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Los gobiernos pueden delinquir

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Se parte de la premisa de que esa conducta posterior al secuestro contribuye precisamente al éxito de un crimen execrable. Dada la amplitud del tipo penal (art. 576 CP) todavía es mayor la probabilidad de que pueda considerarse, además, un delito de colaboración con banda terrorista, si la acción delictiva principal se ejecuta por los miembros de una organización así catalogada.

Nada de esto resulta novedoso en España. Aunque ya no ocupan portadas, durante años de extorsión y pillaje de la banda terrorista ETA, muchos allegados de secuestrados cedieron a la extorsión para que la banda los liberase de la tortura y la privación de libertad a que estaban sometidos.

Los casos de Emiliano Revilla, Julio Iglesias Zamora, Jose María Aldaya, Cosme Delclaux y tantos otros, suscitaron a la sazón reacciones muy distintas de los gobernantes socialistas y sus subordinados. Bien es cierto que a ese coro se sumaban amplios sectores de los medios de comunicación. Básicamente, personas que luego fueron condenadas por malversación de fondos públicos con el pretexto del terrorismo advertían a los familiares sobre las consecuencias penales que se derivarían de pagar un rescate, acción que, aseguraban, equivalía a la colaboración con banda armada. En algún caso se desató la demagogia de establecer una relación causal entre el pago del rescate por parte de los familiares –"ricos"– de los secuestrados y los asesinatos de los policías –"pobres"– servidores del Estado.

De hecho, la intervención del fiscal determinaba que estos familiares se vieran inmersos en procedimientos penales. No obstante, también en la mayoría de los casos la imputación de cooperación o complicidad en un secuestro o el más genérico de colaboración con banda armada no superaba la fase de instrucción. Los jueces de instrucción solían apreciar la concurrencia de la causa de justificación denominada "estado de necesidad" en un estadio preliminar de la causa y sobreseían libremente el asunto respecto a esos implicados. Un supuesto diferente se planteaba en el caso de los célebres "mediadores".

Ahora bien, el artículo 20.5 CP requiere que quien, para evitar un mal propio o ajeno, arguya el estado de necesidad demuestre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no fuera provocada intencionadamente por él mismo y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Si bien la aplicación de esta eximente a familiares no ofrece mayor dificultad por las propias obligaciones jurídicas de prestación de ayuda entre parientes, la posición de los agentes del Estado no justifica jurídico-penalmente el pago de un rescate invocando esta justificación, o, al menos, no completamente, ya que estos últimos tienen unas obligaciones de persecución del delito sin más.

La vapuleada constitución vigente establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" (art 9.1). Sin embargo, desde el precedente del "Alacrana" se ha instalado un escandaloso cinismo entre los miembros del Gobierno. Por un lado, presumen de las "gestiones" que conducen a la liberación de los secuestrados, pero, por otro, niegan el pago de rescate que resulta el corolario lógico de la autocomplacencia exhibida. Negación a la que no puede ser ajeno el carácter presuntamente delictivo de esa conducta.

De igual modo, resulta asombrosa la pasividad de los jueces competentes por averiguar la verdad de lo ocurrido y ventilar las responsabilidades a que haya lugar.

Porque, en efecto, la apariencia de comisión de un delito público, perseguible de oficio, demanda que, conocidos los hechos someramente ("notitia criminis"), el juez de instrucción competente deba abrir sumario, con o sin denuncia de parte, incluido el fiscal. En el caso del secuestro de los tres miembros de la asociación "Acción sin fronteras" en la franja del Sahel entre Mauritania y Mali, dado el lugar de comisión del hecho en el extranjero y la nacionalidad española de sus víctimas, nos encontramos ante un caso típico de competencia de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a través de la cual la jurisdicción española puede conocer en primera instancia de un asunto así, antes incluso de considerar si se trata o no de un delito calificable como terrorista.

Si bien en noviembre del año pasado las dificultades para averiguar los pormenores del secuestro en sede judicial resultaban obvias, no se comprende por qué el titular del juzgado central nº 4 de ese tribunal, Fernando Andreu, incoó diligencias sin citar a la persona liberada en marzo para interrogarla y haya esperado a la liberación de los otros dos cooperantes para hacerlo. Si las explicaciones oficiosas sobre esa inhibición para no perjudicar la liberación fueran serias, los mismos argumentos impedirían a los jueces "inmiscuirse" en los casos que la policía tarda en resolver. Aunque, ciertamente, proliferen jueces que actúan como epígonos del poder ejecutivo, esa línea de razonamiento invierte radicalmente lo que parecía la legalidad en España en cuanto a la persecución del delito. Son las fuerzas de policía, o, como en este caso, según alardea el Gobierno, los agentes del CNI quienes deben de dar cuenta inmediata al juez de sus investigaciones. Más aun cuando se descarta a priori la liberación por la fuerza.

La complacencia por la liberación de unos españoles tendrá una interpretación muy diferente para quienes están dispuestos a recurrir al secuestro de personas para lucrarse en los confines del globo donde recalen otros paisanos. La contumacia de este Gobierno puede deparar consecuencias indeseadas.

Normas

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

De todas las clasificaciones que pueden hacerse de las normas de conducta, aquella que considera como elemento esencial la voluntariedad en su cumplimiento permite aclarar importantísimos aspectos que, habitualmente, originan tanto juicios equivocados como una grave incomprensión de la lógica y el contenido normativos.

Formalmente, la norma de conducta es siempre exigible, en el sentido de que todo incumplimiento injustificado o ilícito acarrea una sanción. La naturaleza de dicha sanción distingue entre normas de contenido irresistible y normas de cumplimiento voluntario. Ambas, siendo efectivas, son tomadas como exigibles en cada interacción social que afecte a su contenido. Sucede que su inobservancia, en el caso de no ser irresistibles (no jurídicas), no justifica en absoluto que un tercero invada la esfera de libertad del incumplidor a fin de lograr un castigo. Dicha exigibilidad, respecto de las normas de cumplimiento voluntario, debe entenderse desde el lado de inacción (boicot pasivo), la denuncia (boicot activo) o el escarnio público, pero nunca su exigibilidad se verá traducida en forma de una compulsión sobre la persona y/o sus bienes.

Las normas cuya exigibilidad se estima irresistible dotan de contenido al orden jurídico, mientras que las normas que son de cumplimiento voluntario y, de ese modo, su exigibilidad no permite agredir la libertad o las propiedades del infractor, formarán el orden moral y sus agregados vinculados al decoro social, la urbanidad o el sentido común. El primer tipo de normas protege bienes jurídicos, como los relativos a la vida, la dignidad y la integridad humanas, así como a la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. El segundo tipo de normas protege bienes morales, pero también bienes vinculados a la normal y pacífica convivencia y a la consideración común sobre determinadas cuestiones. Es por ello que entre el orden moral y el orden político se tiende un puente sobre los cimientos del decoro social y la urbanidad, así como la existencia de un sentir general sobre concretos bienes y manifestaciones de la acción libre del individuo. Semejante límite difuso conduce a que los distintos órdenes de normas acaben entremezclados, no sólo por la superposición de contenidos jurídicos y morales, sino también por la irrupción del orbe político en el ámbito estricto de la recta o buena conducta.

