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España debe quebrar

Ya son bastantes los analistas que creen que España suspenderá pagos. A estas alturas, ya no parece que sea una imposibilidad metafísica caer en default. Ante esta situación, existirán tres posibles "soluciones": utilizar algún fondo de rescate, monetizar deuda o dejar quebrar al país. Yo apuesto claramente por la tercera, es decir, dejar que España quiebre.

Me explico. El Fondo de Rescate ha demostrado ser un error tanto en la práctica como en la teoría. En la práctica, sólo hace falta ver a Grecia. Se le inyectaron 110.000 millones de euros, de los cuales 80.000 millones los pagamos todos los europeos. No han servido absolutamente para nada. Un coste que no recuperaremos y que tiene un coste de oportunidad brutal. Esto ya nos lo avanzaba la teoría: si se regala dinero a un país, no tendrá ningún incentivo de realizar reformas estructurales serias. A esto hay que unirle que, en realidad, este Fondo no llegaría ni a unos 350.000 millones de euros en caso de tener que rescatar a España.

Monetizar deuda sería otro peligroso error. A pesar de que es un recurso bastante usado por muchos bancos centrales de países como EEUU, Japón y Gran Bretaña, utilizar la política monetaria no arreglará los problemas europeos. Poner la máquina de imprimir billetes del BCE en marcha (y, por tanto, crear dinero de la nada) para adquirir obligaciones de Estados y empresas en dificultad lo único que conseguirá será devaluar el euro estrepitosamente (aunque sea de forma indirecta), además de incorporar a su balance bonos de baja o nula calidad crediticia a precios sobrevalorados. Esto sin contar que vulnera los principios básicos sobre los que se ha construido la Unión Monetaria.

Finalmente nos queda la opción de dejar quebrar a España, o a cualquier país que se encuentre en situación similar. Esto es, para empezar, una medida justa. ¿Para quién? Para el resto de contribuyentes europeos, principalmente alemanes, que deberían costear el rescate multimillonario español. Y es que lo justo no es que las finanzas públicas de los países miembros de la zona euro y el FMI soporten la enorme carga, sino que el coste del rescate lo sufraguen los tenedores de la deuda del país quebrado.

La quiebra de España sería también una buena medida para desincentivar el gasto desaforado y demás malas prácticas de otros Estados de la eurozona. Los estados se darían cuenta de que pueden quebrar y que de ser así no van a ser salvados, con lo que su endeudamiento sería mucho más prudente. De hecho, conseguirían bastante menos financiación por parte de los mercados porque éstos tendrán muy en mente que los países quiebran realmente (no sólo en la teoría), y estarían muy atentos a quién prestan su preciado dinero.

Volviendo a España, su quiebra (o incluso el riesgo real de quiebra) fomentaría verdaderas y necesarias reformas estructurales. Sin embargo, si fuera rescatada se perpetuarían muchos de los problemas actuales e imposibilitaría grandes reformas. Esto es lógico, los gobiernos se resisten a llevar a cabo cambios costosos y sustanciales en el Estado del Bienestar porque les pueden suponer mucha impopularidad e incluso la pérdida de elecciones (que es lo que realmente les importa). Sólo tomarán estas medidas si no les queda más remedio, es decir, por el riesgo de quiebra del país o cuando el país ya está quebrado.

La salud económica de España no pasa simplemente por suprimir el ministerio de Igualdad y poner parches al sistema público de pensiones (que también), sino por: reducir el peso y volumen del Estado notablemente eliminando muchas de las funciones de ministerios e incluso eliminando ministerios enteros; privatizar empresas, servicios y bienes estatales para ayudar a pagar la monstruosa deuda que tiene el Estado; transformar drásticamente el mercado de trabajo; desregular, agilizar y dinamizar las actividades económicas; reducir los impuestos para dar oxígeno financiero a particulares y empresas; eliminar el Impuesto de Sociedades para fomentar la creación de empresas, evitar que desaparezcan PYMES cada día y para atraer capitales extranjeros que generen trabajo, prosperidad y riqueza; que el Estado deje de gastar y endeudarse como si no existiese un mañana, entre otras muchas cosas.

El núcleo de la cuestión es crear un país dinámico y vivo de ciudadanos emprendedores, maduros y responsables, en vez de una sociedad parasitaria e inmóvil.

Y para ello es necesario que España quiebre. Esta es la realidad. Lo siento.

Cameron apuesta por Occidente y sus valores

Se cumplen nueve meses de la victoria electoral del Partido Conservador británico. Nueves meses donde la realidad doméstica ha tenido una importancia capital y dentro de ésta, combatir la crisis económica (en genérico) y reducir el gasto público (más en particular) han sido sus grandes obsesiones.

Sin embargo, además de este macro-problema, heredado de un pésimo gobierno de Gordon Brown, plagado de recetas intervencionistas y de concesiones a los sindicatos, el panorama interior de Reino Unido contiene otras situaciones problemáticas que exigen decisiones y medidas urgentes. Algunas de ellas pueden parecer impopulares, ya que pertenecen a la esfera de lo social, terreno siempre delicado de abordar.

