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¿Por qué hay que regular los mercados financieros?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Quieren regulación y supervisión draconiana. En EEUU ya cuentan con una nueva legislación, y el resto del mundo está preparando el terreno con Basilea III (nótese que se trata ya del tercer parto regulatorio, con los nulos resultados que hoy padecemos).

¿Qué tendrán los bancos y las compañías financieras para que deban soportar una mayor regulación que el resto del sector privado? Sí, podemos decir que son empresas opacas, o sombrías, pero la duda sigue siendo razonable. ¿Qué diferencia al bancario de los demás sectores? ¿Qué le hace tan peligroso para que haya de estar tutelado por numerosos organismos públicos? Una cosa, esencialmente una: los privilegios que el Estado le ha conferido.

Decía Bastiat que el Estado era una gran ficción por la cual todo el mundo trataba de vivir a costa de los demás; pero lo cierto es que lo que te da con la mano izquierda te lo quita con la derecha. Pues bien, con la banca sucede algo parecido: después de inflarla a privilegios que serían incomprensibles si la beneficiaria fuera una compañía mercantil al uso, quienes la inflaron insisten ahora en que es absolutamente necesario hipercontrolarla.

En fin: tantas prebendas se les han entregado, que los bancos han terminado por convertirse en una bomba de relojería.

Repasemos: primero se presiona a los bancos centrales para que refinancien a todos los bancos privados, es decir, también a las entidades ilíquidas e insolventes; luego, cuando los propios bancos centrales se han convertido en estercoleros incapaces de manejar sus pestilentes activos, se suspende temporal o permanentemente la convertibilidad de sus pasivos: es decir, se concede al sistema bancario el privilegio de que… ¡no pague sus deudas! Acto seguido, los papelitos impagados de los bancos centrales (y de los bancos privados) se convierten en dinero de curso forzoso, al que se protege con toda una serie de intervenciones (prohibición de la tenencia de dinero alternativo, obligatoriedad de abonar los impuestos con dinero fiduciario, sujeción del dinero alternativo al impuesto sobre las plusvalías…), y finalmente, merced a esa sustitución monetaria, los bancos privados adquieren la capacidad de incrementar su iliquidez tanto como lo deseen: los bancos centrales devienen prestamistas de última instancia que protegen al chiringuito financiero del colapso originado por su cadena de impericias.

La suerte está echada. El Estado, al proteger al sistema financiero de sus propias temeridades –diría más: al promover activamente que las cometa–, coloca el patrimonio de todos nosotros al borde del abismo. Si cae el castillo de naipes de la banca, caemos nosotros. Simplona conclusión socialista: como se trata de un sector tan sensible, y con tantas ramificaciones, no queda más que domeñarlo, esto es, someterlo a los designios del poder político.

Ya tenemos, por consiguiente, el cuadro al completo: el Estado habilita a la banca para que cometa tropelías con total impunidad y sin que afronte el riesgo de la quiebra, y luego, cuando las consecuencias toman las más espantosas de las formas, clama que el negocio bancario es harto peligroso si no se le cargan fabulosos contrapesos.

¿En qué contrapesos está pensando el Gobierno? No, desde luego, en los que mejor funcionan, aquellos que operan en el mercado libre y que taimadamente quitó de en medio. Y es que el Estado no está interesado en regresar a un modelo de banca prudente y al servicio de sus clientes; más bien pretende emplear los privilegios bancarios en provecho propio.

De hecho, es lo que está haciendo en estos mismos momentos. ¿O quiénes creen que están sufragando los descomunales déficits públicos con que los gobiernos están machacando a las generaciones venideras? Pues… la misma banca a la que presuntamente se quiere doblegar. El contubernio entre el poder público y el sector financiero no es nuevo: los políticos despilfarran, los banqueros se lucran y la sociedad paga los platos rotos. Ahora, más que nunca, si cabe.

No hay otra. Señores políticos: si de verdad quieren poner fin a los desmadres crediticios, desregulen. Pero desregulen de verdad. Es decir, liberalicen. No se enroquen en un sistema que ora promueve el crecimiento del crédito, ora nos arrastra al estancamiento.

Elecciones de jueces

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La independencia judicial es imprescindible para que una democracia liberal pueda garantizar un Estado de Derecho digno de tal nombre. Cuando los principales nombramientos de los cargos judiciales son realizados por políticos, las presiones sobre los juzgados y tribunales son exponencialmente mayores y, como consecuencia de ello, la corrupción política termina contaminando a jueces y magistrados.

La evolución institucional de muchas jóvenes democracias, como la española, se ve deteriorada por la ausencia de independencia de los órganos rectores y de los tribunales superiores de justicia.

