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¿Revolución? No, pataleta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Al camionero, chofer. Al carcelero, funcionario de prisiones. A los asesinos, enfermos mentales. Si se puede estudiar una sociedad por el uso de su lenguaje, Occidente está en las últimas.

Lo estamos viendo ahora con los manifestantes de Democracia Real YA. Afirman hacer una revolución contra el establishment, cuando tal "revolución" no es más que una "pataleta" que legitima el Poder.

Los manifestantes de estos días piden al Gobierno Omnipotente: ¡más Gobierno Omnipotente! Algunas de las consignas usadas han sido tales como "la solución a la crisis no pasa por los recortes sociales". "Contra la temporalidad, la flexibilidad y la precariedad". Incluso cosas como "la juventud más preparada de la historia vivirá peor que sus padres". Tal vez nuestros padres no estuvieran "preparados", pero hacían lo único que es necesario para triunfar: trabajar como bestias, competir, ahorrar y mantener un mínimo de responsabilidad económica. Si no podían comprar algo, no tiraban de VISA, ni pedían más dinero a sus padres o al banco, ni se olvidaban de todo para salir de fiesta.

Imagínese que alguno de los partidos mayoritarios se vuelve más populista de lo que ya son y satisfacen una de las consignas de los "jóvenes sin futuro". Pongamos que les regala una casa con un televisor de LED de 40 pulgadas. Evidentemente esos "revolucionarios" dejarían de patalear y se quedarían en sus nuevas casas: "el amo nos ha dado una casa". Seguirían siendo los mismos esclavos sin futuro, pero con sus demandas cumplidas. ¿De verdad cree que esto significa arreglar algo? Sus demandas no son más que conformismo y mediocridad.

Privilegios y derechos no son lo mismo. Los manifestantes "revolucionarios" han olvidado el origen criminal de los derechos sociales. Estos nacen del latrocinio, del robo, de los impuestos y la deuda descontrolada. Los privilegios sociales son de suma cero: el Gobierno roba a Juan, se queda un 30% de lo saqueado, y da el resto a Pedro. Un sistema basado en algo así no solo crea pérdidas totales netas –ya que no aporta producción alguna– sino que convierte una sociedad libre en un Estado policial y confiscatorio. Más aún cuando todo nace del fraude y la mentira. Nuestros políticos llevan años y años diciendo que luchan por nuestros derechos sociales y eso les ha servido de excusa para llenarse el bolsillo mientras trabajan para las grandes empresas con nuestro dinero.

Sinceramente, los de Democracia Real YA son unos engañados. Dan motivos al Poder para crecer y que así todo siga igual. Una revolución de verdad es cambiar la tendencia. En nuestros tiempos significa demoler el Estado del Bienestar y los medios políticos (partidos, sindicatos, patronal, lobbies económicos y sociales). No somos más que sus esclavos que les pedimos las migajas. El objetivo es derrocar al tirano, no pedirle una casa, una pensión imposible de pagar y alguna subvención cochina.

Para obtener autonomía, riqueza y prosperidad solo podemos confiar en nosotros y la propia sociedad civil. Nosotros hemos de construir el futuro y no un partido único como el PPSOE. Basta de tributos, exigencias, permisos, licencias y limosna nacida del robo. Si no siempre estaremos igual. No podemos ser amos de nuestro futuro si no somos amos de nuestras vidas. La única solución es reducir el tamaño del Estado al de un puño para aplastarlo, y suprimir todas sus absurdas leyes contra la economía y nuestros estilos de vida.

Recursos naturales y Geografía, Instituciones y Desarrollo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Dentro de la corriente dominante en desarrollo económico, existe una creciente literatura que enfatiza la importancia de las instituciones en el desempeño económico, como ya comenté hablando de un trabajo reciente sobre las consecuencias de la Revolución Francesa.

Tras décadas en las que las instituciones (definidas grosso modo como reglas del juego o normas que regulan el comportamiento económico) apenas eran consideradas en la corriente ortodoxa, en la actualidad autores de la talla y el prestigio académico como Acemoglu, Rodrik y muchos otros las consideran como la causa fundamental de por qué unos países son ricos y otros son pobres. Pero surge otra pregunta: ¿por qué hay tanta diferencia en calidad institucional entre países? Una de las respuestas más aceptadas en la literatura es que distintas condiciones geográficas han podido afectar en un sentido u otro a las instituciones, las cuales han persistido desde tiempo atrás.

En este contexto general se sitúa el artículo "The Varieties of Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the Political Economy of Economic Growth" de Isham et al., que pretende explicar el desempeño económico de un conjunto de 90 países en vías de desarrollo entre mediados de la década de 1950 y finales de los 90.

Lo que sucedió en este periodo, en media, fue un crecimiento por encima del 2% hasta prácticamente los años 80, seguido por una caída brusca que se extiende hasta el 85, para luego volver a crecer por encima del 2% a partir de 1995. El hecho estilizado al que prestan atención los autores es la notable divergencia en el desempeño de los distintos países dependiendo de cuál era su estructura exportadora. Se distinguen cuatro tipos de estructura exportadora: 1) manufacturera, 2) difusa (ganado y productos agrícolas), 3) ‘point source’ (combustibles, minerales, cosechas de plantación) y 4) especializadas en cacao y café. Desde 1974, la tasa de crecimiento media en los países exportadores de manufacturas fue del 4,58%, en contraste con la ridícula tasa para los países exportadores de recursos naturales, ligeramente superior al 0%.

Dados estos hechos (que no podemos olvidar que son contingentes a un periodo temporal y selección de países concretos), podemos preguntarnos: ¿cuáles son los mecanismos por los que la composición exportadora podría afectar al desempeño económico?, ¿se puede establecer que la calidad institucional es la pieza fundamental de estos mecanismos?

En la literatura sobre desarrollo económico es ampliamente conocida la ‘maldición de los recursos naturales’ (también llamada como ‘enfermedad holandesa’), que dice que los países ricos en recursos naturales tienden a tener peores resultados económicos, principalmente por su peor calidad institucional. Se han señalado diversos canales por los que sucede esto, que pueden clasificarse en tres: ‘rentier effect’, ‘delayed modernization’ y ‘entrenched inequality’.