Durante sus años en la oposición, uno de los conceptos que en mayor número de ocasiones pronunció David Cameron fue el de Broken Society (sociedad rota) con el que denunciaba la ausencia de cohesión y pérdida de valores fundamentales (como la importancia de la familia) que se estaba percibiendo en Reino Unido.

Pero había más: un fracaso flagrante de las estrategias de integración de las diferentes nacionalidades existentes en el país.

Dicho con otras palabras: el multiculturalismo, más allá de ser un concepto mediático, era el gran culpable de la fragmentación que actualmente vive Reino Unido al amparar, bajo una mal entendida tolerancia, su guetización. En las filas del Conservative Party, no había sido un tema analizado con suficiente profundidad y rigor durante los liderazgos anteriores (William Hague, Ian Duncan Smith y Michael Honrad), especialmente por temor a ser etiquetados negativa y peyorativamente, optando, en consecuencia, por seguir las premisas que el Labour Party establecía al respecto.

En Bruselas, el Primer Ministro fue claro cuando afirmó que el multiculturalismo había fracasado allí donde se había empleado. Angela Merkel fue pionera al hacer esta acusación el pasado mes de septiembre en plena Conferencia de su partido y en pleno debate de la sociedad alemana sobre las tesis de Thillo Sarrazin sobre el fenómeno migratorio en Alemania. Le llovieron los reproches y las acusaciones; aun así, no cambió de parecer.

Con Cameron está acaeciendo lo mismo, puesto que se trata de un comentario que genera más críticas, especialmente a nivel mediático, que réditos políticos, todo ello sin perder de vista la reacción que puedan tener sus socios los liberales-demócratas. Esta formación ya mostró tendencia en el pasado a dejarse fagocitar alegre y acríticamente por las garras del buenismo.

Asimismo, el emitido por Cameron en Bruselas no es un mensaje de consumo interno, sino una advertencia lanzada a nivel global que no quedó simplemente en una frase sin contenido, sino que había mucho más. Contenía una denuncia a la dejadez de Occidente a la hora de defender sus valores tradicionales, tales como la libertad o los derechos humanos, todos ellos principios universales y que, en aras de una mal entendida mayor integración-tolerancia, se habían perdido de vista. Este fenómeno, en última instancia, ha servido para que sociedades como la británica hayan dado amparo legal a quienes se oponen, y no precisamente desde un punto de vista teórico, a la civilización occidental.

Precisamente, David Cameron denunció esa "tolerancia pasiva" que ha provocado que los valores tradicionales británicos hayan dejado de promoverse, cuando son precisamente los que motivaron que un buen número de personas procedentes de diferentes países escogieran Reino Unido como centro desde el que desarrollar su vida personal y profesional. Se trata, en consecuencia, de alentarlos, y no de utilizarlos como subterfugio en el cual se amparen quienes desean liquidarlos.

Como era de esperar, las reacciones de sus oponentes políticos no se han hecho esperar. El responsable de los asuntos de justicia del Labour Party, Sadiq Khan, ha tildado al Primer Ministro de "extrema derecha". No es sorprendente. Este es el adjetivo que normalmente se emplea hacia alguien que se sale de los parámetros de la corrección política.

En definitiva, el modelo de integración que defiende David Cameron no es sinónimo de asimilación, como quieren hacer ver algunos, sino de todo lo contrario: de asumir por todos y sin excepción que el Estado de Derecho es un todo homogéneo y que en ningún caso su entramado jurídico debe de servir de excusa para conductas que en última instancia buscan atentar contra él.

Las amistades beneficiosas

La seducción, el manejo de símbolos, expectativas y promesas falsas o semifalsas es parte importante de las relaciones sociales. Hombres y mujeres se atraen mutuamente mostrando lo más excepcional de sí mismos aunque lo sea tanto que es, en muchas ocasiones, es solamente en el periodo de seducción cuando despliega la cola el pavo real. Tal proceso, basado en buena parte en la falsedad, definida ésta como lo no regular, es fundamental para facilitar la vinculación entre hembras y machos humanos, sin duda.

Considerando las instituciones sociales, se puede descubrir en ellas esta característica, es decir, el fundamento falsificador de las mismas. Y esa falsificación, ese manejo de símbolos, señuelos, promesas incumplibles o de cumplimiento relegado, es fundamental para someter los más primarios instintos animales a las más pragmáticos y sociales instituciones sociales. Hayek lo explicaba mejor, sin duda, que uno mismo. Las instituciones de la sociedad abierta suponen o, más exactamente, exigen, la represión de los instintos y, por más paradójico que parezca, lo hace sin llegar a la conciencia racional de lo que sucede. Y es en este punto, en el de la irracionalidad supra-instintiva de las instituciones sociales más útiles y perdurables, donde cabe decir, con Hayek, que un cierto grado de falsificación es necesario. No importa tanto si Dios existe o no, si Yahvé puso en verdad a prueba a Abraham o si es un mero invento que Jesús resucitó o no. No cuestiono con ello el valor de verdad de estos u otras creencias, pero sí que cumplen una función social tan importante que, por hacerlo al margen de dicho valor de verdad, habilitan la falsedad en cierto grado y bajo ciertas condiciones.

