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El Tea Party

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

…en el momento en que Barack Obama se plantea erigir un Estado socialista sobre los pilares de la presidencia imperialista de Bush junior, ha surgido un movimiento espontáneo y abigarrado que se llama Tea Party. Aquí, en España, los medios siempre han informado contra Estados Unidos, con pocas excepciones. Los periodistas españoles desparraman su ignorancia culpable diciendo que se trata de una emulsión ultraderechista de una sociedad enferma. Pero ¿qué es, efectivamente?

Es un movimiento, sí, que no un partido político. Le define políticamente el originalismo, es decir, la vuelta a los orígenes. Estos orígenes, en Estados Unidos, están históricamente delimitados al período marcado por la guerra de la independencia, la Constitución y los primeros pasos de aquella república. Son conservadores porque buscan mantener el sistema político como lo concibieron los padres fundadores, que prevé un Estado limitado y una sociedad amplia, pero reforzada por valores morales tradicionales. Son revolucionarios porque los creadores de los EEUU lo fueron y porque quieren volver a revolucionar la política.

Es un fenómeno apasionante, pero que tiene antecedentes en la historia de aquel país, alguno más claro que el otro. El más claro es el de la vieja derecha, no menos heteróclita que la del Tea Party, y que como éste se creó como un movimiento de oposición a la dirección que estaba tomando la política; básicamente el New Deal y la implicación de EEUU en las dos guerras mundiales. Otro antecedente es el de los Demócratas Bourbon, que llevaron a la presidencia a Grover Cleveland. Eran partidarios del laissez faire, el patrón oro, el comercio internacional sin mayores trabas y un gobierno central austero y limitado.

Hay otros dos antecedentes, ambos en el Partido Demócrata. Los Copperheads de Clement L. Vallandigham eran partidarios de la paz en plena guerra civil, y se oponían a todo lo que significaban Abraham Lincoln y el partido republicano: el proteccionismo, el inflacionismo y el crecimiento sin medida del poder federal. Los Copperheads intentaban recuperar el espíritu del movimiento democrático de Andrew Jackson, que es el otro antecedente, y recogían el sentir de una parte más tradicional de la sociedad estadounidense. También habría que mirar a quienes se opusieron al "arancel abominable" de 1828 y clamaron por la anulación de la política de Washington por parte de los Estados.

Es decir, que el Tea Party no es un fenómeno pasajero. No sólo quiere recuperar lo mejor de la historia de su país, sino que está enraizado en esa misma historia. Estaremos hablando del Tea Party durante décadas. Aunque en España se seguirá desinformando sobre ellos. Durante décadas.

Sociales a fuer de socialistas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Discrepo del presidente, aunque por poco. Los presupuestos de 2010 contemplan una previsiones de subsidios de desempleo de 30.900 millones de euros frente a los escuálidos 30.400 millones de los del próximo ejercicio. Dado que, como ya ha comenzado a descubrir el Wall Street Journal, la única política social que contempla el socialismo es la de impedir la creación de riqueza para luego disponer de una excusa con la que saquear a las clases productivas en nombre de los desarrapados a quienes impide prosperar (tó pa’l pueblo), por esta vía no cabe concluir que los presupuestos de 2011 sean más sociales que los actuales: la asignación anual a las clases que el Estado impide ser productivas se mantiene en máximos históricos pero no aumenta… al menos sobre el papel.

En cambio, sí creo que existe un motivo por el que cabría calificar a estos presupuestos como los más sociales de nuestra historia, pues tienen el honor de ser las cuentas públicas que hasta el momento más fielmente reflejan el coste de todas las previas juergas antisociales que se corrió Zapatero a nuestra costa. Vean si no el resultado de toda una legislatura de gastar más de lo que se ingresaba y de ingresar más de lo que la economía privada podía permitirse.

En 2011 destinaremos más de 45.000 millones de euros simplemente a pagar parte de los intereses y de la deuda que hemos acumulado hasta la fecha. ¿Son 45.000 millones mucho dinero? Bueno, valórelo usted mismo: 45.000 millones de euros es el 22% de todo el gasto del Estado y equivale aproximadamente a toda la recaudación por IVA y Sociedades en 2009. Pero mi dato preferido, por aterrador, es éste: el 40% de toda la recaudación prevista para 2011 –una recaudación bastante inflada por absurdas previsiones de crecimiento, por cierto– se la comerán nuestros gastos financieros.

Ésta es la herencia social que nos lega el PSOE: una montaña de deuda que, debido a su persistente déficit público, no deja de crecer y de volverse más inasumiblemente gravosa. No es difícil adivinar a dónde llegaremos de continuar por la senda social y socialista de ZP: a trabajar únicamente para devolverles el dinero a los inversores que se lo prestaron a Zapatero para que éste lo gastara en tonterías como el Plan E o en negarse a aprobar una reforma laboral de verdad. Ya pueden ir preparando sus bolsillos, los muy sociales socialistas están aquí con la factura.

Dinero, deuda, banca y reserva fraccionaria

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El dinero es aquella entidad (o entidades) que tiene unas cualidades tales que le permiten cumplir ciertas funciones que los agentes económicos valoran como útiles de forma generalizada: servir como depósito de valor estable, medio de intercambio indirecto y unidad de cuenta. Estas funciones son interdependientes pero pueden tener diferente importancia relativa.

Las diversas cosas existentes tienen diferentes cualidades objetivas que les permiten servir peor o mejor como dinero: no todo puede ser dinero, pero diversas cosas pueden tener cualidades monetarias en distintos grados (y diferentes según la función). Son o han sido dinero cosas naturales, como ciertas conchas o semillas; artificiales, como las monedas de oro o plata; o culturales, como los billetes de banco y los depósitos a la vista.

