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La balsa de Saramago

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

¿Qué sucedería si una inmensa falla se abriera a lo largo de los Pirineos y la Península Ibérica se desgajara del viejo continente y flotase como una balsa a la deriva por el océano Atlántico con sus pobladores –españoles y portugueses– dentro de ella?

Esta inverosímil historia constituye el eje de la novela La balsa de piedra (1986) del escritor José Saramago en la que dos mujeres, tres hombres y un perro se dan cita en este viaje simbólico plagado de misteriosos acontecimientos que sirven a su autor para defender la cultura ibérica frente a la preponderante de la Europa septentrional y, de paso, arrear un mandoble ideológico al predominio de los EEUU sobre el mundo. Todo ello sazonado con las consabidas fobias progresistas contra la vida moderna, insolidaria y consumista. 

Extraña utopía ésta de hermanamiento entre España y Portugal que se llevó incluso al cine por George Sluizer en 2002 con la actuación de gente tan comprometida como Icíar Bollaín, Federico Luppi (el del cinturón sanitario), Gabino Diego o Antonio San Juan.

En 1998 se convirtió Saramago en el primer escritor luso en obtener el Premio Nobel de Literatura. Se le reconocía así una obra original y una forma de pensar directa, atea, social y crítica, muchas veces polémica, pero sobre todo muy sincera. Le faltó tiempo para realizar en su discurso de aceptación del galardón una defensa del ambiente rural en el que nació. Nada más comenzar, les espetó lo siguiente a los académicos reunidos en Estocolmo: "El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir".

Sus luchas sociales fueron múltiples: desde el apoyo al pueblo saharaui y a los indios de América Latina ("víctimas de cinco siglos de humillación") hasta la defensa de la causa del juez Garzón. Nunca olvidó su compromiso con los más desfavorecidos de la tierra. Por supuesto fue un enemigo de la globalización. He aquí a uno de los intelectuales de referencia más destacados de la izquierda. Llegó a definirse a sí mismo como "comunista hormonal". Así, sin anestesia; comprensible para alguien que es todo corazón.

Desolado, como el mundo entero, por el terremoto de Haití, reeditó su libro La balsa de piedra con la única intención de ayudar a las víctimas de aquel aciago terremoto. Todos los ingresos que se obtuvieron de su venta fueron destinados íntegramente a la Cruz Roja Internacional. Fue una iniciativa que ciertamente le honra. Dicho esto, sin embargo, parece que no captó las condiciones necesarias para la creación de riqueza en una población. En su blog hizo un paralelismo con lo sufrido en Lisboa en 1755. "No hay noticia –escribió– de que un solo haitiano rico haya abierto sus bolsas o aliviado sus cuentas bancarias para socorrer a los siniestrados". Para él, la riqueza estaría dada y habría que repartirla inmediatamente. Un alivio temporal y, sin duda, necesario en determinadas condiciones; pero de persistir dicha actitud en el tiempo sería el camino más directo para mantener empobrecida a esa misma población. Hay mejores soluciones para paliar el sufrimiento humano (1, 2, 3, 4, 5).

Ahora que Portugal va a ser tal vez rescatado, me ha venido a la memoria esta Jangada de pedra ideada por Saramago. La tercera baja en el pelotón de la eurozona nos acercaría a una simbólica escisión de la Península Ibérica con respecto a la UE, tal y como ingresaron ambos países al mismo tiempo en la CEE (1986) y luego en la Unión Monetaria (1999). ¿Seguirá España a Portugal en su destino?; o, más bien, ¿será Portugal el que se una al sino de España? No faltan propuestas interesantes al respecto (1 y 2).

Pese a las fructíferas relaciones comerciales actuales entre ambos países, lo verdaderamente importante en estos momentos es que los dirigentes de ambos lados hagan en serio un necesario ajuste para salir del atolladero en que nos encontramos. A saber, la reducción de su déficit público desbocado así como de su pesada deuda, la flexibilización de sus anquilosados mercados, el alivio de la carga tributaria de sus empresas y ciudadanos, el fomento de la actitud emprendedora entre su población y el favorecer el aumento de la productividad de su respectivo tejido empresarial sin perder un minuto más para participar activamente en la presente globalización.

Sólo así marcharemos, hispanos y lusos, por la senda de un saludable crecimiento. Los demás atajos o aventuras ibéricas –al alimón o no– dejémoslos a los fabuladores de utopías.

¡Marchando otra de impuestos!

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El Ministerio de Economía acaba de revisar por undécima vez en esta legislatura el cuadro macroeconómico que sirve de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Sin embargo, lejos de corregir sus engañosas cuentas, mantiene intacta su estimación de crecimiento para 2011 (1,3%) y tan sólo la rebaja en dos décimas para 2012, hasta el 2,3%, superando así las expectativas de la mayoría de analistas, incluidas las del propio Banco de España (0,8% y 1,5%, respectivamente).

Para empezar, cabe recordar que adivinar el futuro a golpe de previsiones de este tipo es un imposible al que, por desgracia, la mayoría de economistas dedican inútilmente grandes esfuerzos. Sin embargo, los presupuestos funcionan así, a priori, de ahí la importancia de elaborar estimaciones realistas e, incluso, a la baja, sobre todo en períodos de crisis, para no incurrir en desviaciones. Dicho esto, el problema radica en el amor incondicional que profesan los socialistas hacia la figura estatal. Y venerar al Estado conlleva legitimar, siempre y en todo lugar, el aumento del gasto público. Prueba de ello es la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno hasta 2010, hasta el punto de llegar a gastar casi el doble de lo que ingresaba por vía fiscal.

