Un atractivo espectáculo es el que ofrecen Tomás Gómez y Trinidad Jiménez compitiendo por la candidatura autonómica del PSOE de Madrid. Quienes apoyan esta buena opinión acerca de las elecciones primarias en los partidos políticos suelen acudir, además, al argumento de la competitividad como elemento positivo. Son dos argumentos, el democrático y el competitivo, que aportados simultáneamente parecen apoyar la bondad de las urnas pero que en un sistema constitucional como el vigente en España resultaría tan dificultoso de implantar como estéril en sus resultados. Lo democrático, teniendo en cuenta el mito predominante según el cual todo lo elegido es bueno, se une, en esto de las primarias, con la carrera competitiva, según la cual todo lo que triunfa en una pugna reglada es lo excelente. Al simplismo de esta argumentación se une la coletilla del ejemplo constitucional donde las virtudes de las primarias se perciben cada cuatro años: los Estados Unidos de América.

Vamos a dar por bueno el aserto de que las primarias al estilo americano son positivas y un ejemplo de democracia y, por ello, culmen de la excelencia. Damos por bueno también que la competitividad intrapartidaria en América concluye en la elección del mejor. Ambas afirmaciones tienen puntos discutibles pero, como supuesto del que partir, se pueden aceptar.

Lo que, por el contrario, no parece ya admisible es que trasplantar el sistema de las primarias a los partidos españoles haya de tener los mismos efectos que en los EE UU. Una de las dos diferencias que lo refuta está, justamente, en los modelos de partidos, muy diferentes, a ambos lados del Atlántico. La otra reside en el muy distinto papel que tales partidos políticos desarrollan en sus respectivos sistemas constitucionales.

Los partidos políticos españoles y, por extensión, europeos continentales, son los principales ejes de la vida política. Su estructura interna está formada por una pirámide orgánica, funcionarial y formal de carácter permanente. Su actividad interna es intensa, monopoliza la vida política de manera ininterrumpida entre elección y elección y su vida interna es, por tanto, jerárquica. El jefe del partido controla férreamente la organización y es el candidato usual a la jefatura del gobierno.

A diferencia de este modelo, los norteamericanos no ve a los partidos más que en periodos electorales porque no son los que estructuran la vida política; son, casi exclusivamente, clubs que organizan la selección previa de candidatos. Ante cada cita electoral los partidos Demócrata y Republicano resurgen una y otra vez sin haber tenido una actividad orgánica previa que posicionara a nadie como líder y su organización apenas puede servir de mecanismo selectivo. Nada que ver con los partidos en España.

No obstante, si alguien estuviera tentado en intentar trasplantar este modelo de partidos mínimos a nuestro sistema constitucional, habría que explicarle cuál es la razón, suprema razón, que lo impediría y que, en caso de llevarse a cabo, frustraría toda esperanza de que las primarias aquí fueran un ejercicio de democracia y de selección de los mejores.

No es casual que los partidos, en cada sistema, sean como son. El sistema político norteamericano es, por sí mismo, legítimo; no necesita de los partidos para canalizar la adhesión de los ciudadanos. La regularidad inalterable de sus citas electorales, la invariabilidad de sus ritos y símbolos, el apego a la Constitución, el culto a los hitos fundacionales y a los padres de la patria, la solidez, en suma, de sus instituciones democráticas y de las encargadas del control de sus excesos no precisa principalmente de los partidos. Los norteamericanos, desde los inicios de su nación, son, ante todo, ciudadanos venerantes de un sistema en el que creen porque lo llevan practicando casi sin interrupción durante más de dos siglos.

Al contrario, España y la Europa continental han sido escasamente creyentes en el sistema democrático-liberal durante ciento cincuenta de los mismos doscientos años en que los norteamericanos sí lo fueron. Los europeos han sido partidarios de sus partidos ideologizados y de los presidentes y secretarios generales de éstos antes que de ningún sistema constitucional y democrático. Han escrito y derribado constituciones sin número por impulsos revolucionarios y contrarrevolucionarios y solamente la brutal derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial ha podido lograr que los partidos políticos hayan abrazado el credo democrático durante los últimos ¡sesenta años! En España hizo falta para ello una guerra civil, cuya secuela franquista reduce a la mitad esa cifra. Y, hasta para ser demócratas hasta la médula, los europeos, y aún más los españoles, necesitan a sus partidos. La competitividad es, esencialmente entre partidos rivales, nunca entre candidatos del mismo partido pues la rivalidad entre éstos desencaja completamente el concepto mismo de partido a la europea.

Los partidos norteamericanos no son partidos permanentes ni jerárquicos porque no son pilares del sistema. Los de aquí sí lo son, por desgracia. ¿Qué sucedería en caso de trasplantar el sistema de primarias al PP, PSOE, UPyD, etc.? Pues que no habría más remedio, para sostener la integridad interna de esos grandes estructuradores de la democracia española, que introducir restricciones en esas elecciones internas. Sin duda, esto no es muy positivo o halagüeño, pero es la realidad.

La rigidez de los partidos en España es, sin duda, un lastre para el desarrollo y la mejora de los modos de gobernar y para las actitudes ciudadanas, pero la responsabilidad no está tanto en los partidos como en la fragilidad de las propias instituciones constitucionales. Y más de treinta años con un sistema educativo sectario y sectarizante no han hecho avanzar, sino al contrario, esa adhesión. Pero ese es otro tema.