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¿Qué debemos hacer para acabar con la pobreza extrema?

Esta pregunta está en la mente de numerosos expertos de distintas disciplinas, políticos y personas de bien. La respuesta, sin embargo, dista mucho de ser sencilla, a pesar de ser muchos los que durante muchos años han reflexionado sobre ella. Quizás sea una pregunta sin una respuesta válida o, más bien, una pregunta incorrecta.

Diseccionémosla brevemente en sus distintas partes, y probablemente acabemos el análisis con más preguntas de las que empezamos.

En primer lugar, ¿qué es la pobreza extrema? Podríamos considerarla como el estado que sufren las personas que carecen de los medios más básicos de subsistencia, si bien es un fenómeno complejo que incorpora múltiples componentes (como una altísima tasa de mortalidad, enorme vulnerabilidad ante cambios pequeños, falta de acceso a los mercados, nivel de higiene muy escaso, analfabetismo, etc.).

No obstante, dentro de quienes podrían considerarse como extremadamente pobres, existe una elevada dispersión y heterogeneidad entre las características y necesidades de éstos. Cada comunidad de pobres puede presentar rasgos muy distintos, incluso dentro de un mismo país. Éste es un primer obstáculo a la pregunta que nos planteamos, dado que implica la necesidad de analizar, desde un "enfoque micro", las características de los pobres como un grupo muy heterogéneo.

En segundo lugar, ¿cómo se mide la pobreza? El enfoque estándar consiste en definir una línea de pobreza, a partir de la cual se contabilizan el número de pobres. A pesar de los matices y críticas que se le han hecho, la línea de pobreza más conocida es la que asigna el calificativo de "pobre" a aquellos que ganan menos de 1 dólar al día.

Este tipo de cuantificaciones son casi siempre problemáticas, y como resultará obvio, este caso no es una excepción. Uno de los hechos que se destacan acerca de las características de la vida económica de los más pobres, es la elevadísima irregularidad de sus ingresos a lo largo del tiempo. Éstos pueden vivir periodos en los que reciben ingresos relativamente altos –en comparación con la pobreza extrema-, alternados con otros periodos donde no ganan nada. Este hecho no puede ser captado por la línea de pobreza.

Además, como han señalado algunos especialistas en la materia, "los juicios sobre cuántos pobres hay en el mundo y cómo evoluciona esta cuantía en el tiempo tienen mucho más de lobby político que de validez científica".

En tercer lugar, el "debemos" de la pregunta implica una obligación moral a que las personas con un nivel de vida occidental ayuden a las personas más pobres del mundo. Esto es una cuestión delicada. Perfectamente, cualquier individuo puede sentirse, de forma libre, responsable a donar parte de su renta a aquellos que carecen de los medios básicos de subsistencia, con la buena intención de ayudar. Pero esto tiene un problema: se puede prestar a una actitud acrítica hacia lo que genéricamente se conoce como la ayuda externa al desarrollo, y caer presa del populismo demagógico que vende soluciones sencillas en un breve plazo.

Para el economista del crecimiento William Easterly, tras décadas de arduas investigaciones, millones de regresiones y numerosas mentes brillantes estrujándose los sesos, no sabemos realmente cuál es la receta universal que hay que aplicar para acabar con la pobreza. Este desconocimiento –la ignorancia ganada a base del estudio y la investigación empírica- es precisamente lo que ha surgido de tantos trabajos en los que se trataba de hallar la variable o variables clave –sujetas, supuestamente, al control del gobierno: capital físico, infraestructuras, capital humano…- que hicieran despegar económicamente a los países más pobres.

Entonces, dado que parece que estamos haciéndonos la pregunta equivocada, o que es una pregunta sin respuestas claras, démosle la vuelta: ¿qué debemos no hacer para acabar con la pobreza? A esto sí podemos dar algunas respuestas, gracias a años de experimentos fracasados llevados a cabo por aquellos que nunca debieran haber metido mano en estos asuntos. Señalemos simplemente dos cosas que no se debería hacer: 1) los envíos masivos y descuidados de ayuda al desarrollo, que acaban finalmente en manos de dictadores y elites causantes principales de la pobreza; y 2) las políticas agrícolas proteccionistas de los países ricos, que suponen importantes problemas sobre los agricultores de los países pobres.