El primero tiene que ver con los efectos negativos que se generan al tener el gobierno fácil acceso a recursos financieros sin necesidad de establecer un vínculo entre él y la sociedad a través de impuestos. El segundo sostiene que en países abundantes en recursos naturales las élites del poder se resistirán a la modernización e industrialización de la economía por miedo a perder su estatus privilegiado. Y el tercero, siguiendo la influyente tesis de Engerman y Sokoloff, se refiere al impacto de la composición exportadora sobre las estructuras sociales: cosechas como el trigo o el maíz propiciaron en Norteamérica una estructura de pequeñas granjas y derechos de propiedad sólidos, en contraste con las plantaciones de azúcar, café o cacao que generaron grandes plantaciones donde los derechos de propiedad eran débiles.

Así, según estos estudios, parece que diferentes tipos de dotaciones de recursos naturales tienen una importante influencia en el desarrollo económico a través de las instituciones. Países dependientes en recursos naturales de tipo ‘point source’ y de grandes plantaciones están predispuestos a grandes divisiones sociales y debilidad institucional. Esto afecta negativamente a la capacidad de los países para responder efectivamente a shocks, lo que reduce las tasas de crecimiento en el medio plazo, sostienen Isham et al.

A través de un indicador de estructuras exportadoras que construyen, realizan el análisis econométrico donde estiman dos ecuaciones: la primera trata de capturar el efecto de la estructura exportadora sobre variables institucionales, mientras que la segunda lo hace para ver cómo afectan estas variables institucionales al crecimiento económico.

Los resultados son consistentes con las hipótesis iniciales, es decir, países dependientes de recursos naturales de tipo ‘point source’ se correlacionan con instituciones de mucha peor calidad, en contraste con los países exportadores de manufacturas. Se muestra cómo una reducción de esta dependencia tendría un impacto muy importante sobre las tasas de crecimiento económico.

Otro resultado interesante es la correlación positiva entre la propensión exportadora de un país y su calidad institucional, lo que se puede explicar por qué los países más globalizados necesitan tener buenas características institucionales si quieren permanecer conectados en los mercados globales.

Las implicaciones para la política económica de los gobiernos y los organismos internacionales para favorecer el desarrollo no son nada fáciles ni obvias dado que la estructura exportadora que se origina de la dotación de recursos naturales no es una variable fácilmente controlable por el gobierno. Sin duda, una mayor transparencia y responsabilidad de los gobiernos podría dar buenos resultados, pero para países con baja calidad institucional puede ser muy difícil que los gobiernos se comprometan y cumplan estos compromisos.

Estas conclusiones ilustran lo complicado que puede llegar a ser que los gobiernos tengan un impacto efectivo y positivo sobre el desempeño económico debido a que éste en última instancia depende de condiciones institucionales que son difícilmente manipulables. Quizás el enfoque alternativo de poner el acento en qué políticas o qué cosas no deberían hacerse (primum nil nocere) pueda ser menos arriesgado y más efectivo en el largo plazo. El conocimiento de los economistas y científicos sociales es limitado, y las sociedades no son fácilmente maleables.

Indignados: la revolución reaccionaria

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las tácticas que Lenin recomendó a los mandarines del Partido Bolchevique para hacerse con el poder consistía en montar organizaciones pantalla, aparentemente no relacionadas con el Partido, que habrían de servir para llegar a nuevos graneros de votos. Así, los primeros bolcheviques se apoderaron de los más variopintos movimientos que, en principio, eran refractarios al ideario comunista, ya entonces un guiso muy pesado para los estómagos de los pequeños comerciantes, los campesinos con tierra o los artesanos. Una vez conquistado el poder, única razón de ser de la izquierda desde sus orígenes leninistas, caían las pantallas y, con ellas, la vida y hacienda de los que osasen disentir.

Aquella recomendación del genuino padre del socialismo fue llevada a la práctica por sus sucesores en todo el mundo. Allá donde los ideólogos izquierdistas han encontrado una causa tras la que esconderse se han aprovechado de ella. Es lo que, con el tiempo, han terminado denominando “luchas” –en plural–, que han ido variando y evolucionando dependiendo de la época. La izquierda actual se ha apropiado, por ejemplo, de causas justas como la defensa del medio ambiente, de la igualdad entre el hombre y la mujer o de la promoción de la paz. Parapetado detrás de ellas ejecuta su programa político, que sigue cifrándose en conquistar y mantener el poder a cualquier coste. El ecologismo, el feminismo o el pacifismo constituyen de este modo simples medios que sirven a un fin superior: el de garantizar el usufructo del poder a la camada socialista.

En la España de nuestros días, sacudida por una severa crisis económica provocada en gran parte por el Gobierno zapaterino, era esperable que el descontento –especialmente el juvenil, cuya tasa de desempleo supera el 40%– aflorase por algún lado. Y ahí, como hace cien años, ha estado ágil la izquierda de hoy utilizando las técnicas de la izquierda de ayer. Han detectado por donde podría romper esa insatisfacción, han esperado pacientemente a que fuese tomando forma y, una vez su causa ha sido reconocida, la han cooptado para ponerla al servicio de sus fines. Esa es la razón por la que el manifiesto de la Plataforma “Democracia Real Ya” apesta a socialismo rancio de principio a fin, o el motivo por el que los jóvenes “indignados” incurren en tantas contradicciones, algunas de bulto, como abjurar del Estado y sus políticos… pidiendo más Estado y más políticos, siempre que éstos sean, como no, intervencionistas hasta la náusea.

La protesta ha quedado así diluida en un indigerible engrudo botellonero a medio camino entre mayo del 68 y la facultad de Políticas de la Complutense. Los “indignados”, cuyo manifiesto es una copia bastante deficiente del programa electoral de Izquierda Unida, en vez de erigirse en una amenaza para los que mandan son una oportunidad para que éstos se valgan de su fuerza para amarrarse al poder. Un movimiento, en definitiva, perfectamente manipulable por los más convencidos, que no dudarán en dirigirlo en una u otra dirección en función de las necesidades de la izquierda.