Recientemente, en diferentes estados federales de los Estados Unidos de América se han celebrado elecciones de jueces con una transparencia y un alcance institucionales que son difíciles de observar en otras naciones.

Por ello, resulta interesante analizar brevemente el sistema de elecciones judiciales (1)(2) en Estados Unidos, aunque varía dependiendo de la Constitución de cada estado federal. Prevalecen los estados con elecciones partidarias, no-partidarias o mixtas. Pero, en menor medida, existen también elecciones legislativas, gubernamentales o por comisiones de selección.

Por citar un ejemplo interesante, el artículo 5 de la Constitución del Estado de Texas instaura un sistema judicial que consta de un Tribunal Supremo, un Tribunal de Apelaciones Criminales, Tribunales de Apelación (civiles), 437 Tribunales de Distrito, 254 Tribunales de Condado, Tribunales de Comisionados y Juzgados de Paz.

Texas celebró su elección primaria el 2 de marzo de 2010 y la elección general el pasado 2 de noviembre de 2010. Como consecuencia de las mismas, se eligieron jueces para ocupar tres puestos vacantes en el Tribunal Supremo de Texas (Debra Lehrmann, Paul Green, Eva Guzman) y también se eligieron jueces para los Tribunales de Apelación civil y criminal, entre otros muchos. Pero, sin duda, lo que más llama la atención es la elección por los ciudadanos de los jueces de los distritos y de los condados de Texas, ya que son los juristas que toman las decisiones más cercanas y que más afectan a la seguridad y la vida diarias en las localidades del estado.

Los tejanos votan en elecciones judiciales a aquellos profesionales del Derecho que consideran con mayor experiencia y capacitación para dictar sentencias en juzgados y tribunales con el objetivo de proteger eficientemente su vida, su libertad y sus propiedades. Desde luego, parece que las autoridades e instituciones de Estados Unidos confían más en la libertad de elegir de sus ciudadanos que la vieja Europa.

Quizás esa confianza en los individuos y en sus elecciones personales es el verdadero motivo por el que en Estados Unidos arraigó una democracia sólida, estable y con instituciones fuertes.

Todavía queda mucho camino institucional por recorrer en las democracias europeas, aunque algunos ciudadanos españoles nos conformaríamos con una reforma constitucional que permitiese que los 12 miembros del Tribunal Constitucional (artículo 159 CE) fuesen elegidos por los ciudadanos entre los jueces de mayor experiencia y prestigio del país, por ejemplo, por un periodo de 15 años o con un carácter vitalicio. Al menos, a priori, se establecería una protección judicial más seria y profesional de la Constitución, sin tener que observar apesadumbrados cómo se producen sentencias "politizadas" que están validando la destrucción de la igualdad ante la ley y la interposición de barreras comerciales, culturales e idiomáticas entre las diversas regiones de España.

Seguramente, otras personas preferirían aprovechar una reforma constitucional para garantizar la elección de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (artículo 122 CE) por los propios jueces o bien por los ciudadanos, por ejemplo, también entre magistrados senior y por 12 o más años.

Sólo así el órgano rector podrá actuar sin seguir criterios políticos a la hora de ayudar, promover, premiar o censurar las actuaciones y trayectorias de los jueces y magistrados.

Sólo así prevalecerán los jueces que actúan con ética profesional, velando por los derechos civiles, las garantías procesales y las sentencias ajustadas a derecho, en vez de tener que la sociedad padezca estrellas mediáticas sin escrúpulos, dispuestas a medrar retorciendo la legislación, manchando las puñetas con el fango de la corrupción moral y arrastrando la toga por la senda que marca la irresponsabilidad política.

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Vandalismo contra la Ley Sinde

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Sucede cuando grupos de extrema izquierda, o izquierda extrema, o como diga Pepiño que debemos llamarlos, organiza algaradas callejeras, rompe escaparates y pone silicona en las puertas de los comercios. Para ellos, muchas medidas que se aprueban en los parlamentos y se negocian en reuniones internacionales son clamorosamente injustas, y la protesta contra ellas justifica que se cometan ciertos desmanes, desde los piquetes de las huelgas hasta las algaradas extremadamente violentas que han tenido lugar cuando se ha reunido el G-8, 9, 20 o el número que sea.

Este martes puede aprobarse en el Congreso la Ley Sinde mediante un mecanismo legal pensado para acelerar los trámites legislativos a leyes que reúnen un amplio consenso. Dado que no es así, y que de hecho la Ley de Economía Sostenible lleva dando tumbos por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados hace ya más de un año, está claro que están cometiendo un fraude. La ley ataca las libertades de los ciudadanos y, por más que hayan puesto un parche, será una comisión la que, por vía administrativa, decida qué sitios web pueden cerrar y cuáles no. A la Audiencia Nacional se le deja un plazo brevísimo para decidir si se está violando o no el derecho a la libertad de expresión, y su participación es más una coartada que una salvaguarda.