Quizás bastaría con no tomarse demasiado en serio la pregunta del título de esta columna. Al fin y al cabo, no saber qué puede hacerse desde Occidente para acabar con la pobreza del Tercer Mundo puede ser una buena noticia, como sugiere Easterly. Ello evitaría planes megalómanos con eficacia discutible, y daría mayor autonomía a la gente pobre, que es la verdadera protagonista, y la que realmente sabe cómo progresar –si es que le dejan- dadas las circunstancias particulares que le afectan.

Con esto nos acercaríamos a la máxima médica: "Lo primero es no hacer daño". Ya sería un paso importante.

Antal Fekete: “La importancia del oro como activo monetario”

Conferencia del profesor Antal Fekete "La importancia del oro como activo monetario" en el Gold&Silver Meeting de Madrid. En ella habló del papel que ha desempeñado el oro como dinero a lo largo de la historia y las razones por las que el continuará desempeñando, en el futuro, un importante papel en la economía.

¿Y ahora España?

Los políticos europeos siguen considerando inaceptable una quiebra soberana –que a buen seguro afectaría al valor de la moneda única– y continúan tapando agujeros con el dinero del contribuyente alemán (y en este caso también del inglés, cuyos gobernantes miran por sus propios bancos y por la libra).

Aprovechando la coyuntura, en los próximos días oiremos –ya hemos oído– insistentemente dos razonamientos por parte de los propagandistas habituales cuyas falacias o medias verdades conviene aclarar y refutar desde ahora mismo.

Por un lado escucharemos que la quiebra de Irlanda demuestra, una vez más, el fracaso del modelo neoliberal de impuestos bajos para estimular el desarrollo, de austeridad presupuestaria como remedio contra la crisis e incluso de tipos de cambio fijos como paradigma de internacionalismo monetario. No se crean ninguna de estas tres consignas.

Primero, el espectacular desarrollo de Irlanda gracias a los impuestos bajos sigue siendo tan irrefutable como fríos son los datos. Bajo cualquier estándar la burbuja inmobiliaria irlandesa y la hipertrofia de su sector financiero comenzaron en el s. XXI, justo cuando el Banco Central Europeo comenzó a inflar artificialmente la oferta de crédito barato con su política de bajos tipos de interés. Hasta entonces Irlanda había experimentado, en parte gracias a ese clima de impuestos moderados, un impresionante crecimiento: su renta per capita entre 1989 y 2000 se multiplicó por dos en términos reales (desde 17.000 euros a 34.000), en comparación con una renqueante España que merced a sus progresistas altos impuestos y a sus rigidísimas regulaciones de los mercados sólo logró aumentarla en un 30% (desde 10.000 a 13.000).

Por consiguiente, los bajos impuestos no fueron ni condición necesaria ni suficiente para la burbuja financiera: España ha sufrido la misma burbuja con impuestos mucho mayores (y a Suecia le sucedió lo propio a principios de los 90) e Irlanda no la padeció, con impuestos bajos, hasta que Frankfurt promovió la expansión artificial del crédito. El milagro irlandés sigue siendo tan milagroso como tenebrosas son las consecuencias del monopolio monetario de los bancos centrales.

Segundo, Irlanda no está peor, si no mejor, merced a los planes de austeridad. Otra cuestión es que, tomada la decisión de recapitalizar con fondos públicos a su banca, la situación de su sector público sólo podía orientarse hacia la quiebra.

Y tercero, los problemas de Irlanda no están relacionados esencialmente con el euro o los tipos de cambio fijos, sino con el envilecedor régimen de dinero fiduciario. Hay países fuera del euro que han sufrido expansiones crediticias mayores a las de Irlanda (Islandia, sin ir más lejos) y la actual situación de quiebra del tigre celta no se hubiese solucionado en nada de haber contado con una moneda propia.

Por consiguiente, la quiebra de Irlanda, lejos de ser un fracaso del libre mercado, lo es nuevamente del intervencionismo monetario que padecemos: un sistema que es capaz de multiplicar casi hasta el infinito la cantidad de crédito disponible sin amarrarlo a ninguna base real como el oro. El volumen de crédito depende de nuestra capacidad para prometer que cumpliremos con nuestras obligaciones, sea mucha, poca o ninguna nuestra liquidez o solvencia. Tal es el endiablado régimen monetario que hemos creado; y no, esto no se soluciona con más regulación sino ligando la oferta máxima de crédito a las disponibilidades de bienes presentes prestables.

Por otro lado, es previsible que durante estos días también oigamos recurrentemente desde el Gobierno y sus aledaños que España no es Irlanda (claro que Irlanda tampoco era Grecia y así ha terminado). Por desgracia, esta autocomplaciente afirmación es sólo una media verdad.

