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Una Venezuela armada, atómica y empobrecida

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Artículos en prensa.

…ambos han decidido dar un peso considerable a las relaciones con los enemigos de Occidente. Zapatero, bajo el paraguas ideológico de la Alianza de Civilizaciones y su obsesión por desmarcarse de la política de su predecesor José María Aznar. Chávez, por su interés imperialista en una América latina unida bajo las directrices de su personal visión de la utopía de Simón Bolívar y el Socialismo del Siglo XXI.

Dentro de este escenario y acosado por los problemas internos y externos que su propia política ha generado, Hugo Chávez acaba de realizar una visita a Rusia donde ha firmado una serie de acuerdos de colaboración financiera, petrolera, energética y militar con el gobierno del presidente Dimitri Medvédev y de su primer ministro (y dicen que presidente en la sombra) Vladimir Putin.

El tremendo peso que tiene la energía atómica como argumento informativo para los medios de comunicación occidentales, ha hecho que éstos centren su atención en el acuerdo por el cual los rusos construirán una central nuclear en suelo venezolano con dos reactores de 1.200 megavatios cada uno. Rusia ha descubierto en este tipo de infraestructuras un negocio que le beneficia en dos aspectos. Por una parte, aporta fondos a su maltrecha economía que como las del resto del mundo no se ha librado de los efectos de la crisis económica. Pero sobre todo, socava el papel de Estados Unidos como líder mundial que se ve obligado a apagar demasiados fuegos mientras que su peso económico se ve afectado por las políticas del presidente Obama y de la FED. El portavoz del Departamento de Estado de la Casa Blanca, Philip Crowley, dijo que vigilará "muy de cerca" este acuerdo.

Hay que recordar que los rusos ya han construido para el régimen iraní de los ayatolás una central nuclear que ha puesto en alerta, no sólo a Estados Unidos e Israel, primeros objetivos de los terroristas que apadrina el régimen iraní, sino a todo Occidente y que Irán también es otro de los países con los que Hugo Chávez tiene una alianza estratégica a varios niveles.

No parece que la central nuclear que se construya en suelo venezolano sea más amenazadora que la que se ha construido en suelo iraní, pero no pocos sacarán algún paralelismo entre esta situación y la crisis de los misiles entre Estados Unidos, la URSS y Cuba allá en la década de los 60. Al fin y al cabo, la Venezuela bolivariana se ha declarado heredera de la Cuba castrista. Hay que recordar que Venezuela es signataria del Tratado de No Proliferación Nuclear y tendría que ajustarse a las directrices y la vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El presidente Medvédev ha sido claro en este mensaje velado a Estados Unidos: “Ambos, Rusia y Venezuela, estamos a favor del desarrollo de un nuevo y justo orden mundial, donde nuestro futuro no dependa de la voluntad ni del deseo de ningún país, de su bienestar o de su estado de ánimo”. Habría que entender que en ese nuevo orden, Rusia y Venezuela serían estados predominantes y líderes en sus respectivas áreas geográficas, es decir en la antigua URSS y alguna parte más de Europa, para el primero y en toda Latinoamérica, para el segundo.

Sin embargo, si es más polémico el acuerdo militar entre ambos países pues las armas convencionales sí que son una amenaza seria y directa para la estabilidad en la zona. Este acuerdo militar, que se une a otros ya existentes entre ellos, supone la venta a Venezuela a cambio de 5.000 millones de dólares de carros de combate T-72, sistemas antiaéreos S-300, misiles antiaéreos TOR-M1 y cañones antiaéreos ZU-23-2. Todo sumado: armamento, interés por la energía atómica en un país donde el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos y la exportación de la revolución bolivariana al resto de Latinoamérica, lleva a un escenario no especialmente halagüeño, más bien desestabilizante con apoyos claros a grupos terroristas, intervenciones en las políticas de otros países del continente y enfrentamiento directo con su vecino Colombia.

Las políticas expansionistas siempre han repercutido mucho en la población de aquellos países que las llevan a cabo. Que este pernicioso efecto sea más o menos catastrófico suele radicar en la productividad de la economía del país. Así, la exportación de la democracia que intermitentemente realizan ciertos gobiernos de Estados Unidos, es factible pues su productividad es lo suficientemente alta como para que el efecto sea menor. Además, la economía americana está más cerca al libre mercado que la de otros países lo que permite flexibilidad y adaptabilidad. Por el contrario, las políticas socialistas, rígidas y sujetas a planes económicos tan precisos como imposibles, suelen nacer ya cadáveres aunque se empeñen en resucitar al muerto a través de nacionalizaciones descaradas o intervenciones disfrazadas de políticas sociales. Convendría tener en cuenta esta política expansiva y derrochadora si en el futuro Venezuela termina como su aliada Cuba, un bello país convertido en una cárcel para su propia población, empobrecida, ideologizada y secuestrada por sus propios dirigentes.

La bajada de los precios del petróleo, las nacionalizaciones de empresas nativas, la intervención en sectores estratégicos, los conflictos abiertos con las empresas extranjeras que empiezan a abandonar el mercado venezolano, las continuas expropiaciones y la necesidad apremiante de divisas que ha llevado a vender a los chinos buena parte de la producción petrolera de los próximos años, demuestra que las mal llamadas políticas sociales del gobierno bolivariano no sólo no terminan de funcionar, sino que no debería permitirse gastos militares como los que se han realizado, que tampoco deberían vivir en un continuo enfrentamiento con sus vecinos y que exportar el Socialismo del Siglo XXI es un error que no pagarán necesariamente quienes lo han puesto en marcha, sino quienes lo sufren. El sistema se empeña en demostrar que la pobreza ha disminuido entre 1996 y 2009 del 70% al 23%, pero sus acciones más bien invitan a pensar que la pobreza se ha repartido y que el listón se ha puesto muy bajo a la vez que la máquina de propaganda ha empezado a trabajar mostrando los grandes logros de un modelo que en otros países y otros momentos ya ha fracasado catastróficamente.

El poder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

En general, la vulgarización de una deficiente comprensión de los términos acaba comprometiendo el éxito de quienes tratan de teorizar sobre aspectos del orden social. Lo político, definido como el interés común por la forma de vida de un grupo humano, o visto de otro modo, la puesta en común de ámbitos e inquietudes sobre las que se plantea una discusión pública volcada en alcanzar un compromiso bastante, existe como expresión misma de la naturaleza del Hombre. De lo político, como de lo jurídico o lo moral (en cuanto al bien, la justicia o la rectitud), surge el fenómeno de la autoridad socialmente reconocida como uno de los presupuestos del desarrollo institucional. Son los órdenes sociales más complejos los que fusionan autoridad y poder dando forma a la potestad, entendida como facultad de intercesión pública limitada a priori en virtud de las libertades civiles consolidadas. Si bien en sistemas de Derecho como el romano, la potestad era considerada previa a la autoridad, en nuestra explicación, ciñéndonos al significado estricto de los términos, consideramos que la autoridad ha de ser presupuesto de la potestad, y no al contrario, aun cuando una vez producida la institucionalización, al potestatario se le considere autoritario, y no en sentido inverso.

Libertad y poder se distinguen fundamentalmente por ser la primera de carácter social-negativo, y el segundo una extensión de la idea misma de capacidad en su sentido estricto. Libertad es no ser coaccionado por terceros en la persecución de nuestros particulares intereses, salvo que dicha interferencia surja de la vigencia de justos derechos personales amparados en normas generales y abstractas efectivas. Poder se identifica en un primer momento con la mera capacidad de hacer algo, de conducir nuestro cuerpo en una determinada acción con los límites físicos o cognitivos imperantes en cada caso (o en cualquier caso). No podemos volar, pero sí concebir y producir un artefacto que nos transporte por la atmósfera. No somos menos libres si no podemos, como tampoco el poder nos hace más libres salvo que de él derive un freno ante la coacción proveniente de terceros, en cuyo caso dicha capacidad se habrá visto traducida en términos sociales a través de mecanismos institucionales de tipo jurídico o político. En el primer caso, el poder personal quedará concebido como derecho, o facultad de exigir cierto comportamiento o renuncia a terceros, y en el segundo, como aquella capacidad reconocida de imponer nuestra postura en un conflicto.