Tenemos el derecho, y casi diría el deber, de protestar contra esta salvajada. Debemos hacer ruido, quejarnos a nuestros mal llamados representantes, aparecer en todos los medios de comunicación para que nuestra voz se oiga, castigar a estos impresentables en las urnas… pero lo que no podemos hacer es lo mismo que hacen esos grupos violentos de extrema izquierda, por más que el campo de batalla sea la red y no la vía pública.

Si los piquetes son malos, y lo son, hay que estar contra ellos sea cual sea la causa que defiendan. Ataquen a la casta política o, Dios no lo quiera, este mismo diario, que más de una vez y de dos ha sufrido este tipo de sabotajes. En caso contrario no seríamos ciudadanos responsables, sino hooligans de la política. Lo que se está haciendo estos días con diversos sitios web, desde los pertenecientes a partidos políticos hasta la SGAE, es un piquete. Todo lo virtual que se quiera, pero un piquete. Con su acción, están poniendo silicona en las vías de acceso a la web y están impidiendo que tanto los partidos políticos como los ciudadanos que quieren acceder a sus web puedan disfrutar de la libertad de hacerlo.

De hecho, tan grave me parece lo que está pasando que empiezo a verme empujado a defender que hoy se apruebe la malhadada Ley Sinde. Porque en caso contrario estaríamos enviando un mensaje muy peligroso: que la casta política ignora las razones y las protestas como Dios manda, pero hace caso cuando un grupo de vándalos se dedica al piquete y el sabotaje. Cuando se empieza a recorrer ese camino, puede que el primer paso sea un triunfo para las libertades, pero los siguientes nos llevan derechitos al infierno.

Los sindicatos generan paro

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

España cuenta, sin duda, con una de las legislaciones laborales más rígidas y arcaicas del mundo desarrollado. De ahí, precisamente, que la tasa de paro supere ya de largo el 20%, la más elevada de la Unión Europea. Pese a ello, los sindicatos no se apartan de su meta: condenar a millones de trabajadores al desempleo masivo y, por tanto, a la miseria.

CCOO y UGT, los sindicatos mayoritarios en España, aprovechándose del poder que les otorga la Constitución bajo la falaz etiqueta jurídica de "agentes sociales", acaban de registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular con el único fin de tumbar la reciente e insuficiente reforma laboral. Su particular Proposición de Ley para un "empleo estable y con derechos" pretende anclar las rigideces impuestas durante la dictadura franquista. Y es que, la clave de su propuesta, entre otras muchas sandeces, consiste, cómo no, en fortalecer hasta el extremo los convenios colectivos, impidiendo por todos los medios que las empresas puedan descolgarse libremente de los mismos.

La figura del convenio es la soga, la mordaza, la cadena que estrangula e impide la necesaria flexibilidad que precisa España para para volver a generar empleo. Que sindicatos y patronal impongan las condiciones salariales y laborales a millones de trabajadores y empresarios con independencia de sus necesidades específicas supone una completa aberración jurídica y económica, aparte de una injusticia moral. Esta especie de molde colectivo, ideado en favor de los intereses de los sindicatos obreros y empresariales, supone un corsé que, según se apriete más o menos, acaba por ahogar el ya de por sí escaso libre mercado que opera en el ámbito laboral.

El resultado es más que evidente. España cuenta con una tasa de desempleo próxima al 21% y, lo que es aún peor, millones de personas siguen engrosando las filas de "parados de larga duración", síntoma de las dificultades existentes para reintegrarse en el mercado laboral. El problema es que, de mantenerse esta situación en el tiempo, el principal problema en las encuestas ya no será el paro sino la marginación y la pobreza.

Los convenios impiden dos ajustes básicos. Por un lado, dificultan en gran medida la necesaria reducción de salarios. Los sindicatos siguen impulsando el aumento salarial pese a la actual coyuntura económica, arguyendo que un mayor poder adquisitivo impulsará de nuevo la demanda agregada y, por tanto, las ventas, iniciándose así un particular bucle de reactivación económica. Pero, en realidad, sucede todo lo contrario. España no necesita que algunos ganen más, sino que los millones de desempleados encuentren trabajo para obtener así unos ingresos regulares. El empleo no es más que otro factor de producción. Y si éste se encarece en un momento en el que los puestos escasean es evidente que la imposición de alzas salariales impedirá el necesario ajuste (más paro).

Pero la clave radica, sobre todo, en la engañosa utilización de términos tales como "demanda y oferta agregada". La economía es una materia mucho más compleja y sofisticada que tales conceptos y, por supuesto, nada tiene que ver con los modelos estáticos propios de la ciencia económica dominante.