Abundando en ello, los seres humanos somos tan propensos al señuelo que sentimos un placer inmenso practicando la invención de señuelos sometido a reglas. Eso es el juego. Engañar para llevar al otro donde se desea sin que lo pueda evitar sabiendo que el rival puede hacer lo mismo. Las grandes creencias, religiosas o no, han de pugnar con otras rivales y cuando se imponen, articulan la vida social y son la base de institutos sociales grandes, medianos y pequeños soportando siempre contradicciones internas que, dependiendo de un complejo juego competitivo, llevan la evolución del conjunto en una dirección o en otra.

Es por ello que, parafraseando el título del film Las amistades peligrosas, la mayor parte de las relaciones parcial o generalmente engañosas benefician más que perjudican y el mero esfuerzo por ganar el corazón de los hombres, ofreciéndoles un acogedor sentimiento de pertenencia y un significado vital, satisface al seducido. No se trata de que éste calcule racionalmente el beneficio de dejarse "conquistar", sino de que se gane su corazón, que es ni es instinto ni es razón, aunque modifica al primero y surte de energía a la segunda.

Cosas en las que sí están de acuerdo los políticos

Los políticos, los que gobiernan y los que pretenden hacerlo, muestran sus discrepancias en muchísimos aspectos, a veces hasta de forma airada. Pero, a la hora de verdad, son capaces de aparcar sus diferencias y ponerse de acuerdo en las cosas básicas, en las realmente importantes.

Por ejemplo, en que los jueces queden bajo su control. Un juez suelto puede hacer bastante daño a un político, aunque solo sea mediático. Así que los políticos aquí sí se ponen de acuerdo. Y por eso empezamos esta legislatura con un pacto del PSOE y el PP para renovar al Consejo General del tercer poder del Estado.

También estaban de acuerdo, al menos hasta hace bien poco, en que tenían que darse buenas pensiones a sí mismos, en cuanto que representantes del pueblo y servidores del mismo. Y que, habida cuenta del sacrificio que ello les suponía, no era necesario que pasaran por el aro tantos años como el común de los mortales para garantizarse la subsistencia a cargo de los impuestos de sus conciudadanos. ¿Ven cómo en lo mollar, en lo que realmente es importante, los políticos son capaces de alcanzar consensos?

Pues bien, últimamente los políticos han localizado otro tema en que la unidad es necesaria para seguir avanzando. Otro aspecto más en que coinciden PP y PSOE: la intervención en internet.

ace un par de meses nos despachamos con una moción del Senado para regular la neutralidad de la red (concepto este al que ya hemos dedicado varias columnas) aprobada por unanimidad. La iniciativa original correspondió al PP, aunque finalmente fue del PSOE la propuesta definitiva. Gracias a esta iniciativa, el incauto (y en algún caso cómplice) internauta verá protegidos sus supuestos derechos por los políticos.

Y ahora también se han puesto de acuerdo sobre la llamada "ley Sinde", gracias a la cual se protegerá a los artistas y creadores de los mismos incautos (y cómplices) internautas cuyos derechos protegen los políticos con la neutralidad de red. Que nadie bloquee la internet, nadie salvo los políticos cuando lo consideren conveniente.

Hemos de deducir de este consenso en regular la red de redes que a los políticos les preocupa internet. Les preocupa tanto, al menos, como tener bien controlados a los jueces y bien cubierto el riñón para su futuro. Seguramente será por el interés general.

La Revolución de los bombillos y sus memes

Todo empezó en Cuba. Las bombillas incandescentes de toda la vida cayeron en desgracia desde que Fidel –faro de la ética izquierdista– las condenó al ostracismo. En la primavera de 2005 fueron tratados los bombillos (allí son denominados en masculino) como agentes enemigos y despilfarradores. Fue también el año en que Castro bendijo en público las ollas a presión. Los frecuentes apagones de tan sólo siete horas al día hicieron tomar al comandante una drástica decisión: se prohibiría su venta –tanto en moneda nacional como en divisa– y se proscribiría su importación. Serían sustituidos por bombillos ahorradores, esto es, por lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo (CFL, sus siglas en inglés).

Se decretó el año 2006 como el de la Revolución Energética en Cuba. "Pensábamos –dijo el conductor del circuito cubano– que la electricidad era asunto de ingenieros y es de políticos". Se iba a impartir por vez primera en la historia una implacable lección a todo el mundo al grito de "muerte al incandescente" (cansina manía la de los revolucionarios de querer matar siempre lo que no toleran). Así, miles de entusiastas estudiantes, trabajadores sociales y brigadas de defensa de la revolución fueron casa por casa, fábrica por fábrica cambiando masiva y gratuitamente los bombillos gastadores por los ahorradores. Todos aquellos que dudaban del cambio para evitar que la casa de uno pareciera una sala de hospital fueron considerados "disidentes lumínicos". No habría en el mundo país que ahorrase tanta energía eléctrica como Cuba. Sería, además, la campeona en crear una conciencia ciudadana de lucha contra el calentamiento global. Ella sola.

