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Teoría de juegos y deterioro institucional

Es esencial para el arraigo de una sociedad civilizada que el sistema judicial garantice un verdadero Estado de Derecho. Es decir, un sistema judicial dotado con recursos humanos y materiales suficientes, respaldado por leyes que permitan actuar con contundencia frente a los delitos y, especialmente, funcionando con absoluta independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.

Teoría de Juegos

La teoría de juegos ofrece un campo de trabajo bastante amplio en el ámbito de las ciencias sociales, dado que permite analizar muchas situaciones en donde la gente decide su acción basándose parcialmente en cómo piensa que otros reaccionarán y/o en cómo ellos mismos probablemente reaccionarán frente a las acciones de los otros.

Es decir, las partes en un juego frecuentemente tienen en cuenta el comportamiento anticipado de los otros cuando toman sus decisiones, ya sea en los negocios, en la abogacía y, en general, en las interacciones sociales en donde diversos jugadores tienen el objetivo de maximizar su ganancia en el juego.

Juego de Deterioro Institucional

Permítanme que, a continuación, realice un planteamiento inicial de cómo se podría elaborar un estudio del deterioro institucional de un país por teoría de juegos, analizando las estrategias de juego que siguen diversos grupos poblacionales de jugadores, cuando no queda garantizada la independencia judicial y tampoco existe una financiación transparente de los partidos políticos.

Desde luego, no pretendo dejar ligados todos los pormenores de un análisis por teoría de juegos en un texto breve, pero sí deseo introducir las líneas generales que pueden permitir observar la espiral de degeneración del régimen político cuando carece de contrapesos para evitar la delincuencia y la intervenciones de los políticos contrarias a la Constitución

En primer lugar, encontramos una estructura institucional en el país, basada en una Constitución y el ordenamiento jurídico soportado por los pilares normativos de esa ley básica, lo que determina un esquema de incentivos y permite aplicar diferentes estrategias ganadoras a los diferentes grupos de jugadores.

Se trata de un juego de longitud infinita (superjuego) con millones de jugadores interactuando. Se realiza con información imperfecta y asimétrica, dado que algunos pocos jugadores tienen mejor información y mejores contactos para usarla que la inmensa mayoría de la población. Y se trata de un juego de suma "no-cero" en donde la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida de otro.

Como elemento de contraste del juego estaría el grado de respeto que cada grupo de jugadores tiene por las instituciones morales que permiten el arraigo del Estado de Derecho en una sociedad civilizada. Por ejemplo, entre otros, el grado de respeto por los derechos individuales (vida, libertad, propiedad privada e igualdad ante la ley), por el cumplimiento de los contratos, por el mercado, por la empresarialidad, por el dinero…


Grupos de jugadores

Propongo que se consideren cuatro grupos principales de jugadores que interactúan en el esquema de la figura. Un grupo A formado por una amplia mayoría de millones de ciudadanos que, en mayor o menor medida, respetan las instituciones morales arriba mencionadas.

Un grupo B que está formado por diversas minorías de delincuentes que están organizadas en tramas de corrupción, en mafias y, también, en grupos terroristas, ya que no dejan de ser mafias que infringen las normas legales establecidas por el derecho positivo y, por tanto, atacan las instituciones de modo reiterado y contumaz.

También encontramos un grupo C, que está formado por los jueces que, bien en oposiciones como en España bien en elecciones judiciales como en Estados Unidos, acceden a administrar la Justicia. En principio, suponemos que los jueces trabajan con profesionalidad e independencia, salvo cuando intentan acceder a los puestos directivos en donde, si quieren prosperar, en muchos casos acaban sometiéndose a los criterios políticos y, entonces, consideramos que se terminan integrando en el siguiente grupo de jugadores.

Los auténticos "decision makers" (tomadores de decisión) del juego forman el grupo D de la casta político judicial, ya que definen la reglas del juego con sus intervenciones.

En el caso de España, la casta político judicial está formada por los cerca de 80.000 altos cargos políticos y por sus compañeros de partido que logran prebendas en ayudas, subvenciones, concursos públicos, etc., valiéndose de información y contactos no accesibles al resto de los ciudadanos. Pero, tal y como hemos comentado antes, también incluye aquellos jueces que se integran o se acercan a un partido político para medrar y acabar siendo elegidos miembros de un Consejo General del Poder Judicial o de altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo.

Desarrollo del juego

En función de la estructura institucional de cada país, los actores del juego perciben mayores o menores incentivos para, respectivamente, bien actuar con respeto por las instituciones morales que hemos introducido como elemento de contraste del juego, o bien atropellar los derechos civiles y contar con impunidad para la comisión de delitos.

La estructura institucional y, de modo especial, la presencia o ausencia de la independencia de los jueces y sus órganos directivos, determinan las diferentes estrategias "ganadoras" que adopta cada grupo de jugadores en el desarrollo durante décadas del juego, lo que hace evolucionar las instituciones hacia una democracia con un Estado de Derecho fuerte o involucionar hacia una democracia débil frente a la corrupción y la violencia organizadas.

Si analizamos el caso de España, el Consejo General del Poder Judicial es elegido por los políticos al igual que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, por lo que muchos ciudadanos observamos que es nula la independencia judicial, los recursos son escasos y la legislación debe mejorar la persecución de los delincuentes.

Pongamos el desarrollo del juego en nuestro país. Por un lado, tenemos el grupo A de la mayoría de los ciudadanos de bien que realiza su vida y su trabajo respetando las instituciones y, conforme avanza el proceso de deterioro institucional, su estrategia "ganadora" se distancia más y más de los políticos y los jueces para refugiarse en el ámbito estrictamente privado de la familia, los amigos y los negocios.

