Ir al contenido principal

Nos llevan al hoyo

Es el caso de la negociación colectiva, un modelo por el que desde hace décadas el Gobierno impone a trabajadores y empresarios todo tipo de condiciones laborales, aumentos salariales incluidos, previo acuerdo de los denominados "agentes sociales" (CCOO, UGT y CEOE).

El resultado de este esquema puramente socialista se puede observar a diario en las calles: cientos de miles de empresas cerradas y casi cinco millones de parados desde que estalló la crisis económica. Y es que fijar por ley algo tan sensible y sustancial para la supervivencia de la empresa como es el rango salarial de los empleados supone un corsé permanente que, en tiempo de dificultades como el actual, termina por ahogar la escasa rentabilidad del negocio.

Una de las grandes tragedias de la economía española es su reducida competitividad, y ésta deriva a su vez del rígido marco laboral-sindical vigente en España desde los tiempos de Franco. Alemania es muy consciente del déficit estructural que asfixia la productividad potencial del país y alimenta sin cesar las ya abultadas listas del paro. De ahí que una de sus condiciones para asegurar el rescate de España -llegado el caso- radique en reformar esta arcaica "negociación colectiva" a fin de que los salarios evolucionen en función de la productividad de cada empresa y no en base a unas previsiones de inflación anual totalmente arbitrarias, sesgadas e inútiles desde el punto de vista de la eficiencia dinámica de la economía.

Hace escasos días, Zapatero parecía dispuesto a dar su brazo a torcer para complacer a Merkel y asegurarse así un plan de salvamento financiero. Sin embargo, a la hora de la verdad amenaza con recular nuevamente para contentar a sus amigos, aliados y camaradas los sindicalistas. No obstante, acabar con la negociación colectiva supondría el inicio del fin de las actuales centrales sindicales y, por tanto, los jugosos privilegios y prebendas asociados al cargo.

La reunión celebrada este pasado miércoles en La Moncloa entre Gobierno, CCOO y UGT se resume, simplemente, en tres frases: "España siempre ha tenido un modelo que ha vinculado los salarios y la productividad" (Valeriano Gómez, ministro de Trabajo y ex ugetista); existe "bastante sintonía" con Zapatero (Ignacio Fernández Toxo); "el modelo de determinación de salarios que opera en España es el más conveniente para el interés general" (Cándido Méndez). Es decir, casi todo seguirá igual si Merkel no lo remedia.

Por desgracia, a esta lamentable postura se suma el hecho de que tampoco existe una oposición coherente y responsable en esta materia. Así, el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal, tuvo la ocurrencia y desfachatez de defender un nuevo modelo en el que los salarios se fijen –también por ley– en función de la tasa de paro en lugar de la inflación. Un sindicalista más que sumar a la lista de afiliados de Méndez y Toxo.

¿Resulta tan difícil entender que los salarios, al igual que el resto de condiciones laborales, sin excepción, deben ser fijados directamente entre trabajadores y empresarios? Pero cuidado. No entre todos los trabajadores ni todos los empresarios, entendidos ambos como colectivos homogéneos susceptibles de ser representados por patronal y sindicatos. Ni mucho menos. Esta materia corresponde en exclusiva al ámbito de cada empresa en particular, es decir, a cada empresario y sus respectivos empleados. Urge eliminar la negociación colectiva, permitiendo así que el tratamiento de dichos temas se lleve a cabo libremente en el seno de cada compañía o pyme.

Y es que, tal y como advertía Hayek:

La tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos.

De la recesión al estancamiento

Después de un invierno de mucho frío y mucha lluvia llega la primavera a los mercados, aunque por desgracia no desde un punto vista metafórico, ya que el cuadro macro de la economía española sigue sin dar motivos para el optimismo. En las últimas semanas, se han empezado a dar los datos macroeconómicos para 2010, que vienen a confirmar lo que ya se sabía: la economía española confirma su tercer ejercicio consecutivo con crecimiento negativo o próximo a cero (para 2010 el dato ha sido de un crecimiento del PIB de entre el 0,1-0,2%). Este dato se convierte en aún más "malo" cuando tenemos a toda la Zona Euro empezando a crecer a tasas medias del 1,7%, con una Alemania que tira del carro creciendo al 3,5%. Nos volvemos a quedar atrás.

Las causas del estancamiento económico son diversas y ya las hemos comentado desde esta tribuna en diversas ocasiones. En primer lugar, los planes de contención fiscal diseñados por el ejecutivo, aun yendo en la buena dirección, se quedan cortos, como lo demuestra la hipersensibilidad de los mercados financieros a cualquier desvío en las cuentas públicas o mala noticia relacionada con nuestra economía. Es necesario aliviar las necesidades de financiación del Estado de forma estructural para que las finanzas públicas sean sostenibles y creíbles, y no estemos sometidos a continuados repuntes del riesgo país, lo que encarece el endeudamiento del sector público y privado de la nación.

