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Carta abierta de Gabriel Calzada

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Un depósito de gasóleo, unas piezas de repuestos industriales, una constestación telefónica desafortunada y un error de una empresa de paquetería hicieron que un intento de debate por parte de una empresa del sector renovable pareciera a todas luces una amenaza.

Como en las mejores películas, todas las piezas encajaban a la perfección y todas señalaban a un culpable, la empresa solar que quiso rebatir mis argumentos. Y como en las mejores películas al final nada es lo que parecía ser. Todo empezó cuando la semana pasada recibí un paquete procedente de Thermotechnic, una empresa de Navarra. La inesperada llegada de una caja de un remitente desconocido me indujo a contactar con ellos para preguntarles de qué se trataba pues no sería la primera vez que recibimos desagradables mensajes del sector renovable. La secretaria de la empresa dijo sin vacilar que el paquete contenía su contestación (la de la empresa) a mis artículos de opinión sobre energía en Expansión.

Para ella la contestación tenía su lógica pues la chica había obedecido a su presidente que le había pedido enviarme un informe. Si hubiese aludido al informe o a un documento, hubiésemos sabido inmediatamente que hablábamos de cosas distintas, pero la fortuna, o más bien la mala fortuna, quiso que la respuesta admitiera un paquete con cualquier tipo de contenido.

En vista de que la “contestación a mis artículos de energía en Expansión” que yo había recibido con el nombre de Thermotecnich como remitente no parecía un documento, decidí seguir los consejos de varias personas prudentes que sugirieron escanearlo. Así hice el martes 22 y el contenido resultó ser un envase de gasóleo y unas piezas industriales. El guarda de seguridad que lo pasó por el escáner solicitó inmediatamente asesoramiento por parte de una persona con más experiencia, que fue quien finalmente abrió el paquete delante de las otras tres personas presentes. En una nueva casualidad el azar quiso que las piezas fueran del tipo que se usan en bombas caseras, de tal forma que la persona que lo abrió, con una larga experiencia en servicios de protección concluyera lo que ya cualquiera podía deducir, “aquello era un aviso. Hoy te mandan las piezas sueltas y la próxima ocasión en la que te contesten podrían hacerlo con las piezas ensambladas”. Los presentes nos quedamos atónitos y yo no hacía más que pensar en cómo contárselo a mi mujer.

Comenté lo sucedido con varios periodistas tanto en Expansión como en Libertad Digital, uno de los cuales había asistido a la apertura del paquete. Me consta que llamaron a Thermotecnich con tan mala suerte, de nuevo, que nadie les contestó. La publicación de la noticia el jueves por la tarde provocó, como es lógico un gran revuelo, pero a nadie debió impactar tanto como a Pedro Gil, presidente de Thermotechnic cuando un periodista de Unidad Editorial por fin logró contactar con él esa noche.

El señor Gil se comportó en todo momento como un caballero a pesar de que debió pensar que se encontraba en medio de una pesadilla o de una película de Fritz Lang. Me llamó dos veces esa noche y me pidió disculpas por el mal momento que pudiera haber pasado. Yo las acepté inmediatamente. Sus únicas preocupaciones eran mi tranquilidad personal por un lado y por el otro la situación en la que quedaban sus empleados y el nombre de su empresa hasta que no se supiera exactamente qué había pasado y la verdad trascendiera a los medios.

¿Qué había sucedido? A primera hora de la mañana del jueves quedaban dos posibilidades, o bien alguien había cambiado el contenido del paquete o bien un nuevo error que añadir a la lista había hecho que a mí me llegaran esas piezas industriales a nombre de Thermotechnic y que alguna industria recibiera unos documentos que debían haberme llegado a mí. Pasado el mediodía del viernes el caso quedó resuelto cuando recibo la llamada de la empresa de paquetería que se habían dado cuenta del error que habían cometido tras recibir la llamada de Thermotechnic. En efecto, la empresa cruzó los dos envíos.

Personalmente siento mucho lo sucedido por la imagen de Thermotechnic y de su presidente, Pedro Gil, que como dije, mostró en todo momento ser todo un caballero. Espero que la historia quede en los anales de las noticias que son producto de un cúmulo de casualidades que parecen imposibles. Pedro Gil me ha invitado a hablar sobre lo sucedido y discutir sobre política energética en Navarra. No podría imaginar un mejor final a esta historia tan rocambolesca que sólo podía suceder en la realidad.

Interviú y los abogados de Ramoncín

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

…además de mostrar en pantalla la portada de estos rotativos. A ningún directivo del Grupo Zeta se le ocurriría dejarse convencer de que la aparición de El Periódico de Catalunya en estos resúmenes de prensa televisados supone un atentado contra su propiedad intelectual. Tampoco, es de suponer, se le podría persuadir de lo mismo en el caso de que lo incluido en un "repaso" a los medios impresos fuera la revista Interviú.

Resulta por tanto sorprendente que desde Zeta se optara por mantener, para el caso de los periódicos digitales y bitácoras, justo lo contrario que para las televisiones. No deja de llamar la atención que se pretendiera hacer desaparecer de la red todas las portadas de Interviú que se mostraran en páginas ajenas a las del propio grupo de medios. Afortunadamente, para ellos y para la libertad de expresión, han decidido dar marcha atrás en tan absurda y costosa cruzada. Los únicos que han salido perdiendo con la rectificación han sido los abogados de la Asesoría Jurídica de las Artes, puesto que ha quedado en entredicho el valor de sus servicios.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho para Interviú. La campaña lanzada por el despacho de abogados en nombre de Zeta ha supuesto un fuerte coste en términos de imagen y prestigio para Interviú como revista y para su empresa editora como grupo de medios. De otra manera, seguramente no hubieran dado marcha atrás.

Tal vez deberían, suponemos que ya lo han hecho, pedir explicaciones a los abogados que han contratado. No deja de resultar irónico que entre los servicios de la Asesoría Jurídica de las Artes esté el del "control de reputación", que busca garantizar la buena imagen en la red de sus clientes y cuyo eslogan lo dice todo: "No es necesario crear nuevos contenidos. Es más rápido eliminarlos sin más". Hasta el momento, en los dos casos más conocidos de los protagonizados por estos juristas los efectos han sido demoledores.

