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Hipoteca ZP

España es una fiesta. Desde que el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no se presentaría a las próximas elecciones generales, los españoles respiran aliviados. La población ha visto cómo el máximo responsable de la política económica prometía quitarse de en medio, el PSOE vuelve a mirar con optimismo los comicios y el PP cree haber descabezado al único candidato posible del socialismo español. Todos contentos, luego algo falla.

Zapatero se irá, sí, dentro de un año, pero ha prometido legislar hasta el último día aplicando su agenda de transformación social en todos aquellos ámbitos en los que los españoles no nos comportamos tal y como la utopía igualitaria ordena. La Ley de Igualdad de Trato y la de la Muerte digna serán sus prioridades en estos doce meses en los que aplicará las medidas económicas impuestas para intentar no llevar a la quiebra a todo un país. No importan las renuncias tácticas en materia de ‘ayudas’ y otras ‘conquistas sociales’ concedidas graciosamente por el Estado si el sacrificio puede evitar la zozobra de todo el sistema. La prioridad es apuntalar la estructura y, mientras tanto, continuar con el plan a largo plazo que nos hace menos libres y más dependientes. La guinda de una agenda mucho más amplia en la que Zapatero ni es el primero ni será el último.

Más allá de la hipoteca que dejará este gobierno a pagar a las futuras generaciones de contribuyentes, existe otra carga mucho más pesada que obstaculizará el progreso y desarrollo en libertad de nuestra sociedad. Todas las leyes que artificialmente pervienten los usos y costumbres de acuerdo a un diseño humano son las que terminan chocando con la realidad, caprichosa e imposible de abarcar en toda su complejidad por una sola mente o ideología, por muy preclara o completa que pueda ser.

El problema nunca ha sido Zapatero, ni siquiera el PSOE. La enfermedad que se ha propagado por todo Occidente no es otra que la del igualitarismo redentor que nos ofrecen los estados. Nos creemos singulares, pero la voracidad del los estados es el fruto mismo de la modernidad con la que nacieron. En la tensión entre libertad e igualdad, es la primera la que siempre tiene las de perder en un sistema de reparto de prebendas en las que los votantes esperan recibir privilegios de las riquezas expoliadas a otros conciudadanos que las han generado. Pueden contenerse las ansias liberticidas, pero a la larga terminarán triunfando.

Dentro del sistema no importan ni el apellido del inquilino de la Moncla ni las siglas del partido que consiga la mayoría parlamentaria ni las fronteras que delimitan el Estado; ley a ley, avanzamos hacia una sociedad regulada de forma centralizada en lugar de permitirnos que gestionemos nuestros asuntos de forma autónoma y responsable. El legado de ZP habrá sido contribuir como pocos a aumentar el montante de esta hipoteca, pero su origen se remonta tiempo atrás, y es ese error conceptual de partida en el que deberíamos centrar nuestra atención si queremos que, algún día, los hijos de nuestros hijos puedan decidir libremente sobre sus vidas sin las cadenas que los igualan por la base que les estamos dejando como herencia envenenada.

Los eurodiputados y la casta política

Los que denuncian que los políticos de los distintos partidos nunca se ponen de acuerdo se equivocan. Sí que lo hacen, y mucho más a menudo de lo que pensamos: siempre que tienen que defender a su casta, es decir, sus privilegios. Lo que pasa es que el ciudadano no es consciente de ello o no quiere serlo.

Salvo excepciones sin credibilidad, todos los eurodiputados se han opuesto frontalmente a reducir sus privilegios, entre ellos los vuelos en preferente. Alejo Vidal Quadras argumentaba: "Volar hasta 300 veces al año requiere unas condiciones físicas adecuadas intrínsecas a nuestro trabajo". Y todos nos preguntamos: ¿alguien obliga a punta de pistola al señor Vidal Quadras a ser eurodiputado?

Desde luego, el saneamiento de las cuentas públicas y la legitimidad de la política no pasan por quitar a los políticos unos cuantos vuelos en primera clase o quitarles el coche oficial. Ni muchísimo menos. Esto es el chocolate del loro. Nuestro problema principal no es ese.