Relacionado con este punto, y en el centro del debate político, se encuentra la necesidad de emprender reformas estructurales de calado en el ámbito de las pensiones y los mercados de trabajo. Patronal y sindicatos parece que desde enero han emprendido un diálogo serio con la voluntad firme de llegar a acuerdos que han avanzado en la buena dirección. Sin embargo, como lo acredita nuestro anémico crecimiento y la incapacidad de nuestra economía de generar empleo (que más que generar empleo, lo destruye), se hace perentoria la necesidad de alcanzar acuerdos más agresivos, que descentralicen de forma efectiva la negociación colectiva de manera que los salarios se ajusten a los incrementos de la productividad de cada empresa. Punto fundamental para que nuestra economía recupere parte de la competitividad perdida y vuelva a generar crecimiento y empleo imprescindibles, como decíamos antes, para aliviar de forma sostenida las tensiones existentes en las finanzas públicas del Estado y Gobiernos autonómicos y regionales.

Por último, pero no menos importante, resulta apremiante completar de forma rápida la reestructuración del sistema financiero, condición previa e imprescindible para recuperar la normalización de los flujos de crédito. Se trata de depurar aquellas entidades cuyos procesos de gestión interna sean insalvables y recapitalizar las entidades resultantes. El coste de esta recapitalización recaerá inevitablemente sobre el contribuyente, así que es de esperar que el regulador ponga las salvaguardas necesarias para que dichos fondos vayan destinados a depurar los balances de activos ilíquidos (o tóxicos), dotar las provisiones necesarias, y por último sufragar las pérdidas derivadas de todo ello.

Así pues, nos espera un invierno largo en cuanto a lo económico. La economía española está en una posición de extrema fragilidad. El escenario base para 2011 es la consolidación de un escenario de crecimiento anémico (recuperación en L, que ya anticipamos a principios de 2010), pero el riesgo de una recaída (double dip) es especialmente alto para nuestra economía.

El Gobierno no puede ayudar a los hipotecados

En otros países como en Reino Unido o Estados Unidos, el bien de la deuda responde por éste. No existe una garantía personal, sino sobre el bien hipotecado (la vivienda por ejemplo). En nuestro país nunca ha existido por un tema de costes. Un tipo de contrato hipotecario que contemple la dación en pago es más caro que una hipoteca personal porque tiene un mayor riesgo. España llegó a tener las hipotecas más baratas de Europa debido a que una gran parte de la sobreoferta monetaria del Banco Central Europeo (BCE) fue absorbida por nuestro país. Los bancos pensaban que las "hipotecas a la americana" serían como las hipotecas a tipo fijo, es decir, que nadie las contrataría. En la época de la expansión, la gente iba loca por el tipo de interés más pequeño. Ahora todos culpan al sistema y a la banca, pero la vorágine de entonces fue culpa de todos. Aunque el BCE tuvo especial culpa con sus políticas monetarias expansivas.

El mal está hecho. Una hipoteca (como cualquier préstamo) es un contrato que dos partes firman voluntariamente. Culpable fue la banca por asumir riesgos excesivos en pro de obtener mayor vinculación del cliente (que no margen, porque en aquel entonces habían hipotecas con pérdidas en algunas entidades), y culpable fue el hipotecado al pedir el 110% del valor de tasación de una vivienda, hacer lo inimaginable por aparentar más rentas de las que tenía promediadas al año, o simplemente creer que tal situación de abundancia no acabaría nunca.

Ante la actual situación, la pregunta es ¿qué puede hacer el Gobierno? Convertir todas las hipotecas para que admitan la dación en pago es un suicidio. Salgado y Zapatero han dicho que sería un duro golpe para la banca. No es cierto. Entre otras cosas porque lo acabaría pagando el Gobierno. Si el Gobierno ha salvado a todos las cajas y bancos inútiles, ¿cree realmente que dejará que estas entidades se coman el sapo de las hipotecas? Es más probable que mañana nos toque a todos la lotería. La banca no solo es un sector económico, sino un fuerte lobby abanderado por el Banco de España. Éste nunca va permitir que se ponga en riesgo a "sus bancos" sino sacan algo en beneficio.

Probablemente, si la dación en pago se llegara a permitir con hipotecas ya firmadas (eliminando la responsabilidad futura del art 1.911 del Código Civil en préstamos hipotecarios) significaría que el Gobierno lanzaría un fondo de salvamiento para la banca. Una especie de FROB II. Eso implica más deuda pública, más impuestos, más crisis y más pobreza a medio plazo.

¿Pero sacaría a la gente hipotecada de su calvario hipotecario? Solo a cuatro enchufados y gente que ni lo necesita. De hecho, el Gobierno creó un ICO para hipotecas en el 2008 que ha sido un fracaso absoluto. No se han llegado a aplazar ni 12.000 hipotecas cuando la propaganda del Gobierno hablaba de 500.000 hipotecas. Si el Gobierno, en un arranque electoralista, hace las modificaciones para permitir la dación en pago o cualquier otra herramienta que alivie de carga hipotecaria a la población, pasará lo mismo. Las restricciones serán tan fuertes que la gran mayoría de quienes las necesita se quedarán fuera y solo hará que recapitalizar al sector bancario a base de nuestros impuestos.