De hecho, en cierto modo, ya está siendo así. Los que en origen se presentaron como apolíticos e hicieron de la etiqueta “no les votes” su bandera, el miércoles ya decían que su objetivo era acabar con el bipartidismo al tiempo que pedían el voto para los partidos minoritarios. A escala nacional sólo existe un partido que cumpla ese requisito y se siente en el Parlamento: Izquierda Unida, de ahí que Cayo Lara no tardase en subirse al carro de los amotinados al tiempo que el programa y las consignas de los mismos se radicalizaban unos cuantos grados. No ha sido el único. Los líderes socialistas, sabedores del batacazo electoral que les aguarda, se han apuntado entusiastas otorgando carta de legitimidad al así llamado “Movimiento 15 de mayo”, que, a estas alturas, poco tiene de apolítico y mucho, en cambio, de algarada callejera cuyos ritmos están cuidadosamente planificados por la intelligentsia de la izquierda. 

No les importa tanto que lo que estén haciendo –ocupar ilegalmente una céntrica plaza de Madrid– sea poco democrático, como los réditos electorales que puedan obtener el domingo. Si PSOE e IU movilizan, aunque sea en parte, una porción de ese electorado joven que, con toda la razón, le da la espalda, habrá merecido la pena el esfuerzo. Los “indignados” pueden convert¡rse, asimismo, en un arma muy valiosa de cara a sitiar al adversario, tal y como ocurrió durante las campañas electorales de 2003 y 2004, cuando grupos de radicales de izquierda asaltaron sin el menor rubor las sedes del Partido Popular.

Todo esto lo pueden conseguir, además, con el aplauso de los medios y la mirada cómplice de la sociedad civil, que sí está genuina y lógicamente indignada. Pero, por muy mal que vayan las cosas, de nada serviría tratar de arreglarlas con una receta que incluye más de todo lo malo que nos ha llevado a esta situación. España está en crisis por exceso de políticos y una sobredosis de Estado. Lo último que necesitamos es reincidir en los viejos vicios intervencionistas e hiperreguladores que nos han conducido a esta situación. Y eso es, precisamente, lo que proponen estos los “indignados” del 15 de mayo.               

Para qué sirve la justicia y la ley

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Hay una gran confusión de términos entre las palabras ley y justicia. Mucha gente lo toma como sinónimo cuando les separa un abismo. Algo similar ocurre con otras palabras grandilocuentes como libertad y democracia. La libertad es un fin, la democracia una herramienta —totalmente fallida— para legar a ese alto fin.

Los términos justicia y ley no son lo mismo. La justicia es un fin, mientras que la ley solo es una herramienta para llegar ella. De hecho, puede haber justicia sin ley. Muchas sociedades creadas en la América colonial, como la de los cuáqueros o puritanos (ver Justice without Law?), convivían en un sistema de justicia sin ley que les trajo gran prosperidad comercial y seguridad hasta que intervino el Gobierno. Pese a tal distinción, el vocablo "ley" se ha confundido y ha tomado más importancia que el de "justicia" trasgrediendo los límites de su definición.

Para cualquier liberal, los medios para llegar a la justicia han de ser de mínimos. Si estos medios crecen más allá de sus fronteras legítimas, invaden la libertad individual convirtiendo la sociedad en estado policial y confiscatorio. Evidentemente ha ocurrido, ¿por qué? Por el crecimiento del pensamiento colectivista, ya le queramos llamar socialista, conservador, nacionalista o religioso. Mientras que la justicia solo pretende que una comunidad con disputas y la violencia; la ley ha querido crear "un mundo mejor" y "más justo". Si alguien pretende hacer un mundo más justo, significa que yo soy un encaje de su sueño y muy probablemente me quiera imponer algo financiándolo con mi dinero. La legitimidad moral que se esconde tras está agresión y robo es porque el "nosotros" es más importante que el "yo".

La UE quiere hacer un mundo mejor por ley, y por eso prohibió el uso de plantas medicinales que durante miles de años han funcionado. En realidad no tiene nada que ver con el bien común, ha sido la presión de las farmacéuticas que así hacen más amplio su monopolio. Leire Pajín quiere un mundo más justo también y por eso pretende prohibir los chistes de homosexuales. (Otra vez, es pagar favores al lobby que le llevó al poder). Los grupos conservadores también quieren un "mundo mejor" usando la ley para meterse en el cuerpo de las persones prohibiendo la eutanasia, el aborto o alimentando el más destructivo de los sectores colectivistas: el de la guerra y seguridad nacional. El terrorismo legalizado.

El uso de ley por parte del colectivismo nos obliga a implicarnos en la sociedad, incluso en el mundo, más allá de lo que nosotros deseamos. El resultado es un mundo perfecto lleno de horrores. La ley ha servido como instrumento para conseguir la injusticia. El hombre se acaba volviendo el esclavo de políticos, gobernantes, lobbies, sindicatos, grupos religiosos e ideológicos. Todo el mundo decide sobre el individuo menos él.

La justicia ha de ser gestionada por la sociedad civil, no por monopolios coactivos. La ley es la mejor arma del tirano para dirigir la sociedad y economía a su antojo. Nuestra vida, libertad y propiedad no es para uso de tiranos ni está a disposición de locos sueños colectivistas. Tal vorágine dictatorial lleva al caos social y económico. Piense en el desastre de las pensiones públicas donde pagamos la vejez de alguien que no conocemos mediante la fuerza sin que ni siquiera nos pregunten. Tal sistema solo ha traído la destrucción del ahorro personal a largo plazo. Antes cuando alguien llegaba a viejo, lo hacía con dinero. Ahora llegamos a viejos con una pensión que no nos permite llegar ni a mitad de mes.

Una sociedad liberal es la que carece de leyes. No pretende hacer un mundo mejor con extorsiones. Solo pretende que cada miembro respete la vida, propiedad y libertad de los otros. La única arma para conseguir una sociedad mejor ha de ser la persuasión, no la prohibición.

Una sociedad liberal consigue, a su vez, la seguridad por medio de empresas privadas (ver los casos de The Privatization of Police in America), y las herramientas del mercado, como alarmas, vallas, armas. La estabilidad jurídico–comercial se consigue con el arbitraje. Y miles de personas interactuando entre ellas pueden hacer un mundo mucho mejor que una oligarquía en el Poder con la única legitimidad de una pistola en la sien. Es decir, de la ley.

¿Frente común con la izquierda?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Somos mercancías de políticos y banqueros? En gran medida sí: no puede ser de otro modo cuando los políticos manejan el 50% de nuestra riqueza –y regulan la otra mitad– y cuando los bancos gozan de privilegios concedidos por los Estados para no quebrar o para manipular a su arbitrio el volumen de crédito. Ahora bien, pese a todo, seguimos disfrutando de un amplio nivel de autonomía personal.