Lo que ha puesto de manifiesto la situación no es lo mucho que gastan los políticos (cosa que ya sabíamos), sino la verdadera naturaleza de la política y de su casta. Siempre nos han dicho que los políticos son seres angelicales y sirvientes altruistas del ciudadano. También llevamos en nuestro ADN educativo (gracias a la educación estatal) que, a pesar de que los políticos de turno sean corruptos y malos, la política es honesta en sí misma; simplemente hace falta que suban al poder otros políticos que sean buenos y altruistas; si hubiera políticos honrados en el poder, dicen algunos, todo sería diferente. Estos son unos errores intelectuales insostenibles y negligentes a estas alturas.

Y es que la teoría de la acción humana también se aplica a los políticos. Es posible la aplicación y la extensión del análisis económico a las instituciones y procesos políticos. El análisis político puede resolverse en consideraciones a las que hace frente el individuo como agente decisor. Partiendo de esta base, que no es otra que la del individualismo metodológico, el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público, principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar social.

El político, como cualquier otro agente social, está motivado por la persecución de sus propios intereses y busca alcanzarlos teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Y para ello no duda en utilizar el presupuesto público, principalmente para proponer infinidad de programas públicos. No es difícil deducir que el beneficio (social) de la acción política es inferior a su coste.

De ahí se explica que el político no se limite a ser un garante de las reglas de juego. No se conforma con ser un árbitro. El político es un jugador activo del partido. Y se protege a él y a su equipo (la casta política) para no perder nunca.

Complaciente Europa y complaciente España

Las razones son muy sencillas y están –o debieran estar– al alcance de cualquiera: los precios de la vivienda deben reducirse aún más del doble de lo que lo han hecho hasta el momento, algo que descapitalizará aun más a las cajas y colocará a nuestro país contra las cuerdas: olvídense de los 20.000 millones de euros que tirando por lo alto estima el Gobierno que necesitará nuestro sistema financiero, la cifra final estará más próxima a los 100.000 millones.

El análisis no tiene nada de sofisticado, más bien es puro sentido común. Y eso que Munchau aun exhibe cierto optimismo cuando dice que las Administraciones Públicas, en cualquier escenario, seguirán siendo solventes. Hoy, dice, la deuda pública sobre el PIB sólo alcanza el 62% y en 2015, según Ernst & Young, ascenderá al 72%. A veces me pregunto de dónde se sacan estos cálculos: si hemos cerrado 2010 con el 62% y el cálculo más optimista del Gobierno está en que cerraremos 2011 con el 6%, ya nos vamos al 68%; si Munchau opina que necesitaremos 100.000 millones para las cajas, ya nos subimos al 78%… y eso sólo a finales de 2011… y eso sólo si cerramos los ojos a toda la deuda –en ocasiones ni siquiera emitida: proveedores– que se esconde debajo de las alfombras persas de nuestros políticos.

Ciertamente, Europa se ha puesto en modo complaciente. Pero no sólo Europa. Los analistas españoles sacan pecho diciendo que no somos ni Grecia, ni Portugal ni Irlanda por cuanto nuestro diferencial de tipos de interés con Alemania no se ha disparado durante estos días. Son los mismos que en febrero, en mayo y en noviembre del año pasado criticaban a los especulativos mercados por darnos una calificación que no merecíamos. ¿En qué quedamos? ¿Son los mercados fidedignos o no lo son? Pues, como siempre he dicho, a corto plazo no deberíamos hacerles demasiado caso: los inversores y especuladores tratan de anticipar el futuro y ese futuro es muy borroso y cambiante según los golpes de efecto de los políticos. Mas lo que en ningún caso debiéramos despreciar es el presente: ni el déficit público, ni el déficit de las pensiones, ni la sangría laboral, ni el agujero financiero, ni la rigidez de precios de los inmuebles son problemas que se estén solucionando. Más bien al contrario.

¿Que España está fuera de peligro? Por favor, háganselo mirar. Una cosa es creer que pese a los desmanes políticos no necesitaremos un rescate y otra, muy distinta, es pensar que en los últimos tres meses nos hemos convertido en Alemania por dos chapuzas de reforma mal pensadas y peor implementadas. La situación de España, por desgracia, sigue siendo crítica. Lo patriota (o no-antipatriota) no es callarlo, sino repetirlo con fuerza en los tiempos de tensa calma. Cuando llegue la tormenta ya será demasiado evidente y demasiado inútil. Y además, los complacientes de ahora se tornarán kamikazes negacionistas.

