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Contra la expulsión de gitanos

Desde julio de 2010, el Gobierno francés ha desmantelado al menos 51 campamentos ilegales y repatriado a 1.230 gitanos a sus países de origen. Sarkozy arguye que los campamentos eran fuente de “tráfico ilegal, explotación de niños para la mendicidad, prostitución y crimen, con miserables condiciones de vida”. Estas drásticas medidas, que algunos han comparado con las deportaciones de judíos por parte del régimen de Vichy, se han introducido después de que un grupo de gitanos atacara una estación de policía y vandalizara el pueblo de Saint-Aignan.

Los defensores de Sarkozy suelen contentarse argumentando que la iniciativa está perfectamente encajada dentro de la legalidad francesa. Los gitanos europeos no necesitan visado para entrar en Francia gracias a la libertad de movimientos reconocida por la UE; pero bajo las leyes de inmigración francesas, si al cabo de tres meses no pueden demostrar que tienen empleo, estudian o disponen de ingresos suficientes, pueden ser expulsados. Por tanto, cualquier comparación con políticas de deportación genocidas está fuera de lugar.

Pero este recurso al positivismo legal (“justicia es lo que dice la ley”) implica que no hay principios éticos desde los que enjuiciar la legislación vigente de forma independiente. Eso puede ser así para quienes no tienen otra moral que la que dicte (y revoque) el Estado en cada momento. Pero quienes tenemos convicciones liberales debemos poder tachar la legislación vigente de injusta si no se atiene a los derechos individuales. La libertad de expresión no es legal en Cuba y el adulterio está penado en Irán, pero a nadie se le ocurriría apelar a sus leyes escritas como prueba de que no están haciendo nada injusto. De modo que vayamos a enjuiciar estas medidas, legales, de expulsión de gitanos sin papeles.

¿Qué crímenes han cometido los gitanos de esos campamentos para que sea justo expulsarles del país? Desde un punto de vista liberal sólo cuentan los crímenes con víctima, y entre ellos no se incluyen ni la prostitución, ni el comercio de drogas, ni tampoco la ocupación de un terreno comunal deshabitado y de titularidad pública. Si hay gitanos que roban o vandalizan los pueblos vecinos, que se les expulse por eso, se les encierre entre rejas o se les fuerce a trabajar para la comunidad.

Los términos “inmigrantes ilegales”, “asentamiento ilegales” etc. son invenciones del Estado que no deberían ser aceptadas acríticamente. El Gobierno tiene su propia agenda y hace un uso interesado de las etiquetas. No hay razón para pensar que esta política de expulsiones tiene una motivación racista (no se está expulsando a todos los gitanos de Francia, sino a aquellos que no cumplen con determinados requisitos legales). Pero tampoco es razonable pensar que a Sarkozy le mueve el afán de justicia y no las ansias de captar votos derechistas exhibiendo una imagen de mano dura que en Francia tiene ahora rédito electoral.

La noticia entronca con el debate sobre la libertad de movimientos. Es difícil reconciliar una postura favorable a la libertad de inmigración con el respaldo a las expulsiones de gitanos. Cabe preguntarse qué sucedería en una sociedad libre donde no existieran fronteras políticas y se respetara escrupulosamente la propiedad privada. Se penalizaría a los inmigrantes que vandalizaran propiedad ajena, sin duda, pero ¿con qué derecho se les iba a expulsar de un terreno yermo que no era previamente de nadie?

La mayoría de los “campamentos ilegales” no están ni en fincas privadas ni en terrenos donde los contribuyentes pueden reclamar cierto derecho de propiedad por haber sufragado gastos de conservación o cuidado (como sería el caso de un parque). Tampoco estamos ante casos más problemáticos como el de una reserva natural o una zona de patrimonio histórico. Hablamos del mismo terreno baldío que en el viejo oeste: cuando el Estado apenas se arrogaba prerrogativas, se consideraba apto para ser colonizado. Lo contrario implica conceder al Estado un derecho de propiedad sobre todo el territorio no ocupado por particulares y empresas. ¿Cómo se justifica desde el liberalismo semejante derecho? Apelando al principio de apropiación lockeano seguro que no.

Libertad para las drogas

A muchos, la propuesta les parece una boutade. Pero sólo hay que pensarlo un poco para ver que no tenemos otra opción que la legalización.

El tráfico de drogas es ilegal en España. ¿Quiere decir ello que no hay trafico de drogas en nuestro país? Quien quiera comprar cualquier tipo de sustancia, ¿tiene algún impedimento práctico, más allá del económico, para conseguirlas? Si alguna vez ha habido una guerra contra las drogas, éstas han ganado. Es ilusoria la pretensión de acabar con ese comercio, cuando una parte de la sociedad está siempre dispuesta a adquirir estas sustancias. No se puede proteger a un consumidor de su decisión de consumir con una política que sólo aumenta los costes del producto. Es más, ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. No hay un criterio científico válido que permita delimitar qué es un estupefaciente y qué no lo es. Y hay productos que se pueden consumir sin peligro, pero cuyo abuso sí es peligroso. Es el caso del alcohol, pero recientemente se ha puesto de moda entre los jóvenes colocarse con jarabe de la tos. ¿Debemos prohibirlo también?

