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Asfixiante anatocismo

Eso de que los intereses generen intereses, de que nuestra riqueza sea capaz de generar una renta con la que podamos crear nuevas fuentes de riqueza productoras de renta, es lo que ha permitido que los seres humanos hayamos dejado de recolectar frutas de los árboles para dominar la tierra, el mar, el aire y, en un futuro, el universo.

Sin embargo, el mismo principio que lleva al ahorrador individual a enriquecerse multiplicando su capital, también conduce al despilfarrador a la bancarrota dividiendo sus pertenencias. Si en lugar de convertir nuestros ahorros en patrimonio productivo dilapidamos nuestro patrimonio productivo para estirar un poco más nuestro insostenible consumo, estaremos viviendo unos años por encima de nuestras posibilidades para pasar a malvivir durante décadas muy por debajo. Porque lo peor de talar el árbol que nos da sustento con sus frutos no es que la leña que gastemos hoy no la podremos emplear mañana, sino que al cortar el árbol nos quedaremos sin todos sus frutos futuros.

El anatocismo –pagar intereses por los intereses pendientes de pago– no es más que eso: una progresiva tala de todos los recursos productivos de una economía. Robert Kiyosaki lo llamó la carrera de la rata: en lugar de poner el dinero a trabajar por nosotros, nos ponemos nosotros a trabajar por el dinero. Es lo que tiene querer vivir como un rico sin serlo: que en lugar de ahorrar para invertir y disfrutar de las rentas, nos endeudamos para consumir y ser aplastados por los intereses.

Zapatero ha convertido a todos los españoles en ratas que no pueden dejar de dar vueltas en la rueda de su deuda. En 2011 los intereses de los bonos del Tesoro español ascenderán a 27.500 millones de euros, el 2,5% del PIB. "Poca cosa", pensará alguno, "todavía nos quedan cientos de miles de millones de los que ir tirando. Bueno, quizá cambiemos de perspectiva si decimos que esa cantidad equivale al 23% de todos los ingresos tributarios del Estado central para 2011 y a casi el 20% de todos los impuestos que recaudaron el conjunto de las Administraciones Públicas el año pasado. Es decir, un quinto de todos los impuestos que ya estamos pagando van directos a cubrir la irresponsabilidad socialista de nuestros gobernantes.

¿Le sigue pareciendo poco? Pues espere unos años. Porque el anatocismo es lo que tiene: mientras no eliminemos el déficit público –y nadie sensato prevé que vaya a desaparecer en el próximo lustro– seguiremos pagando estos asfixiantes intereses mediante la emisión de nueva deuda. Intereses generan intereses, y mayores impuestos presentes cercenan nuestra riqueza futura. Lástima que nuestros políticos no hayan entendido ni el poder explosivo de la capitalización del ahorro –de los presupuestos austeros y de los impuestos bajos– ni el poder destructivo del anatocismo de la deuda –de los presupuestos descuadrados y de los impuestos confiscatorios. O quizá sí lo hayan entendido y les dé igual; los intereses de los intereses de sus juergas los pagamos nosotros, no ellos. ¿Para qué apretarse el cinturón?

Mentiras sobre el Tea Party

Este movimiento social va camino de determinar la forma en la que Obama pierde el control de la Cámara de Representantes de EEUU y podría incluso quitarle el dominio del Senado si en los Midterms logran movilizar a sus seguidores en los estados clave.

En España, El Mundo y El País no dejan de tergiversar y retorcer su imagen. Los corresponsales de estos diarios en EEUU nos cuentan toda clase de extrañas anécdotas intentando que el público español tome la opinión de algún seguidor desnortado por la esencia del movimiento. El truco es burdo y simple porque en un movimiento que posee más seguidores que habitantes tiene España siempre puede uno encontrar casos de personas para echar a comer a parte.

Un buen ejemplo de esto es el artículo ¿Qué es el Tea Party?, firmado por Ricard González en El Mundo (y eso que González no suele ser el más escorado de los corresponsales de este diario en EEUU). Cuando habla sobre la "ideología" de este movimiento nos dice que "es un elemento de disputa entre los analistas políticos qué etiqueta utilizar para definir este movimiento" aunque él no tiene el menor reparo en contarnos que "algunos lo catalogan de ‘extrema derecha’, otros de ‘ultraconservador’". Claro que otros muchos analistas lo catalogan de centro-derecha, otros de liberal y hay incluso quienes piensan que es una alianza que trasciende las ideologías. De hecho, las organizaciones que integran el Tea Party Movement no se reconocerían en el ultraestrecho abanico en el que los sitúa este periodista. Pero eso no importa. Lo único importante es endilgarle a este enorme fenómeno surgido libremente de la sociedad civil unos adjetivos con los que se les rechace sin siquiera analizarlos.

De hecho, si la cuestión es contar experiencias personales yo puedo contar la mía. He estado en algún mitin del Tea Party y me pareció asombrosa la cantidad y la variedad de personas con las que me encontré; tanto en lo que se refiere a ideas, a edades y a color de piel (por mucho que se empeñen aquí en acusarles de racistas, algo de lo que, por cierto, ellos se ríen). Entre el público me encontré con personas que suelen votar al Partido Demócrata y que reconocían no compartir muchas de las ideas de los presentes pero no les importaba porque saben que el movimiento es amplio y que en lo que están de acuerdo es en lo esencial, que es lo que están exigiendo a los políticos. En el resto, cada uno a lo suyo. También he tenido la oportunidad de cenar con algunos de los fundadores del movimiento y sinceramente me parecieron personas bastante equilibradas, a kilómetros de distancia de lo que nos describen en los dos diarios españoles de mayor tirada. Claro que yo no pretendo que los más de 50 millones de personas que componen este movimiento sean como las que yo he conocido. Faltaría más.

