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Dinero, unidad de cuenta y cálculo económico

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

Si no existiera dinero, en un sistema económico con N bienes (o servicios) intercambiables habría N(N-1)/2 precios o relaciones de intercambio posibles. Estos precios no serían completamente independientes entre sí: si el precio de un intercambio directo entre dos bienes no coincide con lo que se conseguiría con un intercambio indirecto entre esos dos mismos bienes (con uno o varios bienes diferentes como intermediarios), habría oportunidades de arbitraje para utilizar el proceso de intercambio que procurase más beneficios; las variaciones de demanda y oferta de bienes por estos mecanismos alterarían los precios relativos hasta ajustarlos de modo que solamente queden N-1 precios independientes (este proceso se verá limitado por los costes de transacción y de recopilación y procesamiento de información).

Los agentes en este sistema sin dinero pueden operar conociendo y recordando todos los precios de los intercambios que suelen realizar o computándolos a partir de un conjunto básico arbitrario (potencialmente diferente para cada agente) de precios independientes que permita generar todos los demás según sea necesario (conociendo el precio de A respecto a B y el precio de B respecto a C es posible calcular el precio de A respecto a C), o con una combinación de ambos sistemas (recordando algunos precios y calculando otros). Para un sistema complejo con un elevado número de bienes ambas opciones son problemáticas, ya sea por la cantidad de información a almacenar o por la necesidad de su procesamiento. Además estos precios de trueque directo pueden variar constantemente.

La existencia de dinero con un poder adquisitivo o valor estable minimiza estos problemas de información sobre precios relativos: los N-1 precios fundamentales a utilizar son los de todos los demás bienes respecto al dinero; la relación de intercambio entre dos bienes cualesquiera se calcula a partir de sus precios monetarios.

El dinero utilizado como unidad de cuenta común simplifica el problema de la contabilidad, del cálculo económico de los resultados de los negocios. Siempre es posible comparar el patrimonio de dos agentes económicos, por muy distinto que sea, y las variaciones del mismo, mediante los precios de todos los bienes involucrados respecto a algún otro bien arbitrario que sirva como referente de comparación o unidad de cuenta. Pero si se utilizan referencias diferentes es posible que la relación entre ambas no sea estable y estas variaciones pueden dificultar las comparaciones relativas. El dinero sirve como estándar o lenguaje universal mediante el cual expresar precios, valoraciones del patrimonio o capital y resultados de la actividad del negocio (beneficios o pérdidas).

El uso de diferentes nombres para referirse a cantidades distintas del mismo dinero mercancía (monedas) es un problema de conversión relativamente sencillo. Es mucho más problemático utilizar unidades de cuenta referidas a bienes distintos cuyo valor relativo puede cambiar.

En una economía con finanzas desarrolladas el dinero se transforma en algo progresivamente más abstracto: los agentes pueden preservar o incluso aumentar valor mediante instrumentos financieros muy seguros, y pueden utilizar complementos o sustitutos monetarios en lugar de intercambiar materialmente el dinero físico. Estos hechos pueden llevar a algunos a caer en el error de creer que el dinero puede ser cualquier cosa sin valor real decretada coactivamente por el gobierno como referencia común, que la unidad de cuenta es un estándar arbitrario (como los de las unidades de las magnitudes físicas) que puede y debe imponerse y optimizarse desde el poder político intervencionista en lugar de dejar funcionar la adaptación evolutiva institucional.

También se puede recurrir a alterar el valor del dinero para presuntamente ajustar de forma fina diversas variables macroeconómicas (más crecimiento y empleo a cambio de inflación). En realidad los tecnócratas al mando del monopolio monetario estatal fracasan sistemáticamente en sus empeños de optimizar la actividad económica, no son capaces de estabilizar adecuadamente el valor del dinero, distorsionan la unidad de cuenta, dificultan el cálculo económico y provocan ciclos recurrentes de auges y depresiones.

La existencia de múltiples divisas nacionales de curso legal forzoso, no convertibles en dinero físico a tasas fijas y de variaciones relativas arbitrarias agrava aún más el problema de encontrar unidades comunes estables a nivel universal: el problema se reduce si los ciudadanos pueden al menos escoger libremente entre estas divisas en competencia para sus transacciones comerciales.

Los fundamentos del poder sindical

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Todavía hoy sorprende la influencia que tiene la casta dirigente sindical (principalmente de UGT y CCOO) a pesar de los magros índices de afiliación de los trabajadores (y funcionarios) a los sindicatos.

Hemos visto con estupor cómo un apaño "acordado" entre el gobierno, esos dirigentes sindicales y los de la organización hermana entre los empresarios (la CEOE) para recortar las pensiones de jubilación presentes y futuras se celebraba con alborozo en la prensa del neomovimiento. Pocos reparan en las evidentes similitudes de esa manera de tomar decisiones colectivas con las propias de los estados corporativos fascistas, tan denostados sin saber por qué por el "progresismo" hispano. Ese regusto antiparlamentario de canalizar la voz del pueblo a través de órganos de representación –natural, se atrevieron a decir los ideólogos del primer franquismo, respecto a la "familia, el municipio y el sindicato"– distintos a las asambleas democráticas se encuentra, no obstante, en la contradictoria Constitución española de 1978.

Dependiendo de las caprichosas y variables necesidades del gobierno, pueden pisotearse los derechos fundamentales, pero, si se trata de las prescripciones para la planificación económica concertada con los "agentes sociales" que asoman en los apartados relativos a la constitución económica (Arts. 128 a 131), no cabe discusión alguna.