Enfrente de los anteriores se sitúa el grupo B de delincuentes cuya estrategia "ganadora" consiste en vulnerar los derechos individuales para lograr su beneficio por medio de las diversas variedades delictivas. Entendemos que la delincuencia también puede analizarse desde el ámbito de la teoría de juegos, dado que dependiendo del grado de independencia de los jueces, de los recursos con los que son provistos y, especialmente, de la contundencia de la legislación (reforma del código penal) que se implemente en cada país, existen mayores o menores incentivos en el grupo B para delinquir.

Justo en medio de ambos grupos de jugadores, se emplazan los dos grupos de tomadores de decisiones que son la clave para el desarrollo del juego de deterioro institucional o "decision makers": el grupo C (jueces) y el grupo D (casta político judicial).

Democracia liberal versus democracia deteriorada

En una democracia liberal, el grupo C sigue una estrategia clara de aplicación estricta de la ley, de un modo independiente respecto del grupo D que se debe limitar a legislar las leyes y gestionar las administraciones públicas. De hecho, el funcionamiento independiente de ambos grupos es la clave para evitar el prohibicionismo y los atropellos reiterados de derechos civiles. Es decir, en ese caso, las acciones del grupo C favorecen al grupo A mayoritario, cuando tienen independencia del grupo D.

Pero, sin embargo, en una democracia deteriorada, donde no queda garantizada una verdadera independencia judicial, los grupos C y D terminan gestionando erróneamente las instituciones.

El grupo D mantiene una estrategia "ganadora" que consiste en lograr el apoyo del mayor número de electores posibles para lo cual financia campañas electorales y de comunicación muy costosas.

Y, a su vez, el grupo B plantea su estrategia buscando alianzas con el grupo D para conseguir sus objetivos delinquiendo del modo más impune posible. Es más, el grupo B de delincuentes puede aprovechar la carencia de financiación transparente de los partidos políticos para comprar sus favores.

Finalmente, al existir una dependencia jerárquica del grupo C respecto del grupo D, en principio, muchos delincuentes del grupo B buscarán sus objetivos realizando sus fechorías, pero también buscando "pactar" con el grupo D.

En los casos de mayor deterioro moral, el grupo D de la casta político judicial puede terminar "negociando" con mafias terroristas, en lugar de luchar contra la violencia organizada.

Y, en las situaciones de mayor degeneración institucional, también el grupo D puede acabar mirando para otro lado y empleando las dilaciones judiciales y la prescripción de delitos para librase ellos mismos y al grupo B de la cárcel, en lugar de luchar contra la corrupción.

En resumen, en una democracia deteriorada, un estudio por teoría de juegos puede llevar a la conclusión de que los grupos C y D parecen terminar favoreciendo a aquellos colectivos que hemos agrupado en el grupo B de los delincuentes, en vez de trabajar para que prevalezcan los derechos civiles del grupo A, es decir, en vez de defender a los ciudadanos de bien.

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La libertad religiosa en tela de juicio

En una clara muestra de autoritarismo, los extremistas se desnudaron ante el altar mofándose de las creencias religiosas de muchos españoles.

Sin embargo, el más grave podría llegar a ser el otro suceso. Se trata del juicio que se celebró la semana pasada en la Audiencia Provincial de Alicante contra diversos miembros de una congregación religiosa, a los que se les pide penas de prisión que oscilan entre 16 y 20 años, además de cuantiosas indemnizaciones económicas. Este grupo de personas, formadas en el catolicismo, evolucionó en sus convicciones religiosas a través de la lectura de la Toráh y toda la Biblia hasta que decidieron constituir una iglesia evangélica. Más adelante, buena parte de los integrantes continuó este proceso evolutivo hasta que decidieron renunciar a toda forma de cristianismo y optar por el judaísmo. Algunos de los feligreses abandonaron el grupo mientras que la mayoría decidió dar el paso que suponía vivir de acuerdo con la comprensión y prácticas judías en lugar de las cristianas.

La mañana del sábado 6 de noviembre de 2004, doce miembros de la Kehilá del Olivo, que es como se llama esta congregación desde su cambio religioso, fueron detenidos en la vía pública por numerosos efectivos antiterroristas de la Guardia Civil armados hasta los dientes cuando se dirigían al servicio del Shabat. El desencadenante de esta operación de película, conocida como Operación Diáspora por las fuerzas del orden, fue la denuncia de algunos ex miembros. En contra de la libertad de conciencia y de los sentimientos religiosos, en contra de los derechos fundamentales y de libertades públicas garantizados por la Constitución, se acusa a estas personas de asociación ilícita, estafa, apropiación indebida, lesiones, abandono de menores. Para quienes no estén viviendo en primera persona esta persecución, los cargos de los que se le acusan tienen su gracia porque lo que parece es más bien que todo el proceso atenta contra la libertad religiosa de unas personas que decidieron cambiar voluntariamente de religión.

En esencia, lo que se enjuicia es si este grupo constituye una secta destructiva, si provocó daños personales (psicológicos) y si se apropiaron del dinero aportado por algunos miembros. El argumento principal del fiscal y de la acusación consistía en afirmar que quien lideraba la congregación se enriquecía a costa de los diezmos aportados, y ejercía, con la ayuda de un grupo privilegiado, técnicas de control mental sobre algunos miembros.

Sin embargo, sus miembros entraron voluntariamente y, como han reconocido varios testigos, quienes quisieron salir antes y después de convertirse al judaísmo lo pudieron hacer sin mayores problemas. Durante el primer día de juicio, que comenzó el 8 de marzo, el fiscal y la acusación particular mostraron a las claras cómo se (mal)trata la libertad religiosa en nuestro país cuando preguntaron a los acusados si era cierto que habían cambiado sus hábitos gastronómicos… como si atender a las normas alimenticias del judaísmo fuera un delito o una prueba de ser una secta destructiva.