Es cierto que han logrado que se eliminen ciertos contenidos. Pero el coste para sus clientes ha sido altísimo. En el caso de Interviú ha sido tan evidente que el propio Grupo Zeta se ha dado prisa en dar marcha atrás. El otro es el de Ramoncín. Si el prestigio del cantante entre gran parte de los ciudadanos era más bien bajo por sus pasadas defensas de la SGAE y el canon, su imagen pública resultó todavía más deteriorada tras contratar a estos abogados y emprenderla contra prácticamente todo aquel que le criticaba o se burlaba de él por internet.

Si algún día decidiéramos preocuparnos por nuestra reputación online, tenemos muy claro a quién no contrataríamos para encargarse de ello.

La reforma laboral y el movimiento

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La convalidación del decreto ley del Gobierno, que pretende engañar a propios y extraños sobre sus intenciones reformadoras del modelo de relaciones laborales que rige en España desde la época franquista, dio lugar a una nueva jugada al despiste en la ópera bufa de la política española.

Contra toda evidencia, medios de comunicación tímidamente críticos con el gobierno confundieron sus deseos con la realidad cuando atisbaron la soledad del gobierno y graves disensiones internas en el grupo parlamentario socialista.

No cabe duda de que, formalmente, sólo los diputados de ese grupo emitieron su voto favorable a esa aprobación inicial para, a continuación, tramitar el texto como un proyecto de ley urgente. El resultado de la votación se reveló suficiente para los propósitos gubernamentales. Pero deducir de ese dato aislado que los apoyos políticos del Gobierno neosocialista se tambalean supone pasar por alto otras variables nada desdeñables. Antes al contrario, para desgracia de los españoles, se acumulan indicios de que su gestión económica nefasta puede apuntalar una larga estancia en el poder, a no ser que su impostura y marrullería política sean desenmascaradas a los cuatro vientos.

Conviene recordar que en España una minoría cada vez más amplia de economistas y juristas liberales llevamos años reclamando una auténtica ruptura con la legislación laboral del franquismo, continuada durante la transición por el Estatuto de los Trabajadores de 1980, pactado por la UCD de Suárez y el PSOE de González, cuyos dogmas fueron adaptados para perpetuar el papel en la negociación colectiva de las condiciones laborales de los sindicatos UGT y CCOO -correas de transmisión de los partidos socialista y comunista, respectivamente- mediante la Ley de libertad sindical de 1985.

Los intereses creados en torno a ese marco regulatorio, retocado por reformas sucesivas que no atacaron jamás sus fundamentos básicos, pese a las reacciones calculadamente tremendistas de la coacción sindical organizada que hemos conocido durante estos años, han permeado tanto a sectores llamados de izquierda como de derecha.

Los años de expansión económica de la época de Aznar camuflaron la losa que pesaba sobre el mercado de trabajo. Aun con todo, los porcentajes oficiales de desempleo nunca descendieron de los que se consideran propios de las crisis en los países desarrollados.

Pues bien, alcanzado el 20% de parados sobre la población activa en España y superado el 11% de déficit público en un tiempo récord, cundió el pánico entre la burocracia de Bruselas, el FMI y los gobiernos de países cuyos bancos prestaron ingentes sumas para financiar la burbuja inmobiliaria española. Después de todo, si se suma la falta de saneamiento de un sistema financiero seriamente tocado por su exposición a la estallada burbuja inmobiliaria, no resulta descabellado pensar que un Estado con tales desequilibrios puede quebrar de forma inminente. Y que, por lo tanto, reside en su propio interés facilitar la contratación laboral para reducir sus obligaciones en prestaciones de desempleo y, en definitiva dinamizar su economía para alejar el peligro de repetición del caso griego.

En contra de lo que vienen defendiendo algunos comentaristas, no creo que los burócratas internacionales, por lo menos a corto plazo, pretendan dictar los últimos detalles de la reforma laboral española. Estoy convencido de que, para dar su visto bueno, les basta que el Gobierno español manifieste su firme determinación de eliminar las rigideces que lastran el mercado de trabajo español mediante un decreto-ley de aplicación inmediata… Ya se verá con el paso del tiempo que los efectos de tal reforma no se corresponderán con las declaraciones de quién no quiere cambiar de modelo de relaciones laborales.

Llamativo ha sido que un diputado socialista, antiguo secretario general de las Comisiones Obreras, que nacieron de la infiltración comunista en el antiguo sindicato vertical, pactara su abstención con el jefe de su grupo parlamentario. También que el eterno “socialista liberal”, quien debería estar más atento a la supervisión de los administradores de bancos y cajas de ahorros negligentes, censurase con argumentos muy atinados que la reforma no aborde la negociación colectiva. Ninguno de los dos, empero, parece haber considerado la dimisión de sus cargos como muestra patente de rechazo de las políticas seguidas por los líderes actuales de su partido. Ni por asomo.

Lo cual me lleva a pensar que los neosocialistas españoles forman parte de algo distinto a un simple partido político que puja periódicamente por renovar su mandato en el Gobierno. En un esquema donde el culto al líder tiene muy difuminadas las diferencias entre partido, Gobierno y hasta Estado -por mucho que la pulsión de los nacionalismos periféricos comporte llegar a apaños clamorosamente asimétricos para los contribuyentes- el Gobierno es el ying y el yang. Ullastres y Girón. Prisa y Mediapro. Liberal y nacionalsindicalista de geografía variable. Abarca todo. Hasta marca el terreno a la oposición. Zapatero y su camarilla han conseguido, gracias a sus dotes de intrigantes manipuladores y a las limitaciones de sus opositores políticos, eliminar toda alternativa ajena a su cosmovisión maniquea y sectaria del mundo. Han fundado su “Movimiento” transcurridos treinta y cinco años de enterramiento del anterior. Tienen ya un complejo industrial (por llamarlo de alguna manera) a su servicio y una supuesta oposición que pretende rebañar votos acusándoles de apartarse de su programa, en lugar de plantear medidas más ambiciosas para salvar al país de la ruina a la que le han condenado las acciones y omisiones del Gobierno. Un régimen donde niñas aparatchiks como Leire Pajín y Bibiana Aído mandan a gusto, leyes de discriminación positiva mediante, sin que las personas adultas puedan zafarse de una dictadura infantil ¿Durará 36 años como el del General Franco?