Y puesto que los PGE anteriores, al igual que el vigente, se construyeron sobre previsiones económicas optimistas y, por tanto, estimaciones de ingresos del todo infladas, el sector público ha terminado incurriendo en niveles de déficit históricos muy próximos aún al 10% del PIB. Más déficit, implica más deuda, y ésta más intereses. Y si a este cuadro se le suma una economía en stand by debido a su excesiva rigidez y gran endeudamiento privado, lo raro es que no estalle una crisis de deuda pública como la actual. Ante tal panorama, resulta primordial contar con unos PGE realistas para cumplir así con la reducción del déficit marcado por Bruselas.

Y es que, toda desviación en este campo tendrá que ser, obligatoriamente, corregida. Esto es, precisamente, lo que acaba de advertir el Banco de España al Gobierno: las previsiones de los PGE no se sostienen y el déficit, muy posiblemente, será superior al estimado, con lo que será necesario aplicar nuevos ajustes. ¿Y en qué consistirán? Quizá en reducir algo más el gasto público, pero dado que el Gobierno, firme defensor del Estado, es muy reticente a este tipo de recortes, un nuevo ajuste significará en todo caso más subidas de impuestos, que se vendrían a sumar a las ya aprobadas.

El error presupuestario de Salgado implicará entonces un nuevo castigo para el contribuyente medio, obligado por ley a pagar los desmanes de su clase política. Así pues… ¡marchando otra ronda de aumentos fiscales! ¿Qué tocará ahora? Grecia, inmerso en un constante plan de ajuste desde hace más de un año, subirá el IVA y algunas otras tasas. Veremos qué nos depara Salgado esta vez.

Pronuclear o antinuclear: usted no decide

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 11 de marzo, un terremoto de grado 9 y un tsunami proporcional a dicha magnitud arrasó Japón provocando miles de muertos y desaparecidos. El agua afectó a no pocas infraestructuras situadas en la costa, entre ellas, algunas centrales nucleares que, si bien aguantaron los efectos del seísmo, en algunos casos no lo hicieron con el tsunami y el agua anegó e inutilizó los generadores que ponían en marcha los mecanismos de refrigeración de los núcleos que ya habían entrado en parada. Los efectos de este incidente: explosiones, fugas radiactivas, mediciones elevadas de radiactividad, trabajos en condiciones límites, aparición de contaminación en zonas tan lejanas como Tokio, fusiones parciales de los núcleos, daños en los edificios y en las vasijas de los reactores, evacuaciones masivas y afectados por la radiactividad empezaron a aparecer en los medios de comunicación a partir del día siguiente sin apenas respiro. Una mezcla de hechos ciertos y cierta histeria en torno a lo nuclear se ha adueñado de los medios de comunicación por todo el mundo, generando debates acalorados entre los antinucleares y los pronucleares.

Los antinucleares aducen, entre otros argumentos: problemas de seguridad; que es una energía con efectos irreversibles en el entorno y en las personas cuando hechos como los acaecidos sobrevienen; que la seguridad nuclear no es perfecta y sus fallos, catastróficos; que los residuos son también extremadamente peligrosos y que los costes no son los que se aseguran. Por el contrario, los pronucleares argumentan que esta energía no es tan peligrosa; que, comparada con otras, apenas ha provocado víctimas mortales; que sus medidas de seguridad son de las más desarrolladas; que sus costes son comparativamente bajos y que es la más eficiente.

Tengo una mala noticia para los partidarios de ambas posiciones: su opinión importa poco. Lo que digan, argumenten o griten no sirve de mucho porque la supervivencia de esta fuente de energía, o de cualquier otra, no está en manos del mercado, de los oferentes o los demandantes, sino en las del poder político, las del presidente del Gobierno, las del ministro del ramo, en las del Estado que diseña la política energética.

Pensar que los acontecimientos de Japón van a hacer decantar la decisión de los políticos hacia posiciones que favorezcan a cualquiera de los dos lobbies es no conocer la naturaleza del poder. Aunque la canciller alemana Angela Merkel fue la más rápida en anunciar medidas, como que las centrales anteriores a 1980 serían cerradas sin consultar a sus dueños, en la práctica, Merkel hacía frente a esta cuestión en un momento muy delicado de las elecciones regionales. La polémica nuclear se planteó en ese momento como un argumento que socavaría su poder y le haría perder votos. Actualmente, RWE disputa en los tribunales la decisión de la canciller.

Pero más allá de situaciones concretas, la política energética debe estar diseñada para hacer frente a una continua demanda de energía. Los cortes en el sistema pueden ser tan peligrosos para su continuidad en el poder como desastres nucleares en lejanos países. Sólo países con sistemas populistas, con regímenes dictatoriales y totalitarios como Venezuela o Irán se pueden permitir justificar cortes de energía. Si Merkel quiere eliminar la energía nuclear de la ecuación, esta deberá sustituirla por otra fuente que tenga características parecidas de continuidad y eficiencia, y eso lleva tiempo, tanto tiempo que ciertas circunstancias pueden hacer que la nuclear "resucite", como los derivados de la inestabilidad de las zonas petrolíferas (Oriente Medio y norte de África, Rusia y sus vecinos, etc.).

