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¡¡Acelera Fernando!!

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

"Estoy feliz de volver a vivir en mi país y pagaré ese dinero a gusto porque no soy pobre. Solo seré un poco menos rico que ahora".

Impecable. Para sentirse orgulloso. Todo un campeón de Fórmula 1 como Fernando Alonso decide volver a fijar su residencia en Asturias y, en un ejercicio de solidaridad, se apresta a que el fisco español se quede con casi un tercio del dinero que ingresa cada año… 57 millones de eurazos que irán a engrosar las arcas del Estado.

Todo un ejemplo para los indignados, que desde sus chiringuitos de la Puerta del Sol seguro que estarán ahora mismo planteándose montar un asamblea de cara a organizar una asamblea que designe otra asamblea, que, de forma asamblearia, reconozca el gesto del piloto asturiano… Eso sí, con una ponencia que le exija el uso de biocombustibles en vez de gasolina de alto octanaje.

Porque ¡qué bien! De esos 57 millones de euros que Fernando Alonso se ha ganado jugándose la vida en cada frenada, algo nos caerá. Después de que los políticos y los funcionarios que hacen posible todo este engranaje recaudatorio-solidario-redistribuidor se hayan quedado con la parte que les corresponda, quedará algún dinerillo que podrá gastarse en atender las necesidades, deseos e ilusiones de todos aquellos que no son capaces de generar sus propios recursos.

Así, gracias a la solidaridad del de Ferrari, y de otros como él, muchas instituciones muy importantes para España podrán cumplir sus objetivos.

Así, esos sindicatos de clase que con los ingresos de sus afiliados no consiguen cubrir los costes de la lucha obrera y los gastos de representación que esta conlleva podrán seguir con su defensa del proletariado.

Y, por supuesto, los partidos políticos, eje sobre el que gira nuestra democracia, disfrutarán de unos ingresos que complementarán a sus tradicionales vías de extor… perdón, de financiación.

Pero al ciudadano de a pie también le caerá algo. Más sanidad, más educación, más transportes públicos, pues nunca hay suficiente… Más cultura. Más viviendas para jóvenes. Más gasto social. Más monumentos en las rotondas, más cine español, más pistas de pádel públicas… Más de todo lo que los políticos tengan a bien darnos… ¡Qué ilusión!

Porque, ¿qué hubiera sido de nosotros si el bravo piloto asturiano decidiese quedarse en la insolidaria Suiza y meter su dinerito en un banco?

Pues nada, que dicho dinero estaría disponible para invertir, para crear empresas, riqueza y puestos de trabajo reales, allí donde se dieran las condiciones para poder sacar adelante proyectos empresariales viables… Es decir, que en España no hubiésemos visto un duro, excepto si Fernando Alonso decidiese comprar deuda pública.

Por ello, no cabe más que congratularnos de la decisión del Premio Príncipe de Asturias y, cada mañana de domingo, ataviados con la bufanda oficial de la marca del Cavallino Rampante, conectar con La Sexta para animar a nuestro compatriota a que frene en las curvas más tarde que el resto, sabiendo que una parte de su triunfo es nuestra… Bueno, del Estado.

¡Acelera, Fernando!

¿Por qué los despiden si se están forrando?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Y aun en esos casos, se suelen atribuir las pérdidas a los altos sueldos de los directivos, exigiendo a renglón seguido rebajas sustanciales en sus emolumentos para mantener el nivel de empleo.

El escándalo por supuesto estalla cuando una empresa con beneficios comienza a despedir gente. Rápidamente se acusa al capitalismo de ser un sistema inmoral y perverso que sacrifica cuantos valores haya con tal de maximizar sus ganancias. Si la empresa es rentable (incluso muy rentable), si puede permitirse mantenerlos en plantilla, ¿a qué viene despedirlos?

Lo primero a destacar es que la tarea principal de las empresas no es generar empleo, sino crear riqueza. Su cometido es dar lugar a una organización de factores productivos capaz de engendrar bienes y servicios por los que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio lo suficientemente elevado como para rentabilizar esa organización (esto es, que le permita a la empresa remunerar a los factores implicados compensándoles el tiempo que dedican a producir esos bienes o servicios).

A los consumidores, la organización productiva les resulta irrelevante: prácticamente nadie conoce ni está interesado en conocer los detalles de la elaboración de una determinada mercancía. Lo único que les concierne es que las prestaciones que les proporciona esa mercancía sean más valiosas que el precio que deben pagar por ella (y que habrían podido gastar en otros bienes de consumo o de capital que les hubiesen proporcionado otro tipo de prestaciones y satisfacciones en el presente o en el futuro). O dicho de otra manera, una mercancía será igual de valiosa si ha sido producida por 10.000 trabajadores que si no ha requerido los servicios de ningún obrero. Dado que las empresas nacen para producir bienes y servicios, resulta absurdo el exigirles un nivel mínimo de empleo (o un nivel mínimo de consumo de gasolina, de cobre, de horas de encendido de los ordenadores…).

Ahora bien, que la organización productiva les resulte irrelevante a los consumidores no significa, ni mucho menos, que realmente lo sea. Dado que los recursos son más escasos que nuestras necesidades, mal haríamos en ignorar el uso o mal uso que estamos haciendo de los mismos: al cabo, cada vez que utilizamos los factores productivos de un modo, estamos impidiendo que se utilicen de otro, esto es, estamos impidiendo que se produzcan otros bienes y servicios que podrían satisfacernos otras necesidades. Los empresarios se dedican justamente a eso: a trazar aquellos planes empresariales que minimicen los fines a los que los consumidores deben renunciar por el hecho de producir unos determinados bienes y servicios. Por eso tratan de vender al precio más alto (lo que indica una alta valoración de los consumidores) y de producir producen al menor coste posible (lo que significa que acaparan pocos recursos que pueden destinarse a otros planes de negocio).