Las normas resuelven conflictos recurrentes, y son reclamadas, modificadas o integradas ante conflictos aparentemente insólitos. Los conflictos de tipo político no se circunscriben exclusivamente a la mera organización de la convivencia y el ejercicio del poder público, o la institución de instancias y magistraturas. El orden político se extiende sobre toda aquella controversia que ataña a bienes comúnmente estimados por los individuos, y cuya protección o simple consideración termine sobrepasando los límites de lo político y, a través del puente del decoro y la moral social, penetre en el Derecho sirviéndose de su implacable irresistibilidad. El orden jurídico, por tanto, nunca es ajeno al sentido común o a la consideración general sobre aspectos que, en principio, no mantienen relación con la estricta defensa de la libertad individual, sino en demasiadas ocasiones con todo lo contrario, puesto que la incorporación en el seno del Derecho de determinados bienes como dignos de protección, llega a modular y limitar dicha libertad. El orden jurídico es objeto de una incursión que, al mismo tiempo, le agrede y corrompe, como le proporciona dinamismo, flexibilidad y adecuación a la realidad política y al tipo de convivencia vigente. Se trata, por tanto, de una relación inestable y que es origen una conflictividad inevitable.

Dada la aparente abstracción de las ideas hasta aquí expuestas, resulta conveniente aplicar su contenido teórico a ejemplos prácticos intensamente controvertidos:

1. El establecimiento de normas de protección sobre animales, parajes naturales, monumentos, obras artísticas o cualquier otro tipo de seres u objetos, no deriva de que se le esté reconociendo al objeto protegido derecho subjetivo alguno. En este sentido, ni un perro, por mucha simpatía que pueda provocarnos en su trato, como tampoco una Catedral gótica, forman parte del orden social humano más que como bienes que pueden crearse, destruirse e intercambiarse, bajo la mayor o menor consideración de quien sea su dueño o del resto de individuos. Las normas, que someten incluso a quien es propietario exclusivo del bien, tratan de afirmar conductas deseables respecto del cuidado o respeto de ciertos bienes (incluidos los animales). En ocasiones, la estima común, la consideración generalizada y, por tanto, la preocupación política sobre cierto tipo de bienes son tales que se convierten en bienes jurídicos, es decir, fundamento de normas que sí son irresistibles, incluso para el dueño de la cosa. El bien jurídico no es la dignidad del animal, o la integridad de una obra de arte o del bosque en cuestión, sino la estima general que los individuos sienten sobre dichos objetos. Cuando se prohíbe maltratar a cierto tipo de animales, no por ello se les está reconociendo, ni siquiera implícitamente, un derecho subjetivo (lo que implicaría también el reconocimiento de una personalidad quizá limitada, pero incluible en el orden jurídico como fuente de cierta esfera de dominio y libertad para dichos animales, lo cual sería absurdo). Se protege la estima o el respeto que sienten los individuos sobre determinados seres u objetos, que en un momento pueden ser unos y no otros, o que con el tiempo pueden ser considerados con mayor o menor intensidad.

2. Las normas de urbanidad atañen al decoro y la moral, como también a lo político (relativo a la convivencia explícita y controvertida), razón que convierte a este tipo de normas en eminentemente voluntarias o no jurídicas. La intensidad con que tales contenidos normativos se vean incluidos en el orbe del Derecho dependerá tanto del momento cultural como de la capacidad que tenga cierto poder de manipular el orden jurídico a su antojo y con carácter general e imperativo. El Constructivismo jurídico altera por completo el proceso competitivo de transformación normativa, decretando la irresistibilidad de determinadas conductas vinculadas a la moral, el decoro o la urbanidad. Esto no implica que un Derecho libre de intervención no llegara a incorporar la prohibición de ciertas conductas, y es por ello que no debería negarse tal posibilidad como consecuencia razonable de una actitud contraria al positivismo jurídico. Debe, en todo caso, valorarse tanto el momento cultural, como el sentir general o las implicaciones liberticidas que pudiera tener una prohibición concreta.

3. La paradoja del aborto contribuye a despejar bastantes dudas sobre la distinción entre tipos de normas en cuanto a su exigibilidad, voluntaria o irresistible. Obviamente el embrión o feto, desde la concepción, es un ser humano merecedor de cierta dignidad y consideración. El Derecho nunca le ha concedido idéntico reconocimiento al no nacido que al nacido, pero siempre han existido figuras, instituciones o sanciones en torno al bien jurídico protegido que éste representa. El aborto no puede ser un derecho subjetivo de la mujer porque el orden jurídico nunca debería contener derechos absolutos que representen la total negación de otros derechos como son la vida y la integridad humanas. Esto no quiere decir que todo aborto sea ilegítimo. En este sentido, el Derecho procurará, como decíamos, resolver conflictos recurrentes mediante instituciones que, a su vez, sirvan como referente en la resolución de conflictos inauditos en apariencia. Normas y prácticas habituales del Derecho que ayudan a equilibrar el conflicto entre bienes jurídicos: el derecho del no nacido frente el derecho de la madre a su integridad, su vida o su dignidad, pero nunca en la consideración de un único derecho, el de la madre, a disponer sobre la vida de un ser humano que, sobre dicho reconocimiento, perdería totalmente el amparo que merece la vida humana, como base sobre la que se asientan el resto de bienes jurídicos y morales.

Lo que viene sucediendo con la cuestión del aborto es que el sentir general, la estima o apreciación común de la mayoría de individuos, ha terminado por olvidar que el concebido no nacido es un ser humano como ellos, aunque en una fase distinta de su desarrollo y sometido a una dependencia particular, distinta también a la de un bebé, un enfermo o un anciano (dependencia intercambiable). Moralmente, el aborto fuera de los supuestos estrictamente conflictivos entre bienes jurídicos claros, acaba siendo asumido como un mal menor, o ni siquiera como un mal, trivializando la conducta y sus consecuencias, por la sencilla circunstancia de no ser presumiblemente evidentes: el feto, tenga más o menos forma humana, no es conocido de esa manera, sino como una abstracción, una fantasía que unas veces se llama embarazo y otras estado de buena esperanza. Y es esto lo que se ha terminado por proteger jurídicamente: el aprecio de la madre a dicha abstracción, idealización del embarazo, la espera de un nuevo ser… Es por ello que un aborto no deseado se considere “la pérdida de un hijo”, mientras que un aborto deseado pocas veces se identifique con la muerte de un hijo, sino como la mera “interrupción” del estado de gestación, como si ambas situaciones no tuvieran idénticas consecuencias físicas que, a su vez, debieran traducirse en unas mismas consecuencias morales y jurídicas.

La paradoja del aborto sirve para demostrar que el puente existente entre derecho, moral y política no sólo puede ser recorrido en una única dirección, aunque habitualmente así sea, sino que dicho puente también permite que el orden jurídico vea anulados aspectos esenciales que le son propios, todo ello como consecuencia del momento cultural, ideológico o moral de los individuos que forman cierto orden social.