Endeudarse no es crecer

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Fácil elección, dirán ustedes. ¿Quién puede preferir el endeudamiento insostenible conducente a la quiebra al saneamiento de las finanzas personales? Es de sentido común que sólo cuatro gatos irresponsables lo harían; el problema es que el keynesianismo ha convertido en legión a esa exigua camada felina y en dogma de fe económico la irresponsabilidad ignorante.

Nos dice Obama que debemos seguir endeudándonos para "sostener el crecimiento" pese al nulo margen de crédito que nos queda. Será que los austeros y frugales occidentales se han endeudado demasiado poco durante estos últimos años y que el Estado debe instarnos a ser un pelín más irresponsables; a no preocuparnos tanto por el mañana y a vivir un poquito por encima de nuestras posibilidades.

En caso contrario no se entiende –salvo que uno se sumerja en los desvaríos keynesianos donde el ahorro es consumo, la inversión se transmuta en ahorro, resulta posible demandar sin ofertar y es habitual ofertar para no demandar nada, ni siquiera dinero– que el endeudadísimo Estados Unidos reclame a la endeudadísima Europa que ambos continúen endeudándose hasta que se recuperen sus economías, ésas que precisamente necesitan reducir su endeudamiento para recuperarse. Es más, no se entiende que el el endeudamiento se confunda con crecimiento.

Cualquier persona, familia o empresa sabe perfectamente que el lado de su activo patrimonial aumentará si se endeuda, lo cual no significa ni mucho menos que sea más rica o próspera. De hecho, lo contrario resulta más probable cuando uno busca alocadamente endeudarse por endeudarse: cuando una persona, familia o empresa adquiere más compromisos que aquellos a los que puede hacer frente, se empobrece. Que se lo digan a quienes concertaron una hipoteca que ahora les acapara la mayor parte de su salario o a las empresas que implementaron modelos de negocio cuya estrecha rentabilidad pretendían multiplicar mediante el aumento de sus fondos ajenos.

Más deuda pública no sólo implica más impuestos y más riesgo de impago sino también menos crédito privado. No veo entonces qué beneficios nos puede arrojar el déficit público, salvo como mecanismo para crear demandas artificiales y dependientes de que esos programas públicos prosigan. Si creemos que la economía es un automóvil que necesita de un empujón para comenzar a andar de manera autónoma, es que debemos de tener un taller de reparaciones en la azotea de nuestra torre de marfil. Durante demasiado tiempo se han acometido demasiadas malas inversiones que ahora deben liquidarse, reestructurarse y ver sus precios adaptados. El problema no es que demandemos demasiado poco, sino que hasta que no cambiemos nuestro aparato productivo seremos demasiado pobres como para demandar tanto como lo veníamos haciendo en tiempos de la renovada exuberancia irracional.

Por eso Obama se equivoca y Merkel acierta. Por eso Hoover y Roosevelt se equivocaron hace 80 años cuando desbocaron el déficit público de EEUU. Por eso España y Grecia no han remontado el vuelo pese a sus espectaculares déficits. Por eso Keynes fue un charlatán y Hayek un economista serio.

Qué no es el derecho

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

El Derecho puede definirse de diversas maneras, pero sólo una de esas vías de aproximación permite distinguir entre el carácter institucional de los enunciados que se le atribuyen, y el contenido complejo y abstracto que guardan dichos preceptos. No se trata de hacer una relación de conceptos que ignoren la verdadera naturaleza del Derecho, sino de purgar entre las distintas teorías al respecto, con la idea de componer una nueva conceptualización que no derive en desarrollos explicativos sin sentido.

Centrémonos, reduciendo la complejidad de cada una de las versiones que a continuación expondremos, en las clásicas visiones que desde la filosofía y la teoría del Derecho se han elaborado sobre el hecho jurídico:

  • En primer lugar, la que hoy predomina, no sin revisiones y dulcificaciones merced de las otras dos interpretaciones: el positivismo jurídico. Concibe el Derecho como un conjunto de normas que forman parte de un ordenamiento validado dentro de un orden político y social determinado, siendo el elemento primordial la positividad de su contenido, es decir, la plena articulación de enunciados. El positivismo considera que el Derecho puede provenir del acto deliberado y racional de un compositor jurídico cuasi omnicomprensivo. Partiendo de la distinción tomista entre Derecho natural y Derecho positivo, el positivismo, como instrumento teórico del racionalismo estatista, considera accesible al conocimiento humano la capacidad de articular cada uno de los contenidos normativos indispensables para favorecer el ajuste social (la paz –la no violencia- en las relaciones intersubjetivas, que diría Mises). Cada nueva norma atraviesa un proceso de exigencias formales y sustantivas antes de poder ser considerada como parte del ordenamiento jurídico. La validez de una norma depende de la efectividad general del sistema en su conjunto, creyendo haber resuelto de este modo la vinculación entre validez y eficacia del Derecho (Kelsen).
  • En segundo lugar, entre el positivismo normativo y el iusnaturalismo, encontramos una vía intermedia, mucho más explicativa que las restantes, pero insuficiente, ya que en realidad las necesita a ambas para fundamentar ciertos aspectos, evitando así caer en una posición netamente relativista o irracional. El evolucionismo jurídico desliga el aspecto formal de las normas del desarrollo de su contenido y efectividad, advirtiendo que el Derecho, como la moral, poseen un sustrato de reglas de mera conducta cuyo origen y formación se enmarca dentro de un proceso evolutivo, sucesivo o histórico. Dichas reglas arrastran un volumen de conocimiento tal, que no resulta plenamente accesible para la mente del Hombre, siendo éste incapaz de articular con plenitud, dentro de un ordenamiento sistemático, cada aspecto relevante de dicho contenido normativo. Las normas explícitas, con forma de enunciados preceptivos ciertos, pese a aparentar relativa simplicidad, no son sino la manifestación superficial del contenido que, efectivamente, tiende a regular la conducta de un grupo humano específico.

