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¿Una reforma laboral, para qué?

Si había un exceso de la demanda sobre la oferta los salarios tenderían a subir y si había un exceso de oferta sobre la demanda tenderían a reducirse.

Keynes, como en tantas otras cosas, trastocó esta sencilla relación. Salarios más bajos, en su opinión, no sólo no tenían por qué reducir el desempleo sino que podían perfectamente incrementarlo vía reducciones del consumo. Así las cosas, el remedio último pasaba por incrementar la demanda agregada –por lo general echando mano de políticas inflacionistas que de paso reducían los salarios reales–, lo que básicamente equivalía a decir que los parados volverían a estar ocupados cuando la productividad de los trabajadores se incrementara (algo que podrían haber suscrito los clásicos); cosa distinta es que las políticas keynesianas contribuyeran lo más mínimo a lograr este objetivo.

Lo cierto es que cinco millones de parados parecen ser un indicio bastante claro de que España necesita reducir salarios. O, mejor dicho, necesita readaptar su aparato productivo para lo cual necesitaremos reducir salarios. Durante décadas nuestra economía ha estado orientada a satisfacer la demanda interna; tal era el deseo de los españoles por consumir o por invertir que incluso tenían que prestarnos dinero desde fuera en un proceso que cristalizó en uno de los mayores déficits exteriores del mundo.

Ahora tenemos una deuda externa superior al 100% de nuestro PIB y, claro, toca repagarla. Y sólo hay una forma de hacerlo: venderles a los extranjeros más que aquello que les compramos. Es decir, tenemos que pasar de un colosal déficit exterior a un importante superávit. Los habrá que añoren que podamos tirar por la calle de en medio y devaluar nuestra moneda para no hacer los ajustes internos que debemos. Es una opción: Grecia la ha seguido durante casi 200 años y por eso lleva la mitad de su reciente historia de default en default.

Las devaluaciones no solucionan los problemas de fondo, sólo los postergan; destruyen a las empresas eficientes que producen importando y elevan a la categoría de gigantes a la materia empresarial muerta que puede vender sin comprar fuera. Vamos, en España se trataría de regresar al modelo de sol y playa, que para algo tenemos materia prima suficiente dentro del país. Una carrera hacia atrás en medio de un mundo que avanza hacia una continua mejora de la productividad. Crezcamos no siendo mejores, sino destruyendo nuestra moneda para rebajar los precios de industrias caducas. No barato y mejor, sino seguir vendiendo la misma mercancía averiada mientras nos quede margen para continuar devaluando.

El euro, afortunadamente, nos obliga a hacer reformas; otro asunto es que los políticos, los sindicatos y cuantos ciudadanos les ríen las gracias, se opongan a hacerlo y nos aboquen al abismo. Pero, en todo caso, nuestras empresas en algún momento tendrán adaptarse para satisfacer no los deseos de los españolitos, sino los de los extranjeros. Y, para ello, nuestros productos deberán ser competitivos, lo que en parte equivale a que sean más baratos que otros de calidad similar o superior (cuanto mayor calidad tengan, más caros los podremos vender y para insuflarles calidad necesitamos más capital, esto es, más ahorro); y, de nuevo, para que sean más baratos los salarios deberán ajustarse a la baja.

Toda reforma laboral que se olvide de esto, de que sólo crearemos empleo recolocando a los trabajadores dentro de empresas que produzcan bienes dirigidos a los extranjeros, de que para vendérselos nos tocará abaratar nuestros precios y de que para abaratarlos habrá que recortar nuestros costes (laborales pero no sólo laborales: también, por ejemplo, el de los inmuebles), será un fracaso. Por eso, por cierto, las políticas keynesianas no funcionarán nunca en nuestro país: siguen tirando de demanda interna cuando debemos migrar hacia una economía exportadora.

Dentro de los costes laborales sólo hay tres partidas sustanciales a las que echarles el diente: salarios, cotizaciones de la Seguridad Social o indemnizaciones por despido. Ustedes dirán qué prefieren: probablemente en muchos sectores habrá que reducir, al menos, dos de esas tres. Pero la más sencilla, la que menos quebranto social causaría en una economía que volviera a generar empleo con fluidez, sería reducir las indemnizaciones por despido.

Otra cosa es que al final nos ofrezcan un nuevo tipo de contrato que apenas rebaje las indemnizaciones para los nuevos trabajadores y no para los ya existentes. En ese caso, seguiremos estancados, con un déficit público morrocotudo y con una deuda privada cada vez más cercana al impago. ¿Entienden por qué el capital sigue huyendo de España?

El diseño de la paz

Cuando el 28 de julio de 1914 el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, pocos imaginaron que lo que parecía una nueva guerra balcánica se terminaría convirtiendo en la Gran Guerra. Las alianzas entre Gobiernos y Estados se activaron con éxito y los esfuerzos diplomáticos de poco sirvieron, incluso las relaciones familiares entre los reyes y emperadores de las principales potencias enfrentadas fue inútil.

Llama la atención la cantidad de personas que piensan que las guerras se crean para enriquecer a unos pocos. La guerra es pura incertidumbre y entre tanta violencia es cierto que hay gente que se enriquece, pero no menos cierto que la gran mayoría se empobrece, sobre todo si la guerra es total. La planificación de la guerra es un oxímoron que a algunos les ha costado sus fortunas y a muchos más, sus posesiones o su vida. Una apuesta loca en la que casi sin querer hay que tomar partido, aunque sea solamente una posición moral.