En cuanto a la supuesta apropiación de fondos, resulta que se trata de unos 200.000 euros que fueron donados por sus integrantes a lo largo de tres años para el mantenimiento de la Congregación. Desde luego, con esa cantidad no creo que les diera para muchos lujos, aparte de que, según la auditoría económica, más de la mitad del dinero fue aportado por los doce imputados, que serían por tanto estafadores de sí mismos. En las conclusiones finales de la vista oral del juicio, el fiscal ha dado un giro a esta acusación al afirmar que poco importa que las donaciones u ofrendas fueran voluntarias (sic), porque había engaño y manipulación psicológica (la creencia en una fe monoteísta, se entiende). Para rematar el despropósito, el fiscal ha señalado que los miembros actuales de la Congregación están siendo engañados. Claro que lo curioso es que ellos mismos no lo ven así. Menos mal que está Papá Estado para hacerles comprender que están equivocados y se les está engañando.

El caso ha traspasado nuestras fronteras. Robert Higgs, el prestigioso economista norteamericano que ha destacado en las últimas décadas por su defensa de las libertades individuales (aparte de por sus magníficos estudios sobre el crecimiento del tamaño del Estado), publicó en las páginas del Independent Institute un artículo denunciando lo que aparenta ser una dura persecución de un pequeño y pacífico grupo religioso por parte de las autoridades españolas.

Casos como este ponen en tela de juicio la libertad religiosa en nuestro país. Más aún cuando el responsable de la Congregación, que continúa sus actividades religiosas con normalidad, afirma algo que ya querríamos escuchar a otros muchos líderes religiosos: "la libertad individual para nosotros es lo primero". Por el bien de las libertades individuales en nuestro país, esperemos que este caso acabe garantizando el derecho de toda persona a profesar libremente el credo religioso que considere oportuno y a constituir cualquier asociación para su práctica, siempre que, como parece ocurrir en este caso, no medie la violencia.

Es que hay tasas y tasas

Recuérdese hace casi dos años, los que se ha tomado la Comisión Europea para decidir que esta medida podría ser ilegal, allá por mayo de 2009, las televisiones privadas de nuestro país consiguieron convencer al gobierno de las bondades de un modelo de TV pública sin anuncios. Bondades, sobre todo para ellas, que al año siguiente consiguieron incrementar de forma espectacular ingresos y, sobre todo, beneficios, con crisis y todo. No hay nada como eliminar competidores a golpe de decreto.

Pero como la TVE tenía que seguir funcionando, se decidió que los paganos de la fiesta serían los operadores del sector de telecomunicación, total las dos palabras empiezan por "tele". Y se les puso una tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar a la tele pública.

Desde que se enteró del tema, el gobierno europeo andaba algo mosqueado. ¿Qué es eso de sacar dinero de las telecos hacia otros sitios sin su consentimiento? ¿Cómo se va a cumplir su querida Agenda Digital para la banda ancha si se les quita el dinero a los candidatos a enterrarlo en fibra óptica? Y, como digo, tras pensárselo con calma ha decidido llevar la tasa a los tribunales: no se puede sacar dinero a un sector para dárselo a otro.

¿O sí? Quien tenga la paciencia de seguir escarbando entre los escombros de las noticias que vienen de Japón, se encontrará con otra, también de esta semana. Resulta que el Tribunal ese del que venimos hablando, se acaba de manifestar sobre la tasa del espectro que allá por 2001 multiplicó su importe espectacularmente. Eran los tiempos de la burbuja y los operadores andaban dejándose inmensos pastizales en las subastas del espectro para servicios 3G que organizaban los distintos países de la Unión. El gobierno, entonces del PP, había otorgado dicho espectro en concurso y avergonzado contemplaba la oportunidad perdida para las arcas públicas. Así que, también por decreto, optó por multiplicar la citada tasa.

Pues bien, una de las cuestiones planteadas en Luxemburgo es si el importe recaudado por dicha tasa de espectro se puede utilizar para cualquier finalidad pública, o bien ha de estar vinculado a algún uso específico, relacionado en este caso con la gestión del espectro. Los expertos fiscales dirían que precisamente por eso se llama tasa y no impuesto.

El caso es que aquí sí, la Comisión Europea ha hecho una defensa cerrada con el gobierno español de que la tasa del espectro se puede usar para cualquier finalidad. Como, por ejemplo, pagar la televisión pública.

O sea que, para la Comisión Europea, la tasa (audiovisual) que el gobierno español cobra a las telecos para financiar a RTVE está mal, pero la tasa (del espectro) que el gobierno español cobra a las telecos para financiar a RTVE, o para lo que se le ocurra, está bien.

Será porque, aunque todas las tasas son iguales, algunas son más iguales que otras.

El ‘efecto Keynes’ en España

Las cuentas públicas españolas acaban de cerrar su tercer año consecutivo en números rojos, con un déficit público del 9,24% del PIB en 2010, equivalente a la astronómica cifra de 98.227 millones de euros, tras el 11,1% registrado en 2009 y el 4,1% en 2008. ¿Cómo se ha fraguado este brutal desequilibrio presupuestario?

Para empezar, debemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas dentro del trienio 2008-2010, al que ya podemos considerar histórico en términos de deterioro fiscal. Tras el estallido de la crisis financiera internacional a mediados de 2007, y su posterior materialización en lo que se ha venido a denominar la Gran Recesión, los países más desarrollados del planeta, agrupados en torno al G-20, pusieron en marcha amplios y extensos planes de estímulo (gasto público) con el ilusorio fin de impulsar la ansiada recuperación económica.

