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Los empresarios tienen pánico a contratar… ¡y con razón!

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Los empresarios tienen pánico a contratar. Esto es lo que dijo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el gobernador del Banco de España. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo.

La lástima es que luego dice aquello de "flexibilizar el mercado laboral manteniendo la protección social" (ya se sabe que el Estado del Bienestar es sagrado e intocable). Esto es un sinsentido intelectual y moral, una contradicción en sí misma, porque son precisamente las supuestas medidas para conseguir esa "protección social" las que producen que exista más destrucción de empleo y que los obstáculos para crearlo sean insalvables.

Por mucho que nuestros sabios gobernadores, economistas, intelectuales y políticos nos den grandes discursos sobre la reducción de empleo, el mercado laboral y nos hablen de las grandes utopías de la humanidad, la realidad diaria es la que es.

Y lo que nos encontramos en el día a día no es que los empresarios no contraten porque son avariciosos o porque los bancos no den crédito. Las razones por las cuales los empresarios no contratan son sencillísimas de entender:

1.- La Seguridad Social que tiene que pagar la empresa por los trabajadores

Las cuotas de la Seguridad Social que la empresa debe pagar le suponen un aumento de costes laborales del 35% (de media). Brutal. La empresa no puede disponer de ese 35% para mejorar su negocio. Debido a este incremento espectacular en los costes, la mayoría de PYMES ven reducidos sus márgenes hasta el punto en que una gran cantidad de negocios acaban cerrando. Y hace que la mayoría de las empresas que empiezan no puedan ser viables. Así de simple. Aquí no hay poesía.

2.- Las indemnizaciones que deberá pagar la empresa en caso de despido

Por si fuera poco el elevado incremento que suponen las cuotas de la SS para la empresa, el empresario debe correr el riesgo de tener que desembolsar mucho dinero en caso de tener que despedir al trabajador. Abaratar el despido haría que la contratación de nuevos trabajadores aumentase automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable). Las indemnizaciones son otro evidente motivo para tener pánico a contratar a alguien.

3.- Los convenios y negociación colectiva

Las negociaciones individuales entre trabajadores y la empresa no son posibles. En su lugar, estas negociaciones deben hacerlas los "representantes" de unos y de otros. Lo que acaba pasando es que los salarios no pueden adaptarse a la situación concreta que atraviese la empresa. ¿Y esto que significa? Pues que las empresas no pueden fijar libremente los salarios que les permitan sobrevivir. Si las empresas tienen problemas empresariales no pueden negociar los sueldos con los trabajadores. Este hecho, claro está, será muy tenido en cuenta por el empresario que está pensando en contratar a alguien.

4.- Salarios mínimos

Con el salario mínimo el Gobierno impone al empresario que pague al trabajador más de lo que éste produce. En la mayoría de los sectores, los principales afectados no son las empresas sino los jóvenes, inmigrantes y, en general, a personas con poca formación porque siempre habrá alguien que aporte más productividad por el mismo salario.

Sin embargo, existen sectores en los que los márgenes son muy ajustados. Tal es el caso de los servicios de limpieza o de hostelería, por ejemplo. Estos servicios que las empresas subcontratan no forman parte de su core business, y por tanto la productividad demandada es muy baja. En la mayoría de los casos, la productividad necesaria es inferior al salario mínimo. Esto significa que la empresa sólo será viable si el empresario contrata a trabajadores en negro. No es de extrañar que la contratación de trabajadores deje al empresario sin dormir unas cuantas noches.

5.- La Infinidad de regulaciones que impone el Estado

Una economía regulada y burocratizada significa que las empresas trabajan para el gobierno y no para la sociedad, además de suponer un gran aumento de costes. Las regulaciones laborales penalizan el crecimiento, la inversión y la creación de empleos. Cuantas más obligaciones y costes se impongan a las empresas, menos empleados podrán ser contratados.

6.- Los impuestos de sociedades que deberá pagar la empresa

Hay una última cosa para acabar de desincentivar la contratación de personas y la creación de empresas: el impuesto de sociedades. En caso de que la empresa llegue viva a final del año y tenga algunas ganancias, deberá pagar un 35% de impuestos sobre estas ganancias. La puntilla para la empresa.

Éstas, y no otras, son las principales razones por las cuales los empresarios tienen pánico al contratar. Todas ellas les hacen asumir un elevadísimo riesgo. Una vez más, la paradoja del intervencionismo: todas estas medidas impuestas coactivamente por el gobierno que están destinadas a alcanzar esa "protección social" lo único que consiguen es la destrucción de empleo y empresas.

La lección británica de 1815

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Al término de la guerra con Francia, tras la derrota definitiva de Bonaparte en la batalla de Waterloo en 1815, el Gobierno de Londres se encontraba en situación de quiebra técnica tras acumular una deuda pública próxima al 250% del PIB.

Durante los años de la campaña bélica, Gran Bretaña optó por abandonar el patrón oro para embarcarse, como es tradicional en estos casos, en una decidida política inflacionista mediante la expansión del crédito y un brutal incremento del gasto público a fin de poder sufragar los costes de guerra. Además, la estructura productiva del país se orientó hacia la fabricación de armamento, al tiempo que el sector agrícola (clave en esa época) vivía su particular burbuja al calor del crédito fácil y los contratos del ejército.