Todas estas ideas de bombero que piden grupos socialistas, comunistas o como se hagan llamar, nos demuestra la poca madurez política y económica que tiene el español medio. Muchos aún creen en la magia de las leyes, bondad de los gobernantes o incluso que la economía es un proceso metafísico donde está en plena lucha ente bien y el mal. No hay soluciones mágicas a nada. Sustituir los procesos de mercado por meras transferencias de capital obligatorias es lo que está llevando a este país a la ruina: ha creado una clase de parásitos profesionales que viven del Estado.

Hacer una ley para omitir la nuestra responsabilidad solo hará aumentar nuestro inmadurez futura. Nos quejamos, y con razón, de que el Gobierno ayude a la banca, pero nos parece genial que nos suelte dinero por mil razones. Esto es no saber de dónde sale el dinero. Sale de nuestros bolsillos, y no nos vamos a beneficiar nosotros, sino los rentistas gubernamentales de siempre y los lobbies que los acompañan. Por más que el Gobierno haga mil maniobras para "salvarnos", éste no puede hacer magia. Seguiremos siendo pobres. Lo único que hace el Estado es sacarnos el dinero con una mano y repartirse gran parte entre él y sus amigos para luego devolvernos la propina. Los políticos y los comunistas (IU) lo pueden llamar sistema del bienestar, "recuperación social" o como gusten, pero no deja de ser un robo y una tomadura de pelo.

Consecuencias de una reforma institucional radical: la Revolución Francesa

El debate acerca del papel de las instituciones sobre el desarrollo económico es uno de los debates más interesantes en la literatura económica reciente. Aunque se han hecho aportaciones desde la teoría económica, el estudio de la historia juega un papel fundamental en este debate, dado que las instituciones son por su naturaleza elementos que, salvo disrupciones importantes, suelen perdurar durante largos periodos de tiempo y evolucionar lentamente. Además, se da el fenómeno de la dependencia de la trayectoria (path-dependence): el presente depende de una manera crucial del pasado; son los acontecimientos históricos los que abren o cierran las puertas de lo que pueda suceder en el futuro. Esto no obstante, no implica la existencia de un determinismo histórico. Un país que comienza con unas condiciones iniciales malas no está condenado al fracaso, como lo demuestran casos históricos como el de los países del sudeste asiático.

La Historia económica es el campo de trabajo de donde los economistas pueden obtener gran cantidad de ideas para desarrollar teorías más o menos generales, además de una especie de laboratorio enormemente complejo donde las teorías pueden ser contrastadas o ilustradas (dependiendo de la concepción metodológica que se tenga).

En este sentido se sitúa un reciente artículo de Acemoglu, Cantoni, Johnson y Robinson, The consequences of radical reform, que utiliza precisamente este enfoque para el caso de la Revolución Francesa, donde a través del estudio de este episodio histórico tratan de extraer ideas importantes para el debate sobre la relación entre instituciones, cambio institucional y desarrollo económico.

Según contribuciones de distintos científicos sociales, desde Friedrich Hayek a Dani Rodrik, pasando por William Easterly, se ha pensado que las reformas institucionales más efectivas son las que se realizan paulatinamente, evolucionando más desde abajo (bottom-up, a partir de las interacciones de los agentes económicos) que siendo diseñadas desde arriba (top-down, a partir de decisiones rupturistas por parte de las autoridades); y son más efectivas las que se realizan teniendo en cuenta las condiciones locales, por lo que las reformas impuestas externamente tendrían poca probabilidad de éxito.

En el trabajo citado, se explotan las diferencias en las reformas institucionales en Europa generadas por la Revolución Francesa con el objetivo de analizar las consecuencias de aquellas radicales e impuestas desde el exterior sobre el crecimiento económico posterior. El episodio es ilustrativo, dado que la Revolución Francesa tuvo impactos institucionales fundamentales en algunos países europeos, pero no en otros. El caso de Alemania es especialmente destacable, como señalan los autores, debido a que determinadas regiones alemanas tuvieron influencia francesa mientras que otras no. ¿Fueron los países o regiones más afectadas por la revolución más exitosos económicamente en el largo plazo (en la segunda mitad de siglo XIX)?

Estas reformas institucionales que trajo consigo la revolución, indican Acemoglu et al., consistieron en poner fin de forma radical o mermar algunas de las instituciones del Antiguo Régimen. Se eliminaron importantes privilegios típicos del feudalismo de la aristocracia, el clero y la nobleza. Se abolieron poderes de los gremios en las ciudades, que eran fuentes notables de barreras de entrada e ineficiencias económicas. Y se introdujo la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Básicamente, la Revolución Francesa atacó los privilegios de las oligarquías feudales, que eran muy reacias y resistentes a la industrialización, a la innovación y al cambio económico, tanto en el campo como en la ciudad.

