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David Cameron ya tiene a sus mineros particulares

Mucho se ha hablado, comentado y desmentido de los parecidos entre el actual Primer Ministro y Margaret Thatcher. Hemos de decir que no son dos figuras calcadas, como tampoco lo son la ideología conservadora que practican ni los aliados que han buscado.

Un buen ejemplo es que David Cameron no concibe una relación tan estrecha y cercana con Obama como en su día estableciera la “Dama de Hierro” con Ronald Reagan. Por su parte, aquélla no se atrevió a dar pasos tan radicales hacia la Unión Europea como los que ha efectuado el nuevo gabinete. En este escenario, David Cameron y William Hague (Ministro de Exteriores) han establecido una suerte de listado de cosas que no se harán durante su legislatura (por ejemplo, la negativa a convocar un referendo sobre el euro).

Sin embargo, existe un nexo que los une y que va más allá de la ideología. La aparición de una oposición doméstica no personificada particularmente en su rival laborista, sino en determinados espectros sociales. En el caso de Margaret Thatcher, fueron los mineros; en el de David Cameron, los estudiantes universitarios. En ambas situaciones los dos líderes han optado por no ceder. La pregunta es, en consecuencia, ¿obran, u obraron, así por dogmatismo? No. La causa es otra bien distinta y tiene que ver con una cuestión de principios e incluso de valores, de tal modo que son las razones de Estado las que justifican su proceder.

Margaret Thatcher hubo de combatir a los mineros. La pugna se prolongó durante varios años, ocupando la primera legislatura entera (1979-1983) y el inicio de la segunda. Lo fácil hubiera sido dejarse doblegar y aceptar los puntos de vista (filocomunistas) del líder de los mineros Arthur Scargill, cuyo poderío y fortaleza venían dados por la política de barra libre practicada por el laborismo de Harold Wilson y James Callagham en los setenta. Thatcher no se rindió y sí, por el contrario, acabó con el conjunto de privilegios de los que gozaba este sector, acostumbrado, como el resto del mundo sindical, a muchos derechos y pocas responsabilidades.

En el caso de David Cameron son los estudiantes universitarios los que se han convertido en sus mineros particulares. Se oponen a la subida de las tasas universitarias, muchas veces empleando argumentos marxistas que apelan a los orígenes sociales del líder tory. Durante el mes de noviembre provocaron varios disturbios en Londres. Entonces, cogieron a la policía desprevenida y pudieron llegar hasta la Torre Millbank (sede del Partido Conservador en Londres).

La segunda vez, los servicios de seguridad fueron más previsores; de ahí que la ira de sus protestas se canalizara hacia el socio de la coalición de gobierno, el liberal-demócrata Nick Clegg, al que acusaron de “traidor”. Está claro que las “raíces intelectuales” de este grupo de jóvenes aspirantes a revolucionarios no se hunden en los John Locke, Adam Smith o David Ricardo. Por el contrario, sus referentes están en la izquierda más rancia (aquella que amenaza con acabar con el capitalismo), cuyo carácter destructor veneran, y que en última instancia aspira a imponer los postulados de unos pocos a la gran mayoría. Así ha sido históricamente.

Sin embargo, no tiene pintas de ceder el Primer Ministro. Las medidas de austeridad que está llevando a la práctica obedecen a la depauperada situación de la economía en Reino Unido. Asentir ante los estudiantes sería lo fácil y una reacción cortoplacista. Los buenos tories siempre han apostado tanto por el largo plazo como por buscar el interés de la mayoría aún en las situaciones más adversas. David Cameron sigue con la tradición o, como dijo recientemente William Hague, para escándalo de Ed Miliband, “mejor ser hijos de Thatcher que de Gordon Brown”.

Anarcocapitalismo. Crisis de la democracia y el Estado Nación

Hay muchas razones para considerar el anarcocapitalismo un escenario superior al de la democracia. Muchas personas no lo conciben por su apego al sistema. No se dan cuenta de que pueden existir sistemas diferentes. Es la fatal arrogancia de los demócratas. El pensamiento único les invade y convierte en establishment de una sociedad colectivista.

Uno de los fallos de la democracia es que su sistema de mayorías sólo es operativo en comunidades reducidas, donde todos los miembros de la comunidad se conocen y pueden argumentar entre sí, o también, en un sistema con una democracia duramente delimitada. El sistema de un hombre, un voto, siempre llevará al populismo. Algo tan claro ya lo vieron los padres fundadores de los Estados Unidos (Democracia frente a República). Acertadamente, los padres fundadores asemejaron democracia con la semilla de la Oclocracia, donde los gobiernos y políticos dirigen un país a través de las emociones de sus ciudadanos. Es el famoso pan y circo al que hemos asistido en los últimos 100 años. Su cúspide lo vemos ahora con dirigentes como Zapatero en España, Obama en Estados Unidos y Hugo Chávez en Venezuela. No venden gestión de gobierno, sino ilusiones y trucos de magia. La democracia se estructura en una oligarquía política y usa las armas de la oclocracia para llegar al Poder y legislar.

Un gobierno que domina a más de cuarenta millones de personas no puede ser efectivo bajo un sistema democrático. Las opiniones son demasiado diferentes, los intereses demasiado contrapuestos y las presiones políticas, demasiado acusadas. Uno de los enemigos de la democracia es el volumen. Imaginemos un mundo mundial. ¿Quién sería mayoría? China, la India y Rusia, probablemente. ¿Se imagina qué ocurriría? Tales gobiernos usarían la fuerza de la ley y la política para vivir a costa de occidente. Tendríamos altos impuestos y nos impondrían su cultura mediante la ley. Por supuesto, sería para nuestro bien común.

