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La crisis como periodo de ruptura

Los economistas austriacos, entre otros, enfatizan el carácter dinámico de los procesos económicos y la constancia del cambio en la información, conocimiento y circunstancias del mercado. La única constante en la realidad es el cambio, se dice.

Los acontecimientos más recientes relacionados con la crisis financiera y económica pueden analizarse con la idea del cambio o disrupción en la cabeza. Así, la actual coyuntura podría ser vista como un periodo de cambios sustanciales y rápidos (ruptura), algunos inesperados, y otros que pueden afectar de forma permanente en el largo plazo.

Se podrían distinguir tres niveles de cambio. En primer lugar, el cambio inesperado o disrupción (shock) que ha supuesto la gravedad e intensidad, o incluso la simple llegada, de la Gran Recesión. No importan tanto las “condiciones objetivas” que hacían de esto un suceso inevitable, tal y como advertían algunos economistas, sino cómo las percepciones y expectativas subjetivas de los agentes (familias, inversores, empresarios, policy-makers) se han visto sacudidas por la realidad. Por otro lado, también a buena parte de los expertos y analistas la crisis les cogió totalmente desprevenidos. Ahí tenemos el nefasto registro predictivo de la Reserva Federal norteamericana o del Fondo Monetario Internacional.

En segundo lugar, tal y como explica la teoría austriaca del ciclo económico, el periodo de crisis es la fase en la que deben liquidarse y depurarse los errores masivos en los que se ha incurrido en la fase de expansión, en forma de malas inversiones, exceso de endeudamiento, etc. Los reajustes masivos dan lugar a un proceso de “destrucción creativa”, donde la función empresarial debe tomar el papel protagonista para descubrir la información relevante y actuar en consecuencia en un contexto incierto. Los procesos microeconómicos que se llevan a cabo en este periodo pueden ser la manifestación más clara y evidente de la naturaleza dinámica, y en algunos casos disruptiva, del mercado. Los errores de inversión deben ser descubiertos y corregidos. Los recursos deben moverse lo más rápidamente posible de los usos anteriores a nuevos usos que se consideren más prometedores, según las preferencias de los consumidores. El concepto hayekiano de competencia como proceso dinámico de descubrimiento toma gran relevancia. Pero el éxito de estos procesos de ajuste depende crucialmente del marco institucional y las políticas gubernamentales.

Así, en tercer lugar, tenemos los sustanciales cambios en el terreno de las políticas y el marco regulatorio e institucional. En parte como un intento para evitar los dolorosos reajustes que se requieren, especialmente en términos de costes políticos, el gobierno y las autoridades monetarias se auto-convierten en salvadores de la economía de mercado y el sistema financiero. Pero es probable que en cierta manera, más que ayudar y solucionar los problemas, estas medidas obstaculicen el proceso de reajuste y distorsionen el medio en que debe desarrollarse la función empresarial: generando incertidumbre adicional (Robert Higgs), retrasando el ajuste de precios y de la estructura productiva (mercado inmobiliario en España), y distorsionando el sistema de precios, beneficios y pérdidas.

Por último, estos cambios, en concreto, las medidas gubernamentales sin precedentes en varios ámbitos, pueden generar efectos permanentes de largo plazo sobre la estructura institucional de las economías de mercado y su balance entre Estado y Mercado. Quizá más importante sean las reformas que se planean como reacción a la crisis, especialmente en el sistema financiero. También pueden vislumbrarse cambios de calado en el terreno ideológico y académico. No obstante, nos falta una suficiente perspectiva histórica sobre los acontecimientos recientes como para asegurar el signo de los cambios en esta materia.

Si bien los primeros compases de la crisis dieron lugar a una intensa oleada de intervencionismo global de los gobiernos –lo que encaja perfectamente con la teoría del crecimiento del poder del estado en la sociedad de Robert Higgs- y un desafortunado descrédito de los mercados libres, en la actualidad se está cuestionando la efectividad de esas primeras medidas (rescate indiscriminado de bancos, estímulos fiscales a base de deuda pública…). Además, se está actuando –de forma forzada- para poner las cuentas públicas en orden y reducir el peso del sector público.

Lo que parecía una deriva intervencionista de gran magnitud tras la crisis, se ha visto matizada por el poco margen de endeudamiento público, el fracaso de las políticas de estímulos públicos, y el riesgo de quiebras soberanas que pende como una espada de Damocles sobre algunos estados.

La Selección no nos sacará de la crisis

Que sea un disparate y una falacia no impide que los ministros y el propio presidente hayan sugerido esa posibilidad; más bien explica que hayan recurrido a él. Miguel Sebastián y otros miembros del desgobierno español creen que debemos recalcular al alza el dato de crecimiento de este año debido a la victoria.

Este peculiar punto de vista encuentra cierto respaldo en un estudio del banco holandés ABN Amro en el que se asegura que la victoria en un mundial de fútbol hace subir la economía del país ganador en un 0,7% del PIB. Para llegar a esta conclusión los autores del informe estudian los mundiales pasados y observan lo qué ocurrió con el país que se llevó a casa la copa, resultando que, de media, sus economías crecieron un 0,7%. Claro que esta tesis falla más que el pulpo Paul pues en dos ocasiones el país que ganó vio caer su PIB.

Para que sucediera lo que prevé esta teoría, la causa de la situación económica que vive España tendría que ser de índole psicológica. Es decir, la crisis no sería causa de las políticas rematadamente malas del Gobierno ni de que los bancos centrales hayan patrocinado una política de dinero barato que incentivó gran cantidad de inversiones de largo plazo para las cuales no había recursos reales. No, claro que no, ¿cómo iba a ser esto culpa del mundo político? Los libros de historia quedarían muy feos y políticamente incorrectos si contaran las causas reales de crisis como esta. Nuestros mandatarios se quedarán mucho más tranquilos si logran vendernos esta nueva falacia cuya única explicación posible es que la culpa de la crisis la tienen los ciudadanos por no ser más consumistas o por estar con la depre, esa que Zapatero niega tener.

En definitiva, los argumentos detrás de la resurrección futbolera vienen a contarnos que en realidad no hay una crisis real. Todo esto es una gran pesadilla en la que viven quienes no tienen la fuerza de espíritu necesaria como para consumir más en tiempos en los que falta liquidez y el gobierno sube impuestos y baja los salarios.