Pero toda guerra tiene un corolario, la paz. No hay paz sin guerra, ni guerra sin paz y el intervencionismo de los Estados triunfadores se hace mucho más evidente en ésta que en el conflicto. Toda guerra tiene sus orígenes, reglas y consecuencias, diferentes entre sí. Cada una suele presentar cuestiones éticas y morales novedosas al amparo de su propia naturaleza, del desarrollo de la tecnología, de la estrategia y de las tácticas. La destrucción hace de la paz algo ansiado por aquellos que incluso al principio optaron por posiciones favorables al conflicto, pasando hipócritamente incluso al pacifismo. En periodo de paz, al fin y al cabo, las relaciones son mucho más sencillas o al menos con menor incertidumbre y la riqueza se puede crear, algo que en periodo de guerra es imposible.

La búsqueda de la paz se torna en un ideal, es bandera de muchas organizaciones e individuos, se convierte en principio moral y de esta manera legitima a quien la esgrime. Sobre esta legitimación moral se asientan instituciones estatales e intervencionistas que buscan incrementar su poder. En el caso de las instituciones ligadas al Estado, la legitimación se une al poder que de hecho ya tienen. Pero no todo proceso de paz implica necesariamente una mejora de las condiciones de libertad de la sociedad. En no pocos casos puede suponer un retroceso sobre las condiciones anteriores al conflicto.

La paz de París de 1919 fue uno de los experimentos de ingeniería social más nefastos de la historia de la humanidad y sus consecuencias las estamos pagando aún. Un acuerdo perpetrado por los ganadores de la Gran Guerra que en un acto de arrogancia propia de los grandes hombres de Estado, decidieron acabar con todos los conflictos bélicos del futuro.

Muchos fueron los errores que cometieron, el primero de ellos el fin de la propia guerra. Como el frente Occidental se convirtió en un una línea de trincheras que partiendo de Suiza atravesaba Francia y Bélgica hasta llegar al Canal de la Mancha, los alemanes nunca fueron conscientes en su propio país de los desastres de la guerra y la propaganda imperial impidió que tomaran una percepción real del conflicto. La sensación de traición y no de derrota fue una constante para todos los alemanes, tanto de izquierdas como de derechas, en la posterior República de Weimar cuyo servicio de propaganda también magnificó el montante de las compensaciones así como su efecto sobre la población.

La Gran Guerra supuso la desaparición de buena parte de los imperios que participaron en ella. Al paraguas de los Catorce Puntos del presidente americano Woodrow Wilson, los nacionalismos tomaron protagonismo frente a los individuos y los estadistas se dedicaron a reubicar las etiquetas que ellos mismos habían creado.

El Imperio Austrohúngaro se convirtió en una multitud de estados que se presentaron como víctimas en París, dejando a Alemania como “único” culpable de la guerra. El Imperio Otomano se convirtió en una República y buena parte de su territorio pasó a manos de las potencias ganadoras en forma de dominios y colonias. Británicos y franceses estaban más preocupados por defender los intereses de sus respectivos imperios, ya en decadencia, o en el caso galo, de vengarse de su vecino del este por hechos pasados como la Guerra Franco-Prusiana, que de intentar parar el idealismo intervencionista de uno de los peores presidentes americanos. Japón se benefició de la descomposición del imperio alemán, pero sobre todo dio alas al militarismo que le llevó a una expansión territorial por toda Asia.

La necesidad de crear entidades nacionales y estatales que incluyeran sociedades lo más nacionalmente puras generó un serio problema de minorías y de nacionalidades despechadas en Europa. Los judíos fueron excluidos del puzzle mientras que los armenios, masacrados por los turcos, simplemente fueron olvidados. El Imperio Ruso dio paso a la Unión Soviética tras unos años más de una guerra civil que provocó más muertes que toda la Gran Guerra. El antisemitismo, una lacra en toda Europa, aglutinó gran parte de la derecha y la izquierda en Alemania, y permitió, junto al nacionalismo germánico, el ascenso al poder de Adolf Hitler.

Casi todas estas entidades nacionales terminaron adoptando unos sistemas fuertemente estatalizados, mucho más férreos que los Imperios a los que sustituyeron, con el nacionalismo o la lucha de clases como religiones laicas. La era del Estado Totalitario había nacido a la sombre del idealismo de unos políticos que pensaron que con una regla, unos mapas y voluntad se podía encontrar el Paraíso en la Tierra. Esta vez, el sueño de la razón sí que había creado monstruos.

La seguridad, el gran monopolio estatal

La producción de seguridad es, sin duda, el monopolio estatal por excelencia que está aún vigente tras la gradual, aunque incompleta, apertura a la libre competencia de numerosas actividades económicas que han sido ejercidas en exclusiva por el sector público a lo largo del siglo XX en los países desarrollados.

La privatización de este servicio tan sólo se ha producido de forma parcial y muy limitada, y siempre bajo la estricta regulación sectorial impuesta por los poderes públicos. La razón a tales límites estriba en que la principal característica funcional del Estado consiste en el ejercicio monopolístico de la fuerza sobre un territorio determinado. Por ello, el poder político carece de incentivo alguno a la hora de posibilitar la existencia de cuerpos de seguridad privados que escapen a su control y dominio ya que, en esencia, constituirían una amenaza directa a la naturaleza estatal.

