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Sexagésimo aniversario de la declaración Schuman

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

A las 6 de la tarde del 9 de mayo de 1950, en el Salón del Reloj del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, tuvo lugar uno de los discursos más transcendentales en la historia de la Unión Europea. Robert Schuman, ministro francés de Asuntos Exteriores, fue el encargado de leer la que sería conocida como Declaración Schuman, en la que se hacía un llamamiento a la paz mundial, a la integración europea y a su puesta en marcha mediante realizaciones concretas. Esa realización concreta se plasmaría en la puesta en común de la producción de carbón y acero y su sometimiento a una autoridad supranacional.

Apenas un año después se firmaría el Tratado de París, que daría lugar a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La experiencia sirvió para que en 1957 se firmasen los Tratados de Roma, que darían lugar al nacimiento de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Hoy, sesenta años después, resulta casi inevitable hacerse la pregunta de si el proceso iniciado con dicha declaración ha sido positivo o no. Para ello debe analizarse el contexto histórico en la que se produjo: cinco años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con Alemania aún ocupada, en plena Guerra Fría y mes y medio antes de que se iniciase la Guerra de Corea. En este contexto no extraña que la primera frase del discurso sea que “la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan”.

En búsqueda de esta paz, se rescataron las ideas del Conde Richard Coudenhove-Kalergi sobre la integración europea como forma de evitar enfrentamientos bélicos. No obstante, y probablemente influidos por fracasos anteriores como la Unión Federal Europea, se abandona la idea de realizar una integración en todos los sentidos. Así, en el discurso se deja clara la idea de que “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas”, motivo por el que se inicia dicha integración por elementos tan concretos como el carbón y el acero. Creando un mercado único, que comenzase por estos productos, se pretendía evitar futuras tensiones bélicas.

Parece claro que el objetivo fundamental de la Declaración ha sido un éxito, al no haberse producido ningún enfrentamiento bélico entre los países integrantes de la Unión Europea (aunque, por ejemplo, los conflictos de los Balcanes haya afectado a países en aquel entonces no miembros). Por otro lado, la “fusión de los mercados” de los países que integran la UE ha sido un hecho. Basta con acudir a cualquier supermercado para poder adquirir productos de distintos países que en principio circulan por los países miembros sin ningún tipo de obstáculo. Por tanto los organismos herederos de la alta autoridad propugnada en la Declaración Schuman, parecen haber logrado evitar el nacionalismo económico de los gobiernos de los respectivos países miembros, que normalmente hubiesen recurrido a barreras arancelarias y no arancelarias, para obstaculizar la entrada de productos de países competidores.

No obstante, pese a sus innegables logros, también pesan sombras sobre la actual Unión Europea. El viejo problema de Quis custodiet ipsos custodes? sigue siendo válido. Es cierto que las autoridades supranacionales de la UE vigilan y ponen en marcha mecanismos para, por ejemplo, tratar de impedir que las autoridades nacionales recurran al establecimiento de barreras no arancelarias que limiten la libre circulación de mercancías. No obstante no existe ningún impedimento para que las autoridades comunitarias puedan establecer dichas barreras frente a terceros países, o que los requerimientos sanitarios, técnicos o medioambientales que establezcan favorezca a determinados grupos de presión, creando barreras legislativas anteriormente inexistentes y de difícil justificación.

También debe reseñarse que el procedimiento legislativo resulta complejo, lento y sometido a múltiples variantes (procedimiento legislativo ordinario o de codecisión, procedimiento legislativo especial de consulta y de dictamen conforme), lo que unido a la multiplicidad de organismos y el mecanismo de elección de los miembros, a veces elegidos por sufragio, a veces por los representantes de los países miembros, hace difícil determinar quién debe ejercer el control sobre la compleja administración europea y a quién debe rendir cuentas ésta.

El alejamiento de estos organismos de los problemas reales europeos queda patente en distintos informes y legislaciones, que centran sus esfuerzos en temas no relacionados con el mercado único, y que obstaculizan y dificultan la producción de bienes y servicios en el seno de la UE. Por otro lado, la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales en algunos campos, como los servicios, presenta obstáculos legales, por lo que la fusión de mercados, que en un principio se planteó, no se encuentra en el estado en que debiera encontrarse sesenta años después de las palabras de Schuman.

Por lo tanto, en este sexagésimo aniversario, cabe celebrar, sin duda los aspectos positivos que ha introducido la Unión Europea, pero sin olvidar las dificultades y complejidades añadidas que ha supuesto y que suponen un obstáculo para la recuperación económica.