El progreso y el crecimiento económico, más allá del descubrimiento de nuevos recursos, provienen, precisamente, de sacar un mayor partido a los factores que ya controlamos: o de producir una mayor cantidad de bienes con los mismos recursos o de producir lo mismo recursos con una menor cantidad de recursos, de modo que los sobrantes queden disponibles para fabricar otros bienes y servicios. Tal es el significado que en el uso corriente le damos a la palabra "economizar"; evitar las duplicidades, redundancias o despilfarros para lograr el mismo objetivo con menos esfuerzo o gasto.

En consecuencia, no es ni mucho menos necesario que las empresas esperen a incurrir en pérdidas para que se dediquen a economizar sus recursos: su misión es estar haciéndolo continuamente. Por mucho dinero que ganen, sería nocivo para accionistas y consumidores que, si pueden reducir sus costes manteniendo sus niveles de producción, no lo hicieran. Para los accionistas, porque estarían renunciando a ganar más dinero (al menos a corto y medio plazo, hasta que la competencia les forzara a bajar los precios hasta los menores costes); para los consumidores, porque podrían disfrutar de más bienes o servicios si los factores con funciones redundantes se concentraran en otros procesos productivos (obviamente, en caso de que la compañía opte por "prejubilar" a los trabajadores, los consumidores no se verían beneficiados por la economización, sino que las ganancias resultantes de esa economización se repartirían entre accionistas y los trabajadores prejubilados).

En otras palabras, no existe ninguna incompatibilidad entre ganar dinero y despedir trabajadores: las ganancias son una muestra de que la empresa está haciendo un uso eficiente de los factores productivos y la decisión de economizarlos todavía más es una señal de que pretende seguir haciéndolo. Aunque la teoría de la explotación marxista es más falsa que un duro sevillano, sí contiene una intuición que puede sernos útil: si el empresario se estuviera lucrando a costa de un determinado trabajador, ¿por qué lo despide? ¿Acaso pueden los vampiros chupar la sangre a distancia?

La economización de recursos, por cierto, suele generar mucho escándalo cuando afecta a trabajadores, sin embargo suele ser recibida entre ovaciones cuando se trata de racionar el consumo energético. ¿Se imaginan que la opinión pública vituperara a las compañías por decidir minorar su consumo de petróleo con el argumento de que con ello estarían perjudicando a las petroleras? Yo no, porque afortunadamente la gente sí suele entender que la economía no debe estar orientada a maximizar el gasto de petróleo sino la producción.

Por supuesto, despedir a trabajadores puede ser un drama dentro de una economía donde las rigideces institucionales impidan su pronta recolocación; un drama para el consumidor que no se beneficiará de una expansión en el número de bienes y servicios y un drama sobre todo para el trabajador, que si no ha logrado amasar un patrimonio que le proporcione rentas alternativas, se verá privado de su única fuente de ingresos. Pero la responsabilidad de ello no corresponde a las empresas que economizan sus recursos, sino a los políticos y sindicatos que mantienen unas instituciones que obstaculizan o impiden la creación de empleo; y por ello no debería ser la empresa la que pagara los platos rotos. A la postre, impedirle que prescinda de sus trabajadores redundantes sería tanto como permitirle que los despida para, acto seguido, imponerle un tributo cuya recaudación fuera a parar a esos trabajadores.

Cuestión distinta, claro está, es que haya que subvencionar esos despidos. Por los mismos motivos por los que no debe subvencionarse la eficiencia energética, tampoco debería subvencionarse la "eficiencia obrera". La economización de recursos no debería beneficiar a accionistas y consumidores a costa de los contribuyentes.

En definitiva, es comprensible que la natural aversión que mucha gente siente hacia que una empresa rentable despida a parte de su plantilla se camufle con críticas (razonables) a que las instituciones laborales obstaculizan su pronta recolocación o a que los contribuyentes están sufragando parte del despido. Pero, en tal caso, la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral y la de poner fin a tales subvenciones.

Piratas

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Coincidiendo con el estreno de una nueva entrega de la saga de los Piratas del Caribe, quería compartir algunas reflexiones de contenido económico-liberal que me suscitó en su momento la tercera parte (En el fin del mundo). Vaya por delante que no pretendo hacer ninguna crítica de cine a favor o en contra del capitán Sparrow, con esa peculiar actuación del actor Johnny Depp o el cambio de sus partners femeninas: Keira y Penélope…

En general, suelo digerir mal los libros y películas sobre piratas, que habitualmente dan una imagen ridícula de los gobernantes españoles de aquella época: tontos y a la vez autoritarios. Esa idealización del pirata me parece incorrecta: fuera de la ley, eran delincuentes violentos que no respetaban los derechos de propiedad ni el funcionamiento de las instituciones vigentes. En algunos casos, además, estaban financiados por los gobiernos de Francia y Gran Bretaña en una guerra sucia contra el poderoso imperio español transatlántico.

Junto a ello, también ha quedado una versión histórica a mi juicio desenfocada de los mecanismos del comercio de España con sus reinos americanos: la Casa de Contratación en Sevilla. Es frecuente leer sobre el monopolio de este organismo, cuando técnicamente no es del todo correcto. Simplificando, se trataba de una aduana centralizada, por donde debían pasar todas las transacciones mercantiles que los empresarios de la Corona realizaban libremente entre la Península y el Nuevo Mundo. Algo muy diferente de los verdaderos monopolios estatales de Holanda y Gran Bretaña: sus respectivas Compañías de las Indias Orientales (y Occidentales). A los que la interpretación histórica juzga con enorme benevolencia.