Pero la orgía llegó a su fin. A la expansión del crédito inflacionario propio del período bélico le siguió rápidamente otro de posguerra marcado por la recesión económica y la temida deflación –contracción monetaria y caída de precios–. El crédito total del Banco de Inglaterra cayó desde los 44,9 millones de libras el 31 de agosto de 1815 hasta los 34,4 millones en 1816, una reducción del 24%. Esta contracción monetaria provocó que muchos bancos regionales acabaran quebrando entre 1814 y 1816.

Ante tal situación, la industria y la agricultura, los sectores productivos más beneficiados por la expansión que generó el período bélico, comenzaron a demandar al Gobierno la puesta en marcha de ambiciosos planes de estímulo para frenar la depresión. Es decir, programas de gasto público recurriendo al déficit para sufragar grandes obras de infraestructura, ayudas públicas y subvenciones de toda índole. Asimismo, destacados economistas y políticos reclamaron mantener el dinero fiduciario para impulsar nuevamente la inflación y la expansión del crédito. En resumen, las típicas políticas de expansión fiscal y monetaria que hoy en día tanto defienden los keynesianos, con el objetivo de reanudar una nueva burbuja a base de más deuda (crédito).

Por suerte, el Gobierno de Lord Liverpool hizo caso omiso a tales exigencias. Ignoró las propuestas encaminadas a generar inflación para tratar así de evaporar la montaña de deuda que presentaban las arcas públicas. Con una deuda del 250% del PIB, al borde del colapso económico, Gran Bretaña optó por restaurar el patrón oro (1820), con la consiguiente deflación de precios, y por recortar drásticamente el gasto público.

Liverpool permitió al mercado hacer su trabajo: depurar las malas inversiones y liquidar las distorsiones de producción causadas por las descompensadas demandas del período bélico y el auge del crédito inflacionario. Dicho de otro modo, el Gobierno dejó que la necesaria recesión siguiera su curso, que el mercado corrigiera los errores del pasado para poder regresar a una sana economía de paz con bases sólidas. Todo ello hizo posible que la Revolución Industrial pudiera desarrollarse en libertad, elevando de forma general el nivel de vida de los ingleses –el despilfarro bélico tan sólo benefició a determinados sectores–. Daba comienzo la mayor etapa de crecimiento económico de la historia de Gran Bretaña.

En apenas una década, gracias a los abultados superávits presupuestarios, la carga de la deuda pública se redujo hasta niveles manejables. El resultado a largo plazo fue un siglo de estabilidad de precios y una gran prosperidad económica. En 1900 la deuda era del 30% del PIB, y la riqueza del país se había multiplicado por diez. Una valiosa lección para la actual crisis de deuda pública.

La democracia posible

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

A día de hoy todavía quedan plazas ocupadas por indignados en toda España desde que hace ya casi un mes un movimiento aparentemente heterogéneo y abierto se echara a la calle a protestar contra el poder establecido. Primero se presentaron bajo el paraguas de una marca blanca que fue descubriendo un programa de carácter netamente colectivista y populista bautizado como ‘toma la plaza’ y entre cuyas exigencias para cambiar el sistema se encuentra la nacionalización de los bancos, la expropiación de viviendas o la subida de impuestos entre otras medidas socialistas.

Aprovechando un clima generalizado de indignación, la Izquierda social, decepcionada con la Izquierda política por no encontrar una salida de izquierdas a la crisis, se ha echado a la calle buscando una legitimidad que no encuentra en las urnas. La democracia asamblearia ha dejado de ser el sueño húmedo de algunos teóricos nostálgicos de una Antigua Grecia idealizada bajo el totalitarismo democrático actualizado en la tiranía de la voluntad general rousseauniana para llevarse a la práctica en el mismísimo centro de España.

Las últimas noches en Madrid nos han dejado una metáfora casi perfecta sobre la cuestión de fondo que planea sobre esta disyuntiva entre legitimidad representativa y legitimidad popular. Lo que entendemos por democracias en Occidente es algo más que un mero procedimiento de toma de decisiones en el que la mayoría impone su voluntad; al contrario, permite el control efectivo del poder eligiendo gobiernos de mayoría que respeten a las minorías. Frente a esta democracia representativa o liberal, se contrapone la democracia como fin en sí mismo sin admitir, por tanto, ningún tipo de cortapisa a esa decisión ejecutiva, casi sagrada, que emana de la mayoría.

Esta forma de democracia pura tiene, además, el inconveniente de su difícil articulación en sociedades complejas. El proceso farragoso que se está reproduciendo en algunas plazas españolas demuestra cómo el tiempo es un bien escaso y la especialización también hace necesaria la existencia de representantes que tengan un mandato legal y reconocido por el que tomar decisiones. Lo contrario supone dejar el control de esas asambleas a minorías ociosas e interesadas en atribuirse una representación ficticia, proceso por el cual pretenden legitimarse como mayoría e imponer su voluntad sobre el resto de la población. La propia naturaleza de estos grupos, parasitaria del Estado, es la que marca su agenda, pues siempre tenderán a aumentar la dependencia individual del colectivo, ya que ese es su propio modelo de existencia que no solo quieren mantener sino incrementar y perpetuar.