La hipótesis de partida de los autores es que el papel principal de estas reformas fue el de generar un ambiente institucional favorable a la innovación y a la actividad empresarial, acabando así con un ambiente institucional perjudicial para estas actividades que conducen al desarrollo económico.

El ejercicio empírico econométrico que llevan a cabo avala esta hipótesis. Se construyen regresiones en las que la variable dependiente es un proxy de la prosperidad económica (tasas de urbanización) o, secundariamente, crudas estimaciones del PIB per cápita, y la variable independiente son proxies del impacto que tuvo la Revolución Francesa sobre los distintos países (como la duración de la ocupación francesa). A partir de este análisis estadístico-econométrico (que no olvidemos puede tener sus limitaciones), llegan a una serie de conclusiones interesantes:

  • Se refuerza la importancia del papel de las instituciones y las reformas institucionales como explicación del desarrollo económico.
  • La Revolución Francesa tuvo una influencia positiva, lo que es consistente con la opinión de que las instituciones del Antiguo Régimen eran una rémora para el crecimiento.
  • No se apoya la tesis de que las instituciones francesas, entre ellas la imposición de su código civil, fueran negativas en términos económicos.
  • Tampoco se apoya la tesis de que las reformas radicales, diseñadas o impuestas externamente (en este caso, a través de invasiones del ejército revolucionario francés) deban tener necesariamente efectos perjudiciales.

En contra de lo que se suele aducir acerca de la no deseabilidad de reformas radicales, Acemoglu et al. opinan justo lo contrario y afirman que posiblemente las reformas asociadas con la Revolución Francesa funcionaron porque "fueron mucho más radicales de lo que sucede normalmente". Es precisamente esta radicalidad, según los autores, la que modifica de un plumazo un equilibrio político, social y económico altamente ineficiente, haciendo casi imposible que las antiguas elites vuelvan al statu quo anterior, iniciándose así una senda positiva en cuanto al desarrollo económico se refiere.

Estas conclusiones dejan abiertas varias cuestiones para la discusión que dejo en manos del lector: ¿se pueden diseñar las instituciones desde arriba, en lugar de evolucionar orgánicamente en el sentido hayekiano?, ¿pueden ser las reformas institucionales radicales e impuestas de forma externa efectivas para promover el desarrollo?

El objetivo ecolojeta

…gracias al inestimable apoyo del alarmismo mediático europeo, un debate político que parecía ya clausurado: el uso y desarrollo de la energía nuclear.

La Unión Europea, en especial Alemania, y otras grandes potencias como China han aprovechado de inmediato la oportunidad brindada por Fukushima para poner en tela de juicio no sólo los criterios de seguridad aplicados hasta el momento sino, sobre todo, el mantenimiento de las centrales más antiguas (las anteriores a 1980), el alargamiento de la vida útil de las más modernas e, incluso, la puesta en marcha de las nuevas plantas proyectadas. La reapertura de dicho debate energético no es cuestión baladí, ya que un cambio de rumbo en esta materia afectará de una u otra forma al nivel y calidad de vida de los ciudadanos y al futuro mismo de las economías occidentales.

Así, imagínese por un momento que los gobiernos europeos deciden prescindir de la energía nuclear en un horizonte de 10 ó 15 años. El efecto sería inmediato: los precios del carbón, el petróleo y el gas se dispararían; la factura de la luz se encarecería de forma exponencial; los costes de producción crecerían de igual forma; el precio de los bienes y servicios registraría una subida espectacular… ¿Resultado? Reducción drástica del consumo energético; menor producción y consumo; inflación elevada; estancamiento económico; en resumen, peor y menor calidad de vida.

Y es que, hoy por hoy, no existe una alternativa factible a la energía nuclear. El problema de las recurrentes renovables no es sólo que producen energía a un coste muy superior –con el consiguiente encarecimiento energético– sino que, además, no son una fuente energética estable. La producción de energía solar y eólica sólo son viables en localizaciones muy concretas, y aún así dependen en última instancia de las condiciones meteorológicas. Es decir, son incapaces de cubrir por sí solas los picos de demanda que se registran a diario en el sistema eléctrico. De este modo, los apagones serían la regla, y no la excepción, en un régimen puramente renovable.

Los Gobiernos son perfectamente conscientes de esta situación, de ahí que, probablemente, la reciente moratoria nuclear decretada a nivel mundial se materialice tan sólo en un breve parón a fin de revisar y endurecer los actuales estándares internacionales de seguridad en las plantas presentes y futuras. Aún así, Fukushima servirá de excusa a los ecologistas para emprender una nueva y reforzada lucha contra este tipo de energía. Por desgracia, sus mensajes catastrofistas suelen calar con gran efectividad en la mente colectiva de los individuos, aprovechándose del miedo irracional a las fugas radiactivas. Por lo que este tipo de campañas suelan contar con un amplio apoyo social.