Es cierto que nuestro sistema financiero no ha alcanzado ni mucho menos un tamaño tan desproporcionado como el irlandés (el nuestro sólo es tres veces superior al PIB, frente a las 10 veces del irlandés). Pero, al mismo tiempo, nuestra economía también es mucho menos competitiva que la irlandesa: su déficit exterior en ningún momento de la burbuja financiera superó el 5% (nosotros llegamos al 10%) y su tasa de desempleo, incluso ante la quiebra de su economía, no ha superado el 14%.

Pero quizá la diferencia más notable sea que el Gobierno irlandés está dispuesto a hacer las reformas que la economía necesita –a falta de que su ciudadanía le deje y de que Bruselas no le imponga un plan de ajuste estrambótico como sería forzarle a subir el impuesto de sociedades–. Nosotros ni tenemos un Gobierno así ni es previsible que lo tengamos. Por consiguiente, aunque Irlanda se hunda, resurgirá de sus cenizas; es más, en cierto modo, tras toda una década de malas inversiones generalizadas en el ladrillo y la banca, el hundimiento puede ser la única purga que les permita recomponerse. En cambio nosotros seguimos arrastrando unas perspectivas de crecimiento pobres o nulas por culpa de una clase política que se empeña en que no se reajuste nada en nuestro sector productivo.

Nuestra perspectiva sería la de estancamiento y lento declinar como Japón, pero exhibimos una diferencia notable: padecemos un déficit anual de en torno al 10% del PIB que sin reestructurarnos tendremos muy difícil recortar. No somos Irlanda en lo malo, pero tampoco en lo bueno. Ellos van a ser rescatados hoy. Veremos si mañana existe voluntad y capacidad para rescatarnos desde Bruselas, porque desde luego ni Zapatero ni Rajoy parecen decididos a ahorrarles ese coste a los alemanes y, por supuesto, a los españoles.

Reforma del Código Penal

En un país como España, con los ciudadanos y las principales instituciones amenazadas por el salvaje terrorismo de ETA, resulta desalentador comprobar cómo es todavía posible la prescripción de los delitos de terrorismo, hasta que entre en vigor la última modificación del Código Penal el próximo día 23 de diciembre de 2010.

En principio, desde hace muchos años se viene reclamando la inclusión del terrorismo entre los crímenes de lesa humanidad (Art. 5 CPI) que el Estatuto de Roma establece dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, para que le sean aplicables los criterios de imprescriptibilidad de los delitos y el principio de justicia universal y, por tanto, para que ningún Gobierno sin escrúpulos pueda intentar negociar atajos con los criminales.

En la última modificación, publicada en el BOE de 23 de junio de 2010, se han cambiado hasta 150 artículos. Por ejemplo, los delitos de terrorismo no prescribirán y se elevan las penas para los abusos sexuales cometidos a menores y también para la corrupción pública y privada.

Sin embargo, el Código Penal ha sido modificado en bastantes ocasiones, pero todavía admite la impunidad de la violencia por el simple paso del tiempo o por la decisión parcial de un Gobierno.

Si analizamos brevemente la jurisprudencia, nos encontramos con casos flagrantes de excesiva benevolencia con los delincuentes que hacen difícil, por no decir imposible, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

España es un claro ejemplo de país con una legislación excesivamente benévola, por lo que ya es refugio de mafias internacionales. Como no se castigan adecuadamente los delitos económicos, se han disparado los casos de corrupción, prevaricación, cohecho y malversación. Y como tampoco se penan con ejemplaridad los delitos de sangre ni el terrorismo, son los ciudadanos de bien quienes tienen que someterse, callarse o huir a regiones en donde puedan vivir sin padecer coacción o violencia.

Así, por ejemplo, el artículo 130 CP del Código Penal ampara la extinción de la responsabilidad criminal en diversos casos como, entre otros, el indulto o la prescripción del delito. Y el artículo 131 CP legisla la prescripción de los crímenes por el simple paso del tiempo. Incluso el artículo 133 CP incluye la prescripción de penas impuestas por sentencia firme, lo que constituye una auténtica barbaridad, dado que el tiempo no diluye la responsabilidad de los criminales.

¿Cuál es la razón moral que ampara la prescripción de un delito? Es un despropósito que un desfalco, una malversación de fondos públicos o, más aún, un asesinato prescriban. Todo ello solo beneficia a los delincuentes y les sirve de incentivo para cometer sus fechorías e, indudablemente, va en perjuicio de los ciudadanos de bien.