¿Es la crisis responsabilidad de políticos y banqueros? En gran medida sí: las entidades financieras, empujadas por los bancos centrales, expandieron de manera insostenible el crédito, distorsionando la economía hacia el ladrillo. Finiquitado el crédito artificial, nuestras estructuras productivas tenían que recomponerse, pero los Estados frenaron ese proceso: rescates bancarios indiscriminados, gasto público a tutiplén, subidas de impuestos y conservación de las rigideces de los mercados. Ahora bien, pese a todo, muchos ciudadanos también son en parte responsables: unos, por sumarse entusiastas a la orgía crediticia y a la burbuja inmobiliaria; otros, por encumbrar a esos nefastos políticos.

¿Hay motivos para estar indignados y protestar? Sí, todos los anteriores, pero ni uno más.

¿Está Democracia Real YA protestando por los motivos correctos? No, porque parte de dos premisas erróneas: una, que nuestro hipertrofiado Estado sólo es un problema porque no lo manejan asambleariamente ellos; dos, que los banqueros han causado la crisis porque los políticos les han dejado excesivos espacios de libertad.

¿Son las propuestas de Democracia Real YA acertadas? No, porque son el corolario lógico de sus dos erróneas premisas anteriores: quieren más, no menos política; quieren menos, no más mercado. Eso sí, quieren una política y un mercado pastoreados por "el pueblo", como si el pueblo no pudiera ser dictatorial o como si no hubiese hábiles políticos populistas capaces de pastorear al pueblo. Es decir, quieren menos libertades individuales y más "derechos" para gestionar desde arriba el dinero ajeno: más servidumbre.

¿Pueden los liberales reconducir a Democracia Real YA hacia posiciones más sensatas? Es dudoso. Para que haya un acuerdo entre liberales, presuntos apolíticos e izquierdistas es necesario un programa muy de mínimos que no le chirríe a nadie, de modo que Democracia Real YA tendría que retirar casi todas sus propuestas actuales. Es decir, o tendríamos un programa repleto de inconcretas naderías o la izquierda debería tolerar que los liberales la censuraran ideológicamente. Algunos liberales bienintencionados lo están intentando, pero es muy dudoso que la izquierda esté dispuesta a renunciar a su programa de máximos… salvo como coartada para engordar el movimiento y más tarde instrumentalizarlo para sus liberticidas propósitos.

Aun existiendo acuerdo de mínimos, ¿serviría de algo? Probablemente no. Las revoluciones populares sólo socavan regímenes cuando la gente corta o amenaza con cortar cabezas. No veo a Democracia Real YA en esa tesitura, de modo que, como mucho, podrán aspirar a influir sobre los partidos y sobre sus programas electorales. Es decir, justo aquello de lo que reniegan: convertirse en un caladero de votos dentro del corrupto y partitocrático sistema actual (del que ya podemos imaginar quiénes se beneficiarían).

¿Qué puede esperarse de un movimiento que parte de premisas falsas, lanza propuestas erróneas, está copado por la izquierda y sólo aspira a mostrar su indignación para influir en la política? Personalmente, no mucho; aunque bien podría equivocarme. El escenario más probable es que siga siendo lo que es: una festiva fuente de consignas anticapitalistas que no induzca a cambio alguno salvo a peor. Si evolucionara hacia otra cosa más heterogénea de verdad, el movimiento se quedaría en una cacerolada antipolítica sin alternativa consensuada al sistema actual; en un "que se vayan todos y que venga ya veremos quién". El pasto ideal de populistas que saben muy bien cómo comprar a unas masas deseosas de ser compradas con más gasto público y con más impuestos a los ricos… aun cuando nos vayamos a la ruina.

¿Qué deberíamos hacer los liberales? Lo primero –por frustrante que sea– no confiar en revoluciones que no sepamos que podemos ganar, o aún peor, en revoluciones que sepamos que vamos a perder. Que exista una oportunidad de cambiar las cosas no significa que exista una oportunidad de cambiarlas a mejor. Antes de lograr que los políticos dejen de intervenir en nuestras vidas, necesitamos de una enorme masa crítica que hoy no existe; más bien existe una enorme masa crítica de sentido inverso. Esto no es, ni puede ser por ahora, el Tea Party; en todo caso se convertirá en Argentina. Lo segundo –por cansino que sea– continuar haciendo pedagogía de máximos aun cuando sólo obtengamos pequeños cambios en la buena dirección. Pragmatismo frente a romanticismo y evolución frente a revolución. Si ya hay motivos para ser cautelosos ante románticas revoluciones liberales que pretendan hacer tabla rasa, no digamos ya ante amagos de revolución organizados desde la izquierda.

Antisemitismo, un odio elitista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

(Este texto complementa y es continuación del publicado en el Instituto Juan de Mariana el pasado 13 de abril: Antisemitismo un odio profundamente antiliberal).

El Informe Sobre Antisemitismo en España 2010 (en referencia al cual tratamos hace un mes de explicar los orígenes profundamente antiliberales de la judeofobia) refleja que un 58,4% de los encuestados opina que "los judíos tienen mucho poder porque controlan la economía y los medios de comunicación". Este prejuicio se dispara entre los universitarios, donde es defendido por un 62,2%, y entre aquellos que afirman "tener interés en la política". El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España en el momento el que se presentó el estudio, Jacobo Israel Garzón, destacó que "los más antisemitas son supuestamente los más formados e informados", lo que le resulta "preocupante".

Aunque este dato sea digno de generar preocupación (como cualquier otro que muestre la extensión de un odio hacia las personas que forman parte de un grupo por el mero hecho de estar incluidas en él), no debería resultar sorprendente.

Como explicamos en el anterior texto sobre el antisemitismo como odio antiliberal:

La xenofobia, el racismo, la homofobia, la crisitianofobia, la islamofobia y otros sentimientos similares tienen en común el hecho de que quien las siente no valora a cada persona como objeto del odio como un ser individualizado. Al contrario. Tan sólo importa de ella la pertenencia a un grupo, y se le atribuye toda una serie de características personales por el hecho de formar parte de ese "colectivo" al que se percibe como un "todo" homogéneo, nocivo y, en ocasiones, hostil.