La política energética se decide desde el poder. Desde el poder se dicen qué centrales producen hoy y ahora y cuáles no[*]. Desde el poder se da paso a las centrales eólicas o las fotovoltaicas y se pide a las de cogeneración o a las térmicas que paren. Y el poder es voluble. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero en España, las energías alternativas, la eólica y la fotovoltaica principalmente, fueron favorecidas de manera descarada con subvenciones y otros favores, mientras que la nuclear pasó a ser la "mala" del cuento. Se anunció el cierre de Garoña y la revisión de las demás centrales. Cuatro años después, la pésima situación económica llevó al mismo Presidente a revisar esta política y, aunque las alternativas seguían teniendo cierto favor, las primas y subvenciones se recortaron, provocando la queja de los beneficiados, y se reconsideró el cierre de las nucleares (al menos, hasta Fukushima).

Lo acaecido en Fukushima puede favorecer a los antinucleares, pero las necesidades energéticas crecientes favorecen a los pronucleares, pues las ventajas de esta son evidentes frente a las renovables. Así pues, la política del Gobierno se traduce en un difícil ejercicio de equilibrismo que pretende contentar, o al menos no hacer enfadar, a los principales grupos de cada posición para que estos no socaven su autoridad. Y esta realidad es aceptada por todas las partes.

El lobby ecologista es tan consciente de ello que, pese a sus campañas y argumentos, que serían propios de la sociedad civil, busca su alianza con el poder o incluso entrar en el poder a través de partidos políticos de ideología "verde". No es casualidad que Juan José López Uralde haya saltado de la presidencia de Greenpeace España a un proyecto de carácter político. No es casualidad que los diferentes partidos de ideología ecologista se alíen con los partidos de la izquierda, sobre todo, con aquellos que, desde la caída del bloque soviético, andan dando tumbos para encontrar de nuevo su nicho político. Ideológicamente coinciden en mucho.

Tampoco es casualidad que las empresas, que en principio deberían ser los principales valedores de la energía nuclear, mantengan un silencio inquietante. Quien se moleste en ver la titularidad de las centrales nucleares en España puede sorprenderse cuando vea que son las mismas empresas que poseen buena parte de las centrales de energías alternativas. Si la empresa piensa en términos de beneficio y este beneficio se deriva de la política energética estatal (subvenciones, precios intervenidos, regulación, permisos, etc.), éstas pueden aceptar que lo que dejen de ganar por el desmantelamiento de las centrales nucleares españolas pueden ganarlo por las subvenciones a las renovables u otro tipo de ayudas, y todos contentos, menos los contribuyentes. Las grandes empresas, incluso las medianas, se mantienen también al lado del poder político, en parte porque no les queda más remedio, en parte porque en la práctica les favorece su carácter de monopolio regional u oligopolio nacional, que les salva de una incómoda competencia. En dicho panorama, ¿importa la posición de cada uno con respecto a la energía nuclear, o a la renovable, o a la que se obtiene de los hidrocarburos?


[*] En la práctica REE es la que toma la decisión técnica, pero prevalecen los criterios que fija el Gobierno.

Fukushima, ¿problema u oportunidad?

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Artículos en prensa.

Los niveles de radiactividad en el agua de Tokio y en otras partes del país fueron durante algunos días preocupantes y las autoridades retiraron de los supermercados algunos productos del campo afectados por la radiación. Ante esta situación, no es extraño que algunos se planteen la idoneidad de la fisión nuclear como fuente energética.

Durante una semana, justo hasta que algunos países occidentales con el respaldo de la ONU decidieron involucrarse en la guerra civil libia, los avances y retrocesos de los técnicos en la planta nuclear, las explosiones en algunas de las instalaciones, las subidas y bajadas de temperaturas de los reactores o las fugas radiactivas acaparaban las portadas de medios digitales y escritos, abrieron programas especiales de televisión y radio y hicieron desembarcar a una multitud de expertos sobre distintas disciplinas para opinar y mostrar luz en un mar de informaciones algunas veces acertadas y otras confusas.

La situación fue tan asombrosa que los miles de muertos y desaparecidos provocados por el tsunami apenas importaban en los medios de comunicación españoles. Los muertos potenciales eran mucho más sugerentes que los reales, los desaparecidos se hicieron invisibles y los desplazados, sólo interesantes si era por la amenaza nuclear. El niño mordió al perro. Los medios informan, pero algunas veces parece que les gusta gritar “fuego” en un teatro lleno para ver cómo reacciona la gente o para poder atacar a la dirección.

Es difícil separar los datos de las opiniones, lo que es importante de lo que tiene poca importancia o un efecto limitado, lo ideológico de lo que no tiene esta carga. A ello hay que unir el hecho, lógico por otra parte, de que no todos los ciudadanos saben y conocen lo qué es y supone la energía nuclear. Cuando las corrientes de aire llevaron los gases radiactivos hacia el Pacífico algunos ciudadanos norteamericanos de la Costa Oeste acapararon buena parte de las tabletas de yodo de farmacias y establecimientos similares. Era más fácil gastarse unos dólares que aprender sobre niveles de radiactividad y los efectos reales en la salud. Las partículas radiactivas “de Fukushima” aparecieron como por arte de magia en Europa y como por arte de magia, desaparecieron al día siguiente. Convivimos con la radiactividad de manera natural, como la del gas radón que se acumula en nuestras casas, o la de algunos quehaceres diarios como la de determinadas pruebas médicas o la que recibimos cuando viajamos en avión.