La Fundación Mundial de Vida Silvestre (WWF) quedó tan deslumbrada ante semejante gesta ambientalista que en su informe de 2006 declaró a Cuba como el único país del mundo con un modelo social y económico probadamente sostenible (con un par).

Como parte de la solidaridad y la cooperación que debe existir entre los pueblos adictos al Socialismo del siglo XXI, varios países pioneros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), a saber, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se unieron a la rutilante fiesta de ahorro energético diseñada por Castro para aliviar a la Pachamama calenturienta.

Un caso destacado fue Venezuela. El adalid Chávez se aprestó a firmar un acuerdo marco con los de La Habana al pedir apoyo a decenas de orientadores cubanos con el fin de poner en marcha en diciembre de 2006 su plan de recambio en el que también participó una ingente muchachada de voluntarios patrios recorriendo cada hogar. Se hizo un pedido a Cuba de unos 52 millones de bombillas revolucionarias fabricadas todas ellas en China y en Vietnam. Nadie en Electricidad de Caracas supo dar detalles sobre el "apoyo económico" que el gobierno venezolano entregó a cambio a los austeros y sufridos mediadores cubanos.

La brillante idea acabó contagiando la lejana Oceanía. El primer ministro de Australia, John Howard, del partido conservador, anunció en febrero de 2007 que todas las bombillas incandescentes serían sustituidas en su país por las más ecológicas y eficientes antes de finalizar el 2010. Sabido es que a los partidos de derechas les gustan las iniciativas progre-ambientalistas más que a un niño un chupa-chups. Sobre todo si provienen de un país no firmante del protocolo de Kyoto, como era el caso de Australia. Devino, así, un ejemplo para el resto de países desarrollados en la lucha contra los gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, tuvo la imperdonable descortesía de no reconocer que la idea había sido parida por vez primera por el iluminado Castro.

Pocos meses después, la refulgente revolución sería ya imparable. El gobierno canadiense anunció a los cuatro vientos que eliminaría su venta antes de 2012 también en su territorio. El Congreso estadounidense tomó nota y aprobó, bajo la férula de Bush, una ley federal encaminada, entre muchas otras medidas, a eliminar para siempre las viejas incandescentes en 2014 como tope. Algunos Estados como Illinois o California –hoy quebrados, para más señas– iniciaron antes la senda de la prohibición absoluta en su respectivo territorio.

Poco más tarde, la canciller alemana y por entonces presidenta de turno de la Unión Europea, Angela Merkel, hizo un ejercicio de pedagogía ecológica al destacar la importancia del alumbrado eficiente para luchar contra el cambio climático. Declaró que su casa la tenía toda ya de bombillas de bajo consumo, si bien lamentó que no daban todavía suficiente luz y, a veces, cuando buscaba algo que había caído a la alfombra era un problema. Una forma políticamente correcta de decir que la luz que daban era una cutrez. Como en aquellos momentos los líderes políticos europeos estaban enfervorecidos por la visión del doloroso documental algoriano, acordaron raudos planificar la implantación de las bombillas CFL dentro de los planes generales de reducción de emisiones de GEI. Fruto de ello fue la normativa europea de 2008 para la prohibición de la comercialización y retirada progresiva de las bombillas tradicionales de las estanterías de todas las tiendas y almacenes de los estados miembro. Así, en septiembre de 2009 desaparecieron completamente las incandescentes de 100 W, en 2010 fueron las de 75 W, este sep. de 2011 les tocará el turno a las de 60 W para concluir el destierro de todas ellas en septiembre de 2012.

En España, dentro de esa ola neo-fluorescente, nuestro ministro de industria, además del gesto de quitarse la corbata durante los meses de calima en el trabajo, derrochó 137 millones de euros del contribuyente en enviar bombillas CFL a todos los hogares españoles para inculcarnos las bondades sobre el ahorro energético sin reparar que una población que disfruta de energía eléctrica artificialmente barata y subvencionada carece de incentivo serio para ahorrar. Claramente fue una estrategia con muy pocas luces. Eso sí, se cuidó muy mucho de señalar la inspiración castrista de su "sebastianada" por temor tal vez a ser comparado con el modelo de sustentabilidad y escasez óptimo que existe en aquella isla.

Hoy son ya más de 40 países los que han defenestrado deshonrosamente la bombilla de Thomas Edison después de que ésta haya rendido servicio a lo largo y ancho del mundo durante 130 años ininterrumpidamente (se dice pronto).

A pesar de los lobbies de compañías multinacionales y de los grupos ecologistas, no hay que pretender conseguir a toda costa lo que nos dicen los estudios por medio de intervenciones públicas porque quizá no sea bueno para la sociedad. La borrachera de los grandes y heroicos objetivos colectivos tiene su posterior resaca. Todos los políticos de postín eco-sustentable se quieren poner medallas luminosas, pero ninguno reconocerá abiertamente las sombras que la prohibición de las incandescentes y el cambio masivo de las CFL acarrea. Éstas contienen en su interior vapor de mercurio, altamente tóxico para el medio ambiente y el hogar, como informan ya algunas agencias gubernamentales (1,2). Esto no sería problema alguno si hubiese una adecuada y deseable infraestructura de recogida y reciclado de las mismas, cosa que no existe. Además, los mismos políticos y su legión de burócratas europeos que prohibieron en su día la exportación y la producción primaria de mercurio por su venenosidad no tienen luego reparos en fomentar que éste cuelgue encapsulado masivamente sobre las cabezas de sus ciudadanos en estado gaseoso.