Asimismo, la estúpida consigna del "diálogo social", cuando se trata de imponer sordina al planteamiento de alternativas al modelo de seguridad social heredado del franquismo, atenaza como una camisa de fuerza a los dirigentes del partido de la domesticada oposición. No en vano, durante su estancia en el gobierno, participaron en ese pasteleo, aunque, ciertamente, no consiguieron romper la estrecha cooperación de los sindicatos mayoritarios con socialistas y comunistas. Aunque parezca algo lejano, como respuesta a las zalamerías gubernamentales, los sindicatos convocaron dos huelgas generales: una contra la guerra (de Irak, claro) y otra contra una fallida reforma laboral.

De cualquier modo, debemos remontarnos en el tiempo para encontrar una Ley de Libertad Sindical, aprobada en 1985 durante el primer mandato de González Márquez, que abrió las puertas a los privilegios sindicales que ya se atisbaban en el estatuto de los trabajadores. Si bien los socialistas españoles se abstuvieron de introducir trapacerías del estilo de los closed shops británicos, es decir, la exigencia de afiliación a un sindicato para trabajar en una empresa, sentaron las bases del poder posterior de estos auténticos apéndices del estado. Ya entonces se dio pábulo a la aparición de liberados (del pesado trabajo) por doquier; se estimuló el predominio en grandes empresas de los sindicatos más proclives a los socialistas (a pesar de la pugna puntual con Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT, por la reducción de las pensiones de 1985), se abrió paso a la percepción de un canon sindical por la negociación colectiva (sustituida en la práctica por los "clavos" en los EREs), se declaró la inembargabilidad de las cuotas sindicales, la práctica irresponsabilidad de los sindicatos por actos de sus afiliados (¿quién paga los destrozos de las huelgas y "las jornadas de lucha"?) y el anuncio de un régimen fiscal excepcional. En este sentido no tiene parangón –ni siquiera los partidos políticos gozan de ese privilegio– el hecho de que las cuotas sindicales sean un gasto deducible de los ingresos derivados del trabajo, a efectos del Impuesto sobre la renta (IRPF), del mismo modo que las cotizaciones a la seguridad social.

No obstante, la voracidad de estas criaturas del estado del bienestar se demostró insaciable. Al poco tiempo de su primera estancia en el poder, el gobierno hermano, en vez de subastar y repartir proporcionalmente el producto de la venta entre los trabajadores y empresarios forzados a contribuir a su sostenimiento, promovió una suerte de rapiña del patrimonio inmobiliario de la Organización Sindical a favor de los privilegiados sindicatos más representativos (UGT y CCOO, pero también ELA-STV). Gracias a la aprobación de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado y su reglamento, esos sindicatos (y en menor medida la organización empresarial CEOE) se subrogaron en la posición del antiguo sindicato vertical como propietarios de un ingente patrimonio que se había adquirido, en parte, con las citadas contribuciones obligatorias.

En aquella época, cuando las palabras "social", "solidaridad" y "colectivo" adquirieron pleno significado, nos enteramos de que los sindicatos asumirían técnicas de gestión modernas y nuevos retos para prestar servicios a sus afiliados y a la sociedad. Nacieron la cooperativa de viviendas PSV (Promotora Social de Viviendas) y su gestora IGS (Iniciativas de Gestión del Suelo), como muy bien recordará el actual Ministro de Trabajo, encargado en 1994 de rescatar con dinero ajeno del Instituto de Crédito Oficial (ICO ) a la UGT de las responsabilidades civiles que debería haber asumido por auspiciar aquella empresa frente a los 20.000 cooperativistas perjudicados. Así lo reconoció la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2003, que mantuvo, no obstante, la condena a Carlos Sotos por apropiación indebida.

Lejos de saciar ese apetito, los sindicatos y las organizaciones empresariales demostraron una capacidad camaleónica para gestionar las subvenciones destinadas a formación por el Fondo Social Europeo (F.S.E), cuya caja abrieron los gobiernos entusiasmados. Cuestión distinta era la formación.

Ni por esas. Los sindicatos no han perdido la ocasión de acaparar otras subvenciones diversas del Estado y de recibir más dinero de las expansivas Comunidades Autónomas. La promiscuidad o el nepotismo más obsceno alcanzarían ribetes desternillantes en lugares como Andalucía, si no fuera por la gravedad de algunos de los delitos que se cometen. Pero hay más. En 2005 el gobierno socialista dio una nueva vuelta de tuerca. Nada menos que mediante un decreto-ley, aprobó el reparto inmediato entre estos parásitos del llamado patrimonio sindical histórico. No debe sorprender que tiempo después el presidente de ese gobierno reclamase al sindicato más beneficiado (UGT, cuyas siglas existían ya durante la II República) su "cariño" y "apoyo".

El viscoso régimen partitocrático forjado durante los treinta y tres años de evolución de la Constitución de 1978 –la cual, por cierto, resulta ya irreconocible– transformó el antiguo sindicato vertical en tres pivotes que sustentan una parecida estructura clientelar. En algún momento, los españoles deberán acometer la labor de desembarazarse de esta estructura parasitaria que drena sus recursos y limita tanto sus libertades como sus posibilidades de prosperar. Ahora bien, ese desmantelamiento debe partir de un conocimiento de los mimbres reales de ese poder sindical, una concienciación de su perversidad y una propagación de la necesidad de doblegarlo. A continuación, una vez que el asunto forme parte del debate político democrático, acaso no sea tan difícil dar pasos efectivos. Pronto tendrá lugar un relevo generacional masivo de la esclerotizada nomenclatura de prebostes políticos y sindicales que han disfrutado durante tanto tiempo de esta situación. Quienes lleguen nuevos a la política tendrán menos cortapisas para acabar con esos intereses creados y reformar decididamente este tinglado, más aún en un momento de austeridad necesaria.