Un sencillo plan para acabar con el déficit

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

…propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.

Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

  • Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 19.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
  • Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
  • No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
  • Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
  • Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
  • Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
  • Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
  • Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
  • No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
  • Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
  • Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
  • Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
  • Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.

Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.

Un plan contra la prensa libre

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los sectores que con mayor dureza ha sufrido los efectos de la crisis económica ha sido, sin duda, el periodístico. Es algo lógico si se tiene en cuenta que, en los momentos duros, el primer gasto que las empresas reducen o eliminan es el referido a la comunicación en sus diversas vertientes. Esto incluye, por supuesto, la publicidad.

De esta manera, los periódicos, radios y televisiones ven reducida su principal fuente de ingresos y deben reducir costes para poder sobrevivir. La pérdida de puestos de trabajo se cuenta por miles y muchas empresas periodísticas afrontan un futuro cargado de dificultades, en el cual el cierre no se puede descartar.

Así las cosas, los editores de periódicos en papel españoles creen haber encontrado una solución al problema: que el Estado acuda al rescate. En la bautizada como "Declaración de Zaragoza", piden la puesta en marcha de un Plan Nacional de Apoyo a la Prensa "en el que intervengan todas las administraciones públicas, lideradas por la Administración Central, que ayude al sector a encontrar su futuro, a reforzar su papel social y a construir un nuevo modelo sostenible".

Como siempre que los empresarios de un sector pretenden que la Administración apruebe ayudas para sus compañías o medidas destinadas a favorecerlas, aducen al "bien común". Por sistema, sostienen que el objetivo es el beneficio del conjunto de la sociedad, no en el suyo propio. La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEPP) no es una excepción. Arrancan su Declaración asegurando que la prensa "no es sólo un sector económico que genera riqueza y empleo; es además un pilar fundamental de las sociedades democráticas y de nuestro sistema de libertades. Es, en suma, un bien esencial y de interés público".

Pide la AEPP que dicho plan "debe fomentar la calidad y competitividad de los medios, de las empresas y de todos los profesionales" y que incluya "procedimientos eficaces de financiación", entre otras muchas cosas. No se plantea que, precisamente, las políticas públicas destinadas a ayudar a un sector concreto terminan destruyendo su calidad y competitividad y lo convierten en dependiente de los favores del Estado.

Esto sería especialmente cierto en el sector de los medios. Al entrar en juego el acceso a ayudas o a "procedimientos eficaces de financiación", los medios perderían en gran medida el nivel de independencia del poder político que tienen en la actualidad. La pérdida que eso supondría en términos de pluralismo informativo y de opinión sería inmensa. Los editores finalizan su Declaración asegurando: "Este plan, en definitiva, ha de ser la piedra angular de la prensa para que siga sirviendo en el futuro a la sociedad libre y democrática". Se equivocan. De ponerse en marcha dicho plan, el efecto sería el contrario.

Pero, ¿qué pasaría con los pobres?

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Es también el argumento socialista más habitual contra las tesis liberales, casi siempre aderezado con alardes de compasión e insinuaciones de insensibilidad.

Los liberales, como si hiciera falta aclararlo, no defendemos que se deje morir de hambre a los pobres ni somos indiferentes a su suerte. Esto son cuentos progres para espantar a los incautos. Lo que nos distingue de los estatistas es que, aparte de hacer menos demagogia, apoyamos la ayuda voluntaria, la solidaridad genuina, por encima de la redistribución forzosa. Consideramos que la función asistencial corresponde a la familia, los amigos, las fundaciones, las ONGs, la Iglesia, los programas de responsabilidad social de las empresas… Los intervencionistas, en una muestra de poca imaginación, parecen quedarse en blanco si les quitas el comodín de los "derechos sociales".

Pero vamos a conceder, a efectos dialécticos, que el cuidado de los pobres necesita de la intervención pública. De ahí no se sigue en absoluto la necesidad o conveniencia del Estado del Bienestar. La objeción de los pobres no es un argumento en contra de la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones, en todo caso es un argumento a favor de un sistema de deducciones o cheques para la minoría con menos recursos.

La auténtica tragedia del Estado del Bienestar no es que le quite dinero a Pedro para dárselo a Juan, sino que se lo quite a Pedro para dárselo otra vez a Pedro en forma de servicios públicos de los que, si puede, huye. Si se tratara de subsidiar a los pobres, la factura sería modesta. Es la redistribución horizontal, que no tiene ninguna justificación de equidad ni de eficiencia, la que conforma el grueso del Estado del Bienestar. Con la excusa de atender a los más pobres, el Estado nacionaliza el sector entero, imponiendo sanidad, enseñanza y pensiones públicas a toda la sociedad.

