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¿Prohibición del tabaco en los bares? Cuestión de derechos (de propiedad)

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con el tema de la prohibición del tabaco en bares y restaurantes quizás mucha gente cae fácilmente en la tentación totalitaria, incluso gente que se autodenomina liberal. Me refiero a estar de acuerdo con la prohibición porque nosotros no somos fumadores y nos molesta profundamente el humo cuando estamos en el bar o restaurante.

Veamos. Que consumir tabaco es dañino para la salud no lo voy a negar (pese a las exageraciones de algunos), como tampoco voy a negar que el humo de los fumadores moleste y perjudique a los no fumadores. Es una realidad. De hecho, yo no he fumado en mi vida y me molesta mucho el humo de los fumadores. Mucho.

Pero esta ley supone un ataque a la libertad individual en toda regla, ya que la libertad no consiste en amoldar a la sociedad a mis gustos y preferencias, sino a permitir otras acciones y estilos de vida siempre que no me agredan.

¿Pero no es una agresión en toda regla el tener que soportar el humo de los demás en los bares? Pues no. Rotundamente no. Pensar así es confundir derechos. Y es que no es el fumador pasivo el que tiene derecho a que no se fume en el bar, sino que, por el contrario, es el dueño del bar el que tiene derecho de discriminar quién entra en su propiedad (derecho de admisión) y lo que se hace dentro de ella, como cualquiera de nosotros en nuestra casa. Sería él el que decidiese si se puede fumar o no en su local. Un bar puede denominarse "espacio público" y estar "abierto al público", pero no es una propiedad pública, es una propiedad privada.

El fumador pasivo puede hacer que el humo de los fumadores deje de molestarle: no entrando en bares en los que se pueda fumar. Nadie está obligado a entrar en ningún bar. Tan sencillo como eso. De lo contrario, sería obligar a un propietario (dueño del bar) a que pierda derechos y soberanía sobre sus propiedades. Algo absurdo, totalitario y liberticida.

En un intento de justificar lo injustificable, este gobierno también ha utilizado el argumento de que así se protegerá a los trabajadores del sector de la hostelería, que son grandes fumadores pasivos. Otra absurdidad. Primero, porque el propietario de la empresa es el dueño del bar y no el resto de trabajadores. Las reglas del negocio y las decisiones empresariales las toma él. Nadie está obligado a trabajar para él a punta de pistola. Segundo, ¿el gobierno les ha preguntado a todos los trabajadores del sector su opinión o simplemente se ha limitado a "opinar" en su nombre? Y tercero, parece ser que el gobierno no es consciente de las pérdidas que van a tener los bares y restaurantes. Se calcula que aproximadamente un 20% de la facturación, ya que su efecto se notará principalmente en las sobremesas. Esto significa más paro. Probablemente los trabajadores preferirían seguir aspirando humo antes que irse al paro. Creo yo. El desempleo también es muy malo para la salud…

El gobierno ha creado una nefasta solución para un conflicto que en una sociedad libre está totalmente resuelto: que cada propietario decida dónde y cuándo se permite fumar en su empresa, local o propiedad.

Y, sin embargo, el gobierno ha decidido imponer estilos de vida agrediendo derechos individuales de propiedad. Por eso es importante oponerse frontalmente a esta ley, porque después de ésta vendrán otras. La ambición totalitaria del Estado no tiene límite. Sólo el que los ciudadanos acepten.

¿Las armas matan o disuaden?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Si a Jared Loughner no le hubiera sido tan fácil comprar un arma, arguyen, probablemente la tragedia de Tucson no hubiera ocurrido. Al fin y al cabo la tasa de homicidios en Estados Unidos es casi siete veces más alta que en otros 22 países desarrollados y populosos, y desde 1968 han muerto más de un millón de personas por armas de fuego.

El razonamiento prohibicionista, deliberada o inocentemente, se detiene aquí. Pero hay otros argumentos y una vasta colección de datos empíricos que cuestionan su solidez y que deberían ser considerados, aunque resulten "molestos".

En primer lugar, es tramposo referirse a la correlación entre libertad de armas y tasas de homicidio como prueba de que la segunda es causa de la primera. Estados Unidos puede ser una sociedad más violenta por otros motivos, históricos o culturales. También se consumen más drogas, y no están allí menos prohibidas que en Europa, antes al contrario.

Hay que hacer balance de costes y beneficios, no limitarse a resaltar los costes. Y el balance no es precisamente favorable a la causa prohibicionista. Hasta 15 estudios desde 1976 contabilizan entre 760.000 y 3,6 millones de usos defensivos de armas de fuego al año (una media de 1,8 millones). Uno de los estudios más rigurosos sitúa en 400.000 los usos defensivos anuales que con "total o casi total certeza" salvan una vida, excluyendo los usos policiales y militares. Aún suponiendo que un porcentaje de la gente encuestada haya exagerado la descripción del suceso, se trata de un número extraordinariamente más alto que la cifra anual de muertos y heridos por arma de fuego (30.000 y 70.000 respectivamente).

Otro enfoque es el que ha utilizado John Lott en el estudio más exhaustivo que existe hasta la fecha sobre tasas de violencia y libertad de armas. Lott ha analizado la relación estadística entre la criminalidad y las restricciones a la tenencia de armas en todos los condados de Estados Unidos, de 1977 a 1994. Los estados con más libertad de armas registran la mitad de violencia. Esta correlación por sí sola tampoco demuestra nada, pues la causalidad podría darse en sentido inverso: los estados que cuentan con más criminalidad son los que aprueban leyes más restrictivas.

Pero esta última hipótesis no encaja con los resultados de las series temporales: los crímenes violentos descienden con el tiempo en los estados que liberalizan la tenencia de armas, controlando por diversas variables. En otros países (Reino Unido, Irlanda, Jamaica) se han observado las mismas tendencias.