La democracia real y posible es la que ya tenemos, con sus imperfecciones que también son las nuestras. Por muy indignados que estemos legitimar la toma de las calles solo nos conducirá a poner en duda la legitimidad representativa y socavar el Imperio de la Ley. Mientras exista, no todo vale, y permanecer dentro de sus límites es el mejor aval de una sociedad libre y próspera. Puestos a mirarnos en el espejo de los antiguos filósofos griegos en estos tiempos, sería conveniente recordar la última lección que nos legó Sócrates al aceptar su condena a muerte bebiendo la cicuta en lugar de escapar a la fatal pero legal sentencia.

5 de mayo, 22 de mayo y 27 de junio: algo más que fechas

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Tories y liberales se jugaban mucho en la consulta del 5 de mayo, especialmente los segundos, quienes en un análisis más bien sesgado de la realidad política del país, culparon un año antes al sistema electoral de ser el responsable de que siguieran siendo la tercera fuerza política. Por lo tanto, en el Acuerdo de Gobierno de 2010, la celebración de un referendo para alterarlo fue su gran logro y la gran cesión hecha por los conservadores.

Conocidos los resultados, sacamos dos lecturas complementarias: que los británicos avalaron las tesis de David Cameron (contrarias al cambio) y que la tradición sigue pesando mucho en el elector de las Islas. Así, el 70% vs 30% final, no deja lugar a las dudas. A partir de aquí, y esta es la gran lección, la coalición gubernamental no ha mirado atrás y ha continuado trabajando de cara a la consecución de sus objetivos, los cuales tienen como centro principal, la recuperación económica del país, sin perder de vista la intervención en Libia o la presencia en Afganistán.

En efecto, tras el 5-M, David Cameron se reunió con Barack Obama, definiendo la relación, otrora calificada como "especial", de "esencial" y centrada más en los asuntos de seguridad que en los económicos. Igualmente, el próximo 27 de junio se verá con José Luis Rodríguez Zapatero. Será la primera reunión bilateral tras la victoria del británico en 2010. Este hecho contrasta con las relaciones cercanas mantenidas por el PSOE con Gordon Brown, especialmente cuando se convirtió en Primer Ministro.

En efecto, el escocés fue un modelo a imitar desde el punto de vista económico por los socialistas españoles, cuando ya escribimos en estas mismas páginas que no hizo más que repetir las fórmulas económicas del Laborismo de los años setenta, es decir, aquel partido y aquellas medidas que terminaron por arruinar las arcas del país, que sobredimensionaron el Estado y que, en última instancia, relegaron de la categoría de key player en la esfera internacional a Reino Unido.

Este dato es significativo pues más allá del color y credo político de sus partidos respectivos, Cameron y Rodríguez Zapatero han mostrado un actitud (y aptitud) bien diferente para encarar la crisis económica. Así, mientras el tory, aún a riesgo de perder votos, no dudó en hablar durante la campaña electoral de 2010 de la necesidad (como sinónimo de obligatoriedad) de introducir "medidas impopulares", esto es, recortes en los gastos sociales, cediendo así protagonismo su concepto de "big society" a los imperativos dictados por el escenario económico.

Frente a este modus operandi, el político español empleó una táctica diametralmente contraria en función de la cual, se auto-proclamó el "último defensor" del Estado de Bienestar y siguió con su política despilfarradora, pendiente de los conceptos grandilocuentes y de los titulares en la prensa y alejada, en consecuencia, de todo realismo.

Los resultados están ahí. Mientras Reino Unido cubre etapas en su recuperación y su gobierno (o por mejor decir, los conservadores) cuenta con un apoyo mayoritario de la opinión pública, el PSOE se hundió en las municipales y autonómicas del 22 de mayo, viviendo inmediatamente una no tan silenciada guerra civil para decidir quién era el sucesor de Rodríguez Zapatero. Todo ello sin olvidar las "recomendaciones" recibidas por parte de la Comisión Europea.

Desde la perspectiva del ciudadano español hay razones para la esperanza sin que esta afirmación suponga una contradicción con las ideas expuestas en los párrafos precedentes. ¿A qué nos referimos? Respuesta muy fácil: desde las actuales instancias gubernamentales, la principal acusación hecha al Partido Popular y a Mariano Rajoy es que en caso de ganar las próximas elecciones, aplicarán "la política económica Cameron". Al respecto, las críticas y reproches a las propuestas económicas del PP son un calco de las recibidas por parte del gobierno británico durante estos últimos meses y se resumen en el manido tópico (valga la redundancia) de querer desmantelar el Estado de Bienestar.

Grecia puede pagar su deuda

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Así, aunque ambos procesos cuentan con claras diferencias, la cuestión es que, por primera vez en la historia de la Unión Monetaria, las autoridades internacionales ya barajan extender el vencimiento de los bonos helenos con el consiguiente perjuicio para los tenedores privados de deuda para, posteriormente, aplicar probablemente un descuento en el valor nominal de los mismos en un futuro no muy lejano, cuando los bancos (principales acreedores) dispongan de un colchón suficiente para asumir las pérdidas sin riesgo de ser arrastrados. Es decir, el tradicional proceso de quita y espera, pero al revés –primero espera y después quita–.