En este sentido, el Estado actúa a modo de pura mafia monopolística. La única diferencia entre un grupo criminal y el ente estatal radica, precisamente, en que el poder público actúa a modo de monopolio (ausencia de competencia) en su particular área de influencia, delimitada ésta por fronteras que separan y distinguen unos estados de otros. El Estado es el único ente legitimado para ejercer la fuerza contra sus ciudadanos.

¿Pero está justificada dicha legitimidad? A mediados del siglo XIX, Gustave de Molinari, en su artículo Sobre la Producción de Seguridad, ya desmontó los débiles cimientos sobre los que se sustenta el monopolio de la fuerza por parte del Estado.

1. En primer lugar, Molinari -perteneciente a la corriente del laissez-faire-, al igual que los autores de la Escuela Austríaca, partía de la premisa básica de que la sociedad, concebida como un orden espontáneo, se regía por una serie de leyes inmutables, esto es, un Derecho Natural universalmente válido.

Esta visión contrasta de forma radical con el constructivismo social, que ignora por completo la teoría evolutiva de las instituciones, de modo que el científico -a modo de ingeniero social- se cree capacitado para reorganizar a su antojo órdenes espontáneos muy complejos cuya formación y desarrollo deriva de la interacción de millones de seres humanos a lo largo de períodos de tiempo muy prolongados. Es decir, la sociedad y sus instituciones básicas (como el mercado, el derecho o el dinero), al no estar regidas por leyes naturales, son campo abierto para la intervención arbitraria de los gobiernos.

2. El hombre es un ser social por naturaleza, y la interacción con el resto de individuos le permite satisfacer sus necesidades (fines) gracias al libre intercambio y la división del trabajo (medios). Dentro de dichas necesidades, la seguridad, es decir, su vida y su integridad física y material (propiedad privada), ocupa un lugar preponderante dentro de su escala de valores subjetivos.

“Los hombres están interesados, ante todo, en preservar su existencia y los frutos de su trabajo”, señala Molinari. De ahí, precisamente, la necesidad natural de que surjan organismos (ya sean públicos o privados) que tengan por objeto garantizar a cada cual “la posesión pacífica de su persona y de sus bienes”.

3. Sin embargo, el Estado ha ejercido a lo largo de la historia el monopolio exclusivo del uso de la fuerza. Esto ha sido así, entre otros motivos, porque la producción de seguridad es una necesidad indispensable y, por lo tanto, altamente valorada por los individuos, con lo que constituye un bien susceptible de soportar una tasa de monopolio más alta (un precio más elevado). Por ello, pocos bienes, como es el caso de la seguridad, pueden caer “con tanta facilidad en el monopolio”.

En segundo lugar, la característica esencial del monopolio reside en que se ampara necesariamente en la fuerza. Y, en este sentido, pocos entes gozan de mayor poder que los propios gobiernos. Así, tal y como señala Molinari:

"¿Cuál es, en realidad, la situación de la persona que necesita seguridad? La debilidad. ¿Cuál es la situación de aquellos que se comprometen a proveerles la seguridad necesaria? La fuerza. Si fuese de otra forma, si los consumidores de seguridad fueran más fuertes que los productores, es evidente que prescindirían de su auxilio. Pero, si los productores de seguridad son, en su origen, más fuertes que los consumidores, ¿no sería sencillo para aquellos imponer un régimen de monopolio a estos últimos?"

En la práctica, el origen y perfeccionamiento del Estado, guarda sorprendentes similitudes con la violencia que ejerce cualquier mafia o grupo de vándalos bien organizado. Así, bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a supuestas amenazas externas e internas, el poder gubernamental se erige como la única fuente de legitimidad para legislar e imponer tributos dentro de los límites de un determinado territorio gobernado a modo de dominio exclusivo, tal y como expone el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta.

Según Molinari, el Gobierno ha garantizado -supuestamente- la seguridad a lo largo de los últimos siglos bajo la forma de “monopolio” o “comunismo”. El primer sistema se corresponde con el modelo del Antiguo Régimen, en donde el monarca o la clase aristocrática ejercía de un modo despótico el uso exclusivo de la fuerza, bajo la legitimidad que les otorgada una supuesta designación divina .

Sin embargo, con el paso del tiempo, “los consumidores, habiendo adquirido conciencia de su número y de su fuerza, se sublevaron contra el régimen de la pura arbitrariedad”. Los procesos revolucionarios experimentados en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia supusieron la caída del Antiguo Régimen y la instauración de un nuevo modelo en el que el citado monopolio fue sustituido por el “comunismo” de la seguridad.

Los consumidores emprendieron entonces “por su cuenta la gestión de esta industria y eligieron para este fin a un director de explotación asistido por un consejo (Gobierno representativo). Así fue como el comunismo sustituyó al monopolio”, explica Molinari. El monopolio de la seguridad fue, finalmente, sustituido por la “producción en común”, en referencia a la soberanía popular y los gobiernos de corte democrático.

Pese a todo, la clave es que, tanto uno como otro sistema político, siguen manteniendo el uso exclusivo de la fuerza, impidiendo así la libre competencia (privatización total).