El gratis total no existe

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

…y sin mirar atrás ya que, en realidad, lo que dicho sujeto está anunciando es su voluntad inequívoca de robarle, aún más, a usted y a su familia. La provisión de bienes y servicios gratuitos que, en teoría, garantiza el Estado de Bienestar es el gran camelo del siglo XX. Una inteligente y cruel farsa orquestada por los poderes públicos para acrecentar su capacidad de influencia e intervención en detrimento, siempre y en todo lugar, de las libertades y riqueza de los individuos.

El gratis total no existe. La sanidad, la educación, la pensión o el subsidio de desempleo que tanto se esmera en proclamar el gobierno paternalista de turno bajo la cortina de "derechos sociales" son, efectivamente, grandes logros y conquistas, sí, pero del poder político. Todo tiene un precio, la Seguridad Social también, sólo que éste resulta prohibitivo, enormemente costoso y altamente ineficiente en manos del Estado. No obstante, la financiación de tales servicios acapara, de media, más del 30% de su salario bruto anual.

Así pues, este robo institucionalizado no sólo le restará riqueza (pagará impuestos quiera o no quiera y utilice o no dichos servicios) sino que, al efectuarse de forma coactiva y obligatoria, limitará en gran medida su capacidad de elección, ya que contará con menos recursos disponibles para contratar libremente los productos ideados por el mercado para tal fin, de precio muy inferior y calidad muy superior a los que impone la Administración.

Dicho de otro modo, todo político insiste en que trabajará para mejorar los servicios públicos, pero eso sí, ocultándole de forma maniquea que dicho esfuerzo adicional saldrá, igualmente, de su bolsillo (ya sea subiendo impuestos o aumentando la deuda pública) y a un coste muy superior al que ofertan los empresarios. En España se pueden contratar seguros médicos con amplias coberturas desde 30 euros al mes, al igual que planes de pensiones privados o seguros de desempleo (aunque éste último es un servicio relativamente reciente y poco generalizado). Por el contrario, la Seguridad Social (incluyendo la cuota que paga el empresario) cuesta cerca de 9.000 euros anuales a un trabajador de salario medio. Quiera o no quiera, insisto.

El desarrollo de las mutuas, pensiones y seguros privados son previos al Estado de Bienestar moderno, y surgieron de forma natural en el contexto del libre mercado para cubrir una determinada demanda hasta entonces insatisfecha, como es el caso de la cobertura de accidentes, enfermedades, muerte o vejez. Así, por ejemplo, las cofradías de pescadores se organizaron de forma espontánea, libre y voluntaria con el fin de ofrecer cobertura médica y pensión a estos trabajadores y a sus familiares (mujer e hijos) en caso de accidente o fallecimiento.

Sin embargo, el Estado pronto se percató a la perfección de la siguiente máxima: que para crecer y engordar financieramente debía ofrecer algo a cambio ya que, en caso contrario, sería percibido, muy acertadamente, como un ente cuya única finalidad es medrar a costa del trabajo y esfuerzo de los demás, tal y como aconteció en el Antiguo Régimen. Fue entonces cuando surgió la palabra mágica: Seguridad Social o, lo que es lo mismo, la provisión de servicios públicos destinados a contrarrestar la incertidumbre, una característica innata del ser humano. 

El canciller de Alemania, Otto von Bismarck, concibió el sistema de Seguridad Social a finales del siglo XIX y, desde entonces, la sombra del Estado no ha dejado de crecer. El éxito de este engaño masivo ha supuesto, sin duda, un gran fracaso para la libertad individual.

La disonancia cognitiva de los keynesianos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Lord Keynes, que tal distinción se le llegó a conceder, tenía una receta muy facilona para todo: si la economía encalla, si está operando por debajo de lo que de manera un tanto arbitraria consideramos su potencial, si aparecen recursos desempleados u "ociosos" por doquier, entonces es que no estamos gastando lo suficiente.

Para Keynes todo es un problema de falta de gasto, ya sea en consumo o en inversión, de modo que la solución pasa por promover el gasto como sea. Al lord se le ocurrieron dos maneras fundamentales: una, reducir los tipos de interés para que la gente que era reacia a endeudarse acudiera como loca al banco más cercano para hipotecarse; dos, que fuera el Estado quien gastara en nombre de todos, circunstancia que además tendría unos efectos "multiplicadores" sobre el resto de la actividad.

Estados Unidos lleva casi dos años aplicando consistentemente el programa de "estímulo" keynesiano. A día de hoy cabría esperar que los recursos ociosos ya se hubiesen esfumado en honor a la sabiduría de Keynes. Ni parados ni viviendas vacías deberían seguir atormentando el presente de la economía estadounidense. Pero no, la realidad no termina de ajustarse a acientíficos moldes de Keynes.

Por ejemlo, en su plan de despilfarro masivo, Obama destinó unos 25.000 millones para promover la adquisición de vivienda (no tenemos en cuenta los efectos "multiplicadores" del resto de su gasto) y Ben Helicóptero Bernanke ha comprado desde 2009 más de un billón de dólares en bonos hipotecarios a través de la creación de nuevos dólares con tal de rebajar los tipos de interés hipotecarios a largo plazo y estimular la compra de inmuebles.

¿Resultado? Apenas perceptible: una pequeña hinchazón que ya ha reventado. Échenle un vistazo a las ventas de nuevas viviendas a partir de 2009 (momento de auge de las políticas keynesianas) y si son capaces de distinguir algo, entonces casi puedo garantizarles que no habrán de pasarse por el oculista durante unos años.

Miles de millones de dólares para esto. Tan bien han funcionado los planes de estímulo que los recursos que estaban ociosos, siguen estándolo. Ahí están las viviendas nuevas que siguen sin obtener salida, o los parados que continúan sin encontrar un empleo, pese a que el tirón público de la demanda tenía que proporcionársela.

Ahora, una de dos: o admitimos que la realidad ha falsado las supercherías keynesianas y que ha llegado la hora de permitir que la economía liquide de manera natural las malas inversiones o seguimos la vía suicida de Krugman y Bernanke; a saber, la mayor intervención fiscal y monetaria de la historia no ha sido suficiente y hace falta redoblar esfuerzos. El Nobel propone un nuevo plan de estímulo que duplique en importe al anterior y el presidente de la Fed ya amenaza con monetizar todo papelito que le pongan por delante. Salvo rectificar y pedir perdón, cualquier cosa que les permita seguir interviniendo en la economía. Ya nos metieron en ésta y ahora parecen empeñados en no dejarnos salir.

Los psicólogos llaman a este fenómeno disonancia cognitiva: el contraste entre la percepción de la inutilidad de los planes de estímulo y la fe ciega en que han de funcionar lleva a los keynesianos a huir hacia adelante, a reforzar su creencia irracional reconfigurando los hechos para que tengan cabida en su deficiente esquema teórico. Es la misma reacción que se observa con los movimientos apocalípticos y milenaristas: sus reiterados fracasos a la hora de pronosticar el fin del mundo nunca les llevan a revisar sus exactas "predicciones", sino a buscar todo tipo de excusas que explican a posteriori por qué el armagedón no se produjo en la fecha esperada.