Más interesante aún fue escuchar a los mitineros, que no pedían el voto para ningún partido en concreto sino para aquellos políticos que se comprometan a defender las propuestas del movimiento. Estamos ante una significativa porción de la sociedad estadounidense que se ha cansado de dar su sufragio para que los políticos hagan lo que les dé la gana hasta las siguientes elecciones. Ahora son los ciudadanos los que dicen lo que quieren y sólo votan a un político si se compromete formalmente a seguir esos puntos.

Y es que el Tea Party tiene unos principios claros que todo el mundo puede consultar, no hace falta adivinarlos. Basta con visitar Wikipedia, la web Contract From America o el sitio de la organización Tea Party Patriots para enterarse de los principios y medidas que proponen.

Los principios son tres, con lo que no hay que comerse el coco para aprendérselos: responsabilidad fiscal, mercados libres y gobierno limitado (a las competencias que se establecieron de manera expresa en la Constitución). Los puntos del contrato con los políticos son sólo diez, fundamentados en los tres principios anteriores: defender la constitucionalidad estricta de cada ley, rechazar el Cap & Trade (racionamiento con mercado de comercio de emisiones de CO2), mantener el presupuesto equilibrado, simplificar el sistema impositivo, auditar las agencias federales para velar por la constitucionalidad de sus actuaciones, limitar el crecimiento del gasto público, revocar la reforma sanitaria, reducir el intervencionismo energético, establecer una moratoria sobre las partidas presupuestarias que se conceden discrecionalmente y reducir los impuestos.

¿Ultraconservadores? ¿Extrema derecha? Más bien parece que a la izquierda más rancia le saca de sus casillas que la sociedad civil sea capaz movilizarse en torno a principios que no son los suyos. Es entonces cuando creen que está justificado tergiversar y contar cualquier tipo de mentiras.

Multiculturalismo

La fórmula ha funcionado durante años, pero a decir de Angela Merkel, "por supuesto, la tendencia ha sido decir: vamos a adoptar el multiculturalismo y viviremos felizmente unos al lado de otros, unos con otros. Pero esa idea ha fallado; ha fallado por completo". Por completo no. Se han creado, en el lenguaje eufemístico de allí, "sociedades paralelas". Comunidades distintas, autónomas, colindantes pero separadas. Era una concesión al multiculturalismo, en la confianza en que los trabajadores no estarían muchos años en el país. Pero muchos se han quedado, sin que ello haya supuesto una integración en la sociedad alemana.

¿Quién iba a pensar que una forma de plantear la convivencia que renuncia a la integración haya fracasado en integrar a los inmigrantes? Pues así ha sido. Es cierto que las minorías rusa o china han sabido mantener los lazos con sus culturas con una convivencia sin mayores fricciones en Alemania. Pero algunos de los 2,5 millones de turcos que viven allí están en el corazón de muchos de los problemas de seguridad de aquél país. Alemania está sacudida por la polémica que ha generado un libro de un ex directivo del Bundesbank que señala al islam inmigrado como fuente de los mayores problemas de su sociedad.

El multiculturalismo procede del desprecio por nuestra propia cultura. En una concesión a nosotros mismos, nos otorgamos el mismo valor que a cualquier otro conjunto de costumbres y creencias con las que otras sociedades organizan su vida. Querer mostrar nuestra civilización (la única que merece ese nombre, por otro lado) como superior a las demás sería un ejercicio de "imperialismo" intolerable. Y, por tanto, no nos proclamamos mejores ni mostramos orgullosamente que lo somos ni las razones de ese orgullo. El propio desprecio alimenta el desprecio venido desde fuera. ¿Cómo no podría causar problemas?

Hay conservadores que quieren lograr esa asimilación por la vía rápida: obligando a que aprendan el propio idioma, fomentando debates sobre el verdadero ser nacional o recurriendo a la escuela para inculcar los valores correctos. Pero la clave para la integración es otra. Es la mirada del que llega, que debe ser de una profunda admiración y de un deseo genuino de formar parte de la sociedad a la que se llega. Pero esa admiración debe comenzar por nosotros mismos, que tenemos el deber de conocer nuestra cultura, apreciarla, defenderla y, en lo posible, mejorarla. Una mejor inmigración debe comenzar por nosotros mismos.

Ministerio de Ropa, Moda… y Complementos

Imaginemos. El Estado, preocupado por el enorme gasto de las familias, pone en marcha el Ministerio de Ropa, Moda y Complementos. Al frente, por supuesto, la ex vice, toda una experta en el tema. Así, en la línea de políticas sociales que ayuden a los más necesitados, el gobierno se encarga de suministrar ropa a la población.

Primer paso. Un nuevo impuesto para poder pagar la ropa estatal, así como la creación de una red de almacenes y fábricas textiles, con funcionarios pagados por el Estado, que se encargarían del proceso de fabricación y distribución del producto.