Sin embargo, muchos de los que ven con buenos ojos esta guerra verde ignoran el objetivo último de los ecolojetas, que no es otro que acabar con el capitalismo. Y es que un mundo sin energía barata es un mundo con escaso capital. No obstante, este tipo de movimientos no ocultan que su gran aspiración consiste en que la humanidad regrese a una era preindustrial que, según ellos, estaría en perfecta armonía con la naturaleza. En este sentido, el rechazo a la energía nuclear es tan sólo la punta del iceberg. El modelo energético soñado por los ecolojetas está exento de todo tipo de fuentes fósiles. 

Así, según sus propios postulados, el hombre debería prescindir, igualmente, de petróleo, gas y carbón, ya que su explotación provoca externalidades tales como contaminación, guerras, cambio climático o, lo que es aún más importante, el "consumo irresponsable e insostenible" propio de las economías capitalistas. De este modo, lo que realmente pretende el ecologismo es, en última instancia, impedir al ser humano producir la energía que precisa al menor coste posible, con todo lo que ello implica. El fin de la nuclear sería, en ausencia de una nueva revolución energética más eficiente que la actual, el principio del fin del capitalismo.

La refutación de la teoría cuantitativa (y IV)

La última de las hipótesis en las que se basa la teoría cuantitativa es la de que los aumentos en M darán lugar a incrementos automáticos y mecanicistas en los precios con independencia de cómo se haya originado y extendido ese incremento en M. La proposición puede tener dos significados: uno más restrictivo y otro más flexible. El primero se correspondería con sostener que todos los precios particulares se mueven en idéntica proporción a la variación de M; el segundo, que P (el nivel agregado de precios; una media de todos los precios de la economía) aumenta o disminuye en la misma proporción que lo hace M, lo que permite que haya precios particulares que suban o bajen siempre que la variación de la media de todos ellos sea proporcional a la de M.

La primera de estas dos interpretaciones, que coincide con la célebre hipótesis de la neutralidad del dinero, es indudablemente falsa. Como ya descubriera Richard Cantillon –de ahí el famoso Efecto Cantillon– las variaciones en los precios particulares de la economía dependen de los circuitos por los que se introduzcan los nuevos medios de pago. Con independencia de que el aumento de M proceda de un aumento de dinero (M’) o de promesas a entregar dinero (M’’), lo cierto es que los precios que con mayor intensidad y rapidez se incrementarán serán los de aquellos bienes en los que primero se gasten los nuevos medios de pago.

Y dado que al comienzo esos nuevos medios de pagos se gastarán antes de que el conjunto de precios de la economía haya aumentado, todos los agentes económicos se verán forzados o incentivados a modificar sus patrones de gasto y con ellos los patrones de producción dentro de la economía. Es decir, aunque podría resultar verosímil la afirmación de que si todos los precios (incluidas las rentas) aumentaran un 10% no se producirían cambios en los patrones de gasto y producción de la economía, en el caso de que sólo la renta monetaria de un solo agente aumenta un 10%, parece claro que sí acaecerán redistribuciones en la disposición y producción de los bienes y servicios de una economía.

En definitiva, los aumentos de M no pueden traducirse en incrementos equiproporcionales de todos los precios por el simple hecho de que el dinero y las promesas de pago entran en la economía a través de ciertos circuitos (el gasto de los productores de dinero o el gasto de los deudores que generan promesas de pago) y es a través de esos circuitos por donde se va extendiendo la inflación de precios.

Nos queda, sin embargo, valorar el realismo de la interpretación flexible de esta cuarta hipótesis de la teoría cuantitativa, a saber, que la variación de la media de los precios es proporcional a la variación de la cantidad de medios de pago. En principio, de manera aislada nada tenemos que objetar contra la misma, pues si el resto de erróneas hipótesis de la teoría cuantitativa se asumen ciertas, la interpretación flexible de esta cuarta hipótesis deviene cierta por una necesidad lógica y matemática. Es decir, si V y Q no varían ante cambios en M (es decir, si todos los medios de pago se emplean para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios en idéntico lapso de tiempo) por fuerza la variación en la media de los precios ha de ser proporcional a la variación en la cantidad de medios de pago. Es, como ya hemos venido diciendo, una simple identidad contable que tan sólo iguala el importe de los pagos efectuados (M*V, siendo en este caso V constante) con los cobros recibidos (P*Q, siendo en este caso Q constante).

Por ejemplo, si en una economía donde cada año (V) se gastan 1.000 onzas de oro (M) en comprar un televisor y un automóvil (Q) que cuestan 200 y 800 onzas respectivamente (P), aumenta la cantidad de medios de pago a 2.000 onzas de oro y los patrones de gasto se modifican de tal forma que esa economía pasa a gastar 1.500 onzas en comprar un televisor y 500 en comprar un automóvil, tanto el índice Paasche como el índice Laspayres de precios se incrementarán en un 100%, que es justo lo que ha aumentado M (de hecho, si Q no varía ambos índices son iguales), por mucho de que el precio de los televisores haya aumentado y el de los automóviles haya caído. Estamos ante una simple identidad: si ahora gastamos 2.000 onzas en comprar los mismos bienes que antes, la suma de los precios de todos ellos será igual a 2.000 onzas (justo el doble que cuando gastábamos en esos mismos bienes 1.000 onzas).

