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Mentiras españolas sobre los presos cubanos

La lectura dominical de la prensa me ha descubierto una de las mayores indignidades que como argumento haya podido dar en alguna ocasión cualquier gobierno. "Fuentes" del Ministerio de Asuntos Exteriores español dijeron a una periodista que viajaba junto al titular de esa cartera, Miguel Ángel Moratinos, que la decisión de excarcelar a un grupo de presos políticos cubanos y traerles a España estaba tomada al menos desde enero. Las mismas "fuentes" (no cabe descartar que se trate del propio Moratinos o alguien que transmita lo que él personalmente le encargue que diga) sostienen que la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la huelga de hambre de Guillermo Fariñas "habrían dificultado" la puesta en marcha de la medida.

Este argumento es, simplemente, insostenible. Si ya existía la voluntad de excarcelar a parte de los presos políticos, se podría haber hecho mientras Orlando Zapata Tamayo estaba en huelga de hambre, y hubiera salvado su vida. Como vienen insistiendo los propios presos exiliados a la fuerza a España, si no están ahora en prisión es sólo gracias a Zapata Tamayo, Fariñas y las valerosas Damas de Blanco. Son las acciones de estos dos hombres y ese grupo de mujeres las que han logrado poner contra las cuerdas a la dictadura de los hermanos Castro.

Durante la primera mitad de este año la imagen internacional del régimen comunista cubano se hundió como nunca antes había ocurrido. Zapata, Fariñas y las Damas de Blanco lograron mostrar al mundo el verdadero rostro de la tiranía castrista. Eso explica la excarcelación y expulsión a España de parte de los miembros del Grupo de los 75 (condenados durante la Primavera Negra de 2003) que todavía quedaban en prisión. Y decimos "parte" a sabiendas de que el Gobierno español sostiene que se van a "liberar" todos. Lo sostenido por el tándem Zapatero-Moratinos es, como poco, improbable. Hay al menos diez de esos presos políticos que han rechazado venir a España. Para ellos, la puerta de la prisión sigue cerrada.

Dice Moratinos que cuando terminen estas excarcelaciones no quedarán presos políticos en Cuba. Es falso. La medida tomada tan sólo afecta a los miembros del Grupo de los 75. Incluso aunque se excarcelara también a aquellos detenidos durante la Primavera Negra que ya se han negado a salir a España, quedarían otros 125 condenados por motivos políticos en las prisiones cubanas. También dice el ministro español de Asuntos Exteriores que con estas liberaciones ya no tiene sentido mantener la Posición Común Europea (que no implica sanciones y lo que contempla es que los gobiernos europeos dialoguen con la disidencia). De nuevo falso. Establece una relación causa-efecto inexistente. Dicha Posición es anterior a la Primavera Negra, con lo que muchos de los presos políticos de entonces seguirán ahora en prisión, y además no sólo habla de los opositores encarcelados. Pide otras reformas democratizadoras y de respeto a los Derechos Humanos que no han tenido lugar.

El Gobierno español ha aceptado jugar un papel cómplice. Disfraza de acción humanitaria y mérito de su política de concordia lo que no es más que una operación política destinada a ayudar al régimen castrista en un mal momento. La situación en la que se mantiene a los recién llegados a España demuestra una absoluta indiferencia ante su sufrimiento y se les intenta, desde las instituciones controladas por el Ejecutivo, desorientar y dividir. Se busca, además, dispersarles por toda España. El objetivo de esto último no es otro que impedir que estos presos políticos, en su exilio español, creen un grupo fuerte de oposición al castrismo. 

La destrucción de la igualdad ante la ley

Una democracia queda prisionera del cientismo (o racionalismo constructivista) cuando las instituciones son incapaces de frenar a los grupos de dirigentes radicales que intentan imponer la refundación de la sociedad por medio del derecho positivo.

Sentencia STC 31/2010

En apenas tres décadas de democracia, la Constitución Española de 1978 ha sufrido reiterados ataques legislativos por parte de la clase dirigente. Las graves fisuras normativas que contiene la ley base del ordenamiento jurídico están permitiendo que los grupos nacionalistas estén deteriorando el presupuesto público y el rumbo legislativo y judicial de España.

Las discutibles interpretaciones de la sentencia STC 31/2010 del tribunal político que denominamos Tribunal Constitucional tratan de poner puntos de sutura sobre la herida abierta que supone el intento de configurar una nueva realidad política nacional que constituye el Estatuto de Cataluña del año 2006.