El consumo puede ser inmoral, una consideración que no es exclusiva de las drogas, pero es completamente legítimo. Y si lo es el consumo, también lo es el comercio y la producción. Son crímenes sin víctima. Podemos considerar todo ello inmoral, pero nuestro criterio moral no es suficiente para justificar la prohibición de una red de intercambios voluntarios. Pero no es ya que no tengamos derecho, es que las consecuencias de ese esfuerzo, de esa guerra contra las drogas, son mucho peores.

Al dejar al margen de la legalidad la provisión de las drogas, se está convirtiendo en crimen un negocio lucrativo. Y dado que ese negocio se hace ya fuera de la ley, no hay razones para que no se caiga en otros comportamientos también ilegales, aunque sólo sea para defenderse del acoso del Estado. La prohibición no sólo es injusta, sino que es un foco de criminalidad. Es más, el tráfico de drogas, por su carácter ilegal y por ser un gran negocio, es clave en la financiación de otras organizaciones que están volcadas hacia el crimen, el verdadero crimen, como son los grupos terroristas. ¿Queremos luchar contra ETA y Al Qaeda? Legalicemos el tráfico de drogas.

Ese aumento del crimen obliga al Estado a dedicar recursos crecientes a la lucha contra el nuevo crimen, más todos los adyacentes. De estar legalizado el tráfico de drogas, no sólo dejaría de estar en manos de criminales sino que el Estado podría destinar sus recursos a la persecución de los verdaderos delitos.

Las drogas, en un entorno libre, serían mejores, lo que reduciría la muerte por su consumo, y, sí, más baratas. Esto último sería un efecto desafortunado para quienes queremos aminorar la incidencia de las sustancias nocivas en la sociedad. Pero, por otro lado, la libertad en la producción y el consumo nos ofrecería la oportunidad de que la sociedad aprendiese a manejar esos riesgos. No creo que hubiese que esperar mucho para que el consumo se aminore o se canalice de un modo más racional. Bien por González.

Estúpida regulación sobre Facebook

El legislativo germano considera que establecer perfiles de los trabajadores presentes o potenciales con los datos proporcionados por ellos mismos en dichas redes atenta contra su derecho a la intimidad. Quedarían al margen de la futura legislación aquellas plataformas que, como Xing o LinkedIn, tienen como razón de ser el establecimiento de contactos profesionales y la búsqueda de empleo.

La lógica de la denominada "Ley Facebook" hace aguas por todas partes. Para empezar, no proscribe que los responsables de las empresas visiten los perfiles de empleados y candidatos. Eso seguiría siendo legal. Lo que se prohíbe es que, a la hora de tomar una decisión sobre la persona en cuestión, se pueda tener en cuenta la información así obtenida. Dicho de otro modo, pretende que los directivos y responsables de recursos humanos tengan que hacerse los tontos y los ciegos ante unos datos que pueden obtener legalmente.

Pero eso no es lo peor. Los promotores del proyecto de ley pretenden que atenta contra la intimidad de alguien el obtener una información sobre una persona que ella misma ha hecho pública. Si un trabajador berlinés se pide la baja por enfermedad y después sube a su perfil una foto en la que se le ve tomando una cerveza en un hotel de Mallorca es él quien ha hecho el idiota enseñando al mundo (incluido a ese jefe al que previamente ha incluido entre sus contactos) como intentaba engañar a sus empleadores. Cualquier reclamación al derecho a la privacidad resulta absurda en este tipo de supuestos.

Si los usuarios de las redes sociales tienen un enemigo de su intimidad son ellos mismos. En Facebook, Twitter y similares hay un exhibicionismo en muchos casos desmedido. Muchas personas han encontrado en estos servicios un modo de jugar a ser famosos. Ellos mismos se convierten en las "estrellas" de su propia "revista del corazón", su propio perfil en la red social, en la que cuentan al resto de la humanidad dónde están, que hicieron la noche anterior o lo que piensan sobre un asunto en concreto. Su forma de actuar es libre, por lo que nadie debe protegerles de su propia indiscreción. Y mucho menos, el Estado.

Chile: rentabilidad y seguridad

Ya atisbamos el final de este año 2010, un año extraordinario para Chile. En el plano político, porque el país se ha llenado de democracia al elegir por vez primera a un partido fuera de la Concertación, con Sebastián Piñera como cabeza del nuevo gobierno. En el económico, Chile ha sido reconocido como un país desarrollado por parte de la OCDE. En el plano social, el país se ha visto literalmente sacudido por una sucesión de seísmos de pavorosos efectos. Ha sido el año de Chile, y el año que viene tendremos que acordarnos de nuevo de él, porque se cumplirán 30 años de la reforma del sistema de pensiones que le ha convertido en un modelo para todo el mundo.