El seguro de Europa se agota

Tras el rescate de Portugal, aún por definir, ha quedado constatado con la creación del famoso Fondo de Rescate europeo ha sido un fracaso en toda regla.Y es que el citado plan ha incumplido claramente su principal objetivo, que no era otro que servir de muro de contención para evitar el temido efecto contagio de la caída de Grecia al resto de economías vulnerables de la zona euro.

El fallo, sin embargo, radica en la propia concepción del Fondo: por un lado, la crisis de deuda pública no es un virus que se transmite por el aire en función de la dirección arbitraria del viento sino que, muy al contrario, se trata de una enfermedad concreta y localizada que surge como resultado de diversos factores, tales como elevada deuda –pública o privada, o ambas a la vez–, falta de competitividad, estancamiento económico, paro creciente o una enorme crisis financiera. Dichas características están presentes, de una u otra forma, en Grecia, Irlanda, Portugal o España, e incluso de forma más atenuada en otros países miembros.

La cuestión es que, al igual que el cáncer, si éste no se detecta a tiempo y se trata de forma adecuada, la situación se agrava por momentos hasta el punto de tener que extirpar los órganos afectados o precisar de un complejo trasplante. En este sentido, España todavía no está fuera de riesgo ya que las recetas a aplicar no se han llevado a término de forma completa. Y ante tal escenario, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿y si cae España? El actual Fondo carece de capacidad para auxiliar al Estado español en caso de necesidad tras el desembolso realizado con Grecia, Irlanda y Portugal. Es por ello que en Bruselas y, sobre todo, en Alemania se sigan estudiando posible alternativas.

En los últimos meses, cabe destacar tres señales claras a este respecto. En primer lugar, el intento por parte de algunos países –entre ellos España– de ampliar y flexibilizar el actual Fondo puesto que, si bien está dotado con 750.000 millones de euros, en realidad apenas cuenta con una capacidad financiera de entre 250.000 y 300.000 millones, insuficiente para rescatar a España. Sin embargo, esta decisión se ha aparcado por el momento, tras varios intentos fallidos debido a las reticencias de Alemania. Así, en las cumbres europeas del pasado marzo se decidió, una vez más, posponer este tema hasta el próximo junio.

En segundo lugar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ido ampliando, poco a poco pero de forma constante, su capacidad financiera para conceder préstamos de emergencia a países en problemas. En la actualidad, este organismo ya cuenta con una dotación de 581.000 millones de dólares para este fin.

Por último, Berlín ya ha logrado imponer al resto de socios su particular plan de quiebra ordenada de países, si bien no entraría en vigor hasta 2013. Pero dada la sucesión de los acontecimientos es posible que su aplicación llegue antes de lo previsto. No obstante, a finales del pasado año, Merkel insistía en la necesidad de imponer cuanto antes las temidas quitas a los acreedores. Las voces en contra del rescate de países crecen sin parar dentro de Alemania, y no sólo en la población sino también entre los expertos.

De hecho, el prestigioso instituto IFO apuesta firmemente por esta salida. En un reciente informe se opone al actual sistema de rescates ilimitados y aboga por la imposición de quitas parciales (suspensión de pagos) dentro de la zona euro. "Buscamos un sistema que proteja contra la insolvencia, sin que degenere hacia un seguro a todo riesgo sin franquicia". De este modo, está claro que la paciencia de las grandes potencias europeas se agota, y ante la ineficacia de los rescates aprobados cada vez es más evidente que el seguro a todo riesgo pronto llegará a su fin.

Elecciones a la vista

Vamos a disfrutar mucho con el escenario político que tendremos a la vista. Tal parece que el PSOE se llevará un bien ganado revolcón electoral y que el PP obtendrá un inmerecido encumbramiento en ámbitos de poder que jamás había catado. La estrategia de la fruta, no tanto madura como ya podrida, parece que le da resultado a Rajoy y sin mojarse lo más mínimo. Lo que importa, no obstante, es cómo gestionará el PP tanto poder regional y local como parece que va a alcanzar.

El poder en las regiones lo detentan unas baronías políticas de cada partido cuyo objetivo es maximizar su poder, sus competencias y el volumen de presupuesto a gestionar. Y eso es válido tanto para lo que ya existe como para lo que ha de llegar. Porque no podemos obviar que, allí donde el Partido Popular aún no gobierna, ya mantiene una penetración en los intereses de esas regiones, unos núcleos empresariales y funcionariales afectos que buscan llevar al grado óptimo su influencia. Y eso se reduce a sustituir la estructura existente por otra cuya diferencia con aquella es más de grado que de calidad.