El dinero no tiene por qué tener una aceptación universal total (aunque en la medida que la tenga será mejor dinero). Algunos dineros pueden ser de uso más generalizado, mientras que otros son propios de ámbitos más específicos (dineros locales, medios de pago aceptados en ámbitos comerciales o financieros). Un trabajador asalariado probablemente sólo tiene conocimiento de los dineros más genéricos que él mismo usa y se confundirá si cree que esos son los únicos posibles.

El dinero es una institución evolutiva, un patrón repetitivo que permite la coordinación social: cada individuo lo utiliza porque espera que los demás también lo hagan de forma recursiva, de modo que las expectativas y la confianza son esenciales. Los agentes actúan según sus creencias, que se pueden corresponder mejor o peor con la realidad: pueden equivocarse y utilizar cosas como dinero que en realidad no tienen buenas cualidades monetarias (debido a errores libres o por el intervencionismo estatal coactivo, que no puede crear el dinero pero sí puede distorsionarlo). El dinero evoluciona de forma adaptativa, diversas cosas pueden competir en sus usos monetarios. La acción empresarial y los avances tecnológicos pueden producir dineros alternativos que complementan o sustituyen a los anteriores.

El dinero es un intermediario no neutro entre lo que se oferta y lo que se demanda. Aunque los individuos no quieren el dinero por sí mismo sino por los bienes o servicios que pueden comprar con él, los intercambios indirectos mediante dinero son más eficientes que el trueque directo y tienden a sustituirlo.

Pero la evolución de los intercambios de mercado no termina con la transición del trueque al intercambio por dinero: además de bienes presentes y dinero es posible introducir promesas de entrega de bienes futuros, y más concretamente promesas de pago de dinero. La oferta y la demanda no se ajustan solamente con los bienes existentes en cada momento: es posible realizar intercambios diferidos, en los cuales algo se entrega primero a cambio de la promesa de recibir el bien correspondiente pasado un tiempo. Los intercambios diferidos requieren confianza en que serán completados, que el deudor cumplirá su obligación de pago con el acreedor (con su derecho de cobro): suelen realizarse entre agentes que interaccionan con frecuencia y han establecido buenas reputaciones de solvencia (pueden endeudarse porque tienen crédito).

Las posibilidades de intercambio comercial se amplían con la deuda y el crédito: no es necesario poseer dinero en el presente, puede ser suficiente tener una capacidad razonable de obtenerlo en el futuro. Las deudas monetarias tienen el peligro, riesgo o incertidumbre de no ser cobradas (aunque suele exigirse algún tipo de garantía, colateral o aval que evite o minimice las pérdidas); pero por otro lado algunas deudas entre distintos agentes pueden cancelarse o compensarse total o parcialmente unas con otras, economizando así en la disponibilidad y el movimiento físico o las transferencias de dinero, que se utiliza para saldar las deudas netas no compensadas.

Las deudas son en principio transferibles: es posible que un acreedor traspase a otra persona su derecho de cobro. Algunas deudas previamente generadas pueden ser aceptadas de forma generalizada como medio de pago, de modo que se convierten en complementos o sustitutos monetarios o dinero en sentido amplio: las promesas de pago de dinero mercancía (dinero en sentido estricto) circulan, se monetizan. Dinero y crédito se entremezclan, no ya sólo porque la deuda suele ser pagadera en dinero, sino porque además ciertas deudas son monetizables. Pero es necesario que el receptor de la deuda monetizada confíe en que puede cobrarla en cualquier momento si así lo desea, para lo cual necesita tener localizado al deudor y poder acceder fácilmente a él.

Son monetizables las promesas de dinero a la vista emitidas por agentes estables, fácilmente localizables, con buena reputación y que tengan relación con muchos agentes económicos: los bancos solventes y adecuadamente capitalizados cuyo pasivo a más corto plazo (billetes y depósitos a la vista) está respaldado por activos financieros muy líquidos (de valor estable, negociables o vendibles en cualquier situación sin pérdida o quebranto). Estos bancos operan con reservas fraccionarias de dinero mercancía o dinero base (dinero externo) respecto a sus billetes y depósitos a la vista (dinero interno) perfectamente legítimas (no son ningún privilegio estatal ni ninguna violación de normas éticas o de principios generales del derecho) y funcionales (no causan necesariamente descoordinaciones ni ciclos económicos).

No todos los bancos son prudentes y competentes: es posible extender el crédito en exceso (en cantidades, en riesgos o en plazos desajustados) o abusar de su monetización, especialmente por la intervención de los bancos centrales (que manipulan los tipos de interés y la cantidad de dinero base, refinancian a los bancos privados y los protegen como un oligopolio con barreras de entrada y garantías de rescate implícitas o explícitas), las garantías estatales de los depósitos y las leyes de curso legal forzoso. Una banca libre proporciona dinero estable y crédito fiable mediante la competencia entre los propios bancos que no tienen garantías de rescate y pueden quebrar, por la atención de los depositantes que vigilan con qué bancos operan y por la libre competencia entre dineros externos e internos alternativos.

Hay varios errores graves relacionados con el dinero y la deuda: creer que la deuda es el auténtico origen del dinero (no se suele especificar qué era lo que se debía y por quién); creer que cualquier o casi cualquier deuda puede utilizarse como dinero; creer que un sistema monetario puede basarse exclusivamente en deuda y en billetes de curso legal forzoso no convertibles contractualmente en cantidades fijas de dinero mercancía; creer que ninguna deuda puede utilizarse como dinero (críticos de la reserva fraccionaria).

Contra la megafilantropía

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Por muy libre y próspera que sea una economía, siempre habrá individuos que circunstancialmente atraviesen por una mala etapa o que deban hacer frente, por accidente, a unos gastos que superen en mucho sus posibilidades.