Hay dos tipos de evolucionismo: una versión ingenua, que se complace con analizar el contenido explícito de las normas, cayendo fácilmente en la arrogancia de considerar factible recomponerlo en normas más eficientes; y una versión compleja, que además de percatarse del elemento meramente institucional, profundiza en aspectos de estructura del conocimiento y orden cognitivo de la mente humana, a fin de teorizar sobre ese contenido amplio de reglas que gobiernan la conducta, en su mayor parte, de manera tácita y superconsciente (Hayek).

El iusnaturalismo tiene tantas versiones como seguidores, y tantas críticas como detractores. Posee un fondo de verdad: la conducta, y las reglas que la gobiernan, no son ajenas a la naturaleza del ser humano. Pero son muchas sus carencias teóricas, como por ejemplo, la idea de que dicha naturaleza permite inferir un contenido amplio de normas, e incluso, que se trata de una naturaleza estática, no cambiante, en vez de dinámica y flexible (y en continua evolución). Unos creen haber dado con unos principios o valores éticos universales, de los que cabe derivar fundamentos jurídicos válidos en cualquier situación. La idea tomista de Derecho natural considera a este tipo de Derecho como un reflejo del orden universal natural, pero en el concreto ámbito de la conducta de los hombres. Ignorando que dentro del orden social o cultural, existen otros órdenes distintos al meramente jurídico o moral, esta versión del iusnaturalismo se conforma con tratar de advertir principios tan básicos que, en cada caso concreto, permitan especificar contenidos normativos efectivos y específicos. De hecho, desde este punto de vista, el iusnaturalismo se convertiría en una suerte de programa de investigación ética sin pretensiones positivistas, en cuanto a que su objeto de estudio es el descubrimiento de los elementos que deberían vertebrar cualquier orden de conducta humana, proponiendo sus conclusiones como alternativa o factor correctivo para los sistemas de normas que los desconozcan por completo.

Desgraciadamente, entre la falsa ilusión que provoca la revelación desde un pretendido orden supremo, o la mera intransigencia racionalista, confiando a la razón la tarea de construir un ordenamiento completo y mucho más eficiente en términos estáticos, el iusnaturalismo es también expresión de un grave error intelectual. Aun aceptando que el Derecho es aquel conjunto indeterminado de normas que, de forma efectiva, gobiernan la conducta de los individuos, proporcionándoles una baza institucional desde la que planear con mayor certeza sus expectativas particulares, cuando el iusnaturalismo considera posible sustituir dicho orden jurídico y moral efectivo, y en su lugar proceder  a la mera deducción lógica y estricta de aquellos principios universales, venidos al hombre bien por revelación, por simple introspección o gracias al ejercicio de la razón, se desliza hacia posiciones claramente positivistas.

Hemos visto, esbozando entre las tres visiones principales de estudio del Derecho (además de la sociología jurídica, que por su amplia diversidad, planea sobre éstas), cómo en todas ellas acecha la ilusión que considera factible configurar un ordenamiento jurídico más eficiente (diseño inteligente institucional) que aquel que resulta espontáneamente del proceso social. No se trata de plantear meras alternativas. La conceptualización del Derecho exige conocer qué tipo de contenido guardan en su interior las normas de conducta, y cuál es su proceso de descubrimiento, composición, interiorización y transmisión entre individuos. Para ello no puede obviarse el elemento cognitivo: no cabe desligar el estudio de la conducta de aquellos factores sensoriales que la articulan en las mentes de los individuos.

Por ello, en el estudio de las normas, debe distinguirse entre la teoría general de la composición normativa, dentro de la teoría de la evolución de las instituciones, apoyada en la necesaria sistematización positiva de aquellos elementos formales que nos permitan clasificar normas y sistemas de normas, sus elementos básicos y la manera de comprenderlos. Otro ámbito de estudio será el del contenido de las normas, tratando de advertir principios y valores, mecanismos de resolución de conflictos, orígenes históricos o carácter compositivo de las mismas. Y por último, centrados en el estudio de la mente humana, la manera en que ésta se manifiesta en el sentido de ordenar la conducta del individuo; qué conocimiento es innato y cuál se adquiere, así como las vías de asimilación y la manera en que se estructura y altera una vez adquirido.

El Derecho es aquella parte de las normas de conducta que, con un contenido superficial suficiente, permiten ser conocidas mínimamente en su carácter irresistible. Es decir, siendo toda norma exigible, sólo las reglas cuyo contenido pueda explicitarse mínimamente podrán ser apeladas en cuanto a su exigibilidad. Esto implica que sólo una pequeña parte del contenido de estas normas resulta accesible para la conciencia del individuo, operando el resto de contenido a niveles semiinconscientes o súperconscientes, dentro de la propia estructura mental del Hombre. Se dirá que algo es bueno cuando seamos capaces de entreverlo y explicitarlo con suficiencia, y del mismo modo, se dirá que es recta aquella conducta que podamos expresar, aun cuando el conocimiento que encierre dicha conducta siga siendo mucho más amplio. Toda norma, por lo tanto, resulta exigible por definición, es decir, comporta una sanción. Identificar el tipo de sanción nos permite clasificar la norma (pero no el contenido normativo total que representa) dentro de uno u otro orden, bien la Moral, bien el Derecho. Derecho será toda norma que se sepa irresistible, que conlleve la intervención de un poder sancionador capaz de compeler a su infractor invadiendo su esfera de autonomía o voluntad. Dicho poder no tiene porque ser un Poder público. Por tener ese carácter jurisdiccional (señalar lo recto y exigirlo sin que quepa resistencia), acabará delegándose en un tercero imparcial, dedicado a estas cuestiones. La teoría no nos permite ir más allá en la conceptualización, el resto es historia y sistemas de Derecho y Política específicos.

Todo lo demás, no es Derecho. No son Derecho las normas de organización política, incluso cuando parte de su contenido coincida con el que es propio del Derecho. Las normas jurídicas son generales y abstractas, y dentro de un orden social, su contenido, o parte de él, puede ser parte de composiciones normativas que pretendan resultados concretos, o articulen sistemas de organización parcial.

¿Los Amish también tienen que integrarse?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

La cuestión suele presentase en términos dicotómicos: ¿quién tiene que adaptarse: los inmigrantes o nosotros? Hay una tercera vía, que en la práctica es la que funciona mejor: los inmigrantes se integran un poco, y los nativos toleran el resto. Así el inmigrante no renuncia a su identidad, sus creencias, sus costumbres, su lengua, sino que intenta compatibilizarlas con la cultura local.