El poder es natural e inevitable, y su traducción social en términos jurídicos o políticos (también morales) define la entidad de las fuerzas de interacción entre individuos que comparten cierto conocimiento moral, político y jurídico comprendido dentro del consenso social. Existen dos manifestaciones del poder: la natural, que a su vez se subdivide en poder físico y en poder intelectual, y la social, que se resume en lograr el reconocimiento de nuestras pretensiones frente a terceros. Cuando nuestras pretensiones son de tipo personal deberán traducirse en reconocimientos jurídicos, en virtud de contenidos eficaces y refrendo externo. En el caso de que nuestras pretensiones versen sobre lo común, aspirando a proteger, mantener o restaurar cierta “forma de vida”, su traducción será fundamentalmente política.

El orden político se expresa a través de un tipo de poder secundario, dada la prelación que posiciona al Derecho en un lugar preeminente. Siendo de este modo, el poder político se encuentra en todo momento en fuerte confrontación con el poder jurisdiccional, variando la demarcación de límites y pugnando por el control de importantes ámbitos de la conducta humana dado el difuso umbral entre el sentido de lo común y la conciencia de lo particular.

Los órdenes de conducta, jurídica, moral o política, se caracterizan por transmitir sus contenidos a través de generaciones de individuos, produciéndose una sucesión institucional en todos y cada uno de estos orbes (tradición). Quizá sea la sucesión en la práctica de la potestad pública, jurisdiccional y política, lo que más dificultades plantee en cuanto a la distinción necesaria entre poder competitivo y poder absoluto. En ambos casos el reconocimiento se mantiene efectivo en el tracto autoritario, pero dada la naturaleza polémica de toda controversia política, las decisiones adoptadas en cada momento por el poder institucionalizado, o por quién ostente dicha función, se convertirán en cuestión de debate y discusión públicos. La sucesión política debe entenderse respecto de las instituciones y los límites de su acción, más allá de la voluntad contingente que se proyecte a través de dicha potestad.

El mejor ejemplo de sucesión jurídica es la propiedad privada, concebida como dominio reconocido sobre un bien y su representación. La transmisión mortis causa, testada o legal, impide que las cosas queden abandonadas, al tiempo que mantiene los dominios asegurados y definidos más allá del periodo de vida de quien fuera su justo y reconocido titular. Un tercero no debe sentirse agredido ante la imposibilidad de adquirir bienes “abandonados” en apariencia tras la muerte de sus antiguos propietarios. El Derecho garantiza la sucesión acotando el cambio de titularidad sobre las cosas transmisibles. Una norma convierte en propietario a alguien, con independencia de las pretensiones de terceros ajenos a dicha propiedad.

Un ejemplo de sucesión política, más allá de la complejidad del poder público, radica en los mecanismos de transmisión o sustitución en los órganos de gobierno de una sociedad organizacional. No cabe replantear o cuestionar el orden político vigente y formalizado apelando a la circunstancia de que desaparezca o sea relevada la voluntad que hasta entonces venía desempeñando cierta potestad. Existen mecanismos formales que simplifican la sucesión política, o la reforma institucional, y esta situación vincula incluso a quien acabe de acceder al dominio de una participación social, siempre que se mantenga un consenso social suficiente.

Poder y libertad son dos caras de una misma moneda: la convivencia. Libertad, decíamos, significa ausencia de coacción, mientras que poder, en sentido estricto, supone la reconocida capacidad de coaccionar a quien no respete nuestro derecho y, por tanto, desarrolla el concepto mismo de derecho subjetivo convirtiéndolo en la pretensión personal con implicaciones respecto a terceros, que encuentra un respaldo jurídico que lo hace exigible (Bruno Leoni). El deber jurídico es consustancial al derecho subjetivo únicamente bajo la definición dada. El poder personal, que se estima eficaz en términos jurídicos, se transfiere a una magistratura que encarna el poder jurisdiccional. Sucede distinto en cuanto al poder político, que se desvincula de la pretensión particular para conectar a través del sentido común sobre determinados ámbitos de la interacción social y la convivencia. El poder político, que actúa por reconocimiento, sometido al criterio de autoridad, y que tiene limitadas sus facultades en virtud de la libertad y autonomía de los individuos sobre los que se extiende, no es equiparable al poder jurisdiccional, aunque sus mecanismos de compulsión resulten parecidos.

El poder de disposición sobre algo excluye a todo el que no lo tenga reconocido en forma de derecho subjetivo. La libertad de unos se entiende en los límites jurídicos que otros sufren. El poder social que contiene cada derecho subjetivo, por blindar una esfera de libertad relativamente definida, hace que libertad y poder sean opuestos pero inseparables. El poder de disposición garantiza el libre ejercicio de nuestra voluntad, al tiempo que convierte en ilícita toda invasión proveniente de terceros. La propiedad privada se define como un reconocimiento que se despliega en derechos concretos en cuanto al poder de disposición excluible que acota la capacidad de acción de quienes no se reconocen como propietarios de la cosa.

Cuando el Derecho y la moral definen el contorno de la idea de respeto a lo ajeno, de consideración de la esfera de control y dominio de un individuo, lo que hacen es modular el ejercicio de la libertad en torno a principios dinámicos, pero con tendencia a la institucionalización. El poder social, entendido como capacidad de obrar dentro de un reconocimiento de facultades en los límites ineludibles entre libérrimas acciones de los individuos, ampara a quien demuestra o aparenta ostentarlo en sus acciones de apremio y coacción sobre las esferas de dominio de terceros. El poder limita la libertad, como concepto negativo, como estado potencial de acción, que sólo puede entenderse desde la alteridad que genera la convivencia. Un individuo aislado no es libre ni tiene poder social alguno (sí posee poder natural, físico e intelectual).

En sociedad los individuos gozan del reconocimiento de cierta resistencia libérrima, así como de poderes fundamentales, contextualizados o institucionales. El proceso por el cual se desarrolla e institucionaliza el poder político, como reconocimiento institucional de la gobernanza en aspectos concretos de atención puesta en común, forma parte de la misma explicación sobre la transmisión del poder personal a instancias sociales religantes. Lo que uno considera a su alcance acaba sabiéndose insuficiente no tanto como para asegurar un resultado ante un conflicto concreto, como para tramar un sistema de resolución de conflictos con el que garantizar un orden social pacífico y estable. Lo político, y la formación de su respectivo poder, responde a esa tendencia inevitable que arrastra al conviviente dentro de sistemas de reconocimiento, a través de la formación de una autoridad suficiente, de magistraturas potestatarias institucionalizadas (poder limitado).

Wikileaks

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es al periodismo lo que el carnicero a la cocina: pone las piezas al alcance de todos para que los periodistas las transformen en una información.

Estos días Wikileaks ha abierto al público 400.000 documentos que previamente sólo estaban en manos del Gobierno de los Estados Unidos. De su lectura la prensa ha sacado algunas conclusiones, como que el gobierno estadounidense mintió: había un recuento oficial de víctimas de la guerra y arroja un número mayor que el que reconocía, 109.032 desde el comienzo de la guerra hasta 2009, de los que 66.081 eran civiles. También que otras fuentes engañaron o dieron curso a cálculos falsos, como The Lancet, que dijo que la guerra había provocado 655.000 muertes.

Los documentos también demuestran que las fuerzas iraquíes torturaban sistemáticamente a los prisioneros. Los que suelen quejarse de que EEUU se inmiscuya en los asuntos que están bajo la soberanía de otro país le acusan ahora de no hacerlo. Y quienes han promovido la guerra por mor de la extensión de la democracia y la libertad se encuentran con que el nuevo Irak no es tan diferente del viejo, aunque si pervive su frágil democracia podría llegar a serlo.

Hay todavía otros hallazgos, como el papel de Irán fomentando la insurgencia en Irak, que el Ejército estadounidense encontró parte de las armas de destrucción masiva con que justificó su intervención, y alguno más. Pero hay algo que se puede ver en estos documentos pero que sabemos desde siempre. Y es que los gobiernos mienten, especialmente cuando se dedican al arte de matar. Y que es entonces cuando más necesitamos al periodismo.

