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De cortes, parlamentos, ciudades-estado y pólvora

Frente a los que piensan en la Edad Media como una época oscura dominada por la teología, la intransigencia, la servidumbre y la violencia, hay otros que pensamos en ella como la época donde se empezaron a desarrollar algunas de las instituciones que disfrutamos (o padecemos) hoy en día. Sin los desarrollos filosóficos y políticos que se produjeron durante estos siglos, muchas de las instituciones políticas y económicas de la actualidad serían muy distintas. La base de estas instituciones es la propiedad privada. Allá donde se desarrolló lenta y progresivamente el respeto hacia los individuos y sus propiedades, la población terminó alcanzando una serie de derechos y sistemas políticos que permitían la defensa de su libertad. Por el contrario, en aquellos sitios en los que esto no se desarrolló o tuvo más barreras, este respeto se vio socavado y los regímenes totalitarios tuvieron menos dificultades para florecer.

Durante la época medieval, el feudalismo imperó aceptado por una gran mayoría de la población. Sin embargo, frente las monarquías se opusieron una serie de contrapoderes que fueron limitando su poder. La supeditación del siervo al noble y de éste al rey fue la base de la sociedad feudal, pero esta jerarquía no implicaba necesariamente sumisión y, para controlar los desmanes de la corona, para evitar un rey demasiado poderoso, sobre todo cuando quería extender su influencia a base de guerras y requisas, surgieron una serie de asambleas que lo limitaban.

Las cortes, dietas y parlamentos de nobles y otras personas influyentes surgieron en Europa y su objetivo fue impedir que las posesiones y riquezas de sus componentes fuesen apropiadas por el rey para su propio interés. Las asambleas limitaban tanto su capacidad de poner impuestos como sus aventuras bélicas y daban su visto bueno en caso de sucesión, socavando así la propia esencia del feudalismo.

La principal razón para pertenecer a estas asambleas era, por tanto, la de la propiedad y durante muchos siglos también fue razón para poder ejercer el derecho a voto. Es cierto que, en ese momento, unos pocos eran los propietarios de la tierra, pero estas instituciones iniciaron un proceso que, a través de siglos, desembocó en nuestras instituciones. Cuantos más propietarios de la tierra había, más poderosas eran y más gente podía impedir estos abusos. Pronto, cortes y parlamentos empezaron no sólo a vigilar el poder regio, sino también que la ley se cumpliera. En los desarrollos más exitosos, el rey era un igual entre los nobles y su poder dependía de que el resto lo aceptara.

Otra institución que sirvió como contrapoder a la corona fue el resurgimiento de las ciudades-estado y su esfera de influencia. Dos fueron, desde mi punto de vista, las razones de este éxito. A diferencia de los feudos, donde la propiedad de la tierra era el principal activo, en las ciudades-estado lo fue la acumulación de mercancías y de capital. Las ciudades-estado ayudaron a crear el actual sistema financiero y a hacer más importante el concepto de propiedad sobre las cosas y los inmuebles. Las ciudades-estado favorecieron el comercio y el intercambio de mercancías al no ser autosuficientes, y permitieron el incremento de las manufacturas y la industria.

La segunda razón fue la asignación de libertades políticas a los que en ella habitaban, o a una gran mayoría de los que en ella habitaban, lo que les independizaba de los monarcas y les confería una serie de ventajas sobre los siervos. Las ciudades medievales tenían capacidad para autogobernarse, eran capaces de controlar sus propios impuestos y de rechazar los de la corona, controlaban los mercados que se celebraban en su interior, y sus habitantes tenían todos o algunos de estos derechos: estaban exentos de sus obligaciones feudales, podían enajenar propiedades, dejarlas en testamento, podían desplazarse, ser juzgados por magistrados urbanos, debían tener un proceso justo (según los cánones de la época), eran protegidos contra arrestos arbitrarios y podían no tener que realizar servicios obligatorios. Estos derechos y libertades permitieron en Occidente el desarrollo del comercio y de la industria, lo que hizo que tomara ciertas ventajas sobre otros lugares del mundo.

La monarquía, por tanto, tenía dos fuertes contrapoderes: las ciudades estado, que generaban derechos y libertades para sus ciudadanos, y las cortes, dietas y parlamentos que defendían los derechos de unos pocos (aunque cada vez más), ligando estos derechos a la posesión de la tierra. Este último punto fue muy importante, ya que en aquellos lugares donde se creó una floreciente clase media propietaria, las cortes y parlamentos tenían mucha más probabilidad de resistir a la Monarquía-Estado que empezó a tener fuerza a partir del Renacimiento.

Un factor que ayudó a que este equilibrio se deslizara progresivamente hacia la Monarquía-Estado fue el uso de la pólvora en las artes de la guerra. Cuando un rey o un noble querían eliminar una ciudad que le era molesta, debían organizar una costosa guerra, bien a través de la alianza con otros nobles, bien mediante un gasto excesivo que podía generar revueltas si la presión fiscal era excesiva. Los gastos bélicos son elevados y sus resultados impredecibles, por lo que no siempre se iniciaban estas aventuras inciertas. Los muros y defensas de las ciudades-estado, así como la riqueza que generaban eran a menudo suficientes para salvarles de la rapiña y extender su influencia. Tales fueron los casos de Venecia o Génova.

La llegada de la artillería a base de pólvora hizo más vulnerables los muros de las ciudades y la progresiva aparición de los ejércitos permanentes, ligados al surgimiento de las entidades de carácter nacional y al ideal de patria. Asimismo, permitió a los monarcas y al Estado tener mucho más poder bélico y confiscatorio para combatir estos contrapoderes. Aunque la pólvora era un invento chino, este país no había sacado el potencial que tenía para la guerra. Fue cuando llegó a Occidente cuando las ideas y la empresarialidad permitieron sacar de ella todo su potencial, tanto el agresivo como el constructivo.

El desarrollo de la artillería obligó a las monarquías a invertir más en poderosos cañones y técnicos que pudieran construirlos y manejarlos. Sin embargo, fue la necesidad de crear nuevas y más costosas defensas en las ciudades lo que disparó los gastos bélicos. Las altas, pero no excesivamente costosas murallas, fueron sustituidas por defensas más bajas, sólidas, profundas y costosas, dotadas a su vez de numerosos cañones.

Otro efecto importante de la pólvora fue el desarrollo de armas de fuego individuales. Su adopción, primero del arcabuz y posteriormente del mosquete, redujo el papel del caballero en el campo de batalla. Un granjero con unos pocos meses, incluso semanas o días de entrenamiento, podía abatir sin problemas a las masas de caballería feudal: el pobre abatía al rico. A diferencia del principio de la época medieval, cuando la figura del caballero y la caballería era determinante y esencial en la práctica guerrera, las armas de fuego "democratizaron" el ejército, "igualando" a los contendientes y separando su práctica del estatus social, con lo que cualquier persona podía aprender y pasar a formar parte de un ejército. El desarrollo de la industria permitió que la fabricación de las armas de fuego fuera mucho más sencilla que en momentos anteriores.