Sin embargo, cuando hace poco pusieron en la TV la tercera aventura de esta saga, En el fin del mundo, recordé algo que en su momento me llamó la atención de esa película: la oposición de los piratas al abusivo dominio de la ahora ficticia East India Trading Co. Así que, después de volver a verla varias veces, y gracias a la enorme paciencia de mi hija Rocío explicándome los pormenores, maleficios, trampas y alianzas de unos y otros, puedo finalmente explicarles ordenadamente aquella primera vaga intuición que les indicaba. En este caso, y sin que sirva de precedente, voy a defender y alabar a esa variopinta hermandad de corsarios.

Aquí va mi lectura: la actividad piratesca se venía desarrollando con los riesgos inherentes al estado y condiciones del mar, sometido a la diosa Calypso. Para tratar de controlar esto, los piratas apresan a la deidad, consiguiendo un -digamos- supuesto equilibrio general en la navegación para garantizar su desarrollo económico. Pero la East India se aprovecha de esta circunstancia para extender su monopolio, utilizando a su favor un elemento incontrolado, El Holandés, barco fantasma de Davy Jones. Es como si un todopoderoso estado del bienestar, además de monopolizar la gestión pública y privada, oprimiera a los ciudadanos con los movimientos antisistema… lo cual suena misteriosamente próximo… Total que los piratas se rebelan y su reina (Elizabeth Swann) les anima a enfrentarse contra los ingleses en nombre de la libertad. Previamente habrán redimido a Calypso, para recuperar las condiciones normales del mercado; lo que entre otras cosas les permitirá deshacerse del molesto y pulposo antisistema Davy Jones. De esta manera, podrán derrotar al buque insignia de la East India, el Endeavour (literalmente traducido: esfuerzo o empeño; aunque lo que verdaderamente parece movían a su Almirante, lord Beckett, eran "just business").

En fin, como suele decirse: la realidad supera a la ficción. Pero no se preocupen; aunque me he reconciliado parcialmente con los piratas, no voy a defender aquí al movimiento 15-M… ¿y si ellos son el Kraken., manejado por Davy Jones, manejado a su vez por la East India?

El fin de Jauja en Spotify

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde el inicio de mayo, Spotify decidió poner límites al uso gratuito de su servicio. Hasta ese momento, unos cuantos millones de usuarios privilegiados, invitados en la primera época del lanzamiento, podíamos disfrutar sin pagar nada de ilimitadas audiciones de su fondo de canciones, aunque con algún anuncio de vez en cuando. Desde entonces, dicho disfrute queda restringido a diez horas mensuales y un cierto número máximo de veces de cada canción.

Y así, nos hemos visto expulsados de la tierra de Jauja, en la que, como es bien sabido, abundan los ríos de leche y requesón, y los árboles de tocino y buñuelos. ¿Es esto una desgracia? Sí, para quien solo vea el aquí y el ahora.

Pero el que comprende que Jauja es solo una leyenda, también sabe que no hay almuerzo gratis, y que también el excelente servicio que proporciona Spotify (alabado en previas columnas por un servidor) tiene sus costes. Y que si los dueños de Spotify no recuperan el dinero que meten en él, se verán obligados tarde o temprano a cerrar el servicio. Cierre que sí sería perjudicial para todos los que, de una forma u otra, disfrutamos del servicio. Porque, si eso ocurre, entonces ni siquiera los que estén dispuestos a pagar tendrían el servicio a su disposición.

Spotify se enfrenta al reto a que tarde o temprano se enfrenta todo negocio: ¿vale lo que suministro más de lo que me cuesta? Esta ley inmutable para la economía sostenible (esta sí es una ley de verdad, no las que hacen los políticos, aunque le pongan el mismo nombre) ha encontrado su mayor afrenta en el mundo internet y con especial virulencia a principios del siglo XXI, donde muchos ilusos pensaron que en la nueva economía nada tendría coste.

Florecían (y florecen) "negocios" en que su viabilidad se medía por el número de visitas o el de usuarios únicos, sin atender para nada a los ingresos que estas visitas o clientes generaban. En estos modelos de negocio, se extrapolaba la conducta de los individuos en una situación atípica, la gratuidad de la satisfacción obtenida, a la que tendrían cuando empezaran a pagar, asumiendo que se mantendría hasta cierto punto.

Sin embargo, la verdadera prueba de satisfacción del individuo no es cuando se le da una cosa gratis, sino cuando se mide si la valora por encima de lo que cuesta. Servicios que parecen maravillosos cuando no suponen pagos para el individuo, se convierten en perfectamente prescindibles cuando toca soltar la pasta, aunque sea a un precio tan barato que ni siquiera cubra los recursos invertidos. Esta fue la prueba que no pudieron superar muchísimos supuestos negocios en la primera época de internet.

Y es la prueba a la que ahora se somete Spotify, y a la que tampoco han de ser ajenos servicios tan ilustres como Facebook o Twitter. También ellos se enfrentarán tarde o temprano a la maldición de validar si el servicio tan demandado por millones de clientes les es realmente útil o se queda en un mero capricho pasajero.

Qué pena que la Asamblea de Sol no pueda abolir la Ley de los Costes. Tendríamos Spotify gratis de por vida.

La excusa del arte

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero es cierto que hay que tener un criterio un poco extravagante para calificar como arte al cine y no al videojuego. Naturalmente, no me refiero a todos los videojuegos, como tampoco se suele calificar de arte, pongamos, a los telefilmes de sobremesa. Pero no es difícil distinguir entre todos los productos de entretenimiento digital algunos a los que se puede calificar de arte.

Lo malo es que los gobiernos también se han dado cuenta. Y es que de Malraux en adelante, la definición de arte parece haber cambiado: ahora es todo aquello que el Gobierno subvenciona como tal. En España llevan un par de años intentando buscar el paraguas del Estado (que en estos tiempos de necesidad haría bien en deshacerse de todos sus programas de ayuda a empresas y artistas). Y en Estados Unidos lo han conseguido.