Tomemos la educación, por ejemplo. Si estuviera privatizada y desregulada, la competencia entre escuelas para conseguir el favor de los padres abarataría los precios y mejoraría la calidad. "¿Pero no habría que garantizar unos estándares mínimos?"; "¿Qué sucede con las familias con pocos recursos?". A lo sumo, la respuesta a estas preguntas sería unos controles de calidad que excluyeran modelos educativos muy controvertidos y un sistema de cheques o deducciones para las familias menos pudientes.

En ningún caso se sigue la necesidad de establecer un Ministerio de Educación que imponga a todo el alumnado del país un sistema uniforme sufragado con impuestos, no-competitivo, con un mismo currículum y modelo docente. Es la diferencia entre un libre mercado de alimentos con controles de calidad mínimos, como el que tenemos hoy en día, y una industria alimenticia nacionalizada con un Ministerio de la Alimentación que impone la misma dieta a todos.

Los estatistas hablan del "derecho a la comida" o el "derecho a la sanidad"" como si pudieran comerse o curarte, pero lo que cuenta no son las declaraciones de intenciones impresas en papel (de estas hay muchas en la Constitución cubana) sino comer y tener buena salud. Y es el mercado el que produce comida de forma más eficiente para el mayor número de personas, y lo mismo ocurriría con la sanidad si el Estado lo permitiera.

Es extraordinaria la credulidad de algunos. El Estado afirma que "ayuda a los pobres" y se lo creen sin dudar. La prueba de sus bondades no son los resultados de un decreto sino su mera promulgación. Pero, ¿por qué tendrían los gobernantes que preocuparse de los más pobres, que carecen de peso político, en lugar de fingir hacerlo y servir en realidad a otros grupos de presión?

El salario mínimo y las regulaciones laborales elevan el coste de emplear a alguien, reduciendo los salarios de los trabajadores y condenando al paro a los menos productivos. Las licencias y los permisos para entrar en un sector restringen la competencia y encarecen servicios como la sanidad o los transportes metropolitanos. La regulación del suelo encarece la vivienda y el proteccionismo encarece la comida. Los impuestos indirectos, que cada vez tienen un peso mayor en el organigrama fiscal, son regresivos y se ceban en los más pobres. La subida de los precios provocada por la expansión crediticia es asimétrica y afecta especialmente a las personas de rentas más bajas, que ven subir los precios de los bienes que compran antes de que hayan subido sus salarios. Las regulaciones y los impuestos en general socavan la acumulación de capital y el florecimiento de nuevas oportunidades de negocio y de empleo.

Dicen que el mayor logro del diablo fue convencer a la gente de que no existe. El éxito del Estado del Bienestar ha sido convencerla de que sirve a los pobres.

¿Seguro que la subida del IVA no creará distorsiones?

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Según afirmó Elena Salgado, ministra nada menos que de Economía, la inminente subida del IVA del próximo julio no causará distorsiones y efectos perjudiciales en la economía española. Uno no puede dejar de sorprenderse de que afirmaciones como ésta salgan de la boca de una ministra de Economía, que idealmente debiera ser la persona que más sabe de economía de España o, al menos, la que mejor asesores económicos tuviera.

Antes de entrar a comentar las distorsiones, hay que decir que la subida del IVA (o de cualquier otro impuesto) no solamente creará numerosas y perjudiciales distorsiones en nuestra economía, sino que no solucionará en ningún caso el problema de nuestro déficit, como ya comenté en un anterior artículo.

Dicho esto, lo que está claro, al menos económicamente hablando, es que el incremento del impuesto se trasladará a precios. En otras palabras, los comerciantes se verán en la obligación de “cobrar” la subida al consumidor. El gran afectado es el consumidor, como (casi) siempre.

Por lo tanto, aquí tenemos la primera gran distorsión: en el escenario actual de crisis económica, la subida del IVA va a causar que sea más difícil salir de esta crisis. Incluso la Comisión Europea advirtió que la tímida recuperación que se esperaba para el segundo trimestre se vería truncada por la subida del impuesto. Se estima que costará 1.000 euros anuales a cada familia. Nada menos. Y esto significa que las personas tendrán menos recursos para hacer frente a sus deudas y reestructurarse financieramente. Lo cual significa que seguiremos en recesión. Eso sin contar que la subida del IVA no “la pagarán los ricos” (como se suele decir demagógicamente), sino que recaerá sobre las rentas más bajas y los pensionistas. ¿Pretende la ministra Salgado hacernos creer que esto no supone una tremenda distorsión?