Otro efecto de la aparición de la pólvora en los campos de batalla, adverso para las élites, fue el incremento de los costes de la guerra. El fin del dominio del caballero en los campos de batalla concedió a la monarquía una inicial independencia de los nobles, pero también obligó al monarca a gastar cada vez más dinero en ejércitos más numerosos, armados con mosquetes y artillería. Necesitaba más impuestos y la independencia de los nobles fue sustituida por la dependencia de asambleas y ciudades-estado que debían concederlos y aprobarlos, obligando a los monarcas a concederles derechos y beneficios para poder así costear sus guerras, que empezaron a enfocarse hacia el exterior, acabando parcialmente con la violencia generalizada que se vivió durante la Edad Media.

El final de la Edad Media supone un incremento en el papel del Estado a través de la creación de las monarquías absolutas, de los idearios ligados a una nación delimitada territorialmente y de la progresiva desaparición de las relaciones personales entre vasallos, nobles y monarcas. Sin embargo, en Occidente el proceso había durado lo suficiente para que los ideales sobre los que se fundan las sociedades libres se hicieran fuertes.

Democracia ascendente y corporativismo

En aras de resolver el inmovilismo social y la deficiente participación política del ciudadano medio en aquellas decisiones que más le afectan, dos son las opciones colectivistas más comunes.

En primer lugar, la alternativa tecnocrática. Su modelo de cosa pública pretende la limitación de la política mediante el diseño de una administración total. La política no desaparece, sino que cede ante el burocratismo, que absorbe la práctica totalidad de las decisiones, sometiéndolas a un proceso reglamentado donde la jerarquización formal distribuye potestades entre los agentes que, directamente, aplican directrices y normas predefinidas. Con la tecnocracia se considera posible evitar cualquier tipo de corporativismo que no sea el propio e interno de la estructura administrativa que dirige lo social.

En segundo lugar aparece la opción participativa, de democracia ascendente, donde el individuo se convierte al mismo tiempo en elector y elegido o, lo que es igual, agente activo tanto en la discusión como en la toma de decisiones. Democracia que se extiende a todos los ámbitos de lo social. Este principio democrático, alejado del patrón estrictamente representativo, donde cada institución obtiene entidad, personalidad y voluntad propias a través de órganos ejecutivos y parlamentos limitados, convierte la toma de decisiones en un catatónico juego asambleario. En su versión pura, desaparecen las instituciones jurídicas o económicas que reconozcan dominios privativos, tratando de someter el ejercicio de cualquier comisariado al control de una o varias asambleas, dentro del sistema más amplio, ecuménico y absoluto que las incluye, de lo cual se presume la formación de una voluntad general sin mácula particularista.

El resultado que causa la implantación de estas dos opciones termina revelándose manifiestamente opuesto a los valores y objetivos que originariamente fueron pretendidos. Nicola Matteucci (El Estado Moderno, léxico y exploraciones) identifica tres consecuencias inmediatas: inmovilismo, ineficiencia y corporativismo.

Quizá sea en la primera de las dos alternativas donde con mayor claridad se nos presenten estos vicios. Un Estado burocrático, de la forma que lo define L.v. Mises, impide a los individuos generar información y conocimiento que sirva para mejorar la coordinación social en aquellas parcelas que se hallen más intervenidas y reguladas. El burocratismo se transforma en un corporativismo dual: desde dentro, los burócratas se comportan y agrupan más allá de la atención de los intereses comunes que se presumen unidos al ejercicio de sus funciones, en defensa exclusiva de intereses compartidos; desde fuera, cada sector del mercado, empresa o sindicato, para sobrevivir, debe practicar cierta influencia o cooperación con el órgano o directorio que decida sobre lo suyo, generando así un comportamiento corporativo entremezclado con la ya de por sí quebradiza y corruptible burocracia.

En el sueño pan-participativo, de democracia total y ascendente, donde la política acaba impregnándolo y engulléndolo todo, el inmovilismo se convierte en el primer problema que hace peligrar su mera subsistencia. La ineficacia de las decisiones y la anulación de la fuerza compositiva exigen a los promotores más diligentes un esfuerzo de racionalización organizativa. La descentralización, territorial y material, o la formación de talleres, comités y portavocías debilitan el sueño asambleario, al tiempo que generan partidos de valores e intereses específicos que surgen en cada ámbito de reunión o actividad social, representando, sin quererlo, necesidades y querencias parciales.

Así, la democracia autogestionada, necesariamente descentralizada, conduce al corporativismo. La multiplicación asamblearia hará desaparecer la opinión pública, perjudicando a su vez la identificación de una voluntad general atribuible a la comunidad política. No habrá mercado, como tampoco libertad individual, ya que cada individuo será adscrito a una o varias asambleas y, consecuentemente, la no participación equivaldrá a la anulación de la personalidad, ya que sólo se es agente social en términos estrictamente políticos, y nunca solamente económicos, religiosos o culturales.

El corporativismo es el único destino cierto de las dos alternativas que se nos plantean desde el colectivismo. El Estado que ahora asumimos posee elementos procedentes de ambos extremos. Si bien es cierto que su continuidad y su sostenibilidad, en términos de eficiencia y dinamismo, dependen de la intensidad con que el mercado y la libertad individual lo limiten. El neocorporativismo (Mateucci) es, ante todo, la forma que ha adoptado el Estado contemporáneo tras distintos intentos fallidos de incorporar completamente lo social. Producto de ese fracaso, como efecto perverso de la socialdemocracia, ha surgido un Estado que está siendo fagocitado por la sociedad a través de poderes distintos al político, desnaturalizado mediante fines y valores particulares que sólo aspiran a poner a su servicio la fuerza pública, tratando así de eliminar cualquier rasgo de competencia. Estado y sociedad terminan solapándose, formando un híbrido que pervierte las instituciones que hicieron posible la pretérita formación de un orden social libre.

Mingote y el lagarto gigante

Es sin duda la figura más relevante del humor gráfico en la prensa española. Desde sus inicios en La Codorniz a mediados de los cuarenta y, a partir del año 53 hasta hoy, con su cita diaria con sus lectores desde las páginas del ABC, ha diseccionado, reflejado, criticado y analizado la sociedad española como pocos han sabido hacerlo.

Así, en sus viñetas han desfilado filosóficos mendigos debajo de un puente; señoras estupendas; maridos pequeñitos, calvos y con gafas, resignados al lado de su santa esposa descomunal; señores de negro; náufragos, y por supuesto el célebre Gundisalvo que retrata perfectamente al político hispano, oportunista y de amplias tragaderas… Y qué decir de obras maestras como "Hombre solo".

Maestro, genio, referente, son muchos los calificativos para definir a Antonio Mingote, aragonés de nacimiento y madrileño de adopción.

Alfonso Ussía cree que merece un museo. Estoy completamente de acuerdo.

Y se lo ha pedido al Alcalde de la Villa y Corte… Estoy completamente en desacuerdo.

No solo por el gasto que representaría, que, diluido en el mar de deuda en el que el manirroto mandatario ha hundido a los contribuyentes madrileños, es simplemente una gota… Aunque no olvidemos que el océano está formado por gotas… y que el goteo de las arcas públicas es monzónico…

Es por respeto a la gente y a su dinero. Es muy humano tratar de que el dinero de los demás se destine a aquello que nos gusta, nos interesa o nos satisface. Y todos vamos a ser capaces de dar mil razones de por qué ese dinero vaya hacia nuestra causa… "Mingote es un genio, es un referente cultural…", eso nadie lo discute.