Así, tal y como explica Hayek en Sindicatos, ¿para qué?, "si bien la posibilidad de vender cantidades diferentes de una sola mercancía depende, naturalmente, de la magnitud de su demanda, la posibilidad de vender un conjunto de gran variedad de diferentes mercancías no tiene relación sencilla con la suma de las demandas de todas ellas juntas. Si la composición o distribución de la demanda de los diversos productos es muy distinta de la composición o distribución de la oferta, ninguna magnitud de demanda total asegurará que el mercado se liquide. Cuanto mayor sea la diferencia entre la composición de la demanda y la composición de la oferta, tanto menos podrá conseguirse una correspondencia entre el conjunto de la demanda y el conjunto de la oferta a no ser mediante un cambio en las cantidades relativas, lo cual, a su vez, sólo podrá lograrse mediante un cambio en los precios relativos de los diferentes productos y servicios, comprendidos los salarios".

Es decir, la tasa general de empleo dependerá del grado de correspondencia entre la distribución de la demanda y de la oferta. Y es, precisamente, la distribución de la oferta la que deberá adaptarse a la distribución de la demanda. Pero dicho ajuste en la estructura productiva dependerá, a su vez, de la flexibilidad de los precios relativos, ya que son éstos, y particularmente los salarios, los únicos capaces de producir ese cambio continuo de la distribución de la oferta para adaptarse a la distribución de la demanda. "Es esta incesante adaptación de los salarios relativos a las magnitudes siempre variables, en las cuales la demanda igualará a la oferta en cada sector, lo que se han empeñado en impedir los sindicatos", Hayek dixit.

El inicio del fin de las cajas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que, con esta declaración se deja una puerta abierta a la privatización total de la entidad, saltando así una espita que hasta ahora permanecía cerrada.

Cuando PP y PSOE acordaron el pasado verano la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), la mayoría de analistas y medios de comunicación centraron su atención en las grandes líneas básicas que contenía la norma, tales como la posibilidad de emitir cuotas participativas de hasta el 50% del capital con "derechos políticos" similares a las acciones de una compañía privada, la posibilidad de integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) para facilitar la financiación en los mercados o la tan manida profesionalización de las directivas.

Sin duda, medidas todas ellas relevantes en comparación con la regulación de cajas de ahorro existente hasta entonces. Sin embargo, muy pocos destacaron el cambio más trascendental y revolucionario contenido en la reforma: la privatización total de las cajas.

La Ley permite a las cajas optar entre un abanico de cuatro figuras jurídicas, según convenga o decida cada una, con el fin de adaptarse del mejor modo posible a la crisis financiera que azota a España. Las citadas vías son: mantenerse como caja de ahorros; integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP) que, en realidad, no es otra cosa que una unión de cajas; ceder su negocio financiero a un banco, pero manteniendo su condición de caja (conservando el 50% del capital); y, finalmente, transformarse en fundación.

Esta última opción es, precisamente, la que permite la privatización total de la entidad. En ese caso, la caja (que ya no sería tal) cedería todo su negocio financiero a un banco en el que participa de forma minoritaria (menos del 50% del capital). Y, según la ley, al perder el control mayoritario, la entidad estaría obligada a convertirse en una mera fundación dedicada exclusivamente a obras sociales, sin posibilidad de gestionar tan siquiera su cartera industrial.

Así pues, transformarse en fundación permite la privatización total de las cajas y su reconversión en bancos, ya que el capital privado pasaría a controlar la entidad. Hasta ahora, la necesaria reestructuración financiera se ha iniciado mediante la fusión de cajas y configuración de SIPs, de modo que el número de entidades pasará de 45 a 18. Sin embargo, esta primera ronda no ha solventado el principal problema de las cajas: la acumulación y concentración de créditos inmobiliarios de alto riesgo que, en muchos casos, nunca serán devueltos. La cuestión es que las cajas precisan captar nuevo capital para tapar tales agujeros o bien fortalecer sus balances de cara a las nuevas exigencias que impone Basilea III.

El ejercicio resultará imposible para muchas de ellas si se empeñan en mantener su estatus de caja de ahorros o SIP ya que, en tal caso, el control de la entidad seguirá en manos de los políticos, lo cual desincentivará la entrada de nuevos inversores mediante la emisión de cuotas participativas. Pero si la caja se convierte en fundación, cediendo el control mayoritario al capital privado (banco), el panorama cambiaría por completo, ya que facilitaría enormemente la captación de fondos. La primera caja que opte por esta vía no sólo sentará un valioso precedente sino que, muy posiblemente, saldrá fortalecida de la crisis, marcando de paso el camino correcto al resto.