Convivimos con el riesgo, no sólo con el intrínseco a la energía nuclear, sino con todas las actividades que realizamos. Los accidentes domésticos, los de carretera, los industriales no suelen suponer campañas para abandonar la construcción de casas, la eliminación de las autopistas o el desmantelamiento de las industrias. Se exige una mejora de la seguridad. El desastre de Bhopal donde murieron miles de personas por un escape de isocianato de metilo no supuso la desaparición de la industria de los pesticidas, sino el refuerzo de la seguridad y la revisión y cambio de ciertos protocolos de actuación en toda la industria química.

Entre tanta información, desinformación e interés, cabe hacer algunas reflexiones. Necesitamos energía. No nos podemos permitir no tenerla y necesitamos energía de manera continua y cada vez más. Las políticas de eficiencia energética pueden favorecer el ahorro o un gasto menor para un mismo proceso, pero en tanto el mundo prospere y los países y sociedades avanzados vayan siendo cada vez, el efecto es acumulativo. Apostar por una única fuente de energía o desechar otras es una locura. No es cuestión de apostar por las renovables y no por la nuclear o viceversa, sino que dejar que cada una tenga su nicho, que cada una tenga su evolución natural, que no sean los políticos los que decidan sobre ellas, sino los consumidores y ciudadanos los que informados y con conocimiento se planteen cuál es la que quieren.

Japón se enfrenta a un serio problema de suministro energético pues el cierre de Fukushima, anunciado por las autoridades niponas, generará una situación de complicada resolución, sobre todo para un país tan dependiente de las importaciones de materias primas, incluido el petróleo. Además, deberá construir nuevas centrales convencionales para recuperar sus necesidades energéticas reales o ampliar las que tiene. Si apuesta por los hidrocarburos, se hará más dependiente de un mercado conflictivo, muy ligado a países, como los árabes, que ahora pasan por serios problemas de estabilidad. Y una economía japonesa maltrecha puede contagiar sus males a otras economías mundiales, sobre todo en época de crisis económica.

La seguridad de las centrales nucleares parece haber quedado en entredicho, pero lo cierto es que la de Fukushima, diseñada para aguantar un terremoto de grado 7,5 y un tsunami proporcional a esa intensidad, ha aguantado un terremoto de grado 9, siendo el tsunami el que afectó a los edificios de los generadores que debían poner en marcha la refrigeración de núcleo, ya en parada. No ha habido, al menos hasta la fecha y según los datos que se manejan, un fallo de diseño, sino una subestimación de la intensidad de un terremoto y su consiguiente tsunami. Ello no es óbice para que no se pida y exija una mejor seguridad en las plantas nucleares, que se refuerce la de las ya existentes y que se mejore la de las futuras, incluso que se rehagan los protocolos para buscar las ubicaciones idóneas que eviten o minimicen los efectos de los seísmos. Fukushima, más allá de la catástrofe, debe ser una fuente de informaciones que ayuden a mejorar, aunque sólo sea porque se ha producido en una situación considerablemente extrema. Pero debemos recalcar que el riesgo cero no existe, que por muy bien diseñadas que estén, las centrales nucleares, las industrias químicas, las farmacéuticas incluso las alimentarias o las explotaciones ganaderas o agrícolas, o cualquiera que se nos ocurra, llevan un factor de riesgo que puede afectar nuestras vidas.

En tercer lugar, habría que pedir un poco más de reflexión a la hora de comunicar ciertas noticias y opiniones. Los grupos ecologistas han aprovechado para reivindicar sus posiciones en contra de la energía nuclear sin más argumento efectivo que lo que ha pasado en Fukushima. No han tenido en cuenta que las otras 10 centrales nucleares aguantaron con mayores o menores problemas la catástrofe y que ofrecen  como alternativa las fuentes de energía renovable, sujetas a serios problemas de continuidad en el suministro, costes exagerados y baja eficiencia. Algunos políticos ejercieron de bocazas, como el comisario de Energía de la Unión Europea, Günther Oettinger, que llegó a hablar de Apocalipsis, lo que afectó inmediatamente a los mercados bursátiles, o la canciller alemana Angela Merkel, que, en plena época electoral, anunció el cierre de las centrales de su país cuya construcción sea anterior a 1980, sin hablar ni negociar con dueños y gestores. Los intereses ideológicos, partidistas y políticos no siempre tienen que coincidir con los intereses de los ciudadanos, diversos y plurales. Sin embargo, la influencia y capacidad de los primeros puede hacer mucho daño a los segundos. Es evidente que todo lo ocurrido influirá en las políticas energéticas de todos los países, pero sería positivo que fuera para mejorar y no para frenar la energía nuclear.

Lo peor de Zapatero no se va

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Se me dirá que este no es el momento de realizar tales reflexiones, que bien podría regocijarme de que, al menos, no estará otros cuatro años y que sólo busco hacer leña del árbol caído. Mas ha sido Zapatero el que ha convertido en astillas a nuestra sociedad. No sería grandeza olvidar ahora, sino una traicionera desmemoria.

Apenas las cifras de desempleo y de déficit público servirán para resumir, en el aspecto económico, su misérrima legislatura: en 2012, Zapatero se irá habiendo incrementado la deuda pública de cada español en casi 5.000 euros per cápita (más de 300.000 millones de euros, ahí es nada) y habiendo condenado a más de tres millones de esos endeudadísimos ciudadanos al más estructural de los desempleos.