Poco importa que fuese aprobado por una minoría del 36% de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña. El tribunal político, con miembros que no tienen que haber trabajado previamente como jueces y que son elegidos por los propios políticos cuyas tropelías legislativas deben enjuiciar, ha tardado casi cuatro largos años en dilucidar cómo encajar el Estatuto en la Constitución.

Señalábamos en un comentario anterior como existía una variada jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña en relación con: la unidad nacional y la soberanía (STC 4/1981), el castellano como lengua común oficial (STC 82/1986) y su conocimiento obligatorio (STC 84/1986), el alcance y el contenido de las competencias autonómicas (STC 227/1988 y STC 76/1983), la imposibilidad de un Tribunal de Justicia de Cataluña (STC 38/1982), la nulidad de pleno derecho de un referéndum autonómico (STC 108/2008) y el principio de bilateralidad en las relaciones entre una Comunidad Autónoma y el Estado Español (STC 108/2008).

También analizábamos que no pasaría nada en el caso de que una sentencia del Tribunal Constitucional dictaminase la manifiesta inconstitucionalidad del Estatuto, dado que así se hizo con el referéndum de autodeterminación convocado por el anterior lendakari (STC 108/2008) y, siempre existe la posibilidad de frenar el secesionismo totalitario con la aplicación del artículo 155 CE por primera vez en la democracia.

Sin embargo, es evidente que las presiones (o las instrucciones) de los partidos políticos han logrado que la sentencia STC 31/2010 haya intentado “encajar” el Estatuto dentro de la Constitución Española de 1978. Para lo cual, el Tribunal Constitucional ha eliminado la eficacia jurídica del preámbulo, ha dictaminado 14 artículos inconstitucionales y, ha interpretado otros 27 artículos haciendo decir al Estatuto lo que estimaban preciso para el “maquillaje” constitucional del Estatuto de Cataluña de 2006.

Una aberración jurídica ya que, según el voto particular de Jorge Rodríguez-Zapata, el Tribunal Constitucional “se subroga en el papel del legislador constituyente y modifica la Constitución sin seguir los procedimientos arbitrados para su reforma”. De hecho, se trata de una reforma encubierta de la Constitución, con un Estatuto que se ha aplicado durante 4 años a pesar de sus incompatibilidades con la Constitución y que, se seguirá aplicando en toda su magnitud mientras un Gobierno del España no se atreva a aplicar el artículo 155 CE para proteger los derechos civiles de todos los ciudadanos.

La destrucción de la igualdad ante la ley

El artículo 14 CE establece que: “Todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Sin embargo, la sentencia STC 31/2010 legitima el actual “status quo” en el cual los políticos secesionistas atacan “de facto” la igualdad ante la ley, estableciendo ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en función de su adhesión, silencio u oposición al derecho positivo y los actos administrativos nacionalistas.

Las leyes intervencionistas como el Estatuto, con su normativa restrictiva de la libertad, atentan contra el respeto por los ciudadanos, sus sentimientos y decisiones particulares respecto de su familia, idioma, cultura o educación, y establecen barreras normativas que coaccionan el orden extenso y complejo de cooperación que establecen la libre interacción, el comercio y la empresarialidad.

¿Cómo identificar un racionalismo constructivista?

Dado que hemos llegado a un punto de no retorno en la aplicación del positivismo jurídico en España, merece la pena recordar como F.A. Hayek definía el cientismo (también denominado racionalismo constructivista), como “la indiscriminada e indebida aplicación del método de las ciencias naturales al campo de las ciencias sociales, la economía y la acción humana”.

En su fatal arrogancia, el cientismo comete el error grave de no tener en cuenta que es imposible conocer la infinita información de un orden espontáneo, extenso y complejo de cooperación humana que es lo que caracteriza a la sociedad civilizada.

Por ello, el cientismo considera que las instituciones sólo son racionales en la medida en que responden a un diseño intelectual previo, desvinculado de la historia, la tradición, el idioma común, la diversidad cultural y la evolución socio cultural.

Las ideologías que caen en la definición de racionalismo constructivista consideran erróneamente que se puede “hacer tabla rasa con el pasado" y se puede prescindir del respeto estricto por las instituciones morales que constituyen los pilares de la civilización, como los derechos a la vida, a la libertad de elegir, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

En este sentido, tanto el comunismo como el nacionalismo son cientismos dado que buscan imponer sobre los individuos una nueva realidad política, para lo cual se desarrolla un nuevo lenguaje, una nueva historia y un nuevo derecho que permitan avanzar en el camino hacia un hombre nuevo o una patria nueva.

