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Un mal argumento del Nobel contra las pensiones privadas

Por eso, el uso y abuso que se haga de estos galardones puede ser peligroso: la tentación de utilizarlos para hacer avanzar la agenda política, finiquitando la discusión económica, es en ocasiones irresistible. Ya se vio en 2008 con Krugman y su nefasta influencia sobre esos planes de des-estímulo que tan onerosos nos han salido.

¿Se repetirá la historia en 2010? Espero que no. En la actualidad nos encontramos a las puertas del colapso de los sistemas de reparto de pensiones. El debate sobre su reforma es inevitable, pues la única manera que tienen de cumplir con sus compromisos es no cumpliéndolos, esto es, suspendiendo parcialmente pagos. Tales son las inexorables leyes de la demografía: cuando esperas que el ahorro de los jóvenes sirva de sustento para una explosiva población jubilada, al final el esquema Ponzi termina colapsando. La alternativa ya la conocen: los sistemas de capitalización en los que cada individuo, en lugar de rapiñar el exiguo capital de los trabajadores, se sufraga su propia jubilación ahorrando, invirtiendo y creando nueva riqueza.

La simplicidad –y autenticidad– de este argumento puede chocar, sin embargo, con ciertos sofismas de uno de los tres galardonados de este año, Peter Diamond. Hace unos años, el susodicho escribió un artículo junto a Nicholas Barr donde trataba de demostrar, entre muchas otras cosas, que los sistemas de capitalización son igual de insostenibles que los sistemas de reparto. El argumento merece cierta atención porque en un análisis superficial parece verosímil (de ahí que sea un sofisma).

Dice Diamond que si la población de un país decrece, la cantidad de bienes futuros se reducirá, de modo que los pensionistas futuros –tanto en un sistema de capitalización como en uno de reparto– verán reducidas sus posibilidades de consumo aun cuando posean patrimonios financieros muy cuantiosos (ya sea porque los precios de los bienes de consumo aumentarán o porque la rentabilidad de sus activos se reducirá): "Lo relevante no es la acumulación financiera, sino la producción. Si la producción aumenta, será más fácil que aumente la renta de trabajadores y pensionistas. La solución a una población que envejece no se encuentra de por sí en la capitalización, sino en el crecimiento económico".

Voy a abstraerme del hecho de que los pensionistas de un país con una población decreciente –España– puedan invertir en el mercado de valores de un país con una población expansiva –India– y voy a centrarme en el escenario –por otro lado factible– de que la población mundial decrezca. ¿Es en este caso inexorable que conforme la pirámide poblacional se invierta los pensionistas se vayan empobreciendo en términos relativos?

No, en absoluto. ¿Qué sucedería en un sistema de capitalización donde la población envejeciera y la mano de obra fuera cada vez más escasa? Pues que los salarios reales de los trabajadores irían aumentando y el capital privado que ahora se pierde por los sumideros de la Seguridad Social se invertiría en sustituir métodos de producción basados en una mano de obra relativamente barata por otros métodos de producción mucho más intensivos en capital que requieran a menos obreros (esto es lo que otro premio Nobel, Friedrich Hayek, llamó el Efecto Ricardo). El menor número de trabajadores se vería compensado por un mayor número de bienes de capital, sin que por tanto la producción futura se viera afectada. Proceso que, obviamente, no puede acaecer en un sistema de reparto, por cuanto el ahorro de los trabajadores actuales se destina, no a la inversión en bienes de capital, sino a financiar el consumo de nuestros pensionistas.

¿Pero sería este recambio de máquinas por trabajadores posible en todos los casos? No, de momento no lo sería y aquí el argumento de Diamond sí podría tener algún peso. El economista Thomas Stewart distingue entre cuatro tipos de trabajadores: los fáciles de sustituir y que generan escaso valor; los difíciles de sustituir que generan un elevado valor; los difíciles de sustituir que producen poco valor; y los difíciles de sustituir que crean un enorme valor. Estos últimos son por ahora imprescindibles e irremplazables debido a nuestra incapacidad para producir máquinas que se comporten como agentes; son nuestro auténtico capital humano. Si su número disminuyera debido a una población menguante, nuestro crecimiento económico futuro –y por tanto el bienestar de nuestros jubilados– sí podría verse afectado (a diferencia de lo que sucede con los otros tres tipos de trabajadores, que pueden suplirse con una mayor dotación de capital).