Alfa y omega: Zapatero empezó su primera legislatura como orgulloso ignorante en economía y gobernó espoleando la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia, gastando y gastando las plusvalías tributarias de los millones de casas hoy invendidas en varias zarandajas de esas etiquetadas sociales, ecologistas o autonomistas como medio para justificar un inmisericorde expolio ciudadano. Durante la segunda legislatura simplemente permitió que, colapsado el ladrillo, su antiliberal ideología nos asestara la mortal puntilla: ni austeridad presupuestaria ni liberalización de los mercados.

"La salida de la crisis será social o no será" y obviamente no ha sido. En su currículum sólo resta una bancarrota nacional que únicamente la gracia de nuestra acreedora Merkel ha permitido salvar hasta el momento. Esa lapidaria declaración de intenciones, por sectaria, por suicida, por arrogante, por desnortada, por ignorante y por infamante debería descalificar todo su desgobierno económico y perseguirlo durante el resto de su vida. Pero no lo hará: sólo los españoles –11 millones de los cuales lo votaron, no lo olvidemos– serán perseguidos a latigazos por sus repercusiones. Lo peor de ZP no serán sus dos legislaturas, sino su legado: se va, pero nos deja una hipoteca a punto de entrar en default.

Adiós y ahora a esperar al próximo Zapatero. Del PSOE o del PP.

Riesgos y costes de la energía nuclear

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La crisis vivida en la central nuclear de Fukushima tras el catastrófico maremoto del pasado 11 de marzo ha puesto de manifiesto la profunda brecha que separa a partidarios y detractores del aprovechamiento energético de la fisión atómica.

Las conquistas científicas y tecnológicas que caracterizan a nuestra era han venido a sustituir en el imaginario colectivo la fascinación por lo extraordinario e inexplicable, dotando de un halo de misterio a los artefactos en los que se traduce todo ese conocimiento y desarrollo. Esto, casi sin poder evitarlo, atrae miedos y superchería. Los nuevos demonios proceden de la técnica. Las maravillas que disfrutamos nos resultan sorprendentes, incluso cuando su explicación racional resulte especialmente sencilla y accesible para cualquiera.

La industria contaminante se desarrolló de la manera en que hizo gracias a la vulneración sistemática de los derechos de propiedad de quienes fueron víctimas directas de la polución generada. Los gobiernos, movidos por su particular interés estratégico unas veces, otras, como mera correa de transmisión de las artimañas de algunos industriales, contribuyeron a que éstos quedaran exentos de muchos costes, gracias al privilegio y la arbitraria concesión del Estado. Instalar una industria altamente contaminante exige indemnizar de algún modo a las personas y propietarios que sufren o padecen dichos efectos perniciosos sobre su salud o sus heredades.

Una central de producción energética a partir de la fisión nuclear genera dos tipos de emisiones: vapor de agua y residuos radiactivos. El primero es inocuo, siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso pasaría a formar parte del segundo tipo de emisión. Los residuos radiactivos se tratan de tal manera que acaban siendo confinados en una piscina, como paso previo a su definitiva clausura en un cementerio nuclear aislado y sellado. Fugas y residuos con un potencial contaminante que, en el peor de los casos, puede comprometer la misma habitabilidad en un amplio territorio en torno a la central. El empresario nuclear, al plantearse la instalación de una planta de esta clase, debe considerar todos y cada uno de los costes que intervienen en su proyecto de inversión (también los eventuales, con la peculiaridad que ello conlleva). Y dado que las consecuencias de un accidente pueden ser terribles, este riesgo concreto debe asumirse, quizá, como el elemento central y más importante dentro de su proyección empresarial.

Cuando nos vemos obligados a asumir cierto riesgo como coste eventual de nuestra actividad productiva, tenemos dos maneras de incorporarlo en nuestro cálculo intelectual: bien a través del coste previsto para ciertas infraestructuras de seguridad, que limiten y acoten dicho riesgo lo máximo posible; o, en todo caso, a través de su transformación en una prima de riesgo. Dado que el riesgo no puede eliminarse por completo en ninguna actividad que emprende el Hombre, incluso siendo adoptadas las medidas de prevención más minuciosas, el empresario nuclear se verá obligado a ajustar su diseño y funcionalidad a los requisitos que le imponga la entidad aseguradora, fijados además como requisito ineludible para darle cobertura en su normal actividad mediante la contratación de una póliza de seguro.

El problema de las centrales nucleares es que, aun demostrando con el día a día su excelente funcionamiento, y a pesar de la eficacia de sus instalaciones de seguridad y contención incluso ante el peor de los escenarios imaginables, siempre estarán sometidas a un riesgo de consecuencias incuantificables. Sin olvidar que este tipo de producción energética exige tener en cuenta la necesidad de gestionar y mantener confinados los residuos radiactivos, muchos de ellos con una vida de miles de años, lo cual también compromete la seguridad incluso en un remoto futuro.

¿Se habría desarrollado como lo ha hecho la tecnología civil nuclear sin la intervención de los Estados o la coordinación internacional lograda por éstos? La respuesta es no. Pero negativa es también la contestación si nos hacemos la misma pregunta sobre cualquier otra industria contaminante. Todas ellas son hoy como son, están donde están, y han tenido el desarrollo que han tenido, gracias al parapeto del Estado, haya servido éste como agente activo e independiente en el diseño y distribución de la industria o, sencillamente, por haber cumplido un papel instrumental gracias al que muchos empresarios se ahorran costes de manera injusta.