Falta de crédito

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los comentarios que más se suele repetir en tertulias de carácter político y económico es que la banca comercial está dificultando la salida a la crisis por no conceder créditos. Esta acusación suele formularse con bastante frecuencia en ámbitos como el inmobiliario, donde los vendedores culpan a las entidades de crédito de haber sido la causa de la cancelación de operaciones de compraventa al negarse a realizar un posible préstamo a un potencial comprador. También en el ámbito de la pequeña empresa suele oírse numerosas veces esta queja, cuando, por ejemplo, pólizas de crédito que antaño se renovaban sin ninguna dificultad no siguen el mismo proceso.

Las entidades de crédito obtienen una fuente considerable de sus beneficios a través de la concesión de préstamos y créditos. Por tanto, a priori, resultaría extraño que se negasen a realizar dichas actividades si no existiese algún motivo. El mercado financiero, como cualquier otro mercado, tiene su propia oferta y demanda. Por un lado, demandan dinero todo tipo de personas, sociedades e instituciones que solicitan algún tipo de crédito, préstamo o empréstito. Por otro lado, la oferta estaría formada por los propios fondos propios de estas entidades de crédito (capital y reservas) más su pasivo exigible, es decir, el dinero que a su vez solicitan prestado a ahorradores, bajo la forma de cuentas corrientes, libretas de ahorro, imposiciones a plazo fijo, y otras figuras. Dado que el sector bancario está fuertemente apalancado, los fondos ajenos son considerablemente superiores a los propios, por lo que la oferta estaría fundamentalmente representada por el ahorro.

El mercado financiero, además, presenta otra serie de peculiaridades. El primero proviene del hecho de que todas las operaciones se realizan a crédito. Es decir, mientras que si acudimos a comprar un determinado bien o servicio normalmente se puede optar por pagar al contado o a crédito, en el mercado financiero, el pago siempre se va a producir a crédito: se solicita un préstamo o un crédito que se devolverá en un determinado plazo de tiempo. Además, se da la circunstancia de que la diferencia entre los plazos de los ahorradores y los demandantes de crédito suele ser considerable. Por ejemplo, una persona que abra una cuenta corriente puede demandar la totalidad de su importe en cualquier momento, sin previo aviso. Cuestión distinta ocurre en las imposiciones a plazo fijo, donde el ahorrador se compromete a mantener su dinero inmovilizado durante un plazo de tiempo cierto. No obstante, la demanda de crédito suele tener plazos superiores. Así, una póliza de crédito de campaña puede acordarse por un plazo de seis meses, mientras que los préstamos hipotecarios pueden tener una vida de décadas.

Por tanto, las disponibilidades de crédito, en principio, dependen del ahorro existente y del plazo en que éste se haya materializado, y su coste también dependería de esos factores. También influirían otros factores como la solvencia del demandante, las garantías que pueda ofrecer o los plazos en que pretenda materializar la devolución.

Sin embargo, el sistema presenta más actores. De un lado, las instituciones financieras pueden a su vez prestar y pedir prestado dinero en el denominado mercado interbancario. Y, por otro lado, existe el banco central, que actuaría como banco de bancos, presentando una peculiaridad importante, y es que él mismo se fija su retribución unilateralmente dada su condición de monopolio. Esto tiene un efecto inmediato sobre el mercado, dado el volumen e importe de operaciones que puede realizar. Por tanto, en un mercado sin banco central, si se demanda mucho crédito, pero apenas existe ahorro, la retribución subiría hasta que más ahorradores se sintiesen motivados y más demandantes de créditos desechasen realizar las operaciones por el alto coste. En sentido contrario, si el ahorro es elevado, pero existe muy poca demanda por dicho ahorro, el interés de las operaciones irá bajando de forma que el crédito se haga más atractivo, y el ahorro baje.

Al aparecer el banco central, las reglas cambian, y ya no son los ahorradores, los demandantes de crédito y los plazos los que van a fijar el interés de las operaciones, sino que éstos se van a ver influidos en extremo por el tipo que fije el órgano correspondiente de dicho banco. Esto trae consecuencias, ya que el ahorro y la demanda de crédito se ven influidos fundamentalmente por un tercero, que no tiene que tener en cuenta las condiciones que los anteriores hubiesen pactado en un mercado libre. De hecho, durante casi una década, los bancos centrales han estado impactando en estos tipos de interés hacia la baja, sembrando las condiciones que luego dieron ocasión a la actual crisis, cuando los inversores acometieron proyectos de muy reducida rentabilidad, inducidos por su política de “dinero barato”.

Tampoco debemos olvidar el hecho de que si un banco decidiese unilateralmente y sin motivos restringir el crédito a un cliente, y que la competencia inexplicablemente siguiese sin concedérselo, éste podría acudir a otros canales, ya que la banca comercial no tiene el monopolio concesión de préstamos, cuestión que puede comprobarse en las emisiones de empréstitos que realizan con periodicidad grandes empresas e instituciones (en las que la banca no deja de ser un mero intermediario y es el cliente quien presta directamente dicho dinero al emisor). Adicionalmente, a nivel particular siempre se han producido operaciones crediticias (aunque de menor importe) entre sociedades o particulares. Por tanto, las instituciones de crédito no pueden denegar operaciones sin responder a la lógica económica de la oferta y la demanda, o a las condiciones que fijan los propios bancos centrales, que son los únicos que pueden escapar en cierta medida al libre juego de la oferta y la demanda.