La prohibición de las incandescentes reduce el bienestar de la sociedad porque se elimina completamente la libertad de elección de los diferentes tipos de bombillas (no todos los consumidores, ni todos sus usos son iguales) y desaparece el estímulo a innovar de los fabricantes de bombillas de bajo consumo, pues han sido agraciados por la elección de tecnología por parte de los gobiernos. Éstos suelen, por lo general, errar. Es muy posible que las lámparas de bajo consumo sean sólo una buena solución coyuntural de eficiencia en un proceso permanente de desarrollo por el que se alcanzarán soluciones futuras muy mejoradas (sin ir más lejos, las bombillas de diodos LED que logren ser más baratas y de luz más cálida que las actuales o cualquier otra oferta tecnológica hoy desconocida). Así, la uniformidad impuesta puede revelar –a la postre– una cortedad de miras de larga duración.

¡Al ladrón!

Y es que, tal y como aseveró el propio Jesús Caldera en el programa 59 segundos de la semana pasada, lo importante es que ningún partido o agente social ha puesto en cuestión el sistema público de pensiones. El modelo de reparto seguirá vigente en España y su evidente y estructural insostenibilidad será parcheada, una vez más, mediante una reforma destinada a retrasar la edad de jubilación y reducir progresivamente la cuantía de las futuras prestaciones. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Éste, y no otro, es el resumen del debate sobre las pensiones, tan en boga en estos tiempos.

Y lo triste, por no decir, sorprendente, es que casi nadie ha levantado la voz contra el sistema vigente. Partidos, sindicatos y patronal han acordado extender en el tiempo este robo institucionalizado sin que ninguno denuncie la grave injusticia que supone su mantenimiento. La Seguridad Social se articula a través de un esquema de fraude piramidal –conocido como Ponzi en el argot financiero–, ya que su rentabilidad (cuantía y duración de las prestaciones) depende única y exclusivamente de la entrada de nuevos partícipes (cotizantes).

Lo más curioso del asunto es que el famoso financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por mantener durante años un fondo de inversión que funcionaba de forma idéntica: los dividendos que repartía Madoff no eran fruto de su especial talento para invertir en negocios seguros y prósperos sino de su habilidad para captar nuevos clientes mediante el engaño. En esencia, Madoff pagaba dividendos a sus clientes con el dinero aportado por otros clientes, de ahí, el delito de fraude.

El Estado hace lo mismo en el sistema público de pensiones sólo que, a diferencia de este delincuente, no se tiene que preocupar de buscar y cautivar a nuevas víctimas. Ley en mano, impone a trabajadores y empresarios la obligación de cotizar bajo amenaza de dura sanción y pena de cárcel. Lo tiene mucho más sencillo que el famoso Madoff. Por incomprensible que parezca, el Estado legitima y justifica un modelo de reparto que, a todas luces, es ilegal en caso de que sea ejercido por el sector privado –el escándalo de los sellos de Fórum y Afinsa es otro claro ejemplo de fraude piramidal–.

Sin embargo, las crisis demográfica y económica han destapado de forma visible a la opinión pública el gran engaño de las pensiones públicas. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de cotizantes han obligado a adelantar una reforma que, tarde o temprano, estaba condenada a producirse. En el futuro, los españoles se jubilarán a los 70 años con una pensión hasta un 30% inferior a la actual. De hecho, los políticos no dudarán en subir los impuestos para mantener en pie el modelo en caso de que este tipo de medidas resulten insuficientes –que lo serán–.

¿Hay alternativa? Sí. Sus aspectos han sido analizados en estas mismas páginas. Lo primero que debe saber uno es cuánto paga realmente a Hacienda para percatarse del robo, y luego hacer cuentas y reflexionar acerca de cómo ir construyendo su particular pensión de oro gracias al interés compuesto, al margen del sistema público.

Desde luego, ningún partido o agente social le animará a ello. Y es que el objetivo de toda casta gubernamental radica en mantener en la mayor ignorancia e inopia posible a la masa de contribuyentes de la que se alimenta y engorda. El debate ha concluido, la reforma de las pensiones está en marcha, el sistema público se mantendrá. El Estado, por tanto, ha ganado esta pugna: nadie ha gritado ¡al ladrón! mientras se cometía el delito. Pues bien, ¡al ladrón!

De quejas y arbitrariedades

La decisión del Gobierno socialista español de recortar las subvenciones y ayudas a las energías renovables ha puesto en pie de guerra a los productores que viven de ello y, en una primera aproximación, no puedo dejar de darles la razón. Durante los seis años que lleva en el poder José Luis Rodríguez Zapatero, las energías renovables han sido una constante en su caótica política energética. El apoyo de los diversos ejecutivos, a través de los ministerios de Medio Ambiente e Industria o sus equivalentes, se ha materializado en un chorreo de millones de euros que ha permitido al sector vivir y prosperar.