Los empresarios de los sectores históricamente más contaminantes, han conseguido eludir la incorporación de unos costes que, en un sistema de Derecho privado, con toda seguridad se les habría exigido tarde o temprano por los individuos afectados.

Toda la vigente legislación dedicada a la protección de la salud de la población, la calidad del aire, el agua o los alimentos, y las restricciones planteadas sobre las emisiones contaminantes de todo tipo de industria o artefacto, tiene un carácter paliativo que es incapaz de sustituir el espontáneo desarrollo de límites jurídicos estrictamente privados. Sus fines últimos podrían asimilarse a los resultados de un orden social basado en un escrupuloso respeto de la propiedad privada, pero, sin embargo, estas políticas, al estar sometidas al ejercicio de la distribución centralizada de costes, adolecen de todos los vicios y contradicciones que le son propias a la legislación organizativa.

No sabemos cómo sería hoy la industria contaminante si los gobiernos nunca hubieran privilegiado a los industriales en sus relaciones con el resto de agentes. Posiblemente, estarían ubicadas en otros lugares o, sencillamente, y con mucha antelación que lo sucedido las últimas décadas, se habría conducido la investigación y la consecuente inversión en el sentido de resolver los problemas contaminantes más lesivos como parte de una estrategia especulativa centrada en disminuir costes futuros gracias a inversiones en calidad y eficiencia técnica. Hoy es el Estado quien distribuye entre los ciudadanos la pesada carga de corregir los efectos de sus anteriores juegos de planificación. Sanear zonas industriales o minimizar el impacto de industrias como la que utiliza el petróleo como fuente principal para la obtención de energía, materia prima que, con toda seguridad, habría sido pronto relegada mucho antes incluso en el ámbito de los vehículos a motor.

Las centrales nucleares acomodan su diseño, garantías y ubicación a los requisitos que imponen los gobiernos y los organismos internacionales en los que se reúnen y coinciden. El empresario nuclear acude a este tipo de inversiones porque conoce perfectamente que podrá librarse de ciertos costes o, en todo caso, recibir ingresos adicionales en forma de subvenciones. Esto no niega a la energía nuclear su evidente superioridad en términos de eficiencia técnica. Sí impide que sepamos exactamente cuál es su coste económico y si éste merece la pena ser asumido a cualquier precio de mercado, o en cualquier circunstancia física, social o política que se nos ocurra.

Mientras tanto, las petroleras mantendrán su dominio a pesar de la propaganda y el sainete de las energías "renovables". Se sigue invirtiendo en nuevas perforaciones y se buscan los yacimientos que garantizarán el suministro de dentro de 20, 40 o 60 años. Tampoco la industria petrolera asume por completo el riesgo que comporta la explotación de pozos, el refinado del crudo o su transporte en barco o a través de conducciones. Sin embargo, su mañana es muy prometedor a la vista de sus esfuerzos por hallar nuevos yacimientos, aprovechar hasta la última gota de los ya explotados o, sencillamente, la manifiesta confianza en el precio futuro del petróleo demostrada por los inversores.

La catástrofe de Fukushima puede servir a dos causas muy distintas: en primer lugar, a la causa de la superchería tecnológica, en los términos comentados al principio, y en un segundo lugar, a la causa de quienes apostamos por ofrecer una crítica liberal de las circunstancias, analizando sus orígenes, identificando a los agentes responsables de las consecuencias más terribles, y proponiendo una reflexión racional sobre el futuro del mercado energético.

3G y 4G sin libertad ni competencia

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Esto es especialmente evidente en el espectro radioeléctrico, en el que todos los Gobiernos han ejercido una nacionalización de hecho y no permiten que nadie haga uso de frecuencias disponibles sin obtener su autorización ni, en numerosas ocasiones, pasar por el trámite de tener que pagar grandes cantidades de dinero.

Por mucho que la fuerza de la costumbre nos haya hecho creer que esa apropiación del espectro radioeléctrico es lógica, esto no responde a la realidad y existen posibles modelos alternativos donde prima la iniciativa privada evitando el abuso de poder por parte de los Gobiernos de todos los niveles. De hecho, lo que hacen los Estados con las frecuencias de emisión sería el equivalente a la nacionalización del aire y la imposición de cuotas y pagos a Hacienda para poder respirar.

Todo lo anterior viene a cuento por el anuncio de que el Gobierno piensa subastar espectro por 2.000 millones de euros para su uso por parte de operadores de tercera y cuarta generación (3G y 4G) de telefonía móvil. El objetivo de la venta no es favorecer una mayor liberalización del sector, algo que sería digno de aplaudir, sino reducir el déficit público al que nos han conducido las políticas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los poderes autonómicos. Uno de los efectos de esta política será que los operadores que entren en juego tendrán limitada su capacidad de reducir tarifas, puesto que sus gastos se verán incrementados por la necesidad de tener que pagar una "mordida" institucionalizada al Estado en forma de subasta.

Como resulta imposible que un Gobierno renuncie a pintar algo en la regulación del sector de la telefonía móvil, al menos debería reducir nivel de actuación y renunciar al afán recaudatorio. El Ejecutivo debería limitarse a poner el mayor número disponible de bandas de frecuencia a disposición de las operadoras que quieran entrar en el mercado y asignarlas sin cobrar nada a cambio para asegurar que entre en el sector la máxima cantidad posible de competidores. De esta manera las compañías se verían obligadas a esforzarse por dar un buen servicio y a ofrecer tarifas asequibles a la mayor parte de los ciudadanos.