El National Endowment of the Arts (NEA) es el organismo norteamericano encargado de decidir qué artistas y qué obras merecen el amor forzoso del contribuyente. Hace un par de años fue el centro de uno de los escándalos de la era Obama: su director pidió a los subvencionados que sus obras hicieran propaganda de los proyectos del presidente. Así, con dos narices. Y no crean que dimitió a los dos minutos, se tiró mes y medio en el cargo tan ricamente antes de largarse. Normal: venía de trabajar en la campaña y fue quien encargó el famoso poster de Obama. Pues bien, ese organismo, el mayor financiador de arte del país, ha decidido considerar los videojuegos como arte a los efectos que le importan: los de dar pasta.

Pasemos por alto que con los antecedentes del NEA bajo la administración Obama son los que son. Incluso supongamos que está y estará gobernado por ángeles venidos directamente del cielo para trabajar de funcionarios en Washington. Aún más, supongamos que sus jefes políticos tienen un origen similar. Aún así, la principal razón para la existencia del NEA es la producción de arte que no interesa lo suficiente a los ciudadanos como para financiarlo ellos.

Si algo ha caracterizado hasta ahora el mundo de los videojuegos ha sido su sumisión al mercado, es decir, a ti y a mí. Si hacen juegos coñazo fracasan, así que procuran no hacerlos. Si los gráficos son feos, la gente no lo compra y el desarrollador puede no tener una segunda oportunidad. En definitiva, no hay ningún ser superior decidiendo qué es bueno y qué es malo. Cuando lo haya, podemos encontrarnos con que parte de la oferta se ha hecho con el funcionario en mente, y no con el público. No es una perspectiva bonita. Ni, sobre todo, divertida.

Problemas del dinero mercancía

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El dinero como objeto físico es un bien duradero pero no eterno ni inmutable: puede estropearse de algún modo (gradual o abrupto), deteriorarse accidentalmente o intencionalmente, de forma honesta o fraudulenta, y perder calidad o valor, llegando incluso a desmonetizarse. La concentración de valor y la naturaleza homogénea e indistinguible de las monedas las hace especialmente vulnerables al robo. El mantenimiento de reservas monetarias tiene un coste de oportunidad importante, especialmente para los comerciantes que deben realizar grandes pagos con alta frecuencia. Además ocasionalmente puede haber escasez de dinero para las necesidades del comercio.

Los agentes económicos han generado complementos y sustitutos monetarios (fichas, papel moneda como resguardo de depósito o certificado de deuda, cuentas corrientes, cheques, billetes de banco, transferencias, recibos, pagarés, letras de cambio), sistemas y medios de pago que permiten economizar el uso del dinero mercancía y minimizar sus problemas.

Las monedas estandarizadas permiten no tener que analizar y pesar metales preciosos en cada intercambio, sino que basta con contar unidades monetarias. Cada moneda suele llevar grabada alguna imagen o texto que indican la cantidad y pureza certificada de su contenido de metal precioso (oro, plata) recién producida y la identificación del acuñador o certificador. La acuñación ha mejorado históricamente de forma progresiva conforme avanzaban las tecnologías de manipulación de los metales preciosos, produciendo monedas más resistentes, fáciles de reconocer y difíciles de manipular. Los costes de acuñación son relativamente mayores para las monedas de menor valor, lo cual puede originar problemas de escasez de cambio.

El valor nominal coincide con el valor real en una moneda nueva adecuadamente certificada. Con el uso una moneda puede desgastarse, perdiendo contenido metálico y calidad: cierta abrasión por fricción es inevitable; además son posibles diversas manipulaciones deshonestas mediante las cuales se extrae intencionalmente metal precioso de una moneda (raspar, limar o sudar la moneda, recortar los bordes, esquilado). Las técnicas más primitivas de acuñación producen monedas con bordes irregulares: la acuñación del canto permite distinguir si se ha producido algún recorte. En una moneda dañada o alterada el valor nominal no se corresponde con el real, y la diferencia puede ser despreciable o apreciable en distinto grado, dificultando el funcionamiento del patrón monetario.

Puede surgir un conflicto en un intercambio negociado a un precio determinado si el comprador intenta entregar una moneda de mala calidad y el vendedor no la acepta por su valor nominal: entonces o el comprador entrega una moneda de calidad suficiente, o se renegocia el precio, o el intercambio no se produce. Cada comprador puede intentar deshacerse primero de sus monedas de peor calidad, y cada vendedor que acepta recibir una moneda imperfecta debe considerar la posibilidad de que la misma no sea a su vez aceptada por su valor nominal cuando quiera usarla para comprar a otros. La necesidad de vender (preferencia por la liquidez, soberanía del consumidor o comprador) puede llevar a los vendedores a aceptar monedas cada vez más deterioradas mientras que se atesoran las de mejor calidad: así las monedas más gastadas tienden a desgastarse aun más con el uso. Una moneda suficientemente deteriorada puede ocasionar tantos problemas en los intercambios que merece la pena asumir los costes de su reciclaje o reacuñación, en su misma forma o en otra diferente.

Es importante distinguir el buen dinero del que no lo es. Algunas personas pueden intentar producir falsificaciones de las unidades monetarias, objetos que se parecen mucho a las monedas auténticas pero sin su mismo contenido metálico. El oro y la plata son difíciles de falsificar, pero es posible producir monedas con aleaciones impuras o piezas cuyo interior sea diferente de su cubierta exterior. También es posible declarar un valor nominal mayor que el valor real. Los gobernantes a menudo incrementan sus ingresos mediante el envilecimiento de la moneda generalmente combinado con leyes de curso legal forzoso.