¿Pero es la integración, aunque sea de mínimos, una exigencia del liberalismo? Dejemos a un lado el debate, más general, sobre la libertad de movimientos y centrémonos en la "exigencia de integración". ¿A quién agrede el inmigrante que se niega a asimilar las costumbres del resto de la comunidad? ¿Acaso no tiene un individuo de la comunidad derecho a escindirse de la misma, recluyéndose como un ermitaño o asociándose solo con gente de su perfil? Si el liberalismo tolera cualquier comportamiento pacífico, que no atente contra las personas o la propiedad ajena, los liberales deberían tolerar la "no-integración" y la "guetización" inmigrante, en lugar de reclamar la imposición del idioma oficial y otras costumbres locales.

Olvidémonos por un momento de los musulmanes radicales, el contra-ejemplo preferido, y pensemos en comunidades niponas, chinas, caribeñas, indias o bengalíes. Liberdade en Sao Paulo, Chinatown en Nueva York, Little Haití y Little Havana en Miami, Little India en Singapur, Banglatown en Londres. Hay cierto grado de integración, pero también de distanciamiento y preservación de sus rasgos distintivos. Tomemos el barrio chino neoyorquino, por ejemplo. El turista observa divertido que los letreros están en mandarín y que hay residentes que no saben hablar inglés, pero cuando el fenómeno análogo ocurre en su ciudad natal ya no le parece divertido. Entonces estamos ante un "gueto" inaceptable, al borde del abismo multicultural.

Vayamos un paso más allá y consideremos el caso de las comunidades Amish en Estados Unidos. Son congregaciones cristianas muy tradicionales que rechazan integrarse en el mundo moderno. Viven en el campo, físicamente separados del resto, y se atienen a unos códigos de conducta estrictos en materia social, familiar y religiosa. Son pacifistas y en tiempos de guerra se declaran objetores de conciencia. Están exentos de contribuir a la Seguridad Social, puesto que se niegan a recibir sus prestaciones. Tienen sus propias escuelas, al margen del sistema educativo estatal, y generalmente los niños dejan de estudiar en octavo. Se estima que hay más de 200.000 Amish en el país.

Los Amish viven en un gueto (bucólico, pero gueto al fin y al cabo) y apenas interactúan con el exterior. El grupo ejerce una fuerte presión social sobre sus miembros (niños y adultos) para que se atengan a los códigos de comportamiento. El ostracismo o el castigo corporal a los menores (legal en Estados Unidos) son formas de control utilizadas. Respetan, no obstante, el derecho de salida: un individuo puede abandonar la comunidad voluntariamente o ser excomulgado si no cumple con las normas. También existe un período durante la adolescencia, el rumspringa, en el que las normas de la comunidad se relajan y el joven empieza a cortejar a otro miembro. Al final de este período el joven decide si se bautiza, integrándose definitivamente en la comunidad, o si se escinde. Un pequeño porcentaje de jóvenes prefiere escindirse y vivir en el exterior.

El ejemplo de los Amish en Estados Unidos sirve para ilustrar las implicaciones de una sociedad realmente abierta, donde no se exige la homogeneización lingüística y cultural que tanta gente reclama en Europa. Por eso el secularismo estatista y la integración forzosa, que tiene tantos adeptos en la Europa continental, no se comprende en Estados Unidos. Por eso en Estados Unidos la prohibición del burka no es debate y dan lecciones a Francia sobre el significado de la libertad individual. Por eso en Estados Unidos les parecería increíble que se multase a un comercio privado por no rotular en un determinado idioma.

No en vano lo que diferencia el socialismo o el estatismo del liberalismo es que el primero intenta imponer un modelo de sociedad concreto, mientras que el segundo permite la coexistencia de muchos modelos. Siguiendo a Robert Nozick, el liberalismo es un marco para las utopías (en plural), mientras que el socialismo es una utopía concreta que sus seguidores suelen querer imponer al conjunto de la población. Decía Nozick que en una sociedad libre pueden convivir maníacos y santos, monjes y libertinos, socialistas voluntarios y capitalistas, comunidades como las de Fourier, Flora Tristan, Owen, Proudhon o Josiah Warren, kibbutz, Bruderhof…. ¿Por qué no tienen también cabida los inmigrantes que se resisten a integrarse? Si los Amish tienen "derecho a gueto", ¿por qué no los demás?

Auge y crisis en los países bálticos

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

La crisis financiera internacional ha agravado y exacerbado algunos procesos de ajuste que inevitablemente debían llevarse a cabo en algunos países, dadas las dinámicas de crecimiento insostenible en las que habían incurrido. Los tres países bálticos son el caso paradigmático de esta situación, habiendo sido países con un crecimiento sobresaliente durante la fase expansiva de 2000 a 2007 –con tasas de crecimiento de dos dígitos-, pero también con mayores caídas en la recesiva, especialmente Letonia en 2008 y 2009 –con un desplome de cerca del 20% del PIB.

Tras poner fin a décadas de opresión socialista y con un desempeño económico pobre, vinieron las reformas que iban a poner a estas economías en el camino, a pesar de baches y dificultades, hacia el mercado y el desarrollo. Estonia fue el país que con mayor decisión aplicó este programa liberalizador, como cuenta José Carlos Rodríguez.

El impulso que recibieron estas economías fue muy notable. Una vez superada la fase álgida de la transición, el comienzo de siglo XXI no pudo ser mejor. Entre 2000 y 2007 Estonia creció consistentemente a tasas no inferiores al 7,5%. Letonia estuvo por encima del 10% entre 2005 y 2007, y Lituania, tras empezar la etapa con un crecimiento moderado, llegó a presentar tasas de crecimiento similares a Estonia.

Todo parecía ir de maravilla, las reformas pro-mercado estaban dando sus frutos y los liberales celebraban los éxitos de estos países. Sin embargo, a partir de 2007 las cosas se empezaron a torcer, y en 2008 y 2009 se encontraron con un colapso de la actividad económica. ¿Qué pasó? ¿Fue la liberalización y apertura de estas economías la que engendró esta crisis? Los intervencionistas parecen haberse apuntado un punto, pero no vayamos tan rápido. 