Estos datos pueden sorprender a los prohibicionistas que se acogen intuitivamente a esta hipótesis: el aumento de la disponibilidad de los medios para cometer crímenes conlleva un aumento de la comisión de crímenes. Pero hay una hipótesis alternativa que encaja con los datos: un mayor acceso de los ciudadanos a las armas de fuego aumenta el riesgo de los potenciales criminales a experimentar consecuencias no deseadas (que incluyen recibir un disparo, ser reducido con amenaza de disparo, o simplemente ser incapaz de consumar el crimen). En otras palabras, más armas implican más disuasión.

En Estados Unidos, donde a diferencia de España hay una arraigada cultura de la autodefensa, el apoyo a la prohibición de las armas ha descendido del 60% en 1959 al 29% en la actualidad. En 1990 un 78% de los estadounidenses era partidario de endurecer las restricciones. Hoy sólo lo es el 44%. En los últimos años se han aprobado reformas liberalizadoras en más de 20 estados.

No son buenas noticias para los prohibicionistas, que confunden el propósito de una ley con su resultado. La disyuntiva no es entre una sociedad en la que todos, criminales y gente de bien, están armados, y una sociedad en la que todos están desarmados. Cuando es ilícito portar armas sólo los criminales las llevan, pues el delincuente que en general no acata la ley no va ahora a acatar específicamente esta ley, mientras que el ciudadano común que sí la respeta va a permanecer desarmado. De modo que la verdadera disyuntiva es entre una sociedad donde criminales y ciudadanos de bien van armados, y una sociedad donde solo van armados los criminales.

La salida de la crisis

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Si se analiza la actual situación económica, se puede percibir rápidamente cómo el desánimo ha cundido en muchas personas que entienden que no existe salida a la crisis económica. Examinando los datos macroeconómicos se puede llegar a la conclusión de que no existen cifras que inviten al optimismo. Tanto el desempleo como el crecimiento del PIB resultan bastante desoladores. Adicionalmente, a nivel particular, se puede comprobar cómo la adquisición de determinados bienes, como los energéticos, se está encareciendo de forma bastante apreciable, la imposición, tanto directa como indirecta, se ha elevado, cada vez se ven más carteles en locales comerciales con los letreros de “se vende”, “se alquila” o “se traspasa”, y el número de personas que acude a alimentarse a los comedores de Cáritas u otros de diversas órdenes religiosas se incrementa día a día.

Ante este panorama hay quien se pregunta si existe salida posible a la crisis, ya que cada día ve empeorar tanto su situación personal y como la de quienes le rodean. Aunque la coyuntura invite al pesimismo, ante todo habría que recordar que ni estamos ante la primera crisis de la historia ni, tampoco, en la peor. Sin necesidad de rememorar situaciones bélicas, se puede comprobar cómo la llamada gran depresión de 1929 tuvo consecuencias más catastróficas en términos económicos y humanos y se pudo salir de ella.

Para tratar de entender cuándo vendrá el fin de la crisis, previamente deben entenderse los motivos de la misma. A lo largo de los últimos años, los bancos centrales han mantenido una política de dinero barato, reduciendo los tipos de interés con la idea de estimular la economía al facilitar el consumo y la inversión mediante la reducción de los costes de endeudamiento. Sin embargo, esta facilidad de crédito no venía respaldada por un ahorro en la misma cuantía. Los tipos de interés no se fijaban por el libre juego de la oferta de ahorro y la demanda de inversión, manteniéndose artificialmente bajos, y permitiendo plazos de endeudamiento que no se correspondían con los períodos a los que se estaba dispuesto a inmovilizar el ahorro.

Debido a esta facilidad de crédito, empresas y particulares optaron por realizar inversiones de previsible rentabilidad muy reducida, y, consecuentemente, periodos de recuperación bastante elevados. Hubo familias que para la adquisición de una vivienda decidieron endeudarse en tal cuantía que para satisfacer dichos préstamos debían destinar más de la mitad de sus ingresos durante varias décadas. Igualmente, muchas empresas debían destinar un porcentaje importante de sus ingresos para amortizar los préstamos que habían contratado para financiar sus inversiones. Cuando, como era de esperar, llegó la crisis, empezaron los problemas: ni todos los miembros de las familias trabajaban, ni ganaban lo mismo que antes, ni las ventas de las empresas se correspondían con las previsiones. Esta falta de ingresos se veía acompañada de una carga financiera que no podía reducirse igualmente, y que seguía existiendo.

Por lo tanto, la situación no podrá normalizarse hasta que empresas, gobiernos y consumidores, se adapten a la nueva situación, lo que no se realizará de manera instantánea. Pero sí que puede reducirse este periodo de adaptación si los gobiernos eliminan obstáculos para que el resto de actores pueda ajustarse. Puesto que gran parte de los consumidores tiene una renta menor y las empresas tienen menores ingresos, el factor precio se ha convertido en un elemento esencial a la hora de elegir un producto o servicio frente a otro. De ahí la importancia que puede tener que el marco normativo también se adapte, simplificándose y evitando que imponga costes excesivos ajenos a su actividad natural a las empresas o cargas burocráticas innecesarias que se tendrán su reflejo en los costes que debe soportar la empresa.

También resulta necesario que los acreedores conozcan con exactitud el importe de sus pérdidas, para que puedan tomar decisiones con el mayor grado de información posible. Si el procedimiento de cobro de una deuda se prolonga durante varios años para resultar que al final el deudor era insolvente, se ha estado empleando tiempo, dinero y esfuerzo en una labor que no conducía a nada. También si la legislación posibilita que determinadas entidades valoren parte de sus activos a precios irreales sin que los administradores incurran en responsabilidad alguna, se introducirá una desconfianza natural hacia la inversión al no conocerse la situación real.