Aunque como opción, en un mix con la iniciativa privada, se podría recurrir a proveedores privados que fabricasen las prendas requeridas por el Estado mediante contratos. Eso sí, algunos dirían que con este sistema existiría la posibilidad de que se dieran casos de corrupción, de que el Estado pagara prendas por encima del coste, de que se pagaran comisiones a partidos políticos a cambio de dichos contratos, de que se dieran negocios a familiares… Las típicas insidias sin fundamento que tratan de dañar a nuestra clase política. No es problema. Nombrando a algún destacado miembro de dicha clase, un Chaves o un Bono, como asesor/supervisor de dicho Ministerio, estas prácticas estarían bajo control.

Segundo paso. Definición de producto. En las elecciones, cada partido propondrá los modelos de ropa que considere más adecuados para los votantes, de forma que el pueblo español podrá elegir las indumentarias que le parezcan más adecuadas de entre aquellas propuestas por los diferentes partidos. O sea, que si gana el PP, la ropa tendrá un toque más o menos pijo, con polos y barbours; si gana el PSOE, cazadoras de pana. Aunque si ha de pactar con IU, también se suministrarán pañuelos palestinos como peaje.

Por supuesto, en cada autonomía los poderes públicos podrán introducir elementos étnico-identitarios propios como chapelas en el País Vasco o barretinas en Cataluña, de obligado uso al igual que los idiomas locales.

Desde el Ministerio, perdón, Secretaría de Igualdad, se pondrá especial empeño en que la ropa “pública” respete la igualdad sexual, creando un “Código de Ropa No Sexista” de obligado cumplimiento, aunque a la vez garantizando el suministro de ropa específica para minorías tradicionalmente marginadas como los homosexuales (cuero y gorras de plato), los musulmanes (burkas y chilabas) o los “perro- flautas” (mallas).

Adicionalmente, desde las diferentes instituciones de la "Juventud” que hay en cada autonomía y municipio, se llevarían a cabo estudios sobre las preferencias indumentarias de los jóvenes para, según la tribu urbana a la que pertenezcan, suministrarles el equipamiento adecuado.

Por otro lado, el Estado suministraría unas prendas determinadas en función de la climatología de cada zona, asesorado por el PICC (Panel Intergubernamental del cambio climático). Así, a un ciudadano de León le correspondería una pelliza, mientras que de Despeñaperros para abajo dicha prenda sería sustituida por una cazadora de algodón.

Y no nos olvidemos de la ropa deportiva. En cada municipio, región o autonomía, el gobierno suministrará merchandising de los equipos representativos de la zona. Así, la Generalitat proveería a sus jóvenes de equipaciones con los colores del Barsa; en el País Vasco lucirían camisetas del Bilbao, etc. En Madrid, se suministrará ropa del Real Madrid, lógicamente, aunque también se podría conseguir ropa del Atleti, pero, eso sí, acogiéndose a la categoría de “Minoría Discriminada” a la que me he referido en un párrafo anterior.

Pero la iniciativa privada podrá seguir existiendo. La gente de dinero, políticos, sindicalistas, etc., tendrían a su disposición todo tipo de establecimientos privados y modelos exclusivos, mientras que el resto se vería obligado a vestir la ropa que el Estado generosamente les concede y que ellos financian con sus impuestos, pues lógicamente, al serles descontado de su renta el dinero para fabricar la ropa “pública”, el ciudadano medio español no dispondría de dinero para recurrir a dicha iniciativa.

Bueno, vale ya de decir chorradas. ¡Menudo disparate! ¿Cómo va a encargarse el Estado de la ropa? Es absurdo, ineficaz, carísimo y derrochador, es un foco de enchufismo y corrupción, atenta contra la libertad individual…

Pues esto mismo pasa con la Educación.

Morosidad de dos dígitos

Estamos asistiendo a un gran engaño, a una gran estafa mediática perpetrada al unísono por la clase política y gran parte de la comunidad financiera para ocultar la gravedad de la situación. Ni la morosidad real de bancos y cajas es del 5,6% ni, mucho menos, contamos con el sistema bancario "más sólido del mundo", tal y como se atrevió a afirmar Zapatero en 2008. Por desgracia, nada más lejos de la realidad.

Las entidades españolas se enfrentan a su mayor reto en décadas: afrontar un inmenso volumen de créditos impagados al tiempo que mantienen los mínimos requisitos de capital exigidos para evitar la quiebra o, si se prefiere, la situación de insolvencia, sin necesidad de que el Estado salga al rescate, tal y como ha acontecido hasta el momento con Caja Castilla-La Mancha (CCM) y CajaSur.

Los datos clave a tener en cuenta son, simplemente, dos. Por un lado, la exposición de bancos y cajas al sector del ladrillo alcanzó una media del 60% en 2007 –seis de cada diez unidades de crédito–, si bien la situación de las cajas (70%) es peor que la de los bancos (50%). Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? En concreto, los créditos concedidos a inmobiliarias y constructoras ascendía a unos 450.000 millones de euros a diciembre de 2009, que sumados a los 652.000 millones en préstamos hipotecarios a los hogares arrojan una cifra total próxima a los 1,1 billones de euros, equivalente al PIB nacional. En tan sólo quince años el crédito asociado al ladrillo se ha multiplicado por más de doce, desde 88.500 millones a más de 1 billón.

Por otro lado, el sistema financiero español cuenta con unos fondos propios de 220.000 millones de euros –cifras de 2009–. Ése es el dinero con el que bancos y cajas deben hacer frente a las pérdidas derivadas del estallido de la burbuja inmobiliaria (impago de inmobiliarias, constructoras y empresas asociadas) y la crisis económica (parados sin recursos para pagar los préstamos).