Otra cuestión es la relevancia que esta conclusión merezca dentro del análisis económico. Al cabo, lo que guía las decisiones individuales no es el nivel agregado de precios, sino los precios relativos y como vemos los precios relativos sí pueden variar, originando cambios a medio plazo en Q y por tanto volviendo inaplicable la teoría cuantitativa como marco teórico para una economía dinámica.

Por tanto, siendo generosos podemos concluir que la teoría cuantitativa será casi siempre falsa (cuando se incumpla alguna de sus tres principales hipótesis) y en las pocas ocasiones en que resulte cierta, será irrelevante. Muy pocas nueces para todo el ruido teórico que ha generado en los últimos cien años.

Una buena pira de libros

La orden del juzgado se refiere a varios ejemplares que no había vendido la Librería Europa y que tiene en su poder. Incluyen el Autorretrato de un fascista, de León Degrelle, o Mi Lucha, de Adolf Hitler.

El juzgado ofrece sus buenas razones. Una de ellas es que el contenido de esos 17 libros es "denigrante para el pueblo judío y otras minorías étnicas, mujeres, homosexuales y personas con algún tipo de homosexualidad", matiz este último que debe de ser muy relevante para el contenido de las 17 obras. Claro que por los mismos motivos deberían echarse a la pira todos los ejemplares de varias ediciones de algunos de los periódicos más relevantes españoles. El delito debe de ser mantener esas ideas y hacerlo en formato de libro.

Otra de las razones es que esas obras defendían el genocidio. No conozco la selección hecha por el juzgado, que seguramente habrá resuelto la cuestión metodológica de qué es genocidio y en qué consiste su defensa. Pero 17 títulos me parecen pocos. O bien la venta de libros que defienden el genocidio es delito sólo si lo hace la Librería Europa, o bien la selección es arbitraria. El nacional socialismo no tiene la exclusiva del genocidio. Según el criterio puramente cuantitativo, en decenas de millones de muertos, que es la unidad de cuenta de los crímenes socialistas, el comunismo tiene más títulos para identificarse con el genocidio. ¿Tendremos que quemar también los libros que alientan el comunismo?

Además, desde el punto de vista de la eficacia, la quema de libros no resulta especialmente útil. Es evidente que esos dos mil ejemplares sólo servirán para desprender un poco de calor. Si uno quiere leer esas obras, no tendrá más que acercarse, por ejemplo, a la Casa del Libro o a muchas otras librerías para adquirir Mi Lucha. O acudir a la venta de segunda mano. O a páginas web que reproduzcan estos libros, como Radio Islam.

Por otro lado, no hay una correspondencia exacta entre la lectura de un libro y la acción. Uno no lee El Manifiesto Comunista y se lanza a la revolución con un bidón de gasolina y un mechero. Se puede tener simple curiosidad por las ideas que uno no conoce o no comparte. O puede uno estudiar ideas que le parecen aberrantes para estar bien pertrechado de argumento cuando vuelvan a aparecer, aunque sea con otros nombres. O para evitar caer en sus mismas miserias, como por ejemplo la de quemar libros, muy del gusto de los nazis.

La defensa de la libertad de expresión es así. Te coloca en la posición de defender los derechos de las personas política o moralmente más abyectas. Pero o se reconoce la libertad de expresión de todos o si permitimos que alguien se arrogue la facultad de decidir qué puede publicarse y qué no, acabaremos emulando a quienes comenzamos a prohibir.

No es un juego de suma cero

El fundador de la Escuela Austriaca de economía, Carl Menger, dejó establecido que para que una ‘cosa’ pudiera considerarse un bien económico debían conjugarse cuatro circunstancias: a) debía existir una necesidad humana, b) la cosa en cuestión debía ser capaz de satisfacer esa necesidad humana, c) el individuo debía conocer la idoneidad de la cosa para satisfacerla, d) el individuo debía gozar de poder de disposición sobre la cosa.

De estas cuatro características a las que el austriaco condiciona la existencia de bienes económicos podemos deducir por qué la economía no es un juego de suma cero en el que toda la riqueza posible ya se encuentre dada de antemano.

Primero, la inmensa mayoría de las cosas, tal como se encuentran en su estado natural, no nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Puede que toda la materia esté dada, pero desde luego no nos ha venido dada en una forma que permita satisfacer nuestras necesidades. La madera de los árboles debe cortarse y procesarse para fabricar cabañas en las que guarecernos; las tierras tienen que ararse y cultivarse para cosechar alimentos con los que saciar nuestro apetito; el hierro o el aluminio deben extraerse de las minas para construir aviones con los que desplazarnos de un sitio a otro del globo. En definitiva, creamos riqueza cuando transformamos las cosas –que no satisfacen directamente nuestros fines– en bienes –que sí lo hacen–.