Tener el dinero encima implica un riesgo de amenazas y daños físicos por un ladrón violento; es posible esconder el dinero atesorado, pero esto dificulta su uso para intercambio y posibilita el hurto si es descubierto; el transporte de grandes cantidades de dinero implica altos costes de protección. Algunos agentes económicos (joyeros, cambistas, bancos) pueden especializarse en guardar el dinero de otros. Los certificados de las cantidades depositadas para su guardia y custodia pueden intercambiarse en lugar de las monedas, con el problema de que alguien debe asumir los costes de almacenamiento y protección.

Al tener guardado el dinero de muchas personas, un banco puede servir como un sistema de pagos centralizado: en lugar de intercambiarse dinero físico, una persona ordena a su banco que transfiera una cantidad de su cuenta a la del receptor (en el mismo banco o en otro diferente), o que le entregue esa cantidad de dinero físico al presentar algún justificante; la orden puede realizarse directamente por cada comprador a su banco, o mediante la entrega de un cheque del comprador al vendedor, o mediante la presentación previa de una factura o recibo por el vendedor al banco del comprador (debiendo éste aceptar el pago). Los cheques o recibos pueden resultar impagados si el pagador no dispone de fondos en su cuenta en el momento de su presentación a cobro. Los documentos pueden ser falsificados: algunos requieren algún tipo de firma o identificación, otros son impersonales (al portador, sin identificación) y tienen los mismos riesgos de robo que las monedas.

Algunos intercambios no se pagan al instante: son intercambios diferidos en los cuales el vendedor concede crédito al comprador y acepta una promesa de pago en el futuro más o menos próximo. Estas promesas de pago (por el deudor) o derechos de cobro (para el acreedor) pueden ser aceptadas por terceras personas, circular y dar origen al uso de la deuda como medio de pago o dinero.

Sobre las zonas comunes y el anarcocapitalismo

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En el último comentario, me refería a la viabilidad teórica del anarco-capitalismo, y propuse como una posible causa para su inexistencia hasta el momento el hecho de ser un sistema caro, que precisaba para su implantación un nivel mínimo de riqueza que aún no se había alcanzado en la sociedad, pero que eventualmente se alcanzaría. En este contexto, el Estado no dejaba de ser la solución cutre y chapucera que se habían dado "espontáneamente" los individuos para solventar la defensa de los derechos de propiedad.

Por supuesto, la solución "Estado" presenta muchísimos problemas que padecemos continuamente en nuestras carnes. Y uno de los más importantes es que el Estado, por su propia naturaleza, contribuye a la destrucción de la riqueza, con lo que alarga el proceso de acumulación de la misma hasta el nivel necesario para una solución anarco-capitalista. La razón por la que el Estado destruye riqueza es porque acopia recursos contra la voluntad de los individuos, utilizándolos contra las preferencias de los mismos; al no ser intercambios voluntarios, no se puede presumir que ambas partes ganan (i. e., se genera riqueza), sino que una de ellas necesariamente pierde, no pudiendo determinarse si se genera o no riqueza con el intercambio por ser imposible la comparación de valores entre sujetos.

En el debate posterior, se expuso una serie de elementos que, según un proponente, el anarcocapitalismo se obstina en ignorar: grupo, zonas comunes, territorios. Por concretar aún más la cuestión, se preguntaba: "¿Es posible una ‘sociedad’ en la cual no haya zonas comunes, relaciones comunales, para que no se tengan que tomar decisiones comunales, comunitarias que afectan a las zonas, tierras, comunes o a las relaciones comunales, del Todos? ¿Es posible una ‘sociedad’ en la que habiendo zonas comunes, y por tanto métodos para gestionar esas zonas comunes, estableciendo un territorio en el cual dichas zonas comunes estén regidas por lo que el común, el Todos, impongan normas de comportamiento a Todos?". Para este proponente, la existencia del Estado es consecuencia de la existencia de zonas comunes y relaciones comunes, que opone a las relaciones privadas entre personas.

El punto de partida para tratar de contestar a estas cuestiones es la definición de "zona común". Sería la existencia de estas zonas comunes dentro del territorio ocupado por la sociedad la que haría necesarias relaciones y decisiones comunales. El Estado sería la forma en que la sociedad (Todos) se asegura de que Todos cumplen estas decisiones.

Entiendo que zona común sería aquella que es propiedad de todos los individuos del grupo, sin necesidad de hacer un acto consciente de apropiación. Si la zona común es propiedad de un cierto número de individuos, pero no de todos, serían ellos mismos los que se dotarían de organización para resolver el uso de la zona común que han adquirido de común acuerdo, y no sería necesaria la existencia de Estado.

Dentro de este caso se encontrarían, por ejemplo, las llamadas zonas comunes de las comunidades de vecinos, o los activos de las sociedades anónimas. Sin embargo, ninguno de estos casos de zona común resuelve sus problemas mediante una organización tipo Estado. Aunque es cierto que su gestión presenta en muchos casos problemas, derivados posiblemente de las normas que precisamente a tal efecto impone el Estado. Léase la normativa de propiedad horizontal o la Ley de Sociedades Anónimas.

Así pues, las únicas zonas comunes que requerirían relaciones comunales protegidas por un Estado son aquellas que son de todos. La cuestión pasa a ser: ¿es necesario que existan este tipo de zonas para que una sociedad se pueda organizar?

Para avanzar en la respuesta, tratemos de identificar zonas comunes concretas que existen en la actualidad: las calles, las carreteras, el alumbrado, el alcantarillado, los colegios públicos y hospitales públicos, los servicios de justicia, los cuarteles de la policía… Obsérvese que estas zonas comunes coinciden plenamente con los servicios que "presta" el Estado a los individuos. Surge inmediatamente la duda de si son "zonas comunes" y por eso las gestiona el Estado, o si son "zonas comunes" porque las gestiona el Estado.

Si este análisis lo estuviéramos haciendo hace 50 años, nos hubiéramos encontrado con que, por ejemplo, las redes de telecomunicaciones eran "zonas comunes" en la mayor parte de los países europeos. Visto desde la actualidad, parece una broma.