La cuestión es que muchos de esos créditos nunca serán devueltos en su totalidad, lo cual se traducirá en menos beneficios bancarios (por el aumento de provisiones para cubrir la morosidad) e, incluso, abultadas pérdidas para algunas entidades. Pese a ello, cabe recordar que morosidad no es lo mismo que pérdidas. Los créditos cuentan con un colateral (garantía) que se ejecuta en caso de impago, de forma que la entidad podrá recuperar parte del dinero prestado con la venta de dicho activo (pisos y promociones embargadas, por ejemplo). Aunque, cosa aparte al tiempo que sustancial, es la liquidez del mismo. Y es que unos activos son más líquidos que otros. Así, por ejemplo, el gran agujero del sistema radica en los cerca de 150.000 millones de euros concedidos a los promotores para la compra de un suelo que, hoy por hoy, es invendible (ilíquidos). Por el contrario, los pisos tarde o temprano se colocan, aunque la cuestión aquí es… ¿a qué precio? A menor precio de venta, mayores pérdidas para el prestamista. De ahí, precisamente, el miedo y la reticencia del sector, y del propio Gobierno, a la caída de los precios inmobiliarios.

La clave del problema reside en saber cuál será finalmente el volumen total de créditos impagados que arrojará la presente crisis y los fondos propios con los que cuenta el sector financiero para afrontar las posibles pérdidas, y así determinar el déficit (necesidades de capital) que registrarán los bancos y, sobre todo, las cajas para evitar la insolvencia. En este sentido, las estimaciones oscilan entre los 100.000 y los 250.000 millones de euros adicionales. Un capital que, en su mayoría, se inyectará vía rescate público (el famoso FROB), es decir, emisiones de deuda pública que deberán ser sufragadas en última instancia por los contribuyentes.

Por el momento, la morosidad real del sistema supera el 9% (unos 160.000 millones de euros), y no el 5,6% oficial (poco más de 100.000). Un nivel de mora que, por cierto, ya se veía venir en 2008. Ahora, el Banco de España cifra los créditos "problemáticos" en 181.000 millones, incluyendo los que ya son morosos. De ahí que unos aboguen por vender activos mientras que otros animan a que se acelere la fusión y reestructuración de cajas de ahorros. Son conscientes de la grave situación que atraviesa el sector.

El problema es que todo apunta a que el volumen de créditos "dudosos" seguirá creciendo y alcanzará los dos dígitos, dado el estancamiento de la actividad, el aumento del paro y el riesgo de recaída económica, al tiempo que las pérdidas bancarias aumentarán como consecuencia de la depreciación de los activos inmobiliarios. Un peligroso cóctel que, tarde o temprano, se reflejará en números rojos en los balances, inyección de dinero público e, incluso, nuevas intervenciones por parte del Banco de España. Aunque llega con mucho retraso –mucho más del debido–, la crisis financiera en España comenzó en 2010.

Mariana y las Cortes de Cádiz

Como bien recordaba hace poco en este foro José Carlos Rodríguez, el pasado 24 de septiembre celebramos los doscientos años de la apertura de las Cortes de Cádiz, entonces todavía en la Isla de León (hoy, San Fernando), antes de su traslado al famoso templo gaditano de San Felipe. En medio de las conmemoraciones, con presencia de los Reyes, se citó allí el primer decreto tal y como aparece en el Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, donde podemos leer algunas frases famosas como que en las Cortes “residía la soberanía”; que “convenía dividir los tres Poderes, legislativo, ejecutivo y judicial”; o que se declaraban “nulas las renuncias hechas en Bayona, no solo por la falta de libertad, sino muy principalmente por la de consentimiento de la nación”.

Estas ideas sobre una novedosa legitimidad democrática, junto a una repetida referencia a cómo en las Cortes residía la soberanía nacional, insistiendo en que “se declaraba nula la cesión de la Corona que se dice hecha a favor de Napoleón”, fueron las que finalmente se plasmarían en el famoso artículo tercero de la Constitución de 1812: “La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”. A partir de aquí, se plantea la interesante discusión señalada arriba sobre un dudoso fundamento liberal de las Cortes, el exagerado referente a la revolución francesa o la excesiva concentración de poderes que se atribuyeron sus diputados.

Mi reflexión, sin embargo, discurre por una línea más bien de antecedentes intelectuales; y lo que sostengo es que no fueron conceptos tan novedosos para los que llevamos tiempo estudiando la obra de Juan de Mariana y tantos otros maestros de la escolástica española del Siglo de Oro. Ya hemos escrito en esta web consideraciones similares acerca de la necesidad del consentimiento popular en el gobierno político (Suárez), o de la sujeción legal que debe respetar un gobernante en su gestión económica (Mariana y la denuncia de las alteraciones monetarias). Resulta fácil encontrar ese tipo de alusiones al “asentimiento del pueblo” en muchos doctores de la Escuela de Salamanca. Lo que no significa necesariamente que estuvieran proponiendo ya en el siglo XVI una precisa teoría contractualista del poder político (o tal vez sí: aunque tampoco pretendo discutir eso ahora); pero considero que se les debe reconocer un papel cuando menos precursor en la configuración de la doctrina política en la Europa moderna.

Es por todo ello que, justamente en el discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la comisión de Constitución el proyecto de ella (24 de diciembre de 1811), Agustín de Argüelles pueda hablar con toda normalidad de “los Marianas”, en tanto que fue un autor conocido para muchos de aquellos primeros legisladores de Cádiz.

