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La importancia de los vínculos débiles en las interacciones sociales

Cualquier persona interesada en el estudio de los órdenes sociales en general, y cualquier estudiante de las ideas de la Escuela Austriaca en particular, podría sacar un buen jugo de la lectura del artículo The strength of weak ties (La fortaleza de los vínculos débiles, de 1973), del sociólogo norteamericano Mark Granovetter. Así también lo creen autores actuales de esta tradición como Peter Boettke o Sanford Ikeda.

En este trabajo, publicado en el American Journal of Sociology, Granovetter realiza una importante contribución a la literatura sociológica de su momento, tratando de indagar en los nexos de unión que existen entre la realidad micro de las interacciones personales y el paisaje sociológico macro –como la agregación de aquellas– mediante el análisis de las redes o vínculos que emergen en el contexto social. Los fenómenos macro que busca explicar son el de la difusión y transmisión de la información, la movilidad social, la organización política y la cohesión social.

Si bien en la literatura existente hasta 1973 solía hacerse énfasis en la importancia de los vínculos personales de naturaleza fuerte –aquellos que exigen gran dedicación de tiempo, elevada intensidad emocional e intimidad, y fuertes servicios recíprocos–, la tesis de Granovetter es que los vínculos que mayor importancia tienen, tanto para los individuos como para las comunidades, son precisamente los débiles.

Un concepto clave en el trabajo es el de ‘puentes’, que serían aquellos nexos que sirven para conectar, y hacer más corto el camino, distintos círculos de amistad o relaciones personales, y que son cruciales para la difusión de la información y la influencia entre un grupo y otro. Sostiene que todos estos ‘puentes’ son vínculos débiles, y no fuertes. Así, concluye que, para que algo se difunda entre el mayor número de personas posible y atraviese una mayor "distancia social", los vínculos débiles son más efectivos que los fuertes, principalmente porque con aquellas personas con las que desarrollamos vínculos débiles, es más probable que se muevan en círculos de relaciones diferentes a los nuestros, con lo que pueden aportarnos mayor variedad de contactos e informaciones. Amplían así el abanico de realidades que están a nuestro alcance. En cambio, con los vínculos fuertes solemos compartir las amistades, y la difusión de la información tiene un camino mucho más corto.

Un campo muy fértil para aplicar estas ideas es el de las redes sociales y la difusión de información e ideas, cuestión que está de rabiosa actualidad tras las revueltas en el mundo árabe y las protestas de indignados en España. Todo grupo o movimiento que se precie, ya sea de liberales –tratando de difundir las ventajas de minimizar el poder, alcance y tamaño del gobierno sobre las actividades privadas– o de austriacos –tratando de difundir las ideas de esta tradición del pensamiento económico por el mayor número de foros posibles–, haría bien en tener en cuenta la importancia de estos vínculos débiles.

Pero tener presente estas ideas también puede ser útil para cualquier persona, independientemente de que pertenezca a un grupo o no. Como pone de manifiesto el autor con un estudio empírico acerca del mercado laboral, un mayor número de vínculos débiles puede proporcionar mayor probabilidad de encontrar empleo. Según el caso de estudio, el método más efectivo para encontrar un nuevo empleo era a través de contactos personales indirectos, personas con las que se habían contraído vínculos débiles.

En términos generales, una red intensiva en vínculos débiles puede proporcionar oportunidades que de otro modo permanecerían desconocidas. Al fin y al cabo, la transmisión de información a la que estas redes contribuyen es una de las bases de una economía de mercado exitosa.

España sí es Grecia y no es Suecia

Grecia adeuda ahora mismo más de 350.000 millones de euros. Casi un 160% de su PIB. Y aunque la cifra tendría que dejar sin aliento a cualquiera, su mayor problema es que no puede devolver ni los intereses de esta deuda. La UE lo puede disimular tanto como quiera, y el FMI le puede “obligar” a hacer las medidas correctivas que desee, pero el país está en quiebra. La nefasta gestión de sus gobernantes y el fraude que estos cometieron (entró en la UE falseando sus cuentas entre muchas otras mentiras), han provocado que el país heleno haya entrado en un punto de no retorno.

Su problema se agrava cuando vemos el bochornoso espectáculo de sus ciudadanos. Han sido complacientes durante décadas con el sistema que ahora repudian. Creen que no estamos en crisis, sino ante un robo. Pero a un pobre no se le puede robar porque no tiene nada de valor. Grecia nunca ha sido rica, solo vivía una ilusión de riqueza fundamentado en la deuda y dinero barato a la que ahora no quiere renunciar. Tal sistema de vida es insostenible ya sea a nivel particular, empresarial o de una nación entera.

España es Grecia en este sentido. Los movimientos vistos últimamente del 15-M y Democracia Real Ya, entre otros, muestran el mismo sentir que el de los ciudadanos griegos. El victimismo, las ideas trasnochadas ligadas al hedonismo e irresponsabilidad, y los nulos conocimientos de cómo funciona nuestro sistema fundamentado en el dinero barato y el nefasto sistema de gestión centralizado llamado Estado del Bienestar, nos dan soluciones absurdas para mejorar nuestro presente y futuro.