Esa incapacidad de valorar a cada persona de forma individualizada (aunque después sea cada miembro del grupo el que recibe el odio y las posibles acciones derivadas de ese sentimiento negativo) ya convierte a estos sentimientos en algo profundamente antiliberal. Pero hay algo que aumenta esta característica en mayor grado en varios de ellos, como el racismo, la xenofobia y la judeofobia. El objeto del odio es percibido como un competidor en el mercado laboral o en el intento de obtener recursos del Estado como subsidios o "ayudas sociales" de diferente tipo. Se le culpa, de manera errónea, de los propios problemas.

Así, el racismo y la xenofobia suelen estar extendidos especialmente entre los sectores de la sociedad con menores recursos económicos, aunque después pueda extenderse hacia el resto de los habitantes del lugar. Esto se debe a que los extranjeros (aunque no son lo mismo, racismo y xenofobia suelen ir en buena medida unidos) suelen ocupar puestos de trabajo que requieren una menor cualificación y, por tanto, están peor pagados. Además, al quedarse muchos de ellos dentro de los sectores de población con menos recursos, suelen acudir como el resto de los ciudadanos en una situación similar a intentar obtener recursos estatales como becas o vivienda protegida.

La judeofobia tiene, en muchas ocasiones, en común con el racismo y la xenofobia que se desarrolla como una reacción ante la competencia de los miembros de un grupo que son percibidos como "diferente". Sin embargo, y a diferencia de los otros casos, surge dentro de sectores sociales con un mayor nivel cultural y profesional (aunque, también aquí, pueda extenderse a otras capas de población). Esto se debe a que los prejuicios hacia los judíos suelen atribuirles características que serían consideradas positivas si no fueran considerados como "elementos hostiles". Mientras el racista y el xenófobo suelen considerar al objeto de su odio como "vago", "sucio", "inculto" y similares, el antisemita (y muchos que no lo son) suele pensar que los hebreos son "inteligentes", "cultos" o "hábiles para las finanzas y los negocios".

Así, quien se siente "amenazado" por su "competencia" no es el obrero de la construcción o el mozo de almacén. Al contrario, quien le percibe como un riesgo para sus propios intereses suele ser un profesor universitario, un médico, un abogado, un alto cargo de empresa (o quien aspira a llegar a serlo algún día) o un periodista. En definitiva, quien se sitúa dentro de los grupos profesionales en los que se requiere una mayor cualificación y nivel culturales. En definitiva, lo que algunos definirían como "élites" sociales. Unas "élites" que además suelten tener una mayor capacidad de difundir sus prejuicios al resto de la población.

Hay otra diferencia también muy importante. Mientras el racismo y la xenofobia surgen en contextos sociales en los que hay un alto índice de población extranjera o de diversos orígenes éticos, para que se desarrolle la judeofobia no es necesaria una presencia importante de hebreos. Al contrario, en muchos lugares se da el antisemitismo sin judíos. El porqué de esto es más difícil de explicar, y daría para otros textos más largos. En cualquier caso, también está relacionado con esa doble característica del antisemitismo como un odio profundamente antiliberal y elitista.

La errática política monetaria: Introducción

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El dinero fiduciario no sólo genera innúmeros problemas para la estabilidad y la prosperidad de ahorradores y tenedores de moneda. Aunque pueda parecer paradójico, también añade numerosas dificultades a la labor de su emisor, los bancos centrales. Y es que estos institutos de crédito, una vez suspendida la convertibilidad de sus pasivos con respecto a sus reservas de oro, se vuelven absolutamente ciegos a la hora de gestionar el dinero fiduciario.

Exactamente, ¿cuál debe ser el criterio a seguir a la hora de determinar lo que se ha conocido como “política monetaria”? Como analizaremos próximamente, el asunto era relativamente sencillo y obvio cuando debían mantener la convertibilidad de sus pasivos con el oro: debían hacer lo posible para no poner en peligro esa convertibilidad. Mas, abandonado éste, ¿por qué deben preocuparse? ¿Qué variables son las que deben determinar sus niveles de endeudamiento o la cantidad y calidad de sus activos?

En los meses venideros dedicaremos diversos artículos a analizar los distintos criterios que se han ido propugnando para guiar la actuación de los banqueros centrales, si bien, grosso modo, ya podemos anticipar que se dividirán en dos grandes grupos: aquellos criterios que concentran su atención en minimizar el envilecimiento del dinero fiduciario (buscando estabilizar algún objetivo de nivel general de precios, de masa monetaria o de tipo de cambio) y aquellas que intentan influir en la actividad económica (dirigiendo su atención al nivel de desempleo, la evolución del PIB nominal, los tipos de interés). Asimismo encontraremos otras que, como la regla de Taylor o el sostenimiento del sistema bancario, combinan el mandato dual de preservar el valor de la moneda e impulsar la actividad económica.

Al concluir la serie comprobaremos que no existe ninguna guía infalible para la actuación de los bancos centrales en un sistema de dinero fiduciario y que, por tanto, la política monetaria, lejos de tener un carácter científico, no es más que pura superstición económica. Demostraremos que sólo la obligación de convertir las deudas del banco central en un activo que sea enormemente líquido –como es el caso del oro– permite garantizar un sistema monetario y crediticio sano que no distorsione de manera negativa ni al valor de los medios de pago ni a la actividad productiva. Pero eso será en los siguientes artículos.

Una errónea Segunda Transición hacia la cleptocracia

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Los españoles estamos asistiendo a un proceso de cambio institucional que se está realizando de espaldas a los ciudadanos, aprovechando las fisuras normativas que presenta la Constitución Española de 1978 para imponer a los ciudadanos una hoja de ruta de "ingeniería social", con una prepotencia y una inmoralidad que permiten catalogar al régimen que padecemos de partitocracia.

Una errónea Primera Transición hacia la partitocracia

La primera transición se realizó por medio de un proceso constituyente que desembocó en el texto constitucional que fue aprobado por los ciudadanos en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Los "padres" de la democracia negociaron durante meses para integrar a la mayoría de partidos en un régimen democrático multipartidista. Sin embargo, se produjeron excesivas concesiones a los partidos minoritarios de ideología independentista, razón principal por la cual el Título VIII se aprobó sin que se fijasen competencias bien definidas, fijas y estables, entre el Estado central (art. 149 CE y art.150 CE) y el Estado autonómico (art. 148 CE).