Nuestro derecho a educar

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar por motivos jurídicos. La Constitución no prohíbe a los padres educar en casa y no obliga a escolarizarlos. Como mucho, obliga a que los niños reciban una educación. El argumento de María Emilia Casas en la sentencia es estupefaciente. Dado que la Constitución no prohíbe que la ley prive a los padres del derecho de ser ellos los educadores, será válido lo que diga la ley del momento. Y entiende que la actual ley educativa sí niega ese derecho. Recordemos que el Constitucional tiene que juzgar las leyes en función de que se adecuen o no a la Constitución. Aquí hace todo lo contrario. Interpreta la Constitución en función de lo que diga una ley de rango inferior.

Por si ello fuera poco, lo que sí prevé la Constitución es que España firme tratados internacionales, como la Carta de Derechos del Hombre, de 1948, que reconoce el derecho de los padres de educar a sus hijos, o la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que dice lo siguiente: "Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas". Es decir, que reconoce el derecho de los padres de enseñar a sus hijos según la metodología pedagógica que consideren más adecuada. Y es evidente que no tienen por qué encontrarla en la educación reglada.

Todo ello aparte de que la familia había educado a sus hijos con un éxito académico que todos, incluidos desde luego los padres de María Emilia Casas, hubiésemos querido para nuestros hijos. Y todavía hay mucho más que decir sobre la sentencia.

La enseñanza en casa no está muy extendida. Y, además, esto es una sentencia, no una ley, de modo que no va a cambiar mucho esa realidad tras la decisión del Tribunal Constitucional. Pero la última libertad que poseemos todos es la de obviar al Estado, declararnos en rebeldía frente a sus normas injustas y organizar nuestra vida como la entendamos. Y estamos hablando de nuestros hijos y nuestro modo de educarles, de modo que sí, es nuestra vida y nadie tiene derecho a decidir sobre ella, aparte de nosotros. La libertad de estas familias es la nuestra y es mucho lo que nos jugamos en esta nueva lucha del Estado contra nuestros derechos.

El Tribunal Constitucional y el derecho a la educación

Escrito por Laura Mascaró en . Publicado en Análisis diario.

El Tribunal Constitucional dicta una sentencia y los medios de comunicación acceden a ella antes de que el recurrente sepa siquiera que se ha fallado sobre su recurso. Así es España, amigos.

Durante años, los Tribunales españoles han dictado sentencias favorables a las familias que educan –educamos– en casa porque no existe ninguna ley que lo prohíba y, por tanto, rige el "Principio de Permisión": lo que no está expresamente prohibido, se considera permitido. El Estado no puede limitar derechos y libertades si no es por medio de una ley específica. Además, nos amparan la Constitución Española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora va el TC y se saca de la manga una sentencia plagada de imprecisiones jurídicas, en la que eleva la escolarización a la categoría de “derecho del menor”, pero un derecho que es obligatorio y que está por encima de la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos.

Al Ministerio Fiscal se le fue la pinza y argumentó que “la educación en el hogar debe cumplir unos requisitos”. Que yo sepa, ninguna ley española establece requisitos para educar en casa, porque ninguna ley española reconoce explícitamente esta posibilidad. Pero ahora el Ministerio Fiscal nos ilustra y nos indica qué requisitos debemos cumplir, a saber: “por un lado, que su finalidad obedezca al pleno desarrollo de la personalidad humana y, por otro, que esté asegurada la suficiencia de contenidos, ya que es principio constitucional la habilitación a los poderes públicos para homologar e inspeccionar el sistema educativo”. Y se quedan tan anchos, oye.

Al principio, pensaba que el TC y el Ministerio Fiscal no dominaban el uso del lenguaje. Pero veo que lo que no dominan es el Derecho. Y, por si fuera poco, luego llegan los medios de comunicación y terminan de liarla parda con un amarillismo que no le hace bien a nadie. ¿Dónde han estado los medios cada vez que ha salido una sentencia favorable al homeschooling?

De repente, la comunidad homeschooler española está en estado de alarma porque a alguien se le ha ocurrido interpretar la sentencia del TC como si fuera una ley orgánica que nos obligara a todos a escolarizar. La Asociación para la Libre Educación ha tenido que hacer una llamada a la calma porque algunas familias han creído que esto era algo así como el fin del mundo (del mundo homeschooler español, al menos). En su comunicado oficial inciden en el hecho de que una sola sentencia no crea jurisprudencia y de que una sentencia no es equiparable a ninguna ley.

Veo el tratamiento que los medios de comunicación (salvo contadas excepciones) hacen del tema; leo comentarios anónimos en internet; veo el miedo que tienen las familias y me pregunto en qué clase de país vivimos. No sé si somos conscientes de lo que está en juego. No digo que el homeschooling sea la panacea y que todos debamos hacerlo, no digo eso. Pero sí creo profundamente en la libertad de elegir. Y tengo la convicción de que, si cedemos en la educación de nuestros hijos, lo habremos perdido todo.