Pero centremos aún más el debate: llevémoslo a las calles (no literalmente, para eso ya están los revolucionarios). La calle es el paradigma de zona común: cualquier individuo puede salir de su casa, darse un paseo libremente y encontrarse con sus vecinos. Nadie en su sano juicio discutirá la existencia de las calles y su gestión comunal por parte de los Ayuntamientos.

Pero ¿es que acaso la calle es una zona intrínsecamente común? Lo cierto es que tampoco: todos conocemos casos de urbanizaciones privadas en que el acceso a sus calles está limitado a los propietarios de inmuebles en la misma. La gestión de estas calles privadas se hace de la forma que estos propietarios consideren, de la forma que libre y voluntariamente decidan en cada momento. Y al que no le guste, siempre tiene la opción de vender su propiedad (y su derecho sobre la calle) e irse a otro sitio.

Así pues, estamos donde estábamos. La habitación por parte de un grupo en un territorio no implica la existencia de zonas comunes (zonas de todos). Por tanto, la existencia de Estado no es intrínseca a la ocupación de un territorio por parte de un grupo. Más bien al contrario, parece que dichas zonas comunes son creadas por el Estado para justificar su existencia, de manera que el Estado tendería a incrementar el ámbito de dichas zonas comunes, lo que también podríamos llamar interés general.

En el anarco-capitalismo precisamente dejan de existir estas innecesarias y artificiales "zonas comunes". Todos los bienes tienen un propietario definido (o una comunidad de propietarios); y, justamente porque cada bien tiene un propietario, éste tiende a maximizar el valor de su propiedad mediante la gestión que considere óptima. En esas condiciones, lógicamente la riqueza del grupo, obtenida de la agregación de las riquezas de los individuos, se incrementa.

En la medida en que el modelo de sociedad se separa más del anarco-capitalismo, aparecen más "zonas comunes", que son de todos y de nadie, y que no se gestionan de forma óptima por sus gestores, puesto que no pueden apropiarse de su producto, al no ser suyo el recurso. Es lo que se conoce como la "tragedia de los comunes", y con la que todos estamos familiarizados.

Podemos cerrar este comentario respondiendo a las cuestiones planteadas a su principio: efectivamente, es posible una sociedad sin "zonas comunes de Todos", puesto que todas dichas zonas comunes podrían ser propiedad de un número definido de propietarios que las gestionaría para dar servicios a los demás individuos, si de esta forma incrementaran su valor. Y lo dicho entronca con la demostración aludida en el comentario del mes pasado de que todos los servicios públicos pueden ser prestados en el libre mercado.

Dejamos para otro análisis la siguiente pregunta que se planteó hace un mes: ¿y cómo suministraría el servicio de justicia el libre mercado?

La economía asamblearia no puede funcionar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Al cabo, ¿no sería más lógico que todos los ciudadanos votaran en común cuáles son los bienes y servicios que debe producir la comunidad? ¿Por qué eso ha de determinarlo un grupo de empresarios sin escrúpulos que sólo buscan su lucro personal? Se trata, sin duda, de un pensamiento instintivo –tal vez correcto en grupos humanos de tamaño muy reducido– pero extremadamente erróneo cuando se trata de hacerlo un orden social tan amplio y complejo como son las economías actuales (en realidad, la economía actual, pues gracias al libre comercio la organización económica es internacional).

Los problemas de la democracia económica son dos: los primeros surgen a la hora de seleccionar qué bienes deben ser producidos y los segundos a la hora de escoger cómo deben ser producidos.

¿Qué bienes deben producirse? La cuestión podría parecer sencilla: basta con que la Asamblea someta esta cuestión a votación popular y asunto resuelto; los bienes más votados serán los que pasarán a ser producidos. De acuerdo, pero deténgase un momento y mire a su alrededor: ¿se da cuenta de la enormidad de bienes distintos que le rodean? No se fije sólo en el ordenador, la mesa o el televisor. Piense en los pomos de las puertas, en las baldas de las estanterías, en los cojines del sofá, en el papel blanco (o reciclado) de los libros, en los tornillos que mantienen unidas las piezas que conforman la silla, en las diversas lámparas, bombillas o velas que lo iluminan, en las muy variadas prendas de ropa que lleva puestas o que tiene en su armario, etc. Y todo eso sin salir de casa… ¿Son muchos, verdad? Muy bien, pues ahora piense en todos los bienes que no le rodean porque ni siquiera se han llegado a producir o a imaginar. El número es inabarcable.

Una Asamblea que pretendiera sustituir al mercado tendría que someter a votación qué cantidad debe producirse de todos los bienes que ahora mismo podemos observar (para aprobarlos) pero, también, de todos aquellos que no observamos (para rechazarlos). Y tendría que hacerlo para todas las variantes de esos bienes. Cojamos las camisetas: las hay (o puede haber) rojas, verdes, azules, blancas, negras, estampadas (¿qué tipo de estampado?), de algodón, de lana, de poliéster (o una combinación de ellas), con el cuello redondo, con el cuello en pico, grande, pequeña, mediana, de buena calidad, de mala calidad…

El número de variantes para todos los productos es casi infinito: aquí tiene una lista, no especialmente exhaustiva ni detallada con respecto a la realidad, de todos los productos que deberían como mínimo someterse a sufragio. En otras palabras, la Asamblea –compuesta por toda la sociedad– debería pasarse debatiendo, deliberando y votando la mayor parte de su tiempo. Pues, si de igualar al mercado se trata, no debería tratarse de una votación mensual, anual o decenal, sino diaria, al minuto, continuada.