El capitalismo no inmuniza contra tales sucesos, sólo va logrando que cada vez sean menos trágicos y que aquello que hace dos siglos hubiese supuesto una muerte inevitable hoy sea un bache, todo lo desagradable que se quiera pero bache. Y, claro, se hace difícil no valorar positivamente las iniciativas destinadas a luchar contra ese tipo de desgracias y contratiempos.

Las clases adineradas siempre han sentido cierta responsabilidad hacia los que tienen menos. Dejemos hablar al sociólogo Edward Banfield, en su conocida obra The Unheavenly City:

Las clases altas consideran que la comunidad (o la sociedad) tiene sus propios objetivos y es capaz de diseñar su futuro. Piensan que es responsabilidad suya servir a la sociedad para lograr que mejore; probablemente porque, como tienen una visión a muy largo plazo, sienten un interés directo en que la sociedad sea mejor en el futuro. En cualquier circunstancia, suelen ser muy activas en asociaciones destinadas a promover el bien público y sentir una fuerte inclinación (no siempre traducida en hechos) a contribuir con tiempo, dinero y esfuerzo a las causas nobles.

No es difícil darse cuenta de que el Estado del Bienestar no es más que una institucionalización y estatalización de esos sentimientos privados. Pero resulta que el Estado del Bienestar no es un buen sustituto de la filantropía privada. No ya porque haya degenerado en una bestia de siete cabezas y diez cuernos, cebada por una explotada clase media –en vez de por la alta burguesía que promovió su creación–, sino porque los objetivos de uno y otra son bien distintos. La filantropía pretende ayudar al caído en desgracia a superar sus dificultades; el Estado del Bienestar pone en marcha servicios que cubren a todos los individuos, con independencia de que los necesiten o demanden o puedan o no pagarlos. La filantropía privada tiene incentivos para no alenar el parasitismo y, en cambio, hacer las veces de red que frene las bruscas caídas libres; el Estado del Bienestar, por el contrario, fomenta el clientelismo y quiere a la gente dependiente.

Los controles que suelen caracterizar a la caridad privada se transforman en una suerte de barra libre –piensen en los derechos universales– cuando anda el Estado del Bienestar de por medio, que acaba siendo productor, director, empresario y filántropo a la vez. Un absurdo que pagamos con unos servicios malos y caros; con una sanidad, una educación y unas pensiones que no sirven a los ciudadanos, sino que convierten a éstos en siervos.

De ahí que sea urgente desmontar el Estado del Malestar, sustituirlo por empresas privadas en competencia y por la filantropía privada. Es posible que alguno objete que los ricos no estarían dispuestos a entregar parte de sus fortunas a la caridad, y que, por consiguiente, las necesidades de muchos ciudadanos quedarían insatisfechas. Sin embargo, el argumento es harto dudoso, pues el mercado logra abaratar continuamente los medios necesarios para desarrollar la filantropía (de modo que con una cantidad igual de riqueza pueden prestarse un mayor número de servicios); y además existe la pulsión natural (mezcla de instinto y de interés personal) a ayudar a los miembros más desfavorecidos (sobre todo, en ausencia de un programa público destinado a cumplir esa función).

En este sentido, la noticia de que el matrimonio Gates está convenciendo a numerosos multimillonarios –Warren Buffett, David Rockfeller, Ted Turner, George Lucas o Larry Ellison– para que donen a la filantropía privada la mitad de sus riquezas –iniciativa The Giving Pledge– debería ser recibida como una buena nueva, por cuanto tiene de espaldarazo a nuestras tesis. Pero no. Me niego.

Ni qué decir tiene que soy partidario de que cada cual pueda gastar su dinero como lo desee; por eso, entre otros motivos, abogo por desmontar el Estado intervencionista. Pero eso no significa que tenga que considerar que cualquier desembolso, por irracional que sea, va a cumplir con sus pretendidos objetivos. Al cabo, lo que se está respaldando con la iniciativa de los Gates no es la vuelta a una filantropía privada racional, sino la generación de un Estado del Bienestar privado paralelo al público… y con sus mismos vicios.

En primer lugar, me molesta profundamente la idea anticapitalista que subyace a esta iniciativa: los ricos se han aprovechado de la sociedad y deben devolverle parte de lo que le han quitado. Los hijos de los ricos no tienen ningún derecho a heredar semejantes fortunas. La distancia que media entre estas ideas precientíficas y una propuesta legislativa que eleve al 50% el impuesto de sucesiones y donaciones resulta, por desgracia, demasiado corta. Ahí está el caso de Warren Buffett, que no sólo quiere donar su fortuna a la caridad, sino que todos los demás ricos se vean forzados a hacerlo.

Incluso sin recurrir al poder político, esa manera de ver las cosas es una garantía de la disolución de las grandes dinastías y, por tanto, de desacumulación de capital. Los ricos no son ricos porque posean una gran cantidad de bienes de consumo susceptibles de ser repartidos entre los pobres, sino porque son propietarios de grandes empresas, tremendamente eficientes, que se encargan de producir lo que los consumidores van demandando. Si ceden la mitad de su patrimonio a la caridad, o bien desarticulan sus empresas o las colocan en manos de gente que previsiblemente no sabrá dirigirlas con el objetivo de generar riqueza; es decir, liquidarían y destruirían medios de producción empleados para satisfacer necesidades de consumo presentes. Algo así como si decidiéramos comernos la caña de pescar en lugar de seguir utilizándola para capturar peces.

Tomemos el ejemplo de Warren Buffett. Probablemente sea el mejor arbitrajista bursátil de la historia. Es la persona más capacitada para corregir los precios de mercado de las empresas (de sus acciones) para que transmitan una información más fidedigna de la realidad y permitan minimizar los errores asociados a la asignación de capital. ¿En qué sentido la donación de la mitad de su cartera de acciones a la filantropía contribuirá al mejor desempeño de tan esencial misión? En ninguno. Del mismo modo que donar la mitad de Microsoft a una fundación caritativa sólo servirá, a medio plazo, para fragmentar la compañía o para imponerle objetivos que no tendrán demasiado que ver con aquello que realmente sabe hacer; es decir, se le impedirá crear riqueza.