Este crecimiento de la democracia ha venido por el aumento del Estado, el Estado Nación. Un gobierno de gobiernos que se ha ido creando mediante guerras, asesinatos y tratos políticos. Algo totalmente opuesto al concepto voluntario de los medios económicos de Oppenheimer.

Expresado de una forma más llana. No sólo el gobierno es demasiado grande, también los pilares en los cuales se fundamenta, como el concepto de Estado Nación y Democracia. Una sociedad anarcocapitalista, basada en el principio de “no agresión” y en la voluntariedad de los actos, ha de pasar inevitablemente por la desaparición del Estado Nación y la democracia. Éstos son conceptos que han crecido más que el propio individuo, absorbiendo y transformando, no en un medio para servirlo, sino en un fin mismo. El individuo, pues, es una herramienta más para servir al sistema.

Muchos liberales clásicos añaden otra variable a su utópico sistema de gobierno limitado, estado nación (y el sentimiento de éste, el patriotismo) y democracia. La quimera de la "Sociedad Abierta". Otra absurdidad más incompatible con el sistema actual. El concepto de sociedad abierta proviene del filósofo Henri Bergson, que la definió como el de un gobierno transparente, justo y atento a las inquietudes de sus ciudadanos. Hemos necesitado un Wikileaks para que muchos vean que esto no puede existir y que los gobiernos precisamente se caracterizan por vivir a costa de sus ciudadanos, de mentirles y otorgar derechos a grupos de poder privilegiados, los lobbies.

En una sociedad enorme, de millones de personas, no entra en la lógica que todos los católicos toleren a anticatólicos. Racistas a antirracistas. Keynesianos a ‘austriacos’ y ecologistas a antiecologistas. Todos aquellos grupos que no sean netamente liberales —que siempre serán minoría— y defiendan valores colectivistas, ya sea desde la parte del socialismo o conservadurismo, harán lo imposible para acallar a su grupo rival. Todos ellos crearán lobbies para presionar al gobierno de turno y que éste actúe en su conveniencia para hundir al opositor. Ocurre lo mismo que con la democracia, el concepto de sociedad abierta sólo puede producirse en grupos pequeños. A medida que crece, los medios políticos usan esta idea, mediante la oclocracia, para imponer su corporativismo e intereses personales.

La democracia ha crecido demasiado. Es insostenible. El Estado Nación es el principal pilar que la mantiene derecha. Así como los hombres se agrupan a medida que avanza su vida, escogiendo a amigos que le asemejan o buscando parejas que son iguales a ellos, lo mismo ha de ocurrir en grandes conjuntos de masas. El anarcocapitalismo es la solución a un sistema podrido donde cada persona forma sociedad con sus pares y similares, olvidando las imposiciones políticas de dónde ha nacido. De hecho, en Estados Unidos ya existe: las HOA (Home Ownership Associations). Las únicas fronteras son privadas y voluntarias. Así como la globalización económica es el camino a una mayor prosperidad, la globalización política de un Gobierno mundial o un Estado Nación es la garantía de una sociedad atrapada en las fauces de sus políticos, viciada por el populismo (oclocracia), el robo (impuestos), la guerra y la violencia de la ley.

Sólo conseguiremos libertad plena cuando la democracia caiga junto al concepto de Nación Estado. Entonces sí que podremos hablar de una sociedad abierta real donde grupos de individuos se reúnan en un espacio físico para convivir sin necesidad de políticos ni estados.

Terrorismo económico antipatriota

España no es Irlanda, nos dicen, y quien opine lo contrario no es más que un irresponsable propagador del terror económico y enemigo del Estado español.

Desde que comenzó la crisis hemos tenido varias escenas similares. Quizá la más sobresaliente sea la que protagonizaron miembros del Gobierno, con Zapatero a la cabeza, diciendo que aquí no nos iba a afectar la crisis subprime de los americanos. ¡Cómo nos iba a afectar, con un sistema adecuadamente regulado por las autoridades, lejos del capitalismo salvaje estadounidense!

Tras varios meses negando empecinadamente la crisis y acusando de antipatriotismo a la oposición, no hubo más remedio que decir que sí, que bueno, que estamos en crisis, pero que ésta se debía a la crisis financiera global originada en los Estados Unidos. En esos momentos había que preocuparse lo justo para aplicar algún plan de estímulo que les permitiera decir lo mucho que estaban haciendo por sostener el empleo y la actividad económica. Llevar a cabo reformas estructurales se veía como algo innecesario, ¿para qué, si contamos con un sistema que es paradigma de protección a los trabajadores y diálogo social?

Nuevamente el tiempo les quitó la razón, y se vieron obligados a anunciar medidas que fueron vendidas de ambiciosas, en un claro y firme compromiso del Gobierno de capear la situación, sin importar los costes políticos en los que se incurrieran. Se trataba de un ejercicio de responsabilidad, nos decían. La misma responsabilidad que les ha llevado a aprobar una reforma laboral muy tímida, y unos recortes del gasto que todavía están por ver.