Claro que los alocados milenaristas no son quienes rigen nuestras vidas y nuestras haciendas. Obama, Krugman o Bernanke, sí.

La lucha del Gobierno contra la crisis

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Lucha contra el paro. El Gobierno, con la ayuda del PP, ha renovado el PER nacional de 426 euros. Desde que se instauró la medida, sólo el 30% de los beneficiarios se ha puesto a trabajar. La economía es una cuestión de incentivos. Si el Gobierno recompensa la ociosidad, sólo lograremos un país de pobres. Una sociedad de señores y esclavos donde la clase productiva transfiere sus rentas a la improductiva con el único fin de que el Gobierno de turno consiga más votos.

Curiosamente, Obama acaba de aprobar un PER a la americana. Ha alargado la prestación de desempleo de 23 a 99 semanas. En sus palabras: "la idea es cambiar fundamentalmente nuestro enfoque de desempleo, para que no sea sólo una oportunidad para buscar un nuevo trabajo, sino un momento de capacitación para un mejor trabajo". ¿Le suena? Es lo mismo que se dice durante décadas aquí. El resultado: una elevadísima tasa de desempleo y profesionales del paro. Las transferencias forzosas de capital de una clase productiva a una improductiva no sólo son un robo a una parte de la sociedad, sino que estimulan la "cultura del desempleo". Estados Unidos está siguiendo los mismos pasos de España.

Impulso de la vivienda. Obama ha eliminado la ayuda fiscal a la compra de vivienda (que tenía un máximo de 8.000 dólares). Al mes de retirar el incentivo gubernamental, la venta de viviendas de segunda mano se ha desplomado un considerable 27,2%. La vivienda nueva ha caído en ese mismo mes un 12%.

En nuestro país el Gobierno decidió eliminar el estímulo fiscal a la vivienda a final de este año. ¿Qué cree que va a pasar? Todos los que tengan cuentas vivienda o la necesidad de comprarse un piso aceptarán casi cualquier precio para adquirirla antes del 2011. Sin estímulo gubernamental, probablemente el precio caiga fuertemente. La medida del Gobierno, en este caso, ha favorecido la horrible especulación contra la que tanto luchan los redentores de los derechos sociales y el mismo ZP.

Plan 2000E / Cash For Clunkers. Un día, el Gobierno español le dio la gana de estimular la compra de coches con los impuestos del ciudadano para satisfacer al lobby del motor, el Plan 2000E. Cuando finalizó la medida propagandística, y sólo en la primera quincena de mes, la venta de coches se hundió casi un 30%. El sector está ahora desesperado. No sólo porque no venden, sino porque nadie les dijo que esa "ayudita" tributaba y porque las administraciones y el Gobierno aún deben a los concesionarios casi 60 millones de euros.

Obama hizo algo similar. Su programa se llamaba Cash For Clunkers. Cuando terminó el plan, el desastre fue similar al caso español. Obama gastó 3.000 millones de dólares para que el sector se quedara en el mismo nivel de ventas que antes.

Los estímulos gubernamentales no son producción, son caridad forzosa. La caridad no ha sacado jamás a un país de una crisis, todo lo contrario. Si en épocas de apuro económico, el Gobierno se dedica a castigar a la clase productiva con más impuestos, multas, leyes y tasas para quedárselo todo ellos y repartir las migajas entre sus rentistas, estamos estimulando la pobreza, el hedonismo y parasitismo a costa del resto de la sociedad.

No se deje engañar con las bonitas excusas que usa el Gobierno para robarnos nuestro dinero, ya sean "dar empleo", "ecologismo", "bien común", "igualdad" o lo que quiera. Ninguna va a funcionar. Todo es un espejismo. La economía sólo puede salir rápido de una crisis cuando la arregla la gente, es decir, el mercado y no una panda de burócratas más preocupados por su índice de popularidad que de la realidad del país. Vea rápidamente en qué absurdidades se gastan los políticos nuestro dinero.

Nadie sabe gestionar mejor una crisis que nosotros mismos. La inferencia del Gobierno y de los políticos sólo la están acentuando. Mientras nosotros nos apretamos el cinturón cada día, ellos siguen su tren de vida de gasto, despilfarro y compra de favores y votos. La crisis ha dejado ver con claridad que el idílico Estado del bienestar sólo está lleno de horrores y de oportunismo. Lo hemos de demoler por nuestro bien individual.

La decadencia del pensamiento español

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Ninguna universidad española está situada entre las 25 mejores del mundo y, en las puntuaciones sobre la calidad de las universidades del mundo, nunca aparecen bien clasificadas las universidades de España.

Salvo por puntuales aportaciones en ciencias experimentales e ingeniería y, de forma acusada en el ámbito de las ciencias sociales, el mundo académico e intelectual español padece males endémicos como la permanente dependencia de los presupuestos públicos, la escasa colaboración con las empresas privadas en las labores de investigación, la incapacidad de producir obras singulares y de iniciar escuelas de pensamiento que logren relevancia mundial y, desde luego, la carencia de publicaciones y trabajos en donde se logren impactos en la comunidad científica internacional y, se observe cierto racionalismo crítico con respecto a las instituciones, la economía política, el derecho constitucional y otras áreas clave para la evolución sociocultural del país.

Universidad y Academias

Tener personalidad y criterios propios en la universidad española está penalizado, ya que supone hacer frente a muchos obstáculos políticos, crearse problemas académicos y generar envidias profesionales que dificultan la carrera académica. Existe endogamia en los tribunales académicos y muchos contratos y oposiciones para profesores suelen estar “orientados” de antemano. No prevalecen la sana competencia en mérito y capacidad ni la experiencia previa en el sector privado. Por el contrario, predominan las tareas meramente lectivas y los contactos departamentales de cada candidato y, finalmente, las investigaciones recaen en alumnos de doctorado becados con sueldos miserables o, en el peor de los casos, terminan siendo otorgadas a amigos “enchufados” y a personas con los contactos políticos adecuados.

Quizás el aspecto más dañino para el país sea la facilidad con que los profesores suelen replicar las ideas y conceptos económicos venidos del extranjero, sin tener capacidad crítica para desarrollar discursos propios que identifiquen las relaciones causales responsables del crecimiento socioeconómico de la nación. Su carencia de racionalismo crítico, se refleja en la extrema permeabilidad del profesorado español hacia lasideologías cientistas contrarias al arraigo de la civilización.

Por supuesto, existen excepciones a la regla que permiten que los alumnos no pierdan la esperanza en el conocimiento y la investigación críticos pero, debemos reconocer que muchos académicos terminan defendiendo las ideologías colectivistas o, al menos, no critican con suficiente fuerza el intervencionismo y se prestan al juego de los políticos que controlan el presupuesto de cada universidad, para recibir prebendas públicas en forma de puestos de alto cargo, asientos en las Academias, premios, cátedras o subvenciones de investigación.