Y eso cuando no se da el caso de que los intereses de unos políticos, los socialistas y otros, los peperos, son los mismos, como es el caso de Asturias, donde la todopoderosa Cajastur maneja un "convoluto" formado por el ayuntamiento de la capital, del PP, y el gobierno regional, del PSOE. El reparto de influencias está, de este modo, dado y cada uno juega a perder en campo contrario y no recibir oposición alguna cuando juega en el propio.

Empecemos por considerar la que llamamos "cultura de la subvención". Sin duda, la izquierda es nominalmente más afecta a dicha práctica. La lleva a cabo tan descaradamente que la compra de votos es, sencillamente, algo asumido por todos, protestado por algunos y deseado por la mayoría. Respecto del presupuesto público, el comportamiento de los ciudadanos es analizable con una mera teoría de juegos. Cada jugador está dispuesto a obtener del erario público tanto como le sea posible, evitando que otros grupos tengan prioridad y rechazando la carga impositiva sobre sí mismo tanto como pueda.

Como ya sabemos, la capacidad de presión de cada grupo es directamente proporcional al volumen del interés que tiene e inversamente proporcional al tamaño del grupo, pero no de una manera matemática, lógicamente. Lo que quiere decir esta fórmula es que los grupos de presión de cada autonomía no van a cambiar en su estructura porque ganen unos u otros sino que, en muchos casos, serán los mismos y, en otros, serán los nuevos amigos quienes se hagan cargo de la nueva situación.

A pesar de eso, sí es cierto que los socialistas saben trabajar este aspecto mejor que el PP y, salvo los casos de Galicia y Valencia, todo parece indicar que la victoria del PP en otras regiones (Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha) podría mantenerse solamente en futuras convocatorias electorales si es capaz de desmontar el entramado bien trabado que el PSOE ha montado. Y, dentro de ese entramado, no es lo menos importante, el aparato ideológico. Dada la timidez y el bajo perfil del PP en este aspecto, poco se puede esperar. Y, al fin y al cabo, para practicar un neosocialismo con otras siglas, no nos hacen falta alforjas.

Ya era hora

Una de las cuestiones peor entendidas en esta crisis económica es que no necesitamos más sino menos deuda. Muchos economistas siguen empeñados en huir hacia adelante como el endeudamiento en general produce un calentón económico (más inversión, más consumo, más empleo, más actividad…) infieren inmediatamente que ahora, para salir de esta crisis, también necesitamos más deuda.

Claro que… ¿cuánta más? Nuestras sociedades han acumulado en los últimos años unos pasivos equivalentes al 350% o 400% del PIB. Se trata de unas deudas que hemos de amortizar a través de nuestra producción futura. Pero, ¿producción futura de qué? Nuestras estructuras productivas están adaptadas para producir grandes cantidades de casas invendibles a unos precios que no hacen rentable su construcción. Resulta bastante evidente, pues, que con el estado actual de las cosas no podemos hacer frente a esa deuda y, de hecho, la mitad de los países del euro se encuentra al borde de la suspensión de pagos. De hecho, casi nadie niega este punto. La discusión entre los economistas se dirime en cómo hacer frente a esa suspensión: si mediante inflación, default o rescate. No discutimos el qué, sino el quién se va a comer el marrón.

La cuestión que todos deberían plantearse, sin embargo, es qué sentido tiene afirmar que necesitamos más deuda para salir de la crisis cuando, precisamente, ya no nos podemos hacer cargo de la deuda que hemos acumulado hasta el momento. A las claras está que se trata de otro sinsentido que deriva de ese mal consistente en aplicar teorías económicas elaboradas inductivamente durante épocas que nada tienen que ver con la actual: en los años 50 los agentes económicos eran enormemente solventes, hoy son terroríficamente insolventes. Un pequeño detalle que lo cambia todo y que constituye la razón básica por la que las mismas recetas –o los mismos placebos– no surtirán idénticos efectos en ambos casos.

Lo que toca ahora, sí, es amortizar deuda. Desmantelar estructuras empresariales que destruyen valor –como los promotores inmobiliarios–, vender sus factores productivos a aquellos empresarios que sepan darles un mejor uso y con las resultas de esa sana liquidación amortizar la parte de la deuda que se pueda (y la otra, lo siento, se impaga, que no otra cosa son las pérdidas empresariales).