*Al terminar de escribir este artículo, leo que el P-Lib se ha posicionado a favor del homeschooling y en contra de la sentencia del TC. Es –y supongo que será- el único partido español que se atreve a mojarse en un tema como éste.

Richard Cantillon: Contribuciones a la teoría monetaria

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

La vida y obra de este francés de origen irlandés está rodeada de misterio. Nacido en 1680 y fallecido probablemente de un asesinato en 1734, llevó una vida azarosa donde destacó en sus exitosas actividades como comerciante y banquero.

Como teórico de la economía, escribió sólo una obra, el Essai sur la nature du commerce en général (Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general), publicada póstumamente en 1755, y escrita posiblemente durante los últimos años de su vida. Escribe en la época mercantilista, si bien es considerado por algunos autores como un –matizado– “anti-mercantilista”, precursor de las ideas liberales del periodo clásico.

No obstante su brevedad, es una obra donde expone sintéticamente buena parte de los principios económicos, con excepción de los tributarios. Su influencia fue muy importante en la época en la que lo escribió y se publicó, aunque años más tarde fue olvidada. Pasó alrededor de un siglo hasta que fuera redescubierta por el economista británico W. Stanley Jevons, quien calificó el Essai como “la cuna de la economía política”. De esta opinión fue también el austriaco Rothbard, quien consideró a Cantillon como el verdadero padre de la economía.

Como todo libro importante, su riqueza de detalles y matices abre la puerta a interpretaciones distintas. Así, las ideas de Cantillon han servido de inspiración a distintas corrientes de pensamiento –clásicos, neoclásicos, fisiócratas, austriacos, e incluso marxistas–, que le han tomado como uno de los precursores.

Sus contribuciones se extienden, entre otros campos, a la metodología, al comercio internacional, a la teoría del funcionamiento del mercado, la teoría del empresario como motor de los procesos económicos o la teoría del ciclo económico.

Pero “es en el área de la teoría monetaria donde su genio brilló con más plenitud”, sostienen Ekelund y Hebert en su manual clásico sobre la historia del pensamiento económico. Asimismo, Hayek dice, con relación a su teoría monetaria, que “constituye indudablemente el mayor logro de Cantillon. Por lo menos en este campo, Cantillon fue sin duda la más grande de las figuras preclásicas […] Los logros de Cantillon rivalizan con los de todos los otros pioneros de la teoría monetaria”.

Repasamos a continuación sólo algunas de las contribuciones de Cantillon a la teoría monetaria:

El origen del dinero

Aunque la teoría sobre los orígenes del dinero como un resultado espontáneo del mercado, fruto de la utilidad y necesidad de los agentes por superar los obstáculos del trueque primitivo, se atribuyen a Carl Menger (1892), Cantillon ofrece un esbozo de por qué el oro y la plata fueron finalmente seleccionados por el mercado como dinero históricamente.

Inflación, teoría cuantitativa y “efecto Cantillon”

Advierte de que la expansión monetaria o la adulteración de la moneda por parte de las autoridades conducen al aumento generalizado de los precios. Pero Cantillon va más allá de la simple y mecánica teoría cuantitativa del dinero, y realiza una descripción detallada y microeconómica de la forma en que un aumento de la cantidad de dinero afecta progresivamente a los diferentes precios. Así, la variación en la oferta monetaria genera cambios en la estructura de precios relativos –no solo modificaciones en un nivel de precios–, y por tanto, efectos reales sobre la economía, desligándose de la idea de la neutralidad del dinero. Cantillon identifica claramente a ganadores y perdedores como consecuencia de la inflación, por lo que ésta es fuente de redistribución de rentas. Estos efectos dependerán de por dónde entra el nuevo dinero en la economía, y por qué manos pasa en primer lugar.

Además, Cantillon observó dos efectos distintos que los aumentos en la oferta monetaria podían generar sobre los tipos de interés. Así, si el nuevo dinero pasaba a las manos de los prestamistas, se aumentaba la oferta de fondos prestables, lo que contribuía a reducir los tipos de interés. Pero si ese dinero era gastado, generaría un estímulo en la producción de los sectores que ven incrementada su demanda, lo que podría llevar a que los agentes aumentaran la demanda de préstamos, y ello hacer subir los tipos de interés. 

Otras aportaciones

Introduce el concepto de la velocidad de circulación del dinero, tratando sobre los factores que la determinan, y destacando su importancia en la determinación del valor del dinero.