Pero también hay que salvar al lagarto gigante de la Isla de Hierro, un lacértido endémico de dichas islas, una joya biológica exclusiva de la fauna macaronesia, que, debido a la competencia de otras especies introducidas por el hombre, gatos y ratas, se encuentra en franco peligro de extinción y su pérdida sería un revés para biodiversidad isleña.

Y no nos olvidemos de salvar al oso pardo asturiano, al lince ibérico, potenciar el tenis femenino, restaurar la Iglesia parroquial de Cervera del Llano, contribuir a la lucha contra la fibrosis quística, dar becas Erasmus a nuestros jóvenes universitarios, o restaurar los humedales manchegos… Las causas que necesitan apoyo son infinitas, y, aunque a algunos les parezca increíble, los recursos son limitados.

Y sí, es muy fácil desacreditar otras causas, otros intereses, pensando de buena fe o mala fe que el dinero debería ir a nuestra causa, mucho más justa y necesaria que las de los demás. "Me vas a comparar la lucha contra la malaria con la recuperación del Carnaval de Xinzo de Limia". "Es increíble que no se apoye la halterofilia, con los valores de esfuerzo y superación que tiene". "Un país que no subvenciona la I+D es un país sin futuro". "La pérdida del silbo gomero sería una pérdida cultural irreparable".

Pero no hay un criterio lógico y objetivo de prioridades; cada uno de nosotros tenemos las nuestras, siendo todas respetables.

Hay que elegir.

Y las opciones son que elijamos cada uno de nosotros qué causas apoyamos con nuestro dinero o que los políticos decidan qué causas apoyan… con nuestro dinero.

En el primer caso, muy limitado en nuestro país debido a las ingentes cantidades de nuestro dinero que ya nos son requisadas, somos soberanos, todos y cada uno de nosotros, aunque eso no significará que el resto de la sociedad nos apoye. Nos apoyará quien quiera hacerlo y siempre faltará dinero para salvar al lagarto negro gigante de Hierro, donar libros para los niños saharauis o crear comedores de Cáritas para indigentes…

En el segundo caso, dominante en nuestro país, la soberanía residirá en el presidente, ministro, alcalde o concejal que maneje las arcas públicas. Él decidirá… Y bueno, en fin, también faltará siempre dinero para el lagarto negro, los saharauis o los indigentes, para todo, excepto para los propios intereses del susodicho presidente, ministro o concejal…

En resumen, que Mingote tiene tanto derecho a tener un museo pagado con dinero público como el lagarto negro de Hierro a no acabar en uno.

Precarización del trabajo y mercados intervenidos

Si bien resultaría difícil proporcionar una definición rigurosa del término, todos tenemos una idea de en qué consiste un trabajo precario. Se suele asociar con trabajos temporales, mal pagados, en que el trabajador se limita a hacer tareas rutinarias y para las que se requiere escasa preparación. Posiblemente sean las últimas dos características apuntadas las que causan las primeras, puesto que ambos rasgos posibilitan que haya mucha mano de obra capaz de llevarlas a cabo, y el emprendedor preferirá no invertir demasiado en el individuo a contratar.

Los trabajos precarios se suelen asociar también al capitalismo salvaje, a empresas que compiten en la gama baja de productos: poca calidad a poco precio. No voy a citar ejemplos concretos, en primer lugar, porque sería injusto para los empresarios; y, en segundo lugar, porque ni siquiera hace falta, ya que la mayor parte de la gente tiene estas asociaciones a fuego en su imaginación.

Comenzaré el análisis praxeológico del fenómeno describiendo la situación en el mercado no intervenido. Nada excluye la existencia de trabajos precarios en este mercado, como se puede imaginar. El salario y restantes condiciones laborales son percibidas como un todo por el individuo, y sobre ellas decide si acepta o no el trabajo precario en función principalmente del coste de oportunidad de hacer otra cosa. De la misma forma, el empresario contratante compara el rendimiento que espera del individuo con los pagos que habrá de llevar a cabo si consuma la contratación. Si ambas partes perciben que van a ganar con el intercambio, el contrato se formaliza y el trabajador asume su puesto precario.

Sin embargo, no acaba aquí el proceso. Si realmente el trabajador percibe el puesto como precario, tratará de mejorar sus condiciones, usando para ello su capacidad de innovación. Son muchísimos los caminos que pueden explorar, pero aquí nos interesa especialmente uno: lo que en el argot se llama la integración vertical aguas abajo. Ello consiste en que siempre podrá, a partir del conocimiento y experiencia que obtenga en el desempeño de su trabajo, intentar ponerse por su cuenta en competencia con su contratista. En este sentido, hay que recordar que grandes empresarios de nuestro país comenzaron trabajando en lo que ahora denominaríamos "trabajos precarios".

Por su parte, el empresario "explotador", consciente de la misma amenaza, tenderá a mejorar las condiciones laborales del trabajador precario. No solo por la amenaza de que le entre un competidor, sino también por los costes que tendría para él cambiar de individuo para un puesto en el que presumiblemente ya tiene a alguien que funciona. No se olvide al respecto que el empresario ha anticipado los recursos necesarios para suministrar el producto o servicio y depende especialmente de la mano de obra para culminar el proceso.

En esencia, en el mercado no intervenido, parece que el puesto de trabajo precario surge gracias a las ideas de los emprendedores. Pero dicha precariedad rápidamente tiende a desaparecer. Si la idea es un éxito, porque el trabajador puede transformarse en competidor si no se le mejoran las condiciones, y porque el mismo éxito hará que se revalorice el puesto de trabajo permitiendo mejorar las mismas. En cambio, si la idea fracasa, el puesto de trabajo precario estará llamado a desaparecer en la recanalización hacia otras actividades de los recursos reservados.

¿Ocurre lo mismo en el mercado intervenido? Apuntemos tan solo dos escenarios de los posibles.

Uno se refiere a la existencia de barreras legales a la entrada, sea por concesión de monopolio u otros títulos habilitantes. En este caso, desaparece la presión competitiva que el trabajador puede ejercer aguas abajo, puesto que, en principio, le está vedada la entrada a la actividad en que podría mejorar la prestación mediante la experiencia adquirida. Un ejemplo bastante claro puede ser el de las farmacias y los titulados farmacéuticos que trabajan en ellas. Dada las dificultades de estos para hacerse con su propio establecimiento, terminan siendo carne de "trabajo precario", pues difícilmente pueden disciplinar a la otra parte contratante.

El otro escenario se correspondería con aquellas actividades para las que la regulación obliga a contratar a los individuos, presumiblemente contra las preferencias del empleador. En este caso, el trabajador se encuentra proporcionando un servicio que la sociedad no demanda en realidad. Resulta así muy difícil que la experiencia atesorada pueda traducirse en mejoras de productividad o en los servicios, pues es algo que nadie demanda, y que solo se contrata por obligación.

A modo de ejemplo, se puede traer el de los socorristas de piscinas comunitarias. Es obligatorio, no sé si a nivel regional, nacional o europeo, que todas las piscinas, incluso las comunitarias, tengan un socorrista durante el horario de apertura. Me atrevería a decir que esta imposición suele ser indeseada por los vecinos y que, en un mercado libre, la mayor parte de las piscinas comunitarias prescindirían del servicio (que muchas veces limita el propio horario de apertura de la piscina). Pero, gracias a ello, se crean una serie de puestos de trabajo de nimio recorrido y malas condiciones, con escasa perspectiva de mejora.