Por último, no debe olvidarse cómo muchas de las grandes multinacionales que existen hoy en día se crearon en épocas de crisis, por lo que aun en estos tiempos siguen existiendo emprendedores. Si el marco jurídico favorece a estas personas de manera que no sean objeto de una carga burocrática, fiscal y administrativa excesiva, sobrevivirá un mayor número de empresas que gracias a la oferta de nuevos bienes y servicios, y a la demanda de trabajadores, ayudarán a acabar con la actual situación.

Las fuerzas vivas del canon digital

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Excluyendo a los interesados, todos disfrutamos de esta sensación cuando una pequeña tienda de informática barcelonesa venció en los tribunales a la todopoderosa SGAE al declararse ilegal en la Unión Europea la imposición indiscriminada del canon digital.

Ana María Méndez, la propietaria de Traxtore, se dejó la piel y algo más en la batalla. Perdió una de sus dos tiendas y despidió a sus ocho empleados, convirtiendo su negocio en una empresa familiar en el más puro significado de la palabra: ya sólo ella y sus familiares trabajan en ella. Pero la sentencia es clara: el canon es legal –injusto o no es otra cuestión–, pero no puede justificarse que se cobre indiscriminadamente a todos, incluyendo organismos públicos y empresas. Al fin y al cabo, este mecanismo se justifica bajo la presunción de culpabilidad, asumiendo muy probable que vayamos a usar un disco duro o un CD para guardar pelis, y no puede aplicarse allí donde presuponer tal cosa resulta más bien ridículo.

Al comienzo de su calvario, Ana María Méndez fundó Apemit, una asociación que representa a las pequeñas empresas de informática como la suya. Ahora el Gobierno, forzado por su santa cabezonería, se ve forzado a rehacer la legislación que regula el canon. Se empiezan a acumular las denuncias de ayuntamientos y otros organismos exigiendo que se les devuelva el dinero ilegalmente recaudado, y no es cuestión de dejar pudrirse demasiado el tema, no sea que le hagamos un roto a las SGAE. Pero claro, a la hora de tomar una decisión, prefiere no hacerlo solo y ha decidido negociar con los implicados. Ana María, que es la única razón por la que se ven obligados a reunirse, no estará entre ellos.

Veamos, el canon lo pagamos usted y yo. Quienes más han sentido sus efectos han sido quienes venden productos gravados con él. Por lo tanto, ni los consumidores ni la tiendas serán consultados por el Gobierno.

¿Por qué habría de ser distinto el canon de la jubilación o la legislación laboral? Usted, que seguramente no esté representado por UGT ni CCOO, irá a buscar trabajo en empresas que seguramente no estén representadas por la CEOE. Sin embargo, ahí están, negociando en su nombre. Despotismo ilustrado, que se le llama.

Entiéndase. Estamos en una democracia, más o menos. Por lo tanto, quien debe tomar las decisiones es el Gobierno o el parlamento, dependiendo de qué estemos hablando. Si a los sindicatos, la patronal, las empresas tecnológicas o las SGAE no les gustan sus decisiones, que con su ajo se lo coman. ¿Qué se quiere consultar a los interesados a ver qué opinan? Se puede entender. Pero en tal caso lo lógico sería preguntar a los interesados de verdad, los ciudadanos que pagamos las consecuencias. Y parece claro que en este caso los más representativos son Apemit, la Asociación de Internautas o incluso la OCU si nos ponemos.

Aunque quizá sea mejor así. Al fin y al cabo, González-Sinde ya hizo en su día el paripé de reunirse con unos y otros para acabar pariendo su ley de cierre administrativo de sitios web, recientemente rechazada por el Congreso. Casi mejor que no disimule.

Hombres de poca fe

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Se apagan las luces, se guarda el espumillón, volvemos al trabajo y vuelven, como las oscuras golondrinas de Bécquer, los buenos propósitos. Vamos a ser buenos, a ir al gimnasio, a ordenar la mesa, a aprender ruso… Pero nadie se llama a engaño y sabemos que son solamente eso: propósitos huérfanos de voluntad que los lleve a la práctica. No nos importa demasiado porque no afectamos a nadie y, casi sin querer, esa descripción de los propósitos de enmienda se ha convertido en parte de las fiestas navideñas, en la mayoría de los casos, sin otra intención que calmar conciencias.

Este año, se suma a la comparsa el grupo terrorista ETA, que acaba de anunciar hace escasos minutos un alto el fuego "permanente y verificable". La reacción ante la tregua es de dolor porque no nos fiamos: por lo que tiene de propósito que todos presagiamos que no se cumplirá. Y rabiamos porque recordamos a los españoles vascos amenazados, exiliados, a los muertos de ayer y de hoy. O bien nos tapamos los ojos y pretendemos que de verdad puede no haber más muertos mañana. Y se repiten los mensajes buenistas recordando que siempre es bueno hablar, que no hay que ceder al desánimo cuando se trata de dialogar para conseguir la paz futura.

El detalle de ser un alto el fuego "verificable" tiene su guasa. Se verifica que mientras decidan que no se dispara, no van a disparar. Pero la historia es tozuda y nos muestra cuántas veces volvieron a abrir fuego porque convenía, y salieron reforzados porque habían conseguido con esa performance que el gobierno de la nación, de la mía y de la de ETA, que es la misma, bajara la testuz y negociara con terroristas. Cosa que, por otra parte, es casi una costumbre en quienes manejan nuestra barca y nuestro dinero a día de hoy.