Adicionalmente, el "consenso" no instauró un sistema electoral que asegurase un Gobierno de España fuerte (art. 99 CE) y un Parlamento (art. 68 CE) independiente y, por otro lado, tampoco se preocupó de garantizar la independencia del poder judicial (art. 122 CE) dotando al país de elecciones de jueces o, simplemente, de un Tribunal Superior (art. 123 CE) en donde pudiesen actuar jueces con carrera profesional brillante y carácter vitalicio, lo que, desgraciadamente, no sucede en el tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional (art.159 CE).

Si a lo anterior sumamos la carencia de financiación transparente y de democracia interna en los partidos políticos, es fácil comprender las razones principales por las cuales puede calificarse la primera transición de erróneamente guiada hacia una partitocracia. Desde luego, ha proporcionado 30 años de desarrollo económico, gracias principalmente a la incorporación al mercado común europeo y a la acción humana de millones de españoles trabajando con amplias libertades civiles respeto de la dictadura.

Sin embargo, lejos de ser complacientes, debemos observar cómo muchos de los errores constituyentes han permitido la degeneración de la democracia, formándose una casta político-judicial que ha instaurado una partitocracia con el poder político repartido en clanes regionales "autonómicos" que reparten prebendas públicas entre los ciudadanos, organizaciones y empresarios locales, con múltiples casos de corrupción y prevaricación que desprestigian las instituciones y aíslan los partidos políticos, frente a una mayoría de ciudadanos de bien.

Una errónea segunda transición hacia la cleptocracia

Pues bien, ya analizamos cómo la degeneración institucional evoluciona desde una partitocracia hacia la cleptocracia que, en el caso de España, se produce con una constante centrifugación del poder hacia clanes regionales autonómicos. Y este proceso de involución podría ser la principal razón que podría estar impulsando la realización de un segundo proceso de cambio institucional que ha roto el contrato institucional, aprobado en referéndum el 6 de diciembre de 1978 por una amplia mayoría de los españoles, porque ataca el espíritu de la ley base del ordenamiento jurídico español y prescribe la validez de los principales artículos de la Constitución.

De hecho, el Tribunal Constitucional actúa como un tribunal político que está proporcionando la cobertura "legal" a un proceso de cambio institucional que pretende realizar una segunda transición, gradual y errónea, hacia un estado confederal, con integración del terrorismo en las instituciones, con desvertebración territorial, legislativa y presupuestaria y, en definitiva, con constante enfrentamiento futuro entre las regiones.

Hoja de ruta "errónea"

Y resulta elocuente comprobar el silencio de muchos medios de comunicación ante las protestas ciudadanas, actuando como cómplices del Gobierno en su estrategia de ningunear las voces discrepantes.

Tal y como hemos explicado [1][2][3][4], existen alternativas para racionalizar el sistema autonómico y frenar el secesionismo sin necesidad de recurrir a pactos inmorales con delincuentes terroristas.

Según ha avanzado en repetidas ocasiones el ex-Ministro de Interior, el proceso de "ingeniería social" que pretende imponer el irresponsable Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, conduce España hacia un camino de servidumbre al nacionalismo separatista. Permítanme que esboce la probable hoja de ruta del proceso de negociación y rendición frente al nacionalismo separatista que parece contar con los siguientes hitos:

Con el listado de hitos anterior no pretendo reflejar la verdad absoluta sobre un proceso de negociación con el secesionismo. Sí pretendo que el lector visualice el alcance del problema que debemos enfrentar los ciudadanos de bien en España para analizar lo errado de un proceso de negociación con el nacionalismo separatista.

En primer lugar, intentar integrar al terrorismo en una sociedad libre significa no entender la naturaleza psicopática de los terroristas y sus secuaces y, por tanto, no comprender el desafío que suponen las ideologías totalitarias ya que, para sobrevivir intelectualmente, necesitan recurrir a la dominación política de la sociedad mediante la coacción y la violencia sobre los ciudadanos que piensan diferente.

La delincuencia terrorista se combate eficientemente con persecución policial, financiera y jurídica y con cumplimiento íntegro de las penas. Nunca con erróneas negociaciones ni con concesiones políticas que sólo proporcionan justificaciones para que intenten nuevamente la consecución de sus fines políticos mediante la aplicación de más terror en determinados territorios gobernados por políticos susceptibles de arrodillarse y rendirse ante los violentos.

En segundo lugar, intentar reformar una Constitución sin el consenso de la mayoría de la población, que se obtiene vía referéndum, significa no entender cómo funciona una sociedad civilizada, entendida como un orden extenso, abierto y complejo de cooperación humana.

Por ello, muchos ciudadanos de bien consideramos que los objetivos de la errónea segunda transición están diametralmente alejados de los valores morales y la organización territorial de un Estado moderno que arraigan instituciones que permiten una convivencia pacífica entre regiones y ciudadanos.

Invalidación constituyente

Deseo más que nadie que no se cumpla la hoja de ruta que he esbozado, dado que los errores en el marco institucional de un país se pagan caro, cuando las autoridades y la sociedad civil no saben actuar a tiempo, con honestidad, valores morales y sentido de Estado, con inteligencia y una estrategia constitucional a largo plazo.

En el año 1978, la primera transición se realizó con una ratificación legal de los ciudadanos y se buscaba la integración de un amplio espectro político a cualquier precio, pero ya contenía errores de bulto porque se realizó sin tener en cuenta la importancia de ciertas instituciones para el desarrollo de una sociedad abierta.

Y, ahora en la segunda década del siglo XXI, estamos asistiendo al deleznable espectáculo de una errónea segunda transición que se realiza sin contar con la opinión de los votantes –que pagan con sus impuestos los salarios y las prebendas de la casta político-judicial—, por lo que queda invalidada constitucionalmente al no recurrir al Título X que especifica cómo proceder legalmente con una reforma constitucional.