Supongamos que como prevé la teoría del banco holandés, a la que se han sumado una gran cantidad de medios españoles y casi toda la clase política, una buena parte de los españoles gasten más durante unos días, unas semanas o incluso unos meses. La falacia de la victoria tiene un claro paralelismo en la falacia de la ventana rota, que de manera magistral explicó Bastiat a mediados del siglo XIX. En primer lugar, resulta que el dinero que hayan gastado esos españoles en fiestas y comidas caras supondrá una mejoría para el sector de las juergas y el de la alimentación para celebraciones. Sin embargo, este efecto tendrá su contraparte en aquellos sectores en los que el ciudadano embriagado de victoria deje de gastar para poder asumir el coste de las juergas.

Desafortunadamente la crisis no se resolverá ni la economía crecerá por el triunfo en el mundial. Pero la falacia de la victoria reconstituyente servirá para que el Gobierno nos muestre los datos de los sectores que han crecido tras el triunfo de la selección como si fueran un gran brote verde. A falta de reformas contundentes que liberalicen y dinamicen la economía española, el pan y circo de toda la vida van a acompañar los tímidos recortes en el gasto y las decididas subidas impositivas.

Contactos

…"los anuncios de la publicidad de la prostitución deben eliminarse", pues "mientras sigan existiendo, estarán contribuyendo a la normalización de esa actividad". No es que le vaya a servir de mucho. El matrimonio homosexual no podía causar un gran debate. La nueva ley del aborto, mientras haya en España quien valore la vida humana, no iba a colar sin respuesta. Pero ¿quién va a desviar la atención de las familias con todos los que están en edad de cotizar en paro para fijarse en una prohibición como esta?

Para empezar, porque echo mano de un periódico sevillano de gran tradición, uno de los pocos que tengo a mano y veo que la sección de contactos se queda en medio faldón. Tengo curiosidad por saber si la de La Vanguardia, que estuve comprando a diario durante años, sigue siendo la sección de clasificados más canalla y deslenguada de la prensa española. Pero me da que los "contactos" deben de haber encontrado cobijo en nuevas tecnologías, más proclives a los contenidos más sórdidos. Hay periódicos que han renunciado voluntariamente a ellos. El primero, la antigua Gaceta de los Negocios. Luego Público. Unos quieren prohibir una realidad menguante, otros se apartan de ella cuando deja de ser lucrativa, y todos con grandes palabras sobre la dignidad de la mujer.

No hay que temer que la publicidad normalice la prostitución, porque ésta lleva acompañando por norma a todas las sociedades desde hace miles de años. Por otro lado, prohibir los anuncios no va a acabar con la prostitución. Pero el diario La Razón, que está en campaña, calcula que un 80 por ciento de los políticos están a favor de la prohibición. Se ve que eso de prohibir lo que uno considera inmoral, es decir, la inquisición, es lo único que aúna a la izquierda y la derecha. La primera ha renunciado al 68 y vuelve al puritanismo que le caracterizó desde el principio, mientras que la derecha… la derecha ni cambia ni aprende.

Dice la ministra Aído que el 90 por ciento de las prostitutas están esclavizadas, y que por eso. Pero por eso, de ser cierto, tenía que desplegarse toda la policía para acabar con esa explotación. No se puede permitir que una persona se prostituya o haga lo que sea con su cuerpo contra su voluntad. Diría casi que incluso pagar impuestos. Poca broma, porque en la medida en que se dé una esclavitud no podemos permitir ni un ápice. Pero habrá que luchar contra eso, no contra la prostitución voluntaria. Porque si hubiese que prohibir toda publicidad de actos inmorales, habría que comenzar por la del propio Gobierno.

Hay trucos dialécticos reveladores. El de "la dignidad de la mujer". Si una mujer decide prostituirse, la dignidad que está en juego es la suya, no la de las demás. Y si la empeña en ese comercio, nadie, y menos un ministro o un director de periódico, puede prohibirle que lo haga. A ese argumento, añade La Razón uno más, en su editorial, que es cuando menos chocante. Prohibir los anuncios es "dignificar los derechos humanos". Y yo que pensaban que eran dignos de por sí…

Keynes contra Hayek otra vez

Estaban en la mente de quienes les conocían bien, pero han emergido del olvido dos cartas enviadas al diario londinense The Times en octubre de 1932 y firmadas por John M. Keynes y por Friedrich Hayek, respectivamente. En ninguno de los casos sus firmas estaban solas. El primero se rodeó de la firma de D. H. MacGregor, A. C. Pigou, Walter Layton, Arthur Salter y J. C. Stamp, mientras que Hayek firma junto con T. Gregory, Arnold Plant y Lionel Robbins. Las cartas, enviadas al editor del diario británico, están escritas en plena crisis económica, con desempleo del trabajo y de bienes de capital.

La segunda, escrita desde la London School of Economics (LSE) de Lionel Robbins, está motivada por la publicación, dos días antes, de la carta de Pigou y Keynes. Expresan, de forma concisa y clara, dos visiones muy distintas de la producción y de la crisis económica. Son un pequeño debate que todavía sigue dándose, 68 años más tarde.

Keynes y demás, en su carta del 17 de octubre, parten de la idea de que cualquier contracción en la demanda profundiza la crisis. Ponen el siguiente ejemplo: “Un terrateniente que gasta 500 libras menos de lo habitual en amenidades y destina esas 500 libras a la construcción de un granero o una casa de campo o el hombre de negocios que renuncia a ciertos lujos de modo que pueda adquirir nueva maquinaria para su molino, simplemente está transfiriendo recursos productivos de un uso a otro”. Como les señalan los autores de la LSE, “parecen mantener que es indiferente, por lo que se refiere a las perspectivas de una recuperación, si el dinero se invierte en consumo o en inversión real”. Lo importante es que se produzca ese gasto. Pues como explican Keynes et al, si una persona restringe su consumo y “permite que los frutos de su ahorro se acumulen en los balances de su banco o en la compra de una acción ya emitida, los recursos nuevamente liberados no encontrarán un hogar que les acoja”.