Por otro lado, la idea de que si los ricos donan la mitad de sus fortunas a la caridad el mundo será un lugar con muchos menos pobres es harto discutible. Salvo casos muy excepcionales, la pobreza se debe a decisiones y caracteres personales o a un marco institucional inadecuado. Destinar miles de millones de dólares a promover el desarrollo está casi tan condenado al fracaso como lo ha estado durante décadas la ayuda exterior de los Estados. Los países subdesarrollados no necesitan ser inundados con bienes de consumo, sino ser capaces de producirlos; para ello, necesitan contar con unas instituciones favorables a la propiedad privada y las empresas.

La filantropía sólo será útil en los países ricos si se le somete a un continuo escrutinio. Se trata de evitar abusos y de que los receptores cumplan con unos objetivos que, además, deben estar en consonancia con las circunstancias (en especial, en una sociedad como la occidental, donde la tecnología revoluciona cada pocos años el modo de vida). Si no queremos reproducir la burocratización del Estado del Bienestar en las fundaciones privadas, sus gestores deberán estar sometidos a la amenaza de la retirada de fondos si no cumplen su cometido.

The Giving Pledge es un proyecto megafilantrópico que, como le sucede al Estado del Bienestar, parte del error de no adjudicar un espacio muy limitado a la ayuda voluntaria. Los seres humanos se coordinan a través del sistema de precios para maximizar la producción de los bienes económicos que mejoran su bienestar. El resto de mecanismos de creación de riqueza –la caridad o las intervenciones públicas– debería tener un espacio residual, pues no son ni pueden ser la norma en órdenes amplios y complejos en los que intervienen miles de millones de personas.

Los multimillonarios deberían dedicarse a hacer lo que mejor saben: montar empresas fabulosas de software y hardware, arbitrar los precios del sistema financiero, mantener y ampliar la cobertura de los medios de comunicación, producir películas… Si lo desean, pueden hacer un sitio en sus vidas a la filantropía, pero ésta no debe comerse la mitad de sus bienes. Especialmente si, por causas institucionales, no puede ser eficiente.

No lograrán avances significativos en la lucha contra la pobreza, algo que corresponde al sistema de producción de libre mercado, y en cambio sí malograrán sus proyectos empresariales, que sirven para procurar bienestar a la humanidad. Ojalá se deshagan de sus prejuicios anticapitalistas.

Anarquía y poder

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

L. v. Mises, que creía en la inevitabilidad del Estado, era además muy crítico con la ingenuidad anarquista. La Acción Humana tiene párrafos lapidarios sobre esta cuestión. Su idea fundamental es que un grupo de individuos no puede convivir en ausencia de poder, tanto político como jurisdiccional. Su razonamiento no profundiza mucho más, y sin embargo resulta extremadamente valiosa la advertencia.

Edmund Burke sugirió que el Poder es, básicamente, la encarnación del mal. Semejante idea debe suscitar en el pensador social una fuerte reticencia. El poder existe (y no hablo en términos nietzscheanos). Como término tiene varias acepciones. En el ámbito de lo social, donde la alteridad es un presupuesto, poder significa tener la facultad de imponer nuestra voluntad sobre la de otros individuos y, en definitiva, creernos en situación de ostentar dicha posición de dominio o decisión en un aspecto concreto, sea éste de tipo político o jurídico.

En el ámbito jurisdiccional, que es el que voy a comentar, todo aquel que pretende un derecho frente a un tercero, se considera a sí mismo titular del poder para exigir cierta conducta o reconocimiento (convicción personal, o mera intención de que otros se convenzan de ello). Tiene dos opciones: convertir dicha voluntad en un acto positivo e irresistible sirviéndose de su particular capacidad y arbitrios (autocomposición); o en su caso, recurrir a una autoridad social reconocida en tales facultades (heterocomposición).

El poder se transfiere desde quien crea ostentarlo en sus legítimas (y subjetivas) pretensiones, hasta una autoridad presuntamente imparcial quien, previa deliberación, decidirá si admitir o no la pretensión planteada (tratando de objetivar o hacer justicia), y en su caso, ejecutarla. ¿De qué forma llevará a cabo dicha ejecución de pretensiones? Básicamente, mediante la amenaza o la práctica efectiva de apremio sobre bienes o personas. Lo relevante será que dicha autoridad goce de una certera y suficientemente reconocida capacidad de imponer sus propias resoluciones: institucionalización del poder o Poder Público.

Esta competencia, socialmente amparada para señalar lo recto o identificar la solución más justa dentro del orden de normas efectivo, queda indiscutiblemente separada del poder primigenio, esto es, el personal o privado. Dado el presupuesto de la alteridad en toda cuestión de referencia social, debe establecerse una distinción entre el poder público y el poder privado, e ir más allá cuando afirmamos que ninguno es intrínsecamente antisocial o puramente maligno, si bien ambos han de ser limitados y controlados (esto vale también respecto del Poder político que, recuerdo, no es objeto de este comentario).

El anarquismo, lejos del idealismo y la utopía, puede, como movimiento social que anhela la erradicación del poder arbitrario, contener sanos principios y sólidos planteamientos científicos respecto del funcionamiento del orden social. Lo que afecta negativamente en su carácter no es la variedad de pronunciamientos y teorías (o falta de claridad y coherencia de las mismas), sino el propio término con el que se nomina al movimiento político e intelectual. Por mucho que se acompañe “anarquismo” con “mercado”, o se apele a la defensa de la propiedad privada y el capitalismo, no deja de encerrar un ardid poco recomendable cuando de lo que se trata es de plantear las cuestiones sociales en términos rigurosos o científicos.