Sin embargo, lo cierto es que estamos muy lejos de la situación en que una reducción de la mano de obra necesariamente deba minorar la cantidad de esos trabajadores altamente cualificados y difícilmente sustituibles. Al fin y al cabo, el ahorro de los futuros pensionistas puede destinarse a formar y capitalizar al resto de trabajadores. O dicho de otro modo, el argumento de Diamond sólo sería relevante para un mundo donde la gran mayoría de obreros estuvieran ya muy especializados y generaran un altísimo valor añadido; un mundo que tiene muy poco que ver con el actual y que es dudoso que algún día llegue a parecerse en algo (gracias a que un porcentaje creciente de los ahorros de todo el planeta se dedica a la I+D, muy probablemente en dos o tres décadas seamos capaces de crear máquinas que actúen como agentes).

Por mucho que lo diga el Nobel, si quiere pensiones sostenibles y crecientes en el tiempo ante cualquier contexto demográfico, la única alternativa son los sistemas de capitalización.

Liberalismo popular

Hay ideologías que requieren de una vanguardia redentora capaz de ver más allá que el conjunto de la población; una élite de mente preclara capaz de aportar y aplicar soluciones que el populacho necesita, pero en su ignorancia mediocre desconoce. No es el caso del liberalismo y la concepción del mundo que conlleva. No hay teorías ni estadísticas que puedan adelantarse ni aprehender la complejidad de las pasiones y razonamientos individuales que hacen de la acción humana un hecho inusualmente impredecible y sublime, capaz de desafiar cualquier modelo que haya previsto su comportamiento.

Desde la atalaya académica, a veces puede perderse esta perspectiva, encerrando la libertad entre los lomos de libros protegidos por gruesos muros de facultades e instituciones. El liberalismo, lejos de ser una ideología abstracta sólo accesible a una minoría elitista, es una realidad práctica participada por los individuos.

El pasado 29-S vivimos una jornada en la que la práctica popular del liberalismo prevaleció sobre el sindicalismo institucionalizado del Estado español, sin necesidad de teorías abstractas, adoctrinamiento escolar, apoyo de partidos políticos o propaganda en los medios de comunicación de masas. Todas las estimaciones y experiencias de aquella jornada indican que la huelga general tuvo un seguimiento mínimo, muy alejado del 70 por ciento anunciado por los mismos sindicatos que la habían convocado. La realidad es que, salvo en sectores como el de la Industria, el país continuó funcionando y los españoles se dedicaron a trabajar a pesar de las dificultades que encontraron.

Allí donde los sindicatos impusieron su ley del silencio sobre los transportes públicos, la gente se organizó para salir antes de casa, sorteando los posibles piquetes que intentarían impedírselo; de forma no centralizada ni organizada, compartieron medios de transporte privado o caminaron distancias agotadoras para llegar en hora a su puesto de trabajo. Quienes pudieron, trabajaron desde casa. Los pequeños comercios, indefensos frente a la acción de las hordas sindicales, llegaron a enfrentarse sin cerrar o, para no arriesgar su supervivencia, bajaron la persiana al paso del piquete -clientes en su interior incluidos- para luego volverla a subir y así poder mantener la actividad que a final de mes consigue dar de comer a sus familias. Los otrora aplaudidos sindicatos fueron abucheados por la calle, la gente trabajadora perdió el miedo y no reprimió su enfado exponiendo las vergüenzas de la casta privilegiada que vive a su costa.

En esta lucha reaccionaria de los privilegiados para mantener sus privilegios, en la que ha quedado un instrumento como la huelga, los primeros y más severamente perjudicados fueron los trabajadores humildes. Zonas calientes como Madrid, donde la repercusión mediática es mayor, sufrieron la intransigencia de piquetes que intentaron por todos los medios a su alcance impedir el legítimo derecho a trabajar, también el día de la huelga. Desde la medianoche hasta que finalizaron las manifestaciones, se bloquearon los medios de transporte para impedir que la gente pudiera llegar a sus lugares de trabajo, pero tampoco volver a sus casas. A las 2 de la madrugada, decenas de autobuses permanecían bloqueados por piquetes “informativos”; en su interior, trabajadores que terminaban su jornada a esa hora intempestiva e intentaban llegar a sus casas. Paradójicamente, quienes se autodenominan sus defensores se lo impidieron. Quienes no consiguieron llegar a sus puestos de trabajo perdieron el sueldo y su cotización a la Seguridad Social mientras que los liberados que se lo impidieron cobraron íntegramente el salario correspondiente a ese día, si acaso el único en el que trabajan. Son sólo algunos ejemplos, pero podrían desgranarse algunos más.