Lo que es más grave, la errónea Segunda Transición se desarrolla contrariamente al espíritu constituyente de la primera transición, empleando un tribunal controlado por políticos para otorgar una pátina de "legalidad" a un espuria hoja de ruta –diseñada para transformar España en una confederación de autonomías que operan como "Reinos de Taifas"—, mediante sentencias que no gozan de los principios judiciales de la independencia o de la imparcialidad, puesto que los miembros del Tribunal Constitucional han sido elegidos por los mismos políticos cuyas leyes y actos administrativos deben enjuiciar.

Punto de inflexión institucional

El paso dado por el Tribunal Constitucional, permitiendo la presencia de la coalición Bildu (*) en las elecciones municipales, muestra claramente cómo la apuesta de la casta político-judicial es un órdago que no se retirará salvo que exista una crisis institucional con miles de ciudadanos en la calle reclamando, un día sí y al otro también, tanto memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo como respeto estricto por el espíritu constitucional de convivencia pacífica ratificado el 6 de diciembre de 1978.

Lo impresentable jurídicamente es que un tribunal político invalide la sentencia de ilegalización de Bildu por el Tribunal Supremo (**) con el pobre argumento de la "insuficiente entidad" de las pruebas presentadas contra ellos, entrando a valorar nuevamente las pruebas ya aceptadas por expertos juristas profesionales, y cuando se presentaron hasta nueve documentos de ETA y formaciones de la coalición, intervenciones telefónicas a miembros de Herri Batasuna, cartas o declaraciones judiciales.

La sentencia del Tribunal Constitucional es como si la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ofreciese cobertura "legal" a las organizaciones y mezquitas afines al extremismo islámico de Osama Bin Laden y su organización terrorista Al Qaeda para que presentasen candidaturas a las elecciones locales, integradas por testaferros de los terroristas, con el objetivo de lograr el poder en municipios y condados desde donde promover el hijadismo, la fragmentación y el odio a los EE.UU.

Nuevamente, veremos cómo aquellas instituciones locales que controlen los testaferros del entramado terrorista de ETA, seguirán otorgando fondos a las organizaciones afines y continuarán amenazando ciudadanos, extorsionando empresarios y arrinconando socialmente a aquellos que, sin ser abiertamente separatistas, pretendan seguir viviendo en municipios intervenidos por el separatismo radical y asesino de ETA.  

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Izquierda y derecha

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Esta pregunta se ha intentado responder muchas veces, y si no se ha llegado a una formulación única y sin ambigüedades será, quizás, porque esa dicotomía no lo permite. Pero sí se puede plantear una serie de diferencias entre ambas corrientes que permiten explicar muchas actitudes que consideramos propias de uno u otro signo.

La izquierda es la corriente que quiere someter la sociedad a un ideal formulado por medio de la razón. La derecha es la oposición a esas pretensiones. En ese sentido, acaso también en otros, la izquierda es esencialmente positiva mientras que la derecha es, sobre todo, una fuerza negativa, de reacción frente a las pretensiones izquierdistas. En este sentido, la derecha es reaccionaria.

La izquierda ve la sociedad como algo moldeable; es decir, ve posible la implantación de sus objetivos. Mientras, la derecha ve la sociedad como un conjunto de usos e instituciones que, sencillamente, son así. La izquierda cree poder llegar a comprender todo el mecanismo del funcionamiento social y de su cambio a lo largo de la historia. La derecha no cree que se pueda llegar tan lejos. La izquierda tiende a ser historicista en el sentido de poder descubrir leyes que explican la evolución histórica, mientras que la derecha ve la historia más como una sucesión, no perfectamente discernible, de hechos particulares pero con una continuidad institucional. La derecha cree poder llegar a una cierta comprensión de la historia, pero nunca de un modo absoluto.

La izquierda ve al hombre como perfectible. Es lógico, pues la sociedad está compuesta por hombres y si busca un cambio social tendrá que comenzar por cambiarlos a ellos. De ella surge el mito del hombre nuevo y la adoración por la juventud como encarnación de un nuevo futuro que plasmará sus ideales. La izquierda busca cambiarlo. Primero, por medio de la educación y luego, por los medios de comunicación y la propaganda. La derecha ve al hombre como reo de una eterna naturaleza humana. No busca cambiarlo; lo acepta como es, con sus virtudes y defectos. Pretende mejorar a las personas concretas mediante su sometimiento a normas morales.

Para la derecha la educación es un instrumento para la transmisión de la cultura heredada, y cada generación, un eslabón de una cadena que no debemos romper. Nosotros tenemos el deber de aprender y transmitir nuestra civilización porque lo que somos está definido por ella. Para la izquierda la civilización es un conjunto de conocimientos, normas e instituciones aprovechables pero esencialmente opresores y contrarios al cambio necesario hacia la sociedad perfecta. La izquierda, aunque tenga la pretensión de ser hegemónica, es esencialmente contracultural en el sentido más estricto del término.

La izquierda identifica problemas y ofrece soluciones. Son soluciones de una vez, pues en cuanto se implantan curan a la sociedad de sus males, claramente identificados por ella. La derecha no ve tantos problemas, tiende a aceptar la sociedad como es y ve en ella más virtudes que defectos. Las instituciones tradicionales son, para la izquierda, usos que no están sometidos a una lógica y por tanto son susceptibles de ser sustituidos por otros más racionales. Pues además son arbitrarios. Para la derecha esas instituciones tradicionales tienen un sentido, aunque no siempre lo podamos identificar. No son arbitrarias, por tanto, y su remoción o su cambio brusco pueden producir más males que bienes. La izquierda es impaciente. La derecha es conformista. La izquierda mira al futuro. La derecha mira al pasado.

La izquierda, que tiene muy claro a qué objetivo quiere llegar y se entusiasma con la sociedad ideal, no entiende la oposición de la derecha. Cree que la derecha, como ella, ve la posibilidad de una sociedad ideal, y la explicación que encuentra en su oposición es que tiene intereses contrarios a ese objetivo. Cree que la derecha ataca sus derechos futuros, y también los presentes en la medida en que éstos han sido conquistados. La derecha, por su parte, ve los esfuerzos de la izquierda como una subversión del orden establecido y un ataque a sus derechos presentes, que surgen del pasado.

La izquierda busca un cambio radical en la sociedad y ve al Estado como el instrumento idóneo para lograrlo. La derecha ve al Estado como una institución más de la sociedad y quiere someterlo, como todo lo demás, a las servidumbres tradicionales, al respeto del resto de las instituciones, a las normas de la moral.