Analiza los efectos de una reducción temporal del tipo de interés provocado por un aumento en la cantidad de dinero, pero rechaza la concepción del interés como un fenómeno monetario, considerándolo como función de la oferta y la demanda de los fondos prestables.

Se dio cuenta de que puede tener sentido atesorar dinero por motivo precaución, “manteniendo fuera de la circulación pequeñas sumas de dinero contante, hasta que reúnen la suficiente cantidad para colocarla a interés o con beneficio”. Esto puede suceder incluso durante periodos prolongados, en el caso de “gentes avaras y medrosas que entierran y atesoran sin cesar el dinero efectivo” (Cantillon, pp. 96-97).

A pesar de la lucidez de estos aportes, que venían a mejorar la comprensión acerca de los fenómenos monetarios e introducir complementos relevantes a la “ingenua” teoría cuantitativa del dinero –en expresión de Hayek–, la línea del pensamiento macroeconómico dominante (desde Fisher a Keynes, pasando por Friedman) parece no haber absorbido suficientemente estas ideas de Cantillon, que están muy relacionadas con su enfoque microeconómico y desagregado de estos fenómenos monetarios.

Los republicanos no han captado el mensaje

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Básicamente, el trato tiene dos pilares. Por una parte, los republicanos han pedido aplazar las rebajas fiscales a aquellos con unos ingresos superiores a 250.000 dólares anuales y, en contrapartida, los demócratas proponen alargar durante trece meses los subsidios de desempleo.

Este tema ha dado mucha controversia. Michael D. Shear, un periodista del New York Times se ha asombrado de que los enemigos más virulentos del Tax Deal hayan sido los partidarios del libre mercado. ¿Pero es realmente una contradicción?

Uno de los principios de los defensores del libre mercado, representado en Estados Unidos por algunos Tea Party, es un Gobierno pequeño basado en el principio clásico de presupuestos equilibrados en lo concerniente a las cuentas del Estado. La primera sorpresa de los partidarios del libre mercado es que muchos congresistas republicanos que aún no han jurado su cargo han tirado por el suelo todo aquello que habían prometido. El resultado del Tax Deal se traduce en un Gobierno más grande.

Presupuestos equilibrados y responsabilidad fiscal no significa, por definición, aumentar el gasto del Gobierno con más subsidios, más estímulos, ni permitir que la Reserva Federal derroche 600.000 millones de dólares con planes que no funcionan. Desde que Bernanke anunció la segunda inyección masiva (quantitative easing, o QE) los tipos a largo han subido más de un 10%. El objetivo era el contrario, es decir, que bajaran. Se está confirmando lo que ya rondaba en el mercado, y es que la FED no tiene suficiente capacidad de fuego como para bajar la rentabilidad del bono a 30 años y se centra en los plazos de 2 y 10 años. ¿Cuántos planes de estímulo vendrán? Al final el dólar no va a servir ni para envolver el bocadillo de la merienda.

A este descontrol de gasto, los políticos de Washington añaden otra locura que contradice la idea de presupuestos equilibrados: bajar impuestos. Los impuestos solo se pueden bajar si el Gobierno deja de gastar. Más gasto con menos impuestos garantiza más problemas en el futuro. Esa fue la política de Ronald Reagan que ha durado hasta hoy. Mientras que Reagan bajaba los impuestos con una mano, con la otra derrochaba lo que no tenía.

Los que se oponen al Tax Deal no han perdido la cabeza ni se limitan a decir no a todo. Simplemente aplican el más básico sentido económico. Solo hay un camino para que tanto Estados Unidos como los demás países mejoren las condiciones de sus ciudadanos: Gobierno pequeño, diminuto; dinero sano y presupuestos equilibrados. Cualquier fórmula que no sea ésta llevará a todas las naciones a nuevas burbujas, más impuestos en el futuro, más pobreza y mayor desigualdad social.

La discusión no viene en cuánto bajar los impuestos. Si los burócratas no estuviesen tan empeñados en crecer y aumentar conforme a sus intereses individuales y corporativistas, tendrían que dar por sentado que el objetivo de cualquier impuesto es rondar el cero por ciento. Los partidarios del libre mercado esperan, en Estados Unidos y el resto del mundo, que se creen políticas reales con recortes de gasto agresivos. No es difícil como nos quieren hacer ver. Lea este artículo de Andrés Velázquez, Propuestas en la WWW para reducir el déficit público. El autor se pregunta: ¿por qué no eliminar el Senado y ahorrarnos más de 3.000 millones de euros? Noruega, Suecia o Dinamarca no tienen Senado. ¿Y las pensiones vitalicias de los políticos? ¿Y las ayudas a sindicatos, partidos, fundaciones, etc.? Nos podríamos ahorrar más de 40.000 millones de euros.