Los trabajadores dieron una clase práctica de liberalismo. Sin necesidad de pasar por las aulas ni tener de su parte a grupos de poder organizados, simplemente trabajando, guiándose por el sentido común y esa necesidad tan humana que es ganarse el pan con el sudor de la frente. Esa es la fuerza y la actividad que mantiene con vida a las familias y, como consecuencia, a todo un país. Sin ellos, la pirámide de privilegios que se erige sobre su esfuerzo no podría mantenerse, y el 29-S estos trabajadores sacrificados dieron la espalda a la casta organizada que vive de ellos. No fueron actos heroicos, tan solo un despertar tardío del latente emprendedor que llevamos dentro. ¿Quién dijo que el liberalismo no era atractivo ni popular?

Obama te quiere espiar

No contento con querer otorgar a Obama el poder para ordenar la desconexión total o parcial de la red en EEUU, ahora pretende sacar adelante una norma que multiplicaría casi hasta el infinito la capacidad de las autoridades norteamericanas para espiar a cualquier persona en sus comunicaciones online.

Con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia por internet, las autoridades federales están promoviendo una nueva normativa destinada a obligar a las empresas de internet y de telefonía móvil a facilitar la interceptación de las comunicaciones de sus clientes. El Gobierno de Obama no quiere, simplemente, que las personas puedan utilizar tecnologías de encriptación que resulten seguras incluso frente a las agencias de seguridad de EEUU. Imitar a las petromonarquías feudales de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, imponiendo fuertes limitaciones al uso de la Blackberry y similares debido a su sistema de cifrado, habría resultado demasiado descarado. En Washington han encontrado una salida más imaginativa.

Pretende el Gobierno de Obama que todos los servicios de comunicaciones online (desde los de voz como Skype a las redes sociales como Facebook, pasando a las aplicaciones de mensajería de las Blackberry o el iPhone) dispongan de una especie de puerta trasera para facilitar los "pinchazos" por parte de las fuerzas de seguridad de EEUU. Aunque desde la administración se sostiene que el espionaje se haría con las debidas garantían judiciales, desde las organizaciones defensoras de los derechos civiles se ha denunciado que la norma no es tan garantista como pretende hacer creer el Ejecutivo.

Aún cuando finalmente el "pinchazo" estuviera sometido a control judicial, la norma que pretende sacar adelante la Casa Blanca resulta peligrosa para los ciudadanos, y no sólo para los de EEUU. No es un secreto que las fuerzas de seguridad y los servicios secretos caen en demasiadas ocasiones en la tentación de romper sus límites legales. Las "puertas traseras" que quiere imponer la Administración Obama facilitaría este tipo de abusos. Además debe tenerse en cuenta que por bien programadas que estuvieran dichas medidas para facilitar el espionaje oficial aumentarían el riesgo de generar agujeros de seguridad susceptibles de ser utilizados por todo tipo de ciberdelincuentes (pensemos que los cifrados de los pagos con tarjeta por internet se volverían menos seguros) o por gobiernos poco democráticos de todo el mundo.

Una vez más, con la excusa de combatir el terrorismo y la delincuencia se ponen en juego derechos fundamentales de los ciudadanos. Esperemos que Obama fracase en su intento.

Ed Miliband y el final del Nuevo Laborismo

Duelo fraticida el vivido en el seno del Laborismo británico durante la última semana de septiembre. Los hermanos Miliband competían por el liderazgo del partido. Aunque el favorito era David, finalmente fue Ed quien venció. Lo hizo por un escaso margen de votos. Sin embargo, esa mínima diferencia encarna posiciones ideológicas diametralmente contrarias, puesto que Ed Miliband está más cerca del “Old Labour” que del “New Labour” representado por David.

El fracaso electoral de Gordon Brown, algo que estaba cantado, precipitó los acontecimientos en el Partido Laborista. Dimisión inmediata del escocés y proceso sucesorio con cinco candidatos. De entre ellos, dos mostraban mensajes y programas antagónicos: Diana Abbot (representante del ala izquierda del partido, aquélla que renegaba, pero que no tuvo más remedio que aceptar, de los éxitos electorales de Tony Blair) y David Miliband, un “producto” de la “Tercera Vía”, el mejor exponente de la misma.