Aun sin poderse obtener conclusiones de más rigor a partir del breve análisis realizado, sí se han mostrado indicios bastante ilustrativos de que existe una relación causal entre precariedad laboral e intervención en el mercado. Una vez más, los aspectos más indeseables de la economía encuentran dificultades para encajar en la perspectiva dinámica del proceso competitivo. Y es que es muy difícil explicar la existencia de aspectos indeseados para los individuos sin apoyarse en la existencia de aquellos obstáculos que impiden la satisfacción de las preferencias.

Nociones básicas de finanzas

Algunos agentes económicos disponen de un superávit de recursos (ahorro) de los cuales podrían prescindir a cambio de una compensación adecuada. Otros agentes tienen un déficit de recursos respecto a sus objetivos deseados: tienen un proyecto empresarial o una necesidad de consumo y carecen de medios para ejecutar su plan o satisfacer sus deseos. Los agentes con superávit pueden poner esos recursos en común (acciones o participaciones de una sociedad), o pueden prestárselos a los agentes con déficit (créditos, préstamos, letras, bonos, obligaciones).

Los derechos de propiedad pueden modificarse de diversas maneras: la propiedad de los bienes económicos puede transferirse de forma definitiva mediante una compraventa; el derecho de uso de los bienes puede cederse temporalmente mediante un préstamo o alquiler; y los bienes pueden ponerse en común o compartirse entre varios asociados.

Son posibles contratos de préstamo o alquiler (cesión temporal de uso), tanto de bienes (viviendas, vehículos, muebles, ropa) a cambio de dinero, como de dinero presente a cambio de promesas de entrega de dinero en el futuro. Los préstamos de dinero entre acreedor y deudor tienen cantidad (el principal), tipo de interés, plazo, riesgo, garantías (colateral) y avales; los pagos de principal e interés pueden realizarse periódicamente o al final del plazo.

Algunos contratos se utilizan para constituir sociedades o entidades jurídicas en las cuales los socios ponen en común parte de su patrimonio (en forma de dinero o en especie) para algún objetivo compartido. Las personas jurídicas son de diferentes tipos según su propósito, cómo se gobiernan, si son privadas o públicas, y cómo se relacionan con otros agentes (responsabilidad limitada o ilimitada). Una sociedad es la forma legal más genérica de representar un agente económico colectivo. En una asociación con ánimo de lucro los socios invierten dinero para obtener beneficios monetarios (dividendos o revalorización de sus participaciones).

Las finanzas se refieren a la obtención, uso y gestión del dinero y el capital (los bienes económicos insertados en un proceso productivo) por un agente económico. Una sociedad tiene unas finanzas que se representan mediante un balance contable (el valor monetario de lo que tiene o posee (el activo) y de lo que debe (el pasivo) en un instante dado), y una cuenta de resultados (ingresos y gastos de la sociedad en un periodo, con beneficios o pérdidas). El valor de activos y pasivos es un stock; los ingresos y gastos son un flujo. Balances y cuentas de resultados están relacionados: el balance contable en un instante y la cuenta de resultados del periodo subsiguiente determinan el balance contable al final de dicho periodo.

El activo contribuye a la generación de ingresos; el pasivo origina gastos. Los fondos obtenidos (pasivo) se utilizan para adquirir recursos productivos (activo). El activo está constituido por bienes, derechos sobre bienes (acciones o participaciones en otras sociedades que a su vez tienen sus propias finanzas), derechos de cobro (por préstamos realizados a otros agentes) y ciertos intangibles (derechos de uso, patentes, marca, buen nombre comercial). El pasivo expresa cómo ha conseguido una sociedad los fondos de los cuales dispone, si son aportaciones de los socios o dueños (fondos propios, pasivo no exigible), o si se trata de préstamos obtenidos de otros, deudas que han de pagarse (pasivo exigible). Una sociedad está más apalancada cuanta más deuda tenga en relación con sus fondos propios.

Los diversos componentes del activo y del pasivo tienen distintos plazos temporales, cortos o largos: algunas deudas deben pagarse en breve, otras sólo son exigibles en el futuro más lejano y una parte del capital puede no ser exigible nunca (el patrimonio o fondos propios de una sociedad); los activos pueden ser monetarios (dinero en efectivo) o transformarse en ingresos a corto plazo (capital circulante o corriente como el inventario de una tienda) o a largo plazo (capital fijo o inmovilizado como la infraestructura y la maquinaria pesada de una fábrica).

Los ingresos y los gastos pueden ser fijos (comprometidos) o variables: pueden suceder en cantidades y momentos predeterminados y conocidos (cobro o pago de alquileres, pago de salarios fijos), o indeterminados en tiempo o cantidad (ingresos por ventas, gastos inesperados).

Los activos financieros no tienen un valor o poder adquisitivo seguro predeterminado, sino que puede oscilar y depende de las condiciones de mercado en cada momento. Esto es válido no sólo para los bienes físicos y las acciones, sino también para la deuda. Los derechos de cobro se establecen con cantidades y fechas determinadas (salvo los préstamos a la vista, de cantidad dada pero plazo abierto); pero si un acreedor quiere revenderlos antes de su madurez (fecha debida de pago o tiempo hasta el pago), el tipo de interés o descuento aplicado puede ser diferente en cada instante.

Según diversas normas de contabilidad los activos pueden valorarse según su precio de adquisición (valor histórico o en libros), según el precio de mercado de operaciones equivalentes recientes (valor de mercado) o según las estimaciones de modelos económicos informatizados (valor según modelo).

Una sociedad es solvente y puede seguir funcionando si puede hacer frente a sus compromisos de pago: estos pagos puede realizarlos mediante los ingresos obtenidos por su actividad ordinaria, refinanciándose (endeudándose o ampliando capital con la emisión de más acciones) o vendiendo algún activo (cuando es solvente pero ilíquida). El fondo de maniobra de una sociedad es la diferencia entre su activo corriente (a corto plazo) y su pasivo corriente (a corto plazo): con un fondo de maniobra positivo la empresa puede obtener más dinero del que le pueden exigir en el corto plazo sin necesidad de endeudarse más o malvender activos, lo cual garantiza su solvencia. Según el balance una sociedad es solvente si su capital o patrimonio neto es positivo: el valor de su activo es mayor que el de su pasivo exigible, de modo que sus acreedores tienen garantizado el cobro de las deudas aunque la sociedad no reciba más ingresos.

Los dueños, socios o accionistas que aportan los recursos propios dirigen una sociedad; pero sus decisiones pueden verse limitadas por diversas restricciones normativas, algunas de las cuales existen para proteger a los acreedores de posibles impagos. Las leyes generales, los estatutos societarios y los diversos contratos con prestamistas, trabajadores y proveedores establecen un orden obligatorio para realizar pagos con los ingresos disponibles. El posible excedente o beneficio que quede tras realizar estos pagos puede repartirse como dividendo o reinvertirse en la sociedad.