La religión es contraria a la razón; es un conjunto de creencias y usos que sostienen la sociedad tradicional, y como tal es un elemento que hay que suprimir a ojos de la izquierda. En la visión de la derecha, es una Verdad revelada, que está más allá de la comprensión humana, y es un pilar básico de la civilización.

La izquierda adora a la humanidad pero aborrece a la gente. Todos sus esfuerzos están encaminados a la emancipación de la sociedad y a la consecución de una humanidad ideal, mientras que las personas concretas están contaminadas por la vieja sociedad y en ocasiones se oponen a sus planes. Llegan al exterminio de clases enteras o como poco de grupos sociales resistentes a sus planes. La derecha aprecia a la gente pero aborrece a la humanidad. La gente como aquellas comunidades entrelazadas por normas comunes inveteradas y que le dan a cada persona una sensación de pertenencia. Aborrece a la humanidad en el sentido de que desconfía o no aprecia a aquellas personas que no forman parte de esa comunidad natural con la que se identifica.

El intelectual cae fácilmente embriagado por la posibilidad de concebir una sociedad ideal y de conducir ese cambio hablándole al oído al gobernante. La derecha no es necesariamente anti intelectual, pero sí desconfía de esos intelectuales que creen dar con la solución a los problemas sociales. La derecha venera a los héroes, porque encarnan los valores que desea para cada uno.

¿Dónde entronca aquí el liberalismo? Quizás debiéramos plantearnos qué es el liberalismo para dar una respuesta completa, pero acaso no haga tanta falta. El liberalismo forma parte de la derecha en cuanto cree que hay una naturaleza humana fija y cree, también, que existe una armonía natural en la sociedad. En este sentido comprende gran parte de las instituciones existentes y las defiende, pues éstas son la plasmación histórica de esa naturaleza humana. Por tal vía, el liberalismo está en la derecha.

Pero el liberalismo busca la comprensión de la sociedad por vías racionales. Y aunque reconoce que no puede comprender todo el mecanismo social, sí identifica un conjunto de regularidades que le llevan a dos conclusiones: Por un lado, identifica todas las consecuencias negativas del uso de la fuerza coactiva y, por otro, a medida que va identificando al Estado como el mayor causante de la ruptura de la armonía natural, va emergiendo el retrato de una sociedad ideal que es describible en términos racionales. Incluso puede ser revolucionario e impaciente en la búsqueda de la plasmación de ese ideal social. Esto le acerca a la izquierda, aunque sus diferencias con ella son insalvables.

Fukushima, el “apocalipsis” que nunca fue

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 11 de marzo Japón sufrió un devastador terremoto seguido de un gran tsunami, dejando tras de sí miles de muertos y desaparecidos. Una tragedia histórica que, sin embargo, fue olvidada casi de inmediato en la mayoría de los medios europeos tras el estallido de la crisis nuclear de Fukushima. El pánico atómico se apoderó de portadas y telediarios alertando, una y otra vez, del riesgo de asistir a un nuevo Chernobyl. El desastre natural que causó el accidente quedó, pues, en un segundo plano. Fukushima se convirtió en el único centro de atención, hasta tal punto que el accidente fue calificado de "apocalipsis" por las autoridades comunitarias.

Dos meses después, el número de víctimas mortales causadas directamente por Fukushima asciende a dos, como resultado de la explosión inicial que sufrió la planta. Sin duda, un "apocalipsis" de gran magnitud. Este caso ha vuelto a poner de relieve la superchería y el vil maniqueísmo que rodea a todo lo que huela a nuclear. Y es que este tipo de energía, aparte de limpia, es la más segura. Algo tan usual y aparentemente inocuo como el carbón mata a más gente que la energía nuclear, tal y como atestiguaba Bill Gates recientemente.

Así es. Los datos históricos muestran que la energía nuclear es, con mucha diferencia, la más segura a día de hoy en comparación con el resto. Para comprobarlo es necesario comparar el número de muertes en función de la producción de energía. En concreto, organismos científicos como la World Nuclear Association, The Paul Scherrer Institute (PSI) o el Proyecto ExternE de la Comisión Europea utilizan la ratio de muertes por Teravatio hora producido (TWh) a fin de analizar la seguridad real de cada fuente energética.

Y el resultado salta a la vista. La nuclear, que produce el 5,9% de la energía mundial, tan sólo ha causado 0,04 muertes por TWh, muy inferior a las defunciones asociadas a la energía hidroeléctrica, situada en 1,4 por TWh si se incluyen los más de 170.000 muertos que provocó el colapso de la presa china de Banqiao a mediados de los 70.

De hecho, el desarrollo de energía solar y eólica provoca más muertes que la temida energía nuclear. La solar, que apenas produce el 0,1% de la energía mundial, registra una ratio de 0,44 muertes por TWh producido, casi 10 veces más que la fuente atómica, mientras que en el caso de la eólica la ratio desciende hasta 0,15.

Las defunciones causadas por estas fuentes renovables se deben, sobre todo, a los accidentes producidos en la instalación de placas solares –por ejemplo, en los tejados de las casas– así como en la construcción de los aerogeneradores (de gran altura).

Sin embargo, la energía con mayor índice de mortalidad es, de lejos, el carbón. Y no sólo por los habituales derrumbamientos y explosiones en las minas sino, más bien, como resultado de la contaminación atmosférica que generan sus partículas. Así, la ratio de defunciones en el caso del carbón alcanza un promedio de 161 muertes por cada TWh a nivel mundial (15 en EEUU, 25 en la UE y 278 en China).

La Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación que generan las partículas de carbón causa cerca de 1 millón de muertes al año. El carbón genera aproximadamente 6.200 TWh. De este modo, la ratio de mortalidad se sitúa en 161.

En este campo destaca, además, otro dato poco conocido: los residuos que producen las plantas térmicas son en realidad más radiactivos que los generados por sus homólogos nucleares. De hecho, la ceniza que emiten las centrales que queman carbón crea 100 veces más radiación en el ambiente circundante que una planta nuclear que produce la misma cantidad de energía.

Pese a todo, gran parte del mundo tan sólo guardará en sus retinas el desastre nuclear de Fukushima, el "apocalipsis" que nunca fue, dejando así en el olvido a los miles de muertos que enterró la furia de la Madre Tierra.