Suecia pasó por una crisis fiscal en los años 90. Se enfrentaba a la bancarrota o a hacer algo para solucionarlo. Modificó su Estado del Bienestar con privatizaciones, liberalizó su mercado interior y adoptó un sistema donde incluyó la iniciativa privada en la sanidad (el sistema de un solo pagador) y educación (cheque escolar). Está muy lejos de ser un sistema libre, pero tales cambios permitieron al país salir de la crisis.

España se enfrenta a un futuro negro. Por una parte, tenemos a la casta política que es incapaz de tomar medidas realistas y aún piensa en comprar votos para mantener sus privilegios a costa del ciudadano. Por otra parte, tenemos movimientos civiles irresponsables que no saben muy bien lo quieren excepto pedir más socialismo y más Estado Omnipotente. A esto se ha añadido otro actor: la figura fiscalizadora de los mercados internacionales que ya no se fían de ningún país y son extremadamente cautelosos a la hora de colocar sus inversiones. Ya no les sale gratis a los Gobiernos mentir y comprar votos irresponsablemente como hacían antes, pero tampoco saben manejar la situación actual. Todos los políticos del establishment son clientes cautivos de un ciudadano socialmente mal criado y de los exigentes mercados internacionales. Evidentemente los burócratas han tomado la única solución que se podía esperar de ellos: no hacer nada y exprimir las últimas gotas de riqueza que tiene el obseso Estado del Bienestar con más impuestos, multas y creación de funcionarios.

Solo hay una solución real para evitar el desastre, y es hacer una toma de conciencia. El sistema está mal. En Suecia se dieron cuenta a tiempo y eso les salvó momentáneamente. Nuestro estilo de vida va a cambiar de una forma u otra. Téngalo por seguro. Ahora tenemos la oportunidad de decidir si queremos que cambie a peor con más intromisión estatal (estilo Democracia Real Ya y modelo griego) u otorgando más libertad a la sociedad civil con un papel más proactivo en el manejo de la economía. El camino que tomó Suecia solo ha de ser el principio de una larga carrera a la independencia y a la responsabilidad económica y personal. Nuestro bienestar es demasiado importante como para que lo manejen los gobiernos, ya sean del estilo español, griego o sueco.

Nueva ofensiva contra la libertad de expresión

La libertad de expresión es un "bien" cada vez más escaso en los países bajo el mandato de presidentes adscritos al denominado Socialismo del Siglo XXI, así como en aquellos que están gobernados por políticos cercanos a ellos. Aunque el proceso comenzó hace ya tiempo, en determinados momentos se acelera el desmantelamiento de dicha libertad o vemos episodios que anuncian que esto va a ocurrir.

Aunque menos conocido fuera de sus fronteras que el Aló, presidente de Hugo Chávez, Rafael Correa tiene su propio programa televisivo creado a imagen y semejanza del protagonizado por el venezolano. Y fue en una emisión de este espacio, llamado Enlace ciudadano, donde el mandatario ecuatoriano se dedicó a arremeter contra los medios de comunicación privados que no le son afines y realizó dos afirmaciones sumamente preocupantes para la libertad de expresión. Por una parte, propuso que aquellos periodistas que proporcionaran informaciones erróneas pudieran ser sancionados. Por otra, anunció que va a actuar para tratar de impedir por ley que los medios de comunicación "puedan decidir qué información emiten o no".

Correa pide la sanción por equivocarse para los que él llama "periodistas mala fe". El problema es cómo se decide si es un mero error involuntario o una tergiversación consciente. Como es prácticamente imposible saberlo, la discrecionalidad a la hora de imponer castigos sería absoluta. Y aunque no fuera así, esto no es admisible. Ni tan siquiera la mentira en los medios debería ser punible. El mal que causa cualquier restricción a la libertad de expresión es siempre mayor que aquel que pretende evitar.

Pero más tremendo aún es negar el derecho a decidir qué información se emite o no. Esto incluye censura, por supuesto, pero tiene consecuencias más novedosas y crea una inseguridad aún mayor. Un medio o un periodista sería castigado no sólo por informar sobre algo de lo que está prohibido hacerlo. Podría ser sancionado por no informar sobre algo en concreto, con independencia de que lo valorara como algo poco importante o quisiera silenciarlo por otro motivo. La discrecionalidad del poder en este caso sería absoluta y se convertiría en una permanente espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas.

Más estrambótico que Correa, Evo Morales también ha hecho unas declaraciones que hacen temer un nuevo retroceso de la libertad de expresión en Bolivia. Fiel a su estilo, lo ha hecho de manera que puede hacer dudar sobre su capacidad intelectual. El presidente boliviano ha dicho: "Yo estoy seguro en un 60-70 por ciento, si hay divorcio, es por culpa de las novelas" (televisivas). Para rematar, ha añadido que "por culpa de las novelas, hombres y mujeres nos ponemos los cuernos".