Además, ¿no habían quedado nuestros queridos gobernantes, consejeros y economistas keynesianos que lo que había que promover era el consumo? Si la demanda es débil ya de por sí, una persona sensata se preguntaría cómo pretenden estimularla castigando el consumo con la subida del IVA. El sentido común nos dice que si los bienes y servicios son más caros y nuestra renta permanece constante, no podremos adquirir el mismo número de bienes que adquiríamos antes (o tendremos que endeudarnos más todavía…). Si yo antes destinaba 100 euros a comprar una serie de bienes y ahora estos mismos bienes cuestan 110, está claro que me veré forzado a comprar menos cantidad. Zapatero, que ya sabemos que nació con otra lógica cerebral, afirmó que “[la subida del IVA] es la medida que ahora menos daño hace al consumo y a la recuperación de la actividad”.

La ministra Salgado, no obstante, nos intenta convencer de que sólo un 50% de la subida se trasladará a precios. Quizás sea así, quién sabe. Pero si los empresarios no repercuten el 100% de la subida al consumidor es porque no pueden hacerlo debido a que la gente no consumiría lo mismo, con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.

Desconozco si la ministra considera esto una distorsión, pero en cualquiera de los dos casos, significará un descenso en la actividad económica. Y es que los impuestos siempre suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico y son los que aumentan el nivel de vida de todos, haciendo que el país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Cosa que pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores, empobreciéndose la sociedad en su conjunto. El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Por eso, cuando desde el gobierno se nos dice que no queda más remedio que subir los impuestos porque el Estado no ingresa lo suficiente, habría que recordarles que la recaudación del Estado no se ha reducido porque los impuestos sean bajos, sino porque se ha dilapidado/hundido la actividad económica.

La ministra Salgado nos muestra lo que un buen político demagogo (valga la redundancia) no puede olvidar bajo ningún concepto: nunca valorar y reflexionar acerca de los posibles efectos secundarios de sus decisiones;  pensar que, después de que ellos metan la manaza en la economía, todo va a quedar igual, nada se va a alterar, todas las variables permanecerán constantes. Lo cual significa pensar que el ser humano no reacciona ante un cambio de circunstancias, que no le afecta nada, que actuará igual pase lo que pase en su entorno. Curiosa manera de entender la economía y la naturaleza humana…

Y mientras tanto, Zapatero con su peculiar lógica cerebral va afirmando que “empezamos a dejar atrás la recesión”.

Entre la España y la pared

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Artículos en prensa.

Ésta ha sido la odisea de la crisis en España. Nadie la quiso ver venir aunque, al menos desde 2006, todo indicaba que la caída iba a ser durísima. Cuando la teníamos encima el Gobierno miró hacia otro lado y se centró en ganar las elecciones, las nacionales y las europeas. “¿Crisis, qué crisis?”, decía risueño López Aguilar en plena campaña haciendo un chiste con un viejo disco de Supertramp.

Como la insensatez siempre pasa factura, al final nos ha pillado el toro: negro bragado, quinientos kilos, astifino, nos ha volteado y tiene la cornamenta a dos milímetros del hígado. Si no se atienden los vencimientos de deuda que los acreedores pasarán el próximo mes de julio podremos ir despidiéndonos de la España de nunca jamás en la que llevamos sesteando década y media ad maiorem politicastri gloria. Y Zapatero lo sabe porque, al cabo, tonto no es. Salgado quizá no, pero alguien se lo habrá soplado al oído y lleva tres semanas con sesión doble de bikram yoga a 90 grados, crujir de dientes y sudores fríos. Y no porque le preocupe lo que le vaya a pasar a usted –eso jamás le ha quitado el sueño–, sino por lo que le va a pasar a ella. Sin poder no hay yoga, ni vida padre, ni cartelitos de no fumar. Sin poder no hay nada.

Podría, claro, Zapatero y su tropa seguir mandando, pero para eso tiene que pagar lo que debe, lo que irresponsablemente pidió prestado para colocar aceras donde no hacían falta, spas rurales o circuitos de motocross. Como gasta mucho más de lo que ingresa, un 11% más, tendrá que pedir de nuevo para tapar el agujero. Entonces la Bolsa gemirá, las agencias rebajarán la calificación crediticia, Público señalará al culpable y Nacho Escolar, analista financiero a ratos, echará mano de Bugs Bunny para indicarnos la causa exacta del derrumbe.