"Los gobiernos monopolistas [monarquías] afirman haber obtenido esa autoridad [por la gracia divina], que les otorga el derecho de modificar o de rehacer la sociedad a su antojo, y de disponer como bien les parezca de las personas y de las propiedades, de Dios mismo; los gobiernos comunistas [democracias] afirman haber obtenido esa misma autoridad de la razón humana, tal y como se manifiesta a través de la mayoría del pueblo soberano."

4. Todo ello, sin embargo, viola directamente el Derecho Natural. Molinari articula su razonamiento contra el monopolio y el comunismo en la producción de seguridad en base a la siguiente secuencia lógica de carácter axiomático:

  • Que en todos los casos, y para todos los bienes que sirven para satisfacer las necesidades materiales o inmateriales del consumidor, el interés del consumidor consiste en que el trabajo y el intercambio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y de intercambio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción del precio de las cosas.
  • Que el interés del consumidor de cualquier bien debe prevalecer siempre sobre el interés del productor.
  • Que la producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer sometido a la ley de la libre competencia.
  • Que ningún gobierno debe tener el derecho de impedir a otro gobierno entrar en competencia con él, o de obligar a los consumidores de seguridad a dirigirse exclusivamente a él para obtener este servicio.

El Derecho Natural establece la libre competencia como prerrequisito fundamental para el desarrollo económico y social, y como ley natural ha de ser válida para todo momento y lugar, sin excepción, de modo que afecta igualmente al ámbito de la seguridad, con lo que la potestad monopolística carece de justificación ética y moral.

Asimismo, cabe preguntarse si la producción comunista es superior o no a la producción privada. Tal y como demostró décadas después Ludwig von Mises, el fracaso del comunismo reside en la imposibilidad del cálculo económico. Pero, curiosamente, Molinari, a mediados del siglo XIX, ya advertía sin ambages la superioridad del libre mercado con estas palabras:

O bien la producción comunista es superior a la producción libre, o no lo es. Si lo es, no lo es sólo para la seguridad, sino para todas las cosas. Si no lo es, el progreso consistirá inevitablemente en reemplazarlo por la producción libre. Comunismo total o libertad total, ¡he ahí la alternativa!

5. Así pues, ¿debe ser la seguridad un servicio privado? La respuesta inequívoca es sí. No existe justificación teórica ni práctica para que el Estado mantenga bajo su dominio absoluto la producción de un bien tan esencial para el individuo como la provisión de seguridad, por lo que debe abrirse a la libre competencia y regirse por sus leyes.

La visión de Molinari en este ámbito resulta sorprendente, no sólo por su solidez teórica sino también por el acierto y concreción de sus propuestas e, incluso, por su capacidad de prever un debate que, en la actualidad, goza de plena vigencia en la esfera política, social y académica. De este modo, la “organización natural” de la industria de la seguridad no se diferenciaría del resto de actividades económicas, con el consiguiente beneficio y ventajas para los consumidores.

El PP adelanta por la izquierda al PSOE

…tras la aprobación del primer recorte de gasto público –apenas 15.000 millones de euros adicionales hasta 2011– del Gobierno de Zapatero.

Resulta inaudito que el principal partido de la oposición, el mismo que se vanagloria de ocupar un inexistente centro ideológico y que, por lo tanto, debería escorarse mínimamente a la derecha del PSOE, defienda a capa y espada el mismo discurso de los sindicatos y los grupos de extrema izquierda contra el decreto antidéficit. Los populares han optado por el populismo barato y fácil ante las expectativas de poder arrasar en unas hipotéticas, aunque poco probables, elecciones generales anticipadas.

Ahora bien, ¿se trata de una artimaña electoralista o hay algo más? Si dejamos de lado las engañosas siglas ideológicas, los hechos, es decir, las votaciones en el Congreso, demuestran que, hoy por hoy, los populares se sitúan a la izquierda de los socialistas en política económica. Por desgracia, el PP es más progre que el PSOE. De hecho, en la actualidad, representa a la auténtica izquierda de este país.

Pero vayamos a los datos. Si bien es cierto que desde el verano de 2008 los populares han lanzado duras críticas contra las medidas anticrisis de Zapatero, no es menos cierto que dichas arengas han quedado reducidas a meras soflamas políticas carentes de valor, tal y como han demostrado con sus votos: el PP no votó en contra del Fondo de Adquisición de Activos ni del Fondo de Rescate Bancario (FROB); el PP no votó en contra del Plan E; el PP no votó en contra del rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM); el PP no votó en contra del Plan 2000E para subvencionar la compra de vehículos; el PP no votó en contra del PER nacional; el PP no votó en contra del denominado Pacto de Zurbano…

En resumen, el PP ha apoyado con sus votos los planes estrella del PSOE para combatir la crisis económica con lo que, al menos en parte, también es culpable de la delicadísima situación que sufren las cuentas públicas españolas. Y lo peor de todo es que los populares han rechazado el primer recorte de gasto público que ha adoptado Zapatero desde 2004 –aunque en realidad venga impuesto por Bruselas.

¡Bravo! Valiente posición la de Rajoy, ya que si votan a favor del despilfarro y en contra del recorte, resulta evidente que las bases populares acaban de asistir al mayor giro izquierdista dado por un partido supuestamente conservador en la historia reciente de España.

Pero aún hay más. El PP, en un acto de coherencia plena con su actual diatriba progresista, avanza ya su posicionamiento de cara a la inminente reforma laboral que prepara el Gobierno. Atención a la palabras del vicepresidente de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons: "A este paso [Zapatero] va a ser el primer presidente de Gobierno de la historia que instaure el despido libre en España"; "El PP nunca votará a favor del despido libre"; "Lo que hay que hacer no es facilitar más el despido, sino facilitar más la contratación".