Lo cierto es que hasta el gobierno se reafirma en que no valen los simulacros, que o hay abandono de las armas o no hay nada. En mi opinión, además de la propuesta y la reacción del gobierno, es interesante preguntarse por qué ahora, cuando están a punto de intervenir Portugal con lo que eso implica, cuando el crédito de Zapatero está bajo mínimos, cuando hasta Arenas, el campeón de los fracasos electorales, ganaría hoy al PSOE en Andalucía.

Y creo que esa palabra es la clave de nuestro camino común: el crédito. Ni ETA tiene crédito ni lo tiene el gobierno. El primer caso no es extraño, al fin y al cabo, hablamos de terroristas que juegan a ser grupo separatista para no quedar mal en la prensa internacional, pero que no pasa de ser un conjunto de asesinos que extorsionan para financiarse. Pero el segundo caso es grave y significativo. Se trata de unos supuestos representantes, que manejan las armas y el dinero de todos, con el beneplácito de once millones de españoles (y con esa legitimidad gobiernan a todos) y que nos mienten sin cesar como sistema de manipulación. No había crisis, no estuvimos en suspensión de pagos o similar en mayo (no llegamos a estarlo porque se difirió la venta de deuda), Zapatero no se presenta o sí a candidato… Aquí nunca pasa nada, pero ni Europa ni los malísimos mercados, ni los ciudadanos, ni los compañeros de partido creen ya a estos dirigentes. Han agotado el depósito de confianza de todo el mundo. Y quienes abogan con su mejor intención por un estado respetuoso, escueto y eficiente, ya no saben qué decir: son los políticos españoles, o los electores, o la idiosincrasia, o la mediocridad patria… o el chachachá.

Pero ahí no acaba el drama. A pesar de que todos hemos puesto cara de "aquí no pasa nada, comamos el turrón y las uvas", no nos creemos esta momentánea calma. Las familias y las empresas siguen sin obtener crédito por parte de los bancos. Hay orden de no conceder más allá de un volumen de dinero a crédito, lo que quiere decir que la sospecha de ser deudor de riesgo (cada vez más fácil) te quita la posibilidad de obtener dinero basándote en la confianza del acreedor. No hay expectativas de una posibilidad de mejora. La acción empresarial es complicada en esta situación.

Con esta perspectiva, ¿qué pretende decir ahora el presidente Zapatero a periodistas y demás agentes económicos y sociales que cambie la disposición de ánimo de los actores? Mañana, cuando a las 12 de la mañana se reúnan en el Palacio de la Moncloa durante la presentación del ‘Informe Económico 2010 del Presidente del Gobierno’, los empresarios y los sindicatos señalarán con el dedo lo que a cada cual le convenga y los españoles no nos creeremos ni una palabra de lo que diga ninguno de ellos.

La responsabilidad de Zapatero frente a los millones de parados, la población empobrecida, la incertidumbre enraizada en nuestros corazones, la parálisis del tejido muscular empresarial, es absoluta. Ha sido él quien ha manipulado, mentido, maquillado, con el más mezquino de los objetivos: un puñado de votos. Esperemos que nadie lo olvide cuando toque.

Sevilla recomienda más de lo mismo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

…le advierte ahora a su líder del difícil momento que vivimos y le explica qué debe hacer para evitar que esto acabe mucho peor de cómo va.

La carta de Sevilla denota hasta qué punto está descolocado y perdido el socialismo nacional. Las pocas cosas con sentido que expone el ex ministro consisten en repetir dos cuestiones que ya saben todos los españoles desde hace mucho tiempo: que inicialmente se negó la crisis y que Zapatero tiene que afrontar los problemas de fondo en vez de decir que hace reformas para no hacer nada. Pero aparte de esas dos perogrulladas, hay poco rescatable del maremágnum de palabras en las que Sevilla intenta salvar desesperadamente el estado del malestar y las políticas que nos han traído a la situación actual.

Para empezar, Sevilla ve en la expansión del gasto público y el desequilibrio presupuestario de los últimos años una política que "limitó los peores efectos de la recesión". Se queda en el efecto a cortísimo plazo y exclusivamente en lo que afecta a quienes salieron beneficiados por esas políticas. Cierra en cambio sus ojos ante lo que ahora puede ver todo el mundo. Aquellas "medidas de apoyo presupuestario masivo" son las responsable de que hoy España esté al borde del abismo, de que los inversores internacionales no apuesten por la pronta recuperación de nuestra economía, de que el grifo del crédito se cerrara para miles de empresas y de que ya desde entonces muchos ciudadanos tuvieran que pagar los platos rotos de empresas y personas que se habían arriesgado más de la cuenta.

Para Sevilla, la crisis es causa de la desregulación del mercado más regulado del mundo. Me refiero, claro está, al financiero. No quiere ver que fue la política de dinero barato (orquestada por bancos centrales monopólicos y estatales) defendida por él y por toda la socialdemocracia keynesiana, la que nos condujo a la crisis. Cree que el keynesianismo y el Estado han salvado al capitalismo pero no se para a pensar por qué en los países en los que el Estado ha dado un paso atrás apretándose el cinturón y conteniendo los impuestos, la crisis ha sido mucho más suave.

La carta tiene como principal objeto proponer cuatro medidas para devolver a España a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. La primera es fruto de una incomprensión total de la crisis que vivimos. Pide a Zapatero que sostenga la demanda agregada y que para lograrlo aplace hasta 2015 el compromiso de situar el déficit público en el 3%. No entiende que la penosa situación actual es el fruto de un exceso de consumo y endeudamiento privado en los años anteriores a la crisis y de un excesivo gasto público y endeudamiento del Estado en los cuatro años de crisis. Su primera solución sólo servirá para seguir expulsando empresas privadas que se encuentran sin crédito porque el Estado se queda con la mayoría del ahorro disponible. ¿O es que Sevilla piensa que el Gobierno sabe mejor que la ciudadanía qué empresas y sectores hay que salvar a base de demandar sus productos y cuáles hay que dejar caer? No se trata de que el Estado gaste para mantener demanda (por mantener demanda) sino de quitar las barreras que ahuyentan a los inversores que podrían sanear las empresas que cuentan con demanda real, al mismo tiempo que ayudaría a crear nuevas empresas y empleo.