Al mismo tiempo, los gestores de una empresa en problemas suelen perder el control de la misma durante el transcurso del proceso para acelerar las liquidaciones y la necesaria reestructuración a fin de cumplir los compromisos de pago en la medida de lo posible sin menoscabo de la futura supervivencia de la compañía. En este sentido, Bruselas y el FMI abogan ya abiertamente por tomar el control de las cuentas públicas helenas, aunque de forma más o menos indirecta, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas en el rescate, lo cual implicará perder parte de su soberanía nacional. De este modo, la UE pretende evitar el peor de los escenarios: el default puro y duro de Grecia y su probable salida del euro.

Sin embargo, el haber llegado hasta aquí es responsabilidad exclusiva de Atenas. La ausencia de reformas estructurales para alentar el crecimiento y el aumento exponencial del tamaño del Estado griego durante los últimos lustros han creado el caldo de cultivo ideal para el estallido de la brutal crisis de deuda pública que ahora padece el país. El problema es que, una vez que la espita saltó por los aires, Atenas, si bien reconoció parcialmente la enfermedad, se negó a poner en marcha de inmediato el imprescindible plan de choque que requería tal situación. De hecho, mal aconsejado por los técnicos internacionales, erró de plano en el tratamiento: subió los impuestos de forma generalizada y empleó una tijera para podar ramas cuando, en realidad, precisaba de una motosierra capaz de cortar árboles e, incluso bosques enteros.

El Estado griego es, simplemente, enorme, y su peso ahoga de forma trágica la escasa capacidad productiva del país. Pero liquidar un Estado nunca ha sido tarea fácil. De hecho, los políticos prefieren declarar la bancarrota nacional (negarse a pagar lo que deben) antes de perder su poder en favor del sector privado. Cuando un Estado tiene problemas para pagar lo normal es que no pague, según ha venido demostrando la historia a lo largo de los siglos: o bien entra en suspensión de pagos o bien genera inflación a toda máquina para evaporar el valor nominal de la deuda contraída.

El caso griego es distinto: en primer lugar, si se niega a pagar de forma unilateral, saldrá del euro; en segundo lugar, al no poseer autonomía monetaria para imprimir papel a su antojo, por suerte para griegos y acreedores, Atenas no podrá optar por devaluar las deudas asociadas, y de paso toda la riqueza del país, vía inflación. En este caso, el euro funciona a modo de patrón oro, ya que impide a los políticos helenos cometer el fraude masivo de erosionar el valor de la moneda de forma ruin y maliciosa.

Aún así, Grecia no pagará todo lo que debe, de ahí el término "reestructuración suave" empleado por la elite pública europea. Y no lo hará porque, a diferencia de una empresa, liquidar un Estado conlleva un elevadísimo coste político y electoral. Por desgracia, la mayoría de la población se niega a adelgazar el elefantiásico poder político de Atenas. Muchos viven directa o indirectamente del sector público, cuyo tamaño alcanza casi el 50% del PIB.

Su Gobierno tan sólo se compromete por el momento a recortar algo más de grasa corporal (gasto público), profundizar en las reformas para potenciar el crecimiento y privatizar activos por valor de 50.000 millones de euros hasta 2015. Estas medidas no evitarán la temida reestructuración, y Bruselas y el FMI son conscientes de ello. El Gobierno griego adeuda un total de 330.000 millones de euros, equivalente al 142,8% del PIB en 2010.

Sin embargo, su plan podría ser mucho más ambicioso. Según el Banco Central Europeo (BCE), Atenas posee una enorme cartera de activos públicos, cuyo valor estimado asciende a 300.000 millones de euros, incluyendo empresas, infraestructuras, acciones, participaciones, suelo y todo tipo de bienes inmuebles. Tan sólo la agencia pública Hellenic Public Real Estate Corp. gestiona 75.000 propiedades inmobiliarias. Además, Grecia también podría vender islas, playas, oro y hasta monumentos si es necesario con tal de cumplir sus compromisos y evitar el doloroso estigma de la quiebra.

Pero ni siquiera haría falta llegar tan lejos: si Atenas redujera el peso del Estado a la mitad (unos 60.000 millones), con la consiguiente privatización de pensiones, sanidad y educación, y vendiera el 50% de sus activos públicos (otros 100.000 millones por lo bajo) su deuda quedaría reducida al 70% del PIB; ello, unido a un compromiso serio de equilibrio presupuestario (déficit cero) y a un ambicioso plan de reformas para liberalizar la economía y bajar impuestos, permitiría reducir aún más su endeudamiento a medio plazo por la vía del crecimiento económico.

Sobre el papel no parece un plan excesivamente complicado –episodios pasados demuestran que es posible–, pero resulta inviable en la práctica. Atenas lo rechazaría, los sindicatos lo impedirían, los electores lo odiarían… Grecia puede pagar, lo que pasa es que no quiere y, por lo tanto, no lo hará.

El origen de las fortunas no está en la miseria de los pobres

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El viernes 3 de junio se le entregó un premio humilde a un hombre humilde: el Premio Juan de Mariana a toda una vida dedicada a la defensa de la libertad fue a parar a Giancarlo Ibargüen. La corbata de color “rojo Marroquín” delataba, no sólo a él sino a todos los que vinieron desde Guatemala para festejarle, su procedencia: la Universidad Francisco Marroquín.