Analizando en más detalle los determinantes del crecimiento de estas economías durante la última década puede verse cómo la fase de auge estuvo en parte sustentada sobre la expansión desbocada del crédito y los descalces de plazos llevados a cabo por el sistema bancario, por los cuales los bancos se endeudaron masivamente a corto plazo y en moneda extranjera, para invertir a largo plazo.

Estos procesos fueron permitidos y facilitados por los bajos tipos de interés y las condiciones muy laxas de liquidez a nivel internacional, sobre todo las del Banco Central Europeo, y por la apertura de estas economías al exterior. Así, se produjo un gran aumento del endeudamiento externo en moneda extranjera (déficit exterior) insostenible. Además, estas prácticas fueron origen de un boom insostenible en la demanda interna, especialmente en el consumo de bienes duraderos (como coches o viviendas), y de una importante burbuja inmobiliaria -especialmente en Letonia- y bursátil.

Los desequilibrios financieros y externos incurridos en la fase de expansión se comenzaron a dejar notar en 2007, pero fue sobre todo a raíz de los problemas financieros internacionales, con el punto de inflexión en la quiebra de Lehman Brothers en Septiembre 2008, cuando se aceleró el ajuste y se agravó una situación que ya de por sí era delicada. Las entradas de capitales extranjeros se desplomaron, los bancos de los países bálticos tuvieron problemas de refinanciación de sus deudas, el crédito exterior se redujo notablemente y aumentó la desconfianza en los sistemas financieros de estos países. Todo ello desembocó en una crisis financiera, con especial intensidad en Letonia, que fue relativamente solventada gracias al rescate del Fondo Monetario Internacional –institución que más tarde iba a causarles algunas molestias.

La crisis en la economía real, derivada de la distorsión en la estructura productiva y la descoordinación entre los planes de los agentes económicos que trajo consigo la expansión artificial del crédito, adquirió magnitudes dramáticas en 2009. Las caídas en el PIB fueron cercanas al 15% en 2009 y la tasa de desempleo se disparó a partir de 2008, teniendo actualmente las mayores tasas de paro de toda la Unión Europea, con permiso de España.

Esta crisis condujo a los sectores públicos de Letonia y Lituania a una situación fiscal muy delicada –a pesar de tener unos niveles de deuda pública sobre el PIB reducidos-, que resolvieron con ambiciosos ajustes fiscales de recorte del gasto público. Estonia fue la excepción a estas dificultades, alcanzando un máximo de déficit público del 2,7% en 2008 y reduciéndolo al 1,7 el año siguiente.

En la actualidad, el reajuste necesario y más traumático parece haberse concluido vía deflación de precios y salarios (devaluación interna), y ahora, una vez recuperada la competitividad que se vio afectada en la fase de auge, y depurados los efectos de los excesos crediticios, se espera una pronta recuperación económica sobre unos cimientos más sólidos, especialmente en el caso de Estonia, quien ya ha recibido la aprobación por parte de la Comisión Europea para su entrada en la Unión Monetaria del euro en 2011.

¿Qué se podría aprender de todo esto? Podrían destacarse al menos dos cuestiones. En primer lugar, se debería ser más cauto a la hora de celebrar los periodos de rápido crecimiento económico (al fin y al cabo, el PIB tiene sus limitaciones), puesto que éstos pueden estar basados en parte en la expansión artificial del crédito u otras prácticas financieras difícilmente sostenibles, no sólo en reformas estructurales en la buena dirección. Tanto el caso de los países bálticos como el de Irlanda podrían ilustrar esta problemática.

Y en segundo lugar, Letonia y Lituania han podido solucionar una crisis fiscal que puso a sus finanzas públicas casi al borde de la suspensión de pagos, gracias a recortes intensos y dolorosos en el gasto público. Grecia y España, entre otros, podrían tomar buena nota de ello. De hecho, las mismas autoridades de estos dos países bálticos han recomendado a Grecia que siga su ejemplo: “La situación griega es similar a la de Letonia y no hay otra opción que recortar gastos”.

Ángel Martín Oro ha desarrollado un trabajo de investigación en el que analiza estas cuestiones con más profundidad. El lector interesado puede dirigirse al autor a través de este enlace, http://amartinoro.wordpress.com/contacto/ para hacerle sugerencias o preguntas sobre el mismo.

Teoría austriaca del ciclo y recursos ociosos

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

La teoría austriaca del ciclo económico (TACE) sostiene, muy resumidamente, que la coordinación entre ahorradores e inversores se verá distorsionada si éstos últimos tratan de controlar unos bienes presentes (bienes de consumo y factores productivos) sobre cuya disponibilidad los primeros no han renunciado. En general, los inversores se coordinarán con los ahorradores a través de los rendimientos que éstos exigen y que aquéllos pueden pagarles merced a sus proyectos de inversión: si los inversores prometen remuneraciones (sobre el capital o sobre los créditos) que a los ahorradores les compensen lo suficiente como para renunciar a controlar bienes presentes, entonces esos bienes presentes a los que renuncian podrán ser empleados por los inversores a cambio de abonarles en el futuro la correspondiente remuneración.

El problema comienza cuando los inversores pueden acceder a unos créditos que no van aparejados a la renuncia de bienes presentes por parte de nadie (crédito fiduciario). En este caso, los empresarios/inversores podrán sobrepujar por los bienes presentes que están empleando otros empresarios/inversores y acometer proyectos que antes, sin ese crédito fiduciario, no eran rentables. El proceso sabemos que tendrá una duración muy corta a menos que sigan inyectándose dosis adicionales de crédito fiduciario, pues los factores productivos gastarán las mayores rentas que han cobrado en disponer de los bienes presentes que, en parte, estarán usando los nuevos inversores, lo que a su vez llevará a esos nuevos inversores o a interrumpir la producción o a tener que sobrepujar de nuevo por los bienes presentes, aumentando sus costes y viendo cómo al poco tiempo les vuelve a surgir la presión sobre sus bienes presentes (pues cuanto más les paguen a los factores, más podrán pagar éstos por disponer de los bienes presentes).