Alemania vota quiebra

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Su partido (CDU) ha fracasado estrepitosamente en la primera gran prueba de fuego con las urnas, ya que aún restan otras seis citas regionales en 2011 de cuyo resultado dependerá la consolidación de su liderazgo o bien la ratificación de su futura derrota electoral a nivel federal.

Se trata de un hecho relevante para determinar cómo se resolverá la crisis de deuda pública que sufre la zona euro y, por tanto, la nueva configuración de la Unión Monetaria, eje del debate político que se desarrolla en Bruselas desde hace meses. Lo importante aquí es que Merkel está siendo vapuleada por los electores pese a la buena evolución económica del país germano, con un crecimiento del 3,6% en 2010 y una tasa de paro del 7,4%, la más baja desde 1992.

¿Cómo es posible? El castigo de los alemanes no viene determinado tanto por la situación interna sino, más bien, por el desarrollo de los acontecimientos a nivel europeo. El votante medio rechaza frontalmente el rescate de países miembros –Grecia e Irlanda, por el momento– tolerado por su Gobierno. Y es que el pueblo alemán está a favor de las quiebras soberanas en el seno de la Unión. Lo cual es lógico, pues es plenamente consciente de que el coste de dichos rescates recaerá finalmente sobre su bolsillo. No obstante, una cosa es pagar la reunificación germana y otra muy distinta asumir la factura de los dispendios griegos, irlandeses, portugueses o españoles.

Merkel lo sabe, de ahí precisamente su plan de quiebra ordenada de países, pero también es consciente de que su implantación levantará ampollas entre sus colegas de la zona euro, muchos de los cuales (los países díscolos) abogan insistentemente por la creación de los ansiados eurobonos, no sólo para salvar la situación actual sino para garantizar igualmente la financiación de sus despilfarros futuros.

De ahí que, poco a poco y paso a paso, vaya cobrando fuerza la idea de combinar el denominado "Gobierno económico europeo" con el establecimiento del "mecanismo de estabilidad financiero permanente", cuyas líneas generales serán discutidas en una cumbre europea clave prevista para el próximo marzo. La aprobación de estos dos planes paralelos supondrá el mayor cambio político y económico de la Unión Europea desde la implantación del euro.

¿Y esto qué significa? Las claves del gobierno europeo están contenidas en el famoso Pacto de Competitividad ideado por Alemania y Francia. Un proyecto que contempla algunos aspectos positivos, tales como ligar la evolución de los salarios a la productividad, y no a la inflación como sucede en España, y otros muy negativos como, por ejemplo, aplicar una presión fiscal homogénea en todos los países miembros.

A ello se sumaría, por supuesto, el endurecimiento de las sanciones para los gobiernos que incumplan los límites máximos de déficit (3% del PIB) y deuda (60%) que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tal y como defiende el propio Banco Central Europeo. ¿Funcionará? El problema es que dicho Pacto nunca se llegó a aplicar en serio: en la UE se registraron 97 casos (país/año) de déficits por encima del 3% hasta 2010, y de éstos menos de un tercio (29) coincidieron con una gran recesión interna, con lo que no habría base alguna para justificar los 68 casos restantes.

Así pues, el primer punto se resumiría en más Estado europeo y menor soberanía nacional. El segundo, el plan de quiebras, consistiría en aplicar quitas a los tenedores de deuda pública mediante el intercambio de bonos. Es decir, en lugar de los préstamos actuales, el Fondo de rescate europeo proporcionaría una especie de bonos de reemplazo, garantizados por el conjunto de la zona euro, que el gobierno en cuestión podría ofrecer a aquellos acreedores cuya deuda venza, pero sólo bajo la condición de que acepten un descuento (haircut) de entre el 20% y el 50% sobre el valor nominal. Es muy posible que en marzo se despejen muchas dudas. Por el momento, los votantes alemanes ya han dado su opinión.

Público contra las agencias de rating

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El reportaje es sorprendente porque demuestra que la izquierda sigue viviendo en otro planeta, en una realidad alternativa en la que todos sus dogmas ideológicos encuentran acomodo.

Los hechos: las agencias de rating –Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s– son un oligopolio privado construido por los Estados; muy en particular por Estados Unidos y Europa. Hasta los años 70, el mercado de estas compañías se encontraba abierto a la competencia; las diversas agencias prestaban un servicio de asesoría financiera: si una persona o una institución quería invertir en un bono de, por ejemplo, General Motors, podía acudir a alguna de las numerosas agencias y pedir su opinión, previo pago por el servicio. A partir de los años 70, Estados Unidos comenzó a exigir indirectamente que todas las emisiones llevaran asociadas una calificación especial que sólo podía ser proporcionada por aquellas agencias que contaran con una licencia emitida por la SEC (la CNMV yanqui). De este modo, las agencias con licencia se convertían en un cartel aislado del resto de potenciales competidores (empresas sin licencia) y sus clientes pasaban a ser, no los individuos o empresas que querían invertir en deuda, sino las compañías que deseaban emitirla. Posteriormente, los países europeos que suscribieron Basilea II ratificaron este cartel, pues el tratado sólo permitía a las agencias "internacionalmente reconocidas" (las tres de arriba) emitir calificaciones que el tratado reconociera como válidas.

El resultado de este blindaje es de sobras conocido: las agencias de rating han fracasado estrepitosamente durante esta crisis y, sin embargo, siguen gozando de muy buena salud. Es lo que suele suceder con los monopolios de verdad. En este caso, los clientes últimos de las agencias no son las empresas que emiten deuda, sino los reguladores; pues son ellos quienes exigen que la deuda privada se evalúe exclusivamente en esas tres agencias.