Recordemos que en 1981 el gobierno de Chile, en aquel momento todavía existía la dictadura de Augusto Pinochet, cambió el sistema de reparto por otro de capitalización privado. La OCDE reconoce en Chile un país que ha crecido más de un 5 por ciento anual en las dos últimas décadas y que ha luchado eficazmente contra la pobreza. Este resultado no es ajeno al sistema de pensiones. Los salarios se fijan en función de la productividad y ésta crece a medida que aumenta el capital. El sistema privado de pensiones favorece la canalización del ahorro, mientras que el público destina las cotizaciones al consumo.

En los 28 años de experiencia del sistema chileno, la economía de aquél país ha pasado por momentos más y menos brillantes. Pero no se había visto sometida a una crisis tan brutal como la que ha vivido la economía mundial tras el 2007. En el año 2008 parecía que finalmente el sistema entraba en crisis. Los chilenos pueden invertir en cinco tipos de pensiones, desde la A, de perfil más arriesgado, al E, el más conservador.

En 2008 las rentabilidades fueron del -40 por ciento de media en los fondos A, -30 por ciento en B, -19 por ciento en C, -10 en D y -1 por ciento en E. La satisfacción de los críticos, eso sí, no ha durado más que un año, ya que las rentabilidades respectivas de los mismos fondos en el año 2009 fueron del 43 por ciento (A), 33 por ciento (B), 23 por ciento (C), 15 por ciento (D) y 8 por ciento (E). Las rentabilidades reales medias de 2002 a 2009 fueron del 4 por ciento en los fondos E al 9 por ciento en los A. En definitiva, el sistema se ha enfrentado a una dura crisis económica y financiera y la ha sorteado sin mayor problema.

La presidenta de Chile Michel Bachelet pidió un informe sobre una eventual reforma del sistema de pensiones en aquél país. La principal conclusión es que el sistema es muy rentable. No tanto como el 10 por ciento anual, dato que se da habitualmente. La rentabilidad media móvil de los últimos 10 años para cada fondo está en el 7,7 por ciento anual real. Este cálculo es relevante, pero es más importante para el trabajador cuál es la rentabilidad que obtendrá una vez descontados los costes de gestión de sus fondos. Esta rentabilidad neta cae de media móvil al 6,4 por ciento anual real.

Pero los costes de gestión se pagan con las contribuciones que se hacen cuando se percibe el salario, no se descuentan del saldo. De modo que para observar la rentabilidad verdadera hay que hacer un cálculo de lo que supondría para un trabajador a lo largo de toda su vida laboral, es decir la Tasa Interna de Retorno (TIR), contando con los costes de gestión a lo largo de todo el período. Como no hay una población suficiente de trabajadores que hayan estado cotizando desde 1981, el informe ha tenido que hacer una proyección, que arroja una rentabilidad real bruta del 6,8 por ciento y neta del 6,2 por ciento anual.

En definitiva, el sistema chileno es rentable y fuerte, mientras que los sistemas públicos son ruinosos y están abocados a la ruina. No hay elección posible entre los dos, porque la realidad ya ha tomado su decisión.

¿Acabará el desempleo en España?

En situaciones como la que vivimos en la actualidad, cuando un elevado porcentaje de la población desea trabajar y lleva varios meses e incluso años sin encontrar un empleo, resulta comprensible que pierdan la esperanza en salir de esta situación. Con tasas de desempleo que superan el 20%, mucha gente se pregunta si en España es posible solventar este problema o, por el contrario, nos encontramos ante un hecho estructural que a lo sumo podrá ser mitigado, pero jamás resuelto.

Dada la peculiaridad del caso español, se suelen buscar todo tipo de explicaciones para averiguar los motivos por los que nuestra situación difiere tanto con la existente en los denominados países de nuestro entorno, que tienen unas cifras de desempleo sensiblemente inferior y en los que la crisis no se ha dejado notar de manera tan acusada en el empleo. Así, resulta bastante común que se trate de buscar motivos en la competencia realizada por los productores asiáticos, a los que se suele culpar de emplear mano de obra en condiciones de casi esclavitud o a la paulatina sustitución del sector industrial español por empresas de servicios.

Quienes defienden estas causas suelen argüir que puesto y dado que la competencia exterior no es controlable, y que la industria no se levanta de la noche a la mañana, el desempleo español no tendría solución salvo que reduzcan los salarios a nivel de los países asiáticos, por lo que se trataría de elegir entre dos males: salarios ínfimos o desempleo. No obstante, dichas explicaciones y alternativas no dejan de ser insatisfactorias, ya que existen otros países donde la tasa de desempleo es sensiblemente inferior a la española, pese a que afrontan la misma competencia por parte de los países asiáticos, tienen un sector industrial inferior al español y sus salarios medios son muy superiores.