Sin embargo, para el Ejecutivo de ZP no prima el interés del consumidor. Lo que busca son ingresos fáciles, aunque eso signifique una reducción artificial de la competencia y precios más altos por acceder a servicios 4G.

La Utopía y Marco Aurelio

Escrito por Emilio Díaz Rolando en . Publicado en Análisis diario.

¿Qué espacio puede tener en un entorno liberal la figura de un viejo emperador romano? Aquellos dirigentes eran la cúspide de un régimen autoritario basado en el ejército. No olvidemos que el sentido primigenio del sustantivo imperator era el de "general en jefe".

Marco Aurelio (121-180 d.C.) es uno de esos emperadores. Está catalogado entre los "buenos". Los hubo "malos" y fueron muchos más que los otros. Marco Aurelio es, además de emperador, el autor de un libro cuya traducción ha venido siendo en español Meditaciones y que en el griego original de su redacción recibió el título de Palabras para uno mismo. Donde pongo Palabras, bien pudiera haber puesto Reflexiones, ya que el original griego es tan ambiguo que la mejor traducción sería Cosas. Pero ese término en español resulta poco aceptable como título. Si alguien se pregunta por qué escribió el libro en griego y no en latín, la respuesta es que el griego en aquel momento era el idioma de la filosofía, de la reflexión, del saber. Marco Aurelio llevaba barba como su antecesor Adriano, quien la puso de moda porque era un amante de Grecia. Grecia era símbolo del pensamiento y sus filósofos llevaban barba.

Las Meditaciones fueron escritas en buena parte durante las campañas fronterizas del emperador contra partos y marcomanos. Están no ya teñidas, sino sumergidas en un estoicismo omnipresente. Hay una suave melancolía, una resignación serena ante la caducidad de la vida. Hay un orgullo contenido de ser romano y una temperada conciencia del inmenso poder del cargo. Hay apelaciones a la razón como guía y ciudadela ante las asechanzas de la fortuna. En fin, Marco Aurelio despliega ante el lector toda una panoplia de reflexiones sobre el ser y el vivir que han convertido su obra en un modelo literario y filosófico.

Ahora bien, vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué espacio puede caber para un monarca absoluto en una página liberal? Ninguno, a priori. No obstante, durante la lectura del libro, uno se topa repentinamente ante esta frase: "No esperes la República de Platón; por el contrario, considérate satisfecho si lo más nimio progresa y considera que el resultado de esto mismo no es algo insignificante"(Meditaciones, IX 29). Lo que hubiera sido el sueño de Platón, ver a un filósofo en la cúspide de la sociedad y con un poder casi absoluto, se torna, una vez vuelto realidad, en una abrumadora confesión de realismo. Las palabras de Marco Aurelio evocan en el lector liberal a Karl R. Popper y sus juicios sobre Platón en La sociedad abierta y sus enemigos, donde el ateniense aparece como el primer propugnador del totalitarismo precisamente con su diálogo La república. Luego, vienen a la memoria las palabras que el filósofo austríaco dedica a lo que él llama "los ingenieros o técnicos fragmentarios": "Aunque albergue algún ideal concerniente a la sociedad como ‘un todo’ –su bienestar general quizá–, no cree en el método de rehacerla totalmente. Cualesquiera que sean sus fines, intenta llevarlos a cabo con pequeños ajustes y reajustes que pueden mejorarse continuamente"(La miseria del historicismo, trad. Pedro Schwartz, Madrid, Alianza-Taurus, 1995, páginas 79-81).

Consciente del anacronismo y llevada por encima del oleaje de la historia en una travesía a contracorriente de su curso, la fantasía del lector empuja a pensar que Marco Aurelio fue uno de esos "ingenieros fragmentarios". Frente a ellos desfilan quienes, llevados por la utopía de la sociedad perfecta imaginada por Platón, pretenden instaurar un paraíso en la tierra cuyas máximos logros, al final, suelen reflejarse en el cartel de entrada a un GULAG o en una montaña de calaveras humedecidas por los monzones de un remoto confín asiático.

Quizá sea este mensaje del viejo emperador uno de los que la intelligentsia políticamente correcta contemporánea desee evitar que nuestros escolares hallen en el curso de sus estudios. De ahí, no dejaré de insistir, su odio a todo lo que huela a las raíces de nuestra civilización. Es lógico que les resulte humillante comprobar cómo hace muchos siglos alguien desvela sus falacias.

En otra veleidad de la fantasía, se puede llegar a pensar que no vendría mal grabar esa frase en los frontispicios de todos los centros de poder para que el político de turno no creyese que su función es cambiar el mundo, sino contribuir modestamente a mejorar algo, un poco, las condiciones de quienes lo han alzado al puesto que ocupa, sobre todo dejándoles que hagan su vida libremente. Y sentirse, a continuación, totalmente satisfecho con esa tarea.

¿Nueva burbuja solar?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La burbuja solar explotó hace ya unos meses en España, tal y como se avanzó en estas páginas. De hecho, hasta el propio presidente del Gobierno, estandarte sin parangón de la política energética verde, admitió el pasado febrero los escandalosos excesos cometidos en esta materia.

Aún así, y pese al evidente fiasco político y económico de estos últimos años, son muchos los que ahora se apresuran a anunciar el nuevo renacer de la energía solar como consecuencia de la crisis nuclear desatada en Fukushima tras el terrible terremoto y posterior tsunami que arrasó Japón. El cierre de las plantas nucleares más antiguas en Alemania y el anuncio de que China podría duplicar su producción fotovoltaica en los próximos años ha desatado el éxtasis entre los ecologistas y fervientes defensores de este tipo de energía.