Es posible financiar un proyecto como accionista o como prestamista (acreedor). El accionista financia a plazo indefinido o infinito (no puede exigir la devolución de su capital, sólo puede revender su acción en un mercado secundario o acordar con los demás socios la liquidación de la empresa); el prestamista financia a un plazo fijo (salvo en el caso del préstamo a la vista) tras el cual recupera los fondos prestados, aunque también puede traspasar antes de dicho plazo sus derechos de cobro en mercados secundarios.

El accionista participa en la empresa, es su dueño y la dirige, afronta la incertidumbre y el riesgo y asume la posibilidad de pérdidas a cambio de ganancias no garantizadas e indeterminadas; el acreedor acepta una retribución fija predeterminada con el único riesgo de las pérdidas por la posible insolvencia y disolución de la empresa. El accionista puede llegar a perder toda su inversión: una sociedad insolvente debe suspender pagos, entrar en concurso de acreedores, reorganizarse, reestructurar sus deudas (con quitas de cantidades o extensión de plazos) y continuar su actividad, o quebrar y disolverse liquidando sus activos para pagar tanto como sea posible a sus acreedores.

Repertorio de autores escolásticos

Como resultado de un viejo proyecto de investigación, el profesor José Barrientos acaba de publicar un magnífico catálogo de autores escolásticos que escribieron sobre cuestiones de moral económica –Repertorio de moral económica (1536-1670). La Escuela de Salamanca y su proyección; EUNSA; 2011–.

En una apretada Introducción explica los orígenes de su tarea, que se remonta al Seminario sobre Historia del Pensamiento Económico de la Escuela de Salamanca, iniciado por la Fundación Duques de Soria en 1992 y bajo la presidencia de Ernest Lluch. Después de celebrarse tres reuniones (1992, 1993 y 1995), apareció un volumen introductorio sobre la Escuela de Salamanca (El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar, Universidad de Salamanca, 1998), el primero de varios ambiciosos objetivos que se marcó ese grupo de trabajo. El segundo consistía en preparar un repertorio bibliográfico de los autores y sus obras; pero no llegó a culminarse, al igual que algunos más, debido entre otras razones al asesinato del profesor Lluch en el año 2000. De manera que Barrientos decidió realizar en solitario el citado repertorio dando lugar al libro que reseñamos.

La obra se puede dividir en dos apartados: un estudio previo sobre el sentido de la Escuela de Salamanca; y el repertorio de autores con su biografía básica, un catálogo de obras sobre moral económica y una referencia bibliográfica. La cifra total casi alcanza la centena, sumando a los diez autores "fundantes" de la Escuela otros ochenta y cinco profesores que manifiestan una influencia directa de los primeros, junto a un último académico de la Complutense, Juan de Medina, que merece consideración aparte.

Es importante comprender bien los criterios del profesor Barrientos en la definición de la Escuela de Salamanca y, por lo tanto, de sus miembros. La resume con dos palabras: teológica y tomista; precisando además una fuerte vinculación con el convento dominico de San Esteban de Salamanca. Ello nos permite comprender a los no expertos en filosofía o teología por qué no aparecen nombres extremadamente famosos en estos temas económicos, como por ejemplo Martín de Azpilcueta, Diego de Covarrubias o Juan de Mariana. La explicación descansa en el método seguido por Barrientos: discriminar los maestros que enseñaron en la facultad de Teología (o, de manera excepcional, en la de Artes), y que recogen en sus citas a alguno de los diez doctores que fundaron la Escuela.

Pero vayamos al punto que me interesa más como profesor de Historia del Pensamiento Económico. Desde la publicación de The School of Salamanca, un brillante estudio de la doctora Marjorie Grice-Hutchinson (1952), es reconocida la aportación seminal de los Maestros de Salamanca en varios aspectos fundamentales de la Economía: la teoría del precio y del valor de los bienes, la teoría cuantitativa del dinero, la paridad del poder adquisitivo, la fiscalidad o la injusticia del envilecimiento monetario. Pues bien, sabemos que todas estas intuiciones aparecieron dispersas, pero con una sorprendente continuidad a lo largo de siglo y medio, precisamente en los tratados sobre Moral Económica a los que nos referimos aquí. Seguramente, dicho sea de paso, el profesor Barrientos no coincida con la imputación a la Escuela de Salamanca de alguna obra referida por Grice-Hutchinson; pero ya hemos visto las razones.

Los diez teólogos fundadores de la Escuela son Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Mancio de Corpus Christi, Bartolomé de Medina, Pedro de Aragón, Domingo Báñez, Pedro de Ledesma, Basilio Ponce de León y Francisco de Araujo. De todos ellos, el profesor Barrientos nos ofrece una detallada descripción de sus enseñanzas en las cátedras de Teología y sus publicaciones relativas a la moral económica. Esta primera decena de autores se complementa con los ochenta y cinco continuadores, que según la metodología de Barrientos no se deben considerar propiamente miembros de la Escuela de Salamanca, sino proyección de ella: siempre ubicados en el campo de la teología y que en sus citas aparezcan los maestros fundadores. Aquí nos encontramos por ejemplo a un jesuita belga como Leonardo Lessio, al teólogo alemán Hermann Bussenbaum o al profesor Pedro de Oñate, del Colegio limeño de San Pablo. En el ámbito del pensamiento económico nos resultan conocidos los nombres de Luis de Molina, Juan de Lugo (del que recuerdo su frase: "Pretium iustum mathematicum licet soli Deo notum") o Melchor de Soria. Pero además encontramos otro buen elenco de nombres menos famosos, y que confirman la extraordinaria vitalidad de aquella doctrina escolástica referida particularmente a las cuestiones de moral económica.

No puedo evitar mencionarles aquí de nuevo esa estupenda iniciativa de la Universidad Francisco Marroquín en la que el Instituto Juan de Mariana también participa: el Sitio Escolástico, un espacio-web que también recoge, de una forma breve y menos erudita de lo que estamos tratando ahora, la biografía, escritos y aportaciones al pensamiento económico de la segunda escolástica hispano-americana. Creo que las investigaciones del profesor Barrientos pueden contribuir a enriquecer esa incipiente base de datos cibernética; algo que estoy seguro alegrará a Giancarlo Ibárgüen (impulsor de este proyecto junto a Gabriel Calzada), Rector de la Marro y flamante V Premio Juan de Mariana 2011.

Termino con una referencia a la serie editorial en la que se ha publicado este Repertorio: la Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista que promueve la Universidad de Navarra a través del Proyecto Pensamiento Clásico Español. Dirigida por Juan Cruz Cruz y bajo la eficaz gestión de Mª Idoya Zorroza, ha editado casi 130 volúmenes con monografías o textos originales de inspiración escolástica. Para el ámbito de la economía podemos destacar por ejemplo el Tratado utilísimo y muy general de todos los contratos (1583) de Francisco García; el Tratado sobre la virtud de la justicia (1540) de Bartolomé de Carranza; Contratos y usura, de Francisco de Vitoria; La justicia en los contratos, de Pedro Fernández; El derecho y la justicia (1594) de Domingo Báñez o el Arte de los contratos (1573) de Bartolomé de Albornoz (en preparación; pinchar aquí).