Ante este panorama universitario y académico, con un amplio colectivo de catedráticos y profesores sometido al dinero público y, por tanto, a las directrices y caprichos de los políticos de cada Comunidad Autónoma, no es de extrañar que las utopías nacionalitas logren propagarse por los medios de comunicaciónregionales sin que exista una comunidad científica que desvele sus falacias y critique con fuerza sus graves inconvenientes. Tampoco tiene que asustarnos que los políticos sólo reciban informes y estudios que avalen y publiciten sus arbitrios y, otorguen una patina académica al intervencionismo en las Administraciones Públicas.

 Ruptura con la Escuela de Salamanca

La decadencia del pensamiento español no es una novedad del siglo XXI ya que, desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se fueron produciendo acontecimientos que produjeron una traumática ruptura con las ideas de la corriente crítica y reformista de los escolásticos de la Escuela de Salamanca.

Se procesaron y encarcelaron escolásticos como Fray Luis de León o Juan de Mariana en España, se silenciaron los discursos académicos más osados y, se destruyeron los ejemplares que circulaban por Europa de aquellos libros catalogados como prohibidos por sus ideas críticas y reformistas como “De Rege et Regis Institutione“.

La inamovilidad en el tratamiento de los asuntos de la economía política fue la mayor responsable de la decadencia de España durante los siglos señalados y, sin duda, aceleró el proceso de independencia de los territorios de ultramar durante el siglo XIX. Familia real, religión católica, nobleza e intelectuales que ocupaban los altos cargos del Gobierno y que se mantenían unidos en el mantenimiento de sus privilegios a costa de la pobreza y el escaso desarrollo de la mayoría del país.

El olvido académico y universitario de las referencias al pensamiento de la Escuela de Salamanca se agudizó durante los siglos XVIII, XIX y XX. Tuvo que ser la inglesa Marjorice-Grice Hutchison, partiendo de la lectura del ensayo La época del mercantilismo en Castilla 1500-1700 (1943) del erudito profesor José Larraz, la investigadora que rescatase del olvido el racionalismo crítico de los escolásticos españoles e hiciese renacer sus ideas para el resto del mundo con su monumental obra “The School of Salamanca” (1952). Con anterioridad, los estudios sobre los escolásticos españoles fueron parciales y sin la profundidad intelectual que requerían en ámbitos de las ciencias sociales como la filosofía moral, la historia, el derecho constitucional o la economía política.

Irresponsabilidad de los Intelectuales

El profesor José Luis Ramos Gorostiza realiza un interesante análisis en su trabajo “Carácter nacional y decadencia del pensamiento español” donde aborda el empleo del “carácter español” como principal explicación de la decadencia socioeconómica de España lo que, sin duda, constituyó una forma fácil de cargar responsabilidades en el pueblo y eludir las evidentes responsabilidades de la clase dirigente.

Documenta el profesor Ramos Gorostiza como los famosos historiadores Menéndez Pidal, Américo Castro o Sánchez Albornoz consideraban la historia de España como “manifestación en la cronología de un permanente carácter español” (1) y, como los conocidos ensayistas Salvador de Madariaga o Pedro Laín Entralgo argumentaban sobre las particularidades españolas como clave para la comprensión de España.

De este modo, podemos comprobar como los intelectuales españoles, que más influyeron sobre los políticos de su época, han venido cargando las culpas de la decadencia socioeconómica de España en falacias históricas como el “carácter nacional” o la “leyenda negra”, en vez de identificar la irracionalidad de las autoridades públicas y denunciar el intervencionismo generalizado de los diversos regímenes políticos que ha padecido España.

 Conclusiones

Salvo en contadas excepciones, no se ha ejercido crítica sobre la acción de los políticos que, mayoritariamente, han buscado utopías que retrasaban España respecto de otros países europeos y no han seguido las relaciones causales que arraigan la sociedad civilizada y favorecen el progreso, a pesar de que fueron identificadas perfectamente por la Escuela de Salamanca y refinadas por Juan de Mariana.

Hoy en día, al igual que en los siglos pasados, la decadencia del pensamiento español permanece y los intelectuales prefieren achacar los problemas a la idiosincrasia española (u otras ideas más peregrinas como los especuladores internacionales, los empresarios, el capitalismo o la falta de regulación gubernamental en los mercados) en vez de identificar las carencias institucionales, el relativismo moral y la ausencia de valores de la clase dirigente, el positivismo jurídico y el intervencionismo “de todos los partidos” como las causas reales de la decadencia y de las crisis en España.

En todo caso, la endogamia y la dependencia de los fondos públicos de la Universidad y de las Academias significa que buena parte de los intelectuales realizan investigaciones inanes para el desarrollo de la sociedad civilizada en España y, aún peor, se publican estudios sociales, históricos, culturales o económicos nada rigurosos que emplean argumentos en donde prevalecen los intereses electorales y partidistas en lugar de la independencia, la sujeción de los razonamientos a las relaciones de causalidad y el análisis crítico de la realidad.

Las noticias sobre los múltiples casos de corrupción y prevaricación demuestran que no es el honrado pueblo español, sino la casta política y judicial, la responsable directa de la decadencia y de las crisis en España.

Desde luego, también son responsables indirectos la mayoría de intelectuales (y las editoriales y medios de comunicación que les dan cobijo), ya que no buscan dotarse de medios para lograr independencia y, adolecen de los valores morales y el coraje para arriesgarse a criticar el intervencionismo del régimen político e intentar influenciar sobre las máximas autoridades del país con el objetivo de reformar las instituciones, realizar una segunda transición y dotar a España de las condiciones estructurales que permitan afrontar el futuro con garantías de estabilidad territorial, convivencia pacífica y progreso socioeconómico.

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McDonald contra Chicago

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La familia de Otis McDonald proviene de Luisiana. Cuando era todavía un adolescente, se trasladó a Chicago, donde ha vivido desde entonces. McDonald ha sido testigo, como cualquier vecino de la ciudad del viento, del deterioro en la convivencia en sus calles. Él mismo ha sido un activista en la lucha contra el aumento de la delincuencia y el deterioro social que acompaña al tráfico ilegal de drogas. Unos traficantes le amenazaron por toda la labor social que estaba realizando, así que decidió comprarse una pistola del calibre 22. Acudió, para ello, a una comisaría de Policía para pedir un permiso, pero en Chicago la posesión de pistolas y revólveres está prohibida. Entonces, hace dos años, empezó la batalla legal que ha resultado en la decisión del Tribunal Supremo que lleva su nombre, McDonald vs. City of Chicago. “El hecho”, dijo este hombre de raza negra de 76 años, “es que hay mucha gente de mi edad que han trabajado duro toda su vida, para conseguir un buen sitio donde vivir… y tener una (pistola) nos haría estar mucho más cómodos”.