La segunda medida consiste en reabrir el grifo del crédito, algo medianamente sensato si no fuera porque su primera medida va en la dirección opuesta. Pero Sevilla cree que el crédito se crea a voluntad y que lo único que hace falta para volver a regar la economía de crédito es "remover las cuantiosas inversiones dudosas en ladrillo y cemento". Claro que no explica cómo se remueven esas inversiones dudosas excepto insinuando que podría lograrse a través de una nacionalización de la banca privada.

La tercera medida se refiere a la competitividad. Aquí al profesor le faltan varias tardes enunciando medidas porque se queda en la rebaja de los costes laborales no salariales y en una apuesta por la energía nuclear, combinada siempre con las anticompetitivas energías renovables. La lista de motivos por los que España no es competitiva resulta casi interminable. Basta con coger los indicadores del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial para ver que en la inmensa mayoría estamos muy por detrás de la media de los países desarrollados. En el mercado energético sólo la ignorancia puede llevarle a uno a pensar que los problemas de las renovables se pueden solucionar combinando molinos y placas con centrales nucleares. Los trabajadores españoles –así como las empresas y las familias– necesitan contar urgentemente con una energía barata que requerirá del uso de todo tipo de fuentes energéticas. El mix energético exacto que debemos tener para abaratar al máximo nuestra energía sólo se puede descubrir liberalizando de una vez por todas el mercado eléctrico y energético español. Lo que es seguro es que ese mercado reduciría drásticamente, al menos por ahora, la participación de las renovables porque son tremendamente caras y porque, entre otras muchas cosas, exigen la instalación de plantas de gas natural que quedan ociosas cuando las renovables funcionan a pleno rendimiento.

La última propuesta consiste en fortalecer la productividad mediante la reforma del sistema educativo, del sistema nacional de innovación, del mercado laboral, así como reduciendo el carbono en nuestras vidas e implantando la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cualquier profesor de economía debería saber que la innovación no se logra con sistemas nacionales sino con un buen tratamiento fiscal del ahorro y la inversión, que el cambio forzado de nuestro modo de vida para reducir el carbono nos hará menos eficientes y que la responsabilidad social corporativa socava la productividad de muchas empresas porque supone quitar poder a los dueños, que son quienes más interés tienen en que sus empresas sean productivas. Queda la reforma educativa pero mucho me temo que viendo por dónde va Jordi Sevilla, crea que el sistema educativo se mejora con más gasto público.

En resumen, las propuestas de Jordi Sevilla son, en general, las de un socialista que se tapa los ojos ante los desastrosos efectos de sus adoradas políticas keynesianas. En el mundo que se ve a través de sus gafas socialdemócratas, la crisis ha sido culpa del mercado, y el intervencionismo lo único que ha hecho es salvarnos de la debacle. Por eso le pide a su líder que reincida en las políticas de gasto público y desequilibrio presupuestario, aligerando esta vez un poco el peso del estatismo sobre los trabajadores. En su esquema no cabe que lo que haya que hacer sea devolver el protagonismo a la sociedad civil, dando libertad de elección a empresas, familias y trabajadores, eliminando trabas al ejercicio de la empresarialidad, reduciendo impuestos, quitando privilegios a los sindicatos y recortando drásticamente el tamaño del Estado que nos asfixia.

Para Sevilla el estatismo, en una versión ligeramente mejorada, solucionará el desastre. Ahora sabemos qué le hubiera enseñado este señor a Zapatero en dos tardes: lo principal es dirigirlo todo desde arriba y si el intervencionismo fracasa debemos intentarlo con una nueva batería de intervenciones. Más de lo mismo.

La ilusión del control absoluto

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Tal es el popurrí ideológico que compone este Eje del Mal ideológico de Cebrián que, en coherencia, también abarcará al demócrata Bill Clinton, célebre sepulturero de la Ley Glass-Steagall que impedía la fusión entre banca comercial y banca de inversión, o a Lyndon Johnson, privatizador del gigantesco vertedero hipotecario de Fannie Mae allá por 1968.

Por las mismas, uno podría seguir desvariando y alinear la antipatía de Cebrián hacia "los excesos de lo financiero" con anarquistas como Proudhon o con nazis como Gottfried Feder –el del Manifiesto contra la usura, esa secular herramienta de explotación de las finanzas judías–, pues al cabo tan excesivo ha sido lo financiero –el codicioso Wall Street– como lo real –el humilde Main Street–. ¿O acaso las barbaridades de los especulativos bancos no han sido parangonables a las del muy palpable y tradicional ladrillo? Ni los cementerios de burbujeantes viviendas hubiesen sido posibles en ausencia del exceso de las finanzas, ni los activos de los bancos se hubieran vuelto tóxicos en ausencia de excesos de malas inversiones reales. Pero, pese a todo, el sesgo y las servidumbres ideológicas parecen determinar que se carguen las tintas contra una sola de las dos caras de esa misma moneda que son los artificiales auges o booms económicos.

Mas lo relevante del artículo de Cebrián no son las torpes culpabilidades que traza cuanto las malas y contraproducentes soluciones que propone. Siguiendo su razonamiento, si quienes han fallado han sido los reguladores por no regular lo suficiente, resultará necesario transitar hacia una nueva gobernanza global, hacia un control universal al que no se le escape nada.