Entretanto, se fueron sucediendo los ataques del Gobierno a la presunta conspiración de los inversores internacionales por hundir a España. Querido inversor, compre nuestra deuda pública, pero por favor, no sea tan avaricioso y especulador de venderla.

Ahora toca decir que España no tiene nada que ver con Irlanda, que nuestra situación económica está a años luz de la de los tocados PIGS. ¿No veis, panda de ignorantes especuladores, que el ratio de deuda pública respecto al PIB está en un nivel envidiable?, argumentan.

En este contexto, a quienes no comulgan con la visión oficial del Ejecutivo, se les vuelve a tildar de antipatriotas cuya máxima afición es sembrar el terror con el objetivo de hundir a España, para así quitar a Zapatero del poder. ¡Tamaño ejercicio de irresponsabilidad!, acusan.

Y uno se ve tentado a responder: ¿de qué responsabilidad están hablando, señores políticos socialistas? ¿De la responsabilidad por la que han cerrado los ojos ante una realidad más que evidente, siendo incapaces de tomar medidas duras y necesarias e implementarlas? ¿De la responsabilidad por la que han mentido constante y descaradamente a la ciudadanía?

Es la responsabilidad de los irresponsables, de aquellos que nos están abocando al borde del precipicio… como ya han hecho a lo largo de nuestra historia.

El injerto de la criminalidad corporativa

Este próximo 23 de diciembre entrará en vigor la última reforma de nuestro Código Penal. Entre sus novedades más destacadas está la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, una empresa radicada en España podía ser sancionada civil o administrativamente; en breve, podrá serlo también penalmente.

En EEUU esto viene siendo así desde hace un siglo, cuando el Tribunal Supremo estableció allá por 1909, en el caso New York Central & Hudson River Railroad Co. v. US, el principio en materia penal de respondeat superior, es decir, una corporación debía responder penalmente por actos realizados por sus directivos o empleados dependientes de aquéllos. Con ello, empezó a tomar cuerpo la llamada responsabilidad penal colectiva y vicaria de las personas jurídicas, que es extraña a los principios penales clásicos y que, desde entonces, se ha ido propagando a otros ordenamientos jurídicos.

El abandono en las últimas décadas del principio clásico penal de societas delinquere non potest (ahora tildado de viejo axioma) se está produciendo en la práctica totalidad de los países de la OCDE. El proceso de esta armonización internacional escalonada del derecho penal está concluyendo con notable éxito. Esto supone aceptar una responsabilidad sin culpabilidad, desvirtuando el principio de individualización de la responsabilidad penal de las personas físicas, que ha inspirado todo el orden penal tradicional con la excusa de perseguir un bien superior (reducir la delincuencia empresarial).

Si algún directivo o empleado a sus órdenes realiza un delito en provecho de la empresa, puesto que ésta no puede ser encarcelada, lo normal será que se multe a la misma o se disuelva, lo que conlleva penalizar a la postre a terceros inocentes (accionistas o inversores). Aunque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de las físicas, la experiencia americana nos indica que en aquellos procesos penales en que se ve afectada una empresa que no demuestre tener controles adecuados, ésta, las más de las veces, pecha con la responsabilidad. Llegado el caso, el directivo u órgano colegiado de dirección no pondrá reparos en que siga siendo así, entre otras cosas, porque al tratarse de ilícitos penales sus consecuencias difícilmente podrán cubrirse mediante póliza de seguro.

La delincuencia que se produce en el seno o al amparo de las grandes corporaciones (estafa, corrupción, defraudación fiscal y un largo elenco) es percibida en la actualidad como un problema, de ahí esta evolución de las nuevas funciones del derecho penal que lleva consigo una carga de profundidad: hoy, las empresas han de asumir cada vez mayores responsabilidades y, en cierto modo, deben también asumir tareas públicas y ponerse al lado del Estado para ir en la buena dirección moral que marquen los tiempos (responsabilidad social corporativa, preservación del medioambiente, defensa del consumidor, del trabajador, de los stakeholders y de otros involucrados…). La creciente responsabilidad de las personas jurídicas es un síntoma más de la moderna alianza entre el poder estatal y el corporativo, que, desde una perspectiva mundial, nos llevaría hacia la denominada gobernanza global, tan cara a tecnócratas y gestores del interés general.

Para el caso que nos ocupa, la constatación empírica de que la empresa se encuentra en mejores condiciones que el Estado para controlar el comportamiento de sus agentes y empleados implica exigir a la persona jurídica que adopte medidas de organización permanente que impidan la realización de hechos delictivos en su esfera de actuación y que, ante una acusación, confiese la infracción y repare, o bien actúe, como delegada del agente de autoridad frente a sus empleados y directivos para evitar o atenuar la sanción penal.

Las consecuencias de todo ello resultan algo inquietantes: cuando el delito se haya producido en el seno societario, se primará la colaboración de la empresa en forma de presentación de pruebas contra sí misma y se dañará la defensa de otros imputados (personas físicas a ella vinculadas) en el mismo proceso. Se pretende que el vínculo de fidelidad sea con el Estado y no entre los miembros de una organización privada. Hoy la mera imputación corporativa representa ya la pena y la falta de cooperación será la verdadera ofensa. Ante un ilícito societario, el método consistirá en lanzar unos ciudadanos contra otros dentro de las compañías para facilitar la labor fiscalizadora del Estado so pena de que paguen los platos rotos los inocentes socios o dueños.