Se dirá que el ahorro se dirige a la inversión, pero ellos responden de antemano que, “en las presentes condiciones, su entrada en la inversión está bloqueada por una falta de confianza. Es más, la constricción del consumo privado intensifica este bloqueo, pues desincentiva todas aquellas formas de inversión (factorías, maquinaria y demás) cuyo último objetivo es hacer bienes de consumo”. El resultado, con estas bases, no puede ser otro: “En lugar de permitir que la fuerza de trabajo, la maquinaria y los transportes se redirijan a usos diferentes y más importantes, los condena al desempleo”.

Hayek acaba de publicar Precios y producción, que todavía en 1932 supone un éxito resonante en la LSE, muchos de cuyos profesores se suman a las tesis de Hayek. Ronald Coase, que luego iría a los Estados Unidos, enseñaba macroeconomía en aquél país nada más llegar sobre la base de ese libro. En Precios y producción, Hayek parte de la teoría del capital de Menger y, sobre todo, de Böhm-Bawerk, que describe la producción como una sucesión de etapas, unas más cercanas al consumo que otras, todas encaminadas a llegar al consumo en un futuro más o menos cercano. Mientras, en Cambdridge y Oxford, desde donde está escrita la otra carta, prácticamente se piensa que la inversión depende directamente del consumo. No piensan en una estructura temporal alargada. Por ello, cualquier restricción en el consumo supone también un condicionante para la inversión. En la visión de Hayek, ese ahorro libera recursos de las etapas más cercanas al consumo, pero provee de los medios necesarios para que éstos se destinen a las etapas más alejadas. Por eso, dicen en su carta que “nosotros, por el contrario, creemos que una de las principales dificultades del mundo estos días es una deficiencia en la inversión; una depresión de las industrias que fabrican una extensión del capital, más que de las industrias que fabrican directamente al consumo. Por consiguiente, consideramos que una revitalización de la inversión es particularmente deseable”. Mientras que Pigou y Keynes y demás creen que esa inversión es ilusoria si se restringe el consumo.

Los de Cambdridge y Oxford llevan el argumento desde el consumo individual al consumo público, aunque ellos mencionan sólo el gasto municipal. “Si los ciudadanos de una localidad desean construir una piscina o una biblioteca o un museo, ellos no promoverán un mayor interés nacional si renuncian a hacerlo. Serán “mártires por error” y, en su martirio, estarán perjudicando a otros, tanto como a si mismos. Por medio de su buena voluntad mal dirigida, la creciente ola de desempleo se elevará aún más”. Puede parecer una opinión ingenua, pero es la que ha llevado a España a dos sucesivos Plan E que han consumido una ingente cantidad de dinero público sin apenas provecho. Los autores de la LSE sugieren que el gasto público es más bien improductivo y que la deuda pública impone mayores restricciones a la recuperación que la privada, aunque no precisan si el motivo es el previsible aumento de impuestos, u otro. Y señalan al levantamiento de las restricciones al comercio y al movimiento del capital como el camino más certero para iniciar una recuperación.

Este debate tiene vigencia, y no sólo por lo que hemos visto en Plan E, sino por que las llamadas a aumentar el consumo para coadyuvar a la recuperación son constantes. Hoy no se hacen llamadas al patriotismo de los consumidores, como Keynes y demás, pero el sentido de muchos mensajes es exactamente el mismo. Ninguna de las dos cartas le hace justicia a la función económica del atesoramiento, pero ese debate parece haber perdido importancia. En cualquier caso, es Keynes contra Hayek otra vez, y sigue siendo de actualidad.

Doing Business 2010

Durante el presente año ha vuelto a publicarse Doing Business, la clasificación elaborada por el Grupo Banco Mundial que mide el grado de dificultad que presenta cada país para realizar negocios en él. En la misma se miden una serie de parámetros, como la facilidad para iniciar un negocio, comerciar con el exterior, obtener permisos de construcción, créditos, el nivel impositivo, la seguridad jurídica del derecho de propiedad, etc. Posteriormente se ordenan todos los países del mundo de tal forma que en primer lugar aparezca aquél país donde resulta más fácil y seguro realizar negocios.

Desgraciadamente en la edición de este año, los datos arrojados no han sido muy favorables para España, ya que, según este estudio, se pasa de tener la posición número 51 que detentaba en el año 2009 a la 62. Para los autores de este estudio, existen 61 países en el mundo en los que, en el año 2010, resulta más sencillo emprender algún tipo de actividad empresarial.

Indudablemente, como sucede en prácticamente cualquier estudio de estas características, determinados aspectos medidos por este estudio pueden llegar a valores cuestionables, como si, por ejemplo, realmente son necesarios 47 días de media para cumplir con todos los trámites necesarios para abrir un negocio. Dependiendo de la forma jurídica con la que un emprendedor decida iniciar su actividad, y de la naturaleza de ésta, este plazo puede acortarse. Así, si se ejerce la actividad como persona física o constituyendo una sociedad limitada nueva empresa, estos plazos pueden reducirse sensiblemente, máxime si, en virtud de la llamada Ley Ómnibus, pertenece al grupo de actividades a las que se ha facilitado la obtención de una licencia de apertura. No obstante, existe otro grupo de actividades, entre las que se incluirían servicios tan importantes como la hostelería, en la que no se ha simplificado la obtención de dicha licencia y donde, dependiendo del ayuntamiento, puede tardar en otorgarse meses. De hecho, en distintas asesorías suelen comentarse algunos casos de negocios que han obtenido la licencia meses después de haber cerrado, lo que puede dar una idea del tiempo que, en algunos municipios, puede tardar en realizar este trámite.

Otro aspecto que también llama la atención es que España ocupe la posición número 93 en protección de los inversores. Si quiere favorecerse la creación de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, resulta fundamental que los inversores puedan reclamar a sus gestores si estima que su labor no ha sido todo lo diligente que debiese o si creen que no ha protegido su interés como accionista de la empresa.

La labor fundamental en la salida de la crisis no va a provenir ni de los gobiernos ni de las administraciones públicas, sino que son los ciudadanos, con su trabajo, esfuerzo e inversión, los que van a ofrecer más y mejores servicios a menor coste. No obstante, los gobiernos sí que pueden facilitar esta labor simplificando y racionalizando las trabas burocráticas y otorgando la mayor seguridad jurídica posible a las inversiones realizadas.