También es en la guerra cuando el periodismo y la verdad sufren más ataques por parte del Gobierno. Eso ha ocurrido en los Estados Unidos desde el comienzo mismo de su andadura, con las leyes odiosas de 1798, la guerra civil y las dos guerras mundiales. Medios cerrados, líderes y periodistas encarcelados… todas las manifestaciones de la censura han acompañado a la mayoría de las principales guerras de los Estados Unidos. Pero en Vietnam, con una prensa varia y fuerte, el Gobierno se encontró con que era más efectiva la desinformación que la censura.

Y en plena guerra contra el terrorismo, que así le llaman, ya no es viable ese recurso; internet ha acabado con él. Por el hecho de que un grupo de personas alojen unos servidores en tres puntos distintos del planeta que puedan hacer público de forma confidencial los informes escritos para un puñado de políticos y burócratas. Con la Guerra de Irak I se habló de las guerras televisadas. Ahora, tras la Guerra de Irak II, estarán ampliamente documentadas en la red.

¿El Increíble Hombre Normal? No, DerrochaMan

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

14 millones de euros en una pista cubierta. Destinó 4,5 millones de euros en el centro Thyssen. 31 millones de euros en 2009 para acallar los sindicatos. Regaló 625.000 euros a la Academia del Cine Catalán. En fin, un no parar. Eso, sin contar sus empresas y organizaciones bien gestionadas que suman una deuda superior a los 7.400 millones de euros, casi un 4% del PIB catalán. ¿Alguna medida para frenar el gasto? Ni de lejos. Lo último ha sido regalar 633 euros mensuales a todo aquel que no haga nada. Corrupción y compra de votos a plena luz. La capacidad de sorprendernos del Estado Omnipotente no tiene límites.

Las consecuencias de tanta generosidad han obligado a la Generalitat ha subir los impuestos. Los catalanes tienen el dudoso honor de pagar uno de los impuestos más elevados, no de España, sino del mundo. En estas subidas no han tenido sus contraprestaciones equivalentes. La situación parece empeorar día a día. El sector privado de la sanidad catalana (pequeños hospitales, farmacias…) no está recibiendo el dinero que le debe Montilla, ese hombre tan "normal". Más bien, lo "normal" sería que estuviese en todas las lista de morosos del país si no fuera por el cargo que tiene. Hasta finalizar el año, el Gobierno de Montilla necesita 4.000 millones de euros que no tiene.

Vemos que el asfixiante nivel contributivo y las diversas multas lingüísticas, viales y "cívicas" no son suficientes para pagar los caprichos de los políticos catalanes. Así que la administración catalana ha anunciado la emisión de unos bonos al nada despreciable tipo de interés del 4,75% (la emisión es de 1.000 millones ampliable a 2.000 millones, lo que parece insuficiente para cubrir gastos). Los bancos percibirán el 3%, un chollo. Entre 30 y 60 millones de euros. El tipo final, por eso, depende de los bancos que podrían restar hasta un 1% según si trasladan las comisiones al cliente.

La alta rentabilidad ha creado ya el efecto crowding out (efecto expulsión) entre el mercado privado. Catalunya Caixa (uno de los engendros del FROB que une Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa) ha tenido que retirar su depósito estrella que tenía al mismo tipo que los bonos de la administración. La oferta le duró sólo cuatro días.

Según el diario Expansión, la razón por la cual el Tripartito ha emitido los bonos se debe a que el Santander no quiso ofrecerle un préstamo sindicado (préstamo que se crea con varias entidades financieras). La negativa del mayor grupo bancario de España trajeron las amenazas de Castells, consejero de Economía: "Tenga la ocasión de darse cuenta de su error y de rectificar, porque este país tiene memoria y las instituciones también". Cualquier otra persona estaría en los juzgados por una amenaza así.

Por otra parte, la emisión no le ha parecido muy sana a Moody’s. Ha rebajado el rating de A1 a A2 con perspectiva "negativa" debido a que la Generalitat puede cerrar 2011 con un endeudamiento del 170% respecto a sus ingresos de explotación frente al 117% actual. Hay razones para considerar la emisión como peligrosa. Lo mismo debe pensar la gran banca (Grupo Santander, BBVA y Caja Madrid) que se ha negado a asegurarla.

La financiación normal de un Gobierno son los impuestos. En realidad, es lo más transparente para el ciudadano. Cuando un Gobierno recurre a la emisión de deuda significa que no tiene suficiente valor para subir los impuestos, que no sabe gestionar el dinero que posee, o ambas cosas a la vez. Éste es el evidente caso del Tripartito que tiene las elecciones en breve y no se atreve a tocar nada para no perder votos.

¿Y cómo devuelve la administración el capital e intereses de sus emisiones? Con más impuestos en el futuro. La deuda de la administración no sólo son impuestos, son impuestos presentes más intereses con el riesgo que esto comporta. Los gobernantes reclaman dinero futuro que ahora no tienen. La emisión está diseñada para el inversor retail catalán. Es decir, el inversor de esta emisión va a ser el mismo que la acabe pagando con más impuestos futuros. ¿No le resulta algo absurdo? Lo es, por eso es un acto poco transparente y cobarde. Más teniendo en cuenta que los van a vender de forma sentimentaloide y con emotivismo patriótico.

Ningún catalán se debería dejar engañar. Yo no lo hago y soy catalán. Tras la anunciada emisión "para afrontar los retos del futuro", la Generalitat blindó 66 cargos públicos y en seis meses ha cubierto más de 600 plazas indefinidas. Desde que el Tripartito se impuso en Cataluña, los empleados públicos han pasado de 140.000 a 226.000. El número de empresas, consorcios y fundaciones públicas ha crecido en este tiempo casi un 320%. ¿Realmente cree que todo este gasto inútil e insostenible es para el bien de Cataluña y los catalanes? A los políticos catalanes todo esto les importa un carajo. Sólo les quieren vaciar la cartera aunque sea matando, a base de mentiras, la gallina de los huevos de oro.

El porqué de la prolongación de la recesión en EEUU

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

En el anterior artículo resumíamos brevemente dos posturas en el debate acerca de la prolongación de la recesión en la economía norteamericana. Por un lado, está la explicación típicamente keynesiana de Paul Krugman, según la cual la recesión todavía perdura por la austeridad de los agentes económicos –que respondería a diversas razones relacionadas con los animal spirits–, quienes demandan (consumen e invierten) por debajo de lo deseado.

Por el otro lado, señalaba la explicación que ofrece Robert Higgs, que apunta a la extrema incertidumbre de tipo institucional generada por las autoridades de la política económica. Este ambiente incierto sería el principal responsable de retrasar la recuperación al obstaculizar el despegue de la inversión privada.

Como decía, existen explicaciones adicionales a estas dos, algunas de las cuales comentaré a continuación. En primer lugar, tendríamos la tesis monetarista que, en términos muy simplificados y sin pretender hacerle justicia, se centraría en la súbita contracción del crédito por parte del sector bancario. Al mantener gran cantidad de reservas (más allá del mínimo requerido) y dejar de prestar a empresas y familias, se seca y contrae la sangre que mueve la economía, argumentan.

En otros términos, se habla también de que la velocidad de circulación del dinero (el número de veces que la unidad monetaria se gasta) ha caído de forma acusada por una serie de causas. Para compensar esto, se defiende una política expansiva de la autoridad monetaria.

Aunque pudiera parecer que la estrategia de Bernanke ha respondido precisamente a esta preocupación, algunos autores de esta línea, como Scott Sumner, piensan que la política monetaria desde finales de 2008 ha sido realmente contractiva respecto a lo que necesitaba la economía en ese momento. En otras palabras, se debería haber sido más expansivo con el objetivo de evitar la caída del PIB nominal que finalmente se produjo.

Esta explicación presenta, a mi juicio, diversos problemas, entre los que se puede destacar: 1) el enfoque casi exclusivamente agregado –haciendo amplio uso del PIB como indicador clave de la coyuntura, por ejemplo–, sin entrar en el verdadero fondo de la cuestión, es decir, el análisis de las distorsiones microeconómicas que se habían producido en la etapa de la expansión; 2) o el analizar la crisis y la intensa contracción crediticia como, esencialmente, un shock exógeno y no como un proceso consecuencia de la previa etapa de expansión insostenible. Desde el punto de vista de Sumner, la caída del PIB nominal era algo que habría que haber evitado, y no la inevitable resaca tras una época de borrachera crediticia que condujo a malas inversiones y a un excesivo endeudamiento.