Incluso la picaresca hispana ha entrado en juego y la Comisión Nacional de Energía ha detectado no pocos casos de fraude cuando, por ejemplo, los parques solares han empezado a producir energía en plena noche. No está en mi ánimo asegurar que la mayoría, ni siquiera una minoría significativa de empresarios, se ha beneficiado ilegalmente de éste o cualquier fraude, conocido o desconocido. Tampoco está en mi ánimo decir que la Administración se ha hecho la loca en cuanto al seguimiento de las condiciones que los productores deberían cumplir y que algunos, seguro que muy pocos, no han cumplido. Pero es que la desidia de los unos y la búsqueda de dinero fácil de los otros se han unido como el hambre y las ganas de comer.

Digo que les doy la razón porque es lógico que quienes han invertido mucho, incluso se han endeudado, en un negocio tan redondo y tan fácil (si es que tienes los contactos adecuados dentro de la Administración para que los permisos sean rápidos), ahora vean que tanta inversión, tantas cuentas de la lechera se vengan al traste. Esta sensación de marionetas en manos de nuestros políticos ha llevado a algunos empresarios a experimentar la sensación de que les han "robado", que el Gobierno ha jugado con sus negocios, que está jugando con el pan de sus hijos, de algunos sobrinos y de no pocos primos.

Durante seis años los productores de energías renovables se han beneficiado de unas condiciones legales que, de manera arbitraria, sucesivos gobiernos españoles han ido cambiando según les apetecía, satisfaciendo las necesidades de sus gurús ideológicos y los de una ristra de empresarios, grandes y pequeños, muy cercanos al poder o amigos de la subvención, que no han dudado en cambiar quizá el girasol por el molinillo o el espejo.

Durante estos últimos seis años, las energías renovables se han pagado y muy caras. Según datos de REE durante 2009, la prima equivalente de la energía solar ha sido de 429,59 € por MWh; para el tratamiento de residuos, 83,57; en biomasa, 73,80; en cogeneración, 48,18; para la hidráulica, 43,21; para la energía eólica, 42,83; y, por último, en residuos, 30,14. La prima media ha sido de 76,50 € por MWh. Y este dinero ha salido directamente de todos los usuarios de electricidad de España, que son casi todos los españoles y no pocos no españoles  que pasaban por aquí.

La arbitrariedad política, que se ha manifestado durante estos últimos seis años en forma de legislación cambiante, ha posibilitado tomar el dinero de muchos españoles totalmente desorganizados y se lo ha entregado a unos pocos, perfectamente organizados, cercanos al poder o al menos conocedores de los intríngulis de la Administración pública. Y, repito, han vivido muy bien durante este tiempo.

Que una empresa invierta en función del marco legal no quiere decir que no sea moralmente reprobable. Que una ley autorice a beneficiarse de lo que se arrebata a otros no quiere decir que esté bien. El sobrecoste, que es legal, lo pagamos entre todos, queramos o no. A diferencia del empresario que entró en el negocio de manera voluntaria, asumiendo un riesgo, pero  aprovechándose de la capacidad de coacción del Estado, el consumidor no puede elegir si quiere usar un tipo de electricidad frente a otro y así pagar voluntariamente ese sobrecoste.

Puedo entender su queja, pero de la misma manera que la arbitrariedad les ha permitido vivir bien durante este tiempo con un riesgo mínimo, ahora les ha arrebatado parte de estos ingresos ajenos al mercado, es decir, ajenos a los intercambios libres de bienes y servicios. Supongo que cuando al ciudadano medio, al que no es empresario o lo es pero no vive de un sector favorecido, le quitaron el dinero que tanto trabajo le costó ganar, los productores no se plantearon la injusticia que se estaba cometiendo. No seamos hipócritas, no seamos cínicos. Toda actividad empresarial tiene un riesgo, pero puede que no lo sepa quien no lo experimenta a menudo.

Por otra parte, si tan claro tenían que el desastre era inminente, ¿por qué no desinvirtieron en este tipo de energías y se dedicaron a otro negocio con más futuro? Dicen los empresarios que si se hubiesen cumplido los límites establecidos en el Real Decreto 436/2004, 150 MW, y en el real Decreto 661/2007, 371 MW, no se hubieran planteado los problemas actuales, pero la imprevisión del Ministerio al modificar la normativa legal acrecentó el problema, incrementado el coste de las primas.

Los productores confiaron en el Gobierno, pensaron que la teta del Estado no tenía fin, que el dinero público o la intervención solucionarían los problemas que se plantearían en un negocio tan lucrativo. Pero han llegado los momentos de vacas flacas, ya no caben más y, de los que hay, algunos deberán mirar hacia otros caminos. Y no será porque no hay sectores subvencionados susceptibles de ser aprovechados.