David Miliband siempre sonó en las quinielas para suceder a Blair tras el paréntesis de Gordon Brown. No fue así. Los sindicatos, las históricas, y determinantes en algunos momentos, Trade Unions, fueron clave para que Ed Miliband, menos conocido y menos mediático, fuera el ganador.

Consumado el triunfo, el nuevo líder de la oposición ha lanzado mensajes, mezcla de optimismo (el uso de la palabra “renovación” así lo atestigua), firmeza (los sindicatos no dictarán mi política, afirmó), pero también de negación del pasado más cercano. En este último aspecto destaca la que va camino de convertirse en una de sus frases lapidarias y por la que será juzgado en el futuro: “La era del Nuevo Laborismo ya ha pasado. Una nueva generación ha tomado el relevo y las viejas etiquetas ya no están en vigor”, podíamos leer en El País el pasado 27 de septiembre.

Haría mal Ed Miliband en olvidar el pasado reciente del partido, especialmente el periodo comprendido entre 1997-2007. De esta etapa debería extraer lecciones; la principal, en el terreno de la economía: cuando el Labour Party puso fin a sus tendencias intervencionistas, el electorado británico optó por él. Cuando el Laborismo apostó por jugar un rol constructivo en la esfera internacional, Reino Unido retomó la etiqueta de key player. Sin embargo, él parece decantarse por la lírica e identifica “la autocrítica” con calificar la intervención en Irak como un error.

Aunque Ed Miliband niega ser un izquierdista y rechaza el apelativo de “Ed, el rojo” con que le han etiquetado, su lenguaje va en esa dirección, con concretas acusaciones de culpabilidad al capitalismo. Ahí es donde enlaza con el “último Brown”. Sus primeras intervenciones en lo que a política exterior se refiere, tampoco le ayudan a quitarse esa etiqueta: crítica a Israel, a quien otorga un mayor grado de culpabilidad a la hora de que el conflicto con Palestina no se resuelva. Tesis típicamente izquierdista con elevadas dosis de buenismo, que en última instancia encierra cierta animadversión a la special relationship cultivada por Blair y Bush, heredera de la mantenida entre Thatcher y Reagan.

De economía poco ha dicho, sólo ha hablado de “las injusticias sociales”, cuando es el tema que más preocupa a sus compatriotas. Ahí, David Cameron le gana la partida, pues ya antes de convertirse en Primer Ministro apostó por las “medidas impopulares”, esto es, aquellas destinadas a controlar el gasto público, disparado hasta límites insospechables durante la etapa de gobierno de Gordon Brown.

En definitiva, el liderazgo de Ed Miliband se ha iniciado más rodeado de anécdotas (enfrentamiento con su hermano o descendencia de un eminente teórico del Marxismo como era su padre Ralph Miliband) que por hechos concretos. Entre sus apuestas políticas concretas, destaca su renuncia explícita al Blairismo y una adhesión al radicalismo mal entendido. Algo parecido hizo Michael Foot cuando lideró al Labour Party entre 1979-1983, con los resultados por todos conocidos…

Tras el fracaso de la huelga, a por los sindicatos

Estoy de acuerdo con todos los que confirman el fracaso del 29-S porque hay más razones a favor de ello que en contra. Especialmente concuerdo con Jiménez Losantos que, como muy pocos de los periodistas con fama, ha sabido señalar la falacia sindical. Han sido diferentes las herramientas que los hombres libres (preferiría no tener que defender el carácter general de este género) han utilizado para evitar a las mafias subvencionadas, aunque en todos los casos ha sido el factor humano el que ha dado el impulso básico para la victoria, como siempre ha sido.

Para sortear los atentados sindicales a la libre circulación por las carreteras, muchos han sido los que han utilizado las tecnologías de la información, la comunicación y la localización. ¿Qué mejor instrumento que un GPS para que una universitaria encontrara rutas alternativas por las que llegar a sus clases, evitando los cortes de los impunes violentos? Rutas que, por cierto, los sindicalistas seguro que ni conocen, pues de su sede hasta la puerta del político se va por autopista y en Audi A8, propiamente.

Para saltarse el cierre forzoso otros han usado el viejo método de abrir el negocio en cuanto el piquete se había ido. Otros, quienes han podido, han incrementado la productividad de la oficina en las fechas previas a la convocatoria para suplir las horas de trabajo a perder el día de autos. Tiene de inconveniente esto que el perverso efecto publicitario de la huelga no quedó impedido, pero, al menos, España no va a peor económicamente a causa de los sufridos oficinistas.