Parece olvidarse que, para evitar fraudes o prácticas deshonestas por parte de las empresas, es preferible la combinación de la persuasión moral, la disciplina de mercado, la responsabilidad civil corporativa y, por descontado, la oportuna aplicación de sanciones penales contra personas físicas con poder de dirección que delincan, sin necesidad de transferir su responsabilidad penal a la corporación donde trabajan. La americanización del derecho penal que acarrea esta reforma para la galería no es siempre garantía de mejora.


P.D.: Todo lo arriba comentado no será de aplicación a las empresas y administraciones públicas según lo establecido en el nuevo art. 31 bis, punto 5 del Código Penal español reformado, ya que –se nos dice– no tendría sentido que se sancionen a sí mismas al salir el dinero del mismo contribuyente que las sostienen. Pero de rondón se blinda también a los partidos políticos y sindicatos patrios que no serán responsables penales de los delitos cometidos por sus dirigentes o representantes legales, como sí lo serán las empresas privadas, equiparando aquéllos a las empresas públicas y administraciones del Estado, obviando la existencia de afiliados y militantes a los que trasladar en última instancia la responsabilidad penal. Igualdad ante la ley, descanse en paz.

Por cierto, muy mal los lobbies de las asociaciones empresariales que se han dormido; sus homólogos sindicatos han sabido mover ficha para blindarse con la inmunidad penal frente a delitos –por ejemplo– de corrupción o fraudes de subvenciones (aunque pensemos todos que es muy improbable que esto suceda al tratarse de respetadas personas jurídicas que sólo miran por el trabajador).

Por el Estado a la utopía

Es claro que el Estado no es una creación de extraterrestres, una inhumana invención “ex novo” o divina. Es fruto de la evolución del hacer complejo de los hombres cometiendo errores y, de vez en cuando, suprimiéndolos. Pero no lo es menos que la exacerbación del Estado, con asentarse en muchos buenos propósitos, sirve en demasiadas ocasiones a las más bajas pasiones, aquellas que disfrutan con la exclusión, con el victimismo y con la dudosa gloria de una existencia parasitaria.

Bajo la sensación del hundimiento de las dictaduras comunistas de Europa oriental, se aceptó de puertas afuera que el omnímodo Estado era el fracaso y que su contrario, la sociedad abierta y los mercados libres, su única alternativa. Pero no se asumió más que como quien acepta provisionalmente el infierno cuando el cielo prometido, la utopía del Estado Total, cierra por reforma. Sólo en el paraíso del Estado Social, dijeron mientras tanto, está la solución y, si no se hubieran conjugado las fuerzas del egoísmo, tan humano él, con las de la codicia, tan nefasta ella, el Bien Supremo del comunismo hubiera adelantado la enésima venida de la Gran Utopía.

El Estado Social, esa reinvención de la barbarie patrocinada por el aparato administrativo público, sigue en las mentes, en los programas y en las proclamas, de forma que él y sólo él es capaz, dicen sus promotores, de lograr que partes más o menos pudendas del Bien perdido en la extinta URSS puedan reencarnarse en las sociedades democráticas para contener al Gran Mal.

Se trata de un argumento circular, de un antirrazonamiento, de un discurso que se anula a sí mismo pero que, en su absurda formulación, encandila a poetas y a clérigos, a opinantes y a mitineros, a gentes de barra y tertulia, a decaídos de sillón y telediario, a bondadosos santurrones de oenegé en contacto solamente con la marginalidad que produce la propia acción social . Porque si el comunismo, ese Gran Bien, cayó víctima de su propia incapacidad para generar la dinámica económica que cumpliera su promesa, ¿cómo su vástago, el Estado Social, puede lograr lo mismo con presupuestos coincidentes?

El gobierno de Zapatero, por boca de su más desmoralizante representante, él mismo, ridículo optimista e irresponsable, dice que la salida a la crisis será social o no lo será. Es decir, que será fruto de sus causas, que se saldrá de ella por la misma vía por la que se entró. Porque, al parecer, la virtud del Estado Social, la vida subsidiada, traerá una existencia feliz que, por no ser de este mundo, no cargará con ninguna responsabilidad. Las culpas del que será su nuevo, enésimo fracaso, recaerán nuevamente en la egoísta y codiciosa naturaleza humana, abstraída en un ente manipulado llamado “los mercados” que, por desgracia y por más que lo intentan, nunca llega a “actuar”.

Los que sirven al Estado Social y se sirven de él, incluso al precio de vivir en la imbecilidad, son más generosos, más humanos y creen y están más con “la gente” que quienes promueven la responsabilidad, el respeto a la propiedad, el amor al esfuerzo y al ahorro. La versión actual del Estado Social sobredimensiona la codicia de los bienes ajenos promoviendo el subsidio y el dinero inflacionario para arreglar luego sus fracasos con más moralina generosa, es decir, más subsidios y más dinero fácil.

Es la existencia del Estado en su forma moderna lo que promueve el Estado Social. Es esa institución decantada evolutivamente partiendo de la interacción social la que incrementa el utopismo más letal. Es, o parece que es, a impulsos del cíclico hundimiento de cada paraíso de fantasía como la historia humana avanza. Utopía, implosión de la misma y vuelta a empezar. ¿Podrá la memoria histórica, la de verdad, recoger las enseñanzas y aplicar verdaderas soluciones, es decir, verdaderas críticas a los errores?