Parece claro que la sociedad asamblearia debería estar tan focalizada en votar (y en informarse sobre qué votar) que a duras penas podría dedicarse a producir. Por mera división del trabajo, la Asamblea tendería a encargarle la ardua tarea de escoger qué producir a algún planificador central, como sucedía en los países comunistas. Pero, ¿dónde quedaría ahí la democracia asamblearia? ¿Deberíamos contentarnos con consumir lo que ese señor, o grupo de señores, imagina que deseamos?

Sin embargo, el problema de elegir qué producir es meramente trivial al lado del de seleccionar cómo producir los bienes. De nuevo, en principio ésta parece una dificultad meramente técnica: una vez votado que hay que erigir una casa, el arquitecto y el constructor se encargarán de todos los detalles.

Mas el problema sólo es en parte técnico; en su mayoría es económico. Dado que los recursos son escasos, habrá que redistribuirlos entre los bienes que se ha votado fabricar. ¿Y cómo hacerlo? Por ejemplo, puede que la Asamblea haya decidido a la vez producir 10.000 litros de leche de vaca y 5.000 pares de botas de cuero, pero para manufacturar las botas habrá que sacrificar las vacas, con lo que nos quedaremos sin leche… a menos que criemos más vacas retirando trabajadores de la producción de, verbigracia, colchones. ¿Es preferible la leche, las botas o los colchones (o distintas proporciones de los mismos)? Pero los conflictos entre recursos no terminan ahí: recordemos que más producción de bienes de consumo hoy implica menos producción de bienes de consumo mañana (pues mientras fabricamos bienes de consumo no fabricamos bienes de capital); es decir, también hay que distribuir intertemporalmente los bienes de consumo a fabricar.

 ¿Debería la Asamblea someter a votación todos los millones de conflictos que surjan entre los usos competitivos de los recursos? Fijémonos en que esto no es un asunto técnico: los técnicos señalan qué recursos necesitan ellos para su línea productiva, pero no pueden valorar si esos recursos son más valiosos en otros procesos fabriles donde también son requeridos. En otras palabras, la Asamblea debería conocer al detalle todos los procesos técnicos y votar dónde cada recurso resulta más valioso. Y, de nuevo, esta tarea no es en absoluto delegable pues, ¿de qué modo podría saber un planificador central cuáles de los millones usos alternativos de los recursos prefiere la sociedad sin siquiera preguntarle?

Queda claro, pues, que la inmensidad de la información necesaria para someter la economía a una democracia asamblearia la haría del todo inviable. El mercado, por suerte para todos nosotros, funciona de un modo radicalmente distinto: no es la colectividad la que tiene que decidirlo todo, sino que cada individuo, de manera descentralizada, es el que tiene la opción de hacer sus propuestas de producción a la sociedad y someterlas en cada momento al sufragio continuado y permanente de los intercambios mutuamente beneficiosos. Cada individuo no tiene que conocerlo todo, sino que basta con que se especialice en una línea productiva muy concreta que atiende a un perfil muy determinado de consumidores.

Estos son los dos obstáculos económicos fundamentales que abocarían al fracaso a cualquier economía asamblearia. Luego hay otro problemilla menor, que no interesa en absoluto a la izquierda pero que sí debería concernirnos a los liberales: la hipótesis implícita a todas las votaciones asamblearias anteriores era que todos los individuos se sometían sin rechistar a los designios de la Asamblea. Si ésta establece que hay que extraer hierro de una mina profundísima para fabricar los motores de los automóviles que se ha votado fabricar, alguien tendrá que extraerlo aunque nadie quiera. Es decir, el tiempo de los distintos miembros de una comunidad pasa a ser un recurso que la Asamblea distribuye como ella escoge: no hay espacio para la libertad, pues la libertad –la autonomía de negarse a realizar la función encomendada por la Asamblea– resulta equivalente a sabotear el plan de producción que ésta ha trazado.

Mucho me temo que la tan democratizadora economía asamblearia es igualita a una tiranía política: miseria generalizada y nula autonomía personal. Todo lo contrario, por fortuna, de lo que ofrece un mercado libre.

España sigue siendo de izquierdas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Es decir, una ideología política que, más allá de las típicas siglas partidistas, defiende la figura paternalista del Estado, la redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos, el aumento del gasto, las pensiones públicas, una educación y sanidad estatalizadas, las rigideces del mercado laboral, las políticas de subvenciones y prestaciones públicas o la aspiración profesional de convertirse en funcionario, entre otras características típicas del Estado de Bienestar.

Y esto, por desgracia, sigue siendo así pese a la histórica victoria obtenida por el PP en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo. Las regiones y provincias españolas se han teñido del azul popular, pero, a poco que rasquen la superficie, el color ideológico subyacente sigue siendo el rojizo tenue, propio de una sociedad favorable al estatismo. Los factores que explican este fenómeno son múltiples y variados, y en muchos casos derivan de procesos históricos acontecidos décadas e, incluso, siglos atrás: el feudalismo del Antiguo Régimen, el caciquismo de la Restauración, el nepotismo y la burocracia de la era republicana, el movimiento marxista que a punto estuvo de alcanzar el poder o la autarquía económica del franquismo han ido conformando la fuerte y rígida estructura estatal que aún rige España.

Sin ir más lejos, muchos de los "derechos sociales" que defienden hoy PP y PSOE surgieron por obra y gracia del Generalísimo. Es el caso de la Seguridad Social, las viviendas públicas, los alquileres fijados por ley (rentas antiguas), la actual estructura sindical o la legislación que aún impera en el mercado de trabajo. Desde el fin de la Guerra Civil (1939) hasta el Plan Nacional de Estabilización (1959), España sobrevivió durante dos décadas bajo la etiqueta de "país en vías de desarrollo" gracias al yugo intervencionista y marcadamente estatista de una dictadura inspirada por la Falange. La relativa apertura económica llegó en los años 60, y con ella, el conocido "milagro" español. Desde entonces, sin duda, se han producido destacados cambios y avances, pero por desgracia España sigue siendo socialista.