Más allá de lo poco ortodoxo en las formas, esto hace temer un incremento del control político sobre los contenidos televisivos. Máxime cuando, acto seguido, propuso que los medios eliminen "las películas de violencia, de terrorismo, que traen problemas a las familias" y que, además, emitan "de forma gratuita" mensajes educativos. Esto último significa, no nos engañemos, la obligación de emitir contenidos impuestos por el estado para el adoctrinamiento de los ciudadanos.

Son sólo dos ejemplos del retroceso permanente de la libertad de expresión, y cualquier otra libertad, en los países del eje bolivariano o con gobiernos cercanos a ese grupo. Incluso en España, donde el Gobierno sigue adelante con su plan de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este, nombrado por el Parlamento, tendría capacidad de sancionar a los medios por múltiples motivos sin tan siquiera tener que presentar el caso ante un juez. Todo, eso sí, en nombre de la defensa del pluralismo y la verdad.

El despropósito económico de los indignados

A saber, su conocida oposición a eso que han venido a llamar el Pacto del Euro, trasunto de aquel universalmente vituperado –algunas veces con razón– Consenso de Washington. Es lógico: cuando tomas las principales ciudades de un país y asaltas sus parlamentos, lo normal es que el foco de atención se mueva ligeramente. Pero bueno, atendamos su petición y fijémonos en lo que juran que es la sustancia de su movimiento.

No seré yo quien defienda el Pacto del Euro, más que nada porque eso de que los contribuyentes alemanes y franceses sigan recapitalizando a su banca tratando de evitar que los manirrotos Estados periféricos quiebren, no me parece ni moral ni económicamente acertado. La solución de verdad pasaría, por un lado, por una desamortización de todos los bienes que todavía acaparan esos Estados manirrotos para reducir drásticamente su endeudamiento (ahí está el caso de Grecia, que acumula activos por valor de 300.000 millones de euros, para una deuda de 350.000) y, por otro, por una reducción enérgica de su presupuesto con tal de eliminar su déficit.

Pero los indignados, que de querer –eso decían para quien quiso creerlos– regenerar la democracia española han pasado a pretender rediseñar los balances de todos los Estados y bancos del planeta, no proponen nada de todo esto; al contrario, el programa económico de Democracia Real YA se reduce a exigirle a Europa que nos sigan dando el dinero de sus contribuyentes a fondo perdido con tal de que la fiesta no se acabe. Que no otra cosa es su rechazo al Pacto del Euro: "denos dinero pero no nos exijan ningún compromiso verosímil para que se lo devolvamos". Ni reducciones de gasto ni liberalización de la economía. Nada. Las cosas deben quedarse como están, y si a Zapatero se le ha acabado el dinero, que apoquinen Merkel y Sarkozy (es decir, los sufridos contribuyentes teutones y galos).

Porque si no aceptan ni recortes en el gasto público, ni aumentos de ciertos impuestos como el IVA o Sociedades (en esto, vaya, sí coincidimos), ni una reforma del mercado laboral que se cargue los convenios colectivos para permitir que vuelvan a surgir oportunidades de negocio, ¿cómo pretenden que salgamos de ésta? Sí, de ésta, porque por si alguien no se ha dado cuenta, estamos al borde de la suspensión de pagos.

Recapitulo por si hay algún despistado indignado: los países periféricos, Grecia y España entre ellos, tienen un déficit público de alrededor del 10% del PIB. Eso significa que los impuestos que abonan sus ciudadanos no dan para cubrir los desproporcionados gastos de sus Estados niñera y metomentodo. De ahí que sean los ahorradores extranjeros –esos especuladores canallas que tan poco les gustan– los que nos estén prestado su dinero para que sigamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Pero ojo, si nos lo prestan es para que se lo devolvamos algún día –normal, ¿no?–, y para devolvérselo tenemos que abandonar el déficit y amasar un cierto superávit. Mas, ¿cómo generar un superávit si, siguiendo las propuestas de los indignados, el Estado no puede ni reducir gastos, ni aumentar impuestos ni liberalizar la economía?

Mal asunto, sin duda. Entre otras cosas porque si los ahorradores internacionales se convencen de que no vamos a poder pagarles –idea a la que los indignados están contribuyendo notablemente–, dejarán de prestarnos ese 10% del PIB que actualmente nos están prestando. ¿Y qué significaría eso? Pues que ya podemos olvidarnos de tímidos y progresivos ajustes en el gasto público: de golpe y porrazo, habrá que meterle un tajo del 25% a nuestro gasto público (que a eso equivale el 10% del PIB que se nos está prestando). ¿Se lo imaginan? Pues eso es lo que conseguiremos haciéndoles caso a los indignados.