Mises, Burke, Hayek, Böhm-Bawerk o Rothbard, por dar los nombres de cinco pensadores que en su obra y vidas lucharon fiel y vehementemente a favor de la libertad individual, rechazaban todos ellos el poder arbitrario. Lo que parece inconsistente es dedicarse a calificar a cada uno de ellos en función de cuánta arbitrariedad fueron capaces de incorporar en sus argumentos teóricos, llegando incluso a decir que F.A. Hayek no dejo nunca de ser fabiano (lo cual es falso).

El Estado, como he explicado en otros lugares, es un estructura de dominación irresistible que trata de suplantar al orden social espontáneo de mutuo ajuste individual, en todas o alguna parcela, mediante el ejercicio del monopolio en el uso de la violencia, la corrupción del Derecho, la expropiación y la reasignación de la riqueza. La base sobre la que sustenta tamaña calamidad es la absorción del Poder Público libre, espontáneo y competitivo, negando así la libertad política del individuo. Desde un punto de vista teórico este argumento es perfectamente comprensible en sus justos términos, pero cuando nos aproximamos a la realidad, los casos particulares quizá parezcan comprometer la rigurosidad de esta tesis. Un análisis teórico e histórico sobre el poder (como el realizado por B. de Jouvenel, A. de Jasay o D. Negro, condensando la larga tradición de intelectuales liberales de los siglos XVIII y XIX empeñados en lo mismo) no puede resumirse en una definición sucinta como la que a efectos discursivos he venido manejando.

El Estado, en su versión postmoderna, es, ante todo, un instrumento descontrolado merced de un ejecutivo instalado en la arbitrariedad y el desgobierno. Desconocer las fases y el desarrollo del Estado contemporáneo desde sus orígenes modernos, e incluso medievales, impide comprender con perspectiva la reacción de muchos buenos pensadores frente a su égida incontrolada.

El anarquismo, lejos de la utopía o su nimia versión colectivista, se ha convertido en una forma extremadamente sencilla y aparentemente ingenua de atacar al estatismo. Pero su sencillez extrema no es virtud sino demérito que impide en demasiadas ocasiones profundizar en aspectos fundamentales del estudio social. Sin una buena teoría económica quizá nada tenga sentido. Complementario, y nunca ineludible, es el manejo de sendas teorías política y jurídica equivalentes en acierto y calidad. Sin entender el Derecho o el proceso político, no tiene sentido elucubrar sobre fascinaciones ácratas sometidas a un lastre teórico insoportable: obviar el estudio del tipo de reglas que gobiernan y disciplinan la conducta, su origen y calidad cambiante, o de las reglas que soportan el orden político, sometido, en términos científico sociales, a la meridiana distinción abstracta, y también práctica, entre Estado y Poder público (o cosa pública).

Lejos de posiciones como el miniarquismo, construidas a partir de falsos presupuestos y por ello simples reductos de aparente moderación, del estudio del orden social, y en su interior, de los órdenes jurídico, moral, político o económico, no cabe inferir una respuesta anarquista coherente. Como afirma Dalmacio Negro, un pensador que sí ha realizado un ímprobo esfuerzo intelectual en este campo, todo defensor de la libertad individual debe ser antiestatista, pero nunca ajeno a la realidad del ser humano. Y ante semejante propósito antiestatista, la mera ausencia de poder (stricto sensu) como prédica política pretendidamente respaldada por una teoría consistente, resulta un grave error intelectual asimilable al que representa la defensa dogmática del estatismo (cuya imposibilidad fue demostrada por Mises y Hayek, autores que, a pesar de sus errores y licencias, nunca fueron ácratas; lo que, por otro lado, no dice mucho a su favor dada su decepcionante falta de dedicación al estudio somero y riguroso del orden político).

Contra la huelga general

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Artículos en prensa.

Hacer huelga es fundamentalmente incumplir unilateralmente un deber de prestar un servicio pactado previamente en un contrato laboral. El huelguista no sólo merece no recibir su salario de ese día: además debería pagar daños y perjuicios por las pérdidas que cause por negarse a cumplir con su deber, y su empleador tendría derecho a rescindir el contrato por incumplimiento de la otra parte.

Promover una huelga general es fomentar la violación de contratos a escala masiva. Si el positivismo jurídico es intelectualmente lamentable, en el ámbito de las relaciones laborales los presuntos expertos son especialmente patéticos a la hora de intentar justificar la legislación laboral intervencionista con los tópicos trillados de siempre: la eterna tontería de que el trabajador es la parte débil que necesita ser protegido hasta de sí mismo, que no se le puede dejar llegar a acuerdos libres por su cuenta y que se le debe dar el derecho de fastidiar con una huelga de vez en cuando a sus empleadores.

Las huelgas se hacen para hacer daño a alguien, para causar algún perjuicio o mostrar la capacidad de hacerlo y así poder amenazar y exigir algo a costa de otros. Generalmente es contra los empresarios, esos presuntos explotadores malvados que siempre parecen encontrarse en posición de dominio sobre los pobres y débiles empleados: o al menos así los ven quienes resentidos, vagos o incompetentes varios, carecen por completo de espíritu empresarial, son incapaces de organizar a grupos de personas en proyectos productivos y no hacen gran cosa aparte de escaquearse y quejarse de quienes les dan trabajo y un sueldo.

Con la huelga general los sindicatos, esas organizaciones apesebradas y de ideologías completamente desnortadas, tratan de mostrar los dientes al Gobierno para hacer patente su desacuerdo con alguna política: les molesta especialmente que se liberalicen, aunque sea tímidamente, las relaciones laborales, ya que eso implica una disminución de su poder de intromisión en las vidas ajenas, que al fin y al cabo es esencialmente de lo que viven (además de cobrar ingentes cantidades de dinero poco fiscalizadas por dar cursos de presunta formación a las hordas de parados que son sus rehenes).