Muchos otros, haciéndose eco del llamado de Juan Ramón Rallo, o sin haberlo leído, porque se les ocurrió al impulso de su sentido cívico, han fotografiado las coacciones sindicales, grabado los insultos y publicitado el desafuero de los indecentes. También aquí la tecnología se revela instrumento de las libertades.

Pero las herramientas son eso, ni más ni menos. Si no las hay, no se pueden usar, obviamente, aunque es posible idear medios para escapar del liberticidio. Pero aunque dispongamos de ellas, se precisa tener la conciencia clara para hacerlo. Fue, una vez más, la creatividad humana, la función empresarial del hombre, a decir de Huerta de Soto, la que produjo un bien apreciadísimo llamado "fracaso sindical", es decir, triunfo de la "ética de la libertad".

Toda buena acción, reiterada, ha de producir estados sólidos de pensamiento y, con ellos, pautas sociales de acción, pautas que reproduzcan una y otra vez conversaciones antisindicales, comentarios antisindicales y afirmación hasta la saciedad de la libertad de trabajar por encima de la coacción. Es con pautas como se forman instituciones sociales sólidas, como la propiedad privada o la libertad de expresión, y es con pautas como se derriban las opresiones, que son la contracara de los derechos y de las libertades. Por eso es por lo que hay que ir más allá en el acoso y derribo a los acosadores, es decir, a los sindicatos.

Hay que acabar con la existencia de liberados sindicales, es decir, con una especie parásita que vive, bien de su empresario, bien de su administración pública, aportando solamente destrucción de derechos e improductividad. Hay que acabar con las subvenciones, por supuesto, y sustituir la protección constitucional a los sindicatos por una separación constitucional sindicatos-Estado.

Porque siempre hay que acabar con el mal para que el bien tenga asiento en su lugar, es decir, entre nosotros.

De los delitos y las penas

En 1764, Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, publicó una obra señera llamada De los Delitos y las Penas. En ella, Beccaria sentaba las bases de los futuros estudios acerca de la proporcionalidad de los castigos respecto a la trascendencia de las infracciones. También planteaba Beccaria el sentido de la reclusión y la importancia de que al salir, el delincuente estuviera dispuesto a vivir conforme a las leyes.

Para ello, por supuesto, es imprescindible una legislación adecuada. En el capítulo XLI, el autor llega a la conclusión de que el fin de toda buena legislación no es castigar los delitos sino evitarlos y que no hiciera falta penalización alguna. Una manera de prevenir los delitos es el de interesar a la ciudadanía, que debe ejecutar las leyes, más en la observancia de éstas que en su corrupción. Otro método es el de recompensar la virtud, de modo que el ciudadano sienta que no sólo cumple para no ser castigado, sino para ser premiado. Pero por encima de todo, para Beccaria, seguidor de John Locke, Montesquieu, Claude Helvetius y Étienne Condillac, es la educación el mejor camino para conseguirlo y, por ello, cree que el perfeccionamiento de la educación es la mejor prevención.

Siglos después, Gary Becker, premio Nobel de economía en 1992 por sus aportaciones microeconómicas en torno al comportamiento y las relaciones humanas, también dedicó una parte de sus investigaciones a analizar la racionalidad del comportamiento delictivo, entre otros sitios, en la colección de ensayos Essays in the Economics of Crime and Punishment. Becker considera necesario hacer un análisis coste/beneficio, no solamente desde el punto de vista del legislador, sino también desde la perspectiva del delincuente. Así, habrá que considerar la eficiencia del aumento en el gasto en fuerzas de seguridad del Estado respecto a la disminución de los delitos, o el coste implícito en la remodelación de la legislación en términos del ahorro que supondrá la disminución de los delitos como consecuencia de dicho cambio legal. Pero Gary Becker va más allá, y entiende que los delincuentes también se harán ese planteamiento. De esta forma, seguirán delinquiendo en función de la posibilidad de ser capturados, lo penoso del castigo y la ganancia potencial, no solamente monetaria, sino también en cuanto a prestigio social.