A la hora de estudiar las causas del desempleo, habría que pensar en primer lugar el motivo por los que se contrata a un trabajador. Una empresa contratará a un trabajador si percibe una oportunidad de negocio, cree que va a necesitar de más trabajadores y estima que será rentable. Dicho de otra forma, se procederá a realizar la contratación si los ingresos esperados de esta oportunidad de negocio superan al coste que le supone ponerla en marcha, incluyéndose en dichos costes el salarial. Por ejemplo, en una asesoría tienen la oportunidad de ampliar su cartera de clientes y contratan a un empleado para, por ejemplo, realizar las labores contables; sólo si el precio que pagan esos clientes supera al salario de dicho empleado, éste sería rentable. En caso contrario, la situación de la empresa empeoraría con respecto a la que tenía inicialmente y probablemente se rechace esta oportunidad de negocio. Ahora bien, el número de potenciales clientes dependerá de diversos factores, entre ellos, sin duda, la labor comercial que se realice. Pero también, de que el nuevo empleado pueda atender la carga de trabajo que esto supone. Si sus conocimientos contables son elevados, las herramientas informáticas fiables, su ritmo de trabajo le permite asumir dicha carga, sus compañeros tienen experiencia previa en dichas labores y le pueden apoyar, el número de clientes a los que podrá servir con satisfacción será elevado. Por el contrario, si apenas sabe distinguir el debe del haber, si el ordenador se bloquea continuamente o la aplicación informática no está preparada para aumentar el volumen de información contable que procesa, si no es capaz de servir a todos los clientes, si tiene que dedicar tiempo a labores ajenas a lo que demandan los clientes o si nadie en la empresa realizaba dichas labores para poder ayudarle en casos de duda, el número de clientes a los que se podrá atender con satisfacción será más reducido.

En este ejemplo se pueden ver cuáles son algunos factores que van a incidir en que se plasmen las oportunidades de negocio que requieran más empleados: la existencia de esas oportunidades de negocio, la formación del empleado, su motivación, las inversiones realizadas por la empresa (en este caso en equipamiento informático, pero en cada empresa es distinto), el saber hacer de la empresa, las cargas burocráticas y los costes de emplear a una persona, entre otros muchos. Así, incidiendo sobre estos factores es posible incidir, no sólo en las oportunidades de negocio que se presenten, sino también en aquellas que serán juzgadas como rentables y que requerirán una mayor mano de obra.

Por tanto, existen países cuyo empleo es alto porque presentan pocas barreras burocráticas y generan múltiples oportunidades de negocio, otros que tienen una acumulación de capital y de inversiones muy elevado, otros cuyos trabajadores adquieren un nivel formativo elevado, otros que tienen una tradición empresarial en determinados sectores y que dominan el saber hacer, y finalmente países que apenas presentan ventajas en los campos anteriores y que únicamente pueden competir por su bajo coste laboral. Lo más frecuente es que se presenten una combinación de factores y que incluso, dentro del mismo país, existan situaciones distintas.

Aunque no sea fácil pensar en una bajada del desempleo en momentos como el actual, es en estos puntos donde debe trabajarse para reducir la tasa de paro: crear un entorno estable donde se permitan las oportunidades de negocio, un marco legal estable que proteja las inversiones, que permita el desarrollo educativo, que no penalice los sectores tradicionales y los trate con neutralidad, al tener un saber hacer de muchos años, que reduzca las cargas burocráticas de forma que los empleados no tengan que destinar gran parte de su tiempo a realizar labores ajenas al negocio y que no penalice con excesivos cargas tributarias el empleo de mano de obra.

La diferencia entre Nueva York y La Meca

La noticia pasó al principio desapercibida. Hay decenas de mezquitas en Nueva York, dos de ellas han operado durante décadas en el bajo Manhattan a solo unas manzanas de la Zona Cero. En el propio edificio donde ahora quiere construirse el centro islámico ya se congregan cientos de fieles para rezar. En las Torres Gemelas había áreas de plegaria para musulmanes, lo mismo que en el Pentágono. Ninguno de estos hechos había causado polémica. Pero hay elecciones al Congreso y los medios y los políticos no han podido resistirse a convertir la iniciativa en parte de la campaña.

Dicen que construir una mezquita tan cerca de la Zona Cero es una provocación, una ofensa a las víctimas del 11-S. Los terroristas también rezaban en mezquitas y leían el Corán, permitir que se alce allí un templo de su propia religión es como consentir un memorial de su victoria. Pero la mezquita es solo una ofensa si se equipara el islam con el terrorismo, algo que la inmensa mayoría de fieles americanos no puede aceptar de ningún modo. La responsabilidad recae en los terroristas y sus seguidores fundamentalistas, no en los millones de musulmanes moderados que practican su fe pacíficamente y se sienten americanos como cualquier otro. Quienes se indignan por la construcción de la mezquita están pidiendo a millones de ciudadanos estadounidenses que se declaren simpatizantes de terroristas.