Mediante la huelga general los sindicatos intentan hacer daño a todos parando el país. Pretenden que la gente no pueda acudir a su trabajo (paralizando los medios de transporte, impidiendo el acceso a fábricas y oficinas) o que no disponga de medios para realizarlo (cortando los canales de abastecimiento): esa inactividad la ven como un triunfo, como una expresión de que la población los apoya; son así de necios.

Como parece que no han tenido suficiente tiempo desde la convocatoria de la huelga hace varios meses para transmitir su mensaje y convencer a la gente para que los apoye, necesitan recurrir en el día clave a los piquetes "informativos" para ayudar a los dubitativos a decidirse. Estos piquetes aseguran no ser violentos, naturalmente salvo que alguien los provoque ignorándolos, llevándoles la contraria o cayendo en la bajeza moral de ser un esquirol.

Es interesante comparar una huelga general, presuntamente un ejercicio de práctica impecablemente democrática, con unas elecciones, con su derecho a votar o no votar: imagínense si los abstencionistas decidieran no respetar la jornada de reflexión, bloquearan el transporte y los accesos a los colegios electorales o amedrentaran y tacharan de traidores a los votantes.

Naturalmente que la huelga es un derecho constitucional, lo cual refleja el ínfimo nivel ético de las constituciones que consagran estos pseudoderechos destructivos e ilegítimos.

El deber del Gobierno es dejarnos en paz

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

En esta terapia de autoconvencimiento Zapatero relaciona algunos de los problemas del país con sus políticas. Lo curioso es que en ningún caso se le ocurre identificar la actuación de su Gobierno como causa y la situación como consecuencia. En sus discursos los problemas siempre vienen caídos del cielo mientras que sus leyes, decretos y mandatos son la solución a todos los males. Su público no se asombra porque ya sabe a lo que va.

Dice Zapatero que "el Gobierno tiene el deber de intentar cambiar las cosas para que se genere más empleo y pueda haber posibilidades para los jóvenes". La verdad es que el Gobierno ha cambiado muchas cosas en seis años y que esas cosas han perjudicado la productividad de los trabajadores, provocando un desempleo superior al que de otro modo hubiésemos visto. Tampoco con su nueva reforma se creará más empleo porque abaratar el despido es una de las medidas menos importantes que debían adoptarse. Mucho más urgente es abaratar la contratación quitando a los empresarios parte del enorme coste laboral que desincentiva la creación de empleo. Y es que el Gobierno no tiene que cambiar las cosas. Son los empresarios y los trabajadores los que deben hacerlo. El Gobierno en realidad bien haría limitándose a dejar de entorpecer el intento de los trabajadores y emprendedores por reanimar sus economías.

"Hay que cambiar cosas", repitió Zapatero, convencido de que este nuevo cambio "va a permitir funcionar mejor a la economía española durante los próximos 20 años". Pero si los cambios fueran realmente buenos en el sentido de crear un marco de libertad en el que los agentes sociales puedan generar riqueza y conservarla sin el peligro de que el Gobierno se la quite con el establecimiento de impuestos confiscatorios, la reforma no sería buena para las próximas dos décadas sino para siempre. La frase denota la idea que el presidente tiene de la economía, que no es otra que la de un sistema planificado centralmente en el que el gobierno decide por ley las tecnologías que desarrollar en las próximas dos décadas, el mix energético que imponer a golpe de ley y la cantidad de pan y circo que regalar al ciudadano con cargo a sus maltrechas carteras.

También la reforma de las pensiones está pensada, según Zapatero, para que puedan pagarse durante los próximos 30 años. Se trata de una reforma que "podemos hacer ahora o esperar a que dentro de 10 años tengamos problemas", dijo. Pero, de nuevo, si la reforma realmente solucionara los problemas de nuestro sistema de pensiones, ¿por qué demonios iba a suponer solamente un retraso de 20 años en la llegada del problema? La realidad es que la reforma de las pensiones no resuelve nada. Es un intento de suspender parcialmente los pagos prometidos obligando a los trabajadores a trabajar más años para tener derecho a una menguante prestación por jubilación. Si la reforma solucionara el problema de las pensiones no sería sólo válida para los próximos cuatro planes quinquenales previstos por Zapatero.

En el fondo, el verdadero problema es que Zapatero sigue creyendo en las políticas que han convertido esta crisis en la mayor que haya sufrido España en tres cuartos de siglo. Para él y para todo su Gabinete el deber del Gobierno es cambiar cosas para que Papá Estado siga engordando y ocupándose de nuestros asuntos. Pero el verdadero deber del Gobierno, si realmente quiere hacer algo por ayudarnos a salir de la crisis, es dejarnos en paz, para que los ciudadanos de carne y hueso podamos arreglar los estropicios provocados por tantos deberes que los políticos nos han impuesto en el pasado.

Educar en casa

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Chocan dos concepciones básicas. Una liberal, que espera que surjan ciudadanos formados e independientes, con un criterio propio y capaces de labrarse una carrera con aportaciones valiosas para la sociedad. La otra es mucho más ambiciosa. No se contenta con que los ciudadanos realicen sus propios planes, ni lo busca. Lo que pretende es transformar la sociedad; echar nuestra forma de vida al basurero de la historia y erigir sobre nuevas bases una construcción nueva y maravillosa que colmará los sueños de justicia infinita de algún iluminado.

Pero para ello es necesario cambiar a las personas, lograr un hombre nuevo que se amolde a la sociedad del futuro y libre de las cadenas que le atan a lo viejo. Por eso la instrucción, es decir, aprender los saberes que hemos heredado y codificado en un conjunto de asignaturas, que era el objetivo tradicional de la educación, es ahora un obstáculo. Y por eso la degradación de la educación, el hecho de que los púberes de hoy sepan menos que lo que sabí­an sus padres y sus abuelos es un resultado natural, perfectamente explicable por el hecho de que el objetivo no es empaparse de los conocimientos de nuestra civilización, sino olvidarlos para crear otra, nueva y distinta. El vací­o se llena con valores que no son el resultado de la precipitación de nuestra experiencia, sino ideologemas con los que se quiere programar al hombre nuevo progresista.