Entre la lejanía y el desprecio

“¡Van a lo suyo!”. “¡No tienen ni idea de lo que necesitamos!”. Las crisis económicas, las políticas e institucionales suelen ser las elegidas por los sufridos ciudadanos españoles para expresar así, o con epítetos menos educados, su descontento con la clase política a la que consideran lejana a sus verdaderos intereses. Sin embargo, las normas, leyes y políticas generales que hoy salen de los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos intentan organizar la sociedad y favorecer la convivencia, por lo que para otros muchos esta lejanía no es tal, sino cierta incapacidad propia para captar lo que es bueno para nosotros.

Buscar ejemplos de cómo un político se aleja de los ciudadanos no es imposible. La primera pregunta sería de dónde sacan que ciertas políticas públicas son relevantes, necesarias e imprescindibles. En otros países, los diputados tienen la obligación periódica (legal o moral) de reunirse con algunos de sus votantes y oír sus quejas y peticiones. Aunque podamos dudar de la eficacia de esta medida (la información sería incompleta, obsoleta y subjetiva, como poco), en España, esta situación es más utópica que otra cosa. Puede que a nivel local y en pequeñas poblaciones se pueda dar algún tipo de diálogo, pero en las grandes ciudades y, sobre todo, en las Comunidades Autónomas y en el Estado central, estos contactos son inexistentes. El resultado es un programa electoral, una especie de contrato social, lleno de una mezcla de ideología, subterráneos intereses de partido y mucha demagogia, que puede cumplirse en alguna de sus partes, o no.

Los procesos de mercado, los precios, las ofertas y las demandas nos ofrecen una serie de datos que permiten a los ciudadanos organizar sus recursos en función de sus intereses más inmediatos, o de los más lejanos, pero el político no tiene mucho más que su voluntad, interés y programa político, si las circunstancias no cambian, para decidir qué hacer, cómo y en beneficio de quién. La arrogancia de saber lo que nos conviene es en el fondo desprecio.

¿Son útiles leyes como las que obligan a rotular los carteles de los comercios catalanes en catalán, las que obligan a no fumar en lugares privados, pero de acceso público, o los que ordenan qué tipos de alimentos se deben dar a los escolares? El Estatuto catalán, el madrileño o del resto de las Comunidades Autónomas, ¿son tan necesarios que las autonomías entrarían en el caos y la violencia si no existieran? No digo que no estén justificados por argumentos como la salud pública o la necesidad de una legislación marco, pero ¿importan tanto como para dilapidar cientos de millones de los sufridos contribuyentes? El incremento de la presión fiscal –la mano en el bolsillo ajeno– es otra manera de lejanía, incluso de desprecio, al obtener de manera indiscriminada recursos que no son suyos.

El descaro con el que los políticos españoles pasan de puntillas por los casos de corrupción sin que la palabra dimisión pase siquiera por sus intervencionistas cerebros es otro ejemplo de cómo se muestra esta lejanía, este desprecio. En los países anglosajones, la moral privada y la pública están más estrechamente ligadas que en España y lo que algunos llaman asuntos de bragueta puede llegar a provocar dimisiones sorprendentes o ceses fulminantes. Lo que se juzga en este caso no es la moral sexual del político, sino su capacidad para engañar. Si se dedican a hacer esto con su familia, qué no podrán hacer cuando gestionan los miles de millones que se presupuestan. La potencialidad es peligrosa y no se estima un político potencialmente corrupto. En España, ni los más importantes casos de corrupción provocan demasiados ceses y dimisiones. Apenas hay casos de corrupción policial o judicial. Cuando los hay, es posible que vuelvan al partido o institución y sólo por decisión judicial, se abandona la gestión pública. Es posible que los inmuebles que ha obtenido el actual presidente del Congreso, José Bono, hayan sido en condiciones legales, pero la mera sospecha, el hecho de que los precios pagados puedan estar muy por debajo de los de mercado provocaría en otros casos una dimisión inmediata.

Así pues, esta lejanía se muestra sobre todo en las actitudes, pero en algunos casos también en las aptitudes. Sería de esperar que si un cargo va a tener la capacidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas, éste tenga un mínimo de preparación tanto académica como de gestión real, es decir, alguien que haya desarrollado su carrera profesional en instituciones donde hubiera tenido deberes parecidos. En la lista de ministros que hasta la fecha ha habido en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se muestran algunos que no han acabado la carrera universitaria, otros que no han tenido mucho más que cargos políticos dentro del partido desde que se hicieron mayores de edad y, en general, personas que rezuman ideología y pretenden ser ingenieros sociales a través de normas y leyes que caen sin criterio sobre los ciudadanos. Lejanía y desprecio tanto de quien los nombra como de quien se presta para el puesto.

Homero y los orígenes de la democracia

La tradición literaria occidental muestra su primer testimonio en la Ilíada y la Odisea de Homero. Ambas están relacionadas en su temática con la guerra de Troya, un acontecimiento que históricamente tuvo lugar en el siglo XIII a.C. y cuya realidad fue enmascarada, como es habitual, por la transmisión oral a lo largo de los siglos. Pretendemos aquí bucear de forma sucinta en la primera de esas obras para descubrir aquellos aspectos de su contenido en los que podemos vislumbrar los primeros vagidos de lo que sería, andando unos siglos más, la democracia ateniense. La Ilíada es para este propósito fundamental porque era el libro de texto en el que los niños griegos aprendían a leer y a escribir, y donde recibían los conocimientos básicos que los integraban dentro de su polis y del universo mental helénico. No debe, pues, ser extraño considerar que de alguna manera las palabras atribuidas a Homero también estén en el inicio del largo camino que llevó del régimen monárquico basado en el caudillaje militar presente en la Ilíada a un régimen democrático asambleario.