El caso sería similar a si tuviéramos dos explotaciones agrarias, una (a la que llamaremos A) cosecha trigo al cabo de un año, y la otra (a la que denominaremos B) cosecha diez veces más trigo que A al cabo de tres años. La explotación B puede, gracias al crédito fiduciario, arrebatarle los jornaleros a la explotación A, pagándoles anualmente un mayor salario. Sin embargo, ¿qué sucederá cuando los jornaleros, habiendo cobrado su salario de B, quieran comprar trigo (pues su ahorro, su renuncia a disponer de bienes presentes, no ha aumentado)? Simplemente que como la producción de A se interrumpió, no habrá casi nada de trigo a la venta, de modo que los precios del mismo se dispararán y aquél que pueda producirlo más rápidamente se llevará el gato al agua. ¿Adivinan? Sí, A podrá pagar salarios nominalmente más elevados que B, de modo que se generará una recolocación de factores productivos.

Esta simplificación de la TACE (donde ni siquiera estamos teniendo en cuenta la muy importante heterogeneidad de los bienes de capital ni el consumo de capital que siempre se produce en todo ciclo) parece basarse, sin embargo, en una hipótesis que los keynesianos descartan de partida: todos los recursos están empleados. De haber recursos ociosos (desempleados), es lógico que nos formulemos la siguiente pregunta: ¿qué sucede si, gracias al crédito fiduciario, los inversores obtienen un poder de disposición adicional sobre unos recursos que nadie estaba utilizando? Es decir, ¿qué sucede si la explotación agraria B no arrebata los trabajadores a la A, sino que contrata a unos pobres jornaleros sin oficio ni beneficio para ampliar su producción?

Para averiguarlo tenemos que recordar por qué existen recursos ociosos: simplemente, la remuneración mínima que quieren percibir es superior a la que se les puede ofrecer. Por ejemplo, si cada trabajador produce 10 toneladas de trigo al año, es evidente que nadie los contratará si exigen un salario equivalente a 11 toneladas. De ahí que si un cierto número de jornaleros solicita un salario superior a su productividad marginal descontada, seguirán ociosos hasta que rebajen sus pretensiones o hasta que aumente su productividad.

La expansión del crédito lo único que provoca cuando existen recursos ociosos es concederles a éstos las rentas que necesitan para añadir mayor presión todavía sobre los bienes presentes de los que querían disponer. Lejos de generar con su producción el ahorro que necesitan para financiar la nueva inversión, recalientan más el precio de los bienes presentes, encareciendo el coste de destinar estos bienes presentes a la obtención de bienes futuros (es decir, los tipos de interés aumentan, con lo que los posibles planes de inversión se vuelven menos atractivos).

Por ejemplo, si se expande el crédito fiduciario, la explotación B obtendrá el “capital” con el que contratar a los trabajadores ociosos y ponerlos a cultivar el campo para que al cabo de tres años cosechen diez veces más trigo que A. ¿Pero qué pasará cuando, al finalizar el primer año, los trabajadores ociosos perciban sus sueldos? Pues que querrán gastarlos en consumir 11 toneladas de trigo. Pero, en ese momento, sólo estará disponible el trigo que habrá producido la explotación A durante ese año, con lo que los precios del mismo se dispararán (los trabajadores inicialmente empleados en A más los trabajadores antiguamente ociosos se querrán hacer con una cantidad de trigo dada).

Llegados a este punto, los trabajadores antiguamente ociosos y después contratados por B tendrán dos opciones: o aceptan una rebaja en sus salarios nominales para seguir empleados (en cuyo caso serán contratados por A para producir trigo lo más rápidamente posible) o exigen los mismos salarios reales que antes (11 toneladas de trigo), de modo que quedarán desempleados. En todo caso, la explotación B es abandonada antes de completarse el cultivo de tres años, precisamente porque no había suficiente ahorro (no había suficiente gente dispuesta a esperar tres años para adquirir trigo).

Por supuesto, insisto en que este es un ejemplo muy simplificado, pues en principio con una expansión crediticia que durara tres años podría completarse la producción de trigo en B. Sin embargo, tengamos presente que: a) en todo caso esto sólo sería una forma de “ahorro forzoso” tal y como denunciaba Hayek (durante tres años se forzó a los trabajadores de A a consumir menos de lo que deseaban); b) al cabo de tres años, a menos que los jornaleros ahorren buena parte de la cosecha de B, es decir, restrinjan significativamente su consumo de trigo (o si restringiendo su consumo, debido a nuevas expansiones del crédito, se termina consumiendo más trigo del necesario para sostener a los trabajadores durante tres años), la explotación B deberá ser igualmente abandonada; c) los bienes que pueden dejar de producirse por la desviación de factores pueden no ser bienes de consumo prescindibles, sino bienes de capital imprescindibles; d) en una economía con muchos planes en competencia, las sucesivas expansiones del crédito se traducirán en la aparición de nuevos proyectos empresariales antes incluso de concluir los que se iniciaron en un primer momento con el crédito fiduciario, cada uno de los cuales tenderá a proporcionar un menor rendimiento y requerirá de un mayor tiempo de inmovilización de bienes presentes.

En todo caso, lo que quería señalar era simplemente que la descoordinación entre ahorradores e inversores no sólo se produce cuando existe pleno empleo de los recursos, sino también ante la existencia de recursos ociosos. Es cierto que cuando no hay desempleo los problemas se manifiestan antes, pues los costes de los factores aumentan más rápidamente que lo que los receptores del crédito fiduciario pueden irse permitiendo pagar. Pero, aparte del notable hecho de que casi nunca existe un desempleo de todos los factores necesarios (puede haber trabajadores ociosos, pero los proyectos empresariales también requieren de materias primas o bienes de capital cuyos precios suelen ser mucho más flexibles y donde por tanto no tiende a producirse desempleo), debería resultar claro que entregar (o dar derecho a adquirir) a los factores productivos, con la finalidad de que éstos produzcan ciertos bienes futuros, una cantidad de bienes presentes mayor a la que ningún otro agente ha renunciado o está dispuesto a renunciar a cambio de esos ciertos bienes futuros, no sólo no soluciona los problemas de coordinación temporal entre ahorradores e inversores, sino que los agrava.