Y es que, al cabo, puestos a indignarse, ¿no sería más razonable hacerlo contra los políticos y el sistema económico –Estados enormes, un muy intervenido sistema financiero y relaciones laborales tomadas por los sindicatos– que nos han abocado a esta desesperada situación? Parece que no: lo que les indigna no es que hayamos malvivido una década de prestado, sino que ahora toque darnos un baño de realismo y comenzar a pagar nuestras deudas.

La errónea regla monetaria de los índices de precios

La pauta de actuación más seguida por los bancos centrales a la hora de determinar su política monetaria es la estabilización de algún índice general de precios. Primero se define una cesta de bienes cuyo precio se pretenda monitorizar; acto seguido se establece el objetivo de fluctuación del índice de precios; y, por último, se compara la variación real del índice con el objetivo: si aumenta por encima del objetivo, se relajará el ritmo de expansión crediticia, si lo hace por debajo o incluso decrece, se intensificará.

Parece claro que el banco central que adopte semejante regla monetaria o bien considera que el objetivo último de su actividad es influir en el nivel de precios o bien asume que la evolución de ese nivel de precios es el parámetro que mejor permite regular otras variables relevantes del sistema económico, como la liquidez de la banca o la estabilidad macroeconómica.

Pero en el diseño de la regla monetaria y en la fijación de sus objetivos ya observamos sus principales defectos: el índice de precios es arbitrario (por lo general, multitud de precios, especialmente de activos, quedan fuera), la tasa de variación óptima de ese índice también es arbitraria (los hay que prefieren una ligera inflación, otros una estabilidad absoluta y algunos una cierta deflación), y la relación entre las decisiones de política monetaria y los cambios en el índice es cuando menos difusa.

Este último punto es muy probablemente el más débil de las políticas monetarias de estabilización de precios. Y lo es en un doble sentido: un índice de precios acorde al objetivo prefijado no garantiza ni la liquidez bancaria, ni la minimización de desequilibrios macroeconómicos, ni siquiera la estabilización de precios en un sentido lato (entendido como la totalidad de los precios, también de aquellos que quedan fuera del índice); una política monetaria expansiva por parte del banco central no arroja en cualquier contexto un incremento del índice de precios (si la destrucción de crédito privada en otras partes de la economía supera la creación que efectúa el banco central) al igual que una política monetaria contractiva tampoco arroja necesariamente una desaceleración del índice de precios (si la demanda privada de crédito es muy elevada y el resto del sistema bancario está en condiciones de inflarlo).

Así pues, tomar como referencia de la política monetaria un índice de precios tenderá a arrastrar al banco central a errores sistemáticos. Su política monetaria podrá ser tan expansiva como para que la liquidez bancaria se degrade de manera acelerada o como para que el precio de ciertos activos se incremente muy sustancialmente, pero si el índice de precios no supera el umbral de inflación permitida, no optará por enfriarla. Es justo lo que sucedió con la Gran Depresión y la Gran Recesión: los bancos centrales creyeron estar actuando rectamente debido a que el IPC se mantenía dentro de los límites fijados como razonables (debido a los aumentos de productividad que compensaban en parte el crédito inflacionario), pero mientras tanto se estaban gestando una enorme burbuja de activos (en la bolsa o en la vivienda, dos precios excluidos del IPC) y una inquietante degradación de la liquidez bancaria que, finalmente, colapsaron en forma de crisis.

Por supuesto, incorporar, como se estudia hacer ahora, al índice de referencia los precios de todos los activos de la economía permitiría corregir levemente las distorsiones de juicio a las que este indicador nos aboca. Pero tampoco sería la panacea: lo preocupante de las crisis no son los incrementos de precios per se, sino la formación de burbujas con base al crédito. Y para detectar una burbuja hay que ir más allá de los aumentos de precios: es pertinente recurrir al uso de distintas ratios (de manera muy primaria, la relación entre las rentas futuras y el precio presente del activo, o PER) y, sobre todo, a un juicio analítico con perspectiva empresarial; pero ninguno de estos elementos puede incluirse en un índice de precios. Ello por no hablar de la circunstancia de que no todas las burbujas vienen ocasionadas por expansiones del crédito, lo que nos podría llevar a la torpe decisión de que el banco central restrinja el crédito para tratar de calmar el apetito especulativo de algunos agentes económicos.

En definitiva, la política monetaria basada en la estabilización de un índice de precios está condenada al fracaso. Primero porque, observando las variaciones del índice, no queda claro cuándo la economía realmente necesita facilitar o restringir el crédito –como ha sucedido en las grandes fases de auge artificial de un ciclo económico–; y segundo porque, una vez decidido en qué dirección queremos influir la evolución del índice, no es ni mucho menos seguro que la política monetaria del banco central vaya a conducirnos por ese camino –como ha sucedido en las grandes fases de depresión de un ciclo económico–. Al final, pues, con este tipo de regla monetaria ciega ante la realidad económica subyacente seguiremos padeciendo expansiones o contracciones crediticias excesivas.