Un júbilo que, como es lógico, también se ha materializado en la bolsa. Las acciones de la industria solar han subido con fuerza dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, los potenciales inversores deberían tener en cuenta varios puntos antes de lanzarse a comprar. El primero y más importante de todos es que, hoy por hoy, este tipo de generación energética no es un negocio rentable. De hecho, es ruinoso. Su supervivencia y desarrollo dependen única y exclusivamente de las inmensas ayudas, subvenciones y primas que reciben de los distintos gobiernos. Dicho esto, más allá del fraude generalizado cometido en este tipo de instalaciones, sorprendería saber quiénes son los beneficiarios de tal lluvia de millones. La publicación de los auténticos receptores bien podría provocar alguna que otra dimisión entre la clase política.

En segundo lugar, tal promoción no es gratis. Las primas verdes han de ser sufragadas de una u otra forma, ya sea subiendo la factura de la luz, ya sea elevando los impuestos. Y he aquí el problema. La crisis de deuda pública que azota a numerosos países desarrollados obliga a reducir gastos y a priorizar el destino de los fondos públicos. En plena expansión crediticia, materializada en el boom económico de la década del 2000, el aumento del gasto público parecía, ilusoriamente, estar exento de riesgos. Pero, llegado el tiempo de las vacas flacas, primar la energía solar supone un lujo inasumible para muchos Estados. Así, en los últimos meses, Holanda, Italia, Francia, Reino Unido o Alemania han aprobado o estudiado recortes similares a los de España.

Además, Japón, por el momento, seguirá apostando por la nuclear y aún está por ver si los países emergentes están dispuestos a cometer los mismos –y ya evidentes– errores de los desarrollados en materia de política energética. Aún así, si finalmente estalla una nueva fiebre solar, ésta no dejará de ser una burbuja desde el punto de vista inversor. Y es que, al fin y al cabo, seguirá dependiendo del sector público. Es decir, su crecimiento no estará basado en fundamentales, con lo que será otro edificio construido sin cimientos. A largo plazo, los mayores beneficiarios de un hipotético pánico nuclear internacional podrían llegar a ser las empresas de gas natural y del carbón.

Sentencia pírrica

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Una vez más, caía el gozo del ciudadano en el pozo de la arbitrariedad.

Porque tras la alharaca de los titulares se esconde la cruda realidad de una sentencia que se puede calificar como pírrica, y que nos deja moralmente satisfechos, pero de nuevo a los pies de lo que quieran hacer con nosotros los políticos.

Vayamos por partes. Empecemos por lo más obvio: los jueces han decidido que, aún siendo un canon ilegal, el dinero indebidamente cobrado mientras los jueces deliberaban no se devuelve. O sea que si este canon era un robo, ahora ya ha dejado de serlo. Se consolida gracias a esta sentencia el expolio realizado a cada individuo y a la sociedad. Mal vamos.

Pero no ha de terminar aquí la desilusión. Si no vamos a poder recuperar lo que nos quitaron, podríamos consolarnos pensando que al menos no nos quitarán más. Pero tampoco parece que vaya a ser así.

En efecto, la sentencia de la Audiencia en realidad no anula ni declara ilegal el canon. Se limita a anular la Orden Ministerial donde se listan los soportes y aparatos a los que hay que cargar el canon, y cual ha de ser su importe. Y ni siquiera lo hace por cuestiones de fondo, simplemente la anula por aspectos formales, esto es, porque no se cumplieron determinados trámites antes de aprobar la citada Orden.

En concreto, la tramitación de esta Orden requería un informe del Consejo de Estado, y sendas memorias justificativa y económica. Los jueces de la Audiencia no han encontrado ninguno de estos documentos en el expediente asociado, tras una infructuosa búsqueda que les ha llevado dos años y medio, ni más ni menos. Y es esta ausencia la que les lleva a anular la Orden, que no el canon.

Así pues, el panorama no es nada halagüeño. En primer lugar, porque a los jueces les ha llevado 30 meses (¡30 meses!) percatarse de que estos documentos no existían, periodo durante el cual los ciudadanos hemos pagado religiosamente un dinero que no tendríamos que haber pagado y que nadie nos va a devolver. Y digo yo que cómo puede llevar tanto tiempo juzgar y decidir sobre la inexistencia de unos informes.

Y en segundo lugar, porque la redacción de dichos documentos no supone ningún obstáculo relevante para la aprobación una nueva Orden en lugar de la anulada. La elaboración de las pomposas memorias no le llevará a un buen funcionario más de un par de tardes, aunque el informe del Consejo de Estado requerirá más fárrago administrativo y retrasará un algo la aprobación.

Por supuesto que la nueva Orden podrá ser llevada de nuevo ante la Audiencia, y forzar a los magistrados a resolver sobre el fondo de la cuestión. Pero para cuando hagan esto ya habrán pasado otros cuantos añitos en que los ciudadanos habremos seguido sufriendo el expolio de un canon eventualmente ilegal, y en todo caso no restituible.

Con todo, lo más divertido es que hay gente que, gracias a sentencias como ésta, se cree que el Estado de Derecho funciona en nuestro país. Y, sin embargo, lo que demuestran es justo lo contrario: son la prueba evidente de que el Estado puede hacer lo que quiere en nuestro país.