Ningún político de ningún color, ni país, es bueno para el ciudadano. La revolución del Tea Party no se va a traducir en un cambio real. El problema ha sido que los americanos de buena voluntad han confiando sus derechos y prosperidad al monopolio de la fuerza, el de la política y el Gobierno. Seguimos sin encontrar el camino.

Progresismo, guerra y democracia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El progresismo es la expresión política de la fe, sí, en el progreso. ¿Cómo culpar a nadie de tener ese convencimiento a finales del XIX y comienzos del XX? La riqueza y sus signos florecían. Son fáciles de achacar a la ciencia, a la razón, y convertir a éstas en el deus ex machina del relato. Si la razón nos da la capacidad de imaginar una sociedad perfecta, y la ciencia, con su hermana bastarda, la tecnología, nos dan los medios necesarios para construirla, ¿a qué esperamos? Sólo necesitamos a las personas más capaces, audaces y entregadas a la ardua labor de la perfectibilidad humana. Hay suerte. De algún modo, nunca faltan.

También se necesita libertad. Pero una nueva libertad, no “ese concepto altamente formal y limitado” de los liberales clásicos, decía John Dewey. No, nada de limitar la coacción. La libertad es “el poder efectivo de hacer cosas específicas”. Woodrow Wilson señalaba que la libertad no era ya la de Jefferson. “Hoy la libertad es algo más que el hecho de que te dejen en paz. El programa de un gobierno de libertad debe ser en estos días positivo, no meramente negativo”. De acuerdo con William Willoughby, el progresismo “busca la acción del Estado como el único medio practicable a la vista, de dar al individuo, a todos los individuos, no sólo a una clase social económicamente poderosa, una libertad real”. Es decir, la capacidad de “hacer cosas”, como dice el filósofo.

Por eso, con la excepción de Randolph Bourne, los progresistas se sintieron extasiados con el estallido de la Gran Guerra y la participación de los Estados Unidos en ella. Era la gran ocasión para someter a todos a un propósito común, por lo que “las posibilidades sociales de la guerra”, en expresión de Dewey, eran enormes. La crisis aparejada a la guerra ofrecía la posibilidad de “un uso más consciente y extenso de la ciencia para fines comunales”. George Creel, periodista, director del Comité de Información Pública dedicado a la propaganda bélica, creyó que el conflicto aceleraría la solución de “los inveterados problemas de la pobreza, la desigualdad, la opresión y la desdicha”. Con escasas excepciones, los líderes negros se sumaron al entusiasmo de los progresistas. Desde la proclamación de la emancipación y las Enmiendas 13 y 14, los negros mayoritariamente han identificado su progreso con la actuación de un gobierno federal fuerte. Esa fe apenas ha cambiado.

“Las libertades civiles”, dice Eric Foner en The Story of American Freedom, “nunca habían sido una preocupación del progresismo, que siempre vio el estado nacional como la encarnación del propósito democrático”. Ambos elementos, la exaltación de la guerra y la desconsideración hacia los derechos individuales, llevaron en plena época progresista estadounidense al mayor ataque a la libertad de imprenta de su historia. Se habla mucho de Joe McCarthy, pero él jamás pudo alcanzar el nivel de control de la opinión pública desde el Estado que lograron los progresistas en el poder.

Todo ello es lógico. Pero hay elementos del progresismo histórico que pueden resultar más chocantes. Para ellos, el principio democrático prevalecía sobre el individuo y sus derechos; al fin y al cabo, achacaban al individualismo gran parte de los males sociales. Pero ese democratismo debía conjugarse con el sometimiento de la política a la razón, y eso no es fácil. Hay que jugar con el censo electoral. Concedieron el derecho de voto a la mujer en la confianza de que eran una fuerza electoral independiente, que podría orientar la política hacia el bien común.

Pero no fue lo único que hicieron. Entonces, el concepto de raza, que no era solamente anatómico, empapaba la forma de pensar de la gente. Sigamos con Foner: “Los afroamericanos estaban excluidos de prácticamente cada definición progresista de libertad”, pues se ve que tenían muchas. “En algún sentido, la retirada del derecho al voto de los negros del sur era una reforma típicamente progresista; un paso, según decían sus defensores, hacia la mejora del electorado”. Los test de inteligencia de los reclutas del Ejército “parecían confirmar ‘científicamente’ que los negros, los irlandeses americanos y los nuevos inmigrantes estaban muy por debajo de los protestantes blancos en la escala de test de inteligencia”. David Sothern ha recogido que el aumento de los linchamientos, la negación del derecho al voto y la segregación en el sur en el comienzo del siglo “fueron de la mano de las formas más avanzadas del progresismo sureño”. La búsqueda de una sociedad perfecta puede llevar a políticas menos perfectas.