No hace falta estar indignado

Colocar los sentimientos en el centro de la política, algo que tiene perversos antecedentes, cortocircuita el uso de la razón. Los sentimientos desatan la acción que, con un ánimo más sereno, se deja guiar por las normas de la moral y la razón. Sería en extremo chocante que un movimiento que se coloca el cartel de la indignación no derivara en una violencia abierta. Tenuemente amenazadora, en sus primeras horas, y creciente a medida que sus acciones cubren con impunidad el vacío dejado por la respuesta del Estado. Es un ejemplo de cómo la proscripción de la violencia ampara y fomenta la violencia.

A pesar de las asambleas sin fin y de los debates en Internet, los indignados parecen adolecer de una falta de claridad de ideas. No es ya por qué se indignan o al menos por qué protestan. La confusión se da también en cuáles deben ser los medios para encauzar esa protesta. El grito más repetido, y el que tiene más coherencia con sus acciones, es el de “no nos representan”, proferido ante los políticos electos y acompañado de violencia. Pero sus fines, que exigen más control de la vida ciudadana por la política, son contradictorios con el discurso antipolítico. Muestran cierta violencia, pero no la suficiente para una revolución. Piensan en cambiar las cosas por medio de la opinión pública, pero su mensaje es confuso y contradictorio. Es una rebelión estéril.

Pero hay una alternativa. Por lo que se refiere a los fines, la rebelión puede buscar que los políticos nos dejen en paz. Que nos dejen, como trabajadores, llegar a un acuerdo con los empresarios en los términos que a ambos nos compensan. Que nos permitan como padres elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, o que nos permitan educarnos a nosotros con plena libertad. Que nuestro consumo dependa de la libre oferta de los productores, nuestras preferencias y nuestra disponibilidad económica, sin las prohibiciones y regulaciones impuestas por el Estado. Que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo sin que nos lo quite el Estado. Que nos dejen disponer de nuestro sueldo para elegir la forma de proveernos de capital para el futuro. Que no se violen nuestras libertades con la excusa de la lucha contra el crimen. Que no se cercene nuestra libertad de expresión o la de aquellos medios que nos gustan. Los ejemplos, por desgracia, son innúmeros.

Por lo que se refiere a los medios, no hay que recurrir a la violencia. Basta recordar nuestro derecho a la desobediencia civil. El Estado nos impone normas que invaden nuestros derechos, cercenan nuestras libertades y nos roban nuestro tiempo y nuestro dinero. Son injustas. Somos dueños de nuestros derechos y podemos ejercerlos, contra tales leyes. Como dice Thoreau, el gobierno “no tiene la vitalidad y fuerza de un solo hombre: porque un solo hombre puede doblegarlo a su antojo”. No hace falta recurrir a la violencia, basta con la resistencia pacífica. El poder del Estado se basa en la violencia. Pero tiende, entre la violencia y el cumplimiento de sus objetivos, un manto de legitimidad que en la mayoría de los casos es falso. Descubrámoslo con la desobediencia; pacífica, esto es. Tenemos el derecho a ignorar al Estado, si no es un instrumento de nuestra conveniencia. Muchos ya lo hacen.

Además, los indignados tienen un problema de representación y legitimidad. Ellos no aceptan a los políticos como representantes suyos. Y no tienen por qué, el derecho a sentirse representado es enteramente suyo. Claro, que lo mismo ocurre con sus asambleas y sus portavoces. En una rebelión de verdad, basada en la desobediencia pacífica, este problema se disuelve. Cada uno se representa a sí mismo, que es quien se niega a cumplir las leyes.

Aunque para todo ello no hace falta estar indignado. Pero sí es necesario tener una idea clara de cuáles son nuestros derechos, de cómo los viola sistemáticamente el Estado y de cómo éste se interpone constantemente en la consecución de nuestros fines.

¿Doble crisis mundial? No, la misma

En octubre de 2009 Estados Unidos salió de la recesión y los economistas del establishement afirmaron que una vez acabada la recesión, había acabado la crisis. Una bobada en toda regla.

Los economistas que dan explicaciones macroeconómicas a la evolución de un país suelen basar "su realidad" a través del crecimiento puro y duro sin prestar importancia a factores tan de base como por ejemplo el desempleo. Una encuesta realizada la semana pasada afirmaba que el 89% de los estadounidenses cree que la economía se encuentra en mal estado. ¿Se equivocan los economistas o la gente? Las recetas para la recuperación de Estados Unidos han sido más gasto, más funcionarios y más dinero en el mercado nacido de una imprenta (QE1 y QE2, a nivel más técnico). ¿El resultado? Bueno, la inyección de dinero de la Reserva Federal solo ha servido para disparar las materias primas, inanición en el tercer mundo y crear una inflación desbocada en las bolsas (en los últimos dos años el S&P y el Dow Jones se han doblado). Bernanke solo hace que calentar la próxima crisis. En Estados Unidos se está creando la figura del desempleado de larga duración. ¡Menuda salida de la crisis!