Mercado y Humanidades Clásicas

En una de las páginas web que suelo visitar, encontré una noticia sobre una carta enviada por el decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Lérida al Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, el Sr. Boi Ruiz. Éste, en un arrebato (poco usual en los políticos) de sinceridad exigía más enfermeros que licenciados en Filología Clásica, porque aquéllos vienen exigidos por el mercado y éstos, sin embargo, no podrán ser absorbidos por ese mismo mercado. La carta del Sr. Joan Busqueta, decano de la mencionada Facultad, mostró su indignación. El decano alegaba que el estudio tradicional del Griego y el Latín aporta unos valores que están en el fundamento de nuestra cultura (no sé si especificará "Occidental") y nuestro país (no creo que se refiera a España, sino a Cataluña, obviamente). En suma, quien se acerque a las Humanidades Clásicas (HHCC) "adquirirá la capacidad de romper con la tiranía del mercado y mejorar las condiciones sociales de nuestra existencia personal y colectiva". De nuevo, la tradicional cantinela que opone la mejora de las condiciones sociales de nuestra existencia personal y colectiva al mercado. Bicho tiránico, claro está.

Esta es la anécdota. Pero es una de las muchas que podría exponer. El hecho es que entre los profesionales de las HHCC el desprecio al mercado es un tinte de honor. O un tópico. En mi experiencia profesional, no recuerdo haber encontrado a ningún colega que mencione la palabra "mercado" como un factor que debe ser considerado esencial en el futuro de su profesión. El mercado es símbolo de la decadencia que nos rodea, de la pérdida de valores, del desprecio por la cultura y demás estigmas que cualquiera pueda imaginar.

Y así nos va. Aulas vacías y consideración social de ser una especie de antiguallas andantes.

La cuestión es otra, a mi parecer. Hay que buscar en el mercado lo que las viejas vías de presencia de las HHCC ya no permiten porque su tiempo ha pasado. Esas viejas vías eran exclusivamente el mundo de la docencia, fuera en el Bachillerato o en la Universidad.

A mi juicio, del mismo modo que se habla de disciplinas "aplicadas", se podría hablar de HHCC aplicadas. Hay algunos sectores en los que la presencia de los especialistas en HHCC se ha hecho un hueco diferente al tradicional y cuya presencia resulta valorada y rentable. Se trata de profesionales de la cultura. Hay clasicistas que trabajan en editoriales y fundaciones. Aunque en este aspecto, se debe constatar que el mundo de la gestión cultural en España es casi un monopolio estatal y su relevancia desde el punto de vista del mercado es escasa. En su inmensa mayoría, esas instituciones no son más que una muestra de competencia desleal. Si algún día la cultura en España fuera un asunto de la sociedad, no del estado, podríamos hablar del valor que los especialistas en HHCC poseen para rentabilizar la actividad cultural.

Lo más apasionante en esta materia surge cuando dirigimos la mirada, como siempre en nuestra época, a la luz que viene del otro lado del Atlántico. En los EEUU, hace tiempo que han sabido sacarle a las HHCC partido para el mercado. Los especialistas (majors) en HHCC tienen un campo de trabajo nuevo en ese ámbito. Y es el más prometedor. Hay libros, estudios, personas dedicadas a sacar partido de las enseñanzas eternas de los antiguos para aplicarlas a la empresa y a los negocios. Y lejos de ser un baldón para un clasicista, es una vía nueva que abre perspectivas amplias, sugerentes y esperanzadoras. En los EEUU contar con un major en HHCC es un tinte de prestigio para muchas empresas. Por supuesto, para que este contexto se dé hace falta que tanto el ejecutivo como el especialista en clásicas estén abiertos a nuevas perspectivas. Algo que en España es complicado, por hablar de algún modo.

Estas nuevas vías no anulan la antigua. Para que haya buenos aplicadores al mundo moderno del legado clásico, tiene que haber quienes los preparen. Ésta es la labor imprescindible de los Institutos y de la Universidad. Pero el número y presencia de sus profesionales debe ser acorde con las exigencias modernas. Luego, debe haber quienes estudien y sepan ofrecer a la sociedad aquellos aspectos útiles presentes en el legado clásico. Y qué mayor utilidad en la sociedad moderna que el mercado.

Lo peor es que me temo que si alguno de mis colegas lee estas líneas, pase un servidor a formar parte del clan de los apóstatas.

La insoportable levedad de Cebrián

Rememorando los tiempos en que un editorial de su querido diario marcaba un antes y un después de su publicación, Juan Luis Cebrián Echarri se puso atildadamente serio el pasado domingo para solaz de sus todavía numerosos lectores. Tras años de haber sido uno de los puntales del régimen que se derrumba "acosado por los mercados", se aprestó a servir un desayuno clásico entre los precocinados de su casa. Después de abrir boca, esa pieza tenía su continuación en un editorial el día siguiente que desempolvaba las viejas campañas del diario que se llamaba independiente de la mañana, no sin provocar una sonrisa que se tornaba carcajada entre los más avisados. Para estupor de muchos, la cabecera de la empresa de comunicación que ha obtenido más favores de los gobiernos españoles de los últimos cuarenta años –especialmente los socialistas, gracias a una alianza político mercantil muñida hace mucho tiempo- terminaba su catilinaria posmoderna reclamando al inquilino de La Moncloa que "si de verdad quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida".

Llama la atención la aparente contundencia de las exigencias si se repara en que casi todas las políticas del gobierno que han conducido indefectiblemente al actual estado de cosas han sido apoyadas de forma entusiasta por los editorialistas de los medios de comunicación del (otrora) emporio PRISA. No por casualidad, el moldeamiento de las mentes más permeables a la propaganda ha contado con su franca colaboración: la perpetuación de la mentira oficial sobre la masacre del 11M, el sometimiento implacable del poder judicial a los deseos del gobierno y la promoción de los elementos afines dentro de la judicatura, la manipulación de la historia para utilizarla como instrumento de propaganda a su servicio, la educación para la ciudadanía y la ocupación de la Universidad, la negación de la crisis o el escoramiento hacia posiciones negadoras de la realidad, el ensalzamiento de los trapicheos con los terroristas de la ETA y los tratos con los nacionalistas que subvertían el orden constitucional –por muy defectuoso que fuera-. Hasta patéticos proyectos gubernamentales como la "alianza de civilizaciones", que luego se tornó en guerra de Afganistán y loas a Obama.

Y, ahora, los artífices de la propagación de un infantilismo autocomplaciente que ha conducido a la zozobra actual se descuelgan con un reproche vanidoso, incapaces, por supuesto, de reconocer que sus errores intelectuales profundos la han hecho posible. Los que durante decenios han justificado a una bestia compuesta por miles de aparachitks y agit-props cómodamente instalados en el Estado y todos sus apéndices se descuelgan con un mohín hacia la guinda que ha colmado este infausto tinglado. Bien sea por los reveses en su cuenta de resultados particular, bien por celos o, simplemente, por la percepción de que el líder ya no sirve para detentar el poder y repartir prebendas, parece como si fueran los espectadores de un drama que se desata ahora. Como si ni hubieran contribuido decisivamente a crearlo.