Es decir, a la vista de este tipo de declaraciones, el PP se opone al abaratamiento del despido, tal y como reclaman desde hace años los empresarios. La ignorancia de Pons en esta materia es, cuanto menos, alarmante. En primer lugar, el despido libre ya existe en España, al menos en el sector privado, ya que los funcionarios tienen el puesto garantizado de por vida; y en segundo lugar, el coste del despido es, junto a la elevada tributación laboral (cotizaciones a la Seguridad Social), el mayor obstáculo que sufren los empresarios para aumentar la contratación indefinida.

Y por si alguien aún tiene alguna duda sobre el izquierdismo popular, una última perla del camarada Pons fuera ya del ámbito estrictamente económico: "El cambio climático o es verdad o una gran idea"; debemos crear una "nueva cultura del consumo y del reparto de recursos"; "podemos ser la especie elegida o la mayor plaga que ha conocido la Tierra"… Sin comentarios.

BA y el ‘privilegio a la huelga’

Está previsto que la huelga termine el 9 de junio, lo que implica 20 días de parón. La huelga de marzo costó a la compañía 45 millones de libras, y a los pasajeros, engorrosas cancelaciones y retrasos. Si sumamos las consecuencias del volcán (un coste de 183 millones de libras, superior al de sus rivales), BA pasa por muy mal momento.

La aerolínea está intentando recortar costes para ser competitiva. El sindicato Unite, que agrupa a la mayoría de los empleados, protestó ante los planes de la empresa de reducir el número de tripulantes en los vuelos de largo recorrido, congelar los salarios durante dos años, y reducir los salarios de los tripulantes entrantes. Muchos de los cambios han sido acordados durante la negociación, con concesiones, pero el sindicato sigue en pie de guerra porque la dirección quiere negar vuelos gratuitos y otros extras a los huelguistas.

Para empezar, la tripulación de British Airways es la mejor pagada del país, con bastante diferencia respecto a otras aerolíneas como Virgin o Easyjet. Que en un contexto tan precario para la compañía el sindicato aún se crea en posición de frenar reducciones de coste ilustra que la mentalidad de funcionario ha sobrevivido a la privatización.

Pero independientemente de las condiciones contractuales de la tripulación, el problema es el mal llamado derecho a la huelga, que no es sino el privilegio de coartar al empresario con la ayuda del Estado. Es un “derecho” a gandulear y a quejarse sin que la compañía pueda despedirte. Sin duda, el empleado tiene derecho a no trabajar y a protestar cuanto quiera, pero el empresario debería tener un derecho simétrico a despedirle sin tener que pagarle una compensación inasequible impuesta por el Estado. Por añadidura, y gracias a los laboristas, los contribuyentes ingleses pagan salarios de los sindicalistas (y los de los jefazos no salen baratos…).

No cabe apelar a la subordinación del trabajador al “capital”, como si no tuviera libertad para irse a otra empresa que le ofrezca mejores condiciones (y tenderá a hacerlo si es productivo y está mal pagado).  Si contratáramos a un empleado para nuestra tienda, y en el momento de la renegociación del contrato nos amenazara con dejar de trabajar 20 días si no le pagamos más, ¿no nos parecería un abuso?

Parte de la tripulación de British Airways es más sensata y no secunda la decisión del sindicato. No habrá cancelaciones en Gatwick ni en el London City Airport, y se espera que sean operativos más de la mitad de los vuelos de Heathrow. Pero la huelga hará daño igualmente y la falta de acuerdo produce incertidumbre. ¿Quién va a reservar con British Airways este verano?

Los ojos y la demagogia de González Pons

…cabía sostener que, en el fondo, los populares habían actuado conforme a los intereses del país: la economía sufriría un shock a muy corto plazo pero a cambio Zapatero sería derrocado y con él nuestro principal lastre para recuperarnos a largo plazo.

El argumento no me convencía, entre otras cosas porque se estaba acusando a ZP de ser demasiado poco rojo; sólo nos faltaba que la oposición in toto le exigiera que se alejara de la ortodoxia bruselense y regresara a sus esencias manirrotas para tramitar un proyecto de ley consensuado con comunistas, socialistas y demás ralea. Vamos, seguro que habría padecido indecibles sufrimientos.

Pero defendible como podía ser este argumento, el derrotero populista que está siguiendo en estos días el PP ya resulta del todo absurdo y perjudicial para los intereses nacionales sin ningún género de dudas. González Pons, el que se vanagloria de poder mirar a los ojos de un pensionista y decirle que no votó por congelarle la pensión (aunque se guardará de decirle que si implementaran esta estrategia desde el Gobierno nos conduciría a todos a la quiebra, incluido al pensionista y a sus vástagos), ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley para que el ajuste de Zapatero no afecte a los pensionistas. Ya se sabe que ocho millones son muchos votos en juego como para que el partido que se espera que gobierne España más pronto que tarde se abstenga de comportarse exactamente igual que cuando el PSOE sacaba a pasear los dóbermans.