Ahora los mercados necesitan más. Más droga que les alimente. Esto es, como un yonki con el síndrome de abstinencia, piden a la Reserva Federal más dinero en el mercado con un QE3. Con el fin de los "estímulos", las bolsas de Estados Unidos no paran de bajar presionando a Bernanke para que vuelva a estimular la economía indefinidamente. Muchos analistas ya apuntan que si no hay QE3, el S&P puede llegar a los 1.000 puntos, lo que significa bajar un 20% respecto a cuotas actuales. ¿Todo el descomunal despilfarro ha servido de algo? De nada. ¿Servirá de algo repetir lo mismo? Lo empeorará todo más. La inflación de los bancos centrales no crea productividad, ni riqueza. Al revés, es el verdugo de ambas.

Es más, las cosas empeoran. Dos datos recientes. El indicador ECRI, que mide la tendencia de los ciclos americanos y que por el momento no ha fallado jamás, muestra una desaceleración de la economía. Como afirmó Lakshman Achuthan, uno de los fundadores del índice: ECRI nos dice que solo hay una tendencia, la bajada.

Está ocurriendo lo mismo con la vivienda donde las caídas desde máximos superan el 30%, pero el panorama no es bueno. Robert Schiller, co-fundador del índice del precio de la vivienda Standard & Poor’s/Case Shiller, afirma que el sector inmobiliario podría caer una media adicional del 20%; lo que sería una bajada superior a la de la Gran Depresión.

¿Y si Estados Unidos está así, cómo va Europa? Los acontecimientos europeos están más dentro del mundo de la política que del merado. No es un terreno apto para economistas ya, sino para politólogos. Después de un año, aún nadie sabe qué va a pasar con Grecia (la actual turbulencia de los mercados europeos se debe básicamente a esta cuestión). Entre la UE, Alemania y resto de países están mareando la perdiz mientras el viejo continente se va a pique. Los políticos han estado perdiendo el tiempo con recetas de gasto, ridículos recortes y aumento de la recaudación. Las medidas que preparan tampoco servirán de nada.

Este segundo semestre de año promete. Promete más incertidumbre, más pobreza y más penurias. No es tan difícil arreglarlo. Solo es cuestión de dejar a la economía civil que actúe en lugar del Gobierno. Si hubiesen dejado quebrar todos los malos bancos y disolverse las malas inversiones para dar más participación a la libre iniciativa privada restándola de la estatal, ya no hablaríamos de segundas crisis o continuación de la misma, sino de evidentes recuperaciones.

La sociedad abierta y sus enemigos

El filósofo Karl Popper describió magistralmente las dificultades que enfrenta nuestra civilización en su libro "La Sociedad Abierta y sus Enemigos". Los "indignados" del Movimiento 15M deberían leer esta obra intelectual que critica el "historicismo" determinista y explica el proceso de lenta transición sociocultural desde una sociedad tribal (o cerrada) de decenas o cientos de individuos hacia una sociedad abierta (o civilizada) caracterizada por la interacción en libertad de millones de ciudadanos.

En el año 1945, Popper explicaba cómo se pueden producir involuciones que son "guiadas" por la ingeniería social utópica de colectivos que difunden prejuicios, anatemas y falacias que, si se imponen, imposibilitan las reformas que conducen hacia mayores cotas de libertad y democracia.

Conviene recordar cómo, bajo la demagogia populista del "peronismo", la bella Argentina abandonó el club de los países desarrollados durante la segunda mitad del siglo XX y, lamentablemente, el proceso de emigración de argentinos brillantes y emprendedores ha sido incesante desde entonces. Y, desde luego, conviene observar con atención otros procesos de involución institucional aún más agresivos como los que padecen Venezuela, Ecuador o Bolivia.

El maremágnum de ideas utópicas, la carencia de propuestas concretas más allá de cuatro parrafadas, los intentos de manipulación desde grupos de extrema izquierda, la estética radical y las recientes performances en las sesiones de investidura de los Parlamentos y Ayuntamientos han terminado por desenmascarar un movimiento de "democracia asamblearia" que parece determinado a llevarnos hacia la argentinización de España.

Las últimas encuestas [1][2] muestran una elevada desafección ciudadana con los partidos políticos, las ideologías y la casta dirigente y, al menos inicialmente, cierta simpatía hacia los "indignados" del Movimiento 15M, que ha ido descendiendo aceleradamente después de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo.

Por ello, algunos entendemos que lo mejor que pueden hacer los indignados es organizarse legalmente en un partido político y ofrecer sus propuestas al conjunto del electorado por los cauces legalmente establecidos, actuando de forma pacífica y respetando a las demás personas, sin presiones ni coacciones callejeras, y sin molestar ni increpar a los ciudadanos.