Basta con observar la última encuesta sobre política fiscal elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2010. Así, en general, la mayoría de los españoles valora satisfactoriamente los servicios públicos y justifica el pago de impuestos para su mantenimiento; de hecho, el 45% opina que el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales debería incrementarse, incluso si eso significa que haya que subir los impuestos (sólo el 4,1% defiende lo contrario, menos gasto y menos impuestos); el 73% defiende que se incremente la fiscalidad a las rentas más altas; el 56% considera que el Estado debe esforzarse más en perseguir el fraude tributario; el 81% piensa que engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos. Por último, un par curiosidades: casi el 79% de los encuestados estudió en un colegio público y el 18% trabaja en la Administración.

Con estos mimbres se explican muchas cosas, como el hecho de que el PP de Génova se escore a la izquierda para tratar de cosechar votos en eso que algunos llaman centro político, y que no es más que la típica socialdemocracia; o que la educación –de nivel medio o superior–, al estar mayoritariamente bajo el control del Estado, se haya convertido en una máquina muy eficiente para pulir a medida "ciudadanos" sumisos, dependientes y favorables al statu quo, es decir, al poder político. Sin ir más lejos, el movimiento 15-M de la Puerta del Sol, pese a que algunos lo tildan de antisistema, no deja de ser otro reflejo, aunque más evidente, del poso izquierdista que todo lo impregna en España. Y es que, estos jóvenes, acompañados de parados, hipotecados, pensionistas y algún que otro contribuyente bienintencionado, protestan contra el poder político sugiriendo como alternativa mucho más Estado y menos mercado con el ilusorio fin de cambiar las cosas… ¡A peor!

Es algo sintomático y, por ello, profundamente preocupante. El histórico vuelco electoral padecido por el PSOE también se puede interpretar desde esta óptica. Así, salvo contadas excepciones como la de Aguirre en Madrid o Cascos en Asturias, las autonómicas y municipales del domingo no fueron un éxito del PP sino, más bien, un rotundo fracaso del PSOE. Los electores infligieron un brutal voto de castigo a Zapatero tras sus repetidas mentiras, engaños y fracasos en la gestión de la crisis, pero también debido a los recortes públicos aplicados a funcionarios y pensionistas. El PP apenas ganó 550.000 votos, mientras que el PSOE perdió casi millón y medio. Y en este punto, tan sólo cabe recordar que Rajoy se opuso firmemente a tales "rebajas sociales". Así pues, España sigue siendo un país de izquierdas tras el 22-M, sólo que gobernado por un partido de centro a nivel autonómico y local.

¡Indignaos!… reclamando más Estado y menos libertad

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

La portada del panfleto facilón y demagogo de Hessel dice que es un "alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica". Parece ser que esta recopilación brillante de sofismas económicos y topicazos anticapitalistas va dirigida a los jóvenes, para invitarlos a desperezarse y a cambiar la indiferencia por una indignación activa. Habrá que entender indiferencia como todo aquello que no sea reclamar más intervención del Estado en nuestras vidas y en la economía.

En otro momento, ya he comentado la falta de honestidad de Hessel, típica del "buen intelectual", que consiste en criticar el sistema capitalista, pero aprovecharse de él al mismo tiempo. En el caso de Hessel, no duda en denostar al sistema capitalista y a los medios de comunicación, pero no ha dudado en utilizarlos para promocionar su producto. Incluso le ha puesto un precio (capitalista) a su panfletito. Y, sobre todo, no ha renunciado a las ganancias. Todo muy honesto.

Pero quizás lo peor del mini-documento de Hessel es lo que intenta transmitir a los jóvenes.

Primero, transmite la idea de que el Estado debe intervenir activamente en sus vidas para resolverles los posibles problemas que vayan teniendo en la vida. Es decir, que su vida, cuerpo y posesiones dependen de decisiones externas a él. Cuidados desde la cuna hasta la tumba. No hay que preocuparse de anticiparse al futuro porque ya estará la dulce mano del Estado para recogernos y acompañarnos.

Lo cual significa destruir toda iniciativa individual a favor de la iniciativa política; significa fomentar e institucionalizar el parasitismo, ya que los ciudadanos saben perfectamente que viven a costa de extraer renta a otros ciudadanos; y significa delegar sus responsabilidades vitales como son su salud, su futuro, su trabajo y su educación. Y esto no es más que sacar lo peor del ser humano. Eso es lo que comunica directa e indirectamente Hessel. Desde luego, eso no me parece que sea vivir una vida plena y responsable.

Otro nefasto efecto que tiene el panfleto fascista-comunista de Hessel para los jóvenes es que no les ayuda a comprender los fenómenos económico-políticos, lo que hará que tomen decisiones erróneas en el presente y futuro. Pongamos por ejemplo el sistema de pensiones público. Si alguien verdaderamente cree que este sistema es viable y necesario, actuará de forma muy distinta a alguien que entiende que este sistema es totalmente inviable por ser un sistema piramidal. El primero cree que percibirá una buena y segura jubilación cuando se retire laboralmente; el segundo sospecha que no recibirá nada. El primero no se preocupará demasiado en ahorrar e invertir en el presente para acumular y aumentar su riqueza de cara al futuro; el segundo se convertirá de inmediato en un ahorrador e inversor, consciente de que nadie le va a pagar su retiro. El primero no debe actuar con perspectiva a futuro; el segundo sí, y rápido. El primero es un funcionario y parásito; el segundo es un empresario y emprendedor. La diferencia entre uno y otro es abismal. Y sus futuros también lo serán.

Hessel, claro está, fomenta el primer caso. Desde luego, no creo que sea un modelo intelectual a seguir por los jóvenes. Y menos, en la situación de crisis actual.