Su aplicación se concentró fundamentalmente en 2008 y 2009, al menos en lo que se refiere a la zona euro. Posteriormente, y sólo tras el estallido de la crisis de deuda soberana en 2010, los gobiernos se vieron forzados a dar marcha atrás, frenando en gran medida la extensión de tales estímulos ante el riesgo inminente de quiebra por parte de algunos países. Este cambio de rumbo se observa perfectamente en las cuentas españolas:

Evolución de gastos (interanual): 8,8% en 2008; 7,4% interanual en 2009; -1% en 2010.

Evolución de ingresos (interanual): -6,6% en 2008; -9,6% en 2009; 3,8% en 2010.

De este modo, el gasto público aumentó un 15,7% si compramos los Presupuestos de 2007 con los de 2010, mientras que la recaudación cayó un 12,3%.

Ahora bien, medir el déficit público en términos de PIB maquilla, en gran medida, el despilfarro presupuestario del Gobierno. En este sentido, las cuentas pública deberían ser analizadas empleando términos contables similares a los aplicados por las empresas.

Es decir, no tiene sentido medir el déficit en términos de PIB. Es más correcto medirlo el déficit en términos de ingresos fiscales. De este modo, observamos las siguientes cifras: mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas gastaron en 2007 un 4,6% menos de lo que ingresaron; en 2008 gastaron un 11,2% más; un 32% más en 2009; y un 25% más en 2010.

Así pues, el caso más paradigmático en este campo se produjo en 2009, año culmen de los planes de estímulo a nivel internacional y, sobre todo, nacional. Durante ese ejercicio el déficit del Estado (excluyendo CCAA y Ayuntamientos) alcanzó la cifra récord de 99.258 millones de euros. En concreto, sólo el Estado, gastó 205.000 millones de euros frente a unos ingresos no financieros de 105.000 millones. Es decir, gastó un 93,8% más de lo que ingresó por vía fiscal, casi el doble.

Entre 2007 y 2009, Irlanda, Grecia, España y Portugal han registrado los déficits públicos más elevados de la zona euro, e incluso de toda Europa si se excluye a Reino Unido y a la ya quebrada Islandia. En concreto, a lo largo de estos tres años, España ha acumulado un déficit público total de 260.000 millones de euros, equivalente al 25% de la riqueza que produce todo el país en un año. Una cifra descomunal. Empleando la contabilidad presupuestaria señalada anteriormente, el Gobierno ha gastado de media un 22,6% más de lo que ha ingresado por vía fiscal entre 2008 y 2010.

¿Resultado? El Gobierno español ha incurrido en uno de los mayores deterioros presupuestarios del mundo desarrollado, tan sólo superado por Islandia e Irlanda: un desequilibrio fiscal neto superior al 13% del PIB entre 2006 y 2009 (últimos datos disponibles de la OCDE).

Todo este descuadre, como es lógico, se ha materializado en un espectacular aumento de la deuda pública, que ha crecido desde el 36% del PIB en 2007 hasta el 60% en 2010. Es decir, 24 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a esos 260.000 millones de déficit acumulado. De hecho, según las propias previsiones que maneja el Gobierno, la deuda pública rondará el 70% del PIB en 2011, con lo que el Ejecutivo habrá duplicado la deuda existente en apenas 4 años, hasta el punto de rozar el nivel de Alemania.

En resumen, estamos asistiendo a uno de los mayores deterioros presupuestarios de la historia reciente de España y del mundo desarrollado en el contexto de la actual crisis financiera y económica internacional. Y la razón esencia estriba en la política puramente keynesiana aplicada por el Gobierno español.

Esta política keynesiana made in Spain está contenida en el denominado Plan E, "Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo", que incluye un total de 99 medidas. El plan de estímulo se puede dividir en tres bloques básicos: medidas directas de impulso fiscal, centradas en mayor gasto público para paliar el paro y tratar de activar la demanda; medidas de impulso financiero (financiación pública a bancos, familias y empresas); y los tradicionales "estabilizadores automáticos" (prestaciones públicas).

La cuestión es que dicho deterioro presupuestario se debió, por igual, tanto al aumento de gastos como al desplome de ingresos. Así, casi la mitad del déficit público acumulado hasta 2009 se debe a la reducción de ingresos y la otra mitad al aumento de gastos (responsabilidad directa del Gobierno). De este modo, si el Ejecutivo hubiera congelado el gasto público desde 2007, España habría registrado en 2009 un déficit próximo al 7% del PIB. 

Y es que, entre 2008 y 2009, el Gobierno puso en marcha políticas de gasto discrecionales cuyo coste ascendió al 4,2% del PIB, muy superior a la media europea (1,5%), mientras que el coste de los estabilizadores automáticos fue del 4,9%, unos 53.000 millones de euros, frente al 3,3% de la UE-27.

Así pues, España ha realizado una de las políticas keynesianas más activas y amplias de los países desarrollados sin haber logrado impulsar la ansiada recuperación. De hecho, el único resultado ha sido disparar el déficit hasta cifras récord y duplicar el volumen de deuda en apenas 4 años, levantando de paso serias dudas acerca de la solvencia del Estado español. Si a ello se suma la grave situación del sistema financiero español, podemos concluir que esta política no sólo ha sido errónea sino catastrófica para el futuro de la economía nacional, pendiente ahora de si finalmente es rescatada o no por la UE y el FMI.

Los 110 km/h es lo de menos; el problema es el Estado

Ya lo decía aquél: no subestimes el poder del Lado Oscuro. A Zapatero no le ha hecho falta ni ponerse una máscara negra ni distorsionarse la voz para que nos demos cuenta de ello. Simplemente continúa con sus medidas liberticidas y sin sentido que nunca se le pasarían a nadie por la cabeza en su sano juicio y en la situación en la que se encuentra España actualmente.