Confianza que inspira desconfianza

Al final, pues, todos nuestros problemas se reducirían al consabido estoloarreglamosentretodismo. La concordia nacional, de PSOE a PP y de sindicatos a patronal, sería el mejor bálsamo para nuestros males y permitiría recolocar a esos cinco millones de personas en empleos de calidad. Conocida, por tanto, la fórmula mágica, huelga preocuparse por nada más. Los flashes de las cámaras, los apretones de mano y el cambio de gobierno obrarán milagros por sí mismos. "Reforma laboral, ¿para qué?", responden al unísono el falsario socialista que aprendió economía en dos tardes y el enigmático socialista-bis que arregla todo entuerto en dos años.

Se ve que nada tendrá que ver con nuestro rigidísimo mercado laboral que el PIB alemán cayera entre 2007 y 2009 un 3,7%, y pese a lo cual su tasa de paro se redujera del 8,3% al 7,5%, y que el nuestro, minorándose un 2,9%, provocara un aumento del desempleo del 8,2% al 18%. Será que los germanos, muy orgullosos ellos, no perdieron nunca la confianza en sí mismos y que nosotros, melodramáticos españoles que no sabemos valorar los líderes de que gozamos, nos deprimimos a las primeras de cambio.

Mas déjenme que apunte a un detalle sobre el que, tal vez, los partidarios del trinomio confianza-crecimiento-empleo no han recaído. La economía crece cuando aumenta la producción de bienes y servicios, y la producción de bienes y servicios aumenta o cuando el número de empleados se incrementa o cuando los que hay se vuelven más productivos. Relacionar lo primero con la creación de empleo equivale a confundir causa y consecuencia: no es el crecimiento lo que crea empleo, sino el empleo lo que engendra crecimiento. Relacionarla con lo segundo tiene más de esperanza que de ciencia: ninguna conexión automática existe entre que la mayor productividad (y mayor poder de compra) y la creación de empleo; sin reestructuraciones sectoriales, sólo si esa mayor productividad se destinara a demandar los carísimos bienes y servicios que venían produciendo los desempleados –¿inmuebles?–, el paro comenzaría a menguar. Lástima que las burbujas, cuando pinchan, lo hagan por varias décadas.

Señores políticos, confíen menos en la confianza y más en la flexibilidad del libre mercado. Vamos, preocúpense menos por conservar o regresar al mullido sillón y al coche oficial y más por retirar las cadenas sindicales y administrativas que han extendido sobre nuestras empresas.

Actualizaciones de Estado

Todavía no hemos conseguido recrear mundos virtuales como los de Matrix o el de las holobandas de Caprica, pero existe ya un mundo virtual habitado por millones de personas. A golpe de actualización de estado, individuos de todo el globo se comunican, intercambian información, vídeos, fotografías y otras experiencias. Amistades que hace unas décadas habrían sido olvidadas para siempre pueden mantener el contacto, grupos de música que jamás conseguirían una audición logran que sus canciones sean escuchadas por miles de personas…. Y un millón de posibilidades más que no cabrían en este comentario, que también puede ser compartido y discutido en esas mismas redes.

Existen opciones para todos los gustos y no son excluyentes entre ellas. Si Facebook ha conseguido la hegemonía, otras se hacen fuertes en ciertas regiones, como Tuenti en España o studiVZ en Alemania; los más picarones pueden recurrir a Chatroulette y los que busquen un perfil profesional a Linkedin . No hay poderes incontestables y las barreras de entrada artificiales creadas por la acción política son apenas inexistentes, los grandes de ayer intentan reconvertirse para no perecer como MySpace; los gigantes que tienen los ases de la baraja no despegan con sus apuestas, como Google con Buzz. Hay redes sectoriales que se integran con otras y las complementan de lugares, fotografías, música, etc. Podriamos hacer una fotografía de este mundo virtual hoy, pero no tendría nada que ver con la que sacaríamos el día de mañana. Redes sociales que obedecen a momentos y lugares dispares, pero que tienen en común haber surgido por la necesidad humana de relacionarse, el mundo virtual no hace más que reproducir el comportamiento real, lo complementa y aumenta las posibilidades.

Socialmente el auge de las redes sociales puede suponer una moda pasajera o llegar a integrarse en nuestras vidas hasta convertirse en indispensable, como lo han llegado a ser otros avances que hace unas décadas ni se imaginaban. Políticamente, el ejemplo puede ilustrar nuevos modelos de organización hasta ahora circunscritos a la utopía. Los tres pilares sobre los que se levanta el Estado son la soberanía, la población y el territorio. Si la globalización ha socavado el principio de territorialidad de los estados, en Internet sencillamente se ha volatilizado. Las transacciones y relaciones entre dos o más individuos en el mundo virtual tienen como único límite el interés común entre ellos para llevarlas a cabo, no existe otra frontera que la voluntad del intercambio. Por eso puede resultar interesante comparar y trasladar el modelo de las redes sociales al ámbito político.

Las características de este mundo virtual es el de la voluntariedad en el que podemos entrar a formar parte de esas redes que se rigen por sus propias -y peculiares- normas que nosotros aceptamos al entrar. Si, por cualquier razón, no nos gustan, podemos terminar esa relación contractual. Tenemos la opción de formar parte de una y otra, o de varias al mismo tiempo; naciones virtuales que siguen sus reglas dentro de una red de servidores interminable que conforma Internet. Podemos, incluso, llegar a crear nuestro pequeño mundo virtual regido por nuestras propias normas dentro de esa neutralidad si las que existen no llegan a convencernos o, sencillamente, nos diverte. ¿Por qué no pensar en una forma política basada en esos principios en lugar del monopolio exclusivo en todos los ámbitos, característico del estatismo?