Tal y como señala la teoría austriaca del ciclo, la economía debe pasar por un proceso de ajuste que depure los errores en las decisiones del pasado. Y esto implica no solamente una recolocación de factores productivos, sino también una reducción de la deuda (desapalancamiento), lo que tiene efectos contractivos sobre la demanda y la actividad económica agregada.

Esto nos lleva a la segunda explicación acerca de la prolongación de la recesión, que trata sobre el incompleto proceso de reajuste que se ha producido hasta ahora. Por un lado, al desapalancamiento de los agentes económicos todavía le queda mucho recorrido, como concluía un reciente estudio del Bank for International Settlements (BIS). Las políticas gubernamentales aplicadas como respuesta a la crisis serían en buena parte responsables de ello, especialmente en lo que se refiere al masivo endeudamiento del gobierno federal, factor que compensó en gran medida el brutal desapalancamiento privado –uno se pregunta qué hubiera pasado si no se hubiera aumentado la deuda pública–. Pero también, como señalaba Juan Ramón Rallo en estas páginas, es posible que el mantenimiento de bajos tipos de interés durante un periodo extenso genere desincentivos en los agentes a reducir la deuda y reajustarse.

Por otro lado, el proceso de recolocación de los factores productivos –intersectorial, de los sectores que se sobreexpandieron durante la burbuja a aquellos que prometan rentabilidades interesantes; pero también intrasectorial–, especialmente en el caso de los mercados laborales, puede llevar tiempo, incluso en economías dinámicas como la norteamericana. Más allá de que el ajuste en precios y salarios relativos pueda alargarse por cuestiones de rigidez en éstos, existen cuestiones adicionales de interés.

Por una parte, aquí pueden encajar las aportaciones de los tres economistas recientemente galardonados con el Nobel acerca de las fricciones, el enfoque de la búsqueda y el emparejamiento en el mercado de trabajo. Además, el encontrar un empleo satisfactorio para quienes lo hayan perdido, puede requerir destrezas y habilidades distintas a las anteriores. Éstas deben adquirirse, cuestión que puede llevar un tiempo considerable.

Pensemos, por ejemplo, en aquellos que se formaron específicamente en el campo de las finanzas para trabajar en Wall Street. Si el sector financiero se reduce en la crisis de forma permanente –respecto a su sobredimensionado tamaño–, los nuevos desempleados deberán reciclar su capital humano. O aquellos que, con baja cualificación, pudieron emplearse en el sector de la construcción deberán adquirir nuevas destrezas. Las características de este proceso dependerán de la especificidad y complejidad de la estructura de capital de una economía.

Asimismo, estos comentarios remiten a la idea del “recálculo” (Recalculation) que ha venido elaborando Arnold Kling. Tras manifestar la crisis que los “viejos patrones de especialización e intercambio” no eran sostenibles, la economía y los agentes se enfrentan con el “problema del recálculo”, en el cual los patrones nuevos que deben crearse no lo hacen con la suficiente rapidez como para compensar la destrucción de los antiguos y evitar el desempleo generalizado. La gran cantidad de nueva información que se ha generado –y la que se ha modificado– con la disrupción de la crisis, tiene que ser procesada por los agentes económicos, lo que también lleva tiempo –“demasiada información para ser procesada en demasiado poco tiempo”–.

En definitiva, los problemas y cuestiones que se acaban de apuntar, junto a la existencia de “incertidumbre de régimen” (Higgs), podrían formar una relativamente completa explicación de la prolongación de la recesión económica en los Estados Unidos. La teoría austriaca del ciclo puede explicar los orígenes de la crisis, y quizás muy parcialmente por qué se está prolongando, pero no permite una narrativa completa de este fenómeno, que debería complementarse con aportaciones adicionales. De la misma forma sucede con la explicación acerca de la Gran Depresión, a pesar de lo que sugiriera Hayek –diciendo que ésta “se debió totalmente a la mala gestión monetaria del gobierno”–.

La contrarrevolución de los ni-nis

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…a saber, ese timo piramidal por el cual ellos están sufragando la temprana jubilación de sus mayores a cambio de que nadie sufrague la suya cuando lleguen a la ancianidad. Porque, tal y como está invertida la pirámide a día de hoy, la cuestión dentro de unos años será ésa: si la Seguridad Social colapsará antes o después; si se tendrán que reducir las pensiones mucho o muchísimo; si la edad de jubilación se retrasará hasta los 70, los 75 o los 80; y si las cotizaciones de los proletarios serán todavía más gravosas de lo que ya lo son.

Pero hoy la cuestión es otra. Los sistemas públicos de pensiones europeos son tan eficientes que tienen que arrebatar alrededor del 30% del salario de los trabajadores para sufragar unas pensiones míseras o tirando a míseras; así en España, así en Francia. Al tiempo, la tasa de desempleo juvenil alcanza la sangrante media del 20,5% en la Unión Europea: el 22,5% en Francia y el 42,1% en España. Nada que ver, deben de pensar los cráneos más privilegiados. Todo o casi todo que ver, deberían de concluir quienes poseyeran la más elemental noción de economía.

Porque el paro persistente y estructural tiene una causa –una– y es que los salarios que desean percibir los trabajadores (o se les obliga a percibir vía salarios mínimos y convenios colectivos) son superiores a su creación de valor dentro de la empresa. Venimos de unos años donde muchos precios –incluidos muchos salarios– se inflaron de manera insostenible gracias a la hinchazón crediticia; normal que con su contracción muchos precios –incluidos muchos salarios– deban ajustarse a la baja. Nadie se sorprenda, pues, del desempleo: aquellos mercados donde los precios se mantienen artificialmente altos se caracterizan por la acumulación de excedentes productivos que no pueden colocarse a los consumidores; tal es el caso del ejército industrial de reserva que estamos creando en Occidente gracias a nuestra envidiable rigidez salarial.

Por supuesto, la vida sería mucho más sencilla si en lugar de bajar salarios redujéramos nuestras mordientes contribuciones a la Seguridad Social, porque lo relevante para aquellas industrias en crisis no es que los salarios caigan, sino que lo haga el coste de la contratación; y un 30% de este coste de contratación –ahí es nada– son contribuciones a la Seguridad Social.

Pero claro, nuestro descompuesto sistema pública de pensiones no puede permitirse renunciar a ese tercio de salarios si es que quiere sobrevivir unos añitos más en su moribundo estado actual. Así que ya lo tienen: nos quedamos con salarios demasiado altos, con contribuciones demasiado elevadas y con tasas de paro insoportables. ¿Respuesta entre los damnificados? Nada, los más jóvenes salen a la calle para entonar el vivan las caenas, para celebrar y exigir la permanencia del sistema que, primero, les imposibilita constituir un amplio patrimonio a lo largo de su vida laboral y que, ahora, les impide que posean siquiera una vida laboral.

La contrarrevolución de los ni-nis iniciada para perpetuar la explotación del politicastro. Dentro de 40 años se lo encontrarán: sin patrimonio, sin "derecho a" jubilarse a los 65 o a los 70 y con una pensión pública residual. Pero ojo, la culpa será del capitalista de turno, de los Apple, Google, Wal Mart o Mittal del futuro. Todo muy lógico, sí señor.

Y en casa, nuestro flamante –por sus ideas– ministro de Trabajo se estrena reclamando que el gasto público en pensiones se incremente un 50%. Nada hombre, que por lo visto un 42% de desempleo juvenil le sabe a poco.

Contra Blumen y en defensa de Fekete

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Robert Blumen lleva varios años criticando la teoría más conocida de Antal Fekete –la doctrina de las letras reales (o Real Bills Doctrine)– y esta semana pasada sintetizó sus argumentos en un artículo en el Mises Institute.