La sociedad y las relaciones políticas reflejadas en la obra corresponden a una organización de estilo feudal. En lo más elevado de la pirámide se encuentra el rey de reyes, Agamenón, rey de Micenas, la ciudad más poderosa de Grecia en los tiempos de la guerra de Troya. El monarca es reconocido como un primus inter pares y posee el poder ejecutivo. Detrás de él están los reyes de las distintas ciudades que se han embarcado en la guerra contra Troya. Todos ellos forman una asamblea que discute la marcha de los asuntos públicos, pero que no tiene capacidad ejecutiva. Más abajo está el conjunto de servidores y tropas auxiliares que sirven de acompañamiento a los caudillos y que asisten a las asambleas sin tener voz ni voto. Finalmente, nos encontramos a los esclavos, gente capturada en su mayor parte durante el curso de la guerra.

Esa asamblea de reyes es la institución que podemos señalar como antecedente del régimen democrático. Su nombre en griego es agorá, término que encontramos en español como ágora. En ese órgano sólo pueden hablar los reyes que asisten a la guerra. En la agorá aparece una de las características del espíritu helénico que más ha influido en los rasgos identificativos de la cultura occidental. En ese órgano la palabra tiene el papel predominante. De este modo, la Ilíadano sólo se plantea como una narración de las hazañas de los hombres, sino como ámbito de exposición de las palabras que esos hombres valientes dijeron en sus reuniones.La asamblea y la palabra son los elementos distintivos de lo que andando los siglos será la democracia ateniense.  

Ahora bien, la palabra precisa para desarrollar sus capacidades de un marco en el que la libertad de expresión sea un principio irrenunciable. Ya en Homero vemos cómo esa libertad de expresión debe ser respetada en todos sus términos y cómo goza de una total inmunidad frente al poder, en este caso representado por Agamenón. Una vez que su cetro, símbolo de inmunidad, ha sido depositado por el kéryx (heraldo) en manos del orador, el rey de Micenas debe oír sin oponerse aquello que los demás reyes digan de él y de su política.         

Una prueba de lo que se veía obligado a escuchar el rey de Micenas sin que nada pudiera hacer contra su acusador Aquiles, son las palabras que éste le dirige nada más comenzar la obra, en la primera asamblea que recoge la obra. Allí Aquiles llega a insultar a Agamenón y a cuestionar su labor como jefe del ejército por una actuación suya que considera arbitraria y abusiva (Canto I, versos 150-172). Aunque Aquiles deba someterse a la decisión del jefe supremo, su cuestionamiento del poder es radical. El papel, que ese mismo poder cumple en la obra, queda desacreditado cuando el propio Agamenón debe ceder finalmente y pedir al héroe ofendido su regreso al campo de batalla.

Los héroes de la Ilíadaeran miembros de una clase social elevada, a la que pertenecían por derecho de sangre, pero esta condición no les eximía de tener que demostrar continuamente su superior cualidad en dos ámbitos: su valentía en el combate y su pericia en el discurso. Esta superior cualidad personal es denominada en griego areté, término que debe entenderse como excelencia. Esa noción de areté era asimilada por el futuro ciudadano mediante una formación intelectual fundada en los versos de la Ilíada.La evolución política ateniense llevó de un régimen monárquico semejante al reflejado en la Ilíada, a uno aristocrático y, finalmente, a uno democrático provocando que, paulatinamente, esa potencialidad de actuación en el ámbito público y la existencia de una areté innata fueran transvasándose de la vieja nobleza de sangre hacia cualquier varón que hubiera nacido en Atenas, hijo de padre y madre atenienses. Así, del mismo modo que el héroe griego, protagonista en exclusiva de la épica, debía mostrar su superior cualidad en el combate y en la asamblea de reyes, del ciudadano ateniense se esperaba que fuera valeroso en la falange de hoplitas durante el combate, en la que formaba codo con codo junto a otros conciudadanos suyos, y que participara activamente en la asamblea popular (ekklesía), sede de la soberanía del estado ateniense. La areté en la democracia es, como en el caso de los antiguos personajes de la épica, un deber del ciudadano que lleva aparejada la existencia de una serie de derechos para poder ejercerlo.

Quizá comprendiendo el enorme poder subversivo respecto al autoritarismo que se desprenden de algunos de los versos de Homero y su aroma liberal avant la lettre se explique por qué el legado de la antigüedad grecolatina ha sido expulsado por el poder dominante de las aulas donde actualmente pacen, más que aprenden, nuestros jóvenes.

En el filo de la navaja socialista

Pero así están las cosas: los tipos de interés de la deuda pública española sigue con su progresivo pero imparable aumento y ya se sitúan en el 5,35%, 260 puntos por encima del bono alemán. Nuevo récord, nuevo clavo a nuestro ataúd.

No sé si desde La Moncloa están esperando un milagro que revigorice al zombie español, si ya se han resignado a salvarlo con tal de no aplicarle un electroshock "antisocial" y sólo están buscando alguna fecha para el sepelio o si estamos preparando el traslado a una clínica alemana. Lo ignoro, y confío en la capacidad de los médicos teutones para imponer su diagnóstico, pero conociendo la fanatización de la izquierda española, su hermetismo ante los hechos y ese punto de superchería New Age, cabe la posibilidad de que se encomienden a los santurrones hasta que las moscas y el hedor muestren que el cuerpo ya no admite rescate alguno.