Incluso en entornos hostiles como los actuales existen todos los días multitud de personas que se animan a emprender alguna actividad económica, muchas de ellas sin experiencia previa, por lo que tendrán que dedicar todo el tiempo posible a satisfacer sus clientes, proveedores, trabajadores, deudores, a la par que mantienen bajo control los costes de la empresa. Es por ello que los trámites burocráticos deben ser lo más simples posibles de manera que no interfieran o dificulten la normal actividad de la empresa. Así mismo, en situaciones como las actuales, en las que resulta difícil obtener financiación propia o ajena, fortalecer la seguridad jurídica de la inversión animaría a más personas a confiar sus ahorros a distintas empresas para que puedan acometer sus proyectos.

Una defensa rothbardiana de las instituciones

La aplicación de la metodología propia de las Ciencias Naturales al ámbito de la acción humana es, sin duda, el mayor de los errores cometidos en este campo, por ser ésta la semilla de la ingeniería social que tanto daño ha causado, no sólo al estudio de las Ciencias Sociales sino, sobre todo, al progreso de la humanidad en todas sus vertientes, tanto económica, como social, jurídica o cultural.

El denominado constructivismo social es el mayor de los males, ya que rechaza la naturaleza misma de las instituciones. Esto es, su innato carácter evolutivo y espontáneo. De este modo, dicha corriente, predominante por desgracia en la actualidad, niega la esencia misma de la naturaleza humana, cayendo así en la fatal arrogancia denunciada por Hayek. Al considerar toda institución como un producto deliberado de la razón, el científico, en su papel de ingeniero social, se arroga potestad absoluta para reorganizar la sociedad a su antojo y desde cero. Y ello, en base a arbitrarios conceptos de “eficiencia” y “justicia” que derivan de su particular óptica subjetiva.

El campo de las Ciencias Sociales se compone de tres niveles de análisis: acción humana, relaciones de intercambio e instituciones sociales, siendo este último el más complejo de todos, ya que contiene y abarca los dos estadios previos.

La Escuela Austríaca ha demostrado fehacientemente el gran error de aplicar el método de las Ciencias Naturales en este campo. Es el denominado “Cientismo”, definido por Hayek como la indebida e indiscriminada aplicación de la Ciencia Natural al ámbito de la acción humana. El Positivismo establece que tan sólo existe un método científico -el de la Ciencias Naturales- aplicable para plantas, animales y hombres (monismo metodológico). Idea que contrasta con el dualismo metodológico, que establece la necesidad de aplicar un método diferenciado al estudio de la acción humana, ya que la innata capacidad creativa diferencia al hombre del resto de animales.

El “Cientismo” no se puede aplicar por cuatro motivos básicos:

1)      Las ideas no se pueden observar directamente en el mundo exterior, sólo se pueden interpretar, y para ello se precisa de una teoría previa.

2)      Los fenómenos de la acción humana son complejos, no se pueden aislar, no son susceptibles de experimentos de laboratorio. Las leyes en Economía se enuncian siempre bajo la premisa de ceteris paribus (a igualdad de circunstancias), pero la realidad siempre es cambiante, por lo que no se puede aislar el fenómeno. Por ello, primero es necesario enunciar la ley, y sólo después interpretar la realidad.

3)      No existen constantes: todo son variables, no existen relaciones funcionales y los fenómenos no se pueden medir cuantitativamente (el poder adquisitivo del euro, por ejemplo, varía constantemente).

4)      No se pueden aplicar modelos estáticos de equilibrio a una realidad que siempre cambia y está, además, en constante desequilibrio.

Las instituciones jurídicas y, en general, todas las instituciones sociales (lenguaje, dinero, mercado, etc.) surgen así de procesos evolutivos en los que un número muy grande de personas aporta cada una a lo largo de la historia su pequeño granito de arena de información práctica y creatividad empresarial, dando lugar de forma espontánea, y de acuerdo con la conocida teoría de Menger, a unas instituciones que son producto, sin duda alguna, de la interacción de muchos hombres, pero que no han sido diseñadas ni organizadas conscientemente por ninguno de ellos.

Y esto es así porque ninguna mente humana ni grupo organizado de mentes humanas posee la capacidad intelectual necesaria para asumir ni comprender el enorme volumen de información práctica que ha intervenido en la paulatina generación, consolidación y ulterior desarrollo de esas instituciones. Por el contrario, dichas instituciones han ido surgiendo como resultado del proceso empresarial de interacciones humanas, extendiéndose a grupos cada vez más amplios mediante el mecanismo de aprendizaje e imitación inconsciente -prueba y error-.

Así pues, dada la complejidad y naturaleza de la acción humana, su estudio y análisis precisa de un método radicalmente distinto al de las ciencias empíricas. La Praxeología tiene por objeto investigar la categoría de la acción humana, y ello mediante un método propio cuyas características básicas son:

1)      Apriorístico y deductivo: siempre parte de un axioma, un presupuesto irreductible. La acción humana es el punto de partida.

2)      Axiomas — supuestos — razonamiento lógico deductivos — leyes económicas.

3)      Las leyes de la economía tienen validez universal.

4)      Individualismo metodológico (Menger): todo debe ser retrotraíble a la acción humana individual, ya que toda la Ciencia Económica pivota en torno al individuo.

Así, lo único que se precisa para deducir todos los teoremas praxeológicos es conocer la esencia misma de la acción humana, un conocimiento que ya poseemos por el simple hecho de ser hombres. De este modo, no se requiere acudir a experimentación alguna, tan sólo es necesario aplicar el análisis lógico de aquellos conocimientos que llevamos dentro, referidos a la categoría de acción, para poder asimilar mentalmente los teoremas en cuestión. Partiendo de este fundamento inconmovible que es la categoría de acción humana, la Praxeología y la Economía progresan, paso a paso, en sus estudios mediante el razonamiento reflexivo.

La Praxeología -y, por tanto, también la Economía- es una disciplina de índole deductiva. Así pues, el método apriorístico-deductivo de la Escuela Austríaca es aplicable a las Ciencias Sociales en su conjunto. En este sentido, hay que tener en cuenta que el propio Menger, partiendo del estudio de la acción humana y de las relaciones de intercambio, logró articular una teoría acerca de la aparición y desarrollo evolutivo de las instituciones sociales. Lo mismo sucede con Murray Rothbard en su obra La Ética de la Libertad.