Básicamente, el profesor Fekete sostiene que las promesas de pago giradas contra bienes de consumo presentes altamente líquidos (lo que él llama “capital circulante social”) pueden emplearse como medios de pago complementarios al oro sin consecuencias inflacionistas y sin que se genere ciclo económico alguno. Basta con que esas promesas de pago se compensen entre sí para que el valor del dinero no se reduzca y para que no se produzcan rebajas artificiales de los tipos de interés a largo plazo. Por ejemplo, si un minorista emite una promesa de pago de 100 onzas de oro respaldada por el género que ya se está vendiendo y la utiliza para comprar las mercancías de otro minorista que a su vez ha emitido una promesa sobre su propio género por importe de 100 onzas de oro, ambas promesas terminarán llegando a la cámara de compensación y saldándose entre sí sin necesidad de movilizar efectivo; a efectos prácticos, es como si ambos minoristas hubiesen trocado sus bienes de consumo sin mediación del oro.

Fekete sostiene que sin ese sistema de letras de cambio con pagos por compensación –esto es, con un patrón oro donde todos los pagos se efectuaran con oro o con certificados de depósito respaldados 100% en oro– la economía sería incapaz de sostener un volumen creciente de pagos y la consecuencia sería una merma en nuestra capacidad para producir bienes y servicios.

Para Blumen, éste es el gran error de Fekete: “suponer que los pagos por compensación permiten realizar más transacciones y producir más bienes finales que un sistema de pagos en efectivo”. Blumen, siguiendo a Rothbard, argumenta que el único efecto de los pagos por compensación (y de las letras de cambio) es reducir el dinero que los agentes necesitan tener atesorado (la demanda de dinero) para realizar sus operaciones y un menor atesoramiento sólo implica un “mayor nivel general de precios” (y viceversa). Un incremento de la demanda de dinero equivale a una reducción de la oferta y una reducción de la demanda de dinero a un incremento de la misma. Por tanto, concluye, un sistema de pagos en efectivo puede realizar exactamente las mismas transacciones que uno con pagos por compensación pero ajustando los precios a la baja hasta que sean compatibles con la cantidad de oro disponible: “Si todos tuviéramos 10 veces más dinero que ahora (…) sólo tendríamos que añadir un cero a todas nuestras transacciones (…) y si la oferta monetaria fuera una décima parte de la actual, produciríamos los mismos bienes, pero con un cero menos al final de cada operación”.

Si bien Blumen admite que existen efectos de transición en los cambios en la demanda de dinero, sostiene que, una vez restablecido el equilibrio, el nivel de producción será el mismo con independencia de la demanda de dinero (es decir, se adscribe a la muy antiaustriaca hipótesis de la “neutralidad del dinero”); la única manera de incrementar nuestro nivel de producción es con un mayor volumen de ahorros reales, esto es, difiriendo nuestro consumo. Por consiguiente, la tesis de Fekete de que las letras de cambio son necesarias para sustentar un volumen creciente de transacciones y que para no ver reducida nuestra producción presente es simplemente falsa.

En abstracto –en la economía de giro uniforme, a la que el propio Blumen restringe su análisis– la crítica a Fekete puede tener cierto sentido: es verdad que ajustando los precios de los productos a la cantidad de dinero disponible puede efectuarse cualquier volumen de transacción y que nuestra producción futura depende sólo del ahorro presente y no de la cantidad de dinero disponible. Sin embargo, el primer error de Blumen reside en despreciar los efectos de transición, esto es, qué sucede ante un cambio en la demanda de dinero desde que pasamos de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio.

La postura de Blumen –y la de muchos rothbardianos– es que cuando aumenta la demanda de dinero –o cuando la oferta monetaria crece menos que la producción en un sistema de pagos en efectivo– los precios tienden a caer hasta restablecer el equilibrio pasado, sin ocasionar cambio alguno en la estructura productiva. Pero la respuesta es muy insatisfactoria por dos motivos, ambos interrelacionados: el primero es que ese ajuste a la baja de los precios puede no ser tan automático e instantáneo como se supone, pues pueden existir rigideces en algunos precios; el segundo es pensar –a las muy keynesiana y cuantitativista maneras– que la demanda de dinero es una demanda estéril, sin traslación alguna en la oferta de bienes reales.

Sendos errores se encuentran sintetizados en un fenómeno muy propio de un mercado monetario libre que, a tenor del automatismo propuesto por Blumen, quedaría sin explicación: las variaciones en la producción privada de oro. ¿Por qué en un mercado libre los empresarios contratan factores productivos para extraer oro de las minas? Pues porque es rentable, es decir, porque existe un señoriaje –un margen de ganancia– entre el poder adquisitivo del oro y su coste de producción (en términos de oro). Las caídas en el precio del resto de los bienes elevan el poder adquisitivo del oro sin que concomitantemente aumenten sus costes, de modo que unos mismos beneficios nominales implican unos beneficios reales mucho mayores. Si, como sostienen muchos rothbardianos, las variaciones en la demanda de oro se trasladan inmediatamente al nivel general de precios sin que se generen variaciones en los precios relativos entre industrias, los costes de producir oro deberían aumentar para que su rentabilidad fuera la misma con independencia de la magnitud de la demanda de oro y no se produjeran cambios en la estructura productiva (por fortuna, algunos rothbardianos ya han empezado a considerar que un incremento de la demanda de dinero tiene siempre los mismos efectos reales sobre la estructura productiva).

Y, sin embargo, el sentido común nos dicta que cuando aumenta la demanda de dinero, lo consecuente es que se incremente la producción minera de oro y que cuando se reduce la demanda de dinero, acaezca lo contrario. La razón es que demandar dinero (incrementar nuestros atesoramientos de oro) sí supone demandar algo del resto del sistema productivo; en concreto, desde un punto de vista individual supone demandar saldos de caja en oro para mantenerse líquido, algo que desde un punto de vista agregado se consigue trasladando factores productivos hacia las minas de oro (y no condenándolos al desempleo como temía Keynes).

Si, como dice Blumen, los cambios en la demanda de dinero carecieran de efectos reales, la forma exacta de la estructura productiva sería independiente de la composición concreta de los ahorros de los agentes (como dice Blumen, “todo lo que los pagos por compensación hacen es permitir que se produzca el mismo conjunto de bienes a un nivel de precios mayor”); a saber, daría igual si los agentes ahorran a muy corto, a corto, a medio, a largo o a muy largo plazo (esto es, el perfil temporal de nuestras inversiones sería independiente del perfil temporal del ahorro). La única manera de escapar de esta conclusión sería afirmando que los saldos de caja de cada agente –por los que está retrasando su consumo durante un cierto período de tiempo– no forman parte de su ahorro o del ahorro del conjunto de la economía, cosa que Blumen, siguiendo a Rothbard, sí se atreve a hacer: “Los saldos de caja acumulados no son ahorro (…) el acto de ahorrar supone la decisión de destinar algunos bienes finales para sufragar la producción de nuevos bienes de capital”. Nuevamente, la conclusión es una: la estructura productiva es independiente de la demanda de dinero.

En este caso, el error de Blumen –y de Rothbard– es creer que como un mayor volumen de saldos de caja no implica necesariamente un mayor volumen de ahorros (pues puede ser simple inflacionismo), los saldos de caja no tienen nada que ver con el ahorro. En realidad, acumular saldos de caja es una forma de diferir el consumo de bienes presentes y, por tanto, de ahorrar. Claro que es una forma de ahorro extremadamente líquida, capaz de proporcionar control inmediato sobre los bienes económicos en cuanto se decida desatesorar ese dinero; objetivo que se malograría si todos los precios de la economía se modificaran tan pronto como un agente ampliara su atesoramiento para que nada cambiara dentro de la estructura productiva. Es sólo gracias a que no todos los precios se modifican ipso facto –en particular, porque el coste de producir oro no aumenta tanto como lo hace el poder adquisitivo del oro– por lo que la estructura productiva se reajusta ante aumentos del atesoramiento –el señoriaje del oro se incrementa y los factores se trasladan a producirlo– y por lo que todos los agentes pueden ganar un mayor control sobre bienes presentes cuando lo requieran (en concreto, sobre los factores empleados en líneas de producción tan prescindibles para la coordinación del resto de planes empresariales como puede ser la extracción de oro).