Convendría, no obstante, tener bien claro que los potingues que ahora propugnan los curanderos de la izquierda no son más que eso: un fraude para desviar la atención del auténtico foco de infección. Porque si no fuera ya suficiente con volverles a oír repetir sus monsergas sobre los pérfidos especuladores que desde Zürich, la Trilateral y Bildelberg dirigen el mundo y que en sagrada alianza pretenden tumbar al Gobierno de progreso de Zapatero, ahora insisten en que la solución a todos nuestros males pasa por que el Banco Central Europeo inicie una compra a gran escala de deuda española.

Quién les ha visto y quién les ve. Después de machacarnos durante tres años con la consigna de que la crisis financiera se debía a que la desregulación había permitido a los codiciosos bancos estadounidenses cargar sus balances con activos basura, los izquierdistas instan ahora al banco de los bancos a que haga lo propio con la deuda pública española. Política de estado, ya saben.

Porque señores, sí, es evidente que el BCE, dándole a la manivela de la imprenta, puede monetizar nuestras emisiones de deuda de este año, en cuyo caso los especuladores saldrían bastante escaldados. Pero aun en ese caso, y dejando de lado el impuesto inflacionario, nuestros problemas reales permanecerían: un enorme déficit que se resiste a reducirse, cinco millones de parados que no generan ninguna riqueza y unos pasivos futuros en materia de pensiones explosivos. Nuestro escollo se llama insolvencia y eso ni siquiera el Banco Central Europeo puede remediarlo, ¿o es que acaso no se han dado cuenta de que, aun cuando el BCE compre nuestra deuda, habrá que pagarla en algún momento?

Sin reformas drásticas –en el gasto público y en las rigidísimas regulaciones que impiden que la economía se reestructure– nos vamos al hoyo, con o sin providencial intervención del banco central. Por tanto, cuanto antes las implementemos, menos dura será la caída. Y por si los prejuicios de la izquierda le impiden darse cuenta de que a medio plazo estaríamos quebrados en cualquier caso, los odiosos especuladores, por suerte, están ahí para recordárselo y anticiparle al presente algo del dolor futuro.

Ya sé que Zapatero y los socialistas preferirían irse de rositas, dejando la despensa carcomida y endilgándole el marrón de la suspensión de pagos al pringado que gobierne en 2016 ó 2020. Pero para eso están los especuladores: para que el futuro se convierta en hoy y para que los gobernantes nefastos tomen un poquito de su propia medicina.

La pelota está ahora en el tejado de los socialistas: ¿antepondrán la prosperidad de los ciudadanos a sus dogmas ideológicos o, en cambio, dejarán que éstos nos aplasten? Yo no apostaría por que defenestren a ZP y le den una oportunidad a ese libre mercado cuyo funcionamiento odian e ignoran a partes iguales. Pero en todo caso, al ritmo que vamos, no tardaremos mucho en comprobarlo.

Tarde, mal, nunca, nada

Se llama Transforma España, un nombre extraño. No es un sintagma nominal, que siempre se puede colgar de una frase con cierta comodidad, sino una frase sin sujeto. ¿Qué o quién transforma España? El documento explica el cómo, pero su nombre no precisa quién lo hace. Cabe pensar que el Gobierno, pero como el verbo está en tiempo presente y la iniciativa surge de la inacción del Gobierno, tampoco parece ser el caso. Por lo demás, todo el informe hubiese ganado de haber contado, para su redacción, con alguien que conociese nuestro idioma, y lo apreciase.

El Rey, por boca de Eduardo Serra, ha dicho "los políticos tienen que escuchar nuestra voz", toma plural mayestático. Es significativo. Tanto por parte del Rey como por parte de los empresarios. En primer lugar, no está claro qué tienen que escuchar los políticos. El informe es una exposición confusa de ciertos objetivos deseables unos, abstrusos otros, sin ofrecer un camino claro hacia los mismos, más allá del mantra de la educación. ¿No tenemos un problema fiscal de primer orden? Pues no aparece la palabra "impuesto". Tampoco se dice dónde tendremos que recortar el gasto. ¿No tenemos un sistema financiero al borde de la quiebra? Ni palabra sobre el caso. ¿No tenemos un sistema político enfermo? Nada de ello se asoma en transformaespaña. Eso sí, proponen una "sostenibilidad sostenible" sin la cual, al parecer, España se irá al garete.

Yo en este informe no veo más que miedo. Miedo, en primer lugar, a la marcha que está tomando España. Por parte del Rey, que le hace el encargo a los empresarios, y por parte de éstos, que ven cómo el país se cae a pedazos y con él sus negocios. Aquí hay instituciones que tienen los días contados (aunque sean en meses o años), pero todavía no sabemos cuáles. Cómo no iba a estar inquieta la Corona. Y nuestra economía está aún al borde del colapso, del colapso financiero. Basta con apuntar en el balance de los bancos sus activos inmobiliarios al precio real y contabilizar la quita que corresponderá a la deuda pública, y puede que estén todos quebrados. Y todo ello con un Gobierno incapaz y con una oposición que se fuma un puro. Sí, da mucho miedo.