Pero en este punto conviene decir las cosas claras, pues el PP está empleando esa treta que tan bien y tan a menudo utilizan los socialistas para confundir los deseos con la realidad. Por supuesto, a todos nos encantaría que nuestros jubilados cobraran unas pensiones no de 800 euros, sino de 5.000 euros. Nadie negará que muchas de las pensiones que se abonan hoy en España son de auténtica miseria, pese a tratarse del único sustento que les queda a una parte sustancial de nuestros pensionistas.

El problema es que no somos lo suficientemente ricos como para permitirnos más que esa miseria. El problema es que tenemos un sistema de Seguridad Social asentado en un auténtico fraude piramidal a la Madoff que impide a las clases medias crearse un patrimonio a lo largo de su vida laboral y los convierte en dependientes de las exacciones que en el futuro se practiquen sobre una menguante población joven.

Pocas dudas caben de que ante la auténtica avalancha de jubilados que presenciaremos en los próximos 15 y 20 años la Seguridad Social no puede ya incrementar más las pensiones. De hecho, es probable que ni la congelación valga para hacer sostenible el sistema y haya que rebajarlas mediante ciertos estratagemas como prolongar la edad de jubilación, alargar a toda la vida laboral el período de cómputo y calcular la pensión en función de un porcentaje que dependa del número de años trabajados.

El PSOE lo sabe, el PP lo sabe, incluso IU lo sabe. Y, sin embargo, ninguno plantea a las claras este debate. De hecho, los populares están basando su labor de oposición no en exigir la supresión de muchas de las partidas de unos insostenibles presupuestos o en reclamar una reforma inmediata de las pensiones (por ejemplo, favoreciendo la transición a un sistema de capitalización), sino en provocar que el sistema se vuelva todavía más insostenible de lo que ya es.

Tras sufrir unos políticos como éstos, a Grecia ya le están pidiendo que reduzca sus pensiones un 50%. ¿Podrá González Pons mirar a los ojos de los pensionistas de dentro de 20 años y decirles “yo contribuí a que la Seguridad Social no pudiera ni abonarte unas pensiones de miseria por las que estuviste cotizando con un tercio de tu salario durante 40 años”? Diría que no, porque lo que se estila en el político es la demagogia y no la honradez. La cuestión, sin embargo, no es qué hará en dos décadas González Pons mientras esté disfrutando de su jubilación de oro, sino si creen que con semejante discurso ganan enteros como alternativa de gobierno incluso frente al que es el Gobierno más nefasto de nuestra historia. En lo que a mí respecta, desde luego no.

Bastiat, el mejor divulgador del liberalismo

Tal y como expresa Carlos Rodríguez Braun en el excelente prólogo que acompaña a esta edición, "pasmo suscita la obra de Bastiat",

un autodidacta cuya carrera duró apenas seis años, pero que alcanzó a convertirlo no sólo en el mejor divulgador del liberalismo de todos los tiempos, sino también en un pensador interesante.

Estas Armonías son quizás la mejor muestra de la afirmación del profesor Rodríguez Braun. En primer lugar, porque son la obra incompleta de un autor al que su temprana muerte (en Roma y en 1850, cuando apenas tenía 49 años) no le permitió desarrollar por completo su pensamiento. Pero también porque este libro, que no pudo terminar, podría haber marcado una nueva etapa en su producción. Al extraordinario propagandista que había demostrado ser en escritos anteriores como "La ley" o "Lo que se ve y lo que no se ve" se une aquí el pensador que disecciona de forma sistemática la mayor parte de los temas de la ciencia económica.

La mezcla no puede resultar más explosiva, puesto que su agilidad estilística, su perspicacia a la hora de denunciar las trampas del intervencionismo estatal y su clara contundencia al exhibir las virtudes de la libertad se complementan con su análisis detallado de las teorías entonces vigentes sobre cuestiones como el valor, el comercio, la riqueza, el capital, el ahorro o la guerra.

Por eso, este libro puede leerse, tal y como explica Rodríguez Braun, como un complemento perfecto a los Sofismas económicos, también de Bastiat: mientras que este último título era una devastadora crítica del socialismo, las Armonías procuran "construir un sistema de pensamiento" que, desgraciadamente, no pudo completar. Eso sí, los veinticinco capítulos que han llegado hasta nosotros son suficientes para colocar a nuestro autor entre los más interesantes pensadores liberales de su época.

Bastiat comienza defendiendo las virtudes del libre mercado con la imagen de un carpintero de pueblo que cada mañana se levanta y tiene a su disposición una plétora de bienes (desde la madera con la que trabaja hasta la comida que se lleva a la boca, pasando por el lino con el que se hace la ropa) que no podría fabricar por sí mismo ni aunque emplease toda su vida en ello. Nuestro hombre defiende la libertad frente a aquellos que "se dan ínfulas de sabio y están fascinados con la supuesta belleza de su proyecto político ideal". He aquí el enemigo principal. Como Hayek más de un siglo después, Bastiat ataca con decisión esa fatal arrogancia que lleva a los intervencionistas a creer que las sociedades generadas en sus mentes serán superiores, económica o moralmente, a las realmente existentes.

Bastiat se rebela contra esta pretensión y aboga por los órdenes espontáneos propios de las sociedades libres. Tal y como expone el pensador francés, cuando las relaciones son libres, sus frutos son armónicos, mientras que cuando interviene la coacción se producen innumerables efectos no deseados que perjudican a quienes se trata, supuestamente, de defender.