Ante el descontrol de las movilizaciones acaecidas, resulta conveniente recordar a Popper en estos momentos, porque señalaba cómo los marxistas llaman ‹‹mera libertad formal›› a la democracia para justificar el incumplimiento del ordenamiento jurídico establecido:

Esta ‹‹mera libertad formal››, es decir, la democracia, el derecho del pueblo a juzgar y expulsar del poder a sus gobernantes, es el único medio conocido para tratar de protegernos del empleo incorrecto del poder político, su esencia consiste en el control de los gobernantes por parte de los gobernados.
(Popper, 2010: 342).

Y, efectivamente, la democracia constituye la base de la libertad de los ciudadanos siempre que arraigue con una estructura institucional que proteja de modo eficiente los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley por encima de las actuaciones de los Gobiernos y Parlamentos de turno.

Sin embargo, se constituyen en enemigos de la sociedad abierta los intervencionistas "de todos los partidos", e incluso de fuera de los mismos, porque critican el régimen democráticamente establecido para defender menos libertad, más Estado, más impuestos y expropiaciones y, si se les permite, movilizaciones y revoluciones para tomar el control de la calle y lograr por la fuerza el poder que les niegan las urnas.

Por otro lado, después de observar los eslóganes y protestas de los "indignados", es preciso recordar como Karl Popper señalaba que:

… debe desecharse el dogma de que el poder económico se halla en la raíz de todo mal, sustituyéndolo por la concepción de que han de tenerse en cuenta todos los peligros derivados de cualquier forma de poder incontrolado.
(Popper, 2010: 343).

Y otro tanto ocurre con las instituciones morales como la familia, el lenguaje, el dinero, el comercio, el mercado o la banca, cuando no son comprendidas y acaban siendo irracionalmente atacadas por "revolucionarios" que pretenden "guiar" el orden social según sus utópicas convicciones de lo que "debería ser" una sociedad.

Por mucho que los "indignados" del mundo no alcancen a entenderlo racionalmente, esas instituciones han sido generadas en un proceso de lenta evolución sociocultural, de un modo espontáneo y situado a medio camino entre lo racional y lo irracional, permitiendo al ser humano progresar desde los primitivos órdenes tribales de convivencia y economía de subsistencia hasta un orden extenso, complejo y abierto de colaboración que constituye la sociedad civilizada.

No deseo castigar en exceso a aquellos ciudadanos bienintencionados que se hayan sumado al movimiento 15M por motivos fundamentados como, por ejemplo, protestar por la deriva intervencionista de las autonomías, o por los privilegios y prebendas de la casta política. De hecho, aunque pecaban de generalistas y poco elaboradas, algunas conclusiones finales parecen sensatas cuando reclaman separación "real" de poderes, independencia judicial, control de las decisiones de los políticos (referéndum) o mejora del sistema electoral.

Sin embargo, entiendo que algunos deben aprovechar el verano para leer mejores libros que el panfleto político ¡Indignaos!, de Stéphane Hessel, para poder reflexionar con seriedad, porque las reformas que necesita España deben ser coherentes con el desarrollo socioeconómico.

De hecho, existe un único camino para salir de la crisis institucional que, nuevamente aludiendo a Popper, nos insta a "interpretar la historia del poder político desde el punto de vista de nuestra lucha por la sociedad abierta", y solicita de los ciudadanos un permanente racionalismo crítico para "la defensa y el fortalecimiento de aquellas instituciones democráticas de las que depende la libertad" (Popper, 2010: 491).

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La “democracia real” es sinónimo de marxismo

La democracia representativa ha sido objeto de numerosas críticas desde su implantación. La denominada "crisis de representación" o de "legitimidad" ha sido frecuente objeto de estudio en el seno de las teorías neomarxistas (Macpherson, Barber, Bachrach, Pateman o Green, entre otros). Estos autores reclaman sustituir la representación actual por una "democracia directa", que permita una plena participación ciudadana en el ámbito público. Se trata, pues, de una perspectiva de análisis puramente democrática, que nada tiene que ver con la limitación del poder estatal y la defensa de libertades, ya que tan sólo se centra en cómo elegir representantes y elaborar leyes.

Este debate no es nuevo. A finales de los años 60 y principios de los 70, los indignados de entonces ya reclamaban una "democracia de audiencia". Y ello se explica por varios motivos: los militantes dejan de ser esenciales para la estructura partidista; la irrupción de nuevos medios de comunicación implica un tipo de campaña más centrada en candidatos que en programas; los partidos de masas se transforman en "catch-all" tras la II Guerra Mundial, lo cual conlleva su desideologización, un fortalecimiento de los dirigentes y la búsqueda de un electorado más amplio; el fuerte crecimiento de las rentas medias erosiona la conciencia de clase y se van así difuminando los clichés partidistas; el surgimiento de nuevas demandas sociales (valores postmateriales como el medio ambiente o la igualdad) son difíciles de formular sobre la base exclusiva de un partido y, como resultado, surgen nuevos movimientos que le restan protagonismo.