Obviamente, durante estos años de inmensa frivolidad han surgido escaramuzas entre grupos de comunicación que han pugnado por los favores del Gobierno. Hace un par de años, cuando el grupo de sociedades Mediapro, de Jaume Roures Llop, lanzó su canal de gestión de pago "Gol TV" y consiguió acto seguido la gestión de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol, en gran parte debido a unos cambios legislativos auspiciados por sus amiguetes del gobierno, el consejero delegado de PRISA clamó airado que "nos oponemos a un decreto de urgencia anticonstitucional que no tiene otro sentido que no sea ayudar a sus amigos".

Dice "Janli": "Gentes de derechas, de centro y de izquierdas, antiguos comunistas y viejos franquistas arrepentidos, católicos fervientes y ateos recalcitrantes, mujeres, hombres, profesores, jueces, militares, diputados, periodistas e intelectuales reclamaban, con la serena parsimonia de su experiencia y la firmeza de su convicción, una recuperación del consenso y el pacto como únicas vías para salir del agujero en el que parece hundirse la sociedad española".

Las llamadas al consenso no son nada nuevo en situaciones extremas. Pero, aparte de que resultarían más creíbles si partieran de alguien que hubiera huido del sectarismo, debe explicarse sobre qué fundamentos pretende articularse. En las sociedades libres y plurales lo normal consiste precisamente en el debate de las ideas contrapuestas pese al reconocimiento de una base común mínima. Causa estupefacción y fundado recelo que quienes han seguido una estrategia de aniquilación del adversario totalizadora y maniquea se invistan ahora con un manto de vaporoso "consenso". Todo el mundo debía plegarse al programa de un neosocialismo hecho de retales anticapitalistas y antiliberales. Es más, esta sumisión debía extenderse a la renuncia a creencias religiosas tradicionales en España. De ahí su furibunda guerra ideológica contra la religión católica, la única que mantiene una influencia, aunque decreciente, sobre millones de individuos.

No faltan en la amalgama de Cebrián analogías de trazo grueso con la situación de países distintos y distantes, al modo de quien recibe multitud de informaciones, pero resulta extraordinariamente torpe para interpretarlas. Tampoco vacuos lamentos sobre "la falta de liderazgo, la resistencia al cambio de quienes ocupan posiciones establecidas (¡!) y la inflexibilidad de la respuesta frente a un mundo en continua ebullición".

Recogiendo el testigo de su augur, el editorial de marras continúa: "A la fecha nos encontramos con un país amenazado de ruina (atrapado en la vorágine de los mercados financieros desatada sobre Europa), sin perspectiva, con serios problemas de cohesión social y aun territorial (¡!), en el que cunde la desilusión entre los ciudadanos sin distinción de ideologías o de clase social".

Sin embargo, las demandas son contundentes solo en apariencia. Las pintorescas inspiraciones de Cebrián basculan entre la contumaz rememoración del mayo del 68, los acampados indignados, China, las nuevas tecnologías, una reforma constitucional que instaure un Estado federal culminando y corrigiendo el proceso de las autonomías, y cuestione la provincia como distrito electoral y establezca las prioridades para las próximas generaciones de españoles (sic). Un programa que reforme el sistema financiero y la modernización de las relaciones laborales (sin explicar en qué sentido). Notable es el guiño que el mandarín que es Cebrián hace al candidato "in pectore" del PSOE. Otro que, como nos cuenta Rodríguez Braun, parece que pasaba por allí.

Puestos a trazar comparaciones, se me ocurre que las lágrimas de cocodrilo vertidas por el diario global en español (sic) y su consejero delegado tienen muy poco que ver con la novela de Milan Kundera La insoportable levedad del ser. Más bien, se deben a la insoportable frivolidad de su ser y la vieja máxima de El Gatopardo: cambiar todo para que no cambie nada. Con Rubalcaba.

La aventura del capitalismo

El ex ministro del Interior se puso el disfraz de izquierdista y aseguró que "necesitamos regulación y control para que los mercados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés".

Pensando en estas palabras, que auguran nuevos aparatos burocráticos, una legislación más farragosa o dificultades crecientes para los empresarios españoles, me acordé de una cita de Milton Friedman, quizás el mejor propagandista que haya tenido el liberalismo en el último medio siglo (aunque sus teorías monetarias sean bastante discutibles, merece el reconocimiento de los amantes de la libertad).

El Premio Nobel norteamericano aseguraba en Capitalismo y libertad que "uno de los mayores argumentos contra el mercado es que proporciona a los individuos lo que quieren y no lo que un determinado grupo piensa que deberían querer. Por debajo de la crítica de la libertad económica hay una crítica a la libertad misma". Aunque parezca mentira viendo esta cita, casi seguro que el neoyorquino no estaba pensando en Alfredo P. cuando la escribió. Friedman pone el dedo en la llaga, porque el problema de los políticos intervencionistas es que no entienden el mercado y cuando lo hacen no les gusta, porque favorece la libertad individual a cambio de quitarles poder a ellos.

Precisamente, la semana pasada estaba en casa viendo la tele y me encontré con uno de esos fantásticos documentales británicos que, a veces sin quererlo, tanto nos pueden enseñar sobre las maravillas de una sociedad libre. Era un capítulo de una serie llamada El capitalista aventurero que protagoniza un tal Conor Woodman. Este tipo parece ser que era el clásico yuppie de la City londinense que un día decidió cambiar de vida porque se aburría en su trabajo. Su idea fue vender sus posesiones para financiarse una vuelta al mundo, algo que ya han hecho muchos otros antes que él. Sin embargo, Woodman pensó en incluir un pequeño cambio realmente curioso. Como no quería volver a casa un par de años después con las manos vacías, decidió que durante su viaje iría haciendo intercambios comerciales a lo largo del planeta, lo que le serviría para ir ganándose unas perrillas. También pensó en grabarlo y editarlo como documental, lo que ahora nos permite ver cómo transcurrió su aventura.

El programa es más una guía de viajes que un sesudo tratado sobre el capitalismo. Pero quizás por eso sea incluso más útil como elemento de aprendizaje. El capítulo que me tocó en suerte es uno en el que Woodman parte de Asia con la intención de llegar a México. En China, compra unas pequeñas tablas de surf hinchables (parecen juguetes para niños o principiantes). Con ellas se dirige a Acapulco, donde encuentra unos almacenes encantados de comprarle su mercancía por bastante más de lo que él había pagado al otro lado del Pacífico.

Ver todo el proceso de compra y venta es absolutamente revelador. En China, ofrece al fabricante un precio bajo (8 libras), puesto que él soportará el riesgo de la operación y, además, convence al productor de que es una buena oportunidad de introducirse en el mercado mexicano. Luego, en el país norteamericano, también es capaz de sacar un muy buen precio (14 libras), puesto que el producto que ofrece es nuevo, hinchable y fácil de transportar, lo que puede ser muy atractivo para las familias que abarrotan las playas de este centro turístico.

En total, Woodman saca unas 4.000 libras de beneficio. Y nosotros, unas cuantas conclusiones que a nuestros políticos parece que les cuesta asimilar. En primer lugar, comprobamos que el mercado es el reino de la libertad: nadie hará una transacción en la que no se vea beneficiado. Por eso, incluso cuando una gran multinacional vende algo al más pobre de los hombres, el intercambio tiene que basarse en la premisa de que los dos ganan. Si alguno no lo hace, no cerrará el trato.