Ahora bien, ¿qué sucede cuando el precio de los bienes económicos es relativamente rígido (o cuando los costes de producir oro suben) y, por tanto, el señoriaje del oro no aumenta ante incrementos en su demanda (es decir, cuando ni los beneficios nominales ni los reales de las minas de oro se modifican)? En ese caso, los consumidores se abstendrán de gastar (ahorrarán) pero los factores productivos no se trasladarán a la industria minera; según Keynes, permanecerán ociosos porque la rentabilidad de las industrias que vean minorado su gasto se erosionará. Según Blumen –aunque no lo afirma explícitamente– los recursos también deberían permanecer ociosos hasta que los precios relativos se reajustaran a las nuevas disponibilidades monetarias (sus despreciables “efectos de transición”), comprando de este modo la averiada mercancía keynesiana.

Es justamente aquí donde entra la doctrina de las letras reales de Fekete. Si bien los precios de los bienes económicos suelen ser bastante rígidos ante cambios súbitos y de corta duración en la demanda de dinero, hay un precio que sí es muy flexible: el tipo de descuento. El tipo de descuento es el precio de la prima de la liquidez del oro sobre la liquidez de los bienes de consumo altamente demandados y queda determinado por la oferta de oro y por la demanda de oro (oferta de letras de cambio para ser descontadas) en los mercados monetarios. A mayor oferta de oro, menor tipo de descuento, a mayor demanda de oro (mayor número de letras que desean ser descontadas), mayor tipo de descuento.

Si los agentes incrementan su atesoramiento sin que se reduzcan los precios del resto de bienes económicos, lo que a buen seguro sí sucederá será que el tipo de descuento caerá y al hacerlo se ensancharán los márgenes de beneficio de los comerciantes minoristas (pues el tipo de descuento supone un coste para ellos en la medida en que tienen que adelantarle al mayorista el importe de unas mercancías que todavía no han vendido). Merced al menor tipo de descuento, el minorista podrá incrementar sus compras al mayorista –y éste a sus productores– ante la expectativa de unas mayores ventas que ocurrirán sin necesidad de reducir sus precios (pues aunque la demanda de oro ha aumentado, la oferta de complementos monetarios en forma de letras de cambio giradas contra la nueva mercancía también lo ha hecho). En definitiva, los factores que se habían liberado como consecuencia del menor gasto de aquellos individuos que han aumentado su demanda de dinero se trasladarán a producir bienes de consumo que antes eran submarginales (líneas de producción que también son bastante prescindibles para cuando los atesoradores quieran hacer uso inmediato de su dinero captando los factores productivos allí empleados).

En otras palabras, lo que sin letras de cambio se hubiese traducido en un desempleo de factores productivos hasta que la transición hacia un nuevo equilibrio se consumara, con letras de cambio se plasma en un incremento de la producción marginal de bienes de consumo.

Si ahora nos trasladamos a un escenario en el que los cambios en la demanda de dinero –pese a las hipótesis cuantitativistas sobre s estabilidad– son muy frecuentes y donde además la producción de oro no siempre es capaz de seguir el ritmo de la producción de bienes presentes, entenderemos que Fekete sostenga, con razón, que sin letras de cambio padeceríamos un estancamiento deflacionario (siempre nos encontraríamos en un período de transición hacia un nuevo equilibrio monetario y conviviríamos con importantes recursos ociosos) y que con letras de cambio nuestra producción se incrementa aun cuando no lo haga el volumen de ahorros reales (porque el atesoramiento es una forma de ahorro que no tiene por qué materializarse en forma de producción a menos que los precios o el tipo de descuento se ajusten en correspondencia).

La tesis de Blumen (y en parte de Rothbard) quiebra por cuanto en su marco teórico no tienen cabida de manera consistente las siguientes proposiciones: a) el atesoramiento como una forma de ahorro, b) la coordinación entre el vencimiento de las inversiones y los plazos de los ahorros, c) la existencia de efectos apreciables de transición ante cambios en el atesoramiento y, por tanto, en el plazo de los ahorros, d) la respuesta que ofrece el sistema económico ante los continuos cambios de demanda de dinero dependiendo de si algunos precios se ajustan a la baja (producir oro) o de si todos o ninguno de los precios relativos cambian (producir bienes de consumo submarginales), e) la existencia de recursos ociosos en un mundo donde no se pudieran monetizar letras de cambio, aumentara la demanda de dinero y el señoriaje de las minas no se incrementara.

En definitiva, quiebra al estudiar los desequilibrios monetarios generados por los cambios en la demanda de dinero, que es precisamente el fenómeno más importante cuando analizamos los cambios siempre desequilibrantes en la demanda de dinero.

La lucha contra la violencia organizada

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es una inmoralidad la connivencia y la negociación de cualquier Gobierno con la violencia organizada en forma de bandas terroristas, mafias, señores de la guerra o extremistas del más variado pelaje, cuando va más allá de perseguir el castigo ejemplar de sus delitos y lograr su rendición sin concesiones.

Dada la importancia que tiene la violencia para el triunfo de las utopías “colectivistas”, permítanme que reflexione brevemente sobre la inmoralidad de las negociaciones políticas con las organizaciones violentas.

¿Por qué es inmoral la negociación con la violencia organizada?

Los ciudadanos tienen el derecho de exigir del Estado que como mínimo sea capaz de garantizar formalmente y proteger judicialmente de un modo eficaz los cuatro derechos esenciales para el desarrollo de una sociedad civilizada: el derecho a la vida (Art. 15 CE), el derecho a la libertad (Art. 16 y 17 CE), el derecho a la propiedad privada (Art. 33 CE) y el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE).

Esos derechos individuales son universales, inalienables e inmanentes a la propia naturaleza de un ser humano libre, por lo que quedan por encima de cualquier ordenamiento jurídico organizado con base en una Constitución –o diversas normas y convenciones no escritas, como en Inglaterra— que recibe el consentimiento tácito o explícito de los ciudadanos.

Según esas dos premisas constituyentes, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que todas las actuaciones del Estado vayan encaminadas a garantizar la protección efectiva de esos derechos intransferibles, mediante la existencia de un Estado de Derecho que proporcione seguridad democrática.

Seguridad Democrática

Pues bien, observar el proceso de consolidación institucional y de fortalecimiento de la seguridad democrática en Colombia sirve para comprobar cómo triunfan las políticas de lucha continua, tenaz, heroica e inteligente de su Gobierno, primero con Álvaro Uribe y ahora con el Presidente Juan Manuel Santos, contra un grupo narcoterrorista como las FARC.

La auténtica revolución es respetar el sistema de democracia multipartidista y arraigar la sociedad civilizada proporcionando seguridad e infraestructuras que extiendan la protección de los derechos individuales de los ciudadanos a todas las aldeas, pueblos y ciudades del país. Es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar con tranquilidad para emprender sus negocios y poder hacer progresar sus familias, sin que ningún colectivo de bárbaros pueda imponer sus utopías mediante el ejercicio de la violencia organizada en forma de secuestros, extorsiones y asesinatos.

Amenazas para la seguridad democrática

Sin embargo, las amenazas terroristas que afronta la seguridad democrática son evidentes desde hace mucho tiempo. El 12 de enero de 1966, la primera Conferencia Tricontinental de La Habana dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), lo que sirvió para inaugurar el soporte y la colaboración internacionales de los regímenes y partidos comunistas con las organizaciones terroristas que promueven la “colectivización” de la sociedad por medio de la violencia.

Recientemente, el auto de procesamiento de etarras que ha emitido la Audiencia Nacional, en el sumario 75/09 (DP 263/2008), demuestra con documentos y pruebas fehacientes la colaboración terrorista internacional entre las FARC y la ETA.

Incluso las investigaciones policiales aportan datos sobre los apoyos al grupo terrorista ETA desde la “revolución bolivariana” del dictador Hugo Chávez y la protección desde la “revolución castrista” de Cuba. De hecho, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está intentando procesar a supuestos terroristas que emplean como refugio el oasis caribeño como, por ejemplo, Arturo Cubillas –que tiene el dudoso honor de administrar para el Gobierno de Venezuela los procesos de expropiación— por su posible soporte en el adiestramiento en territorio venezolano de grupos de terroristas de las FARC y de ETA.

Reiteradas y erróneas concesiones

En cualquier caso, contrasta la actual seguridad democrática impulsada desde la Presidencia de Colombia y su lucha sin concesiones frente al narcoterrorismo, con la inmoral actitud negociadora del Gobierno de España.