Poco después de violar los derechos de los dueños de los bares al negarles la posibilidad de decidir si en su bar se fuma o no, el gobierno ha decidido tomar la medida de reducir el límite máximo de velocidad en las autovías de 120 a 110 Km/h. ¿Cuál es el motivo/justificación? Reducir el consumo energético del país, ayudándonos así a ahorrar. Toma ya. Se van superando.

No creo que haya mucha gente que se crea las explicaciones del gobierno (ya hay científicos que han demostrado que el ahorro de esta medida no llegaría ni al 2-3%). Más bien nos damos cuenta del afán recaudatorio que tiene el Estado.

Pero para mí lo preocupante del caso no son las medidas liberticidas de turno (que también), sino una serie de espantosas conclusiones a las que llegamos cada vez que se producen. Así, a bote pronto, se me ocurren algunas que ponen los pelos de punta:

1.- El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos "desde la cuna hasta la tumba", el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres y tomar decisiones por nosotros (y nuestro bien).

2.- La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.

3.- En la democracia moderna la tripartición clásica del poder se ha quebrado y los gobiernos han traspasado los poderes que las constituciones les habían asignado. Lo cual, dicho sea de paso, no la hace muy liberal, pese a que así la llamen. Hayek se refería a ella como democracia ilimitada, ya que el poder que se le otorga es ilimitado. La primera consecuencia de una democracia ilimitada es que sus resultados no suelen ser los deseados o aprobados por la mayoría de la sociedad.

4.- El poder político se olvida del interés general para centrarse en ganarse el apoyo de grupos organizados de presión concediéndoles todo tipo de beneficios, que es lo mismo que decir que los gobiernos se centran exclusivamente en alcanzar sus propios fines (mantenerse en el poder). Los políticos actúan praxeológicamente, pero no catalácticamente.

5.- Si algo caracteriza al estado democrático actual es la hipertrofia legislativa y la mentalidad constructivista en las ciencias jurídicas. La ley se ha convertido en un medio para conseguir fines políticos. Así, la justicia consiste en la arbitraria estimación sobre la base de la impresión, más o menos emotiva, que produce el resultado final y concreto del proceso social al Gobierno de turno. De esta forma, el estado democrático se ha convertido en una institución moral. Se adueña de la moral y la legisla, es decir, elige los fines que deben perseguir los individuos y se los impone.

6.- El único que nunca tiene la más mínima intención de ahorrar es el Estado. Y ahora, sorprendentemente, nos dice que la reducción del límite de velocidad es para que ahorremos. Quiere estimular el ahorro privado. Lo cual a mí me parece perfecto, pero viniendo de un gobierno que ha gastado como si no existiese mañana y que ha apoyado sin reparos el consumo frente al ahorro para revitalizar la economía (viva Keynes)…

7.- El individuo adulto espera que el Estado elimine la crueldad y la incertidumbre del destino, además de compensarlo por los sufrimientos, las frustraciones y las necesidades que acarrean una vida civilizada en común. Se crea, de esta forma, una sociedad de gente infantil que rehúye sus asuntos y sus responsabilidades, ya que piensa que la resolución de sus temas y preocupaciones vitales pasan por el gobierno. Entrega, por tanto, su libertad y autonomía.

8.- La paradoja del intervencionismo: el Estado utiliza las crisis para aumentar su poder y proponerse como solución a los problemas que él mismo ha creado.

9.- El gobierno dice querer ser dependiente energéticamente, pero se niega a liberalizar el mercado energético y a confiar en la energía nuclear (que compramos a Francia).

10.- El Estado no se puede limitar. Lo siento por los liberales ingenuos que creen en la división de poderes y las constituciones, pero el poder no se divide.

Esto, a bote pronto. Por eso decía antes que la reducción de velocidad es lo de menos comparado a lo que estamos viviendo y lo que se nos viene encima.

Las ambiciones de Moratinos y los hermanos Castro

Desde que Rodríguez Zapatero accediera al poder, se ha tratado de buscar todo tipo de explicaciones a la política que su Gobierno ha desarrollado hacia la dictadura de los hermanos Castro. La reciente visita de Miguel Ángel Moratinos a La Habana para pedir el apoyo (que no ha logrado) de los longevos dictadores caribeños a su candidatura para ocupar la Dirección General de la FAO puede explicar en parte por qué se esforzó tanto en servir a los intereses del régimen comunista cubano.

Puesto al frente de la diplomacia por un Rodríguez Zapatero que ha demostrado no conocer la política internacional y que, al mismo tiempo, se muestra raudo a mantener excelentes relaciones con todo lo que suene a izquierdas, a Moratinos no pudo costarle mucho convencerle de que la vía de acción adecuada era apoyar en la medida de lo posible a los Castro frente a quienes en España y fuera de ella apuestan por ayudar a la oposición democrática frente a los dictadores. De hecho, su éxito en este menester fue tal que a Trinidad Jiménez no le ha quedado más remedio que mantener la misma línea. Pero la cuestión clave es saber a qué responde esta estrategia.

Con su candidatura a dirigir la FAO, se ha visto claro que Moratinos no se iba a conformar, cuando llegara su momento de salir del Gobierno, con volver a ser un diplomático corriente o ser un simple diputado. Sus ambiciones son mucho más altas. Hay incluso quien apunta a que desde hace tiempo su aspiración es llegar un día a ocupar la Secretaría General de la ONU (para lo cual la FAO podría ser un buen trampolín, por cierto). Para lograr dicho objetivo necesita el apoyo de un gran número de gobiernos de todo el mundo, con independencia de que estos sean democráticos o no. Y, por desgracia, en una ONU donde abundan las dictaduras, los hermanos Castro pueden ejercer una gran influencia en una cantidad muy grande de gobernantes de muchos continentes.