Es éste un mensaje que sigue tan vigente ahora como en vida de Bastiat. No sólo el fondo, también la forma resulta extraordinariamente cercana. La escritura del francés es ágil, y su forma de abordar los temas, de una modernidad sorprendente. Por eso, ésta es una obra de muy fácil lectura para el público actual, y un magnífico libro de iniciación al liberalismo clásico.

FRÉDÉRIC BASTIAT: ARMONÍAS ECONÓMICAS. Instituto Juan de Mariana (Madrid), 2010, 438 páginas. Prólogo de CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN.

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Pinche aquí para escuchar la entrevista que MARIO NOYA hizo en LD LIBROS a GABRIEL CALZADA, presidente del IJM, a cuenta de la publicación de ARMONÍAS ECONÓMICAS.

Los ricos somos nosotros

Esos ricos… si por fin consiguiésemos encontrar a ese político valiente, justo, solidario; a ese elegido que fuese capaz de quitar a los ricos esas riquezas que han atesorado y repartirlas entre el pueblo, viviríamos felices, con todas nuestras necesidades cubiertas…

Y todo, repito todo,  sería gratis. La educación, la sanidad, la cultura, el deporte…Todo. El gobierno, con el dinero que quitaría a los ricos, nos daría al resto todo tipo de  “ayudas”, cheques bebe, cheques de emancipación, subvenciones de viaje, becas, créditos sin interés para montar negocios, negocios que nunca quebrarían pues siempre podrían contar con el respaldo del estado…

Se crearían empresas en las cuales no se pudiese echar a nadie, con los puestos de trabajo garantizados de por vida. Pero el dinero de los ricos no solo ayudaría al trabajador. También al empresario. Con el dinero de los ricos se podrían subvencionar todo tipo de actividades que diesen trabajo a las empresas. Y éstas trabajarían para el bien de la sociedad. Desde plantas solares y molino eólicos a coches eléctricos, uno para cada ciudadano, lo que haga falta para combatir el cambio climático.

En los colegios, un ordenador para cada niño, clases multimedia con todo tipo de avances tecnológicos para preparar a los más jóvenes para la universidad, por supuesto gratuita, en la que aprenderían a ser médicos, ingenieros, arquitectos o licenciados en estudios de genero… o, si lo prefieren, artistas, liberados sindicales, animadores culturales, perroflautas o técnicos en medio ambiente. Que estudien lo que quieran, o que no estudien, pues con el dinero de los ricos tendrían garantizado un sueldo digno… y una vivienda social.

Unos servicios médicos de primer nivel, sin colas, sin esperas, por supuesto sin copago, en los cuales nos sentiríamos todos como reyes (sin necesidad de que nos cambiasen el logo de las sábanas).

Unos medios de comunicación generosamente subvencionados, que no dependiesen ni del dinero de los anunciantes, ni de la dictadura de la audiencia. Información social, solidaria.

Y por supuesto se acabaría con la pobreza y la explotación en el tercer mundo. Con el dinero de los ricos innumerables, las ONG podrían desarrollar miles de programas de ayuda, con nuestros jóvenes solidarios visitando países exóticos, construyendo escuelas, hospitales, dando conciertos solidarios, construyendo ese “otro mundo posible”…

Es fácil. El paraíso está la vuelta de la esquina. Solo hay que quitar el dinero a los ricos, a los que más tienen…

Pero hay un problema.

Los ricos somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Es nuestro dinero el que nos están quitando…

Y en el momento que se acabe, se acabó la fiesta.

Mariana y los impuestos

En estas semanas marcadas por el debate sobre la subida del IVA, no está de más que recordemos algunas ideas del pensamiento escolástico acerca de la fiscalidad y los impuestos. Sin entrar en las cuestiones actuales sobre si procede o no subir esos puntos del IVA o modificar otros impuestos, me gustaría recordar primero algunas consideraciones al respecto del P. Juan de Mariana, para añadir después un comentario más general sobre la novedosa perspectiva tributaria de los Doctores de Salamanca.

Pronto tendremos ocasión de leer la edición trilingüe del De monetae mutatione que prepara este Instituto; y que comienza en sus dos primeros capítulos explicando con firmeza que “el Rey no es dueño de los bienes particulares de sus vasallos”, por lo que, lógicamente, conforme a derecho y justicia, debe “tomar el beneplácito del pueblo para imponer en el reino nuevos tributos y pechos”. En seguida derivará su argumento hacia lo que constituyó el objetivo de ese librito: criticar la alteración monetaria que practicaba el gobierno de Felipe III por ser causa directa de subida de los precios; juzgando inmediatamente (con enorme perspicacia) que tal inflación era injusta por ser un impuesto oculto, no votado en las Cortes. Me parece de gran actualidad esta frase con la que inicia el capítulo segundo: “Algunos tienen por grande sujeción que los reyes, cuanto al poner nuevos tributos, pendan de la voluntad de sus vasallos…”. En fin, que todavía tenemos mucho que aprender de aquellos viejos maestros.

Por ejemplo, podemos descubrir que adelantaron algunos de los que consideramos principios tributarios actuales, siguiendo la clasificación de Fritz Neumark. Así lo explicaba recientemente el profesor Julio Revuelta, de la Universidad de Cantabria, en el Seminario Laureano Figuerola (URJC) del que ya les he hablado en otra ocasión. Revuelta presentó un artículo elaborado junto a Luis Perdices, buen conocedor de los salmantinos, en el que sostienen que al menos ocho de los dieciocho principios que debe cumplir un sistema tributario moderno, ya quedaron expuestos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII.