Como parece inverosímil que un Estado democrático negocie con la violencia organizada, permítanme que señale las últimas concesiones del Gobierno de España.

En primer lugar, podemos observar cómo la estrategia de seguridad frente a la violencia organizada en el ámbito internacional no está actuando para arrinconar a los países y grupos que ejercen la violencia como método delictivo para conseguir fines políticos. De hecho, el Gobierno de España consiente en mantener relaciones diplomáticas “normales” con dictaduras comunistas como Venezuela y Cuba, dando oxígeno a sus políticas totalitarias de aplastamiento de los opositores y quebrantamiento de los derechos humanos más básicos.

Aún peor, con su diplomacia “naif” de alianza de civilizaciones, más propia de un patio de colegio que de una democracia occidental, el Gobierno de España se permite negociar con los grupos terroristas de Al Qaeda en Mauritania y pagar un rescate –de más de 3 millones de euros— para liberar ciudadanos, secuestrados en razón de su temeridad e imprudencia al hacer “turismo de cooperación” en regiones pobres, pero peligrosas, en que proliferan grupos armados y extremismo religioso.

La extorsión consentida y el rescate pagado a esos grupos terroristas sirven para alimentar su violencia con la financiación de futuros atentados y ataques. En el caso del islamismo radical, se financia el terrorismo en lejanos países como Irak o Afganistán –donde todavía trabajan heroicamente [1] [2] los militares españoles para proporcionar un mínimo de seguridad democrática—, pero también en Europa.

En segundo lugar, la estrategia de seguridad frente al terrorismo en España está siendo aún más equivocada, ya que el Ministerio de Interior de España negocia de un modo encubierto con el grupo terrorista ETA desde hace tiempo [3][4][5], en un claro ejercicio de hipocresía política y de evidente ausencia de valores éticos. Esto puede significar que el entorno del terrorismo pueda seguir gobernando en 41 municipios del País Vasco y esté presente en las diputaciones forales, lo que significa nutrir sus arcas con 31 millones de Euros anuales de los fondos públicos para que puedan mirar para otro lado o bien, directamente, ejerzan actos administrativos o “subvencionen” la violencia en contra de los ciudadanos no-nacionalistas de esas aldeas y pueblos.

La negociación inmoral implica que se sigan otorgando beneficios penitenciarios (acercamiento de presos, concesión del tercer grado, reducción de condenas…). También puede suponer que se permita a organizaciones vinculadas al entramado terrorista etarra su participación en las próximas elecciones municipales por medio de una nueva tregua trampa y a pesar de seguir ejerciendo la violencia en contra de la población indefensa.

Menos atentados a cambio de esa negociación para conseguir sus fines, y mayor recaudación por sus actos violentos, según revela el estudio sobre el coste económico del terrorismo del catedrático Miguel Buesa de la Universidad Complutense de Madrid, que ya había realizado un estudio científico sobre las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco.

Fatal arrogancia de la negociación

En su fatal arrogancia, los políticos sin escrúpulos se creen llamados a salvar un país durante sus mandatos, obcecándose en conseguir réditos electorales que siempre son cortoplacistas, en vez de proseguir con las políticas de presión policial, financiera y judicial que obtengan resultados en el largo plazo, después de décadas de trabajo de muchos Gobiernos de diferentes ideologías, pero con conceptos claros en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere.

Pretenden apuntarse ellos solos la medalla electoral de erradicar el terrorismo, sin pararse a pensar en los valores morales que transmiten a la sociedad y en los perjuicios que ocasionan a la política contraterrorista de largo recorrido.

Las concesiones políticas en una negociación de “condiciones de paz” con el terrorismo son un error de concepto, ya que, aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.

La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas.

Desde ese posicionamiento amoral, intentan imponer sus ideas extremistas a una sociedad por medio de pistolas y bombas, con treguas tácticas para rearmarse y nunca cejando en su empeño por conseguir sus objetivos radicales “colectivistas”, ya sean políticos o religiosos. Por ello, cualquier intento de negociación está condenado a fracaso, salvo que el Estado objeto de la violencia ceda a las pretensiones de los terroristas.

Valores morales y derrota del terrorismo

Los hechos de connivencia y negociación con la violencia organizada, nos permiten constatar cómo la casta político judicial puede acabar perdiendo los valores que son imprescindibles para defender los derechos civiles y derrotar al terrorismo, cuando no se produce la renovación generacional o bien queda distorsionada con gente poco cualificada moral e intelectualmente. Una lamentable situación que se produce por la carencia de democracia interna y de transparencia financiera en los partidos políticos, que son esenciales para la renovación de las ideas y la regeneración en los valores.

En estos casos, la estructura institucional queda rehén de las renuncias morales de la casta político judicial y no se corrigen las fisuras normativas que impiden una lucha noble e inteligente contra la violencia organizada. Una lucha que evite atajos como las negociaciones encubiertas, las hojas de ruta de concesiones penitenciarias, el “ensuciamiento” de las togas con el “polvo” del camino, y la rendición de un Estado frente a la violencia organizada.

Las autoridades políticas con valores morales nunca ceden ante el chantaje terrorista ni ante pueriles estrategias electorales. Asientan sus decisiones en el respeto estricto por los ciudadanos de bien, donde, por méritos evidentes, se incluyen las víctimas del terrorismo.

Y ese respeto significa emplear con profesionalidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener sin excepción a los delincuentes y aplicarles el Estado de Derecho con todo el peso de la ley. Porque la lucha contra el terrorismo es un camino unidireccional que debe contemplar esencialmente el triunfo de la sociedad civilizada mediante la derrota de los violentos y el derecho de las víctimas al resarcimiento del daño ocasionado por los criminales y, de modo especial, en los casos de asesinato.   

Sentimos vergüenza los ciudadanos de bien cuando comprobamos como un asesino de 25 seres humanos, como el etarra José Ignacio de Juana Chaos, puede pasear libremente por las calles de Irlanda del Norte porque se ha beneficiado de una legislación penitenciaria “blanda” y de un Gobierno “benévolo y transigente” con la violencia terrorista, que ha permitido que cumpliese sólo 9 meses de cárcel por cada uno de sus 25 asesinatos.

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A las puertas de la gran guerra comercial

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Hace ahora algo más de un año advertíamos de que la crisis financiera y económica podría acabar transformándose en una guerra comercial de imprevisibles consecuencias para la economía mundial. Desde entonces, dicho riesgo no sólo no se ha atenuado sino que está más presente que nunca. La guerra de divisas en la que están inmersas las principales potencias del planeta amenaza con levantar nuevas barreras arancelarias no vistas desde la Gran Depresión de los años 30.

En 2009, al menos 17 de los 20 países más ricos del planeta pusieron en marcha nuevas barreras proteccionistas para proteger a sus industrias nacionales de la competencia exterior, según el Banco Mundial. Esta tendencia ha seguido creciendo en 2010. Así, el último informe al respecto, el denominado Global Trade Alert, pone de manifiesto que, pese a la recuperación del comercio internacional, la mayoría de los gobiernos han seguido implantando medidas proteccionistas tales como la concesión de subsidios públicos y acceso a créditos baratos. Dichas medidas, sumadas a los rescates y las multimillonarias ayudas públicas inyectadas a determinados sectores “estratégicos”, han conformado las conocidas “políticas de promoción exterior” que, en esencia, generan graves perturbaciones en el comercio internacional.

Excluyendo las rebajas y exenciones tributarias, este tipo de políticas suponen un atentado directo contra el libre mercado, pero, al menos, hasta ahora muy pocos gobiernos se habían atrevido a imponer subidas arancelarias y nuevas tarifas con el fin de frenar la llegada de importaciones a sus respectivas economías domésticas. Sin embargo, este escenario de preguerra comercial se ha visto agravado en los últimos meses mediante la intervención directa en los mercados de divisas con el fin de aplicar devaluaciones monetarias. La caída deliberada del dólar ha disparado todas las alarmas, y ahora países emergentes y grandes potencias pugnan entre sí para envilecer sus monedas o, como mínimo, frenar su apreciación respecto al dólar. Por el momento, Japón y los emergentes asiáticos y latinoamericanos están tomando ya medidas en este sentido.