Ahora vayamos a la información de Público: según este nada tendencioso diario, estas agencias han perjudicado gravemente la economía porque al principio de la crisis inflaron artificialmente los ratings de las subprime y demás activos tóxicos pero luego, cuando los benevolentes Estados comenzaron a gastar y gastar sin freno, redujeron taimada y de nuevo artificialmente los ratings de la deuda pública, dificultando y encareciendo el endeudamiento estatal.

Si es que estas agencias son unas desagradecidas: primero los Estados les conceden un lucrativo oligopolio privado y luego los castigan rebajando falsamente su solvencia. ¿O no? Puestos a conspirar, ¿no sería más lógico pensar que debe de haber un contubernio entre estas tres empresas y los Estados que las han agraciado con numerosos privilegios para mantener artificialmente inflados sus ratings?

En cualquier caso, me temo que sólo alguien muy alejado de los mercados puede creerse que los grandes inversores deciden comprar o vender la deuda pública en función de las calificaciones de estas agencias; los ratings sólo sirven para calcular los requisitos de capital del sector financiero… y poco más (esos requisitos de capital tan dados a manipulaciones contables inducidas por los propios Estados para no reconocer que su banca está quebrada). Es un hecho constatado que primero los tipos de interés suben porque los inversores huyen en desbandada de la deuda pública y sólo bastante tiempo después y a regañadientes las agencias degradan sus calificaciones. ¿Cómo se explica si no que el tipo de interés de España se disparara durante noviembre de 2010 sin que estas agencias modificaran su rating?

Es más, ¿no habíamos quedado en que si los tipos de interés subían era por los malvados especuladores que vendían al descubierto? ¿Qué pintan ahora las agencias de rating? ¿Son condiciones necesarias para las subidas? ¿Suficientes? ¿O más bien irrelevantes? Para cierta izquierda, todos, todos son culpables salvo… ¿adivina? Sí, los propios Estados que se están endeudando de manera insostenible y que amenazan con impagar sus obligaciones.

Y sobre el supuesto conflicto de intereses que detecta Público mejor no hablamos demasiado. El razonamiento es tan brillante que no merece mucho comentario: como el sector financiero es el principal cliente de las agencias de rating (son los que realizan más emisiones de deuda que requieren de calificación) y, al mismo tiempo, es el principal inversor en deuda pública, es evidente que las agencias han bajado las calificaciones de la deuda pública para que el sector financiero perciba mayores cobros en concepto de intereses. Fantástico, sólo tiene un problema: ¿en qué beneficia a los bancos que han invertido millonadas en deuda pública que los tipos de interés suban y suban hasta el punto de abocar a la quiebra a Estados como Grecia, Irlanda o puede que Portugal y España? ¿Tan tonta es la plutocracia neoliberal que gobierna el mundo?

Doce consejos clave para invertir en bolsa

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Batir las rentabilidades que ofrece el mercado en bolsa a través de los diferentes índices bursátiles está tan sólo al alcance de un puñado de privilegiados, los grandes conocedores del Value Investing. A continuación, sus doce principios básicos para invertir.

1. Peter Lynch (1944), gestor de Magdellan Fund: “La renta variable es el activo más rentable a largo plazo”; “la gran ventaja de invertir en acciones, para quien acepte la incertidumbre, es la extraordinaria recompensa por tener razón”.

En los últimos 200 años, frente a una inflación media del 4%, las letras y los bonos han ofrecido una TAE del 5%, mientras que la renta variable arroja una rentabilidad media anual cercana al 10%.

2. Warren Buffett (1930), presidente de Berkshire Hathaway: “La renta variable es el activo menos arriesgado a largo plazo”; “el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo”.

La evolución de la renta variable está ligada al crecimiento económico y los beneficios empresariales. Por el contrario, los bonos del estado dependen de las políticas económicas que adopten los estados correspondientes, muchas veces inflacionistas y, por tanto, destructoras del valor.

3. Mario Gabelli (1942), presidente de Gamco: “Pocos gestores consiguen batir a los índices bursátiles en el largo plazo”. ¿La clave? “El conocimiento convencional sólo arroja rendimientos convencionales”.

Tan sólo el 9% de los gestores norteamericanos ha logrado batir al índice S&P 500 a lo largo de 16 años. La razón es la ausencia de disciplina y los continuos cambios de estrategia en los que incurren la mayoría de los gestores de fondos. El no mantener una misma filosofía y estrategia de inversión resulta devastador para el rendimiento a largo plazo.

4. Charlie Munger (1924), vicepresidente de Berkshire Hathaway: “Toda inversión inteligente es value investing, adquirir algo por menos de lo que vale”. Los gestores de vlue investing son los únicos que consiguen batir a la bolsa a largo plazo.

5. Friedrich A. Von Hayek (1899-1992), premio Nobel de Economía, referente de la Escuela Austríaca: “La volatilidad y la liquidez de una acción no son representativos de su riesgo”. La mayoría de modelos de inversión tan sólo miden lo que es medible “no lo que importa”.

6. John Templeton (1912-2007), fundador de Templeton Funds: “Las crisis bursátiles son inevitables y permiten una importante creación de valor”; “las cuatro palabras más peligrosas en la historia de la inversión han sido esta vez es diferente“.

7. John Neff (1931), inversor norteamericano: “Tener un mal comportamiento a corto plazo es inevitable”; “No es simpre fácil invertir en lo que no es popular, pero es la forma de obtener rendimientos sobresalientes”.

8. Jim Rogers (1942), cofundador de Quantum Fund: “No merece la pena guiaerse por las previsiones económicas”; “para tener éxito invirtiendo es necesario entrar pronto, cuando las cosas están baratas, cuando hay pánico, cuando todo el mundo está desmoralizado”.