Chicago tiene una de las legislaciones más restrictivas con la posesión de armas de todos los Estados Unidos. Como en el caso de Washington, es también una de las que más sufren la incidencia del crimen. El fin de semana anterior a la sentencia 54 personas recibieron un disparo de arma de fuego, de las cuales diez perdieron la vida. Las leyes de control de armas no sirven para que los criminales, que ya han tomado la decisión de situarse fuera de la ley, no accedan a ellas. Sin embargo, sí limitan o impiden que los ciudadanos que cumplen las leyes puedan tener armas. El uso que harían de ellas es deportivo o de autodefensa, por lo que se da la circunstancia de que estas normas no limitan los usos criminales, pero sí los defensivos. Esa es la razón por la que, en contra del objetivo declarado, las leyes de control de armas favorecen el crimen, en lugar de contribuir a limitarlo.

El caso de Otis McDonald y otros le llevaba al Tribunal Supremo a una decisión anterior, el Distrito de Columbia contra Heller. En aquella sentencia, el Supremo reconocía que la Segunda Enmienda recoge un derecho fundamental a la posesión de armas para uso privado, dentro de la jurisdicción federal. Lo que se dirimía en este nuevo caso era si ese derecho prevalecería también ante las limitaciones que pudiesen imponer los Estados y los gobiernos locales, como el de Chicago. La lógica indicaba que sí. Tanto la de las mayorías, que imponen un predominio conservador en el Supremo, como la jurídica. Si un derecho fundamental, como es el de la autodefensa, recogido en la segunda enmienda, prevalece en un ámbito administrativo federal, ¿cómo podría no hacerlo en el local o estatal? Este es el sentido de la sentencia McDonald vs. La ciudad de Chicago.

Pero en este ámbito no vale sólo con la lógica. Las sentencias han de basarse en el acervo de las leyes y de la jurisprudencia. El Tribunal Supremo tenía dos caminos ante sí para llegar al buen puerto descrito. Los dos se encuentran en la decimocuarta enmienda. El que ha elegido el Supremo es el que viene recogido en las palabras “ningún Estado privará a una persona de su vida, libertad o propiedad sin las garantías procesales (due process) recogidas en la Ley, ni negará a cualquier persona bajo su jurisdicción de la igual protección de las leyes”. Lo que tenía que hacer el Supremo era “incorporar” la segunda enmienda a estos derechos, es decir, incluir la posesión de armas como parte de los derechos a la vida, la libertad o la propiedad, aquí recogidos.

No podría ser de otro modo. La segunda enmienda entraba en las consideraciones de los redactores de la número 14. Recordemos que esta fue escrita en 1868 y buscaba, entre otras cosas, que los Estados del sur no privasen a los negros de su derecho a la autodefensa. De hecho, el principal objetivo de esta enmienda era dejar sin efecto el fallo Dredd Scott vs. Sandford, redactado por el juez Taney, que negaba la plena ciudadanía a los negros. Como observó Taney, si los negros fueran ciudadanos estadounidenses, tendrían “plena libertad de expresión, a participar en encuentros públicos sobre asuntos políticos, y a tener y llevar armas allá donde fueren”. Contra esta consideración se escribió la 14 enmienda. De hecho, luego se reforzó con una ley que se ha conocido como la Ley Ku Klux Klan. Las leyes de control de armas han tenido una inspiración racista desde su inicio hasta, aproximadamente, los años 50-60 del siglo pasado, en que empezaron a prevalecer otras consideraciones, como el aumento del crimen y la incidencia del tráfico de drogas.

Pero ella abría también otro camino, distinto del de las “garantías procesales”, que le hubiese permitido al Supremo hacer prevalecer el derecho a defenderse con un arma también en los ámbitos estatal y local, y es el que procede de estas palabras: “Ningún Estado aprobará o hará cumplir una ley que socave los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. El juez Alito, que es crítico con la cláusula de las garantías procesales, se sumó no obstante a la mayoría, mientras que el juez Thomas, acaso el más conservador del Tribunal, escribió una opinión personal defendiendo el camino abierto por la cláusula de los “privilegios e inmunidades”. Esta expresión hacía referencia, en el lenguaje de entonces, a los derechos básicos, como el de la autodefensa.

En cualquier caso, ni Heller ni McDonald cierran el debate jurídico sobre el alcance del derecho a defenderse con un arma. Ambas decisiones recogen la capacidad del gobierno federal y de los Estados y ciudades de regular el acceso y el uso de las armas, y no imponen unos límites muy claros. De modo que aunque estos dos fallos hayan ampliado la libertad y la seguridad de los ciudadanos de aquél país, todavía queda mucho por ganar.

La prostitución en los periódicos

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Hace varias semanas el presidente Zapatero volvió a exhibir sus ideas liberticidas. Fue durante el debate sobre el estado de la nación, cuando aseguró que "mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad; por ello, estos anuncios deben eliminarse. Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse".

El presidente debería entender varias cosas. Primero, que la prostitución está normalizada hace milenios. Es una actividad que está estabilizada en la normalidad desde que el hombre es hombre. Como Zapatero parece no haberse dado cuenta de este hecho (pese a que ya no es un tierno e ingenuo infante), confunde clamorosamente causa y efecto, ya que no son los anuncios en los periódicos los que hacen que la prostitución se normalice, sino más bien al contrario: el hecho de que la prostitución esté tan normalizada y demandada hace que se tenga que anunciar ampliamente. A no ser que el presidente, con su peculiar lógica cerebral, crea que la publicidad puede sostenerse en el tiempo si no hay una demanda que lo soporte. Pero la realidad nos indica que si ese servicio no estuviese tan solicitado no existirían tantos anuncios, ya que los anunciantes no encontrarían rentables las inversiones realizadas en publicidad.

Quizás lo que se debería proponer es normalizar la prostitución en el sentido jurídico, es decir, legalizarla. Como ya expuse en otro artículo, si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, ¿con qué derecho alguien puede inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas? Y más, sabiendo las consecuencias que se derivan de su ilegalidad.

El mismo razonamiento utilizaría para la publicidad en los diarios: si una persona quiere anunciar un servicio para llegar a un posible acuerdo con otra persona, ¿por qué impedirlo? O mejor dicho, ¿qué derecho tenemos a prohibirlo?

Ciertamente, a nadie se le obliga a punta de pistola a comprar un periódico y a tener que leerse los anuncios de prostitución. Si alguien considera que la prostitución es moralmente reprobable (está en su total derecho y probablemente yo me encuentre entre ellos), la solución no pasa por restringir la libertad de la sociedad, sino en no comprar ese periódico o simplemente pasar rápidamente esas páginas, tan rápido al menos como hace Zapatero con las de la sección de Economía.

Lo que sí es totalmente lícito éticamente hablando es, además de no comprar el periódico, promover y participar en una campaña de publicidad para concienciar a la gente de que la prostitución y/o los anuncios son perjudiciales para la persona y para la sociedad. O incluso promover un boicot público (pacífico, se entiende) al periódico instando a la gente a no comprarlo debido a sus anuncios de prostitución.