Llegado un momento, la farsa no podrá  sostenerse ni un minuto más, será inútil tratar de dar esquinazo al cobrador del frac escondiéndose dentro de un portal. Habrá que elegir entre un dolor cierto y una muerte segura, entre suspender el gasto y suspender los pagos, entre la España y la pared. Esto no es Grecia, a Zetapé no hay quien le rescate porque la nuestra es una economía demasiado grande que arrastra una deuda acorde a su tamaño. Lo que hay que hacer lo sabemos todos, pero sólo lo puede hacer una persona que, para qué engañarnos, no infunde demasiada confianza.

La diplomacia del limpiabotas

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde que el actual presidente del Gobierno accediera a dicho cargo, es norma en la diplomacia española no perder la oportunidad de mostrarse complaciente con las tiranías, en especial si éstas son de izquierdas o satrapías encabezadas por un déspota musulmán. En esta ocasión tocaba satisfacer a un régimen totalitario marxista: el de China.

Como siguiendo el guión habitual, puesto en práctica en numerosas ocasiones en la política hacia la dictadura cubana los hermanos Castro, en esta ocasión se han satisfecho las exigencias de los tiranos con un desplante a las víctimas. El pasado jueves, la dirigente de la minoría uigur en el exilio Rebiya Kadeer tenía concertada una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Sus interlocutores iban a ser representantes de la Oficina de Derechos Humanos y de la Subdirección General para Asia Continental. Iba a ser, en definitiva, uno de esos muchos encuentros de medio o bajo nivel que pasan desapercibidos ante medios y embajadas extranjeras.

La cita no llegó a celebrarse. En un desplante impropio del departamento gubernamental dedicado a la diplomacia, Exteriores anuló el encuentro minutos antes de celebrarse. El ministerio de Moratinos dio literalmente con la puerta en las narices a Rebiya Kadeer. Para el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero resulta mucho más importante no molestar lo más mínimo a los sátrapas pequineses (que habían pedido a los gobiernos del mundo que no escucharan a la conocida exiliada uigur) que escuchar las denuncias que hacen las víctimas de la dictadura china.

Días después, en una entrevista radiofónica con ocasión de la Expo de Shanghai, un alto cargo de Exteriores definía a China como un “aliado” de España. A eso ha reducido Zapatero la acción exterior del país: a despreciar la libertad y los derechos humanos con tal de poder definirse como “amigo” de tiranos ante los que se cede constantemente. Es la diplomacia del limpiabotas de los dictadores.

Europa como problema

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Al santoral laico pronto se le van a terminar los 365 días del año para celebrar todas las fiestas que poco a poco han ido copando nuestro calendario, desde el día del Niño al día del Planeta pasando por el día sin Tabaco y, en España, el día de las Comunidades Autónomas. El pasado domingo, 9 de mayo, se celebró uno de estos días, el día de Europa.

Desde que Hobbes planteó en su Leviatán la necesidad de que “se establezcan períodos determinados de instrucción, en los que el pueblo pueda reunirse, […] escuchen a quienes les digan cuáles son sus deberes y cuáles son las leyes positivas que les conciernen a todos, leyéndolas y explicándoselas, y recordándoles quién es la autoridad que ha hecho esas leyes”, no hay Estado que no haya designado una fecha en la que poder exaltarse a sí mismo y recordárselo a sus ciudadanos. Es parte de la “construcción nacional” y, con mayor gloria o pena, con más o menos fundamento, así se celebran.

La Unión Europea no podía ser una excepción y desde 1985 oficializó sus símbolos sin que por ello los europeos los hayan adoptado como propios. Han pasado ya 60 años desde que se leyera la declaración tramada por Jean Monnet y Robert Schumman que ponía los cimientos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre Francia y Alemania pero que apuntaba a una mayor unión, la semilla que crecería abonada por el mercado común y en la que hoy se ha convertido la Unión Europea acompañada de la monetaria.

Lejos de crear un marco de relaciones libres entre todos los europeos con el que poder desplazarse y comerciar en paz, la evolución institucional ha convertido lo que podría haber sido una buena idea en un Leviatán temible que se cierne sobre más de quinientos millones de almas. Con aquella declaración, Schumman -el ministro de Exeriores francés, no el compositor- había sembrado en ese “punto limitado, pero decisivo” todas las virtudes, y vicios, que más tarde llegarían. Los estados europeos no se limitaron a llegar a acuerdos de libre comercio, sino que fueron apuntalando la burocracia a base de tratados e instituciones que complicaron la propia existencia de la Unión hasta convertirla en una maraña incomprensible que solo los eurofuncionarios son capaces de interpretar como brujos de tribus ancestrales; tal vez esta tarea hercúlea justifique el abultado sueldo que les pagamos los contribuyentes europeos.