Tal y como decía F.A.Hayek en su obra Camino de Servidumbre, se guían “todas las actividades del individuo, desde la cuna hasta la tumba"de acuerdo con una planificación científica de la sociedad, mediante la imposición de legislación positiva que invade el ámbito privado de decisión y, poco a poco, destruye las garantías jurídicas sobre los derechos individuales que establece una Constitución .

En su búsqueda de la utopía, el cientismo impone una nueva escala de valores, detrás de los cuales están los instintos más bajos del ser humano, utilizados para lograr satisfacer las ilimitadas ansias de poder y dinero de la clase política y de los empresarios y grupos sociales que se lucran del presupuesto y leyes intervencionistas.

Asistimos impotentes a un cambio de régimen político en España, con leyes y estatutos de autonomía de orientación claramente cientista, que quedan validados con sentencias de un Tribunal Constitucional, más que dudosas por su carencia del principio de independencia y por atropellar reiteradamente la igualdad ante la ley del artículo 14 CE y la tutela judicial de los derechos civiles del artículo 53 CE.

En definitiva, cada vez es más urgente la necesidad de impulsar nuevamente los valores constitucionales de cooperación y convivencia pacífica que impulsaron la Transición,  bien con un nuevo texto constituyente bien una reforma constitucional que garantice, como mínimo, la separación “real” de poderes, la independencia judicial y la limitación definitiva de las competencias autonómicas.

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Los keynesianos no tienen nada que ofrecer

Bien está, aunque de momento ninguna de las respuestas me resulta convincente. Las hay contrarias a que los déficits perduren, como la de Niall Ferguson, pero por desgracia las bases teóricas sobre las que se asientan son bastante endebles.

La columna que más me ha llamado la atención ha sido la de Brad DeLong, economista de cuya honradez intelectual no cabe dudar, pues, aparte de mentir sobre la naturaleza liquidacionista del ex presidente estadounidense Herbert Hoover y de ser el compinche del  mendaz Krugman, es uno de los más fervorosos críticos de Hayek… pese a reconocer que no le ha entendido.

En su columna, DeLong nos dice que, en el mercado, cuando hay un exceso de oferta de algunas mercancías es porque hay un defecto en la oferta de otras: si hay coches que no se venden, sostiene DeLong, eso quiere decir que se han producido demasiados automóviles y muy pocos televisores; es decir, la gente no quería coches, sino teles.

El argumento es correcto, y es ni más ni menos lo que vino a decir Jean Baptiste Say en la hoy injustamente denostada ley que  lleva su nombre. El problema surge cuando DeLong pretende ir un poquito más allá, se pone a hacer saltos mortales keynesianos y defiende que lo que hoy se está demandando en exceso (aquello que estamos infraproduciendo) son activos seguros como el dinero o, sí, deuda pública del Gobierno de EEUU. Así, con el despilfarro público todos ganamos: dado que los agentes están demandando deuda pública, es un deber del Gobierno incurrir en enormes déficits para proporcionársela; una vez todas las demandas obtengan satisfacción de sus respectivas ofertas, la crisis llegará a su fin.

No voy a pararme a examinar la parte más flagrantemente torpe del argumento: si el Gobierno estadounidense sigue endeudándose sin límites, su deuda dejará de ser un activo seguro. DeLong trata de refutar esta posibilidad, pero no es ni mucho menos el principal defecto de su exposición. Sea como fuere, baste decir que la conclusión a la que llega mueve a la compasión: según este economista, los mercados financieros nos avisarán cuando la solvencia de EEUU se resienta, y sólo entonces habrá llegado la hora de ser austeros. Los keynesianos llevan años (décadas) echando pestes de la especulación y del ingenuo argumento de que los precios de mercado resumen toda la información existente, y ahora se encomiendan a la fiabilidad del precio de la deuda estadounidense… determinado por esos mismos especuladores.

Contradicciones al margen, me interesa más refutar el resto de la teoría que DeLong da por evidente. ¿Es cierto que hay un exceso de demanda de activos seguros? En parte sí, no lo voy a negar; es más, yo mismo he empleado en ocasiones este argumento. Cuando los impagos se generalizan, los inversores tratan de refugiarse en los activos más seguros, como el dinero en efectivo, la deuda pública de los Estados más solventes o, en última instancia, el oro. Sin embargo, mal haríamos –y muy mal hace DeLong, si quiere dárselas de economista profesional– en pensar que la demanda de activos seguros es, por decirlo de algún modo, una demanda final. Cualquiera con una mínima formación financiera sabe, o debería saber, que los fondos que se destinan a adquirir un activo financiero se emplean más tarde a adquirir activos reales. Pensemos en una empresa que vende bonos y, con el dinero captado, contrata trabajadores, adquiere un edificio, compra materias primas… Si logra emplear todos esos recursos de manera suficientemente productiva, será capaz de amortizar en el futuro los bonos que ha vendido abonando un cierto tipo de interés.