Su humildad, una de las trazas de su categoría personal, le llevó a interpretar la concesión del premio como un homenaje a la institución que lidera y dirige, y en realidad no era así, el Premio era para él. Pero eso nos permitió a los asistentes a la Cena de la Libertad y a todos los que lo deseen (el vídeo ya está disponible) disfrutar de una lección magistral de pedagogía.

No me llamó la atención solamente que la Universidad Francisco Marroquín (UFM) sea una organización sin ánimo de lucro que, sin embargo, funciona siguiendo los dictados de la oferta y la demanda; ni que sea dirigida por un consejo de empresarios y emprendedores, sin subvenciones ni ataduras estatales, que no participa en temas políticos sino que educa en las cuestiones trascendentales. Giancarlo explicó cómo su tarea es luchar contra ideas como la que precisamente vio en este viaje, en un cartel de la plaza invadida por indignados en Gandía: el origen de las fortunas está en la miseria de los pobres.

Lo que más me llamó la atención es la metodología de la educación que practican en La UFM: cómo, a la luz de los cambios en la informática, han incorporado los avances a sus enseñanzas, dando valor a la creación de conocimiento por los alumnos. El profesor, en vez de dictar (como un dictador), se convierte en tutor de una enseñanza co-lectiva, lanzando preguntas, estimulando el carácter liberal y la inteligencia propia de los individuos. La idea de fondo es potenciar las posibilidades de acción de los individuos. Los alumnos son responsables de su proceso de aprendizaje y son independientes desde el punto de vista intelectual. Hay una similitud, explicaba Giancarlo Ibargüen, entre este proceso de aprendizaje socrático y el proceso de mercado en competencia hayekiano. Las ideas compiten entre ellas y se da un proceso de descubrimiento, surge un orden espontáneo en las ideas que emergen de los alumnos.

El profesor sabe más que los alumnos individualmente, pero no puede aprehender el conocimiento disperso de las mentes de los alumnos honestamente interesados en aprender y descubrir. El profesor es un facilitador y… un alumno más.

Cuando tuve ocasión de charlar un ratito con Giancarlo le dije: “Si yo hago eso en cualquier universidad española me echan del país”.

La lección es doble porque, como señaló Carlos Rodríguez Braun, nos llega de un país pobre, de América Latina, esa parte del mundo que caricaturizamos por su falta de libertades, sus dictaduras liberticidas… como si la Vieja Europa estuviera a salvo de todo ello.

Se nos llena la boca hablando de libertad pero no existen universidades verdaderamente a salvo de los dictados del Estado. Al menos de momento. Estamos en un país sin separación de poderes, en el que tras una dictadura que acabó por muerte natural del dictador, ha sobrevenido otro tipo de dictadura, la de un sistema partitocrático hermético y podrido que no tiene mucha pinta de cambiar. Simplemente porque quienes perderían más son los que deberían cambiar las reglas del juego y airear la democracia.

Nuestra prepotencia europea nos impide muchas veces prestar atención al ejemplo de quienes, desde la humildad, nos muestran un camino de libertad. Y por eso, mientras en Guatemala se forman generaciones de jóvenes libres e independientes, los nuestros acampan en las plazas y exhiben lemas tan errados como dañinos.

Tres eran tres los acosos a internet

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Si exceptuamos las dos mayorías absolutas que obtuvo Aníbal Cavaco Silva hace ya dos décadas, la victoria que este domingo cosechó Pedro Passos Coelho en las elecciones legislativas portuguesas es la mayor en la historia del centro-derechista Partido Social Demócrata (PSD). Passos ha sacado más de 10 puntos de diferencia y 32 escaños a su más directo rival, el socialista José Sócrates, que está al frente del Gobierno luso desde hace más de seis años.

En poco más de un lustro el Partido Socialista portugués ha pasado de dominar sin contemplaciones la Asamblea de la República a hundirse, literalmente, en la más negra miseria electoral. Cuando Sócrates llegó al poder en el año 2005 Portugal ya estaba en crisis, de hecho, la agenda de aquellos comicios fue básicamente económica. El país vecino se encontraba ya entonces fuertemente endeudado y su economía era absolutamente incapaz de crecer a pesar de las vacas gordas que entonces se enseñoreaban del continente, especialmente de España.     

En aquel entonces Portugal ya necesitaba reformas y el debate electoral de 2005 se centró en torno a ellas. Se sabía, por ejemplo, que más tarde o más temprano el tamaño del Estado debería reducirse dramáticamente, o que la orgía de crédito barato propiciada desde el BCE traería funestas consecuencias. El PIB portugués se mantuvo plano durante toda la primera década “prodigiosa” del siglo, al tiempo que crecía desmesuradamente el déficit exterior y se empinaba la curva del gasto público.

Pero los portugueses prefirieron mirar hacia otro lado entregando el poder a los socialistas, que incidieron en todos los males pasados e incurrieron en nuevos pecados que han llevado al país a la bancarrota. Tarde y de muy mala manera nuestros vecinos han despertado votando masivamente al otro partido, el de Cavaco y Durao Barroso, que en otros tiempos les trajo tranquilidad materializada en una bonanza económica todavía hoy añorada por los que recuerdan los felices años ochenta.