El relato de este capitalista aventurero también nos enseña que los objetos tienen muy diferente valor según el lugar, la persona y el momento. Woodman posiblemente habría tenido más problemas para colocar las tablas en México en temporada baja y habría tenido que ofrecer un descuento. Y dentro de dos años, si su uso se ha popularizado, el productor chino probablemente le podrá apretar algo más las clavijas.

Desgraciadamente, está muy extendida la idea de que el comercio es un proceso en el que alguien tiene que ganar para que otro pierda. Ya en la Edad Media, se despreciaba a los comerciantes como parásitos sociales, que se enriquecían sin aportar nada a la sociedad. Se comparaba su actividad, aparentemente improductiva, con la de ganaderos, agricultores o artesanos, que supuestamente sí añadían valor al producto.

Sin embargo, nuestro protagonista nos muestra como el comercio nunca es un juego de suma cero. Todas las partes salen beneficiadas de la transacción. El fabricante chino valora más las 8 libras que sus tablas; el vendedor mexicano cree que podrá sacar más de esas 14 libras que ha pagado por ellas. Y Woodman acaba con un buen montante de beneficios, a cambio del riesgo soportado, de la iniciativa comercial, de su buen ojo como mercader y de su capacidad para convencer a sus interlocutores. Cada día hay miles de millones de transacciones en el mundo y cualquiera de ellas se basa en los mismos principios que las dos del programa.

Leyendo la web de Woodman, sabemos que en su vuelta al mundo consiguió un beneficio de 25.000 libras, es decir, que dobló la cantidad con la que salió de casa. Se lo tiene merecido. Ha arriesgado su capital, ha ofrecido un servicio y ha logrado su recompensa. Sólo los envidiosos podrían reprocharle algo.

También los políticos como Rubalcaba, temerosos de la libertad de sus ciudadanos. Viendo partes de otros capítulos es fácil darse cuenta de que son sus colegas repartidos por todo el planeta los que más trabas ponen a la tarea de Woodman, con absurdas regulaciones, aduanas, tasas, normas o laberínticos procedimientos burocráticos. Eso sí, si les preguntamos, cada uno asegurará que restringen nuestra libertad en nombre de la "seguridad", los "consumidores" o los "productores nacionales". Además, se revisten de la autoridad de los votos para arrogarse todos esos poderes.

Frente a esta actitud sólo cabe seguir trabajando, produciendo y comerciando. También merece la pena recordar las palabras de otro enorme liberal, Ludwig Von Mises: "El mercado es una democracia donde cada centavo da derecho a votar y donde se vota todos los días". El problema es que un ciudadano libre y que vota cada día quizás sea, precisamente, la peor pesadilla que cualquier político pueda enfrentar.

Es la insuficiencia de impuestos, estúpidos liberales

Una vez más, el gobierno español ha mostrado una notable pluralidad de opiniones respecto a las políticas económicas más deseables. La pluralidad está muy bien en muchos ámbitos, pero no es del todo recomendable cuando se refiere a las declaraciones de los policy-makers, quienes implementan las políticas. Principalmente porque de esta manera se genera inseguridad, falta de credibilidad e incertidumbre.

Esto viene al caso de la reciente controversia por las dispares declaraciones de miembros del gobierno sobre la subida de impuestos a los ejecutivos de la banca. Aprovechando que se sacaba el tema de los impuestos, José Blanco defendió la necesidad de incrementar los impuestos como forma de mantener un nivel adecuado de infraestructuras y de prestaciones sociales, repitiendo las declaraciones que ya hiciera el pasado año. "Nuestro país tiene que plantearse si con nuestros recursos y con la menor carga impositiva de la UE se pueden mantener las carreteras, los trenes y el Estado del bienestar", dijo en esta ocasión.

Cándido Méndez se apuntó al carro de la fantástica idea de subir los impuestos, asegurando que éstos "son un elemento fundamental para que funcione nuestro país". Afirmó además que hay que resolver la diferencia de 7-8 puntos que existe entre la presión fiscal entre España y sus socios de la UE.

Elena Salgado, sin embargo, negó que el gobierno vaya a subir los impuestos "en el corto plazo". Otra cosa distinta es que así vaya a ser. Tras decir el pasado año en febrero que los salarios de los funcionarios no se iban a tocar, uno tiene razones para la desconfianza.

Pero lo relevante para esta columna no es el batiburrillo de opiniones ni la confianza en sus promesas. Lo que quiero destacar es que tanto Blanco como Méndez han vuelto a sacar a la palestra el argumento de los bajos impuestos en España, haciendo uso de la presión fiscal. El problema para ellos (y otros muchos) es la insuficiencia de ingresos públicos, y no una estructura de gastos excesiva que solo podía sostenerse en periodo de burbuja económica.

Este argumento no es en absoluto nuevo en la historia económica española. Un argumento muy similar fue esgrimido por el economista español Antonio Flores de Lemus en su dictamen de 1929 sobre la conveniencia de implementar el patrón oro en España. En él, este autor recomendó olvidarse del rígido patrón metálico al considerar que la peseta no sería sostenible debido a que existían problemas estructurales, de entre los cuales destacaba, en última instancia, la insuficiencia endémica de los ingresos fiscales.

Ignoro cuánto hay de cierto en el juicio de Flores de Lemus acerca de las circunstancias de la época. Pero sí percibo una importante asimetría entre la gestión financiera que se considera deseable del Estado y la de los agentes privados. Pensemos en una familia de bajos ingresos que se dedica a llevar un ritmo de gastos por encima de lo que pueden financiar sus ingresos, viviendo por encima de sus posibilidades. A esta familia seguramente le recomendaríamos que restringiera sus gastos para ajustarlos a sus posibilidades. Sin embargo, con los Estados parece razonarse de la manera contraria: en lugar de restringir sus gastos, se les pide que aumenten sus ingresos para que puedan continuar con sus actividades de la misma manera que antes.

Volviendo a la actualidad, el problema con la tesis de Blanco y Méndez de que los impuestos son bajos en España es mucho más amplio que el que acabo de señalar. Precisamente a contrarrestar esta idea dedicamos el estudio comparado de fiscalidad del Instituto Juan de Mariana, titulado La falacia de los impuestos bajos en España. A través de distintos argumentos, como el análisis desagregado de las principales figuras impositivas o el uso de indicadores alternativos, tratamos de mostrar cómo el fijar la atención exclusivamente en la presión fiscal es errado. En esencia, señalábamos cómo este último indicador genera confusión al mezclar recaudación fiscal baja real (debida al elevado paro y la escasa productividad) con una inexistente baja imposición.

Tal y como concluía el informe, es conveniente repetir que nuestro país no necesita más impuestos, sino mayor empleo, productividad y dinamismo empresarial. Para ello, es prioritario llevar a cabo una serie de reformas estructurales como las siguientes: una reforma que realmente liberalice y flexibilice el mercado laboral y ayude a crear empleo productivo; reducir la pesada carga administrativa y burocrática que soportan empresarios y emprendedores en sus actividades generadoras de riqueza y empleo; y recortar drásticamente el gasto del sector público –que también debería ajustar sus cuentas a las circunstancias actuales– mediante el recorte ambicioso de programas de gasto y subvenciones o la racionalización del conjunto de las Administraciones Públicas con el objetivo de que el abultado déficit público no obstaculice la recuperación, y se devuelva la confianza a los inversores en la "marca España".