Por otro lado, es cierto que el artículo 25 de la Constitución Española de 1978 (CE) señala que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, pero su aplicación en la práctica también esta proporcionando beneficios penitenciarios y, a la larga, más derechos a los delincuentes condenados y encarcelados que a las propias víctimas de sus fechorías.

Avalados por más de 1.600.000 firmas acreditadas, los padres de la niña Marta del Castillo, asesinada vilmente en Sevilla, han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una petición para pedir un referéndum constitucional que instaure la condena a cadena perpetua “revisable” y el cumplimiento “íntegro” de las condenas, sin posibilidad de beneficio penitenciario para los delitos graves.

Sin duda, resultaría moralmente más lícito un Código Penal fundamentado en la protección efectiva de los derechos individuales con el castigo ejemplar de los delincuentes que los atacan. Con total seguridad, dicha reforma recibiría una mayoritaria aprobación de los ciudadanos en un referéndum (art. 92 CE).

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España, un país de analfabetos… empresariales

España es un país altamente deficitario en cultura emprendedora, señal inequívoca de la baja competitividad, del voraz intervencionismo estatal y de la fuerte rigidez económica. Dicha incultura empresarial constituye un pesado lastre, un grave problema de difícil solución dado el rancio izquierdismo que propugna el conjunto de la clase política nacional.

En cuanto al analfabetismo empresarial, existen indicadores para todos los gustos. Así, por ejemplo, según una reciente encuesta, casi un tercio de los jóvenes que inician una carrera universitaria aspira a convertirse en funcionario frente a apenas un 28% que ambiciona crear su propio negocio. La situación es, si cabe, mucho peor cuando se analiza el espíritu de los desempleados: a finales de 2009, casi el 40% de los parados estaba considerando opositar mientras que un 14,67% afirmaba estar ya preparando los exámenes de acceso. Por desgracia, tan sólo un 33,6% barajaba la apertura de un negocio como opción plausible, según un estudio realizado por Adecco.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Entre las múltiples razones existentes, destacaría dos. Por un lado, la figura del empresario no goza de excesiva popularidad entre los jóvenes españoles en los últimos años. Y ello, debido, sobre todo, al monopolio educativo, tanto en el ámbito del conocimiento técnico como ético, que ejercen los poderes públicos mediante la imposición de itinerarios en centros públicos y privados. Programas en los que el estudio de la economía es nulo o bien fuertemente ideologizado a fin de ensalzar las bonanzas del todopoderoso Estado y vilipendiar al malvado capital.

Basta con ojear algunos de los manuales que manejan los actuales estudiantes de primaria y secundaria para percatarse de la orientación vital que es inculcada a golpe de decreto desde los poderes públicos. La asignatura Educación para la Ciudadanía constituye el más claro ejemplo de dicha perversión educativa. El empresario es tachado de “sanguijuela social que vive de la sangre ajena”, explotando vilmente a los pobres trabajadores al tiempo que destroza el medio ambiente con el único fin de expoliar al resto de ciudadanos. Mientras, sindicatos y partidos políticos (gobierno) son encumbrados a lo más alto de la esfera social, héroes en el papel de defensores sociales, humanitarios y ambientalistas.

El problema es que los escasos jóvenes que, milagrosamente, hayan logrado esquivar esta terrible intoxicación y, pese a todo, mantengan su natural espíritu emprendedor intacto se toparán con todo un cúmulo de dificultades artificiales en el mundo laboral en caso de que osen abrir un negocio. Y es aquí, precisamente, donde entra en juego el segundo factor de analfabetismo empresarial tan característico de España: la intervención del Estado. Crear una empresa se convierte aquí en un arduo y complejo proceso burocrático y fiscal repleto de zancadillas en el que el éxito dependerá, en gran medida, de la tenacidad, valentía, arrojo y cuasi milagrosa obcecación del susodicho empresario en ciernes. Y es que, España ocupa, con honorable mérito, el puesto 144 del mundo (de un total de 183 países) en cuanto a facilidad para “abrir una empresa”, según el informe Doing Business 2011 del Banco Mundial.

Resulta que es más fácil iniciar un negocio en Congo, Venezuela, Argentina o Zimbabwe que en España… ¡Ahí es nada! Sin duda, precisamos de un cambio radical en esta materia para ensalzar la figura del empresario a nivel educativo y social, así como para facilitar al máximo el inicio de la imprescindible, básica y vital aventura emprendedora.