Por otro lado, sorprende que la oposición a la mezquita provenga en buena medida de la misma derecha que defiende la "liberación" de los musulmanes de Irak y Afganistán. O sea, hay que verter sangre y dinero para salvar a los pobres musulmanes de la tiranía, pero la religión que practican es ofensiva y merece ser desterrada de las proximidades de la Zona Cero por estar vinculada al terrorismo. ¿En qué quedamos, son amigos o enemigos?

Charles Krauthammer hablaba de "sacrilegio en la Zona Cero" (aunque la mezquita vaya a ubicarse realmente fuera de ella) y comparaba el proyecto con la construcción de un centro cultural germano en Treblinka o un centro cultural japonés en Pearl Harbor. Aunque los alemanes o japoneses contemporáneos no sean responsables de los crímenes de sus antepasados, un centro cultural nacional en esas localizaciones demostraría insensibilidad hacia las víctimas. Pero, de nuevo, la mezquita sólo demuestra insensibilidad si se parte de la premisa de que el islam como religión y sus fieles como tales comparten alguna responsabilidad por los atentados del 11-S. Un centro cultural japonés o alemán en esas localizaciones se revela insensible sólo y precisamente en la medida en que aún se asocia a esas naciones con los crímenes cometidos.

Añade Krauthammer que en Gettysburg no sería apropiado instalar un mirador comercial, por ser el antaño campo de batalla una manifestación de nobleza y sacrificio. Tampoco lo sería poner un prostíbulo junto a un colegio o una discoteca junto al templo de Lourdes. Pero las manzanas colindantes a la Zona Cero no son ningún lugar de contemplación o memorial a los caídos. No tienen ni han tenido durante la pasada década ningún estatus especial. Son áreas comerciales como cualquier otra parte de la ciudad, con oficinas, pizzerías y templos religiosos, como la St. Paul’s Chapel, la Trinity Church o la sinagoga de Battery Park.

Los promotores del proyecto afirman que su intención es fomentar la convivencia entre religiones y desvincular el islam de los atentados al World Trade Center. El centro cultural, que costará 100 millones de dólares, estará abierto al público y no incluye solo una mezquita. Contará además con un auditorio con capacidad para 500 personas, un teatro, un centro de arte escénico, gimnasio, piscina, pista de básquet, área infantil, biblioteca, escuela de cocina, estudio de arte y comedor.

Los detractores piden que se investigue las fuentes de financiación, por si tiene lazos terroristas, pero en ningún proyecto de estas características se concede a las autoridades derecho a husmear quién financia qué y no hay razón para discriminar en este caso. Los responsables, no obstante, han prometido hacer pública la lista de inversores y han asegurado que rechazarán fondos provenientes de Irán, Hamas o cualquier organización con valores anti-americanos.

El imán Abdul Rauf se ha convertido en el centro de atención. Ahora le acusan, retorciendo sus palabras, de congeniar con radicales y proferir amenazas. Rauf, sin embargo, ha sido considerado un clérigo moderado por la Administración durante años, condenó firmemente los atentados del 11-S y en una reciente entrevista con Larry King ha tildado a Hamas de terrorista. Pero sus declaraciones incluyen matices, como que la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio provoca miles de muertos inocentes y ello fomenta el odio y hostilidad. Nada que no diga Ron Paul, el más liberal de los congresistas, en la CNN, pero los que ven la realidad como un partido de fútbol no aceptan que haya más de un culpable y los matices ya son motivo de sospecha.

El alcalde de Nueva York, el magnate Michael Bloomberg, defendió el proyecto con palabras muy sensatas en una entrevista en el Daily Show de Jon Stewart: "En Arabia Saudita no puedes construir una iglesia. Eso es precisamente lo que diferencia Arabia Saudita de América. Hay otra mezquita a cuatro manzanas de allí, tiendas porno, restaurantes de comida rápida… Es una comunidad vibrante, es Nueva York." Luego explica como un hombretón le asaltó en medio de una cena para decirle que acababa de volver de la guerra y eso es por lo que ha estado luchando, para que cada uno tenga derecho a construir lo que quiera.

La exigencia de reciprocidad, "toleraremos los minaretes y los velos cuando en Meca toleren las iglesias y los crucifijos", implica que los Estados islámicos marquen los estándares de lo que debe tolerarse en Occidente. Ya no es la "libertad de culto" o la "libertad de expresión" propia del liberalismo el principio rector. Nos piden que nos convirtamos en lo que decimos combatir.