Los empresarios, pues, se endeudarán siempre que quieran demandar factores reales, y los ahorradores les proporcionarán crédito si esperan que la rentabilidad de la inversión que van a emprender alcance para pagarles el tipo de interés que exigen.

Ahora mismo, los inversores no quieren endeudarse porque no ven forma de emprender inversiones lo suficientemente rentables y seguras como para abonar los tipos de interés que piden los ahorradores. De modo que sí, hay una demanda excesiva de activos seguros, pero no es posible producirlos porque no existen inversiones seguras; hasta que la crisis termine, las únicas inversiones que pueden ofrecerse son bastante inseguras y, por ello, la deuda con que se las financia no puede serlo menos. Algo similar cabría decir sobre el exceso de demanda por inexistentes tratamientos médicos que nos garanticen la vida eterna. Cualquiera que los ofreciera hoy, muy probablemente estaría timando al personal.

Pero hete aquí que el Gobierno sí tiene patente para timar al conjunto de la sociedad. Durante un tiempo, el Estado puede endeudarse sin riesgo de impago. El repago de la deuda pública procede de los impuestos y no de la rentabilidad de las inversiones. Es decir, su capacidad para amortizar la deuda no depende, como en las empresas privadas, de que invierta bien, sino de que expolie mejor. El Estado tiene por ello una enorme capacidad para captar ahorros, al menos mientras se mantenga solvente.

Pero el asunto no acaba sino que empieza aquí: la cuestión clave es qué piensa hacer con ellos una vez los ha captado. DeLong detiene ahí su reflexión; muy en la línea keynesiana, parece opinar: "Haga lo que haga con ellos, el Estado logrará relanzar la economía". ¿En serio? Si se sienta sobre las millonadas de fondos que capta, ¿también lo logrará? ¿Y si los utiliza para construir aún más viviendas? ¿O si, como proponía Keynes, coloca el dinero en botellas y las esconde en un hoyo?

Creo que resulta evidente que, una vez se haya satisfecho la demanda de activos seguros –si es que llega a saciarse en algún momento–, la crisis no habrá ni mucho menos terminado, pues la cuestión fundamental es cómo se emplean los recursos reales de la economía: no cualquier uso de los mismos nos permite generar riqueza.

La simpleza del argumento de DeLong sólo pone de relieve la estatolatría innata a buena parte del keynesianismo. Lo que los empresarios no pueden hacer (encontrar inversiones lo suficientemente rentables), es capaz de conseguirlo el Estado con un mero chasquido de dedos. ¿Que el Estado no puede acometer proyectos de inversión más seguros y rentables que el sector privado? ¿Y qué más da? El místico multiplicador keynesiano hará de las suyas, y si no, a largo (y a corto) plazo, todos muertos.

No quiero ser reiterativo, pero la solución a la crisis la auténtica, la que no ha sido falsificada por la propaganda keynesianapasa única y exclusivamente por corregir las malas inversiones reales para que la economía pueda producir lo que los consumidores quieren consumir. Y para ello, en buena medida hace falta que reduzcamos nuestro apalancamiento, liquidemos las malas inversiones y reorganicemos los factores productivos. De ahí que sea imprescindible liberalizar estos últimos y ajustar el presupuesto: si tenemos que reducir nuestro endeudamiento, a buen seguro la solución keynesiana de continuar cebándolo no sirve. Por mucha calidad que supuestamente tenga la deuda.

¿Por qué necesitamos bebés?

Es evidente que si el número de pasivos (jubilados) supera al número de activos (trabajadores) el actual nivel de prestaciones públicas que reparte la Seguridad Social es insostenible: o bien tendrán que bajar, tal y como prevé la reforma de pensiones que prepara el Gobierno, o bien los impuestos tendrán que subir. En este ámbito no hay alternativa pública, tan sólo privada. De hecho, Europa se enfrenta al mismo dilema –retrasar la edad de jubilación a los 70 años– debido, precisamente, al creciente déficit poblacional. Y ello, con independencia de que exista más o menos paro, puesto que tales reformas se elaboran tomando como referencia tasas medias de desempleo.