El electorado se ha ido haciendo más heterogéneo y menos abarcable. Además, el ciudadano posee nuevas herramientas para llevar a cabo acciones políticas por su cuenta y más autonomía y nuevos valores, lo cual provoca una mayor expectativa de participación al margen de los partidos. Todo ello configura la tan manida  "desafección" hacia las tradicionales formaciones, según esta visión neomarxista.

Y puesto que la actual legitimidad política deriva de la satisfacción de los ciudadanos, tales teóricos reclaman una mayor participación de éstos en el sistema. Su alternativa es la "democracia participativa". ¿Cómo? Permitiendo que los grupos afectados por una decisión o ley participen en el proceso de elaboración de la misma, aumentando el número de decisiones sometidas a su voluntad, ya sea vía referéndum o "democracia virtual" (voto electrónico); consultas periódicas; programas y procesos de deliberación en el seno del partido previos a la toma de decisiones; buzones de demandas…

Asimismo, pretenden establecer nuevos mecanismos de control para que los políticos sean sancionados si los electores no están satisfechos con su actuación. Entre sus propuestas, destacan las siguientes: listas abiertas; creación de agencias estatales independientes dotadas de autoridad para emprender acciones, controlar y sancionar actos u omisiones ilícitas de otros agentes o entes del Estado; intensificación de los mecanismos de control del Parlamento; rendición de cuentas; democracia interna en el seno de los partidos, etc.

Así pues, todas estas medidas se centran en cómo involucrar más a los electores en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como partidista. Y es que, según esta corriente, la participación implica el control ciudadano del poder. Si se fijan, todos los acampados de Sol, el movimiento "Democracia Real Ya", firmarían punto por punto este tipo de reivindicaciones. De hecho, han lanzado propuestas muy similares, centradas tan sólo en cambiar los cauces de participación política.

Son éstas, precisamente, y no tanto las medidas sociales y económicas concretas -claramente izquierdistas, por cierto-, las que han aglutinado un apoyo mayoritario entre la población y los grandes medios. Sin embargo, pese al consenso que parecen aglutinar, no dejan de ser peligrosas ideas neomarxistas de consecuencias desastrosas. En este sentido, cabe recordar que democracia y liberalismo significan cosas muy distintas y, si bien el actual modelo representativo tiene ya muy poco de liberal, la "democracia directa" o "pura" no es más que otro traje para vestir al Estado totalitario.

Ya era hora

En rueda de prensa posterior aclararon que en dicha organización había dos niveles de usuarios: los que se limitaban a apuntarse a echar abajo los sitios web y quizá comentar en foros y chats y quienes montaban esos chats, preparaban las web donde se hacían los llamamientos, etc. Los tres detenidos formaban parte de este segundo grupo, al que han calificado de cúpula a falta de un nombre mejor.

Pero fuera de esta anécdota, que muchos fanáticos del vandalismo digital han querido elevar a categoría, lo relevante es que son las primeras detenciones desde que el Código Penal incluyera en su tipificación el delito de ataque informático que incluye penas de seis meses a tres años para quienes "obstaculicen o interrumpan" el funcionamiento de un servicio informático ajeno. Dado que el sentido de la ley es protegernos del daño que nos puedan provocar terceros, parece increíble que hayamos tenido que esperar tanto para que se persiga un comportamiento que tan claramente entra en este concepto.

Sin embargo, se está popularizando en exceso la idea de que, mientras no se emplee la violencia, actos como los que comete Anonymous contra diversos sitios web o los protagonizados por los acampados de Sol y otras plazas son legítimos. Es más, como con sus actos parecen haber logrado más atención que la acaparada por quienes se han manifestado estos últimos años respetando los derechos de los demás, como las víctimas de terrorismo, sería la forma recomendable de protestar.

La violencia es sólo una forma de atacar nuestros derechos, especialmente grave, pero no la única. Si siguiéramos el razonamiento de estos iluminados, los carteristas y timadores en general podrían hacer su encomiable labor, que tantas buenas películas y series ha provocado, ya que no pegan a nadie cuando le roban. De hecho, los partidarios de los perroflautas y okupas de Sol ni siquiera podrían quejarse contra los políticos corruptos, que tampoco es que vayan por la calle con el bate de béisbol atizando a diestra y siniestra. El Código Penal está repleto de delitos en los que la violencia física no juega ningún papel. Es el caso del ataque informático, que ya tardaba en estar tipificado.

Ni tomar las plazas, ni las calles, ni montar algaradas callejeras ni reventar sitios web son medios aceptables, sean cuales sean los fines. Poner silicona en las vías de acceso a la web no puede estar permitido en un Estado de Derecho. Esperemos que los jueces, si las pruebas demuestran lo que la Policía dice que demuestran, nos confirmen que España está un poco más cerca de ese ideal.