Y es esa aritmética de cara a llegar a lo más alto de la ONU la que podría estar detrás de la política que implementó hacia el régimen castrista, sumamente positiva para los dictadores y muy dañina para sus opositores. Abandonar a los demócratas cubanos y convertirse en el principal "lobbista" del régimen comunista ante el resto de la Unión Europea ha podido ser el precio pagado por adelantado por Moratinos para obtener un hipotético apoyo posterior de los Castro a sus aspiraciones puramente personales.

Sin embargo, la jugada le ha salido mal. Al menos por el momento. Moratinos ha aprendido una dura lección que cualquier conocedor de las Relaciones Internacionales debería saber. Como cualquier dictador, los hermanos Castro no son amigos ni socios de los que el resto del mundo pueda fiarse. Al final no dudan en traicionar a quienes más les han ayudado, puesto que sólo piensan en sus propios intereses. Y el ex ministro de Exteriores español y Zapatero no pueden resultarles ya demasiado útiles.

Es posible que Moratinos vendiera la defensa de la libertad y los Derechos Humanos de los cubanos a cambio del apoyo a sus ambiciones personales. Y lo habría hecho desde el Gobierno de España y con los recursos públicos financiados por los españoles. Sólo por eso, no haber obtenido el apoyo de los Castro merecería ser considerado como justicia poética.

Un Pacto contra el Euro

El ahora denominado "Pacto por el Euro" pretende implantar una serie de reformas estructurales en los países miembros a cambio, eso sí, de facilitar la ampliación y flexibilización de Fondo de rescate para países insolventes.

Su objetivo principal consiste en "eliminar las rigideces de las economías domésticas" para evitar una nueva crisis de deuda como la actual, capaz de tambalear los cimientos mismos de la moneda única. Una finalidad que, sin duda, suena bien a priori. Sin embargo, en realidad, dicho pacto adolece de gravísimos defectos, por lo que su implementación no sólo no alcanzará los resultados esperados –incrementar la competitividad– sino que, además, causará importantes problemas.

En cuanto a las reformas pretendidas, el pacto incluye retrasar la edad de jubilación a fin de sostener el sistema público de pensiones, ligar los salarios a la productividad, flexibilizar el mercado de trabajo, fijar por mandato constitucional un nivel máximo de deuda y déficit, así como homogeneizar el Impuesto de Sociedades a nivel comunitario. Aunque algunas de estas medidas van en la buena dirección, la cuestión clave es que se trata de una mera declaración de intenciones, cuya plasmación y validez es muy incierta.

Y es que, al fin y al cabo, su aplicación real dependerá en última instancia de la voluntad particular de cada gobierno. El pacto no ha incluido un duro sistema de sanciones automáticas en caso de que algún país incumpla alguno de los puntos pactados, tal y como exigía la canciller Merkel. Es decir, los gobiernos díscolos y desobedientes seguirán sin recibir su merecido castigo.

La ausencia de sanciones invalida por completo el acuerdo, convirtiéndolo en papel mojado. No obstante, cabe recodar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya fija un límite de déficit y deuda –3% y 60% del PIB, respectivamente– que es de obligado cumplimiento para todos los miembros del club euro y, pese a ello, ha sido violado en un total de 97 ocasiones hasta 2010 sin ninguna o apenas consecuencias para los incumplidores. Y eso que se trata de uno de los principios fundacionales básicos para garantizar la supervivencia del euro, así que es fácil suponer que pasará con el resto de medidas recién aprobadas, mucho menos relevantes para el funcionamiento de la Unión Monetaria, como es el caso de la flexibilización laboral o salarial. Introducir cláusulas constitucionales para limitar el gasto público sin las debidas sanciones comunitarias en nada cambia el esquema vigente.

Pero es que, además, el famoso Pacto aboga por mantener el sistema público de pensiones, que es insostenible por naturaleza tal y como acabamos de experimentar en España. De este modo, la mayoría de los europeos seguirán sin contar con la posibilidad de avanzar hacia un sistema de capitalización mucho más beneficioso para sus intereses. Por último, la armonización del Impuesto de Sociedades a nivel europeo mediante la imposición de tipos mínimos comunes a todos los estados miembros vulnera de forma explícita la soberanía fiscal de cada país, viola la siempre deseada competencia fiscal –un principio liberal básico– y perjudica en gran medida la ya de por sí débil competitividad europea, ya que dicha "armonización" maquilla de forma hipócrita una subida generalizada de impuestos para muchas empresas del continente.

Hasta aquí la primera parte del Pacto. La segunda será mucho peor tanto para los intereses de los europeos como para el futuro del euro. La ampliación y flexibilización del Fondo de Estabilidad Financiera insiste en el error de rescatar a países insolventes. En este sentido, cabe recordar que Bruselas vendió a la opinión pública que el establecimiento del Fondo serviría para calmar a los mercados y evitar el temido efecto contagio a otros países de la Unión. Hasta ahora, su fracaso ha sido rotundo. Las primas de riesgo de los países más débiles de la zona euro siguen marcando valores máximos, y tras el rescate de Grecia e Irlanda todo indica que Portugal tardará poco en caer.

Sin embargo, más allá de su probada ineficacia, mantener un Fondo de estas características implica socializar y diluir responsabilidades concretas haciendo uso del dinero de todos los contribuyentes europeos. En caso de aprobarse definitivamente en la próxima cumbre del 24 y 25 de marzo será, sin duda, uno de los grandes errores de la historia de la Unión por varias razones: porque viola los tratados fundacionales de la UE y la propia Constitución germana; porque su aplicación no resolverá la situación de los países afectados; porque, a la larga, supondrá más inflación; y, en esencia, porque incurre en el mismo y terrible "riesgo moral" propio de los rescates públicos, consistente en privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Así pues, ¿"Pacto por el Euro"? Más bien al contrario.