El problema de semejante recetario es que resulta más fácil de enunciar que de ejecutar. Sobre el papel puede sonarles bien a algunos, pero al tocar la melodía deviene sólo un cúmulo de estridencias. A nadie se le escapa que para terminar con el hambre en el mundo no basta con desearlo por Navidad o que para alcanzar la paz mundial de nada sirve prohibir la guerra como se hiciera en el Pacto Briand-Kellogg; y por idéntico motivo, tampoco lograremos erradicar las depresiones económicas creando megaorganismos globales con la misión de censurarlas.

Primero, porque cuanto más alejemos al burócrata de la realidad más desorientado se hallará. A menos que sigamos creyendo en la hiperracionalidad del ser humano, no resulta demasiado verosímil que la persona más capacitada para saber si Caja Castilla-La Mancha está extendiendo buenos préstamos a los promotores locales sea un funcionario neoyorkino procedente de Shanghai. Cuanto más separemos la información –que en este caso es extremadamente local– de la toma de decisiones –que según Cebrián debiera darse a escala planetaria– más disfuncionalidades introducirán los burócratas en nuestras vidas.

Y segundo, porque ese espejismo de control que los mandarines del estatismo promueven, genera a su vez la falsa ilusión de seguridad. Si la solución a mis problemas pasa por que otro se ocupe de ellos, lo natural es que yo me despreocupe y me vuelva irresponsable. Como dice Nassim Taleb, en ocasiones es preferible no orientarse con ningún mapa antes que seguir las indicaciones de un mal mapa. Y, en este caso, el vademécum de la intelectualidad ingenieril sólo logra que la población viva en la misma falsa burbuja de seguridad que la ha llevado a pensar que el precio de la vivienda nunca caería, que los bancos nunca podían quebrar o que los Estados nunca suspenderían pagos.

Y si la solución a los problemas locales de información no reside en el control galáctico ni en timar a la población diciéndole que no corre ningún riesgo, ¿dónde cabe buscarlo? Pues en descentralizar el control, pero no en unos organismos nacionales o regionales que no sólo fracasaron estrepitosamente durante los últimos años, sino que se sumaron entusiastas al proceso de expansión del crédito.

La descentralización debe ser completa: liberalizar de verdad, ligar la toma de decisiones con el cambiante foco de una información –la económica, empresarial y financiera– que es muy dinámica, concreta y especializada. Los efectos de la superchería de que diez mentes son más hábiles que la inteligencia coordinada de 6.000 millones ya los padecimos con el gnosticismo marxista, el cual también juraba corregir la anarquía productiva del capitalismo sin entender que allá donde veía anarquía imperaba un orden que no era fruto del diseño de ninguna omnisciente cabeza pensante, sino del interactuar pedestre de millones de individuos.

Dicho de otra manera, para terminar con las crisis hay que restaurar el libre mercado, tanto en el ámbito financiero como en el real. Nada de eso hemos tenido en el último siglo, por cuanto gobiernos y bancos centrales han controlado el negocio de la creación de dinero, han refinanciado a los bancos ilíquidos y recapitalizado a los insolventes y han redistribuido la riqueza de manera nada estimulante desde los sectores productivos hacia los improductivos.

Si se parte de la base de que quien comete errores no puede suspender pagos o quebrar, lo natural es que éste cometa excesos. Si asumimos que esos excesos son el subproducto natural del libre mercado, y no de la intervención estatal previa, lo natural será pedir que se regulen y supervisen sus decisiones. Y si se acusa del fiasco de la regulación y de la supervisión, no a la imposibilidad cognitiva de controlarlo todo, sino al insuficiente tamaño de los órganos reguladores y supervisores, entonces lo natural será exigir todavía más poder para los sóviets. Antes de enterrar a Hayek deberíamos comenzar por entenderlo.

Que la fatal arrogancia de los intervencionistas no nos arrastre a la Cuarta –o Quinta– Gran Depresión

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Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

La carta de Sevilla denota hasta qué punto está descolocado y perdido el socialismo nacional. Las pocas cosas con sentido que expone el ex ministro consisten en repetir dos cuestiones que ya saben todos los españoles desde hace mucho tiempo: que inicialmente se negó la crisis y que Zapatero tiene que afrontar los problemas de fondo en vez de decir que hace reformas para no hacer nada. Pero aparte de esas dos perogrulladas, hay poco rescatable del maremágnum de palabras en las que Sevilla intenta salvar desesperadamente el estado del malestar y las políticas que nos han traído a la situación actual.

Para empezar, Sevilla ve en la expansión del gasto público y el desequilibrio presupuestario de los últimos años una política que "limitó los peores efectos de la recesión". Se queda en el efecto a cortísimo plazo y exclusivamente en lo que afecta a quienes salieron beneficiados por esas políticas. Cierra en cambio sus ojos ante lo que ahora puede ver todo el mundo. Aquellas "medidas de apoyo presupuestario masivo" son las responsable de que hoy España esté al borde del abismo, de que los inversores internacionales no apuesten por la pronta recuperación de nuestra economía, de que el grifo del crédito se cerrara para miles de empresas y de que ya desde entonces muchos ciudadanos tuvieran que pagar los platos rotos de empresas y personas que se habían arriesgado más de la cuenta.

Para Sevilla, la crisis es causa de la desregulación del mercado más regulado del mundo. Me refiero, claro está, al financiero. No quiere ver que fue la política de dinero barato (orquestada por bancos centrales monopólicos y estatales) defendida por él y por toda la socialdemocracia keynesiana, la que nos condujo a la crisis. Cree que el keynesianismo y el Estado han salvado al capitalismo pero no se para a pensar por qué en los países en los que el Estado ha dado un paso atrás apretándose el cinturón y conteniendo los impuestos, la crisis ha sido mucho más suave.