Pero parece que con todo ello pueden transigir. Porque es mayor aún el miedo a las ideas. Pocas y emborronadas con un lenguaje entre marquetiniano y vacío, las ideas se niegan en cuanto hay ocasión. Lo dicen ellos: "Hay que desideologizar la política. Todos somos ecologistas, pacifistas y demócratas". De hecho, ¿para qué las ideas? Si esta es una llamada directa a los políticos, lo ha dicho el propio Serra. Tenemos una clase empresarial apesebrada, domeñada por las subvenciones y el BOE, cobarde. Que se maneja en los entresijos del poder, pero que es incapaz de hablarle a la sociedad para exponer de veras cuál es la situación del país, cuál puede ser su salida. Cuentan con medios para hacerlo, pero todo lo que le sobra de connivencia con el poder, le falta de patriotismo y responsabilidad. Han reaccionado tarde, mal y nunca, y para no acabar haciendo nada. Es cierto que tampoco lo han hecho las universidades, aunque sólo sea porque en España no las tenemos más que de nombre. Al final, la crisis económica va a ser el último de nuestros problemas.

Back in Salamanca

Este pasado mes de octubre volví a la ciudad del Tormes por varios eventos relacionados con la Escuela de Salamanca que se celebraban esos días. Y no puedo evitar, lo primero de todo, recordarles que hace justamente un año el Instituto Juan de Mariana actuó de anfitrión en un memorable encuentro del Mises Institute en el impresionante convento de los dominicos de San Esteban, completado como remate final por la entrega del premio Schlarbaum 2009 a Jesús Huerta de Soto, esta vez en el Colegio Mayor Fonseca, que fue Seminario de Irlandeses.

Ocurre que por estas fechas del otoño suele organizarse periódicamente un simposio del Instituto de Pensamiento Iberoamericano, en la Universidad Pontificia de Salamanca (y en el marco de otro edificio monumental: el antiguo colegio de la Compañía). Este año trataba sobre “El mundo iberoamericano antes y después de las Independencias”. Allí tuve la ocasión de escuchar dos interesantes ponencias: “La ideología de las Independencias”, del profesor Pena, y una reflexión en torno a Suárez y el pensamiento político ilustrado, que expuso el profesor Francisco Baciero, del que ya hemos hablado aquí, insistiendo en la modernidad de los escritos del jesuita granadino.

Miguel Anxo Pena González es un profesor de la Pontificia que publicó el año pasado un libro que les recomiendo: La Escuela de Salamanca. De la monarquía hispánica al Orbe católico. Es un ejemplo más del interés que siguen suscitando aquellos doctores salmantinos, cuyo estudio todavía cuenta con muchas posibilidades en el campo de la economía, el derecho o la política (como venimos insistiendo en estos Comentarios). El texto del profesor Pena afronta varias cuestiones de interés: describir el paradigma de la segunda escolástica y su proyección por España y Europa; analizar el impacto de la Ilustración, con las reformas de los Borbones, continuando un recorrido histórico a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días; o detenerse en su posible influencia sobre los movimientos independentistas iberoamericanos (lo que también hemos tratado en esta columna), que fue el tema de su ponencia. Todo ello fundamentado en una consistente y actualizada bibliografía, que puede resultar de gran utilidad a los investigadores.

Y por una afortunada coincidencia, en esas mismas fechas también tuvo lugar la presentación de un texto importante de Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela que estamos tratando aquí: sus lecciones sobre las leyes (De Legibus), que ha editado la investigadora italiana Simona Langella (junto a los profesores Barrientos y García Castilllo) en una bonita versión trilingüe, al estilo de los viejos libros renacentistas, que se me antoja como el preludio de la versión del Mutatione Monetae del Padre Mariana que prepara este Instituto en latín, inglés y español.

Hablando de aniversarios, también fue en noviembre del año pasado cuando les contaba la estancia en Madrid de Alejandro Chafuen, Presidente de la Fundación Atlas, que presentó la nueva edición en Ciudadela de su libro sobre las Raíces cristianas de la economía de libre mercado, coincidiendo con el Congreso del CEU “Católicos y vida pública”. Pues bien, en la convocatoria de este año participaba otro autor en el catálogo de esa Editorial: Samuel Gregg (La libertad en la encrucijada); que junto a Thomas Woods (La Iglesia y la economía y Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental) ofrecen al lector hispanoparlante una sugerente visión del papel de la religión y la economía en nuestra vieja Europa, que algún tiempo atrás fue cristiana. Esto me recuerda el reciente viaje a España de Benedicto XVI, quien volvió a referirse una vez más a esa cuestión; que dejo aquí presentada para que tal vez la abordemos en otro momento.

Porque quería terminar con un par de líneas sobre la ponencia de Samuel Gregg, Director de Investigación del Acton Institute (el “Acton Institute para el estudio de la religión y la libertad” es un think-tank ecuménico que busca integrar las verdades judeocristianas con los principios del libre mercado). Gregg planteaba una nueva división en la antropología: más que distinción entre “izquierdas-derechas”, habría que hablar de una antropología materialista y de otra capaz de ver más allá de las verdades empíricas. Esta segunda tendría como fundamento una visión trascendente al defender una dimensión superior de la vida humana que presupone la capacidad para conocer la verdad, la belleza y el bien. En ella estarían alineados Aristóteles, Tomás de Aquino o Tomás Moro (y añado yo, nuestros doctores de Salamanca).