Como en el caso de España, el vuelco electoral se ha debido más a deméritos del gobernante que a méritos del aspirante. El PSD se ha beneficiado del hartazgo de los portugueses con el Gobierno socialista, que se ha demostrado durante varios años su incompetencia para lidiar con la peor crisis económica del último medio siglo. Poco a poco –en la elecciones de 2009 todavía ganaba con autoridad el PS– los portugueses se han ido percatando que los oficiales que gobiernan el barco son unos ineptos y que ha llegado la hora de probar con otros.

Un fenómeno similar está ocurriendo por toda Europa, especialmente por los países más castigados por la crisis económica. En Irlanda el pasado mes de febrero el populista Fianna Fáil perdió el poder tras 14 años de Gobierno. El taoiseach (primer ministro) Brian Cowen, que gobernaba en coalición con los Verdes, se retiró dejando a su partido hundido en las elecciones generales. Desde la fundación de la República de Irlanda en 1921 nunca un partido en el Gobierno había perdido tantos votos de una tacada. El heredero del desastre fue, una vez más, el partido de la derecha, en este caso el liberal-conservador Fine Gael liderado por Enda Kenny, vicepresidente del Partido Popular Europeo.

El programa que defendió Kenny en los comicios era esencialmente liberal en lo económico. Apostó en plena tempestad de los rescates financieros por la rectitud fiscal y la reforma en profundidad de una economía gravemente herida como la irlandesa. A Kenda Kenny, como próximamente a Pedro Passos y tal vez el año que viene a Mariano Rajoy, le está tocando bailar con la más fea. El necesario ajuste, que debiera haberse llevado a cabo hace tres años, tiene que hacerse ahora con el tejido económico seriamente debilitado. Una mayoría de portugueses e irlandeses se han terminado por dar cuenta de que no existe otra receta para salir de la crisis que poner fin al despilfarro público y acometer las imprescindibles reformas.

Algo similar, aunque fuera de la zona euro y, por lo tanto, con características diferentes, sucedió en el Reino Unido hace poco más de un año. Tras unas elecciones en las que el Partido Laborista de Gordon Brown se derrumbó, el conservador David Cameron formó gobierno con los liberal-demócratas de Nick Clegg. La receta que está aplicando Cameron es la única posible en las circunstancias actuales: rigor presupuestario y estímulo a la creación de riqueza. Exactamente lo contrario de lo que venían haciendo los laboristas desde que estalló una crisis que se ha cebado sobremanera con Gran Bretaña.

El nuevo fantasma que recorre las viejas tierras de Europa no es el comunismo que vaticinaba Karl Marx hace siglo y medio, sino el liberalismo clásico de toda la vida, aquel que propugna un tamaño comedido del Estado, bajos impuestos y la devolución a la sociedad civil de las prerrogativas económicas que le son propias. Una política de brutal realismo no exenta de cierta heroicidad para quien pretenda ponerla en práctica.

La otra opción, la del Estado omnipotente y derrochón que nos sumerge en la sima de la deuda y nos lleva directos a la quiebra, ya la hemos probado. Tan sólo quedan España y Grecia por salir del ciclo socialista. En la primera la victoria sin paliativos del Partido Popular en las municipales es un preludio esperanzador de lo que puede suceder en las próximas elecciones generales. En la segunda el panorama es mucho más negro. Los griegos han diagnosticado mal su enfermedad y, no contentos con eso, quieren remediarla con la medicina equivocada. Sólo el tiempo dirá si consiguen salir de esta.

Un fantasma recorre Europa

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero esta libertad se ve cada vez más amenazada por los más acérrimos de sus enemigos, los Estados.

En los últimos días, hemos constatado como el ataque se recrudece, y han quedado bastante delimitados los tres frentes en que ahora se libra la batalla.

El primero de ellos es el relacionado con la propiedad intelectual. Los Estados, liderados aquí por los Unidos de América, están empeñados en cercenar la libertad de internet para garantizar los privilegios de los artistas y creadores. En un lado del ring, los todopoderosos y bastante adinerados estudios de Hollywood y sellos musicales y editoriales, que no contentos con haber explotado a los ciudadanos durante todos estos años, casi siglo, en que no había soportes digitales, siguen queriendo ordeñar la vaca. Por supuesto, los políticos no tienen dudas de con quien asociarse en esta batalla, y no es con el internauta claro.

Es en este contexto en el que hay que ver la reciente invitación de Sarkozy para que participaran en el G-8 los emprendedores líderes de internet, personificados en los creadores de Facebook, Google y Amazon. Seguro estoy que el presidente galo transmitió a estos señores su "preocupación" por la protección de los derechos de autor. Lo malo es que cuando estos tipos, que tienen el monopolio de la violencia, transmiten estas preocupaciones, gente como Microsoft diseña el Windows Vista.

El segundo frente es el de la neutralidad de red, del que tantas veces hemos hablado en esta columna, por ejemplo aquí, aquí o aquí. En este caso, se pretende controlar internet a partir de la figura interpuesta de los operadores de telecomunicaciones, lo que es bastante práctico pues estos son un número reducido y además con tradicional mala imagen. La idea es que estos operadores no puedan realizar la gestión de los recursos que les son propios, y se limiten a cursar el tráfico de la forma que los Estados les digan, bloqueando y despriorizando lo que los funcionarios quieran.