9. Christopher H. Browne, presidente de Tweedy Browne Funds: “No invertir nunca en empresas sobrevaloradas”; “hay que buscar el valor intrínseco de la acción, de la manera que harías en cualquier otra compra”.

10. Benjamin Graham (1894-1976), precursor del value investing: “No dejar que las emociones guíen las decisiones de inversión”: “conseguir rendimientos satisfactorios es más sencillo de lo que la gente piensa. Obtener rendimientos sobresalientes es mucho más duro de lo que la gente imagina”.

11. Walter Schloss (1916), inversor estadounidense: “No intentar predecir el movimiento de la bolsa a corto plazo”; “la timidez generada por fracasos del pasado provoca que la mayoría de los inversores se pierdan los mercados alicisas más mimportantes”.

12. Francisco García Paramés (1963), director de inversiones de Bestinver: “Entender que la paciencia es la principal virtud del inversor exitoso”; “lo más fascinante del Value Investing es que el tiempo siempre juega a tu favor”.

Estos doce consejos e ideas básicas para invertir están contenidas y desarrolladas en el cuaderno 12 Principios del Value Investing, editado por Bestinver.

El IPCC se queda sin la subvención de Obama

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La enmienda a la ley de presupuestos, propuesta por el republicano Blaine Luetkemeyer, fue aprobada tras una contundente votación 244 a 179.

Luetkemeneyer convenció a la mayoría de los congresistas con un discurso en el que planteó que si las familias norteamericanas están apretándose el cinturón en cuestiones importantes, qué menos que el Estado haga lo propio dejando de financiar a un panel de Naciones Unidas cuya objetividad científica está en tela de juicio desde hace años. Son muchos los científicos que se han retirado de este panel –y más aún los que se niegan a colaborar con sus trabajos– debido a las tendenciosas conclusiones que suelen incorporar en el resumen para políticos.

El IPCC, que compartió el premio Nobel de la Paz con Al Gore en 2007 por sus trabajos sobre Cambio Climático, mantuvo durante años la teoría del Palo de Jockey contra el criterio de numerosos científicos. Sólo cuando Steve McIntyre desmontó pieza por pieza esa teoría catastrofista, el IPCC se desembarazó de ella sin dar explicaciones. Pero el Luetkemeyer no se refirió a estas cuestiones sino a la participación de muchos de los científicos que colaboran activamente con el Panel, en el Climategate, el escándalo de los e-mails gracias a los que se supo que muchos de los líderes científicos del catastrofismo calentólogo habían escondido datos, ocultado importantes dudas, boicoteado a todo el que no pensara como ellos, silenciado voces discordantes y retorcido las series estadística todo lo que habían podido para que la "realidad" encajara de algún modo en sus teorías alarmistas.

Otro argumento de Luetkemeyer que ayudó a convencer al Congreso (de mayoría republicana: 242 frente a 193 desde el descalabro de partido de Obama en los midterms de finales del años pasado) fue que más de 700 prestigiosos científicos internacionales han contestado al último informe del IPCC en un informe de 740 páginas. Entre estos científicos se encuentran miembros del Departamento de Energía y Defensa de los EEUU, de la Fuerza Aérea y Naval, de prestigiosas universidades como Harvard, MIT o Princeton, e incluso de la Agencia de Protección Medioambiental de los EEUU.

La eliminación de la partida de 13 millones de dólares que Obama pensaba conceder al IPCC en la ley de presupuestos que estudia en este momento la Casa de Representantes estadounidense supondría, de confirmarse en el Senado, un duro golpe político y financiero para Naciones Unidas y su plan de instaurar un sistema de racionamiento de emisiones a escala global. La decisión, que se produjo a las dos de la mañana (habrá que reconocer que los congresistas estadounidenses trabajan más que los nuestros), llega pocos días después de que el Gobierno estadounidense se diera por vencido en su intento de establecer un sistema de racionamiento de emisiones de CO2 y comercio de derechos de emisión en el país. Las encuestas muestran que los ciudadanos rechazan mayoritariamente ese tipo de medidas y los líderes republicanos no han tenido más que mostrar el video en el que Obama reconocía, poco antes de ser nombrado presidente, que esas medidas que intentaría aprobar necesariamente dispararían el precio de la electricidad. En fin, lo que ha pasado aquí en España, donde la electricidad se ha disparado desde que Zapatero llegó al poder defendiendo ese tipo de medidas. La diferencia es que Zapatero ya se las encontró aprobadas por el Gobierno del PP.

¿Quién crea los desequilibrios, Bernanke?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

En opinión del presidente de la Fed, el déficit exterior de EEUU va de la mano del superávit exterior chino, de modo que para "enfriar" los flujos de capital desde Asia a Norteamérica habría que dejar que el mercado revaluara el yuan (restando competitividad a los chinos y minorando su superávit).

El simplismo de Bernanke es sin duda pavoroso, casi tanto como que semejante cabeza esté dirigiendo la Reserva Federal y el futuro del dólar. Como ya expliqué en otras ocasiones, los dólares que consigue China y que reinvierte en Estados Unidos no proceden de otro sitio que de la expansión crediticia que de continuo implementa el sistema bancario yanqui asistido por la Reserva Federal. Cuando los bancos generan mucho crédito, parte del mismo se filtra al extranjero –a China– para, finalmente, acabar regresando a Estados Unidos en forma de inversión extranjera.