Las mordazas de Evo Morales

El acoso al que está siendo sometida la libertad de expresión en los países iberoamericanos sometidos al chavismo y sus aliados es algo que, a no ser que se sufra una ceguera ideológica voluntaria especialmente grave, resulta evidente. Junto al caso extremo de Cuba, donde este derecho y muchos otros son papel mojado desde hace más de medio siglo, vemos que en varios países se avanza en la creación de leyes mordaza y otras medidas de diferente tipo. Se trata de un fenómeno cada vez más generalizado, que se reproduce en lugares como Venezuela, Argentina, Ecuador o Nicaragua.

Es, sin embargo, en Bolivia donde están teniendo lugar los episodios más graves de las últimas semanas en esta materia. En una sorprendente sentencia que otorga el derecho al honor a una entidad financiera, un tribunal de cuya independencia resulta lícito dudar condenó a casi tres años de prisión y prohibición de presentarse a las elecciones al ex presidente Jorge Quiroga por "difamación, calumnia e injurias al público Banco Unión". El fallo judicial resulta tan escandaloso que hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) ha salido en defensa del ex mandatario.

Por supuesto, el Gobierno de Evo Morales tiene la desfachatez de negar el sentido de la intervención de la OEA y el vicepresidente Álvaro García Linera llega a acusar a "Tuto" Quiroga de ejercer la "prostitución de la expresión". Todo esto resulta especialmente grave. Se utilizan las leyes de forma arbitraria para perseguir penalmente y tratar de impedir la candidatura de alguien que resulta incómodo para el mandatario indigenista. No es de extrañar, puesto que Quiroga no sólo es un destacado opositor al líder cocalero; es, además, una de las personas que con mayor firmeza y mejor análisis denuncia el expansionismo de Chávez por toda la región.

Siendo grave todo lo anterior, no es éste el único episodio preocupante para la libertad de expresión en la Bolivia de Evo Morales. El oficialismo ha logrado sacar adelante en la Cámara de Diputados  una norma (que todavía debe ser revisada en el Senado) que puede ser utilizada por el poder contra los medios con la excusa de combatir el racismo. La nueva ley, en caso de aprobarse su texto actual en las dos Cámaras parlamentarias, establece sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia de funcionamiento a todo "medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias".

Ante las protestas de los periodistas y propietarios de medios, además de las de la oposición, el Gobierno de Morales y los diputados oficialistas han respondido utilizando su táctica habitual. Negar sus intenciones y atacar a quienes se les oponen. Desde el gobernante Movimiento al Socialismo (MaS) se ha llegado a decir que las quejas son un "reconocimiento implícito" de que periodistas y opositores son racistas y discriminadores. Sin embargo, esto no es más que una excusa. El hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de redactar y aprobar el reglamento de desarrollo de la ley en cuestión es una buena muestra de lo que se puede esperar en este caso.

El Gobierno boliviano ha encontrado en una buena causa, la lucha contra el racismo, una excusa para recortar la libertad de expresión. Sin embargo, éste es un derecho que no debe ser recortado por el poder público ni aunque sea para tratar de impedir la difusión de las ideas más deleznables. La discriminación racial debe ser combatida por la propia sociedad civil, no mediante leyes mordazas. Y menos en casos como este, cuando el poder político ha demostrado que puede prostituir cualquier causa para ir afianzando un sistema con rasgos cada vez más totalitarios.

¿Aumentar la tributación a las SICAV?

Verdaderamente, la socialdemocracia llega a mermar las capacidades intelectuales de (muchos de) sus súbditos. Distorsiona el sentido común de maneras insospechadas. Si no, no es fácil explicar que la mayoría de la gente se crea que subir los impuestos a las rentas muy altas es una medida positiva para la economía y para el país en general.

Uno de los mayores ataques lo sufren las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV. Estos instrumentos de inversión han sido objeto de polémica casi desde su creación. Son instituciones de inversión colectiva que adoptan forma de Sociedad Anónima y que tienen por objetivo la captación de fondos de los accionistas, que invierten en la sociedad para gestionarlos y proporcionarles el mayor rendimiento posible. Se trata de una figura constituida para gestionar el patrimonio de los inversores con un nivel de activos elevado.

El punto más polémico es que estas sociedades, como el resto de las sociedades que gestionan fondos de inversión,  tributan al 1% en el impuesto de sociedades, lo cual supone una ventaja fiscal importante.

No les falta tiempo a los lumbreras económicos de los gobiernos y de múltiples medios de comunicación para proponer una subida del Impuesto de Sociedades a todas las instituciones de inversión colectiva, desde el 1% actual hasta el 18%. Esta medida, dicen, tendría un efecto recaudatorio de más de 15.000 millones de euros.