Pues bien, resulta que el Gobierno holandés, que no es precisamente de los más intervencionistas de Europa, ha decidido incorporar en su proyecto de ley la prohibición de determinadas prácticas por los operadores, para supuestamente defender la neutralidad de red. Lo que, como no puede ser de otra forma, ha sido celebrado por Skype, ante la general indiferencia de los ciudadanos.

El tercer frente es de rancia tradición, y tiene que ver con la ciber-seguridad en internet. Es la típica excusa de los Estados para hacerse con poderes a costa de la sociedad, consistente en gritar "qué viene el lobo". Aunque muchos ciudadanos europeos lo desconocen, resulta que en la isla griega de Creta hay una agencia dedicada a protegernos de ciber-ataques en Internet y garantizar la seguridad de la misma. El ente responde al nombre de ENISA, y su fundación se remonta a 2006, donde se le otorgó un mandato transitorio de cinco años.

También ha habido movimiento en este frente en las últimas semanas: el Europarlamento ha acordado, sorprendentemente, prorrogar en 18 meses la existencia de tan imprescindible Agencia, mientras le busca otro mandato. Mientras tanto, ENISA ha publicado un informe sobre los peligros que acechan en internet, no recomendado para internautas débiles de corazón. Ah, por supuesto, su recomendación es crear una agencia independiente para defendernos de tanto espanto.

Y así se cierra este parte de guerra. Como se observa, internet dista de tener garantizada la libertad ni siquiera en el corto plazo. La batalla por la libertad sigue su curso, ahora en terreno virtual.

Ineficiencias políticas

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La defensa a ultranza del crecimiento de los servicios públicos, o sea, de los prestados directa o indirectamente por las administraciones públicas, suele presentar una ventaja aparente aunque un perjuicio real.
 
Se dice que, dado que lo que funciona mal es noticia y nunca lo es lo contrario -lo que sí parece ir bien-, se está dando una mala impresión de la administración pública. Deberían los medios y el público en general enfocar su atención en todos aquellos actos docentes, médicos, administrativos, y de todo cariz que se están realizando sin corrupciones, con afán de eficacia y de servicio. En lo que se refiere a las inversiones públicas sucede igual. El faraónico edificio cultural, el tendido ferroviario en áreas de escaso tráfico y otros gastos suelen estar justificados en cuanto están terminados por el mero hecho de que ahí están, se ven y, por tanto, es lo que hay. Esta visión bondadosa de lo público tiene tanto una fácil respuesta racional como una difícil refutación propagandística. La escuela pública que imparte docencia es buena por eso mismo, porque imparte docencia. La magnífica obra de arquitectura es admirable e irrenunciable porque está. Pero es lo que no se ve de ambas lo que justamente la cuestiona más. Es la inversión o inversiones que no se han hecho por destinar los recursos a lo que se ve lo que plantea las dudas acerca de lo realizado.
 
Un servicio no es bueno en sí mismo sino que sólo lo hace bueno si, dadas las circunstancias de incertidumbre e ignorancia esenciales de la acción humana, se ha tomado la opción de gasto que resultaba más rentable en determinado momento teniendo en cuenta aquello a lo que se ha renunciado.
 
Los más de cincuenta millones de euros del erario público de un centro cultural parecen bien empleados cuando ese centro "está", se ve y se visita. Sucede que la inversión ha sido sufragada con impuestos o con préstamo público, es decir, impuestos trasladados a las generaciones posteriores. De esa manera nunca se podrá saber con seguridad qué otra inversión podría haberse realizado en su lugar. La razón es que no existe un sistema de precios formado libremente que muestre las preferencias de uso de los recursos por los ciudadanos. De esa manera, la única decisión está en manos de gentes que no son propietarios de esos recursos y que no son, por ello, responsables de las pérdidas alternativas, de los costes de oportunidad que conllevan. La única forma de guiar las políticas públicas es, como sano método previo, evitar realizar el gasto sin antes considerar que, si dejamos en manos de los particulares ese dinero sin aplicarles tributo alguno, es la preferencia verdadera de su dueño la que guiará el mejor uso deseado. Siendo así, los precios reflejarían esas preferencias y, por lógica y en realidad, mostrarían los costes de oportunidad rápidamente.
 
Este modo de analizar el gasto público es contrario a los intereses de quien decide sobre lo ajeno. El político y el funcionario es, por honesto y ajustado a la ley que sea, un cazarrentas, dicho sin acritud, que tiende a maximizar su estatus de prestador de servicios para mantener su puesto. Si no presta el servicio tal y como se espera de él, pierde el puesto. Dicho de otra manera directa: si no gasta arbitrariamente los recursos, es decir, si no los gasta al modo dicho antes, sin tener en cuenta los verdaderos costes del mismo, no cumple con su función.

Acerca del principio de subsidiariedad

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Desde la primera encíclica social Rerum novarum hasta la Caritas in veritate se ha ido perfilando una doctrina social de la Iglesia que pretende servir de guía moral para los católicos en asuntos relacionados con la organización de la sociedad.