En este sentido, hace bien Trichet en comenzar a subir los tipos de interés. Al margen de esa inflación de las materias primas que está generando Bernanke y que bien debiera convertirse en la tumba del monetarismo, hay una razón de mucho peso para subirlos: los tipos bajos no sólo promueven el endeudamiento de los agentes solventes, sino que también frenan el desapalancamiento de los insolventes. Ahora somos una sociedad mayoritariamente insolvente, por lo que necesitamos de tipos de interés altos para incentivar la amortización anticipada de una deuda con la que se han financiado inversiones que nunca volverán a ser rentables (si digo "suelo", los promotores inmobiliarios –y las cajas– me entenderán).

Los tipos bajos desincentivan que los deudores a tipo variable hagan borrón y cuenta nueva con sus deudas e impide que los deudores a tipo fijo cancelen anticipadamente las suyas. Y es que a menores tipos de interés, mayor se vuelve el valor liquidativo de las deudas a tipo fijo y, por tanto, más complicada y onerosa resulta su refinanciación.

Trichet acierta en subir los tipos. Por una razón: necesitamos menos deuda. Mientras creamos que podemos construir la recuperación con un endeudamiento todavía mayor a los impagables niveles actuales, continuaremos inmersos en un estancamiento destructor como el actual: lo malo va muriendo lentamente, pero lo nueve no tiene ninguna prisa por nacer.

Lecciones de la campaña electoral peruana

Tras la dictadura militar, Perú ha vivido épocas complicadas y convulsas. La década los años ochenta fue un completo desastre y finalizó con el país preso del binomio, tan característico en América Latina, corrupción-hiperinflación. Con el inicio del Fujimorismo (1990), el país mejoró económicamente pero desde el gobierno se vulneraron los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, sin olvidar la práctica del terrorismo de Estado. La conclusión fue que las dos cabezas visibles de la política peruana, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, dieron con sus huesos en la cárcel.

Los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006) y de Alan García (2006-2011) hicieron que la estabilidad fuese la protagonista tras décadas de ausencia y, con ella, el crecimiento económico. Así, Perú se convirtió en una de las naciones latinoamericanas más estables, alejada de toda influencia albista. Igualmente, García no dudó en más de una ocasión en convertirse en el enemigo dialéctico principal del Chavismo. En consecuencia, Perú se unió al selecto y cada vez más numeroso grupo de países de América Latina que respeta a las instituciones del Estado de Derecho y apuesta por su permanencia.

Sin embargo, todo esto no parece suficiente y actualmente es Ollanta Humala el que ocupa el primer lugar en las encuestas, lo que no significa que se vaya convertir en el ganador final; y Keiko Fujimori, "la hija del Dictador", le sigue en las preferencias del público. Es evidente que, entre determinados sectores, la obra social que realizó su padre (más como instrumento de lavado de imagen que en servicio de sus compatriotas) sigue pesando mucho, de ahí que haya mantenido siempre buenos resultados en las encuestas, a lo que han ayudado sus reiteradas manifestaciones afirmando que se opuso a la tercera reelección (la vulneración constitucional final perpetrada por su progenitor).

Una vez más, el continente hermano muestra que una de sus grandes carencias es la capacidad de crear organizaciones políticas que estén por encima de la personalidad de sus líderes. Todo lo contrario, son estos últimos los que crean el partido una vez que su mensaje retórico y demagógico ha calado entre sus compatriotas. El caso de Humala ilustra significativamente esta tesis, sin olvidar que el partido de Alan García (el APRA) ni tan siquiera ha presentado candidato para estos comicios.

Ollanta Humala es el representante de la izquierda nacionalista (concepto que supone una clara contradicción, ya que la doctrina marxista clásica enfatizaba el internacionalismo y repudiaba el nacionalismo). Asimismo, con la finalidad de dulcificar su discurso, ha preferido señalar que su modelo es Lula (aunque sin repudiar a Chávez). Desde las filas del socialismo del siglo XXI, de forma deliberada tampoco se está acentuando el apoyo a la candidatura de Humala. El Presidente venezolano optó por una estrategia defensiva en su reciente viaje a Uruguay cuando afirmó que, con los intentos de vincular a Humala con él, se busca minar el apoyo al candidato de Gana Perú. Hugo Chávez parece asumir que su proyecto político, además de pasar por serias dificultades económicas, no está en condiciones de permitirse un retroceso más.