Por supuesto, si China dejara flotar su divisa, el yuan se encarecería y una parte del crédito estadounidense que ahora se dirige a importar mercancías, se quedaría dentro del país. Pero, ¿cuál sería en tal caso la diferencia para Bernanke? ¿Qué más le da que el crédito de EEUU se vaya a China y vuelva desde allí a EEUU a que, en cambio, se quede dentro del país sin pasar por el gigante asiático? Pues parece que sí le da, porque Bernanke lo quiere es envilecer el dólar –generar inflación– y mientras los estadounidenses puedan comprar a precios fijos o decrecientes las importaciones chinas, esa inflación interna se diluye enormemente o se concentra en ciertos productos muy escasos que –como las materias primas– ni siquiera China puede fabricar a corto plazo en grandes cantidades.

Lo que teme Bernanke, pues, no es que se genere otra burbuja con el crédito artificial que él está estimulando a crear, sino que sea incapaz de provocar una intensa inflación para así diluir el valor real de las deudas y estafar a los acreedores estadounidenses (internos y externos). He ahí expuesta en toda su miseria la preocupación por el déficit exterior, el (falso) ahorro asiático y los desequilibrios internacionales.

Libertad de comunicación y censura política en Internet

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La cleptocracia se caracteriza por mantenerse un gobierno en el poder mediante el ejercicio de un control exhaustivo sobre la concesión de licencias de prensa, radio o televisión, la asignación subjetiva de publicidad institucional o la aplicación de leyes de censura que permiten desde procesar periodistas hasta multar y cerrar los medios críticos cuando alertan a la opinión pública acerca de los escándalos de corrupción y prevaricación de la casta político judicial.

A comienzos del siglo XXI, el despotismo de una dictadura o el intervensionismo de una partitocracia, medrando sobre la mayoría de la población, ya no se sostienen con el habitual control político de los medios de comunicación. Ahora, si una cleptocracia quiere perpetuarse en el poder también tiene que ejercer la censura sobre la libertad de comunicación. 

 Internet

El nacimiento comercial de Internet hace poco más de 15 años ha cambiado las reglas del juego y los requisitos para ejercer el control de una población de millones de individuos.

Las múltiples aplicaciones de Internet están interconectando a más de 1700 millones de personas, con una red que alcanza a cerca de una cuarta parte de la población mundial, lo que convierte el mundo en una aldea “global” en donde el intercambio instantáneo de voz y datos entre personas, distantes cientos o miles de kilómetros, está permitiendo el acceso libre a la comunicación.

Internet permite la descentralización de los flujos de información y, por tanto, confiere un enorme poder de decisión a los ciudadanos que se transforman en decision makers anónimos. El poder de Internet radica en que permite que critiquen abiertamente los actos de los gobernantes y facilita que se organicen de modo espontáneo y deslocalizado, ajenos al control del Gobierno.

Adicionalmente, la integración de las aplicaciones de Internet en nuevos dispositivos de telefonía móvil ha incrementado exponencialmente la comunicación y está permitiendo que, allí donde parecía imposible, sociedades civiles aparentemente frágiles y oprimidas logren denunciar la corrupción y el aplastamiento de los derechos civiles por parte de sus gobernantes, y organicen protestas por medio de aplicaciones como Facebook, YouTube o Twitter. 

El mundo árabe y las movilizaciones populares de los ciudadanos en contra de las corruptas dictaduras que los oprimen en Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen, Jordania… ponen de manifiesto la enorme importancia que están adquiriendo las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Queda todavía por demostrar que el grado de evolución socio cultural de las naciones árabes y la lucha por el poder de los diferentes clanes permitan realizar procesos de transición institucional que instauren democracias liberales y les doten de un Estado de Derecho “real“ que garantice, entre otros aspectos, la separación de poderes, la existencia de jueces independientes y el respeto por la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley.

 Censura en Internet

Precisamente, por el peligro que representa la libertad de comunicación para la estabilidad de los gobiernos corruptos, la cleptocracia está intentando limitar la libertad de los ciudadanos de comunicarse y transmitir información.

Existen dictaduras, como Corea del Norte o Myanmar, donde se condena a los ciudadanos por el simple hecho de tener equipos de comunicación, como un móvil o un módem para Internet, y en donde tan sólo la clase dirigente puede disfrutar libremente de la tecnología. Otros tiranos también impiden la libertad de comunicación con una pésima infraestructura y con autorizaciones de instalación de difícil obtención, como ocurre en Cuba.

Si el desarrollo de las telecomunicaciones ya se encuentra con un cierto grado de desarrollo, el sátrapa de turno siempre puede legislar alguna comisión especial de funcionarios que se encarga de investigar y aplicar sanciones a los portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos que utilicen Internet de forma “indebida” y “antiética”, como sucede en Venezuela. 

Por supuesto, las dictaduras más sofisticadas como China, que utilizan la economía de mercado abierta para sostener los privilegios de los dirigentes del Partido Comunista de China y la privación de libertades al resto de la población, necesitan contratar miles de “supervisores” y lanzar aplicaciones propias que permitan el uso de Internet bajo un estricto control gubernamental.

La libertad de comunicaciones también está siendo pisoteada por las democracias occidentales con la excusa de dotar de mayor “seguridad” a la población. Desde el año 2001, existe la Patriot Act que vulnera la cuarta enmienda (que protege al ciudadano de un gobierno tiránico) y permite que todos sus organismos de seguridad puedan intervenir la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Por otro lado, la administración Obama sigue manteniendo criterios intervencionistas en materia de comunicaciones. 

Sin embargo, y aun contando con los anteriores reparos, deseo resaltar cómo Google ha informado ante el Congreso de EEUU de que más de 25 países han bloqueado sus servicios en los últimos años. Y, por supuesto, entre esos países se encontraba España, un país europeo en donde la legislación y los tribunales politizados van mermando año tras año la libertad de los ciudadanos.