Más allá de las ciudades de Estrasburgo y Bruselas, los europeos viven al margen de la Unión y de sus símbolos aunque los padecen de la misma forma. Cada vez son más las directivas y demás legislaciones que afectan a nuestras vidas. Como todo gobierno centralizador, poco a poco se asumen más competencias en detrimento de las personas, que permanecen impotentes mientras se toman decisiones lejanas sin apenas control ni fiscalización; el euro es el fruto del monopolio monetario del Banco Central Europeo y la competencia fiscal entre Estados se ha visto comprometida gracias a los procesos de “armonización”. De cara al exterior, el mercado común y la libre circulación de personas se cierran sobre sí mismos, impidiendo el desarrollo de empresas y personas extraeuropeas, en este punto no se puede pasar por alto ni dejar de denunciar la Política Agraria Común.

El modelo institucional europeo ha demostrado sus fracasos y vergüenzas en demasiadas ocasiones, las últimas permanecen irresueltas, el futuro del euro es incierto y la Unión se ahoga mientras rescata a Grecia. La Constitución, que no era tal pero que simplificaba los tratados existentes, se estrelló ante la indiferencia popular mientras que las ambiciones particulares siempre han dado al traste con la ambición imperial de crear un ejército europeo. Franceses y alemanes se disputan la centralidad y el control político, y nunca renunciarán a ello. Políticamente, la Unión Europea permanece paralizada como paralizado quedó el espacio aéreo europeo tras la erupción del volcán islandés de nombre impronunciable.

La Unión ha tratado de apoderarse de la idea de Europa pero no ha sabido dar con sus claves y a veces tantea la legitimación democrática con escaso éxito. Sin Estado-Nación no puede haber nación soberana y mientras que el nacionalismo cívico de Habermas se mueve en el ámbito teórico, no se puede fomentar artificialmente lo que no es más que una unión de Estados con intereses comerciales comunes. Limitar el ámbito de los tratados a este punto habría sido garantía de paz y prosperidad suficiente sin caer en la necesidad de plantear siquiera otros problemas como el de las raíces cristianas.

La justificación histórica de la unión institucional encuentra precedentes siglos atrás, cuando a lo largo del s. XVI se impuso el mecanicismo frente a la arbitrariedad del mundo y la fe ciega en el progreso. Entonces, los teóricos encontraron que sus escritos e ideas pasaban a ser instrumentos de transformación de la realidad, los grandes positivistas y teorizadores del Estado aparecieron por doquier con la voluntad de imaginar modelos políticos que resolvieran los grandes problemas de la humanidad. Las guerras de religión asolaban Europa y en 1623 se publicó en Francia Le nouveau cynée ou discours des occasions et mohines d’eftablir une paix generale & la liberté du comerse par tout le monde de Emeric Crucé que pivotaba sobre el derecho de hospitalidad y que excedía el ámbito y la paz del continente europeo. Menos ambiciosos que éste fueron los casos del duque de Sully, o del Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe de Saint-Pierre, que establecía cinco artículos que garantizarían una paz duradera en Europa. Una paz perpetua que también preocuparía a Kant pero que calificaría de idea irrealizable a pesar de que considerara como un imperativo de razón la creación de un Estado mundial cosmopolita que terminara con las guerras.

Esta idea de gobierno mundial es la que subyace en la construcción de la Unión Europea sin tener en cuenta que el Leviatán al que se ha dado vida es más peligroso para libertad, el progreso y la paz de los hombres que cualquier otra amenaza de la que se les quiera proteger. Mientras tanto, los europeos le devuelven a esta maquinaria burocrática la más grande de sus indiferencias, pese a los fondos que se destinan a fomentar sus símbolos, siguen unidos sentimentalmente a sus naciones, himnos y banderas. Y cuando se les llama a las urnas, la gran mayoría prefiere dedicar su tiempo a otros menesteres.

¿Es el Ibex un casino?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Las personas estamos acostumbradas a razonar en términos de decisiones individuales: si alguien me lanza una piedra, es fácil asumir que quiere hacerme daño. Más complicado es extender ese mismo razonamiento a una escala social: los mercados no toman decisiones como una entidad y por tanto carece de sentido atribuirles intenciones. Al contrario, los mercados son el resultado de millones de acciones individuales descentralizadas motivadas por intereses e incentivos muy variopintos.