Entre tanto, los socialistas de todos los partidos intentan regular un ámbito que no comprenden. La descentralización, construcción cooperativa y libertad de la Red es tal que desconcierta a cualquier colectivista. Superada la territorialidad, trasladar los servidores de las páginas que vulneran la legislación de un Estado es suficiente para sortear muchas prohibiciones. Las direcciones prohibidas pueden enmascararse y la inmediatez de la creatividad libre siempre se adelantará a las prohibiciones de la maquinaria burocrática. Tampoco es que este comportamiento nos resulte ajeno: aquellos que ganan cuantiosas sumas de dinero se protegen de la voracidad impositiva del Estado refugiando sus legítimas ganancias en territorios de mayor libertad fiscal. La vida, y la libertad, se terminan abriendo camino.

No hay mejor garantía de neutralidad de la red que la ausencia de regulación, como no hay mejor garantía para nuestra libertad que la responsabilidad individual y el respeto a la propiedad privada. La neutralidad no consiste en garantizar mínimos o máximos de nada pues semejantes injerencias constriñen y manipulan la iniciativa que es capaz de ver más allá, la oportunidad que el emprendedor adelanta y de la que los demás se benefician. Lo que exigimos en el mundo virtual también debemos exigirlo en el mundo tangible; no basta con actualizar el estado con una ocurrencia feliz, hay que ser consecuente y aspirar a una libertad semejante en todas facetas de nuestras vidas.

Se puede pensar más allá del Estado, solo hay que rebasar el límite que la Humanidad se ha impuesto desde la modernidad. Los estados no han existido siempre y, como toda creación humana, sucumbirán. El cómo y el cuándo queda reservado para los dioses o los adivinos pero el resto de mortales debemos tener en cuenta que no solo se pueden concebir formas políticas diferentes al Estado sino que ya han existido y pueden surgir de nuevo. La teoría política no debería ceñirse a tamizar todos sus análisis y teorías sobre el Estado desestimando toda alternativa. El reduccionismo y el particularismo son característicos de la ideología y el sectarismo mientras que el pensamiento debe aspirar a ser abierto y universal.

EEUU pone en riesgo internet

Estas labores las realiza la ICANN, un organismo situado en Estados Unidos aunque desde 2009 independiente del Gobierno.

Durante años países tan dignos de confianza como Irán han pretendido que el control de la ICANN pase a la ONU, ante el temor de que al estar radicado en Estados Unidos, el Gobierno pudiera excluir de internet a un país al que considere enemigo, aunque nunca se ha especificado qué sacaría EEUU de semejante acción, cuando precisamente internet es el peor enemigo de los enemigos de los norteamericanos. Semejante excusa para otorgar el gobierno de internet a la mayoría de dictaduras que cortan el bacalao en la ONU me pareció siempre bastante patética. Lo sigue siendo. Pero aunque siga siendo deseable que Naciones Unidas no se haga cargo del chiringuito, quizá convenga empezar a pensar quién podría tener esa responsabilidad.

Estados Unidos sigue respetando el sistema de dominios en términos generales. Ni el Gobierno ni juez alguno han exigido que se eliminen registros del tipo "odioabarackobamamuchomucho.com", si es que tal cosa existiera. Pero ya a finales de 2010 un juez ordenó la retirada de diversos dominios relacionados con productos falsificados, incluyendo en el pack el buscador Torrent-Finder, que no aloja contenido ilegítimo alguno y cumple una labor técnicamente similar a la de Google. Y ahora ha sido Rojadirecta quien se ha visto perjudicada por la retirada de uno de sus dominios, en concreto el punto org.

La pérdida de un dominio ya no es tan dolorosa para un negocio como antaño. La mayoría de la gente accede a los sitios web no poniendo directamente la dirección sino tecleándola en un buscador. Pero aun así el daño es considerable, y no parece lógico que sea la legislación estadounidense la que decida qué dominios se respetan y cuáles no. Ojo, que pese a todo seguramente sea más de fiar que prácticamente todas las demás jurisdicciones. Pero cabría pensar en qué refugio colocamos la gestión de los dominios de primer nivel.

Guste o no, cada país tiene derecho a decidir sobre cómo funciona el invento dentro de sus fronteras. Si un juez español decide que a yahoo.com no se puede acceder desde nuestro país, así habrá de ser. Pero lo que no debería poder decidir es que dicha dirección de internet quede prohibida en Sebastopol también. Si este tipo de decisiones comienzan a generalizarse, no sería de extrañar que surgiera un sistema de dominios alternativo, lo que provocaría una escisión de internet, que dejaría de ser universal.

Desgraciadamente, los legisladores norteamericanos no se están preocupando de proteger el sistema de registros alojado en su país. Al contrario, están apoyando una ley que facilite este tipo de requisas en nombre de la defensa de la propiedad intelectual. ¿Y si nos mudamos mejor a Suiza?