Sabemos que, desde Adam Smith, fue habitual que en los manuales de Economía Política apareciera una parte consistente sobre Tributación. El mismo profesor de Glasgow señaló cuatro principios: economicidad, certeza, comodidad y justicia. Y con el paso del tiempo se fue alargando la lista hasta los dieciocho que recogería Neumark en sus Principios de imposición (1970). Pues bien, lo que sostiene el profesor Revuelta es que en los diversos textos de la Escuela de Salamanca al menos aparecen bien explicadas estas ocho condiciones: la suficiencia, la generalidad, la capacidad de pago (o proporcionalidad), la redistribución, el menor impacto sobre los agentes y los mercados, que favorezca el crecimiento económico, la continuidad y la economicidad en la recaudación.

No es el caso explicar pormenorizadamente todos ellos, ni señalar las citas de los autores referidos (entre los que Mariana aparece repetidamente). Pero sí me parece una confirmación más de la moderna visión económica con que los doctores de Salamanca intuyeron un orden de mercado libre, al igual que por ejemplo en su teoría sobre el precio justo, el valor de los bienes, o la paridad del poder adquisitivo de las divisas. Y todo ello manteniendo algunos principios que no iría mal recordar a muchos gobernantes actuales: que es preciso respetar un orden moral en los comportamientos privados y en la convivencia entre los hombres; y que también es preciso escuchar (más) la opinión de los ciudadanos por parte de quienes detentan el ejercicio del poder.

Órdenes y prohibiciones sobre aspiraciones y bienestar

Los enemigos de la libertad, mal camuflados por múltiples capas de presunta bondad que no pueden ocultar su profunda estulticia, no se limitan a indicarnos qué debemos o no podemos legalmente hacer. Eso ya no les basta: ahora nos señalan qué debemos querer, qué puede y no puede hacernos felices.

Cristovam Buarque, ex ministro de Educación brasileño y actual senador, asegura que la solución para los problemas de la pobreza y las desigualdades, que según él crea la globalización, es “la educación. El pueblo no debe aspirar a tener todos el mismo coche, sino las mismas oportunidades”. No está claro si quiere decir que la educación consiste en manipular la voluntad de la gente para que quieran lo que dictaminen los gobernantes (él mismo y sus cofrades), o si simplemente está dando órdenes a sus súbditos sobre aquello a lo que deben aspirar, en este caso la igualdad de oportunidades mediante la educación. Pero seguro que todos haremos un esfuerzo para entender al mandamás, redirigir nuestras aspiraciones y así cumplir con nuestro deber como pueblo (en eso consiste ser ciudadano en un colectivo político, ya que ser consumidor en un mercado libre es muy malo, como vamos a ver a continuación).

El antropólogo estadounidense Erik Assadourian, presunto “estudioso de la sostenibilidad como modelo de futuro”, ha dirigido el informe anual del World-Watch Institute “La situación en el mundo 2010: Del consumismo a la sostenibilidad” (la misma basura intelectual reciclada de todos los años). Tras haber investigado la psicología del consumo (o eso cree él), afirma que “la felicidad o el bienestar no pueden depender del consumo; al revés, el consumismo mina el bienestar, porque te obliga a trabajar más para consumir más, en una carrera sin fin”.

Está claro que no todos los ascetas alcanzan la iluminación intelectual. Algunos necios no se conforman con llevar vidas sencillas y dejar vivir a los demás: tienen que decirle a todo el mundo qué puede y qué no puede hacerles felices. Porque según ellos quienes se esfuerzan en trabajar y producir riqueza, pobres tontos, en realidad actúan contra sus propios intereses, no consumen sabiamente sino que derrochan: son víctimas inermes de la publicidad, que les inocula el consumismo de forma agresiva, y encima al volcarse en él con frenesí condenan al mundo al colapso ecológico (y luego se quejan de que les llamen catastrofistas y apocalípticos).

Estos cobardes no suelen atreverse a señalar a una persona concreta y criticarle por su consumismo irresponsable. Tampoco mencionan ningún anuncio particular que nos anime simplemente a consumir sin más. Tal vez porque no existen, excepto quizás en las recomendaciones transformadas en intervenciones coactivas de esos que se creen economistas e insisten en animar a la gente a consumir más y más para así poder mantener la mítica demanda agregada.

Se trata de patéticos profetas que se limitan a condenar y criticar a bulto desde su autoadjudicada posición de superioridad moral. Así, Assadourian juzga a los países nórdicos, ejemplo para muchos de sociedades del bienestar: “Son los peores ejemplos posibles, ese bienestar tiene un altísimo coste ecológico”; y propone como modelo el reino de Bután, paraíso de la felicidad por decreto. Y es que les encanta poder decretar por ley cómo ser o no ser feliz: especialmente si es siendo pobre.

Su profundidad intelectual queda retratada al recomendar la película “Avatar” como “un mensaje que puede calar en los jóvenes, el del mundo en armonía, sostenible”: es lo que tiene no saber distinguir la realidad de la ficción (porque la ciencia de esa película es mala con ganas); no es extraño que intenten engañar a las mentes menos preparadas. También celebra la nueva televisión sin anuncios de RTVE, “un modelo a seguir”: es una lástima que no tenga que pagarla él solito.