Esto no deja de ser wishfull thinking típicamente liberticida e intervencionista. La realidad es que el ser humano no permanece inmóvil e impasible ante un cambio de circunstancias en su entorno. ¿Qué significa esto aplicado a las SICAV? Pues simplemente, que los inversores, que son personitas de carne y hueso como usted y como yo, ante una subida espectacular del gravamen lo que van a hacer es evitar sufrirla. Por el comprensible hecho de que no desean que el gobierno de turno dilapide su fortuna en obras públicas y financiando a grupos de presión.

Estos pasos en falso de los gobiernos solamente empobrecen a sus poblaciones. Para muestra, un botón: recientemente supimos que el 70% de las grandes fortunas abandonan el País Vascodebido a la decisión del gobierno autonómico de elevar la tributación de las SICAV del 1% al 28% en el Impuesto de Sociedades. 65 de las 92 SICAV que había domiciliadas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava al inicio de 2010 se han registrado en otras comunidades, principalmente Madrid. Unos 420 millones de euros han dejado el País Vasco. Y se estima que para finales de año, las 27 sociedades que quedan en el País Vasco también hagan las maletas y abandonen la región.

Así que no solamente no va a aumentar la recaudación, sino que no se va a recaudar prácticamente nada a muy corto plazo por la huida total de estas sociedades. Con el consecuente impacto en términos de riqueza, crecimiento económico, bienestar y empleo. Es así de sencillo. Las decisiones políticas afectan a la forma de invertir. Pura lógica de la acción humana.

Ante esto, Patxi López no sólo no ha reconocido el error garrafal que esta medida supone, sino que no le ha faltado tiempo para pedir al Gobierno central que extienda al resto de España la obligación de la SICAV de tributar al 28-30%. Que es lo mismo que pedirle a Zapatero que haga que todos los grandes patrimonios se lleven sus SICAV de España al extranjero en pocos meses. Especialmente a Luxemburgo e Irlanda, países con mejor fiscalidad y mayor flexibilidad en cuanto a regulaciones.

Hay quienes, entendiendo y compartiendo lo expuesto anteriormente, comentan que la diferencia impositiva entre las SICAV y otras sociedades supone un trato preferencial para las primeras, lo que resultaría ser una injusticia para las segundas.

Yo comparto la demanda de que a todas las sociedades se les aplique el mismo rasero, es decir, que tengan el mismo trato fiscal. Pero esto, bajo mi punto de vista, debe implicar bajar la tributación a las demás sociedades hasta el 1%, no subírsela a las SICAV hasta el 30%.

Claro que antes de plantearse esto último, ya sabemos que los políticos prefieren hablar de “ataques especulativos” y conspiraciones de los ricos, cuando en el fondo el único ataque que se produce es, simple y llanamente, un ataque político contra el dinero y la libertad de las personas.

Sacerdotes de hoy y de siempre

Durante la educación elemental consiguen grabarnos a fuego la maldad intrínseca del sistema piramidal y los estamentos del Antiguo Régimen, en contraposición a las conquistas democráticas que pusieron los modelos de las organizaciones políticas que hoy sufrimos. Sin duda un éxito de la propaganda revolucionaria, primero, y marxista, más tarde.

Una aproximación crítica, en cambio, debería, cuando menos, poner en duda que el hombre lograra subvertir aquella pirámide y romper las cadenas roussonianas que le impedían ser libre. No hubo liberación, sino más bien sustitución. Los privilegios, en lugar de abolirse, han llegado a ser el monopolio de una casta que no admite competencia. La pirámide, en lugar de derruirse, fue simplemente reestructurada y ocupada por otros. Ya no hay estamentos, sólo clase política y ciudadanía pasiva.

Éste es un proceso que ha corrido parejo a la estatalización de la política, un paso más en la eliminación de contrapesos que terminaban por fin con la poliarquía medieval al haber concentrado primero todo el poder en la monarquía absoluta y que, al sacralizarse hasta el actual Estado democrático, convierte al gobierno-legislador en una apisonadora sin que haya ningún otro poder interno capaz de desafiarlo. Finiquitada la última barrera al despotismo, que era el sometimiento de los soberanos a un derecho divino que, sin asegurar su recta conducta, según Madariaga, “implicaba responsabilidad ante Dios, la más exigente de las responsabilidades”, ya no quedarán estamentos pero sí privilegios. La nueva clase política concentra los privilegios anteriores y los concentra en sus manos, basando la nueva pirámide en las prebendas que recibirán los ciudadanos-súbditos en forma de derechos, derechos que no les pertenecen a ellos en tanto que hombres, sino sólo como ciudadanos. Y todo lo que se da pero no pertenece por derecho propio puede ser arrebatado con la misma facilidad.

Así pues, la clase gobernante es ya una casta de privilegiados que no solo controla y gestiona instituciones de gobierno sino que también toma las riendas del ordenamiento moral de la sociedad. La religión es enemiga del buen ciudadano que sólo puede guardar una lealtad, la del Estado. La democracia como fin y no como proceso es la nueva religión y los sacerdotes no son ya un estamento diferenciado sino los mismos políticos.