¿Tsunami nuclear?

Aquel terremoto fue tan devastador que el Gobierno nipón declaró el primer día de septiembre, aniversario del seísmo, "día de prevención de las catástrofes".

El "gran terremoto de Kantó" fue de grado 7,9 en la escala de Richter. El que sacudió Japón el pasado viernes fue de grado 9,0, es decir, más de diez veces mayor, ya que la Richter es una escala logarítmica de base diez. Es la magnitud que tuvo el famoso terremoto de Lisboa que ocurrió el día de todos los santos de 1755. Destruyó gran parte de la ciudad y fue tan violento que llevó a muchos a dudar de la existencia de Dios.

Este terremoto es el cuarto más grande jamás registrado, y las peores perspectivas apuntan a que podrían haber muerto diez mil personas, muy lejos del mortal recuento de hace 88 años, pese a que la población se ha doblado en este período. Japón es ahora mucho más rico y por tanto tiene muchos más medios puestos al servicio de la seguridad de sus ciudadanos. La riqueza salva vidas.

El temor, ahora, es que a la sacudida del suelo y al tsunami le sigan un terremoto nuclear. Ya hay insensatos que hablan de un posible Chernóbil. En primer lugar, aquel accidente mató a 56 personas; si se repitiese no sería el mayor de los problemas, visto el número de muertos. En segundo lugar, el accidente de Chernóbil alcanzó el grado 7 en una escala que va del 1 al 7. El de Three Mile Island, en el que no hubo muertos ni afectados, alcanzó el grado 5. Y el de la central nuclear de Fukushima Daiichi es de 4. Una persona podría pasar en la central un día y recibiría la radiación máxima aconsejable para un año. Para que fuera equiparable a Chernóbil habría que multiplicar la radiación liberada por 3,6 millones. No es la única central que ha tenido problemas, pero todos, a esta hora, parecen estar solucionándose.

La tecnología nuclear parece haber superado su prueba más dura. Los que esperaban tener un motivo para frenar el renacimiento de la energía nuclear se han quedado sin su catástrofe. Y los que confiamos en la tecnología tenemos ahora más motivos.

Si la riqueza salva vidas, como acabamos de ver, la energía nuclear también, porque contribuye eficazmente al desarrollo económico. A los ecologistas no les gusta por eso, y porque lo único que necesitamos para adoptarla es conocimiento y capital. Y no sólo tenemos ya ambos, sino que tendremos más en el futuro. Un futuro muy negro para las pretensiones ecologistas.

Saludables tragedias para la economía

Mi primera respuesta, tal vez por obvia, pudo resultar decepcionante: "Lo primero que debemos dejar sentado es que el terremoto no es beneficioso para la economía. Crecemos cuando acumulamos riqueza, pero aquí hemos asistido a una masiva destrucción de riqueza. Destrucción es lo contrario a creación de riqueza".

¿Para esto hacen falta los economistas? Qué tontería y qué pérdida de tiempo más grande. Pues tal vez no. Los carroñeros keynesianos siempre están al acecho de cualquier tragedia humana para saciar su incontenible sed de gasto. Ya sucedió con el tsunami del Índico o con el huracán Katrina, cuando sendos lumbreras de la economía, jefes de análisis de la agencia de calificación Fitch y del extinto banco estadounidense Wachovia, declararon que "el tsunami es una oportunidad de crecimiento para Sri Lanka" y que "generalmente es bueno para la economía cuando tienes que reconstruir a gran escala".

Ahora, el disparate se repite. Larry Summers, antiguo rector de Harvard y, lo que es más preocupante, ex secretario del Tesoro de Clinton y ex presidente del Consejo de Asesores de Obama, no ha tardado demasiado en frivolizar acerca de la tragedia del seísmo japonés y declarar que "irónicamente, el terremoto puede dar lugar a incrementos temporales del PIB gracias al proceso de reconstrucción. Tras el terremoto Kobe, Japón incrementó su fortaleza económica".

Lo peor de todo es que, habida cuenta de la pobreza de nuestros indicadores macroeconómicos, Summers podría llegar a tener razón desde un punto de vista meramente estadístico. Dado que el PIB mide la producción anual y no el volumen acumulado de riqueza, podría suceder que mientras que el capital de la nación se desploma, la renta anual aumente a corto plazo. Eso sí, cuesta ver qué hay de beneficioso en que durante un tiempo tengamos que volver a producir aquello que ya teníamos antes y que ha sido destruido por una catástrofe natural. Si nuestro patrimonio es 100 y se desploma súbitamente a 40, podremos reconstruirlo produciendo 60, mas obviamente en nada habremos mejorado con respecto al inicio cuando éste vuelva a ser 100. Estaremos como antes de la catástrofe, pero habremos perdido tiempo y recursos en el proceso de reconstrucción.

Nada, pues, mejorará la fortaleza económica de Japón tras el terremoto. Pero semejante conclusión de puro sentido común se da de patadas con el sinsentido particular del jefe de filas de los keynesianos y con su irracional obsesión de que las economías se paralizan cuando la gente no gasta. Vean, si no, con qué elegancia se expresaba Keynes en su Teoría General: "La construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar nuestra riqueza si es que la educación de nuestros gobernantes en los principios de la economía clásica les impiden considerar mejores alternativas". No, no era una exageración, sino una declaración de principios. Con estos mimbres teóricos, ¿qué esperaban que dijeran sus discípulos intelectuales?

Las contradicciones del anarquismo colectivista

El anarquismo es la propuesta política de organizar una vida social sin el Estado. Hay varios anarquismos, por lo que esta definición se queda necesariamente corta, pero esta idea, la de una sociedad sin Estado, es lo que define al anarquismo y lo que hace común a todas sus manifestaciones. Hay anarquismos individualistas y colectivistas, con Pierre-Joseph Proudhom como bisagra entre ambos. Hay, también, varios anarquismos individualistas y varios colectivistas.