Claro que ya saltarán algunos con lo que se suele sacar a relucir siempre que se quiere prohibir algo o restringir la libertad individual de alguna manera: los niños. "¡Y qué será de los niños!"; "¡Qué pasa si los niños ven esos anuncios de prostitución!"; "¡Irán a un prostíbulo, se aficionarán a la prostitución y serán puteros toda su vida!"; "¡Horror!"

La respuesta a esta reacción histérica, hipócrita, inmadura y cateta es simple: educación. Educación por parte de los padres, evidentemente. Que para eso están, y no para dejar que otros los eduquen por ellos.

Los padres deberían explicar a sus hijos lo que es la prostitución, en vez de ocultar su existencia, cosa que por otra parte no podrán hacer por mucho tiempo: deberían comentarles cuáles son los motivos que llevan a una persona a practicarla; deberían hablarles acerca de la diferencia entre prostitución y trata de blancas; deberían razonarles los motivos por los cuales no sería bueno que ellos la practicasen (si es que así se lo dicta su moral); y deberían enseñarles que la prostitución puede ser moralmente mala y no conveniente para la persona, pero que aún así no es correcto prohibirla por ley, ya que hay que respetar el derecho de los que deciden practicarla libremente.

Es decir, los padres no deberían esconder la realidad, sino explicarla y razonarla. Eso es educar en la libertad, en la tolerancia y en la responsabilidad, todo ello sin renunciar a su moral.

El intervencionismo en todo su esplendor

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Inmediatamente después, he acudido a Google para buscar si el gobierno ruso había impuesto recientemente algún control de precios sobre los cereales y, efectivamente, así ha sido: hace apenas unos días, y con la excusa de la sequía, el Ejecutivo de Putin estableció un precio máximo para el trigo y otros alimentos, pese a que había sobrados excedentes de producción (10 millones de toneladas más que lo que se consumió en 2009). Les recomiendo que hagan la prueba: siempre que escuchen la palabra desabastecimiento, indaguen dónde está el control de precios. Seguro que lo encuentran.

Lo cierto es que los Estados siguen repitiendo, una vez tras otra, las mismas políticas fracasadas de toda la vida y, como es de esperar, se siguen idénticos resultados catastróficos. Los controles de precios son una reacción instintiva y primaria de los gobernantes ante un cortocircuito en la producción: si hemos tenido una sequía, razonan, hemos de impedir que los precios de los alimentos suban para que todos los ciudadanos, desde el más rico al más pobre, puedan tener acceso a ellos. Si sufrimos una carestía, lo más fácil es prohibir que quede reflejada en los precios.

El problema es que la función del sistema de precios es precisamente ésa: reflejar las carestías relativas de los productos; descubrir dónde resultan más valiosos determinados bienes. Si una región medianamente desarrollada del mundo puede permitirse sufrir una enorme sequía sin que automáticamente el 90% de su población muera por inanición, es gracias al sistema de precios. El funcionamiento es sencillo: si falta trigo en Rusia, como la gente no quiere morirse de hambre, empieza a pagar cada vez más por el trigo; y esos altos precios del trigo llevan a los agricultores extranjeros a venderles parte de su cosecha a los rusos. Así, el trigo disponible en todo el mundo se redistribuye allí donde más necesario resulta: basta con que los australianos o los estadounidenses consuman durante unos meses un poquito menos de pan y de cereales con leche para que los rusos no mueran de hambre.

Pero hete aquí que llega el político populista de turno y, dado que no puede repartir pan y trigo entre sus súbditos, al menos promete que impedirá que los especuladores se lucren con las subidas del precio del trigo y establece un precio máximo "asequible" por encima del cual no se puede ni comprar ni vender trigo.

El resultado es que algo que era un problema menor (o en este caso, ni siquiera un problema), va degenerando en un desastre. El efecto más inmediato de rebajar artificialmente el precio de un producto –o de impedir que suba de precio cuando se ha vuelto mucho más escaso– es que todos los compradores acuden en masa a comprar trigo, mientras que los vendedores son reacios a deshacerse de él a precios tan poco competitivos. Es decir, todo el mundo quiere comprar, pero nadie quiere vender. ¿Consecuencia? El producto resulta cada vez más difícil de conseguir: aunque hay gente que está dispuesta a pagar un precio por el que el vendedor aceptaría enajenar el bien, no pueden cerrar la transacción porque el Gobierno se lo impide.

Un poco duro, ¿no cree? Imagine que quiere ir a comprar comida y no la puede conseguir. Acto seguido entrará en pánico y su obsesión no será ya garantizarse la provisión de comida para hoy, sino para los próximos meses, no sea que el desabastecimiento perdure. En otras palabras, no es que la demanda aumente un poco, es que se dispara en términos relativos con respecto a la oferta, con lo que el desabastecimiento todavía se agudiza más. Quienes primero lleguen a la tienda se quedarán con toda la producción, y las viejecitas que vayan más rezagadas se quedarán sin nada. En lugar de distribuir los bienes por necesidades, los redistribuimos según la longitud de las zancadas.

Pero no crea que la cosa termina aquí. Los productores no son tontos y si el Gobierno les obliga a vender su escasa producción a unos precios que no les resultan remunerativos, lo tienen tan fácil como vender su mercancía al extranjero, donde no se han implantado controles de precios. Fíjese en lo absurdo y disparatado de la situación: un país padece una sequía brutal y en lugar de estar importando trigo a toneladas… ¡lo está exportando!

Y claro, como ya pronosticaba Mises, una intervención lleva a otra sin que ninguna de las dos sirva para otra cosa que para empeorar la situación. Si los productores de trigo venden al extranjero, al Estado no se le ocurre eliminar la causa originaria de esa completa anomalía –los controles de precios–, sino prohibir las exportaciones. En este punto se encuentra ahora Rusia. El paso siguiente, si nadie regresa a la sensatez, será el de establecer cartillas de racionamiento para que ningún ruso se quede con más trigo "del que necesita".

No se extrañe tampoco de que empiecen a perseguir a los especuladores, acusándoles de restringir artificialmente la oferta, aunque sea un completo disparate. Lo que menos les interesa a los especuladores en momentos de controles de precios es incrementar sus inventarios de trigo, pues no podrán revenderlo a un precio mayor. Más bien al contrario, si esperan que los controles de precios perduren, lo más inteligente que pueden hacer es liquidar lo antes posible los stocks de trigo que posean, asumir las pérdidas y borrón y cuenta nueva.

Pero el resultado final será el mismo: si los controles de precios perduran, los productores de trigo desinvertirán en esta industria y se dirigirán a otros sectores donde la rentabilidad sea mayor. Un cierto desabastecimiento puntual se convertirá en una escasez crónica debido a reducciones permanentes de la oferta… a menos que se establezcan también controles de precios en el resto de la economía para evitar diferenciales en la rentabilidad, en cuyo caso el desabastecimiento y la carestía crónica se volverán universales. De hecho, el control universal de precios tiene un nombre que arrastra un historial de miseria y desolación: socialismo.

Ahí tienen el intervencionismo estatal en todo su esplendor: de la abundancia a la escasez por obra y gracia de políticos ineptos y demagogos.