Segundo, parte de la inadecuación de las cosas en su estado natural para satisfacer directamente nuestras necesidades procede del hecho de que ni siquiera conocemos todas sus combinaciones y usos posibles. La tecnología, que es el arte de combinar y clasificar la materia para que arroje el resultado deseado, tampoco nos viene dada, sino que en sí misma debe ser descubierta a través de la investigación y la experimentación; dos actividades que a su vez requieren del uso de otros bienes económicos. En otras palabras, como no somos omniscientes, no sólo hemos de crear bienes económicos a partir de las cosas que nos rodean, sino que también hemos de descubrir la información acerca de cómo transformar esas cosas en bienes económicos; información que en sí misma constituye una nueva fuente de riqueza.

Y tercero y último, por muy idóneo que sea un bien para satisfacer nuestras necesidades, éste será del todo inútil si no lo tenemos a nuestro alcance. La naturaleza puede haber sido generosa al brindarnos caudalosos ríos por todo el planeta que, no obstante, no proporcionarán ningún servicio a aquel que se encuentre en medio del desierto. En otras palabras, no sólo hay que producir los bienes, sino distribuirlos a sus usuarios finales. En nuestros sistemas económicos, producción y distribución van de la mano: con tal de maximizar nuestra eficiencia en la fabricación bienes económicos, cada individuo nos hemos especializado en producir uno o dos bienes económicos a lo sumo, aun cuando necesitemos multitud de ellos para satisfacer nuestras muy diversas necesidades (es decir, somos productores especializados y, a la vez, consumidores generalistas). La forma de acceder a los amplios y variopintos bienes que demandamos a partir de nuestra muy limitada y específica oferta de los mismos es el intercambio.

El problema es que desde Aristóteles hemos pensado que los intercambios se producían entre igualdades de valor. Si A se trocaba por B es que necesariamente el valor de A debía ser igual al valor de B. Por consiguiente, ningún intercambio podía generar valor sino sólo redistribuirlo. La interpretación alternativa (que el valor de A fuera superior al de B o viceversa) sería todavía más desalentadora, pues implicaría que en los intercambios una parte saldría ganando a costa de la otra (se entregaría algo con un valor objetivo mayor a cambio de algo con un valor objetivo menor).

Sin embargo, gracias a que el propio Menger popularizó el hallazgo de que el valor de los bienes no es objetivo sino subjetivo, la realidad se vuelve bastante distinta: en todo intercambio cada parte valora más aquello que recibe que aquello de lo que se desprende (en caso contrario semejante intercambio no tendría lugar). Merced a esta vía, los individuos generan riqueza simplemente al intercambiar bienes económicos y, por tanto, al acercar esos medios a la satisfacción de aquellos fines que resultan más valiosos.

En definitiva, la economía no es un juego de suma cero en la medida en que durante todo el proceso de producción de bienes y servicios se está generando riqueza: ya sea cuando investigamos cómo convertir las cosas en bienes, cuando convertimos las cosas en bienes o cuando distribuimos los bienes mediante los intercambios. Al contrario de lo que presuponen los socialistas –que toda la riqueza ya está creada y que sólo es necesario redistribuirla–, el mercado libre es el marco en el que los individuos pueden organizarse para incrementar tanto como les sea posible nuestras disponibilidades de bienes y servicios con los que satisfacer de manera continuada sus muy variados fines.

La economía no es un juego de suma cero, sino de saldo positivo y expansivo, salvo si el Estado genera sustraendos aun mayores. La tarta no está dada, sino que crece arrojando unas porciones cada vez mayores para todos, salvo si el Estado se come de un bocado al horno y al panadero.

Ayudar a Banderas, igual que capturar a Ben Laden

No importa si se trata de los dominios, la lucha contra delincuencia o la "seguridad nacional". De forma sistemática, se trata del anuncio de un intento de mayor control sobre la red y de un recorte de derechos y libertades de los ciudadanos en el ciberespacio. Ahora, la nueva motivación de la Casa Blanca es, y eso no puede sorprender a nadie, los derechos de autor.

La "zarina del copyright" estadounidense (cuyo cargo oficial lleva el ampuloso nombre de Coordinador de Derechos de Propiedad Intelectual), Victoria Espinel, ha propuesto una reforma de la legislación sobre la materia realmente dura. Aunque la mayor parte de los medios de comunicación en español ha destacado que se quiere ilegalizar el streaming (reproducción de audio o video por internet sin necesidad de descarga previa) que se realice sin autorización de los titulares de los derechos de autor, esta idea no es la peor de todas las contenidas en el Libro Blanco presentado por Espinel.