 España: Libertad de Comunicación y Censura Política en Internet

La libertad de comunicación quedó consagrada en España en el apartado primero del artículo 20 CE, que reconoce y protege los derechos “a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Y el apartado segundo del artículo 20 CE señala explícitamente que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Sin embargo, parece que “empezamos a parecernos a China con listas negras de páginas Web”, y algunos ciudadanos entendemos que la redacción final del proyecto de ley de Economía sostenible (LES) vulnera el artículo 20 CE cuando modifica el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Se introduce la posibilidad de adoptar la censura previa con “medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos”. Y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en el Ministerio de Cultura que permite que funcionarios públicos puedan actuar para “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”. Finalmente, se ha introducido la “previa autorización judicial”, lo que no significará una sólida garantía jurídica en un país como España, en donde el órgano directivo de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) es elegido por los políticos y son habituales las presiones y los cambios de criterio.

En realidad, con la excusa de proteger la propiedad intelectual se permite la posibilidad de que un Gobierno se dedique a cerrar páginas Web y otros servicios de Internet cuando sean críticos.

Si se convence a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ésta autorizará mediante un auto la ejecución de una “resolución administrativa” de cierre de página Web adoptada por el CPI del Ministerio de Cultura. Sólo algunos años más tarde, se podrá intentar subsanar judicialmente el daño que se hubiese podido ocasionar al gestor y a sus clientes.

Por tanto, se introduce una situación procesal kafkiana, que significa que la posible subsanación de un “error” administrativo sólo llegaría años más tarde, cuando se hayan terminado los plazos establecidos por la Ley 30/1992 del procedimiento administrativo común y, si el interesado recurre adecuadamente, cuando acabe el posterior juicio ante el tribunal de lo contencioso-administrativo.

Desde luego, no será un Tribunal Constitucional politizado el que corrija este ataque al artículo 20 CE, cuyos párrafos hemos citado arriba. La Constitución Española de 1978 es papel mojado en las manos de la casta político judicial que está imponiendo nuevamente una legislación liberticida que impide la libertad de comunicaciones en España.

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Chapó, Álex

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Ni mucho menos. Somos muchos los que, desde hace años, ansiábamos escuchar a alguien de peso perteneciente al sector cinematográfico español defender, aunque fuese mínimamente, algunas de las ideas expresadas el pasado fin de semana por este brillante director.

Su intervención, sin duda, dejó boquiabiertos a propios y extraños. Sus palabras marcan un antes y un después, ya que reconoció lo evidente y admitió lo inevitable. Esto es, que el cine atraviesa una profunda e irreversible "crisis". Y el término crisis, como bien definió el propio De la Iglesia, significa "cambio, y el cambio es acción". O adaptarse o morir. No hay más.

Supongo que De la Iglesia, al igual que el 99% de los cineastas y actores españoles, defenderá las subvenciones públicas e, incluso, imagino –lo desconozco– que, al igual que la mayoría del sector, apoyará el intenso intervencionismo estatal que históricamente persiste en este particular ámbito que muchos engloban bajo el concepto de "cultura" y yo prefiero calificar de "ocio". Ni lo sé ni me importa. Su discurso fue vibrante, pasional, sincero, realista, muy valiente y, por encima de todo, netamente liberal, lo cual supone todo un hito en boca de un artista. De ahí, precisamente, que sus palabras no hayan dejado indiferente a nadie –más de 440.000 visiones en YouTube así lo certifican–.

Y es que las perlas que lanzó De la Iglesia ante lo más granado del cine español y la cúpula gubernamental, artífice de esa apisonadora de libertades llamada Ley Sinde, suponen una auténtica revolución, en el mejor sentido de la palabra. Lean con atención.

"Somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo". Se refiere al público, es decir, al mercado, único actor legítimo para sustentar su actividad y, por tanto, llenar sus bolsillos. Así, "una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve […] Sin público esto no tiene sentido, no podemos olvidarlo jamás".

Para, a continuación, añadir que "la esencia del cine se define por dos conceptos: una pantalla y una gente que la disfruta". Cabe destacar que en ningún momento alude al tipo de "pantalla" en la que poder visionar una película, tratando así por igual al cine, la televisión o el ordenador.

Tras este ligero aperitivo cargado de sustancia, De la Iglesia empezó a desgranar su plato estrella, el meollo del debate que subyace en el sector desde hace años: "Internet ha revolucionado el mercado del cine"; que se vean o no películas ya no es sólo "cuestión de llevar a la gente a las salas"; "internet no es el futuro, como algunos creen, internet es el presente"; "de las decisiones que se tomen ahora dependerá todo"; "nada de lo que valía antes vale ya"; "las reglas del juego han cambiado", sentenció.

Y tras el plato (o palo) fuerte, para deleite de muchos y desgracia de los menos –los allí presentes, incluida Sinde y Pajín–, el cineasta procedió a servir el postre en bandeja de plata: "Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás"; "los internautas son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. No tenemos miedo a internet poque internet es, precisamente, la salvacion de nuestro cine".

Para terminar, café y deliciosas pastas: "Sólo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados […] Se necesita una crisis, un cambio, para poder avanzar hacia un nueva manera de entender el negocio del cine".

Se puede decir más alto, pero no más claro. Desconozco el "nuevo modelo de mercado" que ondea en la mente del cineasta, si es que tiene alguno, pero su discurso, este discurso, supone ya de por sí un cambio de rumbo radical digno de alabanza y admiración. Por todo ello, ¡bravo Alex! Chapó.