A pesar de esta táctica bien calculada, Humala no puede ocultar dos aspectos que lo convierten en potencialmente peligroso si finalmente se convierte en Presidente. Por un lado, aspira a modificar la Constitución. En su utopía, quiere crear una "nueva república de mayoría progresista", objetivo que desde su punto de vista no puede llevarse a cabo bajo la actual Carta Magna. Por otro lado, cuando habla de "economía nacional de mercado", se refiere a un proteccionismo económico en el cual el Estado es el principal actor en lugar del sector privado. Hacia este último las advertencias son más que veladas, lo que lleva a pensar que podría quebrarse el modelo económico seguido en los últimos años, el cual ha generado prosperidad y ha tenido como una de sus piedras angulares la firma de Tratados de Libre Comercio.

Solo el libre mercado puede salvar el país

Mientras los esfuerzos del Gobierno en su lucha contra el desempleo solo ha servido para eliminar 42.000 puestos de trabajo el mes pasado (1.400 de nuevos desempleados al día, fines de semana incluidos), la multinacional de comida McDonald’s anunció que contrataría 50.000 personas en un solo día aumentando su plantilla en un 7%.

¿De qué han servido los estímulos monetarios, los planes E de turno, rescates bancarios, los Planes Renove y esos inventos infantiles del Gobierno y organismos supranacionales? Para muchos, la intervención del Estado es como la lotería. La mayoría de las personas juegan sabiendo que no les tocará pero consideran que el coste (precio del boleto) es insignificante con la recompensa del beneficio (el premio principal). En el mundo de la intervención, el ciudadano sigue la misma lógica: se deja llevar por la propaganda del hedonismo y soluciones fáciles para reclamar más intervención, porque consideran que es gratis y que, si les toca "la ayuda", el beneficio es enorme: pisos gratis, subvenciones, becas… La vida real nos enseña que dar algo que la sociedad valora por nada crea serios desajustes. Si una cosa es gratis, es que no vale nada.

La regulación e intervención son un fraude al esconder el coste social y económico de los bienes y servicios. Se traduce en altos impuestos, deuda del Estado (más impuestos en el futuro), una sociedad hedonista y la limitación de las opciones y el progreso humano. En muchas ocasiones, además, el soporte a la intervención estatal se debe al egotismo y envidia socialista. Es el caso de la limitación a los altos sueldos. Si alguien gana dinero legalmente y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas, ¿por qué limitarlo? Porque el socialismo odia la meritocracia, el esfuerzo personal y la superación individual. Todo el que se niega a ser un borrego conformista es enemigo del socialismo.

Después, aquellos que piden más intervención se sorprenden de que las ayudas las reciban los bancos, los inmóviles sindicatos, la patronal y organizaciones de las que nadie ha oído hablar. El Estado no crea riqueza, distribuye las rentas según sus intereses creando pérdidas netas totales. Eso es el Estado del Bienestar.

La conclusión es evidente para cualquier ser racional. Si los bancos centrales han creado la crisis con su sobreoferta de dinero en el mercado y los Gobiernos la han perpetuado con sus ayudas y compra de votos e intereses, es que tienen un poder demasiado relevante en la sociedad.

Mire a McDonald’s. Crea trabajo sin necesidad de cobrar impuestos. Crea riqueza con el consentimiento del consumidor y la sociedad. Las empresas dependen de nosotros, no como los políticos ni las grandes compañías que están blindadas por las actuales leyes corporativistas y proteccionistas. Bajemos del pedestal a las grandes empresas blindadas como la banca, sector del automóvil, sanidad, educación, comunicaciones o energía. Libre competencia para todas. Que se peleen y se maten en el mercado para conseguir nuestro plebiscito sin una sola ayuda del Estado. Pasaremos de una economía estática dictada por los intereses del Gobierno a una dinámica gestionada por el ciudadano. Menos impuestos y regulación significan más empleo, mayor productividad, mayor capitalización del trabajador y por lo tanto, mayores sueldos.

Da igual el nombre del inútil que vaya a gobernar el año que viene, pero que tenga claro que mientras la economía no sea libre, este país, con todos nosotros, estará destinado a la pobreza y miseria perpetua.