Rothbard defiende que, existiendo una Ley Natural cierta y objetiva sobre la que construir un esquema de normas éticas (Derecho Natural), es posible determinar, en última instancia, una serie de leyes o normas materiales capaces de regir realidades concretas

La ética de la ley natural establece que puede determinarse lo que es bueno o malo para el hombre según le permita o le impida realizar lo que es mejor para la naturaleza humana

La Escuela Austríaca se fundamenta, precisamente, en la existencia de una serie de derechos individuales que son inalienables y forman la esencia misma del Derecho Natural, tales como el respeto a la vida, la propiedad privada, la libertad y el cumplimiento de los contratos. De hecho, la evolución natural de las instituciones sociales responde, precisamente, al cumplimiento de dichos principios fundamentales para el desarrollo pacífico de la vida en sociedad.

Rothbard, partiendo de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino y conforme a lo señalado por el jurista inglés sir William Blackstone, demuestra que si una acción tiende a la felicidad humana ésta forma parte de la Ley Natural, mientras que si destruye la felicidad humana entonces está prohibida por esa misma Ley Natural. Dicho fundamento ético es esencial para poder comprender la naturaleza misma del ser humano y enjuiciar así, correctamente, los actos que tienden a favorecer o destruir el progreso económico y el desarrollo de una vida pacífica en sociedad.

Es éste, y no otro, el sustrato ético que conforma el surgimiento y desarrollo de los órdenes espontáneos, es decir, de las mismas instituciones sociales, tales como el mercado, el dinero o el derecho. De hecho, los padres fundadores de EEUU enunciaron explícitamente tales derechos, al establecer en la Declaración de Independencia lo siguiente:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad

En este sentido, resulta evidente que el intervencionismo estatal y la coacción son actos inmorales y éticamente condenables por obstaculizar la función empresarial y, por tanto, la cooperación social, esencia misma del mercado (equivalente a la sociedad). De este modo, las leyes deben limitarse a declarar los derechos naturales de los seres humanos y a prohibir toda conducta que viole dichos derechos, ya que de lo contrario surgiría una tiranía legal.

Un sistema jurídico libertario, tal y como establece Rothbard, debe permitir que la sociedad se organice libremente (de forma espontánea) siguiendo las decisiones individuales de los miembros que la integran (cooperación social mediante relaciones libres de intercambio). El orden jurídico espontáneo se sustenta sobre el respeto a estos principios básicos que conforman el Derecho Natural.

Al hablar de ley o derecho, se trata de la ley como salvaguarda de la libertad, por tanto, no es otra cosa que no sea el conjunto de normas de conducta que constituyen el derecho privado y el derecho penal, lo que implica que no es derecho cualquier prescripción emanada por una autoridad legislativa que sobrepase lo señalado.

Partiendo de esta base, Rothbard fundamenta racionalmente en su obra una ética positiva de la libertad. Según el autor, la economía puede ciertamente contribuir en gran medida a la defensa de la libertad individual, pero no es capaz de implantar por sí sola una auténtica filosofía política. Para emitir juicios políticos se requieren juicios de valor, por lo que la filosofía política es necesariamente ética y, por tanto, es preciso implantar un sistema ético positivo para poder defender con sólidos argumentos la causa de la libertad.

La clave de esta teoría ética es la clara delimitación de los derechos de propiedad, que el autor realiza siguiendo la línea marcada por el respeto al Derecho Natural ya enunciado y, concretamente, el derecho que todo individuo tiene a poseerse a sí mismo y disponer de su ser y todo aquello en que imprime el sello de su acción (propiedad privada).

Además, la Ley Natural, tal y como señala Rothbard, es el conjunto de normas que el hombre es capaz de descubrir por medio de la razón. Al igual que acontece en el análisis del primer (acción humana) y segundo nivel (relaciones de intercambio), el estudio de las instituciones ha de ser abordado desde el método apriorístico-deductivo. Y es que todo parte de la acción humana, incluido el nacimiento y desarrollo espontáneo de las instituciones sociales, aunque éste tenga lugar de un modo inconsciente y no deliberado.

No obstante, la acción humana es el axioma básico de partida y, por lo tanto, todo ámbito de las Ciencias Sociales (inclusive las instituciones o tercer nivel) debe ser retrotraíble a éste, tal y como enunciaron Menger y Mises. No es posible comprender o estudiar el mercado como institución sin recurrir a la acción humana, por lo que, en todo caso, el método adecuado debe ceñirse al apriorístico-histórico-deductivo. No obstante, el propio Menger logra explicar el surgimiento evolutivo del dinero partiendo de la necesidad natural de intercambio que tienen los hombres para satisfacer sus fines subjetivos concretos, situando así el dinero como un “medio” para el cumplimiento de un determinado fin (intercambio).

En su obra, Rothbard aborda este campo enumerando una serie de principios éticos universalmente válidos que, partiendo del respeto y cumplimiento del Derecho Natural, son enunciados mediante la aplicación del método apriorístico-deductivo. De ahí que se centre, sobre todo, en desmontar el Estado, al ser concebido como un ente ilegítimo e inmoral desde la óptica austríaca del respeto a los derechos inalienables de todo individuo. Una idea que enlaza, sin duda, con la Teoría de la Eficiencia Dinámica elaborada por Huerta de Soto.

Por ello, el anarcocapitalismo que defiende Rothbard es la representación más pura del orden espontáneo del mercado en todos sus ámbitos, incluyendo, el derecho, la justicia, la seguridad o el sistema político. En el seno de la Ciencia Económica, el anarcocapitalismo se ocupa de la teoría general del orden espontáneo extendido a todas las áreas sociales incorporando, además, por contraste y oposición, el análisis de los efectos de descoordinación social generados por el estatismo en cualquier parcela en que incida.

El objetivo de Rothbard consiste, única y exclusivamente, en articular una serie de leyes y principios básicos a nivel institucional partiendo del axioma de la acción humana a través del método apriorístico-histórico-deductivo, al igual que hicieron Menger y Mises, entre otros autores, en el primer y segundo nivel.