Los plumillas socialistas insistieron la semana pasada en que España sufría un ataque especulativo. Parecía como si un grupo de cuatro conspiradores anglosajones se hubiesen sentado en torno a una mesa para decidir hundir a nuestro país. Si la bolsa caía, si nuestra deuda se encarecía, era porque los mercados buscaban deliberadamente nuestro hundimiento; algunos incluso extendieron el disparate a señalar que estábamos ante un caso de golpismo financiero que pretendía derrocar a Zapatero.

Sin embargo, y aplicando esta misma lógica, la histórica subida del Ibex (y el estrechamiento del spread entre la deuda española y alemana) de este lunes debería estar auspiciada por un giro de 180 grados en las motivaciones de esa construcción mental que llamamos mercados: ahora, los mercados deben desear sustentar a Zapatero y a nuestra economía.

De ahí que muchos desconcertados analistas, que no se han preocupado nunca por aprender economía –en esto coinciden con ZP–, se hallen desconcertados y carguen contra el casino que suponen los mercados financieros. El mercado es irracional, dicen, porque el viernes quería cargarse a España y ahora, apenas tres días después, está dispuesto a ayudarla. ¿Qué será lo siguiente?

Tal vez, si en lugar de preocuparnos por qué quiere o dejan de querer un orden espontáneo como el mercado (que ha sido antropomorfizado por nosotros mismos para simplificarlo y encajarlo en nuestros rudimentarios esquemas mentales), nos dedicáramos a tratar de comprender qué temen, observan, conocen y desean las personas que participan en esos mercados, no sería necesario apelar a la irracionalidad ajena para esconder la ignorancia propia.

Lo que sucedió la semana pasada y lo que ocurre en esta es de tal sentido común que podremos comprender rápidamente por qué una inmensa mayoría de agentes quería desprenderse de activos españoles el viernes y ahora quiere comprarlos. Al margen de todos aquellos que tuvieran una posición abierta bajista en activos españoles –los reconocerán por que ahora mismo estarán pidiendo a la CNMV que pare la "especulación" al alza del Ibex: están perdiendo mucho dinero–, lo básico es esto: imagine que el viernes descubre de repente que los contables de una empresa de la que es propietario han falsificado las cuentas y que, lejos de ser un negocio muy rentable, tiene unas deudas inmensas que la abocan prácticamente a la quiebra. ¿Por cuánto valoraría usted esa empresa? Probablemente estaría dispuesto a venderla por una fracción del precio que usted mismo le atribuía el día anterior.

Ahora, suponga que, tras el fin de semana, el Gobierno, preocupado por la tragedia personal que supone que su compañía quiebre, la refinancia la deuda a un plazo mayor e incluso le entrega alguna suculenta subvención para reducirla. ¿Seguiría estando dispuesto a vender esa empresa por unos pocos céntimos de euro? No, porque la situación económica de su compañía ha mejorado de manera sustancial gracias a que el Estado le ha quitado el dinero a otros individuos para regalárselo a usted.

Esto es lo que ha pasado con el Ibex: los inversores tenían la semana pasada temores muy fundados de que España iba a suspender pagos. Durante un tiempo habían creído en las falsas promesas de Zapatero de que iba a solucionar el desaguisado despilfarrador que él mismo había creado y terminaron comprendiendo que este Gobierno (y la economía que cortijea) no tenía remedio, así que huían de todos los valores españoles. El lunes, sin embargo, la deuda española se convirtió en un pasivo alemán, de modo que el riesgo de suspensión de pagos se aleja, al menos, durante un tiempo pese a Zapatero. No hay nada extraño en que la semana pasada la gente quisiera vender y ahora, cambiadas las circunstancias, quiera comprar.

Sin embargo, mal haríamos en creer que nuestra bolsa ya está blindada para siempre contra espantos. Precisamente porque la viabilidad de nuestro país depende de decisiones políticas, cualquier información sobre el contenido de esas decisiones puede llevar a los inversores a cambiar las tornas. Véase: si el miércoles Zapatero anuncia una enorme subida de impuestos para reducir el déficit, es lógico que el valor de nuestras empresas (sus cotizaciones en bolsa) se reduzca; si Alemania finalmente tumba el plan de rescate, nos quedaremos sin la red que ahora ha detenido nuestra caída; y, sobre todo, si a largo plazo el Gobierno sigue sin aplicar las reformas que permitirán a nuestra economía reestructurarse y crecer (minoración del gasto y liberalización de mercados), a medio plazo la bolsa responderá a la baja, porque con el rescate sólo hemos ganado tiempo, pero no músculo.