La manipulación histórica

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Sin duda uno de los más abracadabrantes hitos marcados por el caudillo posmoderno que habita el Palacio de La Moncloa tuvo lugar cuando se disponía a terminar el discurso de su primera investidura como presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

Corría el día 15 de abril de 2004 y apenas había transcurrido un mes de la masacre de seres humanos más bestial acontecida en España desde, precisamente, la guerra civil de 1936-1939. Los españoles todavía estaban conmocionados y –tal vez entonces ya- polarizados por los atentados que segaron las vidas de 191 viajeros de unos trenes de cercanías que se dirigían a la principal estación de Madrid: Atocha.

Dentro de un contexto así, todas las miradas se dirigían hacia el candidato que se disponía a pedir el voto de los diputados. Cuando sólo le quedaba despedirse de la tribuna, el sujeto en cuestión, con tono afectado y fatuo, se despachó proclamando el testamento de uno de sus abuelos, capitán del ejército de la II República ejecutado en la posguerra, a quién, tal como se supo después, ni siquiera conoció. Según los hagiógrafos oficiales de este peligroso orate, ese abuelo habría dejado escrito que su credo político consistía en "un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes". Y ahí llegaba su nieto para arrojar obscenamente sobre el hemiciclo del parlamento los buenos sentimientos de su desconocido antepasado –los mismos que, caprichosos y vacuos ellos, han preparado tan a menudo el camino del infierno en la tierra.

Tal cita anticipaba toda la sarta de imposturas y manipulaciones sobre la historia ya no tan reciente de España, que culminaría con la aprobación de la llamada Ley de la memoria histórica. En la línea de las medidas fabricadas por este Gobierno para moldear las mentes y las opiniones y trazar una maniquea línea divisoria entre buenos y malos, según apoyen o discutan sus alucinados planes, pareció que no podía transcurrir un segundo más sin que el Gobierno financiara el desenterramiento de cadáveres procedentes de los crímenes del franquismo.

Evidentemente, los autores de este monstruo legislativo tuvieron que esperar a que la mayoría de los protagonistas o testigos directos de la guerra, revolución y posterior represión de las fuerzas vencedoras fallecieran. El segundo experimento republicano en España degeneró en una contienda sangrienta que habían predicado anarco-colectivistas, socialistas revolucionarios y comunistas, como en tantas partes de la Europa de entreguerras. Después de todo, toda esa constelación de fuerzas políticas alentaban la revolución para derrocar la democracia burguesa y tuvieron la oportunidad que buscaban. Las atrocidades que muchos elementos revolucionarios cometieron durante la República y la guerra no difieren en absoluto de otras ensayadas por los bolcheviques. Ahí están los tempranos incendios deliberados de conventos, seguidos del asesinato de sus moradores. Si uno hojea hoy día un periódico como Gara (editado por los simpatizantes de la ETA) podrá encontrar asombrosas semejanzas con el lenguaje y la retórica más aviesa para justificar lo injustificable (los crímenes como arma política) que empleaban con soltura Claridad, El Socialista, Mundo Obrero o Solidaridad Obrera durante aquellos años enloquecidos. Como colofón, no debe olvidarse que las luchas intestinas de aquellos partidos, agudizadas por las diferentes posturas respecto a la rendición ante las tropas de Franco, desembocaron en un golpe de estado interno del coronel Casado, apoyado por otros miembros de la Junta de Defensa de Madrid como el general anarcosindicalista Cipriano Mera y el dirigente de la facción moderada del PSOE, Julián Besteiro, contra el último gobierno republicano, con sede en en Valencia, dirigido por Negrín y sostenido por los comunistas a las órdenes de Stalin. No por casualidad, muchos políticos exiliados protagonizaron sonados saqueos de bienes públicos y privados y los pocos que sobrevivieron al dictador Franco regresaron para abominar de éste, en primer lugar, y recriminar a las demás facciones por la derrota en la guerra.

Curiosamente, la mayoría de los exiliados, excepto los propios concernidos y sus “compañeros de viaje”, auspiciaron una fuerte aversión hacia los comunistas, facilitada por su obediencia a la dictadura soviética. Antes del derribo de El Muro de Berlín, libros como Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún, (luego ministro de cultura con González Márquez) que se mostraba crítico con la militancia comunista y lanzaba dardos especiales contra la Pasionaria y Santiago Carrillo y una primera rivalidad entre PSOE y PCE en su lucha por la hegemonía dentro de la izquierda, hicieron que al primero le interesase marcar distancias con el segundo.

Asimismo, era necesaria la desaparición de destacados intelectuales que, aunque apoyaron el alzamiento y ocuparon puestos importantes durante el franquismo, se distanciaron con el paso del tiempo y recibieron una acogida interesada en el grupo PRISA, forjador de la conciencia progresista (leáse PSOE) “deste país”, el cual comenzó a repartir cédulas de limpieza de sangre antifranquista desde su cabecera allá por el año 1976. Aunque algunos protagonizaron piruetas muy notables, este tipo de criminalización sin matices de un régimen habría sido más díficil en vida lúcida de Joaquín Ruiz-Giménez, Pedro Laín Entralgo, Luís Rosales y Antonio Tovar, por citar solo el nombre de algunos colaboradores del franquismo de primera hora, limpiados de toda mota por sus colaboraciones en El País. En definitiva, una vez desaparecidos éstos personajes, se reducían las probabilidades de contestación a la articulación de la gran mentira.

Parte del machaqueo propagandístico de la memoria histórica procede del presupuesto falso de que durante treinta años los vencidos del bando republicano no habrían recibido la consideración debida desde los poderes públicos. Si se comprueba el reconocimiento inmediato de pensiones a quiénes sirvieron en el ejercito de la República (incluidas viudas y huérfanos) y a los mutilados, decidido por los gobiernos de Adolfo Suárez, esa consideración no se sostiene.

 Por otro lado, no se le oculta a ningún observador el abrumador predominio de libros, películas y miles de artículos antifranquistas producidos durante estos años. Con enfásis en aspectos distintos, la visión transmitida en la enseñanza y los medios de comunicación, en general, ha sido favorable a los políticos del Frente Popular. Se ha ocultado o disculpado sistemáticamente su responsabilidad en crímenes y desmanes, so capa de la superioridad moral de sus buenas intenciones. Se fue conformando un imaginario colectivo que culpabilizaba de la guerra a los generales que se alzaron contra el gobierno de la II República.

Pero lo que sorprende es la virulencia y falta de escrupulos con las que ha ido pergeñandose toda esta vesanía y la manipulación despiada de sucesos que ocurrieron hace setenta años, como si tuvieran responsables (de un solo bando) hoy.

Que, además de cumplir sus muy aviesas intenciones de estigmatización totalitaria de los opositores, este Gobierno pretenda utilizar este montaje para gratificar anualmente, con el dinero de otros, a toda la pléyade de avisados tunantes que ha crecido al olor de las anunciadas subvenciones, añade oprobio a la infamia.