Así que me permitiré insistir de nuevo en algunas frases de nuestro jesuita toledano que recuerdan muy directamente el lenguaje de las Cortes de Cádiz. Porque antes de su Monetae Mutatione (1609), donde escribe de pasada en los primeros capítulos sobre las limitaciones de los reyes respecto a los derechos de propiedad de sus vasallos, respecto a la imposición tributaria y, específicamente, respecto a la acuñación monetaria, diez años atrás, recuerdo, en el De Rege et Regis Institutione (1599), ya había reflexionado en varios momentos sobre la legitimidad del gobierno y sus obligaciones respecto a los súbditos.

Así, en el capítulo VIII (¿Es mayor el poder del Rey o el de la República?) plantea lo siguiente: “A mi modo de ver, puesto que el poder real, si es legítimo, ha sido creado por consentimiento de los ciudadanos…, ha de ser limitado desde un principio por leyes y estatutos a fin de que no se exceda en prejuicio de sus súbditos y degenere al fin en tiranía”. Afirmando un poco después lo que explicará con más detalle en el Monetae Mutatione: “El rey no puede imponer tributos sin el consentimiento de los pueblos”. Y se cuestiona enseguida algunas circunstancias relativas a la sucesión real (que nos recuerdan tanto las abdicaciones de Bayona) como a la obligación de atender a la opinión de los súbditos cuando se vaya a designar al heredero, respetando esa cesión ciudadana del poder: “¿Cómo podemos suponer que los ciudadanos hubiesen querido despojarse de toda su autoridad ni transferirla a otros sin restricción, sin tasa, sin medida?”. Sobre todo lo cual concluye: “A mi modo de ver no puede el príncipe oponerse a la voluntad de la multitud, ni cuando se trata de imponer tributos, ni cuando se trata de derogar leyes, ni mucho menos cuando se trata de alterar la sucesión del Reino”.

Escribo estas ideas con especial cuidado de no caer en ese anacronismo (que por cierto se ha acusado a este Instituto) de describir a Mariana como un fundador del liberalismo “hayekiano”. Bien es cierto que fueron aquellos autores austríacos los que mejor comprendieron la propuesta de un orden espontáneo en los Doctores de Salamanca. Pero la verdad es que no me importa demasiado discutir sobre si entonces ya se podría hablar de “derechos individuales” o éste es un concepto históricamente posterior. Lo que me parece verdaderamente interesante es cómo una generación de ilustres profesores hispanos defendió la libertad en unos términos que hoy todavía resultan inalcanzables para muchos ciudadanos de nuestro mundo.

Producción, preservación e intercambio de valor: los intermediarios

El ser humano actúa como agente intencional para conseguir sus objetivos más valiosos con el mínimo coste posible. El propio cuerpo (y mente) de cada individuo es su principal medio de acción, necesita ser mantenido y su capacidad de actuación puede ser perfeccionada (entrenamiento, aprendizaje). Las acciones precisan además medios externos que pueden ser objetos perecederos (alimento, combustible: son destruidos al utilizarse o pueden estropearse espontáneamente si no se guardan y conservan en condiciones adecuadas) o duraderos (de menor o mayor persistencia, como ropa, herramientas, ornamentos, vehículos, edificios). Algunas de estas cosas existen en la naturaleza y se regeneran de forma espontánea, otras necesitan ser producidas: el ser humano usa cosas y produce cosas.

Las acciones pueden tener efectos: sobre uno mismo (comer, lavarse, aprender sobre algún tema); sobre otras personas (hacer algo a otro: proporcionarle un servicio personal, como entretenerlo, darle un masaje o un corte de pelo, tener relaciones sexuales, curarlo, enseñarle algo, transmitirle información; o darle algún objeto); o sobre objetos impersonales (transformar alguna cosa propia o ajena, como pintar una casa, preparar comida, arreglar un traje, construir un aparato, ensamblar un dispositivo, crear un diseño).

Cuando los individuos interactúan y se relacionan libremente, intentan generar valor, para sí mismos y para los demás: tratan de desarrollar las capacidades y adquirir los medios que les permitan prestar servicios valiosos, o intentan producir o distribuir bienes valiosos. Cada sujeto considera en su acción no sólo sus propias preferencias por las cosas (valor de uso para uno mismo), sino cómo las valoran los demás (valor de intercambio).

En economías con división del trabajo, los agentes económicos individuales son productores especializados y consumidores generalistas: la variedad de lo que compran o reciben para el consumo final no es completa (no compran cualquier cosa), pero es mucho mayor que la variedad de lo que venden o dan como fruto de su trabajo. La cooperación mediante la división del trabajo es más productiva (mejor rendimiento de los especialistas), pero da origen a problemas de coordinación para distribuir los bienes y servicios de los productores a los consumidores: los agentes deben trasladar valor en el espacio y en el tiempo, y dividirlo o agregarlo para ajustar cuantitativamente los intercambios.

Cuanto más extendida sea la división del trabajo, mayores pueden ser los costes de transacción y más conveniente es la existencia de instituciones que los reduzcan. Los procesos de mercado resuelven estos problemas mediante dos mecanismos íntimamente relacionados: los intermediarios y el dinero.