Como si de una novela del absurdo se tratara, la Casa Blanca pretende reformar la ley federal para aplicar a las investigaciones sobre la materia en cuestión medidas reservadas en EEUU a la lucha contra delitos especialmente graves. De hecho, hay quien apunta a que Obama se inspira en la Patrioc Act de Bush contra el terrorismo para combatir la piratería online. Y en buena medida es cierto. El anterior presidente de EEUU utilizó la citada norma para incluir el apoyo material a grupos terroristas y el uso de armas de destrucción masiva entre las conductas que justificarían el uso de escuchas telefónicas en el curso de una investigación criminal. El actual mandatario quiere utilizarlas para perseguir las violaciones de derechos de autor.

Por si eso no fuera suficiente, el equipo de Obama pretende implicar al Departamento de Seguridad Nacional (el encargado de coordinar la lucha contra el terrorismo) en la defensa de la denominada propiedad intelectual. En concreto, quiere que tenga un papel activo y de colaboración con los titulares de derechos de autor en la detección y persecución de software y dispositivos que permitan eludir las medias anticopia. Se ve que proteger los royalties de Tom Hanks y Antonio Banderas es tan importante como tratar de capturar a Ben Laden.

El hecho de que el 80% de las contribuciones a campañas políticas procedentes de Hollywood en 2008 (año en el que el actual presidente de EEUU resultó elegido) tuvieran como destinatarios a los demócratas puede tener algo que ver con esto. Si no es así, tampoco importa demasiado. Obama es, cada vez más, un peligro la libertad de internet.

Autónomos

En los últimos días se ha popularizado un corto dirigido por Juan Fernando Andrés Parrilla y Esteban Roel García Vázquez denominado 036, donde se narran, de forma irónica y en clave de humor, las peripecias de una persona para darse de alta como autónomo en la Tesorería de la Seguridad Social, y los obstáculos que recibe por parte del representante de dicha administración.

Cuando una persona desea iniciar una actividad empresarial de forma habitual, personal y directa, incurre en la obligación legal de lo que comúnmente se denomina “darse de alta como autónomo”. Este proceso conlleva una serie de trámites que se han de realizar ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la administración local correspondiente.

Así, la peripecia del futuro autónomo comienza en la Administración Tributaria cumplimentando la denominada declaración censal, que precisamente es la que da nombre al anterior corto, ya que se plasma en el modelo 036 (o 037 si es simplificada). Este primer documento suele presentar una cierta complejidad para aquella persona neófita en términos fiscales al deber comunicar a Hacienda aspectos desconocidos a priori para ella, como por ejemplo, las autodeclaraciones que está obligada a presentar.

Posteriormente, deberá acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social para solicitar su afiliación y alta en el denominado Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos mediante el correspondiente modelo. Si fuese a contratar trabajadores, tendrá que solicitar a su vez el número de patronal y, posteriormente, deberá dar de alta al trabajador. Si éste no estaba afiliado a la Seguridad Social, previamente deberá hacerlo mediante el formulario correspondiente. Una vez afiliado, o si ya lo estaba, ya podrá solicitar su alta mediante otro modelo. Asimismo, si abre un centro de trabajo, deberá comunicarlo, al igual que si no tiene libro de visita, solicitarlo.

Finalmente, si va a abrir un local, tendrá que solicitar la licencia de actividades e instalaciones (comúnmente conocida como licencia de apertura) al ayuntamiento donde se encuentre.

Varios de estos trámites, a su vez, exigen la presentación de documentación adicional o previamente ya presentada. Aunque a lo largo de los años se ha realizado una cierta simplificación al poderse presentar parte de la documentación de forma telemática e incluso haberse sustituido una parte por declaraciones responsables, no obstante, aquella persona que inicia una actividad no deja de enfrentarse a una serie de trámites de cierta complejidad y redundancia. Si bien en teoría no se deberían exigir al administrado documentos que obren en poder de la administración actuante, en la práctica nos encontramos con que esto no siempre es así, perdiendo el administrado tiempo, dinero y esfuerzo en proporcionar otra vez la misma documentación.

Por ello, y aunque el corto incurra en determinadas inexactitudes, sacrificando su precisión por el humor, representa la percepción que parte de la población tiene de la Administración. Cabría preguntarse si dicha impresión tiene algún tipo de fundamento real. Si se compara con el resto de la Unión Europea, parece ser que sí al ser España el país de la Unión Europea donde más días se tarda en abrir una empresa, por lo que es evidente que sí existen más dificultades que en otros países. La simplificación de estos trámites evitaría, en primer lugar, que posibles emprendedores abandonasen la idea de poner en práctica un negocio ante la perspectiva de tener que enfrentarse a una serie de procedimientos burocráticos de gran complejidad. Y en segundo lugar, parte del tiempo, dinero y esfuerzo que tienen que destinar los emprendedores en estas labores, de simplificarse, pasarían a poderlos emplear en tareas directamente relacionadas con su actividad empresarial, mejorando su gestión, y por tanto, su rentabilidad.