Su obra se centra en desmontar punto por punto la supuesta legitimidad del estado con lo que, una vez eliminado, el resultado natural conduce a una suerte de anarcocapitalismo cuyos efectos y consecuencias son del todo imprevisibles, ya que dicho sistema tan sólo existe a nivel teórico. En este sentido, mas que la elaboración de una utopía irrealizable, Rothbard efectúa un original ejercicio consistente en proponer alternativas teóricas a la provisión de servicios que, en la actualidad, son públicos, pero que bien podrían ser privados. Sin embargo, ello no quiere decir que, de llegarse a tal situación (ausencia de estado), se alcancen los mismos resultados. En tal caso, todo dependerá del incierto e imprevisible devenir del orden espontáneo.

Lo único que plantea Rothbard es la necesidad de eliminar el estado (anarcocapitalismo) con el único fin de propiciar la existencia de un contexto libre de toda coacción pública para que dicho orden se extienda y crezca en toda su intensidad. 

El colectivo sobre el individuo

Siempre que salta a la palestra uno de esos autoproclamados defensores y representantes de alguna minoría viene a mi memoria aquella cita de Ayn Rand en la que recuerda que “la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender además ser defensores de las minorías”. Una de estas minorías no es otra que el colectivo homosexual.

La homosexualidad además de una orientación sexual se ha convertido en manos de una vanguardia legitimada por las subvenciones y estructuras estatales en una ideología, un conjunto de ideas sobre la misma que se impone a través de leyes sin dejar espacio a la opinión ni a los juicios de valor, no a través de sanciones morales sino políticas. Disentir de la verdad revelada por los representantes de este colectivo es tachado del mayor de los pecados, la homofobia.

La homofobia es un término manipulado y equívoco que engloba realidades que no pueden compararse. Por un lado, el odio al diferente (a pesar de que etimológicamente signifique el odio al igual) que es tan antiguo como la propia naturaleza humana y nos lleva a temer lo desconocido y odiar lo excepcional, en el sentido de aquello que se sale de la regla común. Así, la homosexualidad como condición sexual minoritaria y extraña ha sido tratada y afrontada de diferentes maneras según el momento histórico y el contexto cultural. Esta forma de discriminación, que puede manifestarse en expresiones que van desde la negación de un trabajo por el mero hecho de ser homosexual pasando por la violencia física sobre el individuo hasta ser castigado con la pena de muerte debido a esa orientación sexual, constituye un acto deleznable y perseguible con el Código Penal en la mano de cualquier país occidental.

Pero, por otro lado, el término homofobia engloba todos aquellos juicios y opiniones que no asumen la agenda política que ha establecido esa casta de dirigentes que también vive en las faldas del Estado a costa de los impuestos de los contribuyentes. Esta confusión terminológica es la que proporciona los recursos necesarios y la legitimidad suficiente para crear una policía del pensamiento que, como en la distopía de Orwell, vigila más allá de los actos para controlar cualquier disidencia que ose rebatir las verdades oficiales. Las opiniones y objeciones morales podrán gustar más o menos, pero son, en cualquier caso, legítimas y forman parte de una elemental libertad de expresión y conciencia.

Con este mecanismo de protección, no al homosexual sino al colectivo, se levanta lo que algunos han denominado como homosexualismo, una ideología progresista que pretende modelar la moral pública utilizando los resortes del Estado, una visión totalitaria que quiere transformar el Hombre en un nuevo ser. Para ello, cualquier visión alternativa o resquicio de moral previa debe ser empujada hasta los margenes del sistema haciéndola incompatible con la vida buena que se ordena desde esta élite iluminada. Es la vieja aspiración de todas las ideologías progresistas que prometen el paraíso en la Tierra, aquí y ahora, sin importar la destrucción que puedan dejar en el camino, que, en este caso, se traduce en vidas y aspiraciones rotas al reducir la complejidad humana a una característica privada e íntima como es la sexualidad. 

El Orgullo que predica el colectivo es el de la visibilidad ruidosa y colorida que ilumina lo que generalmente y en casi todas las sociedades permanece en la alcoba. Bajo esta perspectiva no queda lugar para aquellos que quieren demostrar su orgullo no por su orientación sexual, que al fin y al cabo es un accidente más de la vida, sino por lo que pueden llegar a hacer. Una alternativa perseguida sería  la de invisibilizarla, no para esconderla debajo de la alfombra sino para resaltar la verdadera igualdad, pues ser homosexual, heterosexual o bisexual no aporta mayores o menores dignidades ni derechos; éstos, sólo los tenemos en cuanto a Hombres. Es decir, contraponer el objetivo de una Sociedad Abierta en la que la excepcionalidad es tolerada aun cuando contradiga a la mayoría, en lugar de convertir lo excepcional un un modelo a seguir para la mayoría como pretenden los dirigentes del colectivo.

La pesada losa del colectivo recae sobre el individuo, aplastando todo cuanto le hace único, diferente y, de alguna forma, maravilloso. Es una lástima que esa minoría de individuos dejen que su voz quede secuestrada por un colectivo uniformador que sólo está interesado en manipularos y conservar sus privilegios de acuerdo a sus fines políticos. Han pasado de perseguidos a ensalzados, cuando deberían haber aspirado a la indiferencia -en el sentido de neutralidad- pues tan sólo han servido como sacrificio en el altar del homosexualismo mientras que otros recogían los frutos.

Abaratamiento del despido: prosperidad y justicia

Si hay alguna acción imprescindible para mitigar el impacto de la crisis actual y conseguir salir lo antes posible de ella, ésa es la reforma del mercado de trabajo. Es, sin duda, la más necesaria para la economía española y no admite más dilación, ya que está relacionada con el déficit público y la recuperación del sistema financiero.

En su incompetencia, el ejecutivo de Zapatero, influido por una mentalidad claramente keynesiana, ha esperado para hacer una insuficiente reforma laboral. Ahora, en plena crisis, con más de 4 millones de parados (tasa de paro del 20%) y un déficit de más del 10% del PIB, quizás habrá caído en la cuenta de la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral, después de que la situación sea tan insoportable que ya no hay muchos inversores dispuestos a prestarnos dinero, es decir, que ya no puede seguir endeudándose más.