De hecho, algunos gobiernos ya han decidido imponer controles a la entrada de capitales foráneos mediante subidas fiscales para debilitar sus divisas. Por desgracia, esto es tan sólo la punta del iceberg. Esta guerra de guerrillas, centrada en la adopción de un amplio abanico de medidas indirectas para impulsar las exportaciones y reducir las importaciones, está ya a las puertas de convertirse en una guerra comercial pura y dura a nivel mundial.

El arma ya está encima de la mesa y el objetivo, marcado. El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado la denominada H.R. 2378 Currency Reform for Fair Trade Act, una norma destinada a imponer altos aranceles a todas los productos provenientes de aquellos países que hayan manipulado a la baja sus divisas, en una clara e inequívoca referencia al yuan chino. Y ello, basándose ni más ni menos que en la histórica Tariff Act of 1930, más conocida como la Smoot-Hawley Tariff, surgida poco después del crack del 29.

Esta medida elevó los aranceles de Estados Unidos a los niveles más altos de la historia contemporánea con la excusa de proteger a los agricultores nacionales, uno de los grandes sectores “estratégicos” por entonces, pero que se fue extendiendo progresivamente a casi todos los sectores productivos del país. Su objetivo perseguía mejorar la producción interna a expensas de empobrecer al vecino. Y así fue. Tras Washington, todas las grandes potencias imitaron la misma estrategia.

Como resultado, esta política contribuyó a reducir drásticamente el comercio mundial: las importaciones procedentes de Europa cayeron desde los 1.344 millones de dólares en 1929 a tan sólo 390 millones en 1932; mientras que las exportaciones de EEUU a Europa pasaron de 2.341 millones a 784, respectivamente. ¿Resultado? El comercio mundial se hundió cerca de un 66% entre 1929 y 1934, provocando además graves tensiones políticas y diplomáticas.

La nueva estrategia de EEUU contra China supone un auténtico suicidio. La norma, pese a haber obtenido el visto bueno de Congreso, está a la espera de ser aprobada definitivamente. Por el momento, tan sólo ha sido expuesta a modo de amenaza directa para presionar a China a revaluar su moneda. La cuestión es… ¿y si Pekín no da su brazo a torcer? Algo similar sucedió con Japón en los años 80, tras los denominados acuerdos del Plaza. Desde entonces, el dólar se ha hundido un 70% respecto al yen y, curiosamente, el déficit comercial entre EEUU y Japón ha permanecido casi intacto. El problema es que China is different, sus relaciones diplomáticas son muy distintas a las niponas. Sin duda, de aplicarse esta norma, supondrá la mayor amenaza para el comercio mundial y la seguridad internacional desde la caída del mundo bipolar propio de la Guerra Fría.

El gran engaño del PIB

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Mucho ha tardado el banquero central en percatarse de que los gobiernos cuentan con un amplio margen para manipular a su antojo todo tipo de cifras e indicadores con el fin de ofrecer unas cuentas públicas favorables a sus intereses. La espita saltó con Grecia al descubrirse que su déficit público alcanzaba, en realidad, los dos dígitos. De hecho, aunque la última versión oficial sitúa la brecha fiscal en algo más del 13% del PIB en 2009 la revisión de los datos por parte de Eurostat amenaza con elevar esta cifra hasta el 15,6%, casi 10 puntos porcentuales más que lo reportado inicialmente por el anterior Ejecutivo heleno.

Así pues, ante tal escándalo, no es de extrañar que el Banco Central Europeo abogue ahora por implantar una nueva ley estadística para consagrar unos estándares mínimos de contabilidad a nivel comunitario. Por desgracia, Grecia no es el único país en aplicar ingeniería contable para maquillar sus cuentas. Y es que, al fin y al cabo, es el cocinero (gobierno) quien decide en la cocina. Es decir, existen múltiples formas de contabilizar los datos. Así, por ejemplo, el paro real no asciende a 4 millones de personas sino a cerca de 4,6 millones por obra y gracia del maquillaje de desempleados; la deuda pública real no es del 58% del PIB sino del 75%, si se tienen en cuenta los cerca de 166.000 millones que no incluye el procedimiento de déficit excesivo que impone Bruselas; de hecho, la deuda implícita –volumen de compromisos financieros adquiridos presentes y futuros– rozaba el 150% del PIB en 2005 tan sólo contando el gasto en pensiones públicas, según las estimaciones de la Comisión Europea.

El caso de Grecia ha destapado el gran fraude de las cuentas públicas. Y, últimamente, las dudas sobre la realidad de las cuentas nacionales se ciernen también sobre España. Algunos analistas y consultores no dudan en afirmar que el PIB español está exagerado. El problema de fondo, sin embargo, es que más allá de la habitual cocina estadística, la contabilidad nacional constituye un instrumento inútil y engañoso a la hora de medir la actividad económica de un país.

En primer lugar, cabe recordar que, originalmente, el término "estadística" deriva del propio Estado, ya que hacía referencia al análisis de datos del Estado, es decir, a la "ciencia del Estado". Fue en el siglo XIX cuando dicho concepto comenzó a emplearse para definir la recolección y clasificación de datos. Los primeros servicios de estadística nacional nacieron para elaborar censos de población y ventas de mercancías con el único fin de recaudar impuestos de una forma más eficaz. Cuanto menos curioso, ¿verdad?

En segundo lugar, el Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto Interior Bruto (PIB), principales indicadores estadísticos de toda economía, excluyen de su contabilidad a gran parte de los procesos de producción que se desarrollan en el país. En concreto, deja fuera a las etapas intermedias existentes en la fabricación del conjunto de bienes y servicios que llegan finalmente al consumidor. Un objeto, en principio, tan simple y rudimentario como un lápiz precisa de un gran número de etapas, en la que concluyen múltiples procesos, intermediarios y agentes, antes de que éste sea adquirido en una tienda por el consumidor –lean Yo, el lápiz, un breve texto esclarecedor-. Ni que decir tiene que esta complejidad se multiplica de forma desorbitada si en lugar de un lápiz tomamos como referencia la fabricación de un coche o de un reactor nuclear.

Dichas fases intermedias son esenciales para comprender la importancia vital del ahorro, la inversión y la preferencia temporal de los agentes (tipos de interés) dentro de una economía de mercado. Pues bien, el PIB borra de un plumazo todos estos procesos intermedios al consumo final, ya que tan sólo computa el valor agregado de la producción de bienes y servicios de consumo y bienes de capital finales que son terminados en el ejercicio, sin tener en cuenta las rentas brutas totales que se generan en todas las etapas previas. No incluye el valor de los bienes de capital circulante, los productos intermedios no duraderos o los bienes de capital no terminados o que una vez terminados pasan de una etapa a otra, etc. De este modo, el PIB ignora la dimensión temporal que existe en todo proceso productivo –por ejemplo, desde que se diseña un coche hasta que se vende pasan 5 años–, aspecto clave del capitalismo, así como el enorme esfuerzo empresarial que cada año se destina a la producción de bienes intermedios.

Y ello, bajo la excusa de evitar la "doble contabilidad", otra falacia propia de la economía imperante, ya que la mayoría de bienes intermedios fabricados en el ejercicio se venden acoplados a bienes de consumo adquiridos en ejercicios posteriores. Las cifras de PIB son, pues, engañosas desde el principio y, por lo tanto, están viciadas en origen. Y todo ello como resultado del keynesianismo dominante, tendente a sobreponderar el peso del consumo dentro de una economía –el consumo suele representar entre el 50% y el 70% del PIB, según los países-.

En este sentido, el Departamento de Comercio de los EEUU publicó un estudio en 1986 en el que ponía de relieve que el 44% de la renta bruta americana eran productos intermedios no recogidos en el PIB. El contabilizar estos bienes que se producen en las etapas intermedias del proceso productivo permitiría medir con mayor precisión los cambios que los ciclos económicos producen, no ya en el consumo, sino sobre todo en el ahorro y la inversión, así como los nefastos efectos que la expansión crediticia de los bancos centrales genera en la estructura del capital. Así pues, más allá de la cocina que efectúa cada gobierno, la tragedia es que el PIB es en sí mismo un gran engaño.