Vendedores y compradores potenciales deben buscarse unos a otros hasta que se produzcan encuentros mutuamente satisfactorios, y toda búsqueda tiene un coste que puede ser importante. No es necesario que estos encuentros sean óptimos para ambas partes en el sentido de que cada uno reciba justo lo que más quería para sí mismo: basta con que cada uno valore más lo que recibe que lo que da a cambio, considerando que además puede existir la posibilidad (no la certeza) de transferir a un tercero lo que se ha recibido. Al adquirir algo un comprador puede considerar no sólo su propio uso o consumo, sino también la posibilidad de revenderlo. Pero como cada compraventa tiene un coste de transacción que puede ser elevado, la existencia de múltiples ajustes e intercambios entre todos los participantes en el mercado (todos con todos) puede ser muy ineficiente.

Algunos agentes económicos pueden tener iniciativa empresarial y especializarse en adquirir bienes solamente para su reventa posterior (distribuidores, comerciantes fijos o ambulantes, intermediarios entre productores y consumidores). Un intermediario posibilita el contacto indirecto entre múltiples productores y consumidores, economiza recursos y amplía la extensión del mercado. Sin la colaboración de intermediarios sería necesaria una gran cantidad de costosas conexiones entre cada productor y todos sus clientes posibles, y entre cada consumidor y todos sus proveedores posibles. Como la estructura de producción es compleja, pueden existir intermediarios a diversos niveles: entre productores, o entre otros intermediarios (distribuidores mayoristas y minoristas).

Los intermediarios o comerciantes son nodos intermedios altamente conexos que simplifican y agilizan la estructura de distribución de valor de una sociedad. Son especialistas en procesos de búsqueda y ajuste entre productores y consumidores. Los problemas de distribución no suponen solamente costes de transporte (distancia entre fábricas y domicilios) y almacenamiento: también implican problemas de obtención y gestión de información acerca de las posibilidades de los productores y los deseos de los consumidores; como el conocimiento es imperfecto, siempre hay problemas de riesgo e incertidumbre, no se sabe con certeza a quién y cuándo se venderá un bien o servicio.

Los agentes económicos con preferencia temporal y aversión al riesgo (productores, intermediarios y consumidores) utilizan el dinero como medio de preservación e intercambio de valor que minimiza tiempos, riesgos y costes de almacenamiento y transporte.

Sí a la marihuana

Condados y ayuntamientos podrían abstenerse de implementar la Proposición 19, o gravar el comercio con impuestos e implantar licencias. Como sucede con el alcohol, la permisividad variaría según las sensibilidades locales.

La medida goza de una gran popularidad y tiene posibilidades reales de aprobarse. Las encuestas muestran repetidamente un apoyo cercano al 50%. La última de ellas, del Public Policy Institute of California, arrojaba un respaldo del 52%. El estamento político y mediático son la principal oposición a la propuesta, pero sus partidarios se están movilizando más: desde la campaña Yes on 19 de Richard Lee, que ya se ha gastado unos 2 millones de dólares, a la Drug Policy Alliance financiada por George Soros, que acaba de aportar 1 millón de dólares más a la causa, pasando por la National Organization for the Reform of Marijuana Laws o el grupo Just Say Now, que promueve iniciativas similares en otros estados.

Curiosamente la mayoría de quienes votarán a favor de la Proposición 19 también votará demócrata en las elecciones legislativas, pero la idea de que los demócratas están a favor de reformar el statu quo legal de las drogas es pura fantasía. Éste no es un debate que enfrenta a los dos grandes partidos, todo el establishment político está en contra de la legalización. De hecho, los dos políticos que más fervientemente han defendido la liberalización son republicanos: el congresista por Texas Ron Paul y el gobernador de Nuevo México Gary Johnson.

¿Por qué los californianos deben votar SÍ a la Proposición 19? Los liberales suelen conceder a los prohibicionistas la premisa de que el consumo de drogas es nocivo. Así, el argumento se plantea a la defensiva: drogarse es perjudicial, pero la persona es dueña de su propio cuerpo y tiene derecho a hacer con él lo que quiera. O desde un punto de vista consecuencialista: la guerra contra las drogas y su corolario, el mercado negro, causa más daño del que evita, disparando los índices de criminalidad y despilfarrando recursos. Ambos enfoques son aceptables, pero yo no concedo tanto.

Mi concepción del mundo de las drogas ha cambiado con los años. Antes creía que la mayoría de consumidores eran adictos, mi imagen del usuario prototípico era la de un "yonqui" y daba por sentado que las drogas conducían inexorablemente a la marginación social y a la tragedia familiar. Era el mensaje que transmitían las películas, la escuela, los padres y el Estado.

Aunque sigo sin consumirlas, hoy ya no tengo esa visión tan sombría de las drogas. En parte porque he conocido a gente normal, con una vida normal, que consumía esporádicamente drogas duras o blandas. Pero sobre todo por la marabunta de datos recogidos en el libro Saying Yes: In Defense of Drug Use, de Jacob Sullum, un veterano columnista de Reason que siempre había admirado por su moderación y rigor en sus planteamientos radicales.

En relación con la marihuana, por ejemplo, es falso que la droga enganche hasta el punto que el usuario medio deviene adicto. Según datos de la National Comorbidity Survey de 1994, solo un 9% de los consumidores de marihuana entra dentro de la categoría de "dependientes" de la American Psychiatric Association. El porcentaje equivalente para los consumidores de alcohol es del 15%. Estos datos ilustran que la mayoría de consumidores de marihuana se fuman un porro como aquel que consume un cóctel antes de cenar.