El 29 de septiembre pasado, los sindicatos mayoritarios se sumaron a la huelga general convocada por los sindicatos europeos. Apenas hubo seguimiento. Para quienes vivimos en Madrid la huelga fue menos dañina que una nevada. La vida transcurrió prácticamente igual. Pero en otros sitios de España, como Barcelona, la huelga sirvió de excusa para el vandalismo. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 43 personas solamente en Barcelona. Y del total de arrestados, hasta 34 eran conocidos por la policía por desórdenes, daños y desobediencia. Los servicios de asistencia se ocuparon de 81 personas durante la jornada de paro, 49 de ellas mossos d’Esquadra, 31 ciudadanos y un enfermero. El edificio del Banco Español de Crédito de la Plaza de Catalunya fue ocupado y destinado a cuartel general de las hordas vandálicas y tuvo que ser desalojado por las fuerzas de seguridad.

Pues bien. De los 43 detenidos, solamente 10 han declarado ante el juez y, de ellos, solamente dos han ingresado en prisión. El resto están en libertad a la espera de ser llamados a declarar. Pero puesto que la mayoría son extranjeros residentes en España, es posible que sigan su tournée Erasmus-borroka y si te he visto, no me acuerdo.

¿Qué mensajes se lanzan a los ciudadanos con esta actitud de la justicia española?

Primero, las fuerzas de seguridad no pueden defenderte siempre. A veces, la corrección política es más importante que cualquier otra cosa aunque la población sea agredida (físicamente y en su propiedad).

Segundo, los vándalos deben atentar aprovechando los eventos políticos. En esas ocasiones todo vale y los “compañeros y las compañeras” te van a apoyar, aunque a ti solamente te importe montar bulla o conseguir unos pantalones vaqueros.

Tercero, incluso si te pillan, el sistema judicial es tan incompetente que no te va a pasar nada.

Solamente se puede añadir que quienes defienden un Estado mínimo (y con más razón quienes defienden un Estado obeso) pretenden que las funciones del Estado deben ser la justicia y la defensa de la población.

Saquen consecuencias.

Hipocresía insolidaria

El valor que se le concede a un fin viene reflejado por cómo valoramos los medios. Por ejemplo, un adolescente locamente enamorado será capaz de casi cualquier cosa para conseguir a su chica.

Difícilmente la intensidad auténtica de nuestras valoraciones se puede expresar con palabras. Ésta se manifiesta realmente a través de nuestras acciones, que son las que reflejan lo que realmente somos y pensamos. En ocasiones existe una importante divergencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

Pero es en los hechos, no en las palabras, donde está la prueba del algodón. Y aquí es donde a algunos, especialmente altos cargos políticos, se les ve el plumero y sale a relucir lo que hay: una hipocresía exquisitamente demagógica.

El caso de las políticas comerciales de protección a la agricultura que practica Occidente es quizás el más flagrante y llamativo de esta actitud. Consideren primero estas palabras de Zapatero en la reciente Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: "Poder decir que entendimos en los albores de este siglo XXI que nada puede hacernos avanzar más como seres humanos que conseguir que no haya un solo ser humano que muera de miseria y de pobreza extrema".

Declaraciones similares se podrían escuchar en boca de otros líderes mundiales y activistas de la "guerra contra la pobreza", aunque quizás con un menor toque de cursilería de la que nos tiene acostumbrados nuestro querido presidente.

Sin embargo, a pesar de las cuantiosas evidencias acerca de lo nefasto que resulta proteger nuestros productos agrícolas para los agricultores y familias de los países más pobres –donde la agricultura es el sector económico predominante–, muy pocos de estos gurús solidarios alzan su voz contra estas políticas empobrecedoras.

En lugar de ello, insisten en incrementar los recursos públicos dedicados a la ayuda externa al desarrollo, una receta que se ha mostrado muy poco efectiva. Como dice el economista Paul Collier, "es una estupidez proporcionar ayuda con el fin de promover el desarrollo para después adoptar políticas comerciales que lo impiden".

Esta hipocresía no es exclusiva de los líderes occidentales. También los líderes tiranos de muchos países pobres se comportan de forma similar. Muestran una gran preocupación por el bienestar de sus súbditos cuando se trata de pedir a Occidente más ayudas, pero a la hora de la verdad sus acciones –por ejemplo, políticas contra la propiedad privada o el libre comercio– generan mayor miseria y menores oportunidades.

¿No será que lo que realmente les importa a estos líderes, tiranos del Tercer Mundo y gobernantes democráticos del primero, no son las personas que sufren la pobreza extrema, sino su popularidad ante ciertos sectores o el mantenimiento en el poder? Si no fuera así, ¿por qué no se posicionan radicalmente en contra de estas políticas?