Pero de los primeros nos podemos quedar con la síntesis de Murray N. Rothbard, que combina la economía austríaca con el iusnaturalismo, y del segundo, con la línea de Bakunin y Kropotkin, aunque haya diferencias entre ellos. Parten de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, pero que está constreñido por unas instituciones que, además de mantenerle en una esclavitud, le corrompen y permiten la explotación de unos por otros. La principal de esas instituciones es el Estado, pero no la única. También, para algunos al mismo nivel o superior, la religión. Y, en general, todo tipo de usos sociales que podemos identificar, grosso modo, con la moral. La perspectiva del anarquismo colectivista no es puramente negativa. Creen en el progreso del hombre, ligado al avance de la ciencia y a la transmisión a las masas de la cultura. Una cultura emancipada de los viejos prejuicios y asentada sobre principios materialistas y verdaderamente científicos.

No carece de programa económico, por otro lado. La producción no sería capitalista, porque no se reconoce la institución de la propiedad privada. Recaería en una propiedad común, que haría comunes también los frutos del esfuerzo y los bienes que luego se repartan. Esto no es una contradicción, excepto, acaso, con la realidad y con la naturaleza humana. La gestión común está condenada al fracaso, como muestran cuantos ejemplos se han dado.

Para entender por qué fracasa sistemáticamente la gestión común, podemos seguir el ejemplo que pone David Osterfeld en Prosperity versus planning. Partamos de una comuna de 1.000 personas que producen 100.000 fanegas de trigo al año a razón de 100 por trabajador. Las venden a un precio de 5 dólares por fanega, por lo que cada uno se lleva 500 dólares al año. Pedro, totalmente imbuido por las ideas colectivistas, decide incrementar su trabajo hasta las 150 fanegas al año. Al final del ejercicio se producirán 100.050 fanegas, que dividido entre los 1.000 trabajadores arroja una nueva división en los 500,25 dólares. En definitiva, Pedro ha aumentado su trabajo en un 50 por ciento y le saca un rédito del 0,05 por ciento. Los otros 999 también se beneficiaron en un 0,05 por ciento, aunque en su caso sin aportar una fanega más al común. Él carga con todos los costes de su mayor trabajo, y el resultado se divide entre todos. Juan, sin embargo, ha entendido cómo funciona el sistema y decide trabajar la mitad. Ahora se producirán 99.950 fanegas, que reducen las ventas a 499.750 dólares, o 499,75 por persona. Juan trabaja la mitad y sólo pierde un 0,05 por ciento. Mientras que se lleva todo el beneficio de aumentar su ocio, los costes de la menor producción se reparten entre toda la sociedad.

Y aquí sí empiezan las contradicciones del anarquismo colectivista. Porque hay poderosísimos incentivos para no trabajar más y para trabajar lo menos posible. La sociedad comunal, que emergería naturalmente una vez eliminado el Estado, resulta ser un fracaso. No hay más que ver los carteles propagandísticos que llamaban a los miembros de las comunas aragonesas a trabajar. Y para lograr sus objetivos, recaló en un gobierno dictatorial. Así define Julián Casanova al Consejo de Aragón: “Creó sus propios órganos de policía, efectuó requisas, impuso rígidos mecanismos de control de la economía, administró justicia y sobre todo utilizó un amplio aparato burocrático y propagandístico para consolidar el poder de la CNT”.

Esta contradicción surge de un puro error intelectual, y es la pretensión de que una vez eliminado el Estado surgirá un determinado tipo de sociedad, que es la preferida por esta corriente. Es un non seguitur. Lo que elijan hacer las personas liberadas del Estado no tiene por qué tener la forma que dicen los anarquistas colectivistas. Si ese colectivismo no es una mera predicción sobre la estructura que adquirirá una sociedad libertaria o una propuesta que puedan aceptar libremente los trabajadores, podrán asimismo rechazarla. Y es un programa político que deba imponerse, tendrá que hacerlo un órgano coactivo centralizado, es decir, un gobierno. Y ello vale también para la propiedad. Puedes partir de no reconocer ninguna, pero en cuanto un ciudadano mezcle su trabajo con la tierra, la considere suya y el resto de ciudadanos así lo reconozcan, o respetas ese desarrollo de la sociedad libre, o impones por la fuerza el esquema de un comunismo que ya no sería libertario.

Y como esta llegan el resto de contradicciones. Lo que se ha descrito en el campo de la economía vale para el de las creencias. Se puede confiar en que el desarrollo de la ciencia y la cultura arrinconará, hasta hacerla desaparecer, a la fe religiosa. Pero si no es así, o te quedas con tu anarquismo y convives con los creyentes y sus usos, o impones tu pensamiento y recalas en el poder de algún gobierno.

El anarquismo individualista tiene sus insuficiencias. Bien derivadas de que la ausencia del Estado lleve a carencias esenciales a la sociedad, bien porque el desarrollo de la economía no nos ha conducido todavía a entender plenamente que una sociedad libre daría con las instituciones necesarias para el reconocimiento y el libre ejercicio de los derechos. Pero la perspectiva de este anarquismo es completamente distinta, y por eso elude las contradicciones del colectivismo anarquista. Parte del estudio de la naturaleza humana y del funcionamiento de una sociedad libre, basada en los derechos de la persona, incluidos los derivados de la propiedad privada. Y no busca imponer un esquema predeterminado, sino que entiende que la sociedad que surgirá naturalmente funcionará lo suficientemente bien como para permitirnos cumplir razonablemente nuestros objetivos vitales. Los ácratas colectivistas deberían replantearse o su anarquismo o su colectivismo.