La carta tiene como principal objeto proponer cuatro medidas para devolver a España a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. La primera es fruto de una incomprensión total de la crisis que vivimos. Pide a Zapatero que sostenga la demanda agregada y que para lograrlo aplace hasta 2015 el compromiso de situar el déficit público en el 3%. No entiende que la penosa situación actual es el fruto de un exceso de consumo y endeudamiento privado en los años anteriores a la crisis y de un excesivo gasto público y endeudamiento del Estado en los cuatro años de crisis. Su primera solución sólo servirá para seguir expulsando empresas privadas que se encuentran sin crédito porque el Estado se queda con la mayoría del ahorro disponible. ¿O es que Sevilla piensa que el Gobierno sabe mejor que la ciudadanía qué empresas y sectores hay que salvar a base de demandar sus productos y cuáles hay que dejar caer? No se trata de que el Estado gaste para mantener demanda (por mantener demanda) sino de quitar las barreras que ahuyentan a los inversores que podrían sanear las empresas que cuentan con demanda real, al mismo tiempo que ayudaría a crear nuevas empresas y empleo.

La segunda medida consiste en reabrir el grifo del crédito, algo medianamente sensato si no fuera porque su primera medida va en la dirección opuesta. Pero Sevilla cree que el crédito se crea a voluntad y que lo único que hace falta para volver a regar la economía de crédito es "remover las cuantiosas inversiones dudosas en ladrillo y cemento". Claro que no explica cómo se remueven esas inversiones dudosas excepto insinuando que podría lograrse a través de una nacionalización de la banca privada.

La tercera medida se refiere a la competitividad. Aquí al profesor le faltan varias tardes enunciando medidas porque se queda en la rebaja de los costes laborales no salariales y en una apuesta por la energía nuclear, combinada siempre con las anticompetitivas energías renovables. La lista de motivos por los que España no es competitiva resulta casi interminable. Basta con coger los indicadores del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial para ver que en la inmensa mayoría estamos muy por detrás de la media de los países desarrollados. En el mercado energético sólo la ignorancia puede llevarle a uno a pensar que los problemas de las renovables se pueden solucionar combinando molinos y placas con centrales nucleares. Los trabajadores españoles –así como las empresas y las familias– necesitan contar urgentemente con una energía barata que requerirá del uso de todo tipo de fuentes energéticas. El mix energético exacto que debemos tener para abaratar al máximo nuestra energía sólo se puede descubrir liberalizando de una vez por todas el mercado eléctrico y energético español. Lo que es seguro es que ese mercado reduciría drásticamente, al menos por ahora, la participación de las renovables porque son tremendamente caras y porque, entre otras muchas cosas, exigen la instalación de plantas de gas natural que quedan ociosas cuando las renovables funcionan a pleno rendimiento.

La última propuesta consiste en fortalecer la productividad mediante la reforma del sistema educativo, del sistema nacional de innovación, del mercado laboral, así como reduciendo el carbono en nuestras vidas e implantando la responsabilidad social corporativa. Sin embargo, cualquier profesor de economía debería saber que la innovación no se logra con sistemas nacionales sino con un buen tratamiento fiscal del ahorro y la inversión, que el cambio forzado de nuestro modo de vida para reducir el carbono nos hará menos eficientes y que la responsabilidad social corporativa socava la productividad de muchas empresas porque supone quitar poder a los dueños, que son quienes más interés tienen en que sus empresas sean productivas. Queda la reforma educativa pero mucho me temo que viendo por dónde va Jordi Sevilla, crea que el sistema educativo se mejora con más gasto público.

En resumen, las propuestas de Jordi Sevilla son, en general, las de un socialista que se tapa los ojos ante los desastrosos efectos de sus adoradas políticas keynesianas. En el mundo que se ve a través de sus gafas socialdemócratas, la crisis ha sido culpa del mercado, y el intervencionismo lo único que ha hecho es salvarnos de la debacle. Por eso le pide a su líder que reincida en las políticas de gasto público y desequilibrio presupuestario, aligerando esta vez un poco el peso del estatismo sobre los trabajadores. En su esquema no cabe que lo que haya que hacer sea devolver el protagonismo a la sociedad civil, dando libertad de elección a empresas, familias y trabajadores, eliminando trabas al ejercicio de la empresarialidad, reduciendo impuestos, quitando privilegios a los sindicatos y recortando drásticamente el tamaño del Estado que nos asfixia.

Para Sevilla el estatismo, en una versión ligeramente mejorada, solucionará el desastre. Ahora sabemos qué le hubiera enseñado este señor a Zapatero en dos tardes: lo principal es dirigirlo todo desde arriba y si el intervencionismo fracasa debemos intentarlo con una nueva batería de intervenciones. Más de lo mismo.

Silencio gubernamental ante la represión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Como viene siendo costumbre en el ranking anual de ciberdisidentes entre rejas, el récord lo ostenta China. Ese régimen dictatorial a cuyos dirigentes recibe el Gobierno español, sin decir una sola palabra por las constantes violaciones de los derechos humanos y con cortesana celebración por parte de Enric Sopena, incluso ha superado sus marcas anteriores. Si en los años precedentes mantenía una media de cincuenta personas entre rejas por expresarse a través de internet, en el último ejercicio ha elevado la cifra hasta 77.

El listado de carceleros de internautas lo completan los regímenes tiránicos habituales en el informe de Reporteros Sin Fronteras. Se trata, en todos los casos menos en el de Rusia y como viene siendo costumbre, de dictaduras comunistas o que someten a países cuya población es mayoritariamente musulmana.