Si dieran tanto valor al fin de reducir la pobreza como dicen, seguramente serían capaces de aceptar casi cualquier coste político que se les pusiera enfrente. Pero nada más lejos de la realidad.

Si prestáramos más atención a las acciones y menos a las palabras bonitas y a las buenas intenciones

Nueva ronda de ajustes

 "El mayor riesgo de desviaciones está en las administraciones territoriales" y, por ello, el Gobierno debe idear "medidas" adicionales ante tal escenario. ¿Qué ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Simplemente, que el desbocado gasto público de comunidades autónomas y ayuntamientos impedirá cumplir con el compromiso de reducir el déficit público al 6% del PIB el próximo año. Es decir, los recortes anunciados no serán suficientes y, por lo tanto, augura nuevas medidas de ajuste fiscal para alcanzar el objetivo previsto.

De este modo, el organismo monetario acaba de desmontar el último gran mensaje de Salgado, consistente en que el déficit del Estado había caído cerca de un 42% interanual hasta agosto. En realidad, la ejecución presupuestaria apenas muestra variaciones significativas en el primer semestre respecto al mismo período de 2009, y gran parte del desequilibrio se está trasladando ahora a la administración territorial. Los números rojos crecen a marchas forzadas en las cuentas autonómicas y municipales, muy acostumbradas al chorro interminable de recursos propio de épocas ya pasadas, en donde la recaudación de impuestos llegaba cual maná caído del cielo.

Los ayuntamientos acumulan pagos por valor de miles de millones de euros a los que ahora no pueden hacer frente, hasta el punto de que un tercio corre el riesgo de entrar en bancarrota este mismo año (2.700 consistorios). La situación de los gobiernos autonómicos no es muy diferente. El Gobierno central está cerrando el grifo de las transferencias como resultado de la menor recaudación, al tiempo que la austeridad brilla por su ausencia en la mayoría de las regiones.

Se trata, pues, de un peligroso cóctel que, unido al insuficiente recorte presupuestario del Gobierno central, convertirá el objetivo de déficit público en papel mojado. De ahí, precisamente, que el Banco de España recomiende al Ejecutivo un Plan B, consistente en nuevas medidas de ajuste, más allá de las anunciadas por Zapatero. Es decir, más subidas de impuestos, recortes adicionales de gasto o bien una combinación de ambas.

Por el momento, Ordóñez se ha limitado a señalar la necesidad de revisar la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria para incluir un "límite de gasto" en las administraciones territoriales, al igual que ya existe un techo de gasto para la Administración Central del Estado. Y el Gobierno parece haber recogido el guante. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha señalado que se trata de "una buena idea", aunque ha recordado que eso depende de cada comunidad. ¿Solución? Zapatero está dispuesto a negociar con el PP un nuevo modelo de financiación local y de "sostenibilidad" sobre las cuentas autonómicas.

Por desgracia, servirá de poco. La clave no radica en imponer techos de gasto, cuyo incumplimiento será frecuente y arbitrario, o en evitar duplicidades administrativas que podrían ser derogadas de forma unilateral en cualquier momento, sino en reformar el actual sistema de reparto territorial de fondos por parte del Estado. El Gobierno central anticipa a autonomías y municipios la parte transferible de ingresos fiscales que prevé recaudar en ese ejercicio. La crisis y unas estimaciones presupuestarias irreales, basadas en un crecimiento económico inexistente, permitieron a ambas administraciones gastar mucho más de lo que les correspondía, algo más de 30.000 millones de euros entre 2008 y 2009 –casi el 3% del PIB. Un dinero que ahora no pueden devolver.

Es imprescindible clarificar el esquema de ingresos y gastos para que cada administración tan sólo pueda gastar lo que recauda, y en caso de pasarse responder ante sus contribuyentes. Más allá del regreso a un gobierno central único, poco probable en el caso de España, el federalismo o el foralismo son las únicas recetas posibles para poner fin a la actual locura de la financiación autonómica y local. Centralizar ingresos y descentralizar gastos es un modelo insostenible, ambas partidas deben ser unificadas.