De los diversos principios que destacan en dicho cuerpo doctrinal -dignidad de la persona humana, solidaridad, primacía del bien común, etc.-, quisiera detenerme en el principio de subsidiariedad. Partiendo de que el hombre, la familia y la comunidad doméstica es anterior a cualquier forma de comunidad política (RN, 6-10), este principio queda definido así: "una estructura de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino más bien debe sostenerle en caso de necesidad…" (CA, 48). La responsabilidad individual precedería siempre a la global.

Si de verdad se cree en la dignidad de las personas humanas, se ha de proteger y respetar al individuo, a la familia, a las asociaciones y corporaciones creadas voluntariamente por aquéllas. Toda persona o cuerpo intermedio tiene algo original y valioso que ofrecer a la comunidad. Arrebatar a éstos las funciones que les competen, es decir, lo que pueden hacer "por su propio esfuerzo e industria" para confiárselo a comunidades (políticas) mayores sería un "grave perjuicio y perturbación del recto orden" (QA, 79).

La iniciativa privada tiene, por tanto, una función pública y su inadecuado reconocimiento daña seriamente el principio de subsidiariedad. Éste impondría a los poderes públicos una obligación moral de no entorpecer el espacio vital de las células menores y esenciales de la sociedad para evitar suplantar su libertad o creatividad y "privarlos de su legítima y constructiva acción" (GS, 75). Sólo excepcionalmente (y de forma temporal) el Estado debiera ejercer una función de suplencia en los casos en que el individuo o las asociaciones espontáneas sean incapaces de dar una respuesta satisfactoria a un problema concreto. El Estado subsidiario es algo muy distinto al Estado asistencial.

Lo que pueda hacer la sociedad civil no lo haga la Administración pública y que ésta haga exclusivamente lo que no puedan hacer los ciudadanos. Se podría resumir así en pocas palabras el llamado principio de subsidiariedad horizontal o funcional que pone límite a la actuación excesiva o injustificada del Estado y del aparato público en la sociedad. Sin embargo, dentro de la característica ambivalencia que existe en la doctrina social de la Iglesia en su relación con el Estado, a pesar de apelar a la subsidiariedad, se encomiendan al mismo tiempo innumerables misiones al poder político exhortándole a intervenir e incluso a planificar y proponer objetivos al conjunto de la sociedad (véase si no como ejemplo PP, 33; MM, 150, 20 y 21). Explícitamente se reconoce también el principio de subsidiariedad de los Estados con respecto a las organizaciones internacionales (PT, 140).

A los teóricos del Estado les faltó tiempo para dar con otra formulación de este principio conocido como subsidiariedad vertical o territorial que legitima la injerencia estatal para intervenir en cualquier área de la vida social. Con la coartada de impedir un centralismo del poder se promueve otra forma de estatismo al abogar que lo que no hace el Estado central lo debieran hacer subsidiariamente otras entidades públicas inferiores (regionales o locales). Se pervierte el principio esencial de la iniciativa particular que fomenta la libertad responsable de las personas -y que es una constante en todas las encíclicas sociales- para dar entrada a la acción paternalista e indiscriminada de los poderes públicos y sus mandatos. "Los males comienzan cuando en lugar de apelar a las energías y a las iniciativas de individuos o asociaciones, el gobierno los sustituye", nos recordaba el filósofo, jurista y teólogo insigne Antonio Rosmini (condenado y rehabilitado por la misma Iglesia).

Por su parte, desde que el socialista y cristiano Jacques Delors redescubriera el principio de subsidiariedad a principios de los años 90, las élites políticas de la construcción europea se apropiaron descaradamente del mismo como si fuera propio y lo integraron en su acervo comunitario. Obviaron el enfoque horizontal esencial de este interesante principio originalmente enunciado en las encíclicas papales y recalcaron su formulación vertical para establecer un reparto de competencias entre los diferentes gobiernos territoriales y legitimar de esta manera su propia acción. Les sirvió, además, de anzuelo edulcorado para que los diversos políticos nacionales aceptasen ese constructo burocrático supranacional.

Así, apelando al principio de subsidiariedad (vertical), las labores legislativas y las decisiones ejecutivas no se tomarán en Bruselas cuando puedan hacerse en instancias políticas inferiores. Un diseño fetén de la gobernanza europea basado en el gobierno multinivel. No puedo sino unirme a la denuncia acertada en esta materia que hizo el profesor Schwartz al analizar la constitución europea: "siempre poderes y nunca individuos".

Los falsos gerentes del bien común mediante la coacción –que son legión- participan activamente en demasiadas actividades que corresponde realizar a los particulares.

Parece claro que si el ciudadano dimite de su soberanía, el intervencionismo político intentará inmiscuirse en todos los asuntos sociales privados o públicos, transformando así al ciudadano-activo en sujeto-pasivo dentro de una sociedad tutelada e ineficiente en la que apenas se deja oportunidad a que maduren los frutos de una sociedad libre.

Los estatistas de todos los niveles debieran contemplar "horizontalmente" la sociedad, al menos alguna vez en su vida, y tratar de entender que los asuntos públicos no se limitan a los del gobierno (en cualquiera de sus manifestaciones) y que tal vez sería bueno cultivar también desde la política la virtud de la paciencia para dejar crecer y prosperar organizaciones voluntarias para alcanzar los legítimos fines que sus actores consideren importantes siempre que sean respetuosos con los derechos de los demás.