Y si 2010 terminó mal, 2011 no ha empezado mejor. La encargada de inaugurar este año la represión de internautas (junto con otros ciudadanos) ha sido una dictadura norteafricana, la tunecina. Como parte de su violenta respuesta a las protestas que han tenido lugar en el país, las autoridades de Túnez han detenido a cuatro bloguerosy otros dos se encuentran desaparecidos. Por supuesto, tampoco falta el bloqueo y desactivación de sitios web de activistas. No se trata de nada nuevo en la pequeña república magrebí, donde este tipo de acciones represivas y censoras responden a una ya larga tradición gubernamental.

Una vez más, los Gobiernos occidentales responden con un vergonzante silencio ante la represión que sufre la población (internauta o no) de un país sometido a una dictadura. En La Moncloa, El Elíseo, la Casa Blanca y muchas otras sedes gubernamentales occidentales nadie alza la voz para pedir la libertad de los tunecinos, internautas o no, encarcelados por protestar. Tampoco se protesta para exigir el fin de la censura en el menor de los países del Magreb.

No quieren reconocer algo evidente. La falta de libertad en la red en un país afecta al resto del mundo. Cuando se encarcela a un bloguero en Túnez o se clausura su sitio web en Arabia Saudí, se está impidiendo que los internautas británicos o alemanes puedan tener conocimiento de lo que esa persona tiene que decir. Se trata de censura a nivel mundial. Cuando se filtran los contenidos extranjeros en China o en Cuba, se imposibilita que quienes escribimos desde España o México hagamos llegar nuestras ideas o informaciones a esos países. Otra forma de censura mundial. Mientras se reprima internet en algunos países, la red no será totalmente libre en ningún lugar del mundo.

Las víctimas principales de la represión de internet, y quienes más necesitan nuestro firme apoyo, son quienes la sufren de forma directa por parte de sus propios Gobiernos. Pero el resto de los ciudadanos de la tierra que nos conectamos a la red, también la sufrimos en menor medida. Aunque sólo fuera por eso, el silencio cómplice de nuestros debería resultar intolerable.

Corea del Norte: la Unión Soviética del siglo XXI

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Corea del Norte es, junto con Cuba, el gran exponente actual de la miseria que el comunismo implica: degradación a todos los niveles (económico, político, social, moral, cultural…). Es una herencia del pasado de la que cuesta librarse puesto que siempre ha habido "mecenas" que han patrocinado este tipo de regímenes liberticidas.

Esa función de patronazgo en el pasado correspondió a la URSS. El resultado aún lo estamos padeciendo: desde el "capitalismo de amigos" (o "capitalismo basura", como lo definió años atrás Margaret Thatcher) impulsado por Vladimir Putin hasta las dictaduras personales y familiares en que se han convertido un buen número de las repúblicas otrora integrantes del entramado moscovita.

Actualmente, el mal entendido pragmatismo de China es el que permite que Corea del Norte siga siendo una amenaza. Con su doctrina del apaciguamiento (interesado), Pekín ha logrado que las dictaduras regionales le rindan pleitesía, pues todas ellas comparten el rasgo de negar derechos humanos y libertades fundamentales. Con su capitalismo de Estado, China ha logrado que la comunidad internacional la considere un actor internacional fundamental, aunque más temido que respetado.

Con todo ello, en América Latina y en Asia aún perdura el comunismo de una forma más o menos evidente, bien travestido de populismo (Venezuela, Bolivia o Nicaragua), bien con más y más parches que no le hacen perder su natural fisonomía (Cuba). Sin embargo, puede que sea Corea del Norte quien mejor ejemplifica de la doctrina impulsada por Marx y Lenin, y llevada posteriormente hasta sus últimas consecuencias por Stalin.

En efecto, en Corea del Norte se dan todas aquellas características que muestran que el comunismo es una ideología tan disfuncional como tiránica. La primera de ellas, la negación de las libertades individuales. La dinastía de Kim Jong Il ha convertido a sus compatriotas en seres amorfos cuyo único disfrute queda relegado a los desfiles militares en los que se exalta hasta la extenuación la figura del "Querido Líder".

La segunda es la pobreza. Corea del Norte no participa voluntaria y deliberadamente en el entramado económico comercial internacional, sino que únicamente abastece de tecnología militar a todos aquellos Estados fallidos que así se lo demanden. Y, cómo no, esa industria militar es monopolio del Estado.

En tercer lugar, el hermetismo. ¿Alguien puede arrojar algún dato sobre la oposición o la disidencia a Kim Jong Il? Nadie. Parece no existir. Es ahí donde cobra importancia la característica señalada en los párrafos precedentes acerca del carácter aséptico de los norcoreanos, cuyo gobierno practica un proselitismo de consumo interno.

Pese a todo ello, Corea del Norte es un riesgo para la comunidad internacional. Su capacidad de destrucción de todo el que ose desafiarla está más que demostrada. Cuando Kim Jong Il amenaza, lo hace de verdad; no es ningún "brindis al sol". Otra cosa bien diferente es que sus víctimas se dejen achantar por sus bravuconadas chantajistas con las cuales sólo busca una válvula de oxígeno para perpetuar su dictadura.

Algo parecido puede predicarse de aquellos momentos en los cuales la dictadura norcoreana parece relajarse y, por ejemplo, lleva a cabo contactos con el gobierno de Seúl. En ellos siempre subyace el mismo interés: beneficiarse de la buena voluntad de sus vecinos como instrumento para tomar aire y, en definitiva, hacer que las cosas sigan igual.

Tarde o temprano este régimen liberticida implosionará. El pasado, no tan lejano, nos ha dado significativos casos similares. Por lo tanto, cualquier análisis que se haga de Corea del Norte no deberá perder de vista las hipótesis de futuro. Sus debilidades estructurales no podrán ser ocultadas por el poderío militar, el cual está alejado de toda finalidad civil y poco (o nada) puede hacer cuando, como hemos visto, determinadas catástrofes naturales asolan a este país.