Megalomanía

Quien visite Roma no puede dejar de ver el Monumento a Víctor Manuel II, padre de la patria Italiana, presidiendo la Plaza de Venecia y al lado de la Colina Capitolina (Campidoglio). Es un magno edificio de mármol blanco de importantes dimensiones que, diseñado por el arquitecto italiano Giuseppe Sacconi, empezó a construirse en 1895 y fue inaugurado en 1911, siendo completado en 1925, cuando Mussolini era dictador en Italia. Si nos ponemos delante de él, vemos a la izquierda los foros y el palatino, restos de la Roma imperial y republicana, y a la derecha el Campidoglio, donde se erigen los Museos Capitolinos, que incluye algunas de las piezas que se encontraron y salvaron de la construcción de esta inmensa mole.

El monumento, realizado para conmemorar la muerte del padre de la Patria y la creación del Estado italiano, estuvo desde el principio sujeto a la polémica por la manera en que se diseñó y construyó. Algunos hechos llaman la atención. En primer lugar, una parte significativa de la Roma medieval desapareció para que el Estado italiano tuviera su gran monumento. Así, la Torre de Pablo III, el puente llamado el Arco de San Marcos y los tres claustros del convento de Ara Coelli quedaron sólo en el recuerdo o por piezas en varios museos.

Contrasta este reordenamiento urbanístico con el cuidado que por lo general ponen ahora las administraciones públicas con los restos arqueológicos. Hoy en día, es complicado que, por ejemplo, las cadenas de hoteles extranjeras consigan los permisos necesarios para adecuar un edificio del centro de Roma a sus necesidades empresariales y las de sus clientes.  El interés del Estado es selectivo, no siempre ha estado con la aparente protección del pasado histórico, más bien, con su manipulación. ¿Acaso no deja de ser significativo que este magno edificio se sitúe justamente al lado de unos restos que representan a un imperio glorioso perdido hace mil quinientos años? ¿No hay una identificación velada entre el pasado imperial y el resurgir de Italia, identificación que se podría confirmar con las fracasadas aventuras coloniales posteriores?

Otro aspecto importante destacable es que durante la construcción se realizaron varias expropiaciones y demoliciones en las zonas adyacentes a la Colina. De alguna manera, las propiedades de los romanos afectados eran menos importantes que el homenaje a un Estado inventado sobre las bases de un pasado imperial y un nacionalismo que surgía en Europa como movimiento político aglutinador. De nuevo, el individuo subordinado al Estado tiene las de perder.

La segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX están llenas de ejemplos parecidos. Al fin y al cabo, fue cuando el Estado se consolidó a través de dos movimientos aparentemente contradictorios. Por una parte, el internacionalismo, que tendría su máxima expresión en el comunismo marxista y, por otra, el nacionalismo, que generó el nacimiento de nuevos países como Italia o Alemania o que haría más fuertes a otros como Francia o Gran Bretaña (quizá más imperial que nacional). En todos destacaban los fuertes sentimientos ideológicos que ayudaban y ayudan a aglutinar el pensamiento común, o al menos a distraer movimientos más individualistas.

De estas épocas datan buena parte de los reordenamientos urbanísticos de capitales imperiales. Entre 1852 y 1870, Napoleón III promovió en París un cambio radical que incluiría, desde luego, un profundo desprecio por la propiedad privada al rediseñar y construir, tras las consiguientes expropiaciones, jardines, edificios, obras públicas y nuevas avenidas por las que seguro que desfilarían mucho mejor sus ejércitos. No menos significativa fue la de Viena, que se ordenara a mediados del siglo XIX por orden del emperador Francisco José I, y que dejaría la ciudad llena de grandes y anchas avenidas y de edificios públicos de los que hoy los vieneses presumen y que convertirían a la capital austriaca en una de las principales ciudades de su época. Puede que los ejemplos más carismáticos de esta ordenación urbanística ligada a los intereses del Estado estén en los proyectos megalómanos de los jerarcas nazis, que pretendían literalmente diseñar un nuevo Berlín, digna capital del Reich de los Mil años, o los realizados por los gobiernos comunistas, que redelinearon y, en algunos casos, destruyeron ciudades enteras, despreciando un pasado que se debía olvidar o redefinir.

En España destaca la más moderna remodelación de la Gran Vía, que ha cumplido ahora su primer centenario y que supuso la desaparición de 14 calles y el derribo de 358 inmuebles. Es decir, 358 expropiaciones, es decir, 358 robos para satisfacer el ansia megalómano de jerarcas que les gusta pasar a la posteridad más por sus monumentos que por su gestión. Que algunos tomen nota.