He ahí la irracionalidad del mercado: dado que nadie conoce el futuro, los inversores toman decisiones con una información parcial y sesgada que puede verse en cada momento modificada por cualquier intervención política. Eso es la especulación: tratar de anticipar el futuro con la incompleta y subjetiva información presente. Quienes entienden esto y odian la especulación, tan sólo pueden desear dos cosas: o que los individuos no podamos ser libres para adaptarnos a lo que vamos entendiendo como futuro o, más sencillamente, que no tengamos ningún futuro.

El concepto de perro no ladra

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Ésa es una de las lecciones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debería aprender de la debacle bursátil de esta semana. Por más que el índice de confianza de los consumidores suba en un mes, eso no quiere decir que exista confianza real en su gestión.

Y lo cierto es que dicho índice, elaborado por el ICO, remontó 5,5 puntos de marzo a abril, lo que junto con el buen dato del paro, podría hacer pensar que se ve una lucecita al final del túnel. Pero si rascamos un poco y observamos cómo se construye el índice de confianza del consumidor podremos hacernos una idea de qué mide y para qué sirve. Se trata de una encuesta con preguntas del tipo «¿considera usted que le va mejor que hace seis meses?» o «¿considera usted que la economía española va a mejorar?», que se realiza a 1.000 personas de diferentes edades, provincias y ocupaciones. La conclusión que cualquier español sensato sacaría de ese repunte es que, o bien las cosas van mejor con toda claridad, o bien la gente está cansada de que vaya mal y necesita vivir con la esperanza de que saldremos adelante. Y teniendo en cuenta que el paro sigue en torno al 20% (por más que la estacionalidad nos haya regalado un dato favorable el pasado mes), no parece que estemos remontando.

Según el ICO, han mejorado sobre todo las expectativas sobre la situación económica, seguida de las del empleo y la economía familiar, mientras que la valoración de la situación actual mejora, sobre todo, en el empleo y el conjunto de la economía. ¿Son incompatibles estos datos con la peor calificación de la deuda soberana española y con la caída bursátil? No lo creo.

Los consumidores financiamos las políticas del Gobierno con nuestros impuestos presentes y con los impuestos futuros, a través de la deuda pública. En España, la proporción de gastos financiados con deuda es mayor que lo que se recauda mediante impuestos, de manera que el consumidor no tiene una percepción real de lo que el Gobierno gasta de más. Por otro lado, la variedad de impuestos, la manera de anunciar las subidas y la periodicidad explican que el consumidor recibe la bofetada pero por partes. Por ejemplo, la subida del IVA supondrá, a partir de julio, una reducción en el poder adquisitivo del ciudadano de la Comunidad de Madrid de 350 euros. Pero será peor: no hay que pasar por alto la caída del PIB y los empleos que se perderán fruto de la subida del IVA. Y la eliminación de la devolución de los 400 euros supondrá otra reducción en su poder adquisitivo extra. Si suben los impuestos especiales, o retocan otros tributos de aquí a septiembre, el efecto será mayor y el ciudadano no se enterará del todo.

La mala percepción del ciudadano de a pie es mucho más grave cuando se trata de los efectos de la deuda del Estado. No solamente porque no se suele dar el dato agregado de la deuda estatal, autonómica, municipal y de las empresas públicas. También porque la deuda de los estados la pagan nuestros descendientes, no nosotros. Pero afortunadamente, la deuda se compra y se vende en el mercado financiero. Eso permite tener más claro lo solvente que el mercado internacional cree que es nuestra economía.

Cuando uno apuesta su propio dinero, mira con lupa dónde lo mete. Y eso es lo que le pasa a los inversores internacionales. Ellos saben que quien ladra es el perro, no el concepto de perro. Se dan cuenta de la diferencia entre la presentación que el dúo Salgado y Campa se llevaron de tournée para convencer a Europa de que somos una buena inversión y la realidad económica de nuestro país. Con un paro del 20%, un sistema bancario lastrado por las cajas de ahorro, cuyo rescate representaría un 15% del PIB, con destrucción del tejido empresarial, unos sindicatos que no están dispuestos a llegar a un pacto en el mercado laboral que facilite el arranque y un contribuyente anémico es necesario un Gobierno con autoridad y solvencia que tome las medidas necesarias, sean o no populares. Y ese no es el Gobierno español.

Por eso, a pesar del maquillaje de datos, de la estacionalidad del empleo, de los buenos deseos proyectados en el índice de confianza del consumidor, la deuda española es más cara y los inversores en Bolsa han dejado claro que no se fían.

** Artículo publicado en el suplemento económido de los domingos, Mercados.