Ensayos (fallidos) de persuasión

Uno de los puntos negros de quienes se autodenominan liberales (incluyo a los libertarios) es la expresión. Es paradójico que sea tan difícil la persuasión cuando lo que se defiende es una idea tan "vendible" como la libertad: todos apreciamos la nuestra.

Y, sin embargo, son los líderes cuyas propuestas más constriñen la libertad de los individuos quienes se han llevado el gato al agua. Empezando por los apelativos. A unos se les llama "fachas", que proviene de un régimen dictatorial como el fascio italiano, ideología prima hermana del nazismo alemán. No voy a profundizar en las connotaciones negativas del término. Pero desde luego no son comparables con las que inspira el apelativo del otro bando: progre. Viene de progresista, que indica al menos un avance en el camino. Si alguien hace una crítica al sistema socialista mundial en que vivimos, es un facha; si defiende el saqueo al bolsillo del contribuyente, es progre. ¿No resulta paradójico?

Estos sesgos en el lenguaje empleado por unos y otros es máximo en todo lo que tenga que ver con lo artístico y, últimamente, con los temas dos punto cero. Si se cuelga de internet un vídeo sobre lo que sea y el conferenciante es conservador americano, un progre no resistirá la tentación de criticar el sesgo neocon, ya que el conferenciante es republicano; incluso si dentro del partido republicano el ponente está situado en la esquina más centrista y suavona. Pero suponiendo que fuera al contrario, que se tratara de un ponente que pertenece al partido demócrata, lo normal es que se haga caso omiso de su filiación. Las críticas de libertarios y liberales van a dirigirse no tanto a su pertenencia a un partido como a los argumentos defendidos. Es más, muchos son los libertarios que, igual que rechazan el intervencionismo, venga del partido que sea, por la misma razón aceptan las medidas liberales, provengan de donde provengan.

Otra asimetría que nos perjudica es que un liberal o un libertario acusará los eslóganes demagógicos y espurios tanto dentro de sus pares como en los contrincantes intelectuales, mientras que los socialistas de todos los partidos, pero especialmente los de izquierdas, son maestros de la demagogia y la manipulación. Y de esta forma, nos vemos expuestos a ser tachados de mil y una vilezas referidas a los débiles (niños, enfermos, ancianitos…, pobrecitas mujeres…) a sabiendas de que no vamos a caer en lo mismo, sencillamente por escrúpulos.

¡Lo social vende tan bien! ¿A qué capitalista malévolo se le ocurre quitarle a esa niña necesitada el pan de la boca? Pero nadie recrimina a los socialistas que le roban el futuro a esa misma criatura al aumentar la deuda del Estado, o que trata de irresponsables y tontos a los padres de los niños pobres cuando se aboga por la enseñanza gratuita y obligatoria. Nadie cae en la cuenta de que la paridad es una falta de respeto a la mujer y que se pone en duda su capacidad para fijarse los objetivos que le vengan bien y de encontrar el camino que le lleve a su consecución. Nadie piensa que, además de mi bolsillo, son los bolsillos más precarios los que se ven afectados por los derroches de los gobiernos socialistas.

Eso sí, ninguno de los críticos del liberalismo puro y del libertarianismo se piensa dos veces tachar de radical, facha, ultra y lo que haga falta a quienes lo que pedimos es que se nos deje buscar nuestro modo de llevar nuestra vida, incluyendo nuestra forma de ser solidarios, de relacionarnos como seres sociales que también somos. Y ésta es una cuestión importante que proviene de uno de esos errores convenientes de los intervencionistas. Los defensores de la libertad individual no creemos que hay que vivir aislados, ni somos necesariamente egoístas (o más que los socialistas). Tenemos amigos, creamos empresas, damos trabajo o trabajamos en ellas, pertenecemos a clubes, vamos o no al fútbol… somos normales. Eso sí, creemos que hay que respetar la responsabilidad individual como punto de partida irrenunciable para vivir armónicamente en sociedad. Y en eso consiste la libertad. Lo contrario fomenta irresponsabilidad (porque el que la hace no la paga), obstaculiza el planteamiento de metas y la búsqueda de caminos para su consecución, porque lo colectivo está por encima de lo individual. Como si lo colectivo no procediera de lo individual, como si no estuviera ligado el buen funcionamiento de ambos niveles, y como si alguno de ellos fuera ajeno a la naturaleza humana.