El instrumento adecuado para todo ello son los colegios públicos. Los privados, concertados o no, otorgan a los padres una mayor autonomí­a, un mayor control sobre la educación de sus hijos. Pero hay unos cuantos españoles para los que esa libertad es insuficiente. Sigue siendo una educación reglada y muy restrictiva sobre lo que se puede o no se puede enseñar en las escuelas. Y por eso, prefieren educar en casa. Son un millar o dos de familias; es difí­cil saberlo. No llevan a sus hijos al colegio y se han lanzado a la aventura de enseñarles, ellos, todo lo que deban saber. No es ya que les transmitan su forma de ver la vida, sino que les instruyen.

En España viven en la alegalidad, y da miedo proponer que se les reconozca su pleno derecho a elegir cómo quieren educar a sus hijos, no sea que acaben con más dificultades que las que ya tienen. Se da la paradoja de que a muchos se les acusa de abandono familiar por tener a los hijos… ¡en casa! En pocos casos como éste, de la libertad de unos pocos depende la libertad de todos, ya que lo que está en juego es nuestro derecho a elegir sin restricciones la educación que queremos para nuestros hijos.

Tome parte en la huelga del 29-S

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Las acciones tomadas no son caprichos al azar, son parches que se están haciendo a un modelo injusto y decadente llamado Estado del Bienestar. El modelo económico actual es insostenible al negar la libertad individual, la función empresarial libre y al disparar el robo gubernamental (impuestos, déficit y deuda).

Las huelgas surgen con los primeros asalariados a finales del S. XVIII. Se basaban en una extorsión e incumplimiento unilateral del contrato. Es la antítesis a los fundamentos del liberalismo: propiedad, vida y libertad. Cuando un grupo aplica la violencia contra otro –exceptuando el caso de la defensa personal–, se vuelve un criminal.

La ley tendría que castigar las acciones violentas de los sindicalistas, piqueteros, delincuentes o llámenles como quiera. Pero no lo hará. Todo lo contrario, mirará hacia otra parte. La mayor injusticia es que si usted se defiende de la agresión de un sindicalista o intenta defender su propiedad privada, entonces la ley sí que le atacará. La huelga es una de las mayores absurdidades de lo políticamente correcto ya que permite el incumplimiento de contrato y la violencia indiscriminada contra las personas y sus propiedades. Algunos trabajadores irán a la huelga para que los sindicalistas, después de la huelga, no les rayen el coche u otros actos miserables de este tipo. ¿Le parece progresista y civilizado algo así?

Los sindicatos han de cambiar de registro. No se puede mantener la profesionalización del sindicalista. Es dar alas al parasitismo empresarial, al holgazán y a la violencia. Desde el momento en que a un sindicalista, como a cualquier otro activista de cualquier tipo de pensamiento (políticos incluidos), se le da un sillón en el poder, se aleja de la gente, del colectivo. Los objetivos del grupo desaparecen para saciar sus interese individuales usando eslóganes colectivistas y viscerales como "seguridad económica", por "nuestro bien", u otros que ahora usan para huelga. El poder acomoda mucho. En esta sociedad, cuando un grupo se vuelve molesto, le dan un sillón y subvenciones para que sea complaciente con el establishment, ya sean sindicatos, ecologistas, grupos de presión religiosos, antirreligiosos o asociaciones de empresarios.

Desde el instante en que la fuente de financiación primaria de los sindicatos son los impuestos –más de 1.300 millones en subvenciones y comisiones desde 2007– y éstos se convierten en un ministerio paralelo a cualquier Gobierno, se vuelven un tipo de oligarquía política más. Y cuidado, que lo último no lo dice un ultraderechista como yo, sino Julio Anguita. Los sindicatos son una parte más de los pilares del poder: sus escándalos los delatan (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X…).

Todas la encuestan dicen que la huelga del 29-S va a ser un fracaso. Los excesos de los sindicatos han minado la confianza de la gente precisamente por los motivos enumerados: son establishment que chupan del bote. La única razón por la cual la huelga puede ser un éxito, y probablemente así sea, se debe a la extorsión de los sindicalistas amenazando a los trabajadores, destrozando la propiedad privada ajena y restringiendo la libertad de las personas para ir a trabajar y desplazarse. Los ciudadanos no podemos dejar impunes este comportamiento criminal e ilegal, por más que la ley no vaya a impedirlo.

Nosotros, los ciudadanos, estamos más avanzados que los retrógrados sindicales. Nos adaptamos al momento y somos pacíficos. No hace falta seguir sus pasos de violencia contra las personas ni contra las propiedades. Si los sindicalistas no le dejan entrar en su lugar de trabajo, haga fotos. Vaya por donde pueda retratando con su cámara o móvil a esos delincuentes y cree grupos en Facebook denunciando este acoso o coméntelo en los que ya existen: "Estoy hasta los huevos de pagar impuestos para los sindicatos". "Estos sindicatos NO nos representan. Son una vergüenza!!". "¡No! A la Huelga General. Por una sociedad civil libre y próspera". Cuelgue sus relatos en su blog o foros. Denuncie a estos sociópatas con caras, nombre y apellidos. Envíe su material fotográfico a esta casa u otros medios de comunicación. Seguro que podremos amontonar miles de atropellos y actividades delictivas. Si destrozan su propiedad privada, grábelo. Denuncie tal crimen o asóciese con otros para hacer demandas conjuntas a los responsables.