Y ciertamente, realizar una reforma en época de crisis siempre es más costoso y doloroso que hacerlo cuando realmente se deben llevar a cabo las reformas, esto es, en las épocas de bonanza. (Aznar podría tomar buena nota de esto). Pero ya conocemos la inclinación de los gobiernos (en especial el de Zapatero) de legislar a porrazo de urgencia. Pero lo crucial con la reforma laboral no es hacerla rápido, sino hacerla bien.

Bajo mi punto de vista, una buena reforma laboral es aquella que permite reducir los costes laborales,que son el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo.

Se pueden destacar tres principalmente: los costes salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones no salariales (entre las que se encuentran las indemnizaciones por despido). De estos tres costes, hay dos cuyas reformas son prioritarias: las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Me voy a centrar en la segunda, el abaratamiento del despido, porque creo que es la más significativo para la empresa. (En cuanto a la necesaria reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, hay que decir que realmente sería un beneficio para el trabajador y no tanto para la empresa, ya que lo que la empresa no pagase a la Seguridad Social se lo debería ofrecer necesariamente al trabajador para competir por el factor trabajo, por lo que sus costes laborales acabarían siendo los mismos).

Abaratar el despido hace que la contratación de nuevos trabajadores aumente automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable).

Lo que puede llevar a un empresario a querer despedir a un trabajador puede ser la mala situación económica de la empresa o la mala actitud y rendimiento del trabajador (ciertamente, todos conocemos casos en que un empleado que lleva muchos años en la empresa deja de rendir lo que se le supone y en muchos casos hasta genera discordia y conflictos con sus compañeros, pero la empresa no puede despedirlo por los altos costes que supondría su despido).

Desde luego, el poder llegar a estas dos situaciones y tener que asumir los altos costes de la indemnización de despido supone para el empresario un escenario poco alentador y arriesgado de cara a la contratación de trabajadores. Sin embargo, si el empresario sabe que no deberá incurrir en esos elevados costes laborales en caso de que la situación se torne mala, será mucho más proclive a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla. Es de sentido común.

En este sentido, hay que darse cuenta que el abaratamiento del despido y el aumento de la contratación son dos caras de la misma moneda. Un marco laboral más flexible no hace que los empleados sean echados, sino que sean contratados.

Realmente, lo perjudicial de la situación no es que existan las indemnizaciones por despido, sino que éstas no se puedan pactar voluntariamente por las partes. Aquí reside el problema.

Las actuales indemnizaciones de despido suponen una injusticia tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, porque el único criterio que debería tener en consideración un empresario a la hora de despedir a un trabajador es su productividad, es decir, si cumple bien o mal las tareas pactadas con él en su momento, y no cuanto tiempo lleve en la empresa. Y para el trabajador porque, debido a que las indemnizaciones de despido están ligadas al tiempo de permanencia, en situaciones de dificultad económica para la empresa se acaba despidiendo a personas más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa por el único motivo de que cuesta menos despedirlas, aunque estén mejor preparadas o su productividad sea mejor. Además, cualquier empresa responsable hace provisiones en previsión de las futuras indemnizaciones de despido que le puedan surgir, y esto se hace con cargo al salario de los trabajadores.

Ciertamente, el abaratar el despido es una medida antipopular en una sociedad tan dependiente del Estado como la actual, que no ha caído en la cuenta de las nefastas consecuencias para la persona que tiene que el Estado se adueñe ilegítimamente de los asuntos principales de nuestra vida (como, por ejemplo, el trabajo: nuestra libertad para contratar y ganarnos el sustento).

Pero el gobierno debería recapacitar qué interesa más, su popularidad o la prosperidad económica del país. Y ciertamente, sin la eliminación de las indemnizaciones de despido, España será un país menos prospero y, sobre todo, más injusto.

El pulpo Paul como animal de compañía

A solamente un partido del cierre del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, una no puede sino dejarse apabullar por la cantidad de reacciones, unas esperadas y otras no tanto, en toda la población.

Por un lado, ha resurgido un espíritu nacional con olor a otros tiempos que ha puesto de manifiesto el desapego de las propuestas de los políticos de la realidad de la gente. ¿Cuántos habitantes de Cataluña no van a querer participar en otro mundial con la selección? Muy pocos. Mientras Jordi Pujol anima a la gente a participar masivamente en la manifestación de protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional, la gente se lanza a la calle para celebrar el gol español frente a Alemania del catalán Puyol. Curiosa coincidencia.

Los ciudadanos de a pie, hastiados de declaraciones de unos y de otros, abominan ante cualquier comentario de los políticos que se salga del “sólo fútbol”. La gente normal, que lo único que quiere es que le dejen disfrutar al menos de una actividad en la que no nos va mal, incluso si quedamos segundos frente a Holanda, va a su trabajo o a la oficina del INEM con otro ánimo. Hasta Zapatero ¡cómo no! trata de arrimar el ascua a su sardina y bromea sin gracia acerca del “diferencial” con Alemania. Un comentario de muy mal gusto si tenemos en cuenta la responsabilidad de su mala gestión en nuestro panorama económico.

Como siempre, surgen diferencias porque para gustos, los colores, y como muestra están los seguidores de la Roja que ponen intención izquierdosa en el rojo, los que destacan que solamente ganamos si la selección viste de azul… pero ahí estamos todos persiguiendo un único fin: olvidar la realidad y pensar que “podemos” hacer algo juntos.

Lamentablemente el “día de después”, que encima cae en lunes, volverá la manifestación de los separatistas catalanes y la presión del FMI, que ha rebajado las previsiones de crecimiento de nuestra economía mientras estábamos pendientes de Iker Casillas. Volverá la incapacidad del Gobierno de gobernar en equipo, la incapacidad de la oposición de hacer lo que se espera de ella: frenar la barbarie gubernamental en vez de llevarse las manos a la cabeza cuando ya ha sucedido lo que deberían haber evitado.