La evidencia de que la marihuana perjudica la salud es tan débil que un editorial de The Lancet, la prestigiosa revista médica británica, afirmó en 1995 que "el consumo de cannabis, incluso a largo plazo, no es nocivo para la salud". Esta conclusión quizás es demasiado rotunda, pero lo cierto es que no se registran muertes por marihuana, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco (435.000 anuales en Estados Unidos) y el alcohol (85.000). Tampoco está establecido, como señaló el Comité Especial del Senado canadiense sobre drogas ilegales en 2002, que el consumo intensivo de marihuana tenga efectos perjudiciales sobre las funciones cognitivas.

La votación en California, además, puede tener repercusiones políticas en México, el país vecino, donde varios ex presidentes (Ernesto Zedillo y Vicente Fox) se han declarado favorables a la legalización de las drogas para reducir los estragos del narcotráfico. El actual presidente de México, Felipe Calderón, se ha mostrado dispuesto a debatir la cuestión. Se estima que más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos proviene de la marihuana. Gracias a la prohibición, 1 kilo de marihuana que vale 80 dólares en México se vende por 2.000 dólares en Estados Unidos.

Si la Propuesta 19 sale adelante el Gobierno mexicano podría unirse a California contra Washington, o presionar a Washington para que revise su política. En Estados Unidos han pasado 14 años desde la Proposición 215 que legalizaba la marihuana médica en California. Hoy ya es legal en 15 estados. La Proposición 19 tiene el potencial de impulsar la misma tendencia.

Santa Rita, Rita

Lo primero fue felicitarse porque les daban la razón. Sí, como lo oyen. Pese a que lo único que se dirimía en el tribunal era si cobrar indiscriminadamente el canon era legal o no, la noticia desde su punto de vista debía ser que no habían declarado ilegal el canon, algo que nunca estuvo en el debate. Desgraciadamente, el canon es legal, por más injusto que sea: eso no estaba en discusión. Lo que se dirimía es si podía cobrarse a todo quisqui.

Todo el chiringuito del canon se basa en la presunción de culpabilidad: si te compras un CD o un DVD virgen, o si compras un disco duro de un tera de capacidad, se asume muy pero que muy probable que lo vas a usar para guardar música o pelis, peazo sinvergüenza. Pero aún dentro de esa aberración que, dicho sea de paso, cada vez es más común en nuestro ordenamiento jurídico –o qué otra cosa son la mayoría de las regulaciones–, resulta imprescindible justificar esa presunción. De ahí que incluso en España existan límites al canon. Por ejemplo, si el disco duro que te compras va destinado a ser el principal del ordenador, no se cobra este tributo porque no se puede asumir que lo vayas a utilizar con fines malévolos.

Pero claro, hay muchísimo material informático que se pasó por alto, y del que puede afirmarse que casi nunca será utilizado para hacer copias privadas de material protegido por derechos de autor. Sin duda, algún funcionario o trabajador habrá que coja un CD de la empresa al que haya podido echar mano para grabar lo último de Ramoncín. Pero en su mayor parte esos soportes serán empleados para los fines legítimos de las administraciones públicas, profesionales o empresas. Aún así, pagaban canon. Y a eso es a lo que en Europa han dicho que nanai de la China.

Ante esto queda la gran pregunta: ¿y lo que se ha cobrado ya? Pues según un lumbrera de EGEDA "no tiene sentido" devolverlo" porque "no conozco ninguna ley fiscal que diga: me cargo la desgravación de la vivienda y lo aplico a los cinco años últimos y que esa retribución se le pida a los contribuyentes". Curiosa la analogía cuando las entidades de gestión se han pasado años negando lo evidente: que el canon es un impuesto que, eso sí, cobran asociaciones privadas. Pero tiene razón: si el Estado intentara hacer eso, sería ilegal.

El problema, claro, es que la analogía es absurda, porque coloca a EGEDA y SGAE como contribuyentes, víctimas de la voracidad del Estado, cuando en realidad son ellos los que recaudan. La analogía correcta sería que, después de haberse cargado la desgravación de la vivienda y haberla aplicado retroactivamente, los tribunales declararan ilegal ese cambio: evidentemente, los ciudadanos afectados tendrían derecho a reclamar a Hacienda el dinero que ilegalmente les quitaron. Eso es lo que dice la sentencia.

No cabe duda de que Zapatero y Sinde procurarán cambiar la ley para que los ciudadanos paguemos más para compensar lo que dejen de cobrar ilegalmente a empresas y administraciones públicas. Pero tampoco sería de extrañar un aluvión de reclamaciones. Ambas cosas llevarán tiempo. La primera porque resulta difícil que un Gobierno ya muy impopular obligue a los españoles a pagar unas cantidades que, por lo visto, no son las justas en sí: están puestas para que le cuadren las cuentas a Teddy. La segunda porque los tribunales en España son como son. Pero mientras tanto nos vamos a reír. Después de tantos años de injusticia, nos lo merecemos, ¿no?