Tome parte en la huelga como "contrapiquete" silencioso. Simplemente consiste en decir "alto" al crimen de los sindicatos. A esa gran mafia que vive de nuestros impuestos y coarta nuestra libertad e individualidad. Tome acción en la huelga. Denúnciela por donde pueda.

Carnet joven de racionamiento

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Es otro de los frentes de lucha que ha abierto el gobierno. Con el problema del paro bajo control gracias a unos cursos de formación que convierten en trabajador activo a cualquiera que se matricule en ellos, con el tema de Afganistán convertido en una “War” en vez de una guerra, con las relaciones con nuestro gobierno amigo marroquí en un momento óptimo y con los principales inversores internacionales (antes especuladores) rezando por la economía española: ahora es el momento de atacar un grave problema que está entre las preocupaciones más importantes de los españoles (junto con el Cambio Climático, por supuesto…)

Seguro que el lector ya la habrá adivinado. Efectivamente, me refiero a la lucha contra la obesidad y muy especialmente la obesidad infantil y juvenil, un autentico drama que nuestro presidente vive muy de cerca. Aquí sí, aquí el Gobierno ha sido valiente, demostrando autentico coraje con una medida con la cual no ha dudado en enfrentarse a poderosísimas marcas como La Bella Easo, Panrico o Bollería Martínez.

Efectivamente, con la prohibición de poner máquinas expendedoras de bollos en los colegios, el gobierno de ZP ha dado un gran paso en la construcción de una sociedad que refleje no solos sus gustos, sino a ser posible la imagen de la primera familia española (bueno, no de toda la familia…) que él y Sonsoles encarnan.

Pero dicha medida se ha quedado corta, pues hay una serie de vacíos legales que permitirán que los bollos acaben alojados en el tejido adiposo de nuestros jóvenes.

Así, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el escolar se lleva el bollo desde casa? Es evidente que desde el gobierno se debe regular que cada autonomía ponga en marcha un sistema de cacheos en los colegios para que la mercancía prohibida no acceda a los patios. En las autonomías con lengua identitaria y diferencial, no sería demasiado problemas, pues los funcionarios docentes que actualmente se encargan de perseguir el uso del castellano  en los recreos, podrían perfectamente llevar a cabo dicha tarea. Y si el bollo interceptado no está etiquetado en la lengua correcta… ¡pues se matan dos pájaros de un tiro!

Para evitar el caso de que los mayores del cole salgan en el recreo y se hagan con un bollo en un establecimiento cercano, la ley debería contemplar unas áreas restrictivas bollos free alrededor del colegio en las que cualquier establecimiento y/o persona que comercializase o portase dicha mercancía prohibida sería multada y la mercancía confiscada. De nuevo aquí las autonomías con lengua identitaria tendrían medio camino recorrido, pues podrían utilizar para ello a la red de delatores que actualmente se dedican a señalar los establecimientos que no cumplen las leyes de lengua locales.

Un paso más sería  la prohibición total de vender bollos a menores de 18 años en todo el territorio, como se ha hecho con el consumo de alcohol, que gracias a sabias medidas como esta, ha dejado de ser un problema entre los jóvenes.

Pero finalmente, lo que se debería hacer  es aprovechar la experiencia de países amigos que han conseguido combatir con éxito la obesidad infantil. Y me temo que en este punto los Estados Unidos de Obama no son el modelo ideal. Aquí, el ejemplo mundial de esta lucha es Cuba, un país que gracias a su rechazo de la sociedad de consumo, del capitalismo, ha conseguido que la ingesta excesiva de calorías y la obesidad aparejada sean un lejano recuerdo de los tiempos de Batista para la gran mayoría de la población isleña. Y sin duda, una de las armas en dicha victoria contra la obesidad ha sido la Cartilla de Racionamiento, también llamada en Venezuela, otro país que empieza a luchar con éxito contra la obesidad, la Tarjeta del Buen Vivir.

Así, con asesoramiento cubano-chavista, este último como pago por la venta de armas, desde el Gobierno, mediante la creación de un Comité de Salud Pública (bonito nombre), se debería poner en marcha un Carnet Joven de Racionamiento, con foto y datos personales, de presentación obligatoria antes de poder adquirir bollos 

Dicho Carnet tendría una serie de cupones de obligada entrega al efectuar la compra, por lo que el titular sólo podrá consumir/poseer los bollos autorizados en dicho documento, tanto en plazos como en cantidades.

Cada tres meses, los poseedores del Canet deberían pasar un revisión médica que midiese su índice de grasa corporal y en función de la evolución de dicho tejido adiposo, un comité de nutricionistas, quizá formado por médicos cubanos de los que tan sobrada anda la isla caribeña, decidiría cuantos cupones se le pueden dar para el periodo siguiente

Es importante señalar que de cara a evitar el mercado negro, mejor dicho el estraperlo ahora que está de moda la Memoria Histórica, los cupones serían personales e intransferibles, de forma que si un joven insolidario, posiblemente un objetor de Educación para la Ciudadanía, usase sus cupones para facilitar el consumo y /o posesión  de bollos  a otro, estaría incurriendo en una grave falta contra el Comité de Salud Pública, penalizable con la retirada del Carnet. Y si la policía pilla a algún joven con un  bollo ¡sin el Carnet!,  derechito a la Fiscalía de Menores donde se le aplicarían medidas de reinserción  en la línea de las que  se le han aplicado al Rafita por acciones comparables.

Pero no todas deberían ser medidas coercitivas. A los poseedores de dicho Carnet Joven, se les podría, como incentivo, hacer descuentos en tiendas de comercio justo, herboristerías y restaurantes vegetarianos de Chueca, regalo de condones, prioridad en las listas de espera de la SS para abortar…e incluso entradas gratis para ver cine español ( bueno, esto último podría ser considerado coercitivo).

En fin, infinidad de ventajas.