La TACE sigue siendo plenamente válida haya o no recursos ociosos. De hecho, lo acabamos de constatar con el reciente ciclo económico donde es más que discutible que hubiese algo así como “pleno empleo” entre los trabajadores y, no obstante, las mayores rentas que percibieron se tradujeron en unos mayores precios de materias primas que, desde luego, no pudieron compensarse con la mayor oferta de proyectos inmobiliarios que estaban fabricando (no había suficientes agentes dispuestos a dejar de consumir hoy petróleo y otras materias primar a cambio de una porción de un inmueble futuro).

Una reforma que no es “para crear empleo”

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

…y que mucho menos resultaba urgente, hubiese evitado parte de la destrucción de empleo que se ha producido en los pasados meses. A juzgar por lo que cuenta, el Gobierno hizo dejación de sus funciones porque "identificó que había que hacer esa reforma en el marco del diálogo social". No queda claro si el Ejecutivo nunca contó con que el diálogo social no fuera a llegar a buen puerto o si, teniendo presente esa posibilidad, realmente pensaban que la reforma no era importante. En cualquier caso, el desastre que han provocado con sus erróneos cálculos políticos es monumental.

Pero lo mejor de la entrevista llega cuando el periodista le pregunta al ministro si la reforma evitará que lleguemos a cinco millones de parados oficiales. Corbacho, ni corto ni perezoso, le responde que la "reforma no es para crear empleo". Usted, con toda la razón, se preguntará para qué demonios es entonces una reforma laboral que se aprueba en un momento en que el país tiene un 20% de desempleo. Corbacho sabe que esa pregunta es la que le haría cualquier español que escuchara su asombrosa afirmación y decide responderla antes de que se la formulen: "Es para evitar que se destruya". Esto ya es la repera. Si el objetivo de la reforma es realmente evitar la destrucción de empleo, resulta que llega con dos millones y medio de parados de retraso.

Aparte del sinsentido temporal de su contestación, la lógica de su argumento brilla por su ausencia. Según él, la generalización del despido a 33 días y los inciertos –y en todo caso modestos– resultados de los tímidos retoques en materia de convenios colectivos y despidos objetivos podrían ayudar a detener la destrucción de empleo. Lo cierto es que ninguna de estas tres medidas va a evitar más destrucción de empleo y, como él mismo reconoce, la reforma no contiene ninguna otra característica que permita albergar mucha esperanza para la creación de puestos de trabajo netos.

Pero si una reforma laboral en un país con cuatro millones y medio de parados no es para ayudar a generar empleo y nadie en su sano juicio puede esperar que evite destruirlo, ¿para qué es? Pues está claro: para decirle a los acreedores, esos que desde Alemania, Francia y EEUU le agobian a toda hora con llamadas exigiendo soluciones, que están haciendo algo y que el problema ya se encuentra en vías de ser solucionado. Se trata de aplicar internacionalmente la política pirotécnica que tan buenos resultados le dio en España. Claro que el cuento de que el nuevo mercado de trabajo será capaz de detener la destrucción de empleo se lo contará otro miembro del Gobierno a los socios europeos porque, tal y como viene a reconocer Corbacho, una cosa es lo que escribe el Gobierno en España y otra bien distinta la que cuenta el "ministro que habla con Bruselas". ¿Alguien se asombra todavía de que a España se le acabe el crédito?

Lo bueno de la crisis

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

…una crisis económica, social y política que llevó a los británicos a darle la mayoría a Margaret Thatcher, una mujer que estaba dispuesta a salvar a su país por medio de reformas económicas. Ronald Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos dos años más tarde, en enero de 1981.

Heredaba también una crisis múltiple, una economía devorada por la inflación, un país sin orgullo, una sociedad en parte corrompida. Impuso desde la Casa Blanca un menor crecimiento del gasto público, impuestos más sencillos y moderados, menos regulación y el control de la inflación. Hasta las antípodas llegó la oleada de keynesianismo, que derivó en una grave crisis económica, y también política.

Un gobierno laborista, bajo el lema de "haremos lo que sea correcto", impuso en 1984 un programa de reformas, que incluía recortes, privatizaciones, control de la inflación y liberalización comercial. Para entonces, Irlanda ya había completado su ciclo de crisis y reformas, que asentaron, como en los casos anteriores, las bases de una larga era de prosperidad.

Aunque no hay leyes históricas sin escapatoria, todos estos ejemplos responden a una misma lógica, además de a un mismo período histórico. El Estado se vale de cualquier razón para crecer sin medida, pero es un parásito, y su voracidad puede llevar a la economía privada, de la que se nutre, a una grave crisis. Cuando llega ésta, sólo cabe echarse atrás, podar las políticas más dañinas para darle un desahogo a la economía real. Soltar algunas cadenas, porque la sociedad no puede más con tanta intervención, tanto gasto, tanta inflación.

Los excesos del intervencionismo se acaban purgando con un duro período de reformas, que liberan al mercado y le permiten cumplir su papel, que es el de multiplicar la riqueza y llevar la prosperidad hasta el último rincón. Pero ocurre que sobre esa recobrada prosperidad, el Estado vuelve a retomar sus posiciones y lanza nuevos proyectos de socialización, regulaciones en ámbitos nuevos de la actividad, como por ejemplo el medio ambiente, sube los viejos impuestos y si es posible impone otros nuevos.

¿Qué decir de la inflación, que es el camino más eficaz para llevarnos a todos a un crecimiento engañoso, a él el primero? Los impuestos, el gasto, la regulación, atenazan a la economía privada. La inflación le da primero impulso, pero luego le lleva a la crisis. Y al final, ésta llega también al propio Estado. Ese es el punto en que nos encontramos.

Y, de hecho, aquí estamos, otra vez hablando de reformas. Incluso el presidente más alejado de la realidad, como es Rodríguez Zapatero, que es también el menos proclive a introducir penosas reformas económicas, ha impuesto pequeños cambios en el mercado laboral, deja caer que habrá copago en la sanidad, se verá forzado a reformar las pensiones públicas, y ya ha tenido que podar, siquiera modestamente, el gasto público.

Este sábado, en ABC, el ministro de trabajo, Celestino Corbacho, reconocía que también había que reformar el sistema de prestaciones a los parados. Nada de lo que haga Zapatero será suficiente, pues no cree en las reformas. Quedará para su sucesor la decisión de acometer un verdadero plan de ajuste, que liberalice la economía, para permitirnos volver a ser prósperos, o agonizar en una larga crisis.