Sin embargo, la exigua natalidad española va mucho más allá de un mero problema aritmético con el objetivo de sostener el mal llamado estado de bienestar, que no es otra cosa que un sistema socialista sólo que de perfil bajo. Éste no sólo es insostenible sino éticamente condenable e injusto, ya que consiste en captar de forma coactiva una parte sustancial de recursos privados vía impuestos (entre el 35% y el 60% del PIB, según el país) para que, luego, la casta política de turno se encargue de redistribuirlos de forma arbitraria (gasto público). No por casualidad los países más ricos y prósperos son los que gozan de una mayor libertad económica o, lo que es lo mismo, un estado de bienestar más pequeño.

Pero es que, además, la falta de población conlleva un problema cualitativo mucho más relevante. Ludwig von Mises concebía al ser humano, más que como un homo sapiens, como un homo agens, es decir, como un empresario que actúa, de ahí el título de su obra La Acción Humana. La función empresarial, o si se prefiere la acción humana, consiste básicamente en buscar y descubrir nuevos fines y medios de forma activa, haciendo uso de la innata capacidad creativa del hombre. La economía, lejos de lo que se estudia en las universidades, no es una ciencia sobre cómo asignar medios dados a fines también dados de una forma óptima. Muy al contrario. Lo que realmente hace el hombre es buscar constantemente nuevos fines y medios, aprendiendo del pasado y usando su imaginación para descubrir y crear el futuro paso a paso.

Dicha búsqueda constante de nuevos fines y medios se resume en el impulso innato del ser humano por encontrar oportunidades de ganancia que aún no han sido descubiertas por los demás, de ahí que la función empresarial sea, por definición, competitiva. Lo milagroso de este proceso es que cuando a alguien se le enciende la bombilla, su hallazgo se transmite al resto de sujetos llegando, incluso, a modificar su visión del mundo. Por poner un ejemplo, es evidente que Bill Gates ha revolucionado el siglo XX gracias a su sistema operativo, dando lugar al desarrollo de un nuevo universo –el del ordenador personal e internet– oculto para la humanidad hasta hace nada. Lo mismo podría decirse de la revolución del petróleo o de la energía nuclear, entre otra infinidad de ejemplos.

Tales descubrimientos dan lugar a la aparición sin límite de nuevos desajustes que suponen nuevas oportunidades de ganancia empresarial, y así sucesivamente, en un proceso dinámico que nunca se termina y que, constantemente, hace avanzar a la civilización. Por ello, la función empresarial no sólo hace posible la vida en sociedad al coordinar el comportamiento desajustado de sus miembros (oportunidades de ganancia), sino que también permite el desarrollo de la civilización al crear continuamente nuevos objetivos y conocimientos que se extienden en oleadas sucesivas por toda la sociedad.

Así pues, la esencia del proceso empresarial y, por tanto, el desarrollo de la sociedad, exige una continua extensión y profundización en la división del conocimiento (que no del trabajo). Y no sólo desde una perspectiva vertical, es decir, un conocimiento más profundo y detallado del ya existente (transmitido por nuestros antepasados), sino también horizontal para multiplicar su potencial. Y es que un conocimiento cada vez más profundo y complejo exige un aumento de la población, la aparición de nuevos seres humanos que a su vez puedan crear nueva información y aprender lo recibido de sus antepasados, extendiéndolo a toda la sociedad mediante el intercambio. El problema es que la capacidad de la mente humana es limitada mientras que el conocimiento es ilimitado. Por ello, una sociedad cada vez más compleja y desarrollada precisa de un aumento paralelo de la población (número de mentes) para poder seguir avanzando.

El crecimiento de la población es, a la vez, consecuencia y condición necesaria para el desarrollo de la civilización, ya que no es posible conocer o saber cada vez más en más áreas concretas sin que aumente el número de personas. O, dicho de otra forma, el principal límite al desarrollo de la civilización es una población estancada, pues imposibilita continuar el proceso de profundización y especialización del conocimiento práctico que es necesario para el desarrollo económico.

Además, este proceso de mercado se retroalimenta: el desarrollo económico hace posible mantener volúmenes crecientes de población, los cuales, a su vez, alimentan de nuevo e impulsan de manera aún más potente el futuro desarrollo de la sociedad, y así sucesivamente. Frente a este perspectiva, el socialismo y el ecologismo abogan por una paulatina reducción de la población, ya que parten del error básico enunciado al principio, al creer que fines y medios están dados (recursos limitados) cuando, en realidad, la innata creatividad empresarial del ser humano consiste, precisamente, en descubrir nuevos fines y medios (nuevos recursos) para satisfacer las necesidades del hombre.

En España, al igual que en el resto de Europa, faltan jóvenes y niños para expandir el actual nivel de desarrollo. El déficit poblacional es síntoma y reflejo del declive de una civilización.