Pero un análisis un poco más crítico nos lleva a una triste conclusión. A los españoles nos apasiona sentarnos a mirar cómo lo hacen quienes supuestamente nos representan. Nos encanta criticarles, aplaudirles, animarles y quemar las calles de nuestras ciudades cuando salen victoriosos… ellos. Cuando ese grupo de hombres, que ha entrenado y se ha esforzado, y que va a cobrar una prima casi obscena, sale al campo y gana. No nos representan realmente. Yo no he participado en su esfuerzo, ni siquiera he decidido quién sale o no. Solamente enciendo la televisión y grito o no, a favor o en contra. Me pinto la cara, molesto a los vecinos con las trompetillas, me dejo llevar y aprovecho para correrme una juerguecilla con los amigotes.

Pero si hay que mover un dedo… ¡ay! Entonces nos invade el desaliento, incluso si se trata de protestar porque el Gobierno sube los impuestos y no deja de despilfarrar nuestro dinero, porque hay casi cinco millones de parados y los sindicatos se lo llevan calentito… Aguantamos lo que sea. Eso sí, si alguien osa declararse en huelga futbolística recibe una tonelada de miradas reprobatorias como si una viniera de Marte (o peor).

Con el fin del Mundial, llegan casi las vacaciones de verano. Para algunos será la antesala del paro otoñal. Para otros, un narcótico antes de emprender la subida al Everest del mes de la vuelta al colegio y al trabajo siendo mucho más pobres que antes. La ocupación hotelera será buena, las cifras económicas nos darán un descansito, y seremos campeones o subcampeones del mundo, ni más ni menos.

Pero ello no arreglará el diferencial de nuestra deuda soberana, seguiremos colocándola a un precio altísimo. Ni dará trabajo a los parados. Ni ayudará a que quien no hizo nada cuando pudo para evitar que la crisis nos diera tan de lleno, salga de la poltrona presidencial. Ni inyectará sentido común a la oposición para que barra la corrupción de sus patios, para que sea una oposición real. Ni bajará de la parra a los sindicatos que obstaculizan la reforma laboral necesaria con sus convenios colectivos, hablando en nombre de los trabajadores pero financiados por el dinero de todos.

Y si de algo debería servir el descanso estival es de período de reflexión, no para decidir cuál va a ser el futuro del pulpo Paul, que adivina sin fallo quién ganará el partido, sino para tomar las riendas de nuestro propio futuro y ponernos manos a la obra.

El Estado y la prosperidad

Teoriza Anxo Bastos que el Estado, como instrumento de coerción depredadora, comenzó cuando grupos de pastores nómadas asaltaron los fértiles valles de las poblaciones agricultoras y sometieron a sus habitantes, viviendo de ellas con la amenaza y la violencia. El nomadismo pastoril ofreció en el pasado incentivos al asalto que resultaron determinantes en numerosos casos históricos. Los pastos no son siempre abundantes y de calidad y eso lleva a desear el de la tribu vecina, de ahí que la guerra haya sido un modo productivo de obtenerlos. Hay casos históricos que parecen corroborar esta tesis del nomadismo como constructor de estados.

En épocas protohistóricas, los llamados, por algunos historiadores, pueblos indoeuropeos, muy probablemente esteparios, cayeron sobre las cuencas agrícolas del Mediterráneo, Mesopotamia y la India originando diversos periodos oscuros seguidos de renacimientos. Parece que la impronta de estas acciones fue la de la depredación, seguida de una caída del bienestar debido a que los más fuertes eran poco conscientes de los daños que infligían a la productividad de los pueblos sometidos. Es de suponer que esas épocas oscuras desarrollaban en sí el germen de la prosperidad posterior si las nuevas poblaciones mixtas recuperaban algo del pasado y daban soluciones nuevas a las incitaciones posteriores.

Los casos de Esparta y Atenas son paradigmas de una solución fracasada y una de éxito debido al tipo de respuesta dada a los retos. La élite doria espartana no asimiló la cultura productiva nativa y solamente se sostuvo por la extrema violencia, lo que supuso su fin y, para la posteridad, un legado inexistente. Mientras, la ateniense fue, por el contrario, un éxito al lograr los invasores identificarse con los invadidos y responder al desarrollo con soluciones que hoy son, mutatis mutandi, imitadas.

Ya en la Edad Media, la invasión asiática de los pastores mongoles supuso su integración en China, especialmente la septentrional y en la India. Por su parte, algunas tribus de turcomanos, aplicaron en el Imperio Otomano una peculiar solución propia de pastores para sostener el Estado que se erigió sobre las ruinas de Bizancio. Dada su incapacidad cultural para gobernar sociedades estables, la administración y las armas no se entregaron a la nobleza turca sino a esclavos eficientemente educados para ello.

Puede decirse que los casos citados no demuestran la tesis de que el estado se asienta sobre la depredación puesto que los nómadas de los ejemplos se asentaron sobre estados que les precedían, pero indicios de la protohistoria llevan a considerar que las principales maquinarias estatales surgieron de la unión de poblaciones violentas sobre poblaciones agrícolas. Sin duda, no es posible asegurarlo para todos los casos, puesto que faltan datos extraídos de restos materiales y, en el caso del antiguo Egipto, faltan incluso indicios de que pastores nómadas se impusieran sobre los esforzados transformadores de las riberas del Nilo. Lo cierto es que la tesis de Anxo Bastos es realmente asegurable en un alto número de ellos.

Lo que traigo a colación aquí es que cada mixtura de violentos y de productivos trajo una época de caída del bienestar cuando los violentos no tenían nada que aportar a la productividad de las poblaciones sometidas. Solamente el modo de integrarse traía un resurgir o no. Pero esto no sirve ya para explicar lo ocurrido en los últimos trescientos años.

La sociedad más depredadora de la historia, la Occidental, es, a la vez, la más civilizadora (en términos económicos) y la que posibilitó un aumento mayor de las poblaciones nativas y de la prosperidad global. Al menos respecto de los casos anteriores. Que hayamos hecho una síntesis de desarrollo económico y potencia militar no resulta un hecho del que sentirse orgullosos, pero sí es un dato a tener en cuenta a la hora de proponer políticas públicas liberalizadoras que ensalcen lo útiles que resultan la cooperación social, la libre empresa y la propiedad privada frente a las injerencias del Estado y la administración; porque puede ocurrir que, al hacerlo, justifiquemos la libre empresa con el objetivo de engrandecer el poder del Estado.