro y las inversiones).

Destruyendo los mercados bursátiles (I)

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

El comportamiento de las Bolsas constituyó para mucha gente el heraldo de la crisis global que se avecinaba. Allá por el verano de 2007, tras más de un año de verdadera euforia en los mercados financieros, con el IBEX-35 en los 16.000 puntos, recuérdese, comenzaron a aparecer los números rojos, extraños para los recién llegados al mundillo al calor de la euforia.

Poco después, comenzarían las "inyecciones" de dinero por parte de los bancos centrales para "estabilizar" la situación. A no mucho tardar, caería Lehman Brothers. Y así seguimos hasta hoy, cuando Grecia parece apunto de quebrar, y a su estela se agrupan otros países europeos. Desde entonces, los índices bursátiles son una verdadera montaña rusa que puede llevarles a descarrilar.

Como es bien sabido, en las Bolsas (o mercados secundarios de valores) se intercambia un determinado tipo de bienes: las acciones. Una acción es un título que representa una parte alícuota del capital de una empresa, de forma que los accionistas o tenedores de acciones son, en realidad, los propietarios de la empresa en cuestión. La alternativa a un sistema accionarial sería mucho más compleja: la distribución nominal de cada uno de los activos entre los accionistas. En fin, mucho más complejo, pero no inverosímil. De hecho, intuyo que en los orígenes de las empresas, los bienes utilizados se mantienen en propiedad de cada socio hasta que se va formalizando la figura.

Sin embargo, tal asignación presenta indudables dificultades, análogas a las que pueda tener el sistema de intercambio directo. De la misma forma que éstas hacen aconsejable la aparición de un activo universalmente aceptado como dinero, se tiende a generalizar la instrumentación de la propiedad de empresas mediante el uso de acciones.

Las acciones se pueden intercambiar como cualquier otro bien. Sin embargo, las acciones de una misma empresa son bienes bastante homogéneos; a su vez, en empresas de un cierto tamaño, su número puede ser lo suficientemente grande como para dar lugar a una gran cantidad de accionistas dispuestos a intercambiar los títulos. Es tal vez por ello que surgieron y se generalizaron las Bolsas como mercados organizados para el intercambio de acciones.

La importancia de las Bolsas en los mercados desarrollados no se puede despreciar. Por un lado, dota de liquidez a los títulos de propiedad, de forma que cada emprendedor puede con mucha facilidad salir y entrar al sector que considere atractivo, sin necesidad de enfangarse en peligrosas y arriesgadas inversiones hundidas. Las Bolsas permiten a cualquier persona invertir en el sector económico que represente el futuro para él sin requerirle conocimientos técnicos o compromisos duraderos. Las Bolsas, por tanto, disminuyen considerablemente los riesgos de la inversión, haciéndola más atractiva para cualquier individuo. Ello a su vez repercute en un aumento de la demanda de inversión (ceteris paribus) y una rebaja en su coste para las oferentes de inversión, lo que a su vez facilita el desarrollo de nuevos proyectos.

Como todo intercambio libre, la compraventa de acciones solo se produce si ambas partes valoran más lo que reciben que lo que entregan. Si los individuos estiman que una empresa está infravalorada, tenderán a comprar sus acciones para hacerse con la diferencia de valor, lo que hará subir el precio de la acción. Pero el que una empresa esté infravalorada significa que la gente piensa que su actividad va a ganar valor, esto es, va a ser demandada con más urgencia sobre otras. Si esto es así, lo lógico es que fluyan recursos a esa empresa con más prioridad que a otras. Por tanto, la subida de precios de las acciones de una empresa transmite el mensaje de que deben dirigirse más recursos a esa actividad.

Pero las acciones no dejan de ser un reflejo de los activos de la sociedad. En la medida en que suba (o baje) el precio de la acción, varía el valor de la empresa, que necesariamente se ha de reflejar en el valor de los activos que la constituyen. Por tanto, la Bolsa también consigue que los activos empresariales actualicen su valor con más rapidez y precisión que si lo hicieran a través de los mercados de los factores.

Esta revalorización de los activos encomendados a su gestión debería permitir a los gerentes del proyecto la obtención de recursos adicionales para el mismo, puesto que se muestran capaces de anticipar las necesidades de los individuos. Así se consuma la función "social" de las Bolsas: los precios de las acciones actúan como señal del lugar al que hay que dotar recursos para atender las demandas de los individuos.

Por tanto, un papel fundamental de las Bolsas es el de discriminar sectores y empresas alineados con las preferencias presentes y futuras de la gente de aquellos que no lo están. Si las Bolsas no son capaces de llevar esta señal de los ahorradores a los emprendedores, y viceversa, se pone en riesgo la afluencia de los recursos a los sitios donde son más valorados.

En este contexto, ¿qué sentido tienen subidas y bajadas generalizadas de los valores, como parece venir ocurriendo con especial virulencia desde 2007? ¿Qué efectos pueden tener sobre el funcionamiento de las Bolsas en el medio plazo? Sin embargo, no compliquemos más las cosas por el momento, y dejemos para dentro de un mes la respuesta a estas preguntas.