La función sacerdotal ha permitido a lo largo de la Historia mantener diferentes órdenes sociales, un lenguaje propio sólo apto para los iniciados, para interpretar una realidad que sólo ellos entienden y en la que el resto de ciudadanos deben confiar con fe ciega. Se trata de una realidad tan antigua como el mismo ser humano, desde los brujos que controlan la tribu por su comunión con los antepasados, pasando por la opacidad monacal de la Edad Media hasta esta nueva religión laica. Cambian los dioses pero se siguen necesitando intérpretes, sólo que en el actual momento de teórico progreso y avance de la civilización los nuevos sacerdotes pueden legislar sobre lo público y lo privado, sobre lo terrenal sin ningún tipo de límite, salvo la ciega confianza en la democracia, que en Weimar demostró ser incapaz de sobreponerse a la tiranía.

La selección de las elites basada en una meritocracia controlada por el escrutinio público es una fantasía allí donde la democracia es prácticamente ilimitada y no existen controles constitucionales capaces de frenar el despotismo del poder. Los méritos se reducen en el populismo a conseguir enamorar a la ciudadanía y una vez conquistado el poder se puede hacer cualquier cosa con el único límite de la propia conciencia, lo que en muchos casos es insuficiente. Dentro de la nueva élite sacerdotal el acceso es limitado, solo quienes no desafíen los dogmas impuestos pueden acceder al episcopado democrático y convertirse en los intérpretes máximos de la Ley, por encima de tradiciones y tribunales de justicia.

Esto es, de hecho, el resultado buscado o imprevisto de cualquier intento de reorganizar la sociedad de una forma centralizada; la consecuencia imprevista por las buenas intenciones que prometen el paraíso en la tierra y lo más que consigue es crear purgatorios terrenales en los que los impíos de la religión cívica deben reconvertirse y obtener el perdón de los vicarios de la democracia en la tierra.   Pese al paso del tiempo y diferencias, son los sacerdotes de hoy y de siempre.

Trichet y el voto

El Consejo Europeo está a punto de presentar un informe con propuestas para reformar la gestión de la Unión Europea y uno de los aspectos que tratará será la gestión de la unión monetaria. Así que era lógico que el presidente del Banco Central Europeo se pronunciara sobre el asunto y diera su opinión. Lo que nadie esperaba es que fuera a irritar a los mandatarios europeos proponiendo restricciones al derecho a voto en la Unión Europea. Para Trichet el desmadre presupuestario de países como España ha sido tal que tenemos que pensar en el establecimiento de medidas drásticas si queremos evitar que se repita y termine afectando a la viabilidad del euro.

La idea que se le ha ocurrido al hombre que dirige el monopolio de la política monetaria en Europa es suspender temporalmente del derecho a voto de los países que incumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propuesta recuerda medidas muy similares presentadas en el siglo XIX por diversos pensadores. Lo que se planteaban los agudos autores decimonónicos era cuáles eran los límites que se debían establecer al poder que otorga la democracia. Algunos de ellos se fijaron en los clubs y propusieron que sólo podían votar quienes contribuyeran a financiar la cosa pública. De lo contrario, decían, correríamos el riesgo de que quienes no ponían nada usaran el poder del voto para expoliar al resto. Con el tiempo muchos de estos autores se dieron cuenta de que el problema era más bien sobre qué se podía votar y no tanto quién podía votar.

La versión trichetiana de aquellas ideas es reservar el derecho a voto en la Unión Europea a aquellos países que contribuyan con el cumplimiento de sus compromisos financieros y retirárselo a quienes los incumplan. En cierto sentido se trata de una adaptación a los Estados de lo que en su origen fue una regla para los individuos. Los Estados que incumplen con las medidas del pacto de estabilidad estarían viviendo a costa de del resto y poniendo en riesgo su estabilidad. Lo que propone Trichet es que al menos esos países no tengan poder de decisión sobre las políticas que se adopten en el seno de la Unión mientras sigan por ese camino.

Sin embargo, si bien la medida de Trichet podría suponer cierto desincentivo para el desarrollo de políticas manirrotas, no será un obstáculo para muchos políticos deseosos de seguir una política de pan y circo. La verdadera solución al problema era haber tenido una zona europea con competencia monetaria. Ahora que estamos en el barco del euro habrá que conformarse con tomarse más en serio el Pacto de Estabilidad. La anulación del voto podría ayudar pero lo que realmente funcionaría sería que Alemania se plantara y obligara al resto de países a introducir modificaciones en sus constituciones que obliguen al cumplimiento del Pacto y que permitan la intervención de los socios sobre su política económica en caso de incumplimiento. Si Trichet se sigue asustando quizá no tarde en proponerlo.