Następna stacja: Racławicka

Próxima estación: Racławicka, pronunciado algo así como "Nastepna estasia: Rashuavisca". Tales son los nuevos sonidos que escucho todos los días, cada vez que el Metro me acerca a mi casa en Varsovia. La globalización me ha traído a estas tierras polacas para enseñar español a adultos. Esa mundialización que ciertos liberales alentamos, fomentamos y ansiamos precisamente porque no ocultamos las dificultades prácticas que subyacen a tal empeño tampoco resulta incompatible con el reconocimiento e, incluso, el aprecio de las diferencias entre seres humanos, determinadas por su pertenencia a grupos étnicos y culturales diversos. Nuestro enfoque parte, no obstante, de la singularidad del individuo, cualquiera que sea su nacionalidad, y de la sospecha de que las apelaciones colectivistas basadas en conceptos como la nación no son sino abyectas mañas de políticos sin escrúpulos para dominar a las masas dentro de las viejas (o nuevas que quieren crear) fronteras entre estados.

Aunque llevo poco tiempo, resulta llamativa la extraordinaria demanda de idiomas en esta ciudad. Después de más de veinte años de poscomunismo y seis de incorporación a la Unión Europea, parecería como si los polacos, que cuentan con grandes colonias de emigrantes a lo largo y ancho del mundo (Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Australia, etc.), anduvieran sedientos de comunicarse con los demás habitantes del mundo no sólo en inglés, sino también en cualquiera de las lenguas conocidas por su gran número de hablantes.

No debe sorprender al visitante la facilidad para tratar en inglés con los menores de cuarenta años, dado que las personas de esa franja de edad quedaron a este lado del corte entre los educados durante la época comunista con programas de enseñanza obligatoria del ruso y los posteriores, instruidos bajo sucesivos gobiernos que viraron hacia Occidente.

Se sabe por el caso español, no obstante, que la imposición de la enseñanza obligatoria de un idioma extranjero por decisión gubernamental no implica necesariamente que la población llegue a dominar la lengua elegida. En este sentido, mucho antes que en Polonia, los últimos gobiernos de Franco tomaron la decisión de sustituir el francés por la lengua de Shakespeare. En parte, por apuntarse a la tendencia dominante, ya entonces, que consideraba al inglés la lingua franca del mundo.

Transcurridos treinta y cinco años, el resultado apetecido no puede calificarse más que como un rotundo fracaso. Los españoles en general, cualquiera que sea su región de procedencia, son conocidos en los países europeos por sus dificultades para comunicarse en inglés, y no digamos en otras lenguas. Acaso quepa apuntar distintas concausas, comunes, por otro lado, a la degradación de la calidad de la enseñanza reglada, a pesar de que los conocimientos dispersos nunca han sido tan amplios. Si, por un lado, las reformas educativas de los gobiernos socialistas reforzaron las tendencias estatistas del franquismo, por otro, la uniformación tiene ahora una escala autonómica y aldeana, con la imposición de lenguas minoritarias sobre la voluntad de los individuos. El pedagogismo contra el conocimiento ha hecho el resto. Para colmo de males, el adoctrinamiento socialista se proyecta transversalmente en los planes de estudio y alcanza el paroxismo con la imposición, como asignatura obligatoria, de educación para la ciudadanía. Los nacionalistas periféricos, como si quisieran subrayar los prejuicios liberticidas frente a la gran sociedad y la civilización que tanto les asemejan a los socialistas, no han despegado la boca frente a una intromisión tan brutal en las conciencias de los rebaños que pretenden pastorear en exclusiva, a cambio de que sus postulados se sirvan también entre el forraje de los establos-escuelas de su competencia.

En claro contraste con esta experiencia, la pujanza del español en Varsovia, siempre detrás del inglés, pero por delante de idiomas cuyas culturas han sido más influyentes históricamente –ruso, alemán, francés e, incluso, italiano–, va acompañada por la pasión entre muchos jóvenes y maduros por la cultura popular hispana. Las discotecas de ritmos sabrosones proliferan por la toda la ciudad y se abarrotan de entusiastas bailones durante las largas veladas de los fines de semana varsovianos. Carteles publicitarios anunciando clases de salsa son visibles por doquier. El otro día, unos alumnos de la Universidad privada Łazarski me comentaban que todo el mundo sabe en Polonia quién es Natalia Oreiro, la cantante y actriz uruguaya afincada en Argentina. A todo ese imaginario lúdico de placeres sensuales unen las soñadas vacaciones en España (desde la Costa Brava pasando por Barcelona, Andalucía, las Canarias a la grandiosidad de Madrid) o, los más pudientes, en Hispanoamérica.

Está por ver si la propia creatividad de quienes tenemos el español como lengua materna permite que, asimismo, sea considerada como una fuente de transmisión de conocimiento y civilización. En este sentido, la concesión del premio Nobel de literatura a Mario Vargas Llosa, ejemplo de escritor total, no le ha convertido en un autor mejor, pero sí ha surtido un efecto publicitario para la difusión del español, a lo cual contribuyó la propia reivindicación del escritor, quien, nada más conocer que se le había concedido el galardón, ensalzó la riqueza del idioma que utiliza. Si parece poco plausible que en los campos de las ciencias naturales y la técnica se produzca un fenómeno de esas características, el surgimiento a ambos lados del Atlántico de personajes y de asociaciones e instituciones liberales, dedicadas a la investigación en el campo de las ciencias sociales y al cultivo de ideas, con proyección universal, puede servir para que nuestra cultura, aderezada de los elementos heterogéneos que la han forjado a lo largo del tiempo, continúe atrayendo la atención de hombres que no han crecido en su seno.

Mientras tanto, al contrario que el personaje de La vida es sueño de Calderón de la Barca, puedo decir que Polonia ha recibido bien a este extranjero. Ahora sólo me falta aprender polaco.